El fin del ciudadano, de lo público y de los servicios sociales colectivos*

En la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá que se discute en el Concejo de Bogotá, el equipamiento colectivo pasa a un segundo plano en la estructura urbana, dejando en claro que para el Estado la prestación de los servicios sociales es igual a una transacción comercial o de una mercancía con destino a unos consumidores que cada día tienen más difuso su papel de ciudadanos.

 

La dificultad en la prestación de servicios sociales en Bogotá está en su distante localización de donde se ubican sus usuarios. Es decir, existe el suelo dotacional destinado para localizar equipamientos y otra cosa es que ese suelo este localizado de manera estratégica para el cubrimiento óptimo de la población beneficiaria. Podemos entender que la estrategia pública en la localización de equipamientos se enfoca principalmente a partir de los procesos de urbanización que se dan en el territorio y no a partir de las necesidades y localización de los usuarios.

Esta estrategia de localización ha surtido notables cambios en el transcurso de la historia de la urbanización en Bogotá. El Estado mantuvo durante algunos años de manera relativa el control del desarrollo de la ciudad a partir de proyectos de vivienda bajo su iniciativa. Luego, esta iniciativa se entregó a los constructores privados a la par del desarrollo de viviendas construidas de manera informal; no es gratuito decir que este tipo de urbanización representa el 60 por ciento del desarrollo del tejido residencial capitalino. Y, finalmente, en la actualidad el desarrollo de la ciudad está en manos de los poseedores de la tierra dentro del perímetro urbano que durante décadas engordaron el suelo y que hoy, ante su localización privilegiada, construyen centros comerciales que son los que define el desarrollo urbano de la ciudad.

Esta lógica que le imponen a la ciudad, a su desarrollo, hace que la localización de equipamientos en donde se prestan servicios sociales, solo es vista a partir de la generación de renta del suelo, captura de plusvalías, y economías de escala. Al ceder el Estado su responsabilidad para la prestación de los servicios colectivos a los ciudadanos, pasándola a manos del sector privado, y sin que medie una regulación eficiente, permite que la localización de los equipamientos colectivos se defina a partir de la oferta y la demanda distante de la vivienda, trabajo y recreación del ciudadano; exacerbando la segregación socio-espacial y la inequidad social en la ciudad.

En la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá (POT), que se discute en el Concejo de Bogotá, el equipamiento colectivo pasa a un segundo plano en la estructura urbana. El cambio más transcendental en esta propuesta es su equiparación con los usos de comercios y servicios de la ciudad, incluyéndolo como parte de su estrategia de competitividad. Al revisar de manera superficial tal decisión no se identifica un mayor problema. Pero solo al observar las implicaciones más allá de lo aparente, se vislumbra las primeras manifestaciones de lo que se podría llamar la muerte de los equipamientos colectivos como prestadores de servicios sociales hacia los ciudadanos. Al desnaturalizar el papel del equipamiento colectivo en la ciudad, a cambio de un postizo trasplante de características comerciales, se evidencia que para el Estado la prestación de los servicios sociales es igual a una transacción comercial o de una mercancía con destino a unos consumidores que cada día tienen más difuso su papel de ciudadanos.

Al equiparar a los equipamientos colectivos, en donde se prestan servicios sociales, bajo las mismas condiciones de localización en la ciudad del comercio y los servicios, se estima un problema estructural en el modelo de ordenamiento urbano, en donde las variables de análisis se enfocan a identificar los beneficios económicos en la localización de servicios sociales y la renta del suelo que de esta acción se desprende.

Luego, el discurso del actual modelo de ordenamiento evidencia que la balanza se inclina en mayor medida al desarrollo económico, en detrimento de la sostenibilidad de la ciudad, teniendo en cuenta las dificultades evidentes en las cifras que sustentan la propuesta de importantes proyectos inmobiliarios. Igualmente, se generan las condiciones físicas para facilitar los patrones de consumo en los ciudadanos, en claro beneficio de quienes ostentan los modos y formas de producción, limitando al equipamiento colectivo y sus servicios a ser meras mercancías, o en el peor de los casos, como un objeto para la satisfacción de necesidades económicas de grupos minoritarios. Lo que tenemos ante nosotros es, por tanto, un modelo de ciudad nocivo que termina de una forma u otra alimentado las condiciones de desigualdad social, inequidad espacial, hundiendo a la población vulnerable y de estrato medio en la inminente pobreza económica, cultural y simbólica.

 

Simples consumidores

 

Teniendo en cuenta el diagnóstico al POT para Bogotá realizado por la SDP en el año 2016, donde se afirma que: “Pese a que existen pequeñas aglomeraciones relevantes en Bosa y Suba, la ciudad no logró consolidar centralidades de periferia”, pasamos a puntualizar esta realidad:

Al revisar el plano de localización de la actividad económica en Bogotá para el 2016, se logra confirmar que las centralidades de periferia no se desarrollaron durante el periodo de ejecución del actual POT. En este mismo sentido se puede establecer que el territorio de la actividad económica no coincide con el territorio en donde existe mayor densidad de la población, identificando la inequidad espacial que representa la distancia de los centros de producción económica en relación al lugar donde reside la población trabajadora de estratos bajos y medios.

Asimismo, al revisar los planos de propuesta de construcción de los nodos de equipamientos de escala metropolitana, urbana y zonal del Sistema de Equipamientos, se logra estimar que estos nodos se ubicarán en gran medida en los espacios en donde se localizan las centralidades de periferia definidas en el Decreto Distrital 190 de 2004.

Esta situación nos lleva a lanzar como hipótesis que las nuevas centralidades en donde se pretende aglutinar actividades económicas son detonadas a partir de la localización de actividades sociales prestadas en los nodos de equipamientos construidos con dinero público. Esta acción pública explicita en el Sistema de Equipamientos propuesto generará economías de escala en inmediaciones de estas pretendidas localizaciones, al igual que impactos urbanos y ambientales que deberán ser mitigados. Muy seguramente este tipo de estrategia será más efectiva que las centralidades delimitadas en el Decreto Distrital 190 de 2004. Igualmente, este tipo de acción cambia el rol del equipamiento en la ciudad, que pasará de ser un espacio de encuentro de ciudadanos en el proceso de consolidación de su ciudadanía, a ser un conglomerado de actividades económicas en donde la estructura urbana es deficiente teniendo como resultado el caos urbanístico.

Igualmente, en esta propuesta se garantiza la permanencia del uso dotacional, es decir los equipamientos que existen de escala zona, urbana y metropolitana deben seguir donde están, situación presente en el Decreto Distrital 190 de 2004, POT. Pero ante el déficit de suelo para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, la segregación del uso dotacional, hoy vista como una alternativa de desarrollo de suelo dotacional para algunos proyectos, pasa a ser la regla general para la construcción de vivienda y grandes superficies comerciales. El suelo habilitado para la construcción o ampliación de los servicios sociales puede ser utilizado para actividades que generan mayores ganancias económicas para los inversionistas privados.

Como consecuencia de ello, las aglomeraciones de equipamientos de servicios sociales, como nuevas centralidades de carácter económico en Bogotá, solo son una manifestación concreta de la profundización de las desigualdades de quienes ostentan los modos y medios de producción de la ciudad.

Por tanto, al estar el equipamiento urbano despojado de su esencia como servicio social –en su representación como vínculo del ciudadano con el Estado– a partir de las actividades que allí se desarrollan, como son la atención, el servicio, la asistencia, la cobertura a cambio de la estimación fría como un inmueble, es decir como un mero objeto arquitectónico cargado solo de contenidos de valor económico –como son la plusvalía, las economías de escala, los impactos urbanos y el consumo de actividades–, significaría el principio de la desestructuración del lenguaje del equipamiento colectivo urbano y el advenimiento de la ruptura del contrato social que define la crisis del Estado en manos de un escenario caótico y anárquico que plantea la dictadura perversa de la oferta y la demanda. De así ser estaríamos ante equipamientos colectivos para la dominación y la explotación del sujeto y de la familia.

Las denominaciones de los equipamientos colectivos a partir de sus actividades se estimarían a partir de una condición genérica, que no defina especializaciones, que finalmente llevan a la atomización conceptual del mismo equipamiento. En este sentido como solución se habla de la mezcla de usos. Lo que existe, por ahora, no son múltiples usos sino múltiples exclusiones y segregaciones, la especialización de la actividad lleva a la fragmentación del espacio y por ende del servicio para consumidores1.

Todo un contrasentido. La construcción de ciudadanos y ciudadanía, entre los que se destaca la relación del Estado con la gente, dentro de la vigencia del Contrato Social, debe mantener el monopolio en la definición de las condiciones en que se deben prestar los servicios sociales, no importando si llega a delegarlos a los agentes privados, pero regulando su producción en la ciudad a partir de la norma urbana, la mitigación de impactos urbanísticos y los mismos precios con que los oferta los a la ciudadanía en general.

Hay que enfatizar en que los equipamientos son la materialización de la relación entre el Estado y sus habitantes a partir de la prestación de servicios públicos, lo que permite el ejercicio de lo público, garantizando que las personas ejerzan su condición de ciudadanos, y en ello, aunque puede estar presente la ganancia la misma no puede ser de tal tamaño que lleve a la ampliación creciente o constante en la desigualdad social.

Es así como los equipamientos se establecen como parte de la base de las actividades humanas en la urbe, enfocadas a su goce y disfrute, a diferencia de ser el espacio en donde se condena al ciudadano a ser un consumidor pasivo de bienes y servicios. El equipamiento colectivo se considera como parte del imaginario del ciudadano y referente ineludible de la presencia del Estado en la ciudad. Tanto así, que la familia conyugal hubiese desaparecido de no ser si el Estado no se apropia de los equipamientos colectivos.

El equipamiento en donde se prestan servicios sociales, debe tener un uso preferente en la ciudad a la hora de estimar su localización, y adoptar, así, condiciones diferentes a los demás usos urbanos.

En tal sentido, el porvenir del equipamiento colectivo no es nada prometedor. Es cierto que los espacios no consolidados de actividad económica durante la vigencia del POT (Decreto Distrital 190 de 2004), es decir las centralidades de periferia, tendrán un nuevo detonador de actividades económicas dadas por la localización de Nodos de Equipamientos, construidos por el sector público. Pero estas nuevas centralidades de carácter económico lograran su objetivo perverso al transformar al individuo y su familia en consumidores de bienestar, cultura, educación, seguridad, salud entre otros, ofertados como mercancías en equipamientos manejados por privados desdibujando el papel de lo público en la prestación de los servicios sociales.

 

* El presente artículo es la tercera parte de los artículos titulados: “Bogotá, la ciudad del caos y la ciudad del orden”, publicado en la página web desdeabajo el sábado 19 de mayo de 2018. “La felicidad de unos pocos a costa de la gran mayoria”, periodico impreso desdeabajo, marzo 20–abril 20 de 2019, p 10.
** Arquitecto de la Universidad Católica de Colombia (1997), Especialista en Gestión y Planificación del Desarrollo Urbano-Regional, de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP (2002), Magíster en Sociología Urbana de la Universidad Nacional de Colombia (2011).
1 (7.200.000. es la población definida por el Dane en el censo del 2018 para Bogotá). La población total que se encuentra por debajo de la línea de pobreza alcanza (892.800 personas) que representa el 12.4 % de población total de Bogotá. Cifras Dane 2018.

Referencias:
Secretaría Distrital de Planeación. Aglomeración y condiciones de vida en Bogotá.
Fourquet, Francois y Munard, Lion. Los equipamientos del poder. Ciudades, territorios y equipamientos colectivos. Colección punto y línea. Editorial Gustavo Gilli. Barcelona, España. 1978.
Merlin, Pierre. Choay Francoise. Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement. Edition “Quadrige” 2005. Press Universitaires de France. Avril, 2005.
Revista Escala Nº 134, año 19, Bogotá Colombia. 1987.

Publicado enEdición Nº262
Ley de financiamiento: improvisación y leve progresividad

En el último momento (28 de diciembre) y a las carreras, el Congreso aprobó la ley de financiamiento (ley 1943 de 2018)**. Desde que el Ministro de Hacienda la llevó al Congreso se dijo que la norma únicamente buscaba solucionar los problemas financieros de corto plazo, y que no tocaría aspectos estructurales. Otra vez más, el país dejó pasar la oportunidad para llevar a cabo una reforma tributaria que permita organizar los numerosos problemas de fondo de las finanzas públicas.

 

Entre los asuntos que siguen sin resolverse vale la pena mencionar tres. 1) El bajo nivel de tributación que existe en Colombia. Los impuestos totales apenas representan el 15 por ciento del PIB. En América Latina el promedio es 23 por ciento, y en los países europeos la relación se acerca al 40 por ciento. 2) La falta de coordinación entre los impuestos locales y los nacionales. Sigue sin lograrse una reforma tributaria que los articule. El hogar le paga tributos al municipio (como el predial), al departamento (sobre licores, gasolina…) y a la Nación (renta, IVA…). Una reforma estructural debería examinar el impacto que tiene la suma de estos impuestos en la capacidad de compra de las familias, y a partir de allí hacer consideraciones sobre la forma como el sistema tributario, en su conjunto, podría favorecer la equidad. 3) La falta de un análisis global que permita conocer qué sucede con la familia cuando se hace el balance neto entre impuestos y subsidios. Los hogares tributan pero también reciben subsidios, como los de Familias en Acción. El resultado neto (impuestos menos subsidios) debe tenerse en cuenta, de tal forma que la política fiscal lleve a que los ricos paguen más impuestos y no reciban subsidios, y los pobres reciban más subsidios y no paguen impuestos.

 

Estos tres aspectos estructurales no se tuvieron en cuenta, y habrá que esperar a que un nuevo gobierno, por fin, asuma esta tarea que es fundamental. Tal y como quedó aprobada, la ley de financiamiento tiene dos características: es improvisada y, además, avanzó muy poco en progresividad.

 

Improvisación

 

Desde las primeras discusiones era evidente la improvisación del Gobierno. El primer asunto de la discusión fue el valor del déficit fiscal, ya que de allí se deriva el monto que se necesita recaudar. La administración Santos dejó un déficit fiscal de 25 billones de pesos. El gobierno Duque entendió que era imposible aprobar una ley de financiamiento para conseguir un volumen de recursos tan elevado. Y, entonces, redujo la cifra a 14 billones mediante operaciones de endeudamiento en el exterior, que permitieron mejorar el flujo para los años inmediatos, pero que no solucionan el problema, ya que el monto de la deuda pública se incrementó.

 

La primera versión de la ley de financiamiento buscaba conseguir estos 14 billones, y su la principal fuente era la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar. De acuerdo con las estimaciones de Hacienda la ampliación del IVA permitiría obtener unos 6 billones de pesos. Esta alternativa golpeaba muy duro a las familias más pobres y, sin duda, era inequitativa. No esperaba el Gobierno que a la oposición ciudadana se le uniera el Centro Democrático. Hábilmente, Uribe le quitó esta bandera a la oposición, y en el Senado lideró la lucha contra la ampliación del IVA. El Gobierno entendió que debía retirar la propuesta.

 

Sin el IVA solamente se podrían recaudar unos 8 billones. Y empiezan las negociaciones en el Congreso para tratar de llegar a esta cifra. Pero el Gobierno se encontraba con tres grandes limitaciones. La primera tenía que ver con la promesa reiterada durante la campaña Duque de reducirle los impuestos a las empresas. La segunda, la presión de varios sectores por mayores exenciones. De un momento a otro, numerosas empresas terminaron afirmando que pertenecían a la llamada “economía naranja”, y que merecerían exenciones. Y la tercera, la presión de la sociedad civil y de algunos parlamentarios que insistían en que los ricos deben tributar más, dada la profunda desigualdad persistente en Colombia. Además, el propio Duque siempre ha dicho que busca la equidad, y así quedó consignado en las Bases del Plan de Desarrollo.

 

De la discusión sobre el IVA quedó como hecho destacable el aumento de la tarifa para las cervezas y las gaseosas, que permitiría obtener casi un billón de pesos.

 

Poca progresividad

 

En medio del desorden de los últimos días, en la ley quedó claro: reducción de la tarifa a las empresas, exenciones a numerosos sectores y un leve aumento de tarifas con cierto criterio de equidad.

 

La tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas se redujo. En el 2019 será de 33 por ciento, en el 2020 del 32, en el 2021 del 31 y en 2022 del 30 por ciento. También se disminuyó la renta presuntiva. En el 2019 y 2020 será de 1,5 por ciento, y a partir del 2021 de 0 por ciento. Los empresarios quedaron contentos porque finalmente convencieron al Gobierno y a los congresistas que la tarifa del impuesto disminuía la competitividad. Aunque esta relación no es cierta, ni se ha demostrado, el discurso reiterado de los gremios caló, y desde la campaña Duque se comprometió con esa bandera.

 

Las empresas que hacen parte de la “economía naranja” gozan de incentivos tributarios. Es interesante observar la extensa lista de sectores que se incluyeron en la ley (art. 79): fabricación de joyas, edición de libros, edición de software, producción de películas (incluye videos, etc.), distribución de películas, exhibición de películas, grabación de sonido, televisión, desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática, actividades de arquitectura e ingeniera, investigación y desarrollo experimental, diseño, fotografía, literatura, música, teatro, audiovisuales, espectáculos en vivo, bibliotecas, museos, y turismo cultural. Detrás de algunas de estas actividades hay grandes empresas, con altísima rentabilidad. No hay ninguna razón para que se les otorguen exenciones. A pesar de que numerosos diagnósticos han develado los inconvenientes derivados del aumento de las exenciones, la ley de financiación es generosa.

 

Como los dos puntos anteriores reducen la tributación, el Gobierno tuvo que buscar recursos alternativos, y aquí sí hay visos de progresividad. i) A las entidades financieras les aumentó la tarifa del impuesto a la renta. En el 2019 en 4 puntos, y quedó en 37 por ciento, en el 2020 en 3 puntos y quedó en 35 por ciento, y en el 2021 en 3 puntos y quedó en 34 por ciento. ii) Subieron las tarifas de retención en la fuente para pagos en el exterior, que pasaron del 15 al 20 por ciento. iii) Se incrementó la tarifa a los dividendos recibidos por personas naturales, pasó de 10 a 15 por ciento y son contribuyentes quienes reciben más de 10 millones de pesos. iv) Se aumentó la tarifa del impuesto a la renta y se amplió la base. Deben pagar quienes ganen más de 3 millones de pesos mes. Para estas personas la tarifa es de 19 por ciento, y va aumentando de manera progresiva con el ingreso hasta llegar al 39 por ciento. v) Impuesto para los patrimonios altos del 1 por ciento.

 

El conjunto de lo aprobado favorece levemente la equidad, ya que en gran medida la progresividad del sistema está en los hombros de los grupos medios de la población. El impuesto a los dividendos y al patrimonio es muy bajo, y la tarifa del impuesto a la renta no crece de manera exponencial.

 

El balance final del conjunto de medidas todavía no es claro, ni en términos del monto de recaudo, ni en la equidad. Según el Gobierno el recaudo podría aumentar en 7-8 billones de pesos. Es decir, un logro mediocre frente a las necesidades de financiamiento.

 

** República de Colombia., 2018. Ley 1943. Por la cual se Expiden Normas de Financiamiento para el Restablecimiento del Equilibrio del Presupuesto General y se Dictan otras Disposiciones, Gobierno Nacional, Bogotá.
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11 de enero de 2019

 

Publicado enColombia
Ley de financiamiento: improvisación y leve progresividad

En el último momento (28 de diciembre) y a las carreras, el Congreso aprobó la ley de financiamiento (ley 1943 de 2018)**. Desde que el Ministro de Hacienda la llevó al Congreso se dijo que la norma únicamente buscaba solucionar los problemas financieros de corto plazo, y que no tocaría aspectos estructurales. Otra vez más, el país dejó pasar la oportunidad para llevar a cabo una reforma tributaria que permita organizar los numerosos problemas de fondo de las finanzas públicas.

 

Entre los asuntos que siguen sin resolverse vale la pena mencionar tres. 1) El bajo nivel de tributación que existe en Colombia. Los impuestos totales apenas representan el 15 por ciento del PIB. En América Latina el promedio es 23 por ciento, y en los países europeos la relación se acerca al 40 por ciento. 2) La falta de coordinación entre los impuestos locales y los nacionales. Sigue sin lograrse una reforma tributaria que los articule. El hogar le paga tributos al municipio (como el predial), al departamento (sobre licores, gasolina…) y a la Nación (renta, IVA…). Una reforma estructural debería examinar el impacto que tiene la suma de estos impuestos en la capacidad de compra de las familias, y a partir de allí hacer consideraciones sobre la forma como el sistema tributario, en su conjunto, podría favorecer la equidad. 3) La falta de un análisis global que permita conocer qué sucede con la familia cuando se hace el balance neto entre impuestos y subsidios. Los hogares tributan pero también reciben subsidios, como los de Familias en Acción. El resultado neto (impuestos menos subsidios) debe tenerse en cuenta, de tal forma que la política fiscal lleve a que los ricos paguen más impuestos y no reciban subsidios, y los pobres reciban más subsidios y no paguen impuestos.

 

Estos tres aspectos estructurales no se tuvieron en cuenta, y habrá que esperar a que un nuevo gobierno, por fin, asuma esta tarea que es fundamental. Tal y como quedó aprobada, la ley de financiamiento tiene dos características: es improvisada y, además, avanzó muy poco en progresividad.

 

Improvisación

 

Desde las primeras discusiones era evidente la improvisación del Gobierno. El primer asunto de la discusión fue el valor del déficit fiscal, ya que de allí se deriva el monto que se necesita recaudar. La administración Santos dejó un déficit fiscal de 25 billones de pesos. El gobierno Duque entendió que era imposible aprobar una ley de financiamiento para conseguir un volumen de recursos tan elevado. Y, entonces, redujo la cifra a 14 billones mediante operaciones de endeudamiento en el exterior, que permitieron mejorar el flujo para los años inmediatos, pero que no solucionan el problema, ya que el monto de la deuda pública se incrementó.

 

La primera versión de la ley de financiamiento buscaba conseguir estos 14 billones, y su la principal fuente era la extensión del IVA a todos los productos de la canasta familiar. De acuerdo con las estimaciones de Hacienda la ampliación del IVA permitiría obtener unos 6 billones de pesos. Esta alternativa golpeaba muy duro a las familias más pobres y, sin duda, era inequitativa. No esperaba el Gobierno que a la oposición ciudadana se le uniera el Centro Democrático. Hábilmente, Uribe le quitó esta bandera a la oposición, y en el Senado lideró la lucha contra la ampliación del IVA. El Gobierno entendió que debía retirar la propuesta.

 

Sin el IVA solamente se podrían recaudar unos 8 billones. Y empiezan las negociaciones en el Congreso para tratar de llegar a esta cifra. Pero el Gobierno se encontraba con tres grandes limitaciones. La primera tenía que ver con la promesa reiterada durante la campaña Duque de reducirle los impuestos a las empresas. La segunda, la presión de varios sectores por mayores exenciones. De un momento a otro, numerosas empresas terminaron afirmando que pertenecían a la llamada “economía naranja”, y que merecerían exenciones. Y la tercera, la presión de la sociedad civil y de algunos parlamentarios que insistían en que los ricos deben tributar más, dada la profunda desigualdad persistente en Colombia. Además, el propio Duque siempre ha dicho que busca la equidad, y así quedó consignado en las Bases del Plan de Desarrollo.

 

De la discusión sobre el IVA quedó como hecho destacable el aumento de la tarifa para las cervezas y las gaseosas, que permitiría obtener casi un billón de pesos.

 

Poca progresividad

 

En medio del desorden de los últimos días, en la ley quedó claro: reducción de la tarifa a las empresas, exenciones a numerosos sectores y un leve aumento de tarifas con cierto criterio de equidad.

 

La tarifa del impuesto sobre la renta de las empresas se redujo. En el 2019 será de 33 por ciento, en el 2020 del 32, en el 2021 del 31 y en 2022 del 30 por ciento. También se disminuyó la renta presuntiva. En el 2019 y 2020 será de 1,5 por ciento, y a partir del 2021 de 0 por ciento. Los empresarios quedaron contentos porque finalmente convencieron al Gobierno y a los congresistas que la tarifa del impuesto disminuía la competitividad. Aunque esta relación no es cierta, ni se ha demostrado, el discurso reiterado de los gremios caló, y desde la campaña Duque se comprometió con esa bandera.

 

Las empresas que hacen parte de la “economía naranja” gozan de incentivos tributarios. Es interesante observar la extensa lista de sectores que se incluyeron en la ley (art. 79): fabricación de joyas, edición de libros, edición de software, producción de películas (incluye videos, etc.), distribución de películas, exhibición de películas, grabación de sonido, televisión, desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática, actividades de arquitectura e ingeniera, investigación y desarrollo experimental, diseño, fotografía, literatura, música, teatro, audiovisuales, espectáculos en vivo, bibliotecas, museos, y turismo cultural. Detrás de algunas de estas actividades hay grandes empresas, con altísima rentabilidad. No hay ninguna razón para que se les otorguen exenciones. A pesar de que numerosos diagnósticos han develado los inconvenientes derivados del aumento de las exenciones, la ley de financiación es generosa.

 

Como los dos puntos anteriores reducen la tributación, el Gobierno tuvo que buscar recursos alternativos, y aquí sí hay visos de progresividad. i) A las entidades financieras les aumentó la tarifa del impuesto a la renta. En el 2019 en 4 puntos, y quedó en 37 por ciento, en el 2020 en 3 puntos y quedó en 35 por ciento, y en el 2021 en 3 puntos y quedó en 34 por ciento. ii) Subieron las tarifas de retención en la fuente para pagos en el exterior, que pasaron del 15 al 20 por ciento. iii) Se incrementó la tarifa a los dividendos recibidos por personas naturales, pasó de 10 a 15 por ciento y son contribuyentes quienes reciben más de 10 millones de pesos. iv) Se aumentó la tarifa del impuesto a la renta y se amplió la base. Deben pagar quienes ganen más de 3 millones de pesos mes. Para estas personas la tarifa es de 19 por ciento, y va aumentando de manera progresiva con el ingreso hasta llegar al 39 por ciento. v) Impuesto para los patrimonios altos del 1 por ciento.

 

El conjunto de lo aprobado favorece levemente la equidad, ya que en gran medida la progresividad del sistema está en los hombros de los grupos medios de la población. El impuesto a los dividendos y al patrimonio es muy bajo, y la tarifa del impuesto a la renta no crece de manera exponencial.

 

El balance final del conjunto de medidas todavía no es claro, ni en términos del monto de recaudo, ni en la equidad. Según el Gobierno el recaudo podría aumentar en 7-8 billones de pesos. Es decir, un logro mediocre frente a las necesidades de financiamiento.

 

** República de Colombia., 2018. Ley 1943. Por la cual se Expiden Normas de Financiamiento para el Restablecimiento del Equilibrio del Presupuesto General y se Dictan otras Disposiciones, Gobierno Nacional, Bogotá.
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11 de enero de 2019

 

Publicado enEdición Nº253
Miércoles, 28 Noviembre 2018 06:14

La pesadilla de Polanyi

La pesadilla de Polanyi

Para entender el daño que el neoliberalismo ha causado en nuestras sociedades, es bueno tomar algo de distancia histórica. La perspectiva desde horizontes temporales largos permite cuestionar los mitos y leyendas que impiden una crítica certera sobre la economía de mercado y el capitalismo. Un vistazo al pasado ayuda a comprender que las heridas en el tejido social no son superficiales y que se acompañan de una peligrosa mutación hasta en la misma forma de pensarnos.

Lo primero que enseña la perspectiva histórica es que la sociedad de mercado no siempre existió. Este es el hallazgo fundamental de Karl Polanyi, autor de la obra magistral La gran transformación. Si bien los mercados eran conocidos desde finales de la llamada edad de piedra, las relaciones puramente mercantiles estaban acotadas por otro tipo de relaciones sociales que no tenían nada que ver con precios y mucho menos con una finalidad de lucro. Para decirlo en palabras de Polanyi, no es lo mismo una sociedad con mercados que una sociedad de mercado.

Ninguna sociedad puede sobrevivir sin un sistema económico. Pero el sistema económico basado en la idea de un mercado autorregulado es una novedad en la historia. En la antigüedad existieron mercados de todo tipo de bienes, desde telas y sandalias hasta utensilios y alimentos. Había precios y monedas. Pero las relaciones mercantiles estaban sumergidas en una matriz de relaciones sociales cuya racionalidad no era obtener ganancia o beneficio económico. Como dice Polanyi, aquellas relaciones mercantiles estaban encasilladas en otro tipo de relaciones sociales.

Las cosas cambiaron hace unos 200 años. La sociedad del siglo XVIII fue testigo de este portentoso cambio y le saludó como si se hubiese alcanzado la cima de la civilización. La admiración creció con el mito de que culminaba con esa transformación un proceso cuyo motor era una supuesta "propensión natural de los seres humanos al trueque", para usar las palabras de Adam Smith. Esa creencia es la que anima la mitología sobre una evolución natural que condujo a la sociedad de mercado.

La realidad es que no hay nada natural en la expansión del tejido mercantil. En los poblados y las ciudades de la Europa medieval el comercio era visto con recelo y como amenaza a las instituciones sociales. Por eso se le regulaba de manera estricta, con la obligación de hacer públicos los detalles de precios y plazos para cualquier transacción mercantil y la prohibición de utilizar intermediarios. Además, se mantuvo una separación rigurosa entre el comercio local y el de largas distancias. Los comerciantes dedicados a estas últimas actividades estaban inhabilitados para ejercer el comercio al menudeo. Los mercados fueron siempre una dimensión accesoria de las relaciones sociales.

La aparición de estados unificados territorialmente impulsó la destrucción de las barreras proteccionistas de los poblados y primeras aglomeraciones urbanas, además de proyectar la política del mercantilismo a un primer plano. Así se abrió la puerta a la creación de mercados nacionales. Si las relaciones de mercado llegaron a cubrir con su manto toda la trama de relaciones sociales, eso fue resultado de la acción del poder público o de lo que Polanyi llamó "estímulos artificiales", no de una pretendida "evolución natural".

La sociedad de mercado que se impuso a finales del siglo XVIII llevaba en su lógica la necesidad de convertir todo lo que tocaba en una mercancía. Entre otras cosas necesitó de la mercantilización de bienes (como la tierra), que anteriormente no habían sido objeto de transacciones en un mercado. Sólo así podía pretender al título de mercado autorregulado. Cuando llegó la revolución industrial, la sociedad de mercado ya había transformado el entramado de relaciones sociales que había imperado en Europa. El capitalismo nacido en las relaciones agrarias en Inglaterra completó el proceso al convertir al trabajo en mercancía y en otro espacio de rentabilidad.

El neoliberalismo y la globalización de los pasados tres decenios también se impusieron por la acción del Estado. Y lo que antes había sido visto como una amenaza para las instituciones, se convirtió en una realidad tóxica para el tejido social. Todo lo que nos rodea y hasta nuestro mismo cuerpo se ha transformado en espacio de rentabilidad para las relaciones mercantiles. La peor pesadilla de Polanyi se hizo realidad.

Sobre las espaldas de una teoría económica recalentada y refuncionalizada para servir de sustento ideológico, el neoliberalismo ha dependido de la astucia del capital para crear nuevos espacios de rentabilidad. Las fuerzas del mercado general han deformado las instituciones sociales y han creado una cultura del sentido común que cada día nos aleja más de la humanidad y del universo. Han forjado una cultura popular que gira alrededor de la competencia y del individualismo posesivo con consecuencias nefastas para los grupos más vulnerables. La historia del neoliberalismo es una pesadilla de la que nos urge despertar.

Twitter: @anadaloficial

Publicado enEconomía
De camino a la movilización por la educación pública

El camino a la educación es una oportunidad y esperanza para muchos hijos e hijas del campo colombiano.

 

Las cosas de la vida. El 10 de octubre vimos las primeras luces del día en una vereda de un municipio cercano a la ciudad de Medellín. Habíamos conciliado el sueño con la idea de estar presentes en la movilización convocada por la defensa de la Universidad, por una “educación pública, gratuita y de calidad”, y pese a que el día no prometía sol persistimos en nuestra convicción.

   

Partimos pues del campo a la ciudad. El recorrido que tuvimos que transitar para llegar a la capital antioqueña es igual al emprendido por cientos de campesinos de la región en procura de mejores oportunidades formativas y que, gracias a la educación pública, algunos de ellos han podido concretar.

 

De la vereda al pueblo

 

En la vereda donde habíamos gozado unos días de placer con la posibilidad de contemplar montes sin el obstáculo de los edificios ni la violencia sonora de carros y pitos, o el aire irrespirable de los miles de exostos con que nos cruzamos a cada paso, los vecinos más próximos están a unos quince minutos a pie; vive allí una familia: mamá, papá, y dos hijas, animadas por el sueño de la educación superior. Para llegar al pueblo deben caminar, a buen paso, unas dos horas, en su mayoría por caminos de herradura. La geografía de la región es montañosa y muy quebradiza, con zonas boscosas, potreros para ganadería y cultivos de café, caña, plátano, entre otros.

   

Es un territorio bello. Por estos días las lluvias interminables transformaron el camino en un lodazal y las inofensivas quebradas en pequeños ríos turbulentos difíciles de cruzar. Lo que para nosotros, habitantes de la ciudad, fue toda una travesía, para las hijas de la familia constituyó, durante sus años de educación primaria y secundaria, el camino de rutina para ir a la escuela, el cual hacían de ida y regreso, cuando menos, cinco días a la semana, así durante doce años consecutivos.

 

 

 

Pese a la cercanía a Medellín, en la región han transitado por décadas distintos grupos armados; hoy en día reina allí la paz y la pobreza. Pobreza que remarcó el pasó de la guerra; y pobreza de la cual todos y todas quieren salir algún día, por lo cual se esfuerzan por estudiar para ver si por esa vía logran conseguir mejores ingresos. El esfuerzo que tiene que hacer en cada familia para satisfacer este propósito no es poco y así, perseverando y pese a las necesidades cotidianas, los campesinos mandan a sus hijos a la única escuela pública del pueblo, con la convicción de darles un mejor porvenir. Tal fue el caso de las hijas de la familia en mención, quienes terminaron su bachillerato gracias, además, al tesón de sus padres, y a poder acudir a la educación pública que ofrece el municipio.

 

Del pueblo a la ciudad

 

Luego de varias horas de paso rápido, llegamos al pueblo, embarrados hasta las rodillas pero purificados por la estadía en el campo, de inmediato tomamos el bus de regreso a la urbe. La lluvia no cesaba, y teníamos temor de que se menguara la protesta de los estudiantes.

   


Así como nosotros, esta otra parte del recorrido la hacen todos aquellos jóvenes del pueblo que una vez terminado el bachillerato logran el ingreso a la educación superior. Por infortuna, solo una minoría logra retornar al municipio a ejercer sus estudios. La inexistencia de proyectos productivos de diversa índole reduce las posibilidades de empleo a lo que ofrece la alcaldía, cosas administrativas y poco prometedoras, burocracia, y nada más.

 

Ante el anhelo de proseguir sus estudios, tanto para las dos hijas de esta familia, como para el resto de jóvenes que quieren y pueden seguir estudiando, hay dos alternativas: presentarse a las universidades públicas y competir entre miles de aspirantes por los limitados cupos que hay disponibles o, bien, endeudarse (si pueden acceder al crédito) para estudiar en una universidad privada. Para el caso de la familia campesina –y la de mis padres en su época–, la primera es/era la única posibilidad.

 

 

 

A ritmo de motor recorridos en poco tiempo los kilómetros que separan esta parte del departamento de Antioquia con su ciudad capital. Al llegar a la terminal de transporte tomamos el Metro y nos dirigimos a la movilización. La primera impresión fue de asombro: desde el puente peatonal del Metro se veía un río interminable de gente, crecido como los que habíamos cruzado horas antes, pareciera que la lluvia le hubiera dado fuerza a la movilización. Con sombrillas, plásticos o dejándose mojar, iban los estudiantes irrumpiendo la ciudad, con el ímpetu y alegría juvenil, exigiendo y poniendo en claro al nuevo Presidente y al país que la educación no debe ser seguir siendo un privilegio de pocos, que más que un servicio mercantil ella es un derecho fundamental de la sociedad, y la esperanza para muchos de poder acceder a un mejor futuro.

 

 

El río de gente, en su mayoría joven, también contaba con el rostro de algunos mayores, sin duda profesores. Los canticos se elevaban hasta los edificios donde no faltaban quienes miraban y aplaudían, pero no se arriesgaban a sumarse a la marcha. En medio de ella, nosotros, con rostro de sorpresa y de complacencia, recordábamos que la hija mayor de la familia, por fortuna y luego de presentarse en dos oportunidades, logró pasar a la Universidad de Antioquia a estudiar Ingeniería Ambiental, y que la menor de ellas aspira a estudiar Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional.

 

  

 

Era un recuerdo placentero, que además nos situaba en lo que estaba ocurriendo, dándole sentido a la exigencia de tantos miles de educandos, pues tanto el futuro de ellas como el de millones de personas más que solo tienen la posibilidad de acceder a las universidades públicas depende, en buena medida, de recordarles a nuestros dirigentes que existen ríos que hay que saberlos cruzar, no sea que se los lleve la creciente.

 

Esperamos que este río mantenga su creciente.

 

Publicado enEdición Nº251
Miércoles, 03 Octubre 2018 11:42

Vargas Lleras y la consulta previa

Vargas Lleras y la consulta previa

Sus cicatrices aún son visibles, pese a lo cual y luego de algunos meses de convalecencia vuelve a la defensa de los suyos. Es profesional de la política, delfín oligarca, y como todos ellos predestinado –por aquello de la efectiva privatización del Estado por las familias que desde el siglo XIX lo han controlado– para vivir de lo público como supuesto derecho propio. Artífice y benefactor de agenda con las multinacionales y los cacaos criollos, o en otras palabras neoliberal confeso. Por mucho tiempo lo perseguirá el interrogante ¿por qué yo? ¿por qué, a pesar de ser el candidato del establecimiento en las pasadas elecciones presidenciales una parte del mismo no me apoyó? ¿quiénes son mis amigos y quiénes me alardean por beneficio propio?

 

Es Germán Vargas Lleras, a quien, como se recordará no le valió la utilización para beneficio propio del Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, ni el inmenso apoyo brindado para su campaña, con total complacencia por parte de Juan Manuel Santos y todos sus funcionarios. Orquestación del poder que no logró concretar los millones de votos requeridos para pasar a segunda vuelta.

 

El olor a chamuscado aún no se le quita, sin embargo, el excandidato trata de volver recargado, con una energía renovada que no tuvo que esperar la llegada del mes de diciembre, mes en el que hay tiempo para las promesas, la reflexiones, los calzones amarillos, las doce uvas y el recorrido de la maleta viajera por la cuadra para tomar nuevos aires. No. Germán no necesitó ni de diciembre ni de baños con ruda para salir de su mala suerte y anonimato. Su regreso tiene una razón, la que más lo anima, los negocios, y para estos qué mejor que salir como escudero de las transnacionales, las mismas que se sienten afectadas por la consulta previa. Volver a sonar, colocándose en el centro de la agenda mediática también es útil, por si la ocasión de la alcaldía de Bogotá aparece como posibilidad por liderar en las elecciones del año entrante; al fin y al cabo la ausencia de Francisco Santos –anhelante incansable del Palacio Liévano– puede significar un pacto sobre ese particular.

 

Como ave de mal agüero

 

La reaparición de Vargas Lleras no podía ser un síntoma de algo bueno para los sectores populares. El sábado 8 de septiembre publicó la columna “País ingobernable”1, donde habló de los problemas que representa el mecanismo de la consulta previa en la economía nacional y los intereses de las “mayorías”. Al parecer el proyecto de ley que pasó su bancada –Cambio Radical– el lunes 10 de septiembre tiene como objetivo regular “[…] integralmente la materia, comenzando por definir con exactitud quiénes son los pueblos protegidos y cómo pueden hacer uso de ella. Propicia la búsqueda de consensos y la conciliación, pero también fija los efectos vinculantes de las consultas, tiempos precisos para adelantarlas; evita las dilaciones y establece costos razonables, se garantizan las compensaciones legítimas a las comunidades y se pone fin a los autodenominados pueblos “ancestrales” y “dinámicos” que se desplazan de proyecto en proyecto a lo largo de toda la geografía nacional en busca de lucro”2.

 

Un proyecto que le apunta claramente a los intereses de la economía mundo capitalista, pues lo que Germán Vargas Lleras está defendiendo son los intereses de las transnacionales a los cuales llama “inversión estratégica”, que desde su visión no están llegando al país debido a las consultas previas que detienen la entrada de los proyectos mineros, viales, energéticos y de infraestructura.

 

La propuesta de este proyecto de ley afecta claramente a los pueblos que habitan la ruralidad del país, los cuales están asentados en los territorios estratégicos para la extracción de recursos naturales como el oro, coltán, níquel, agua, entre otros, y que mediante la regulación de la mencionada consulta podrían perder el control sobre los mismos, e incluso verse expulsados de allí por el supuesto “beneficio general” o la prevalencia de los “intereses de las mayorías”, como ahora Vargas Lleras le dice a la inversión multinacional que llegaría al país.

 

¿Qué es la consulta previa?

 

La consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas del mundo, reconocido por la OIT y Naciones Unidas. Con ella se salvaguardan culturas, medio ambiente, cosmovisiones, prácticas religiosas y espirituales de los pueblos ancestrales que habitan los territorios milenariamente.

 

Este mecanismo jurídico es utilizado cuando se quieren iniciar procesos de extracción, de infraestructura de transporte, energía o minería y que afectan directa o indirectamente a quienes allí habitan. Para hacer efectiva una obra o explotación minera, entonces la empresa interesada debe seguirse una serie de pasos como la solicitud de certificación de presencia de comunidades étnicas, la socialización con las comunidades identificadas y el envío de oficios a las autoridades tradicionales para luego hacer la apertura formal del proceso que debe reunir a las partes –comunidad y empresa–. Estas mesas de trabajo deben ser auspiciadas por el Ministerio del Interior.

 

Sin embargo, muchas veces este proceso de consulta es trampeado por las empresas y el Estado que utilizan estrategias para evitar su realización efectiva. Ejemplo de lo cual lo encontramos en la negación de la existencia de pueblos indígenas en los territorios, la iniciación de los proyectos mineros sin previo aviso a las comunidades, la compra de líderes y lideresas de las comunidades para generar división a la hora de la negociación, la realización de consultas previas con personas que no hacen parte de la comunidad o no son reconocidos como sus voceros y voceras.

 

Si en la actualidad estas consultas son mecanismos a los que siempre tratan de hacerles el quiebre, con su regulación buscan beneficiar los intereses de las transnacionales las cuales harán todo lo posible para pasar jurídicamente por encima de las decisiones de las comunidades.

 

Siguen afectando la democracia

 

El tiempo que vivimos en el país es de retroceso. Cada día que pasa la clase política que está en el poder quiere limitar aún más la democracia realmente existente. Hoy es la regulación del mecanismo de participación democrática de la consulta previa, ayer fueron las propuestas para regular la protesta social, desmontar la tutela, desconocer la ley que permite la dosis mínima, aumentar el Iva a la canasta familiar, desmontar familias en acción, volver a la fumigación con glifosato, legalizar el fracking.

 

En fin, de lograr sus propósitos con las reformas que se avecinan, el establecimiento desdibujará aun más la menguada democracia criolla, la misma que desconoce, irrespeta o no toma en serio las decisiones y opiniones de la gente, pues para ellos lo que realmente importa son los intereses de la economía mundo capitalista.

 

Por lo tanto, una vez más están llamadas las comunidades todas, a unir sus fuerzas como si fueran un solo brazo, para levantar una barrera que le impida al capital realizar sus cometidos a despecho de las mayorías nacionales.

 

1 Ver en: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/pais-ingobernable-german-vargas-lleras-265864
2 Ídem.

Publicado enColombia
“¿Es Silicon Valley producto del libre mercado o de la mano activa y visible del Estado?”

El Estado emprendedor y el relato neoliberal

 

Mariana Mazzucato es catedrática de Economía de innovación y valor público en la University College London. Es asesora en el Council of Economic Advisers de la primera ministra escocesa y asesora de Carlos Moedas, comisario de investigación en la UE. Fue miembro del equipo asesor de Jeremy Corbin, del que dimitió a causa del Brexit. En la actualidad participa en el equipo asesor de la OCDE, para la elaboración de un nuevo relato económico, en Gotcha y en Sitra´s Advisory Panel en Finlandia, entre otros. Es autora de varios libros, entre ellos El Estado emprendedor y El valor de todo.


Mazzucato afirma que llegó a la economía a través de la lectura de algunos economistas entre los que sin duda se encontraba Karl Marx.


Todos conocemos el relato típico: nuestras economías serían más dinámicas si el Estado se quitara de en medio. La economista Mariana Mazzucato sostiene lo contrario: la financiación pública de la investigación en las etapas iniciales ha permitido en gran parte el desarrollo de los sectores tecnológico, energético y farmacéutico. Sin embargo, el Estado se muestra muy poco eficaz a la hora de llevarse los laureles y, lo que es más grave, a la hora de rentabilizar su inversión. Sin embargo, ¿qué habría sido de Uber sin la financiación pública para el desarrollo del GPS? ¿Qué sería de Google si no se hubiera producido la financiación pública para el desarrollo de internet?


¿Qué diría ante afirmaciones como que el libre mercado es casi siempre bueno y el Estado casi siempre malo?


Lo primero que preguntaría es qué entendemos por libre mercado. Es curioso que Adam Smith, uno de los primeros economistas de finales del siglo XVIII, definiera el “libre mercado” no como algo libre de la intervención del Estado, sino libre de prácticas rentistas y de las actividades centradas en la extracción de valor. A aquellas personas que afirman que necesitamos menos intervención del Estado para generar más innovación y dinamismo les diría que se fijaran en Silicon Valley. ¿Es producto del libre mercado o de la mano activa y visible del Estado? Lo que yo defiendo es que el Estado ha intervenido en prácticamente todos los aspectos relacionados con Silicon Valley. Eso no significa, por supuesto, que no haya tenido algo que ver en todo ello el sector privado, de hecho, todos conocemos las importantes empresas asentadas allí. Pero los actores públicos intervinieron a lo largo de toda la cadena de innovación.


Se refiere a agencias como DARPA, NASA y los National Institutes of Health por ejemplo, ¿verdad?


Sí, me refiero a organismos encargados de desarrollar investigación puntera como la National Science Foundation, pero también a otros dedicados a la investigación aplicada, como DARPA y su organización hermana en los últimos tiempos, ARPA-E. Estas instituciones públicas son cocreadoras de valor. Es bastante curioso que nos hayamos acostumbrado a términos mucho más pasivos para describir al sector público. Hay que empezar a cambiar el vocabulario que empleamos. En lugar de decir que el sector público elimina el riesgo del sector privado, hay que decir que se trata de compartir los riesgos. En lugar de hablar de facilitar y permitir la actividad empresarial, hay que hablar de liderar la inversión como inversor preferente.


Uno de los argumentos centrales que defiende es que las instituciones públicas y cuasi públicas invierten, asumen riesgos y, sin embargo, apenas participan de los beneficios. ¿Hasta qué punto es esto problemático?


Es muy problemático y tiene que ver, de nuevo, con cómo hablamos de las cosas. A menudo recuerdo que ya Platón advirtió de que los contadores de historias dominan el mundo. De hecho, estos relatos sobre quién crea valor son los que han creado los relatos que justifican la extracción de valor. Déjeme que ponga un ejemplo que creo que ilustra la idea: después de la crisis, el Gobierno de Estados Unidos decidió desarrollar una serie de medidas de estímulo fiscal de casi 800.000 millones de dólares. Y parte de esas medidas iban encaminadas realmente a potenciar la economía verde. Quizá recuerde que Obama financió a algunas compañías como Solyndra a través del Departamento de Energía, mediante un préstamo garantizado de unos 500 millones. La compañía quebró.


La gente dijo “¡Dios mío, el Gobierno es un caso perdido! Una panda de burócratas que no saben lo que tienen entre manos. No deberían apostar a los caballos sino ejercer de mediadores, hacer carreteras, invertir en educación e infraestructuras y quitarse de en medio”. Para empezar, este enfoque obvia el hecho de que el Gobierno de Estados Unidos ha sido el principal financiador en materia de energía solar y eólica –junto con otros Gobiernos– pero también de la energía nuclear. El propio fracking recibió financiación pública con anterioridad. De hecho, a la par que financiaba a Solyndra estaba financiando a Tesla con una cantidad similar de dinero. De modo que el coche Tesla S obtuvo un préstamo garantizado de 465 millones de dólares. Y cuando digo garantizado, me refiero garantizado por los contribuyentes. Contribuyentes a los que no les gustaba en absoluto tener que pagar la factura de la quiebra de Solyndra. Sin embargo, ¿por qué no sabían que habían financiado también a Tesla? ¿Acaso eso no habría cambiado el relato y la percepción de las acciones de aquellos burócratas de Washington? Lo cierto es que contaban con una cartera, como cualquier otro inversionista de riesgo. Cualquier inversor de riesgo te dirá que consigue un éxito entre muchos fracasos. Sin embargo, si realmente quieres dedicarte a esto tienes que elaborar una cartera que te permita obtener alguna ventaja de tus triunfos, precisamente para poder cubrir los reveses. El Gobierno de EE.UU. no lo hizo. No solo fracasaron en materia de marketing, no habían sido capaces de comunicar a la ciudadanía el éxito de algunas de sus inversiones, como en los componentes de tu iPhone o smartphone, internet, GPS, las pantallas táctiles, Siri: todos han recibido financiación pública. Pero en este caso concreto, la gente no sabía que el propio Elon Musk había recibido financiación para Tesla. Y Elon Musk, por cierto, ha recibido un total de 5.000 millones, con sus nueve ceros.


Por lo tanto, defiende que, por un lado, no se le atribuye lo suficiente el éxito al Estado por sus anteriores inversiones en organismos como DARPA y la NASA, o en el sector farmaceútico, etc. Y, por otra parte, defiende también que no está rentabilizando sus inversiones lo suficiente, todo ello bastante verosímil. Sin embargo, tampoco ayuda nada que el sector empresarial obtenga altos rendimientos y pague pocos impuestos. Me gustaría que ilustrara esto con algunos ejemplos. Me estoy refiriendo, como sabe, a EE.UU., porque ¿dónde están los Googles europeos? ¿Qué distingue a Estados Unidos de Europa, por qué no se dan allí compañías como Facebook y Google?


En primer lugar, EE.UU. contaba con un sistema de innovación que no tienen muchos países europeos, con un sector financiero paciente, y organismos muy activos orientados a cumplir una misión y preocupados por los grandes problemas. Para ir a la luna es necesaria la innovación en distintos sectores, incluido el de la ropa, no es solo una cuestión de aeronáutica. También se requieren otro tipo de instrumentos como los premios y las políticas de compra que permiten crecer a las startups. Y lo importante es contar con un sistema, con un ecosistema emprendedor, yo no creo en los emprendedores, creo en los ecosistemas de emprendimiento, que son los que permiten escalar a las startups. Es curioso que Europa haya aprendido lo peor de la experiencia de Silicon Valley. Y eso se debe en parte al discurso imperante en Estados Unidos, un país que habla como Jefferson pero actúa como Hamilton. Jefferson hablaba de cómo librarse del Estado y Hamilton, antes de su duelo con Burr, hablaba más bien de una estrategia industrial activa. Sin embargo, China sí ha aprendido la lección correcta. China está haciendo por la economía verde lo que Estados Unidos hizo por la revolución IT. Al mismo tiempo que sucede esto, Donald Trump desmantela lo que yo llamo el Estado emprendedor.


Pero la pregunta es: ¿a dónde van a parar los beneficios dado que todo se construye sobre las espaldas de infraestructuras financiadas con dinero público?


¿A dónde le gustaría que fueran a parar? Si pudiera diseñar y poner en marcha un marco de colaboración público-privada para los próximos 50 años, ¿qué mecanismos elegiría para que el Estado obtuviera rendimientos, que a su vez revertieran sobre los contribuyentes, en lugar de ver cómo el beneficio sigue fluyendo a manos privadas y de los accionistas?


Hay distintos mecanismos, no uno sólo. Sería absurdo pensar que sirve el mismo mecanismo para todos los sectores o las distintas fases del ciclo innovador. En el caso de las farmacéuticas, lo lógico es recurrir a los precios. Los precios que se fijan para los medicinas, los fármacos que las personas tienen que comprar para poder sobrevivir cuando contraen esas terribles enfermedades, ya sean diabetes, hepatitis C o cáncer, deberían reflejar esa aportación pública y así evitar que los contribuyentes paguen dos veces, por un lado por el gasto en investigación puntera, y por otro pagando los altísimos precios que fija la industria farmacéutica. Pero volvemos al tema de los contadores de historias de Platón. Si el relato que circula es contrario a ti y te convierte en un impedimento intervencionista, regulador y no te define como un inversor preferente, carecerás de la confianza, la seguridad y el mandato para poder influir sobre los precios.


¿Y teme un retroceso?


Exactamente. Los precios son un ejemplo. Otro sería generar las condiciones adecuadas para que los beneficios se reinviertan en las áreas que han recibido gran cantidad de ayudas y fondos públicos. Si las empresas quieren un libre mercado total, estupendo, que lo tengan, pero que no reciban un solo céntimo del Estado. Pero si vas a recibir esas enormes cantidades de dinero del Estado, entonces habría que imponer algunas condiciones para la obtención de valor público, porque de lo contrario, solo se trata de valor privado.


Por muy convincente que resulte su enfoque desde un punto de vista tanto económico como político, ¿no tiene la sensación de estar perdiendo la batalla? Porque, hasta dónde yo sé, la mayor parte de los gobiernos de los grandes países y las mayores industrias están precisamente empujando en el sentido contrario, ¿no es cierto?


Yo creo más bien que estas ideas están ganando terreno. Creo que resultaba mucho más difícil hace unos años. Volvamos al ejemplo de las farmacéuticas. Ya no pueden fingir que los precios elevados se deben al gasto en I + D porque ya hemos demostrado que eso no es así y que gastan mucho más en marketing y que su I + D es mucho más downstream que la del sector público.


Bien, para terminar, una pregunta un tanto odiosa. Pide que se valore más el gasto público, y que haya una mayor inversión en gasto público y mayores beneficios, pero a la vez es asesora de muchos Gobiernos y organismos, incluyendo el Gobierno escocés y la Comisión Europea. Cuando acusa a la empresa privada de estar plagada de rentistas, convénzame de que ni usted ni sus aliados gubernamentales lo son.


En primer lugar, y no quiero que parezca que estoy a la defensiva, no obtengo un solo céntimo como asesora. Quisiera matizar mi punto de vista para que se entienda bien. Yo no digo que el Estado tenga que invertir más. Lo que digo es que el Estado tiene que entender cuál es su papel. No está solo para arreglar los problemas marginales ni para limitarse a esperar a que las cosas vayan a peor para poner un parche. Tiene que ser un cocreador y coartífice activo. Mi papel ha consistido en mediar cuando se sientan a hablar el sector privado y el sector público, y que mantengan una conversación interesante. Y mi papel en el proceso político es ser la piedra en el zapato, que por desgracia no siempre se consigue sacar, y la piedra en el zapato de las empresas, para que nos les resulte tan fácil decir cosas como: “Ah, claro, es que el cortoplacismo se debe a las presiones del mercado”. A lo que yo respondo, “¿Qué quieres decir? ¿Qué el mercado es un resultado, el resultado de tus acciones? ¿Qué es el mercado?”. Y recibo palos por todas partes. En mi función de asesora, intento evitar la complacencia en torno a una mesa, la petulancia de los colectivos tanto públicos como privados. Y creo que se avecinan tiempos difíciles a los que solo nos podremos enfrentar juntos, y eso significa que hay que cambiar las palabras que empleamos, el relato y la historia hacia la necesidad de compartir los riesgos y las recompensas, y no de eliminar el riesgo.


Resumen de la entrevista radiofónica realizada por Stephen J. Dubner a Mariana Mazzucato el 5 de septiembre en Freakonomics y producida por Zack Lapinski. El programa llevaba por título ‘¿Es el Estado más emprendedor de lo que pensamos?’.

Por Stepeh J. Dubner
CTXT


Edición y traducción: Olga Abasolo.

Publicado enSociedad
Miércoles, 26 Septiembre 2018 10:29

Vargas Lleras y la consulta previa

Vargas Lleras y la consulta previa

Sus cicatrices aún son visibles, pese a lo cual y luego de algunos meses de convalecencia vuelve a la defensa de los suyos. Es profesional de la política, delfín oligarca, y como todos ellos predestinado –por aquello de la efectiva privatización del Estado por las familias que desde el siglo XIX lo han controlado– para vivir de lo público como supuesto derecho propio. Artífice y benefactor de agenda con las multinacionales y los cacaos criollos, o en otras palabras neoliberal confeso. Por mucho tiempo lo perseguirá el interrogante ¿por qué yo? ¿por qué, a pesar de ser el candidato del establecimiento en las pasadas elecciones presidenciales una parte del mismo no me apoyó? ¿quiénes son mis amigos y quiénes me alardean por beneficio propio?

 

Es Germán Vargas Lleras, a quien, como se recordará no le valió la utilización para beneficio propio del Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, ni el inmenso apoyo brindado para su campaña, con total complacencia por parte de Juan Manuel Santos y todos sus funcionarios. Orquestación del poder que no logró concretar los millones de votos requeridos para pasar a segunda vuelta.

 

El olor a chamuscado aún no se le quita, sin embargo, el excandidato trata de volver recargado, con una energía renovada que no tuvo que esperar la llegada del mes de diciembre, mes en el que hay tiempo para las promesas, la reflexiones, los calzones amarillos, las doce uvas y el recorrido de la maleta viajera por la cuadra para tomar nuevos aires. No. Germán no necesitó ni de diciembre ni de baños con ruda para salir de su mala suerte y anonimato. Su regreso tiene una razón, la que más lo anima, los negocios, y para estos qué mejor que salir como escudero de las transnacionales, las mismas que se sienten afectadas por la consulta previa. Volver a sonar, colocándose en el centro de la agenda mediática también es útil, por si la ocasión de la alcaldía de Bogotá aparece como posibilidad por liderar en las elecciones del año entrante; al fin y al cabo la ausencia de Francisco Santos –anhelante incansable del Palacio Liévano– puede significar un pacto sobre ese particular.

 

Como ave de mal agüero

 

La reaparición de Vargas Lleras no podía ser un síntoma de algo bueno para los sectores populares. El sábado 8 de septiembre publicó la columna “País ingobernable”1, donde habló de los problemas que representa el mecanismo de la consulta previa en la economía nacional y los intereses de las “mayorías”. Al parecer el proyecto de ley que pasó su bancada –Cambio Radical– el lunes 10 de septiembre tiene como objetivo regular “[…] integralmente la materia, comenzando por definir con exactitud quiénes son los pueblos protegidos y cómo pueden hacer uso de ella. Propicia la búsqueda de consensos y la conciliación, pero también fija los efectos vinculantes de las consultas, tiempos precisos para adelantarlas; evita las dilaciones y establece costos razonables, se garantizan las compensaciones legítimas a las comunidades y se pone fin a los autodenominados pueblos “ancestrales” y “dinámicos” que se desplazan de proyecto en proyecto a lo largo de toda la geografía nacional en busca de lucro”2.

 

Un proyecto que le apunta claramente a los intereses de la economía mundo capitalista, pues lo que Germán Vargas Lleras está defendiendo son los intereses de las transnacionales a los cuales llama “inversión estratégica”, que desde su visión no están llegando al país debido a las consultas previas que detienen la entrada de los proyectos mineros, viales, energéticos y de infraestructura.

 

La propuesta de este proyecto de ley afecta claramente a los pueblos que habitan la ruralidad del país, los cuales están asentados en los territorios estratégicos para la extracción de recursos naturales como el oro, coltán, níquel, agua, entre otros, y que mediante la regulación de la mencionada consulta podrían perder el control sobre los mismos, e incluso verse expulsados de allí por el supuesto “beneficio general” o la prevalencia de los “intereses de las mayorías”, como ahora Vargas Lleras le dice a la inversión multinacional que llegaría al país.

 

¿Qué es la consulta previa?

 

La consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas del mundo, reconocido por la OIT y Naciones Unidas. Con ella se salvaguardan culturas, medio ambiente, cosmovisiones, prácticas religiosas y espirituales de los pueblos ancestrales que habitan los territorios milenariamente.

 

Este mecanismo jurídico es utilizado cuando se quieren iniciar procesos de extracción, de infraestructura de transporte, energía o minería y que afectan directa o indirectamente a quienes allí habitan. Para hacer efectiva una obra o explotación minera, entonces la empresa interesada debe seguirse una serie de pasos como la solicitud de certificación de presencia de comunidades étnicas, la socialización con las comunidades identificadas y el envío de oficios a las autoridades tradicionales para luego hacer la apertura formal del proceso que debe reunir a las partes –comunidad y empresa–. Estas mesas de trabajo deben ser auspiciadas por el Ministerio del Interior.

 

Sin embargo, muchas veces este proceso de consulta es trampeado por las empresas y el Estado que utilizan estrategias para evitar su realización efectiva. Ejemplo de lo cual lo encontramos en la negación de la existencia de pueblos indígenas en los territorios, la iniciación de los proyectos mineros sin previo aviso a las comunidades, la compra de líderes y lideresas de las comunidades para generar división a la hora de la negociación, la realización de consultas previas con personas que no hacen parte de la comunidad o no son reconocidos como sus voceros y voceras.

 

Si en la actualidad estas consultas son mecanismos a los que siempre tratan de hacerles el quiebre, con su regulación buscan beneficiar los intereses de las transnacionales las cuales harán todo lo posible para pasar jurídicamente por encima de las decisiones de las comunidades.

 

Siguen afectando la democracia

 

El tiempo que vivimos en el país es de retroceso. Cada día que pasa la clase política que está en el poder quiere limitar aún más la democracia realmente existente. Hoy es la regulación del mecanismo de participación democrática de la consulta previa, ayer fueron las propuestas para regular la protesta social, desmontar la tutela, desconocer la ley que permite la dosis mínima, aumentar el Iva a la canasta familiar, desmontar familias en acción, volver a la fumigación con glifosato, legalizar el fracking.

 

En fin, de lograr sus propósitos con las reformas que se avecinan, el establecimiento desdibujará aun más la menguada democracia criolla, la misma que desconoce, irrespeta o no toma en serio las decisiones y opiniones de la gente, pues para ellos lo que realmente importa son los intereses de la economía mundo capitalista.

 

Por lo tanto, una vez más están llamadas las comunidades todas, a unir sus fuerzas como si fueran un solo brazo, para levantar una barrera que le impida al capital realizar sus cometidos a despecho de las mayorías nacionales.

 

1 Ver en: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/pais-ingobernable-german-vargas-lleras-265864
2 Ídem.

Publicado enEdición Nº250
Miércoles, 26 Septiembre 2018 09:39

El mecanismo o la teoría de los fractales

El mecanismo o la teoría de los fractales

Ruffo (Selton Mello) no entiende. El plomero le dice que el arreglo es fácil, que en un día soluciona el problema, pero que le costará 600 reales. “Tengo que pagarle a mi nieto y la tubería” explica el trabajador. “Pero ¿cuánto cuesta la tubería?” pregunta Ruffo asombrado por la cifra astronómica. Ochenta reales, responde el plomero. Más confundido, Ruffo cuestiona que le cobre 520 por un día de trabajo. El plomero sonríe con un gesto de decepción. “Eso quisiera”, dice. Ruffo sigue sin comprender y le pide que le explique lo que sucede. El plomero se resigna y le hace un cálculo frío: “mire, cincuenta para mi nieto y ciento cincuenta para mí, serían doscientos. Los trecientos cincuenta son para quien me recomendó este trabajo”. “¿Para quién?” interrumpe Ruffo. “El que le dio mi tarjeta.” “¿Alfredo, el empleado de Cloacas?”. Sí, para él, afirma el plomero (pero ahí no acaba la cadena) y continúa diciendo que el pobre Alfredo tampoco se queda con todo el dinero. Tiene que darle una parte a su jefe.

 

Días antes, cuando el agua pútrida comenzaba a rebosar al frente de su casa, Ruffo, detective de la Policía Federal obsesionado con debelar el mecanismo de la corrupción, había llamado a la empresa del acueducto (Cloacas) para que arreglaran la tubería dañada. Alfredo, el empleado que llegó para hacer la revisión, le dijo que el trabajo demoraría un mes, que era muy difícil, pero que si tenía afán podía comunicarse con el plomero que ahora Ruffo tenía enfrente. Ya entendió. En su mente se hizo un clic, una conexión, la sinapsis que le faltaba para comprender la generalidad de la corrupción. Alterado de la emoción, llega a su estudio para retomar la investigación que había dejado a medias. A su lado, la cámara enfoca por varios segundos a la hija, quien mira atenta la pantalla de una Tablet en la cual aparecen fractales que se repiten y se repiten. Esta imagen, la de los fractales, es sin dudas la que sintetiza toda la argumentación narrativa de El mecanismo, la cautivadora serie de Netflix producida por José Padilha (Narcos, Tropa élite) que narra los inicios de la investigación Lava Jato basándose en el libro Lava Jato: El juez Sergio Moro y los bastidores de la operación que sacudió a Brasil, del periodista Vladimir Netto.

 

Fractales: el todo en la unidad y la unidad en el todo

 

Las imágenes de los fractales representan la idea de que el todo está contenido en la parte y la parte contiene el todo, en un movimiento infinito. Esto significa que, según se expresa en la serie, la corrupción del plomero es la parte de una corrupción a gran escala y a su vez el todo que la contiene y reproduce. Por eso Padihla dice que la corrupción no tiene ideología, porque permea tanto a la derecha como a la izquierda y el llamado centro. En parte tiene razón. La corrupción es inherente al sistema capitalista, sin ella no puede funcionar. La pregunta entonces es por el cómo.

 

¿Cómo funciona el mecanismo de la corrupción? Ruffo es capaz de entregar su vida con tal de encontrar la respuesta y con tal de encarcelar a los responsables. Su primer objetivo (la parte del fractal que contiene al todo) es Roberto Ibrahim (Enrique Díaz) un cínico lavador de dinero que poco caso hace a las advertencias de Ruffo, quien constantemente lo amenaza con llevarlo a la cárcel. Ibrahim sabe, cosa que en principio el detective desconocía, que tiene aliados muy poderosos que lo sacarán de la cárcel en cualquier momento, como en efecto sucede. Pero es esa confianza la que lo hace cometer errores y va dejando pistas sobre sus aliados y movimientos fraudulentos. Errores que la sagaz investigadora Verena (Carol Abras), pupila de Ruffo, y su equipo rastrean como sabuesos siguiendo el rastro.

 

Mas llega un momento en que el espectador se pregunta por qué la manía enfermiza de Ruffo contra Ibrahim. ¿Será que hay un hombre en el mundo tan entregado a cumplir su labor por los valores de la honestidad y la rectitud, la defensa de lo público? Es posible que haya otra causa que explique la conducta del investigador, la cual se encuentra en el pasado común de los dos hombres. En varias ocasiones se nos dice que el lavador y el detective se han conocido de toda la vida, es más, vivieron en el mismo barrio y estudiaron juntos. Sin dar detalles, es posible imaginar a un Ibrahim lastimando profundamente a un Ruffo y salir bien librado de la situación. Esto, claro, es información que el espectador llena con su imaginación. Pero, de ser así, se podría pensar que nuestro héroe no es más que un vengador que sólo busca la propia satisfacción. No lucha contra la corrupción por la justicia social ni el bien común. Esta interpretación, sin embargo, merece contextualización. Si el detective actuara únicamente por los deseos de venganza, le bastaría con ver encarcelado a Ibrahim. Pero este va más allá, y, junto a Verena, utilizan al lavador para llegar a los peces gordos. Así, podría decirse entonces que el daño que posiblemente Ruffo recibió de Ibrahim, esa experiencia íntima, fue la puerta de entrada que lo llevó a luchar contra la injusticia y la corrupción.

 

Tan ínfimos como la gota que va fracturando la roca

 

Una de las preguntas más interesantes sobre el caso Lava Jato es ¿cómo un pequeño grupo de investigadores policiales dieron con uno de los casos de corrupción más importantes del mundo? Es decir, si arriba preguntamos por las motivaciones aquí la pregunta es por las capacidades. La serie cautiva en este sentido. Nos muestra en principio, claro, una gran pericia por parte de los investigadores que, por una camioneta, conectan a Ibrahim con el director de Petrobras, Joao Pedro Rangel (avatar de paulo Roberto Acosta), y a este a su vez con el Club de los 13, una estructura mafiosa compuestas por grandes empresas que se rotaban los contratos públicos y cuya cabeza es Ricardo Bretch (avatar de Mario Odebrecht). Esto en cuanto a las capacidades internas. Frente a las externas la serie muestra a un país, Brasil, dividido políticamente. Al respecto, si bien Padilha pretende ser fiel a su tesis de que la corrupción no tiene ideología, es claro el sesgo con el Partido de los Trabajadores y sus representantes insignia, como Lula da Silva y Dilma Rousseff. Poner en boca de Lula “hay que parar esta sangría”, cuando fue un miembro del partido opositor quien lo dijo, y pasear a Ibrahim en la campaña de Rousseff para reelegirse, no equilibra las cargas cuando tan sólo se dice que los partidos opositores también recibieron dinero de Odebrecht. Menos aun cuando la serie se estrena en plena contienda electoral.

 

Aún así, la serie nos muestra cómo esta confrontación entre opositores les va a permitir a los investigadores continuar con la investigación. Unos a otros se delatan y poco a poco van cayendo fichas claves. Esto recuerda el cinismo con el que el centro democrático acusa de corrupto al expresidente Santos cuando el actual presidente es cuestionado por el mismo hecho.

 

Otro factor determinante fue el juez paulo Rigo (avatar de Sergio Moro). En un momento determinante de las investigaciones el juez dudo si seguir o no. En su casa, meditando, escucha consignas y gran bullicio. El pueblo brasileño se levanta contra la corrupción. El juez sale y, inspirado por el clamor de la gente, decide continuar. Si bien una motivación muy admirable, es tal vez romántica y falta observar cuáles fueron los intereses (no necesariamente personales) del juez.

 

A pesar sus intentos por impedir la continuidad de la investigación son los mismos miembros del grupo de 13 los que la permiten, en especial Ricardo. Este, seguro de que su mecanismo de corrupción es indescifrable, resta importancia a los hechos y actúa como si nada pasara. Es su arrogancia entonces lo va a traicionar más adelante.

 

Por último, a este rompecabezas, sin embargo, le hace falta una pieza. El papel de la CIA en las respectivas investigaciones. Esto no se ve en la serie. No existe. Pero ¿será posible que hayan intervenido? Mucho. Si en el contexto político los conflictos fueron el caldo de cultivo que permitieron la germinación de la investigación, los conflictos económicos internacionales son el habitad natural. Recordemos que dentro de la región Brasil quería ocupar más y más espacios de control y liderazgo para hacerle frente a los Estados Unidos. Es muy posible que los contratos otorgados a empresas de Brasil hayan afectado gravemente los intereses de los empresarios norteamericanos. Aquí es donde cabe la pregunta sobre a ¿quién le conviene que empresas poderosas como Odebrecht caigan?

 

Sin embargo, este camino está lleno de baches, de peripecias, de obstáculos y dramas propios de la realidad que la serie intenta recoger lo mejor que puede, aunque en ocasiones queda la sensación de que no lo consigue, de que la realidad los superó y esta ficción sólo rosó su verdadera complejidad.

 

‘Yo siempre estoy aquí’

 

El mecanismo, que poco a poco toma forma, dilucida un aspecto fundamental del fenómeno de la corrupción. En una escena, luego de inflar los costos en las obras de una refinería, ante el busto del noble padre fundador de la empresa Miller&Bretch (avatar del grupo Odebrecht), Ibrahim le dice a Joao Pedro: “¿sabes lo que le dijo (el noble padre) al gobernador el día de la posesión? El gobernador lo encontró en la ceremonia –narra Ibrahim– ‘Amigo qué haces aquí’. El noble padre le respondió: Gobernador, yo estoy siempre aquí, ustedes son los que cambian’”. Cuando se destapa un caso de corrupción las figuras visibles son los políticos, las invisibles, los empresarios. El verdadero poder dentro de la maquinaria de la corrupción queda desenfocado y la opinión pública se queda con las caras de sus subordinados. Es bueno que una serie les ponga un rostro a estos empresarios.

 

El final de esta, luego de ocho capítulos, se da inicio a una historia que no dejará de sorprendernos e indignarnos. En la segunda temporada, de seguro, se descubrirá el esquema de corrupción de la empresa Miller&Bretch desde Brasil para el mundo. Ojalá la narración sea capaz de ser fiel a la realidad.

Publicado enEdición Nº250
El socialismo como significante vacío en Estados Unidos

Pocas ideas tan connotadas, y más en EE UU, como socialismo. Sin embargo, su uso por parte de dirigentes como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio Cortez ha logrado apelar a generaciones más jóvenes. ¿Qué otros significados puede guardar dentro esta palabra?

En la radio se oyen declaraciones de apoyo al socialismo democrático por parte de candidatos conversos, activistas, y mucha gente joven. Algunos dicen que el socialismo está conquistando el Partido Demócrata. Otros claman que en absoluto. ¿Qué significa este surgimiento del socialismo?

Mientras escucho, es obvio que al menos mucha gente defiende o está dispuesta a defender la justicia, una integridad sincera y empática, la sensatez ecológica, la capacidad de todo el mundo de vivir una vida plena, más educación y asistencia médica gratuitas para todos, entre otras políticas progresistas.


Esto es positivo pero no es nuevo. En cualquier momento de estos últimos cincuenta años, gran cantidad de personas hubiera dicho que estaban a favor de estos objetivos. Lo que sí es nuevo, gracias a Bernie Sanders [histórico senador socialista demócrata por el Estado de Vermont y candidato alternativo a Hillary Clinton en las primarias demócratas de 2016, N. del E.] y a los últimos cinco años de activismo, es que dichas personas ya no evitan la etiqueta socialista. Si se hubieran calificado de socialistas estos mismos valores hace diez años, y durante mucho menos tiempo, esta postura habría obtenido poco apoyo y provocado un estallido de indignación despectiva, mientras que, si se le hubiera llamado preocupación por la humanidad, progresismo, o lo que fuera, habría recibido tanto apoyo como hoy.


Otro de los cambios de sentido, menos semántico y mas sustancial, es que pocas personas con los mencionados valores sociales, progresistas y humanos toman como un evangelio indiscutible que todo el cambio que necesitamos es arreglar nuestras instituciones retirando a unas cuantas malas personas que las ocupan. Mucha gente rechaza no sólo el sexismo, el racismo y el autoritarismo sino también el capitalismo. Mucha gente rechaza las manzanas podridas pero también las instituciones podridas.


¿Hasta qué punto es importante esta creciente crítica sin tapujos y este rechazo abierto de las instituciones? ¿Desembocará en compromisos compartidos y generalizados a largo plazo lo suficientemente amplios como para sostener organizaciones participativas, de base, multi-estratégicas y multi-temáticas?


La izquierda sufre desde hace mucho de los búnkeres de los enfoques por separado. Los activistas opinan, de manera prácticamente universal, que las preocupaciones principales se cruzan e incluso se enlazan, y sin embargo pocos de los que se centran en cuestiones como la inmigración, la violencia contra las mujeres, la guerra, el feminismo, el racismo, el militarismo, las catástrofes climáticas, la contaminación, la distribución de la riqueza, la locura de los mercados, la violencia policial, las reformas electorales, u otras preocupaciones que valen la pena, defienden activamente no sólo su propia agenda, sino todas los demás ¿Por qué no ayudamos todos los objetivos de toda prioridad válida, no sólo de boquilla, sino con visión estratégica y compromiso constante?


Una de las razones es que no contamos con respuestas compartidas globales para contestar a la pregunta obvia: ¿qué queremos, no solamente hoy, sino a largo plazo? Un “ismo” podría ofrecer eso, así que ¿está el “socialismo democrático” a la altura? ¿Podría pasar de ser una simple invitación a un compromiso de unidad serio y tangible? ¿Nos ayudaría a aunar nuestras prioridades aisladas y a plantear con confianza objetivos que enriquezcan nuestra comprensión, generen esperanza y, como dice la expresión, planten las semillas del futuro en el presente?


Para conseguir todo esto, nuestra lealtad compartida necesita amplia sustancia institucional. Si rechazamos el sexismo, vale, pero ¿qué implica esto para el tipo de familias y sexualidad a las que aspiramos más allá de la igualdad material aportada y sostenida por otros cambios? Si rechazamos el racismo, vale, pero ¿qué implica esto para el tipo de interrelaciones culturales entre razas, nacionalidades e identidades étnicas a las que aspiramos más allá del progreso social aportado y sostenido por otros cambios? Si queremos acabar con el servilismo y la subordinación en el ámbito político, vale, pero ¿qué implica esto en la manera de plasmarlo en leyes, dirimir controversias e implementar programas compartidos más allá de la solidaridad aportada y sostenida por otros cambios? Y si rechazamos la explotación y la división entre clases sociales, vale, pero ¿qué implica esto a la hora de estructurar el trabajo y los centros de trabajo y de establecer la distribución de los productos, las recompensas, las responsabilidades y los costes más allá de la justicia aportada y sostenida por otros cambios?


Si el socialismo continúa siendo únicamente sinónimo de buenos valores y de políticas progresistas en el presente, conseguir que se apoye de manera más generalizada será un gran paso adelante, desde luego, y quizás esa sea la mejor manera de utilizar el término en estos momentos, pero, si es así, todos aquellos que anhelamos nuevas instituciones necesitamos un término más abarcador para un nuevo tipo de sociedad que no sólo mejore ciertos problemas, sino que acabe con sus causas estructurales y libere todo el potencial popular. Tendríamos que defender y celebrar la emergente tendencia socialista progresista, sin descartarla o denigrarla, al mismo tiempo que proponemos una perspectiva mas amplia y profunda para que, ojalá, siga avanzando. O, si el término socialismo debe ser la etiqueta de nuestro amplio conjunto de anhelos, entonces lo que expresa debe llenarse mucho.


Personas diferentes tienen ideas diferentes sobre la sustancia extra necesaria. Yo estoy a favor de algo llamado sociedad participativa o, si resultara más convincente que excluyente, socialismo participativo. En muy resumidas cuentas, sea cual sea el término elegido, a mi parecer debería contener: afinidad feminista y relaciones de género que enfaticen que hombres y mujeres no sólo tengan iguales derechos y oportunidades, sino también roles tanto de autoridad como de cuidado en la vida social; intercomunalismo racial, étnico y de cualquier otro tipo que haga prevalecer el acceso de todos a los medios necesarios para crear y alimentar lazos y compromisos culturales de su propia elección; políticas participativas que incluyan autogestión colectiva a través de asambleas desde el barrio a todos los niveles de la sociedad , así como renovados vínculos ejecutivos y legales; además de sistemas económicos participativos que incluyan consejos de empresas e industria federados, remuneración equitativa, una nueva división del trabajo que acabe con las jerarquías duras y planificación participativa en vez de planificación de los mercados o planificación centralizada.


Pero a lo que me estoy refiriendo ahora no es a cuál debería ser la sustancia de un necesario “ismo”, ya sea la recién expuesta u algo más, sino a que la sustancia debería ser mucho más sustancial que cualquier cosa que ahora sea ampliamente apoyada, lo cual significa que incluso cuando los activistas se oponen al vil trumpismo o defiendan el loable sanderismo, se le llame socialismo o no, deberíamos proponer, explorar y debatir de manera conjunta, activa e inclusiva para llegar a una visión compartida y comunicable de lo que apoyamos mucho más sustancial.


Fuente: Znet
Traducción: Tomás Pereira Ginet

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