Brasil anunció un acuerdo con Oxford para comprar y producir la vacuna contra el coronavirus

La administración Bolsonaro adquirirá 100 millones de dosis

 

El gobierno de Brasil anunció un acuerdo con la Universidad de Oxford para comprar la vacuna contra el coronavirus que continúa desarrollando la casa de estudios británica. La administración Bolsonaro adquirirá 100 millones de dosis según explicó el viceministro de Salud Elcio Franco. 

"El acuerdo prevé la compra de tres lotes de la vacuna, el primero de los cuales llegará en diciembre próximo, así como la transferencia de tecnología para que podamos producirla en los laboratorios de la estatal Fiocruz", anunció Franco.

El viceministro aclaró que el acuerdo está atado al resultado de los ensayos clínicos. Deberá quedar demostrado que la vacuna es eficaz contra la covid-19 y segura para la población. Como parte del contrato, Brasil toma el riesgo de asumir parte de los costos de desarrollo de la vacuna. Inicialmente son 127 millones de dólares, de los cuales 30 millones corresponden a la transferencia de tecnología.

"La vacuna de Oxford es la más prometedora del mundo y la que está más desarrollada en este momento. Esta vacuna ya está en la fase tres de los ensayos clínicos (experimentada masivamente)", explicó el funcionario. 

La medicina comenzó a ser experimentada la semana pasada en Brasil, el segundo país en el mundo con más víctimas de coronavirus. Hasta el momento el gobierno informó cerca de 56.000 muertos y 1,3 millones de casos confirmados.

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Son necesarios algunos programas de transferencias, considera el investigador. Foto Afp

Los países de América Latina y de ingresos medios corren el riesgo de quedarse a la zaga en la distribución de vacunas contra el Covid-19, en la medida en que las naciones más ricas ya realizan acuerdos e inversiones para garantizar su suministro y las más pobres pueden cubrirlas parcialmente por fundaciones, afirma Michael Kremer, investigador de la Universidad Harvard y uno de los tres laureados con el Premio Nobel de Economía 2019.

"Las pérdidas por Covid-19, tanto en términos de salud como económicos, son tan grandes que realmente vale la pena invertir en vacunas de manera nunca vista por el mundo", apunta. De lo contrario, detalla, se corre el peligro de generar un cuello de botella en la producción una vez que exista un fármaco probado.

En entrevista con La Jornada, Kremer, Raissa Fabregas y Jonathan Lehe, todos colaboradores en Agricultura de Precisión para el Desarrollo (PAD, por sus siglas en inglés) –con trabajos en África y Asia–, detallan cómo en zonas rurales con altos índices de pobreza se realizan proyectos de agricultura digital. Consisten en otorgar información para mejorar los procesos productivos, incluso sin necesidad de Internet o teléfonos inteligentes.

Además de una explicación sobre ese proyecto, mana el tema de cómo la investigación, la producción y el suministro de vacunas implican el riesgo de ampliar la desigualdad de cara a la mayor recesión de la economía mundial en los últimos 90 años, según organismos internacionales.

El trabajo de Kremer sobre vacunas, mercado y pobreza data de 1998. "A menudo hay un retraso muy largo entre el momento en que éstas se distribuyen en los países más ricos y cuando van a otras naciones", explica. Y en el caso de la de Covid-19, subraya, no se espera algo distinto.

"Personalmente creo que existe un peligro real de ver ese patrón: los países ricos siendo abastecidos, incluso algunos suministros para los más pobres (por conducto de fundaciones), pero con América Latina y otras regiones de ingresos medios excluidos", subraya.

Son dos los riesgos en esta coyuntura. Por un lado, producir de manera anticipada algo que puede no servir; por otro, esperar pruebas y ahogar la producción.

"Es un negocio arriesgado probar y producir vacunas, pero es un peligro aún mayor tener una probada pero no la capacidad de fabricarla para las personas que la necesitan."

En ese sentido, considera que América Latina puede hacer un "llamado a la cooperación internacional" mediante la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

"México podría hacer esto por sí solo, pero si se asocia con otros países de la región, por conducto de la OPS, puede realizar un pedido sustancial y tener algo de influencia entre los fabricantes."

La crisis llega con sistemas de protección inadecuados

Primero, antes que la economía digital y las vacunas, el investigador –reconocido por sus trabajos experimentales en reducción de la pobreza– resume que "la crisis de Covid-19 es, ante todo, de salud, pero también económica, de vida y de sustento, tanto a nivel macro como microeconómico. Ha habido proyecciones realmente dramáticas de Naciones Unidas sobre las implicaciones de la seguridad alimentaria y en parte es el problema de tener sistemas de protección social inadecuados".

En este contexto se inserta la agricultura digital, modelo para mejorar la producción a corto plazo a través de redes de suministro de información sobre el estado del tiempo, fenómenos naturales, las condiciones del suelo, plagas y abasto de fertilizantes e insumos.

"En todos los ámbitos de la vida hemos respondido a la crisis de Covid-19 recurriendo a la tecnología. Incluso en esta entrevista", dice sobre la conversación, la cual se realiza vía Zoom.

"Estamos haciendo un cambio en nuestras vidas para enfrentar la crisis a corto plazo, pero también es una especie de adopción de la tecnología del futuro, tal vez sólo un poco más rápido de lo que habría sido de otra manera", considera.

En lo inmediato, la Organización de Naciones Unidas estima que 20 millones de personas en América Latina caerán en inseguridad alimentaria. Además, las interrupciones del mercado y la crisis han afectado los mercados laborales agrícolas, los ingresos y hay escasez de insumos para producir, apuntó Jonathan Lehe, director de Nuevos Programas en PAD.

Raissa Fabregas, investigadora de Harvard y quien además de la agricultura trabaja los efectos de las telesecundarias en las zonas rurales de México, explica que no se necesitan tecnologías sofisticadas, como teléfonos inteligentes con acceso a Internet o GPS, para proyectos de agricultura digital.

En planes previos, explica Kremer, "sólo con que las personas pudieran comunicarse a través de mensajes de texto o de voz, se impulsó sustancialmente, alrededor de 20 por ciento, la adopción de recomendaciones de aportaciones agrícolas. Estimamos un aumento promedio de 4 por ciento de los rendimientos del suelo", expresa el investigador.

“La agricultura digital no va a sustituir otras políticas (…) Podemos tener estas intervenciones digitales, además de lo que ya está sucediendo, para hacer que estos programas sean más efectivos y eficientes”, agrega Fabregas. Sostiene que, a diferencia de proyectos que dependen de un presupuesto finito, la mayoría de las personas que hay en el sistema le dan más valor.

Ese tipo de accesos para los productores, recuerda Kremer, implicaron en Kenia reducir las dilaciones en la entrega de fertilizantes. En la industria pesquera de India, la aproximación de los productores a la tecnología ayudó a localizar mejor los mercados y que para los consumidores también fuera más sencillo identificar dónde comprar.

A consulta sobre la operación de los programas para el campo mexicano, que consisten en transferencias directas, fertilizantes y precios de garantía, Kremer sostiene que no está tan familiarizado con las particularidades del país. No obstante, señala: "Creo que, absolutamente, necesitamos algunos de esos programas de transferencia. Particularmente en medio de una crisis como ésta, requerimos programas de protección social (...) Pero ahora es el momento en que los presupuestos también son muy ajustados para los gobiernos y estos son programas caros (los de transferencias), a diferencia de la agricultura digital, que es muy barata", a grado tal que se puede probar: por cada dólar gastado, 10 de beneficio.

Previamente, en una conversación con Manuel Otero, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura –organismo que hizo posible esta conversación–, Kremer explicó que 20 por ciento de la población rural de América Latina vive en extrema pobreza, en 16 millones de granjas de baja productividad. Ese es el universo en que podría participar la agricultura digital.

En la conversación, recalca que los gobiernos deberían ser los primeros en impulsar amplios programas de esa tecnología para la producción agrícola.

"Estamos hablando de información agrícola precisa, extensión agrícola. Eso es algo en lo cual los gobiernos han jugado tradicionalmente un papel muy importante."

No obstante, también son iniciativas en las que pueden participar proveedores de servicios de telecomunicaciones, de insumos agrícolas, organizaciones no gubernamentales y agrupaciones de agricultores.

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 Lanzamiento de Crew Dragon de SpaceX en el Centro Espacial Kennedy de la NASA.Foto Ap

Arden 30 ciudades en EU por el homicidio de George Floyd, mientras que la Bolsa de Wall Street, a unas cuadras de los disturbios en Nueva York, sigue su alza desacoplada de la economía, y Trump descuelga un éxito mayúsculo con el ensamble de SpaceX, propiedad del excéntrico inventor multinacional sudafricano-canadiense-estadunidense Elon Musk, con la Estación Espacial Internacional (ISS).

El programa ISS –satélite artificial habitable en la órbita baja de la tierra a una altitud de 400 kilómetros– es de carácter multinacional donde participan cinco agencias espaciales: 1. NASA (EU); 2. Roscosmos (Rusia); 3. ESA (Europa); 4. CSA (Canadá) y; JAXA (Japón).

Desde su lanzamiento en 1998 y el arribo de sus residentes en el año 2000, ISS, 20 años después, ha recibido 239 cosmonautas/astronautas y turistas de 20 diferentes países (https://go.nasa.gov/3eK5tWt).

Marc Thiessen, quien colabora para The Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, quien tiene su proyecto de privatización del espacio Blue Origin (https://www.blueorigin.com/), alucina que el éxito de SpaceX es un pequeño paso para el hombre y un gigante paso para el capitalismo (https://wapo.st/3dsqXXJ).

Marc Thiessen soslaya la participación de la NASA, una agencia gubernamental (sic) de EU –con un presupuesto de 22 mil 629 millones de dólares al año con 17 mil 373 empleados–, que prestó a sus dos astronautas Doug Hurley y Bob Behnken para reunirse con otro astronauta prestado Chris Cassidy de EU y dos cosmonautas rusos (https://www.nasa.gov/).

Se trata de una colaboración híbrida y/o de una asociación pública/privada entre el gobierno de Trump, quien se ha vuelto un fanático de la carrera en el espacio, y el audaz innovador Elon Musk, quien inició su odisea hace 18 años en California con un puñado de empleados y una banda de mariachis (https://bit.ly/36WoouI).

Hoy SpaceX, con ocho mil empleados,vale más que su empresa de carros eléctricos Tesla, con una capitalización de mercado de 32 mil 800 millones de dólares (https://cnb.cx/2XoTZln): su valor bursátil es 47 por ciento superior al presupuesto anual de la NASA que no cotiza en Bolsa.

Marc Thiessen arremete contra el socialismo terrenal en EU y contrasta la hazaña de SpaceX y el poder de la libre empresa con la izquierda (sic) que aboga una intervención gubernamental sin precedente en casi (sic) cada sector de la economía de EU, desde la salud a la energía.

Luego Thiessen opera una grotesca pirueta al comparar, medio siglo después, el descenso a la luna del Apolo 11 con la reusabilidad del cohete Falcon 9 que regresó a una barcaza en el océano Atlántico. Es como comparar la imprenta de Gutenberg con la Era Digital.

Trump acudió dos veces a Florida para presenciar el lanzamiento de la cápsula Crew Dragon que había sido pospuesto por mal tiempo la primera vez.

MARC Thiessen llega hasta a comparar en forma muy banal los costos para lanzar un hombre “privado (sic) –que no lo es porque es de la NASA– en el espacio en 170 millones de dólares por asiento, frente a 67 millones de dólares de la cápsula Crew Dragon, con lo cual deduce en forma bizantina que el sector privado (sic) lo hace mejor, más barato, más rápido y más eficientemente que el gobierno, debido a la competencia.

Cita una pléyade de empresas privadas –Orbital ATK, United Launch Alliance, Virgin Orbit y Blue Origin– que compiten con SpaceX y su único criterio es el de los costos que, por cierto, llevaron a la fenecida globalización a su debacle.

Thiessen pierde la brújula terrestre y espacial al ignorar que cualquier empresa privada en EU, de cualquier magnitud que sea, forma parte intrínseca de la unidimensionalidad geoestratégica del país al que pertenece.

Ya hace cuatro años Michael Byers, también del The Washington Post, había nombrado a Elon Musk como el presidente (sic) de Marte (https://wapo.st/2yWyO0C), donde contempla establecer una colonia ante el riesgo de la extinción humana. Falta ver si lo dejan los rusos, y ahora los chinos.

Es lamentable que la portentosa colaboración en el espacio entre dos superpotencias de la talla de EU y Rusia en el ISS no se pueda replicar 400 kilómetros más abajo de su órbita terrenal.

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SpaceX y la privatización del espacio

Se acopló ayer a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) la cápsula tripulada estadunidense Crew Dragon, lanzada el sábado e impulsada por el cohete Falcon 9, ambos propiedad de la empresa SpaceX, del magnate de origen sudafricano Elon Musk.

Aunque tiene algunos aspectos tecnológicos innovadores con respecto de los vuelos espaciales tripulados que se realizan desde hace 60 años, la misión que llevó a dos astronautas de la gubernamental Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA) a la ISS no es en sí misma una proeza técnica; su relevancia reside, en cambio, en que se trata del primer lanzamiento efectuado por estadunidenses y en territorio estadunidense desde 2011, año en que fue cancelado el programa de los transbordadores espaciales tras 135 misiones y dos accidentes fatales en los que murieron 14 astronautas.

Durante los siguientes nueve años, Rusia fue el único país capaz de llevar a seres humanos al espacio exterior, y sus vehículos Soyuz, el único medio tripulado para transportar pasajeros entre la ISS y la Tierra, lo que fue vivido por sectores políticos y empresariales de Estados Unidos como una prolongada humillación. El fin de los transbordadores no sólo fue causado por la pérdida de dos de sus naves de un total de cinco operativas, sino también por la desmesura de sus costos y lo improcedente de un aparato en el que se combinaban una cápsula espacial, un vector de carga orbital y un avión.

Por añadidura, las misiones terminaron siendo una tarea rutinaria y poco impresionante para la opinión pública; llegaron, así, las presiones para recortar los presupuestos para la NASA, hasta el punto de que esa dependencia, que con las misiones Apolo a la Luna había llegado a ser el máximo estandarte del orgullo estadunidense, perdió la capacidad de enviar personas al espacio.

A partir de 2014 se configuró un nuevo escenario, en el que la dependencia licitó sus instalaciones de lanzamiento entre distintas empresas privadas como Boeing, Blue Origin, Virgin y la propia SpaceX. Asimismo, ofreció contratos a las que fueran capaces de operar misiones tripuladas.

Aunque tanto en Estados Unidos como en Europa las compañías particulares han estado siempre presentes en la industria espacial, tal presencia se limitaba, hasta ahora, a la condición de proveedores de elementos y partes. Durante las etapas iniciales de la conquista del espacio, a lo largo de la competencia entre el Este y el Oeste, y en la posterior etapa de cooperación internacional que tuvo en la construcción de la ISS su logro culminante, se dio por hecho que la conducción y operación de las actividades espaciales correspondía a los gobiernos. Ello no sólo permitía centralizar y planificar el sector, sino que facilitaba los imprescindibles acuerdos normativos internacionales.

El vuelo de la Crew Dragon es la culminación de un proceso en el que Washington parece dejar atrás esa lógica para abrir la inquietante posibilidad de que el espacio exterior se convierta en un escenario no de la competencia entre países, sino entre empresas particulares, lo que podría traducirse, a su vez, en desregulación, rapiña e irracionalidad.

Es claro que el libre mercado no debe enseñorearse del espacio orbital ni de los cuerpos celestes próximos a nuestro planeta y que las autoridades nacionales pueden organizar como lo deseen sus actividades espaciales, pero que ante la comunidad internacional deben figurar como responsables únicas y plenas de lo que hagan más allá de nuestra atmósfera.

Abre Estados Unidos nueva era de viajes privados al espacio

Cabo Cañaveral, Florida., Una nave espacial construida por la compañía SpaceX, de Elon Musk, se alejó ayer de la Tierra con dos estadunidenses a bordo, marcando el inicio de una nueva era de los viajes espaciales comerciales y permitiendo a Estados Unidos enviar astronautas desde su territorio por primera vez en casi una década.

Doug Hurley y Bob Behnken, de la NASA, despegaron a las 3:22 de la tarde a bordo de una cápsula Dragon color blanco y negro con forma de bala, montada en un cohete Falcon 9, desde la misma base de lanzamiento utilizada para enviar a las tripulaciones de Apollo a la Luna hace medio siglo. Minutos después, ingresaron en órbita.

"Encendamos esta vela", dijo Hurley poco antes de la ignición, utilizando las palabras que pronunció Alan Shepard en el primer vuelo espacial estadunidense tripulado por humanos, en 1961.

Los dos astronautas llegarán hoy a la Estación Espacial Internacional, que se localiza a unos 435 kilómetros (250 millas) sobre la Tierra, para sumarse a tres miembros de la tripulación que ya se encuentran allá. Después de una estadía de hasta cuatro meses, regresarán a la Tierra en un amerizaje, algo que no ocurre desde la década de 1970.

"Quizás haya una oportunidad aquí para que Estados Unidos haga una pausa, mire hacia arriba y disfrute de un momento brillante y resplandeciente de esperanza sobre cómo se ve el futuro, de que el país puede hacer cosas extraordinarias incluso en momentos difíciles", dijo el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, antes del lanzamiento.

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Privatizaciones y política pública en AL

La pandemia que enfrenta la humanidad ha puesto de relieve la necesidad de que todos los países cuenten con sistemas de salud pública con capacidad de respuesta ante eventualidades que ponen en riesgo a sus poblaciones. Tras décadas de predominio de la visión neoliberal, en la que se desmantelaron prácticamente todas las áreas económicas de participación significativa del Estado, como la siderurgia, fertilizantes, etcétera, nos damos cuenta ahora, en medio de esta crisis, que también se privatizó la noción de que salvaguardar la salud de su población era responsabilidad del Estado.

Esta privatización de la responsabilidad estatal frente a la salud pública justificó que se quebrara la estructura de atención sanitaria, dejando que el sector privado atendiera los requerimientos de salud pública. El sector privado se ocupó de generar espacios rentables de atención médica, sin responsabilizarse de la atención de los requerimientos sociales. Frente a este quiebre de la capacidad de atención pública de la salud, la respuesta fundamental para evitar que la pandemia cobrara más vidas ha sido el confinamiento. Ello ha reducido significativamente la expansión del contagio, evitando fallecimientos, pero ha detenido abruptamente el funcionamiento económico.

El haber privilegiado lo privado frente a lo público en la salud en muchos países ha costado miles de vidas y costará decenas de millones de puestos de trabajo en el mundo. El colapso económico se propagará durante varios meses, provocando contracción de las actividades productivas y comerciales y, consecuentemente, una masiva pérdida de empleos en todos los circuitos económicos. Enfrentaremos una espiral recesiva que solo será posible detener, y después revertir, a través de la acción de los estados. La participación del sector privado es importante, pero lo decisivo es la acción estatal.

Corresponde a los gobiernos responder enérgica y eficientemente. Priorizar claramente las acciones a instrumentar es fundamental. La mayor prioridad, por supuesto, está en reforzar nuestros diezmados sistemas de salud, protegiéndolos presupuestalmente, recuperando la noción de que corresponde al Estado atender la salud pública. En segundo lugar, importa que a nivel regional latinoamericano nos propongamos impulsar la producción de equipos médico-sanitarios, así como de formar profesionales dedicados a la salud primaria de la población. En tercer lugar, es necesario ampliar las medidas económicas destinadas a proteger a la población que está siendo duramente golpeada por la crisis y que no cuenta con herramientas que le permitan defenderse.

Las acciones deben buscar impactar inmediatamente, por lo que parece útil remitirse a experiencias de apoyos generales, como el de adultos mayores en la CDMX o el ingreso ciudadano universal, que han probado ser de instrumentación relativamente sencilla, aplicándolos a nivel de los estratos con menores ingresos. El cuarto asunto es resolver la fuente de financiamiento del gasto implicado en las acciones anteriores. El monto de recursos que habrá que utilizar será de alrededor de 5 por ciento del PIB de cada país. La fuente con la que es posible y necesario financiar estas acciones es la tributaria. Es indispensable, y políticamente conveniente, que acordemos una amplia y progresiva reforma fiscal en la región que amplíe la capacidad financiera de nuestros estados.

Esta fuente de financiamiento, sin embargo, no aporta recursos de inmediato. Por su propia naturaleza demora un buen tiempo para que los nuevos ingresos se recauden. Por eso, se requiere acudir a otras fuentes. La más obvia es el endeudamiento público, tanto interno como externo. Sin embargo, aún con costos a la baja, es evidente que amplía las necesidades presupuestales para el servicio de la deuda en los ejercicios siguientes. En el caso mexicano, por ejemplo, el pago de intereses de la deuda pública equivale a tres puntos del PIB. Contratar más deuda es indudablemente comprometer pagos futuros mayores.

Por eso, ante urgencias sociales evidentes es conveniente dejar de pagar los intereses de la deuda pública externa, tanto con bancos privados como con organismos financieros internacionales, durante el tiempo necesario para que las economías recuperen su ritmo de crecimiento. No se piensa en posponer este pago de intereses, como han planteado los bancos privados en México, sino eliminarlo.

La crisis ha ratificado que el futuro de la humanidad está en riesgo. Tenemos una oportunidad para corregir situaciones que son ciertamente inadecuadas. Recuperar la solidaridad como un valor global, permitirá poner en el centro valores sociales fundamentales que la globalidad ha relegado. Es el tiempo de que juntos gobiernos y sociedad civil nos asociemos para construir un futuro mejor.

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Avianca: el sospechoso jueguito de las élites colombianas

“Cómo es posible que mientras el Grupo Santo Domingo anuncia inversiones millonarias en el exterior, el gobierno colombiano tiene que salir a rescatar a Avianca cada vez que está en malas condiciones”. [1]

“En el caso colombiano Avianca no se ha caracterizado por ser una compañía eficiente y competitiva, las perdidas acumuladas en los últimos años la tienen al borde de la liquidación, las perspectivas de crecimiento del mercado por el momento no existen y la fusión se presenta como su principal tabla de salvación”.[2]

 

Cuesta trabajo oir que algunos insistan hoy que hay que salvar de nuevo a Avianca, argumentando que se trata de una empresa estratégica para el desarrollo del país. Entre estos, además de ministros y exministros, medios de comunicación como la revista Semana, ahora de poderosos banqueros. O Dinero, quizá todavía en manos de la familia del expresidente López Michelsen. ¿Acaso no lo son estratégicas también, y de qué manera, Ecopetrol o ISA (Interconexión Electrica Nacional) empresas de las que el estado colombiano con su política neoliberal se ha empeñado en deshacerse? ¿Porqué el empeño si ni siquiera se trata de una empresa colombiana? Déjenme entonces intuir bajas intenciones.

La forma

Creo que fue hacia el 2003 cuando los nuevos dueños de Avianca, ya no colombianos, decidieron resignificar su acrónimo. Ya no sería nunca más Aerovías Nacionales de Colombia sino Aerovías del Continente Americano. Y decidieron radicar su razón social primero en Bahamas y luego en Panamá, curiosamente paraísos fiscales ambos. ¿Debemos contribuir a la salvación de una empresa que no quiso más ser colombiana, y cuyos accionistas mayoritarios no son colombianos? ¿Ayudar a una empresa que además evita pagar sus impuestos en Colombia por su voluntad de estar radicada en Panamá? ¿No será más bien y en consecuencia que quienes hoy la deben salvar son los panameños?

Que se defienda sola, como sentenció Rudolph Hommes, exministro de Hacienda y uno de los padres del neoliberalismo en Colombia en uno de sus twitter, porque además no faltará quienes la sustituyan. ¿Y la preocupación por los miles de empleos que se perderían? Nada de que preocuparse: los nuevos empresarios demandarán esos o quizá muchos más.

El pasado

Si son los 100 años de historia de Avianca los que justifican la presencia recursos del estado colombiano en esta debacle, como también se argumenta, están muy equivocados. De esa historia lo único que hay que salvar son sus primeros veinte años. Porque de los restantes solo puede hablarse de imposición, coerción, chantaje, manipulación, descuido, evasión. Que se busquen entonces otra excusa.

La incursión de colombianos en la aviación tiene lugar hacia los inicios del siglo XX. Manizales, Medellín y Barranquilla pueden vanagloriarse de haber sido el punto de arranque de esas empresas en el país, y sería en esta última donde un grupo de alemanes[3] asociados con un puñado de colombianos crearían Aerolíneas Colombo Alemanas de Transportes Aéreos (SCADTA). Arriesgando, incursionando, explorando, poco a poco SCADTA iría ganando y conquistando el espacio colombiano, básicamente con hidroaviones guiados por el rio Magdalena. Fue construyendo aeropuertos, transportó carga, pasajeros, correo y encomiendas. Allí se inició la fotografía aérea en el país, base para la elaboración de mapas y de investigaciones para exploraciones mineras, entre otras.

El primer tropiezo

Después de haber sentado las bases sólidas para su trabajo en suelo colombiano, SCADTA quiso en 1931expandirse hacia otros países de sur, Centroamérica y el caribe. No pudo. El gobierno norteamericano prohibiría a SCADTA avanzar en su iniciativa aduciendo excusas d seguridad, protegiendo así a su aerolínea Pan-American Airways. SCADTA vendería a Pan-Am acciones para que está se hiciera al 84,4% de la compañía en una secreta y hostil transacción[4] y comenzó a moverse con mayor facilidad.

Tan solo unos años después, y a propósito de la segunda guerra mundial, Colombia expropiaría y por sugerencia de Estados Unidos, todas las propiedades que los ciudadanos alemanes tuvieran en el país. Allí caerían las acciones de SCADTA (y de otras compañías)[5] que fueron nacionalizadas. Y de una fusión de otra compañía aérea con SCADTA nació Avianca que para los años 40 volaba ya a Ecuador Perú, Panamá, Norte América y Europa. Para el 44 Pan Am tendría el 64% de sus acciones, el estado colombiano el 16 % y el resto entre otros colombianos entre los que se encontraba Mario Santo Domingo -padre de Julio Mario. Sin embargo, Avianca ya no estaba sola[6] : 48 compañías aéreas se disputaban lentamente el espacio aéreo colombiano, aunque con una premonitoria y particular dificultad: “Avianca era propietaria de todos o casi todos los aeropuertos del país, y salvo contadas excepciones, no permitía que otras aerolíneas los utilizaran”[7](¡!).

La historia reciente. Los verdaderos dueños

Cómo y de qué manera Pan-Am fue cediendo su espacio accionario y cómo empresarios colombianos haciéndose al suyo es algo que falta dilucidar. Lo cierto es que 20 años después y a hacia finales de los años 60 Pan Am tenía ya el 25% y para el 75 sólo el 11%. El resto en manos de colombianos. Pero, no cualquier colombiano. Porque cuando se hable de Avianca y del pretendido patrimonio de colombianos, de su historia y manejos como veremos a continuación, este sólo les pertenece a cuatro hombres: Jaime Michelsen Uribe, Fernando Mazuera, urbanizador y ex alcalde de Bogotá, Carlos Ardilla Lülle y Julio Mario Santo Domingo.

A propósito, la revista SEMANA relataría en un pretendido conmovedor relato[8] : ”… un nuevo peso pesado de la economía colombiana, el Grupo GranColombiano, liderado por Jaime Michelsen Uribe, comenzó a hacerse a acciones de Avianca. Llegó a convertirse en uno de lo mayores accionistas de la aerolínea, hasta que en 1975 vendió su participación al constructor Fernando Mazuera Villegas.”[9] Así es que después de la mencionada venta, el principal accionista fue Fernando Mazuera Villegas, exalcalde de Bogotá, seguido de lejos por Santo Domingo y Ardila Llülle. También el gobierno y otros muchos colombianos tenían acciones. Pero ya era Santo Domingo el controlaba la administración de la aerolínea.

Después de una dura disputa por hacerse a su control, en la que Mazuera denunciaría que las verdaderas utilidades de Avianca para 1977 se inflaban para así repartir dividendos a cambio de otorgar poder y presencia de Santo Domingo en la Junta Directiva, vende su participación a Santo Domingo, en el que aquél llamó el mejor negocio de su vida. Y Santo Domingo comienza su consolidación como amo, dueño y señor absoluto y Avianca. Refiramos una anécdota:

“Durante sus primeros años de ejecutivo no tuvo avión privado, lo cual supeditaba su agenda al horario de los aviones de Avianca. Cuando las rutas de los itinerarios no se ajustaban a sus necesidades, desviaba vuelos llenos de pasajeros para cumplir sus citas. De allí que entre los pilotos de Avianca era común hacer escalas no programadas para dejar o recoger al dueño de la compañía. La tripulación se ingeniaba toda clase de subterfugios para disimular los cambios de último momento. Un veterano piloto de Avianca recuerda que un día fue informado de que Santo Domingo abordaría en Miami un vuelo comercial que cubría sin escalas la ruta Miami-Bogotá, pero que su obligación era llevarlo a Cartagena. A sabiendas de que esa clase de cambios injustificados enfurece a los pasajeros, el capitán les dijo a las auxiliares de vuelo que primero hicieran el anuncio de la ruta prevista a Bogotá y una media hora más tarde informaran sobre un cambio intempestivo debido al mal tiempo que los obligaría a hacer una escala en Cartagena.”[10]

El paseo de Turbay

Y Santo Domingo dispuso de Avianca.

Hacia finales del año 82, quiso Julio César Turbay Ayala viajar a Europa, con la excusa de limpiar la imagen de Colombia como Estado irrespetuoso de los derechos humanos, y se embarcó en una gira de 25 días por ocho países[11] con una gran comitiva que incluyó ministros, periodistas, empresarios y familias, pero en el nuevo Jumbo de Avianca. Esto significó a la aerolínea no sólo financiar el periplo sino dejar con los “crespos hechos” a cientos de pasajeros que ya habían adquirido sus pasajes en el nuevo avión. Turbay utilizó a Avianca valiéndose que en la prórroga del contrato de transporte de correo con la aerolínea se pactó, a cambio de la misma y en contraprestación, que el presidente de la República podía utilizar la flota de Avianca en caso de que así lo requiriera. Y lo requirió y Avianca asumió el costo. Santo Domingo sería nombrado después embajador en la China.

La Avianca de Santo Domingo. Monopolio y deudas

Hacia 1985 Santo Domingo ya era dueño del 45% de Avianca a través de 11 sociedades y Ardila Lülle del 30% por intermedio de 8. Para entonces Avianca había creado a espaldas del Estado colombiano una sociedad en Estados Unidos, Norasco, por medio de la cual se realizaban sus operaciones de alquileres y compra de aviones hacia Avianca, creada por los beneficios tributarios que esto le significaba (¡!). Y su disputa por el control absoluto de la aerolínea continuó, ahora con Ardila, hasta el punto en este irrumpió en el mercado cervecero, monopolio de Bavaria, y Santo Domingo en los jugos de Ardila, aunque la libre competencia no prosperó en razón al pacto al que llegaron.

En 1991 Avianca amenazó a sus acreedores con recurrir al concordato obligándolos en consecuencia a refinanciar sus deudas: los bancos le descontaron el 53% de las acreencias, y el Estado colombiano -Aeronáutica Civil- cerraría la posibilidad de otorgar rutas a otras aerolíneas en el país[12]. Para entonces César Gaviria era presidente de Colombia, Rudolf Hommes su ministro de Hacienda, y la apertura del país en plena marcha. Salvo excepciones, claro.

En 1992 la revista Forbes ya ubicaba a Santo Domingo como uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna calculada en más de U$ 1.000 millones: el monopolio de la cerveza en Colombia y Ecuador, dominio del 50% del mercado de la bebida en Portugal, accionista del Banco Comercial Antioqueño, una compañía de seguros, una red de radio y televisión y con una empresa de aviación, Avianca, con pérdidas en libros por más de veinte años “por una razón que nadie explica con claridad” [13]!!

Para 1993 el permiso de vuelo a American Airlines en la ruta Bogotá-New York había sido suspendido, y en respuesta, los gringos amenazaron con eliminar el permiso de los vuelos de Avianca y Aces Miami-New York, que no hicieron efectivo. Era el momento del proceso 8mil y el apoyo de Santo Domingo a Samper su campaña le significó un aporte de US$6 millones, igualando los US$6 millones del cartel de Cali, tres veces los US$1,9 millones de Sarmiento Angulo, 6 veces el US$ 1 millones de Ardilla Lülle.[14]

Pero Avianca, en medio de su crisis, seguía aportando al fortalecimiento de democracia colombiana. En 1998 entregaría $25 millones a la campaña de Noemí Sanín. ¿Cuánto a las otras?

Segunda y tercera crisis financiera

Para 2001 la aerolínea estaba acorralada por sus deudas con los bancos y acreedores que amenazaban, de nuevo, con provocar su cierre.[15] Con un muy alto pasivo laboral que para el año 1991 y reservas prestacionales legales ascendían a US$ 60 millones -24 veces superior a los aportes de los accionistas[16]-, se espantaron los posibles compradores a los que Santo Domingo se aproximó[17]. ¿No guardó sagradamente Avianca esas reservas? Así que se decidió fusionar Avianca con otra sana compañía de propiedad de los cafeteros: ACES. Y contrario al concepto del superintendente de industria y comercio que se opondría a la misma, argumentando que la tal fusión lo único que haría era agravar la situación monopolística de Avianca en el país, la fusión tendría lugar. Para el efecto se recurrió al indicador Herfindahl-Hirschman (HHI) que calcula el poder de un monopolio, una medida del índice de concentración: 1.000 un mercado no concentrado, 1.000-1.800 moderadamente concentrado, > 1.800 altamente concentrado. Pues bien, antes de la fusión y desde hacía 25 años el indicador de Avianca era ya 2.600. Y los cálculos después de la fusión ofrecían una cifra igual a 4.807 en rutas nacionales y 2.830 en las internacionales[18] . Y la resolución que negó la fusión advertiría que “la empresa resultante quedaba en posibilidad de determinar unilateralmente las condiciones del mercado incluyendo precios y calidades”[19]. Santo Domingo apeló y ganó. Y la fusión arrancó en 2002.

Tan sólo un año más tarde, el 23 de marzo de 2003 Avianca se acogería a la ley de bancarrotas de Estados Unidos por sus… dificultades financieras.[20] A partir de ese momento un brasileño se haría al control de Avianca, y con US$43 millones al 73% por ciento de las acciones. Una corte de Nueva York le entregó el control y su reestructuración y la manera de responder por los pasivos. Para entonces Avianca ya se había llevado por delante a SAM y a ACES, dos ejemplares aerolíneas colombianas.

En 2009 Avianca se fusionaría con TACA de Kingsland compañía del El Salvador, de propiedad del centroamericano Roberto Kriete, hoy accionista de Avianca en 14%. Kriete, demandaría a Avianca en una Corte de Estados Unidos, por haber tramitado un crédito con la aerolínea United a sus espaldas. A su vez Avianca demandaría a Kriete por considerar que su proceder frenaba su progreso[21]. Kriete retiraría su demanda, llegaría a un acuerdo con Avianca y el acuerdo con United seguiría adelante. Entre septiembre y diciembre de 2017 enfrentaría un paro de aviadores por mejores condiciones laborales, que la obligaron a cancelar cerca de 15 mil vuelos afectando a más de 400.000 pasajeros.

Avianca hoy, el karma continúa

Por una vez más en su historia Avianca se enfrenta a una grave situación, segunda ventilada ante un Tribunal de Estados Unidos. Y lo que queda claro en una revisión ligera de su historia es esta empresa ha servido más a los intereses de una o dos personas, uno o dos grupos de poder, antes que a la prestación de un servicio de calidad para sus usuarios, operando como un vulgar monopolio, con la anuencia, bendición y respaldo del Estado y de la clase política colombiana, que se hizo de la vista gorda con sus veinte años de pérdidas contables. Y hoy, que ya no es colombiana, ¿debe el Estado colombiano entrar en su nuevo y temporal auxilio hasta que caiga por cuarta vez? ¿Debe hacerse caso omiso de su tránsito por las Bahamas hasta Panamá, paraísos fiscales, obviando así su pago de impuestos en Colombia? Todo parece indicar que así va a ser. Y al embarcar a la sociedad colombiana en un préstamo a la aerolínea como lo anuncia el cuestionado ministro de hacienda, lo único que va suceder es garantizar la permanencia de una situación monopólica aberrante. ¿O es que por fin vamos a contar con cielos abiertos, bajo el riesgo que esta situación afecte los ingresos de Avianca y que en consecuencia pueda argüir el no pago de sus deudas? Mucho me temo que acá existen intereses que desconocemos, diferentes a los del bienestar de los colombianos, a favor de empresarios y funcionarios que propenden por la libre empresa y competencia, mientras no toquen lo de ellos. Aunque persista el mal servicio.

 

[1] Cita del exministro de Hacienda Rudolph Hommes año 1991 antes de trabajar, años después, para el Grupo Santo Domingo, dueño de Avianca. Citado en Reyes pag 245.

[2] Sanabria Tirado R. Más allá de la fusión Avianca-Aces. El Tiempo, 25 de septiembre 2001

[3]Al respecto, el pasado 5 de diciembre, Ximena Gonzalez escribiría una crónica en el diario La República que titularía: Conozca los seis líderes que marcaron la historia el centenaro de Avianca. Hace 100 años Avianca inició su operación, con la firma de la escritura 2.374 en Barranquilla por los alemanes Werner Kämmerer, Stuart Hosie y Alberto Tietjen, y los colombianos Aristides Noguera, Cristóbal Restrepo, Rafael Palacios, Ernesto Cortissoz y Jacobo Correa. Por 19 años su nombre fue Scadta (Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos) y su capital inicial fue de tan solo $80.000.

[4] Ver a proposito la valiosa documentación que al respecto ofrece Mauricio Umaña bajo el título Acuerdo entre PAA y Scadta 1931 «De la Serie: Archivos confidenciales PAA» Historias secretas. ACUERDOS PARA LA COMPRA DE ACCIONES EJECUTADOS ENTRE PAN AMERICAN AIRWAYS Y EL DR. P. BAUER. Febrero 18, 1930 Enero 19, 1931 Enero 30, 1931. También, Ospina Holguín J H: La evolución de la aerolínea avianca en Función de la evolución de su contexto

[5] Habría que preguntar a alguno de los miembros de la familia López Caballero qué tanto recuerdan de estos acontecimientos, en tanto el abuelo y el padre, ambos presidentes de Colombia, serían protagonistas de primera mano. A propósito debería consultarse el libro El Mesias de la Handel, de Enrique Caballero Calderón, que bien ilustra al respecto.

[6] Ospina Holguín, J H. La evolución de la aerolínea avianca en Función de la evolución de su contexto

[7] Donadío Alberto, Galvis Silvia. El Jefe Supremo. Editorial Planeta Pg 98

[8] En su edición de 21 de febrero de 2004, en un artículo que titularía: Una historia de amor y dolor.

[9] Ese tal peso pesado al que se refiere SEMANA es el mismo que pretendió quedarse con el país, quebró a miles de miles de ahorradores con su corporación de ahorro Granahorrar, que bloquearía al diario El Espectador quitándole toda la pauta publicitaria y poniéndole al borde de la quiebra, huiría del país hacia Panamá ante su orden de captura, se dice que en una avioneta de la Policía Nacional. Ese mismo El Espectador sería años más tarde adquirido por Santo Domingo, de su propiedad hasta hoy.

[10] Don Julio Mario, pág 150

[11] Ver nota de El Tiempo en su sección Hace 25 años del 5 de octubre de 2006.

[12] Don Julio Mario, pág 252

[13] Don Julio Mario, pág 250

[14] Don Julio Mario, pág 266

[15] Don Julio Mario, pág 321

[16] Don Julio Mario, pág 252

[17] Será necesario preguntarse hoy si el Estado colombiano, por alguna triquiñuela se hizo cargo de ese pasivo

[18] Don Julio Mario, pág 323. Al frente de la Federación de Cafeteros se encontraba Jorge Cárdenas Gutiérrez, padre de Mauricio Cárdenas, ministro al frente de varias carteras en Colombia ministeriales y padre o padrino de la venta de ISAGÉN.

[19] Don Julio Mario, pág 323

[20] Ver revista Dinero, 21 de agosto de 2019: La venta de Avianca

[21] Ver El Espectaro, 25 de mayo de 2019: ¿Quioén es Roberto Kriete, el nuevo hombre poderoso en Avianca?

 

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Acusan a Guaidó de incumplir el pago para matar a Maduro

El opositor venezolano firmó el contrato para derrocar a Maduro

 

El blog de investigación La Tabla publicó ayer una carta de pago por servicios, acordada entre el diputado opositor Juan Guaidó, y el gerente de la contratista Silvercorp y líder de la Operación Gedeón, Jordan Goudreau, quien acusa al autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela de "incumplimiento de contrato".

De acuerdo con la publicación, cinco días antes de la frustrada incursión a las costas venezolanas, el despacho legal, Volk Law, en Florida, Estados Unidos, remitió una misiva a Guaidó por el pago vencido de un millón y medio de dólares, adeudados a Silvercorp por el contrato firmado entre ambos para ejecutar, entre otros planes, el asesinato del presidente Maduro.

“La comunicación de cobranza tiene fecha del martes 28 y cuatro días después comienza la Operación Gedeón. Goudreau muestra así su decisión de hacer valer el contrato, tanto con respecto a los pagos como a la prestación de los servicios de Silvercorp”, señaló la investigación de La Tabla.

El documento enviado por los abogados está dirigido, además de a Guaidó, al asesor de campañas, Juan José Rendón; al diputado de ultraderecha Sergio Vergara, y al abogado defensor de narcotraficantes Manuel Retureta, todos firmantes del contrato mercenario, según se muestra.

La notificación colectiva se envió también al representante político y al "agregado comercial" de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio y Fernando Blasi, respectivamente, de acuerdo con tuit del medio en la red social Twitter.

El contrato, que forma parte de la estrategia para derrocar a Maduro, fue mencionado el pasado mes de marzo por el ex militar y narcotraficante Cliver Alcalá, en una entrevista a un medio radial colombiano.

Crisis por agua en Caracas

En medio de la crisis por el nuevo coronavirus el abasto de agua en la capital se agravó tras la explosión e incendio de una estación de bombeo que paralizó el suministro y que las autoridades atribuyeron a un acto de sabotaje.

Las dificultades que enfrentan a diario los cerca de 6 millones de personas que viven en la región metropolitana de Caracas para abastecerse de agua se agudizaron desde el jueves luego del incidente en la sala de control de la estación de bombeo de Taguacita, ubicada en el estado central de Miranda, lo que paralizó el sistema que surte a la mayor parte de la capital.

El incidente fue comunicado la noche del jueves por el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, quien indicó en una llamada telefónica a la televisora estatal que en la estación de bombeo se produjo una "explosión en los tableros" que ocasionó un incendio en los paneles de control afectando las "celdas de alimentación eléctrica en 50 por ciento".

Agregó que cuatro empresas están atendiendo la emergencia y que se espera resolver la situación para el domingo. El gobierno activó un plan complementario de abastecimiento de agua mediantecamiones cisterna para atender a los habitantes de la capital.

La paralización del suministro de agua ocurre en medio de la pandemia que ha dejado hasta la fecha más de una treintena de contagiados en la región capital. En el país sudamericano se han reportado 445 contagiados y 10 fallecidos por Covid-19.

El secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Salud, Pablo Zambrano, afirmó que la interrupción del abastecimiento de agua en Caracas "agrava" la situación que enfrentan más de un centenar de centros de salud públicos de la capital que desde hace años reciben suministros intermitentes de agua y en muchos casos deben recurrir a camiones cisternas para cubrir los requerimientos del líquido.

"Siempre tenemos fallas de jabón y cloro, ahora sin agua se complica la situación que tiene que ver con el riesgo y la contaminación de los centros de salud", dijo Zambrano.

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Estantes con medicamentos en una farmacia. REUTERS

 

Casos de sobornos a médicos, acusaciones de lucrarse de la investigación ajena y de lanzar algunos medicamentos que apenas aportan nada, precios desorbitados… extienden una sombra de sospecha sobre el sector farmacéutico

07/05/2020 07:13

VICENTE CLAVERO

La victoria sobre el coronavirus, mediante un medicamento que cure la enfermedad o una vacuna que la evite, involucra a diversos colectivos, entre ellos los laboratorios farmacéuticos, cuyo papel en la producción y comercialización del remedio será sin duda determinante.

Hay mucho dinero en juego, dado el alcance mundial del problema, y todo invita a pensar que esta industria hará cuanto esté en su mano para ganarlo, como hace cada vez que se le ha presentado la oportunidad, no siempre con prácticas irreprochables.

Una de sus principales estrategias de venta es presionar sobre quienes deciden el consumo en una parte fundamental del mercado, el de prescripción (productos que sólo se expiden con receta), desplegando acciones que a veces pueden tener la apariencia de ayuda a la formación continua de los médicos (suministro insistente de información sobre nuevos fármacos, aportaciones para la organización o asistencia a congresos), pero otras son ajenas a la más mínima exigencia ética.

Entre esas acciones figuran los sobornos, que durante décadas fueron un secreto a voces, siempre negado por la industria, si bien algunos acontecimientos relativamente recientes han demostrado su existencia.

La multinacional Novartis tuvo que afrontar en 2015 una multa de 390 millones de dólares (357,8 millones de euros) por haber pagado viajes, banquetes y dinero a médicos estadounidenses para que recomendasen sus medicamentos. Ese mismo año, otro gigante farmacéutico, Pfizer, zanjó una denuncia por incumplimientos de su propio código ético con el despido de 30 de sus directivos en España.

Las compañías suelen rebajar estos casos a la condición de hechos aislados, aunque algunos estudios muestran que no lo son tanto. Uno de 2014, patrocinado por la Fundación de Bill y Melinda Gates, con el concurso del Departamento Británico para el Desarrollo Internacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores holandés, sostiene que 18 de las 20 multinacionales farmacéuticas analizadas habían sido objeto de sanción en algún momento por motivos tan poco edificantes como el soborno o la violación de las leyes de la competencia.

El importe de los pagos directos o indirectos a los médicos es uno de los secretos mejor guardados de la industria, aunque en España el proyecto Medicamentalia, de la Fundación Ciudadana Civio, aportó en 2018 alguna luz sobre el asunto. Según este organismo independiente, que trabaja por la transparencia de las instituciones, dichos pagos habían ascendido el año anterior a 182,5 millones. Dieciocho médicos, adscritos a la sanidad pública y privada, fueron agraciados con más de 50.000 euros por cabeza.

Otra acusación frecuente a los laboratorios es que se lucran con medicamentos cuya investigación y ensayos clínicos son posibles gracias, en buena medida, a la inversión ajena. Un informe dado a conocer en 2018, dentro de la campaña No Es Sano, respaldada por instituciones como la Organización Médica Colegial de España, ponía ejemplos concretos al respecto. El producto estrella de Roche contra el cáncer de mama, el Trastuzumab, que para entonces le había proporcionado más de 60.000 millones de euros de ingresos en todo el mundo, se obtuvo con financiación procedente de universidades, centros de investigación y fundaciones sin ánimo de lucro.

Esa circunstancia no impide que los laboratorios fijen precios muy altos para sus productos, sobre todo en el ámbito de las nuevas inmunoterapias. Es el caso del Kymriah, de Novartis, indicado contra ciertos tipos de leucemia, y del Yescarta, de Gilea, que sirve para tratar algunos linfomas no Hodgkyn. Sus precios de salida en el mercado estadounidense fueron de nada menos que 475 .000 y 373.000 dólares (438.600 y 344.400 euros), respectivamente, pese a ser fruto de investigaciones sufragadas en gran parte con dinero público.

La respuesta de la industria a las afirmaciones del estudio de No Es Sano fue que su actividad entraña gran riesgo, ya que sólo una de cada 10.000 moléculas investigadas llega a convertirse finalmente en un medicamento, lo que requiere de fuertes inversiones, que las farmacéuticas pagan con sus propios recursos. De ahí que el precio de cada producto, según el sector, no deba reflejar sólo el coste de su investigación, sino de alguna manera también el de aquellas que han fracasado, porque en caso contrario el negocio sería inviable.

Otras voces recuerdan, sin embargo, que el gasto en I+D y en producción sólo supone el 13% del coste de un medicamento, mientras que el gasto asociado a la comercialización y promoción (estudios de mercado, análisis de la competencia, publicidad, deferencias con los médicos) oscila entre el 30% y el 35%. Con la particularidad, además, de que sólo uno de cada cuatro fármacos que salen al mercado son realmente innovadores o mejoran los resultados de otros ya existentes pero más baratos.

Como quiera que sea, el hecho cierto es que el precio de los medicamentos, en particular el de los más modernos, es una de las mayores amenazas que penden sobre los sistemas nacionales de salud, sobre todo aquellos que contemplan su financiación pública total o parcial, como ocurre en España.

Pese a la extensión de los genéricos (productos cuya patente ya ha expirado) y a los mecanismos de control introducidos en los últimos años, el gasto público en medicamentos supera en nuestro país los 16.000 millones de euros anuales, de los que dos tercios corresponden a recetas y el resto, a hospitales.

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COVID-19: ¿Y si la vacuna pagada con dinero público acabara en monopolio de una empresa privada?

En 2016, el doctor Peter Hotez, presidente de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en Houston y codirector del Centro para el desarrollo de vacunas del Texas Children's Hospital, estaba trabajando en una vacuna contra el coronavirus. El siguiente paso serían los ensayos con humanos, pero ningún inversor al que se acercó estaba interesado en financiar el proyecto.

Según Massimo Florio, Profesor de Ciencias Financieras de la Universidad de Milán, la historia de Peter Hotez, que testificó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, cuenta cómo "a pesar de que hace casi veinte años desde la aparición del SARS Co-V (Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave), la industria farmacéutica no ha considerado desde entonces como una prioridad invertir en estas enfermedades infecciosas".

El coronavirus no mata, es el sistema inmunológico del paciente el que daña los órganos vitales

Un análisis de inteligencia de Bloomberg ha demostrado que en el último año las 20 compañías farmacéuticas más grandes del mundo han lanzado alrededor de 400 nuevos ensayos de medicamentos: casi la mitad de éstos son anti-tumorales, y sólo 65 están destinados a tratar enfermedades infecciosas que se definen como menos gratificantes que las terapias a largo plazo, como las de la diabetes o el colesterol. De las 20 compañías farmacéuticas más grandes, sólo cuatro tienen una unidad de investigación de vacunas.

Según Florio, estas cifras se explican por el reconocimiento de que "el sistema de investigación actual es víctima de una contradicción incurable entre las prioridades de la ciencia para la salud y de la ciencia para el beneficio".

Para el profesor, "la emergencia que estamos experimentando debe ser una oportunidad para repensar las reglas que han definido el mercado farmacéutico en las últimas décadas".

 

¿Una vacuna al COVID-19 accesible a todos?

 

Según un informe de la OMS, actualmente se están llevando a cabo 62 programas de investigación en laboratorios de todo el mundo para encontrar una vacuna para el COVID-19, y aunque todavía no se sabe cuándo y quién tendrá éxito primero, muchas ONG y políticos se han adelantado pidiendo, con diferentes métodos, lo mismo: que el precio de la vacuna sea, de ahora en adelante, accesible a todos los servicios nacionales de salud.

A principios de marzo, por ejemplo, el Partido Demócrata de los Estados Unidos propuso incluir en el plan de emergencia para el COVID-19 un mecanismo para controlar el precio de una posible vacuna obtenida por una empresa farmacéutica gracias también a fondos públicos.

Recientemente, Costa Rica también ha hecho una propuesta a la OMS para crear un fondo común mundial para el COVID-19 en el que se puedan reunir todos los proyectos de propiedad intelectual e investigación. Posteriormente, la OMS puso en marcha un proyecto mundial denominado "Acceso al acelerador de herramientas COVID-19" para asegurar el intercambio de descubrimientos científicos para combatir el virus, aunque todavía no se ha especificado nada sobre la propiedad intelectual de las empresas farmacéuticas.

 

Para el Parlamento Europeo, la vacuna financiada públicamente debe permanecer en el dominio público

 

Mientras que en el Congreso de los Estados Unidos se rechazó la enmienda de los demócratas, el Parlamento Europeo aprobó el 17 de abril una resolución en la que se pedía que "toda investigación financiada con fondos públicos siguiera siendo de dominio público" en relación con la vacuna para el COVID-19. Antes de la votación, un grupo de diputados había escrito una carta a la Comisión Europea.

"Observamos con gran preocupación que, aunque la Comisión invierte más del doble que cualquier otro socio privado en los proyectos de investigación de la Unión para el COVID-19, no se han tomado medidas para garantizar que los resultados sean asequibles para todos los sistemas de salud", dice la carta. El texto advierte a la Comisión que no adopte, una vez más, el modelo de negocio de los años anteriores.

De hecho, en Europa, aunque existe una oficina central encargada de expedir patentes - la Oficina Europea de Patentes - es cada país el que individualmente, a través de sus organismos nacionales, como Aifa para Italia, se encarga de fijar el precio de un nuevo medicamento con la empresa. Por consiguiente, el resultado de las negociaciones puede variar de un Estado a otro y los países no están obligados a revelar el precio acordado con la empresa. Gracias a la patente -normalmente por un período de 20 años- la empresa tiene el monopolio del medicamento y puede pedir el precio que prefiera.

Algunos países han enmendado recientemente sus leyes pertinentes para facilitar el acceso a la vacuna cuando entre en el mercado. Alemania, por ejemplo, ha estipulado que el Ministro de Salud puede, en caso de que se declare una emergencia nacional, ejercer medidas de control sobre las patentes de medicamentos.

Canadá ha enmendado sus leyes para facilitar el uso de una licencia obligatoria. Este tipo de licencia permite al gobierno utilizar una patente sin obtener primero el consentimiento del titular de la patente - en este caso la compañía farmacéutica - mientras paga dinero.

En el pasado, algunos países han utilizado estrategias similares para tratar a sus ciudadanos. En 1997, por ejemplo, Sudáfrica aprobó una Ley de Medicamentos para importar medicinas para el VIH de los países que los producían al precio más bajo. En ese momento algunas de las mayores compañías farmacéuticas demandaron al gobierno pero luego, bajo presión pública, se echaron atrás.

Entre los firmantes de la carta a la Comisión Europea se encuentra Petra De Sutter, eurodiputada belga de los Verdes y presidenta de la Comisión de Mercado Interior, que explica: "No se trata de ignorar la necesidad de que las empresas obtengan beneficios, sino de repensar el papel del público, poniendo en primer lugar la necesidad del paciente y no la de la industria farmacéutica".

Según De Sutter, es poco probable que la vacuna, una vez desarrollada, se ponga en el mercado a precios exorbitantes. "Entonces los gobiernos recurrirían a las licencias obligatorias, lo que siempre es una posibilidad cuando la salud pública está realmente en peligro. Además, se trata de vacunar a casi todo el mundo, por lo que el beneficio sería muy alto en cualquier caso".

Sin embargo, es importante que De Sutter hable de estos temas ahora, "porque una vez que la emergencia del coronavirus haya terminado, los problemas de nuestro mercado farmacéutico permanecerán".

Las grandes farmacéuticas invierten más en la compra de empresas de "bajo riesgo" que en la investigación.

Entre los problemas que destaca De Sutter está el uso de fondos públicos para la investigación.

Varias encuestas han demostrado que en los últimos años las empresas farmacéuticas tienden a invertir sólo en las etapas finales de la investigación, es decir, cuando parece estar asegurado el beneficio, mientras que las etapas iniciales se llevan a cabo gracias a los recursos de las universidades o asociaciones.

El resultado es que "el sector público financia la investigación de alto riesgo en las fases iniciales, mientras que los beneficios en las fases posteriores van de forma desproporcionada al sector privado", como se explica en un informe del UCL Institute for Innovation and Public Purpose por Mariana Mazzucato y Henry Lishi Li.

Una encuesta realizada por la Radio y Televisión de Suiza a principios de este año mostró que las grandes empresas farmacéuticas invierten mucho más en la compra de pequeñas empresas con medicamentos en una fase avanzada de desarrollo que en la investigación real.

El año pasado, el fármaco para la atrofia espinal Zolgensma, producido por Novartis y comercializado en los Estados Unidos, fue descrito por Forbes como el "fármaco más caro del mercado" con un precio de alrededor de dos millones de dólares por paciente. El precio exorbitante también había causado controversia debido a que el fármaco fue, en las fases iniciales, financiado por un laboratorio sin fines de lucro de la asociación francesa Telethon, que luego vendió la patente a una empresa incipiente comprada por Novartis.
El caso de Reino Unido

También en las últimas semanas en el Reino Unido, más de 20 asociaciones han escrito una carta al gobierno pidiendo que cualquier vacuna obtenida con fondos públicos no se convierta en un monopolio de una empresa privada.

"Sin las precauciones adecuadas, veríamos un acceso diferenciado a los nuevos tratamientos para el COVID-19, como fue el caso de la gripe porcina en 2009, cuando los países más ricos fueron los primeros en conseguir la vacuna", dice el documento. La carta está firmada, entre otros, por Médicos sin Fronteras, que lleva semanas vigilando de cerca las implicaciones éticas del desarrollo de la nueva vacuna.

"Sabemos muy bien lo que significa no poder curar a la gente porque la medicina necesaria es demasiado cara", dijo la ONG en un comunicado.

Hace apenas un año, la asociación, junto con otras que trabajan en campos de refugiados en Grecia, utilizó por primera vez en Europa un mecanismo humanitario que le permitió vacunar a los niños contra la neumonía a un precio de 9 dólares por niño. A modo de comparación, el precio acordado por Grecia con Pfizer y GSK - los dos únicos fabricantes de la vacuna - para un tratamiento normal habría costado 168 dólares por niño.

Médicos sin Fronteras aprovechó la oportunidad para recordar que "alrededor de un tercio de los países del mundo no pueden permitirse incluir la neumonía entre sus vacunas estándar debido al precio demasiado alto que exigen las empresas farmacéuticas".

La firma de la carta dirigida al gobierno británico fue, entre otras, la ONG Just treatment (Tratamiento Justo). "Estamos asistiendo a una oleada de nuevos medicamentos, especialmente antitumorales, protegidos por patentes y con precios inalcanzables, y los signos actuales indican que la situación no puede sino empeorar", explica Diarmaid McDonald, portavoz de la asociación.

A lo largo de los años, la ONG ha apoyado varias batallas por el acceso a los medicamentos, la última hace apenas un año, cuando el sistema de salud británico no quiso pagar el precio de 104.000 libras esterlinas por paciente y año por Orkambi, un medicamento para la fibrosis quística producido por Vertex. El estancamiento de las negociaciones - ahora resuelto - había llevado a algunos padres de niños con la enfermedad a organizar un club de compradores y comprar el medicamento en Argentina, que había negado la patente a Vertex y organizado la producción de un Orkambi genérico al precio de 24 mil libras esterlinas.

"Just treatment también hizo campaña para el acceso al Sofosbuvir, el medicamento para la hepatitis c producido por Gilead", que en 2015 se pondrá en el mercado a un precio de hasta 40.000 euros por tratamiento, dice McDonald. En esa época, muchos servicios de salud europeos racionaron la medicina para mantener bajos los costos, poniéndola a disposición de los pacientes sólo en las últimas etapas de la enfermedad. Los otros no tuvieron más remedio que esperar.

Por ello, antes de que las agencias de medicamentos ampliaran el abanico de beneficiarios, muchas personas recurrieron a agencias de viajes que permitían a los pacientes ir a la India o a Egipto - un turismo de salud que publicitaba nada menos que el futbolista Lionel Messi - donde se le negaba el monopolio a Gilead y el medicamento genérico se producía a un precio mucho más asequible.

"Recuerdo bien cuando me examinaron para decidir si era apto para el tratamiento", dice Simon Brasch, uno de los pacientes de hepatitis C que tuvo que esperar para conseguir un medicamento que ya estaba disponible en el mercado. "Me revisaron el hígado y me dijeron: estás bien por ahora, tendrás que esperar hasta que estés peor para recibir tratamiento. Salí de allí y me pregunté: ¿qué tengo que hacer, beber dos vodkas al día para que mi hígado se degrade, para que finalmente pueda mejorar? Nunca hablamos de una sola medicina. Es todo el sistema el que necesita ser repensado", dice.
"La actual pandemia ha mostrado un espectacular fracaso de la investigación de la industria farmacéutica"

Según el profesor Massimo Florio "la actual pandemia ha mostrado un fracaso espectacular de la investigación de la industria farmacéutica. Por eso necesitamos una estructura pública europea que produzca medicamentos que no interesen al sector privado o que sólo existan en el mercado a precios exorbitantes".

La propuesta del profesor de una estructura pública europea para los medicamentos que vaya más allá del oligopolio farmacéutico se publicó en el Foro sobre Desigualdades y Diversidad.

En el siglo XIX el paludismo causó miles de muertes en Italia. Así que en Turín se abrió la planta química farmacéutica militar para producir, bajo la dirección de un coronel químico, la quinina, la única droga conocida entonces para combatir la enfermedad. Más tarde, con el desastre de Chernóbil, la planta - trasladada de Turín a Florencia - pudo producir 500.000 tabletas de yoduro de potasio, el fármaco para el cáncer de tiroides, en 24 horas.

Hoy en día la planta sigue activa y puede producir, entre otras cosas, cloroquina, una droga "descendiente" de la quinina. "Si, por ejemplo, se descubre hoy que la cloroquina se utiliza para combatir el coronavirus, estaríamos listos para producirla en grandes cantidades. Historias como la de la planta de Florio nos recuerdan que Italia no es ajena, por tradición, a la protección del derecho a la salud, pero en los últimos años la política ha eliminado estos temas de la agenda", recuerda Florio, y cierra con una advertencia.

"Hoy nos preguntamos cómo pudo suceder que economías aparentemente evolucionadas se hayan despertado no sólo sin vacunas y medicamentos, sino incluso sin respiradores y mascarillas. No debe volver a ocurrir nunca más".

1 mayo 2020 |

(Tomado de Euronews)

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