Organizaciones defensoras reportan 376 desaparecidos durante el paro nacional en Colombia

Las 26 organizaciones pertenecientes a la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia exigieron que se active el mecanismo de búsqueda urgente de estos ciudadanos.

 

La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Colombia solicitó a la Defensoría del Pueblo activar el ‘Mecanismo de Búsqueda Urgente’ de 379 ciudadanos reportados como desaparecidos durante las manifestaciones del paro nacional en el país.

La Mesa de la Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos, integrada por 26 organizaciones sociales, entregó este jueves la base de datos de las personas que aún siguen desaparecidas a la Fiscalía y a la Defensoría para que se activen los protocolos de búsqueda de manera urgente.

“Estamos exigiendo que se active para cada una de ellas el mecanismo de búsqueda urgente de la manera más pronta posible, ojalá antes del próximo lunes, cuando el Comité Nacional de Paro se reunirá con el Gobierno nacional, y en donde el primer punto es la aparición de todas y cada una de las personas que han sido desaparecidas en el marco de las protestas”, indicó el miembro de la Coordinadora Alberto Yepes.

Esta información es obtenida por las Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada por medio de los familiares, amigos, redes y organizaciones asociadas que han registrado estos casos que desde el pasado 28 de abril. A la fecha suman 471 registros que dan cuenta de 379 desaparecidos en el país.

Asimismo, Yepes indicó que muchos de los casos reportados corresponden a personas que son detenidas arbitrariamente por miembros de la fuerza pública, “seguida de una negativa entrega de información por parte de las autoridades”.

“La Unidad de Búsqueda en el marco de sus competencias debe procurar la no repetición de hechos que sucedieron durante el conflicto armado, como la desaparición de las personas. Durante el paro nacional y las movilizaciones sociales la Unidad ha tenido conocimiento de la desaparición de más de un centenar de personas durante esas protestas”, aseguró la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón.

En ese sentido, la directora indicó que este mecanismo del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, promueve el diálogo entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y las instituciones del Estado, para que se actúe de manera veloz y efectiva ante las desapariciones presentadas en las nueve jornadas de manifestaciones en el país.

De igual manera, la unidad indicó que no entregó ninguna información sobre los desaparecidos a la ‘Mesa de Información de Desaparición Forzada y Homicidios” de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, sino que apoyó a las organizaciones sociales durante el evento, con el que se espera la aparición de estos ciudadanos.

ONU condena el uso “excesivo de la fuerza” en el marco de las protestas en Colombia

Tras varios días de protestas sociales en Colombia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), rechazó el “uso excesivo de la fuerza” contra los manifestantes en Colombia, quienes salieron a las calles de varias ciudades del país para protestar contra la reforma tributaria y el gobierno de Iván Duque.

Hasta el momento, en el marco del Paro Nacional, se han registrado, al menos 19 muertos, por lo que la portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, envió un llamado de alerta desde Ginebra, Suiza, en el que exhortó a la calma para las próximas manifestaciones.

“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”, expresó Hurtado.

7 de Mayo de 2021

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Rubén Blades: “Existe un sector en Colombia que parece creer que la única forma de enfrentar el descontento provocado por actos del gobierno es a través de la fuerza y la militarización”

 “Las protestas que han sacudido a Colombia estos últimos días no me parece pueden ser explicadas solamente por el descontento popular expresado contra el anuncio de una reforma tributaria impulsada por el presidente Duque.

Aunque es comprensible el rechazo a cualquier imposición fiscal que afecte a negocios y/o al bolsillo del ciudadano colombiano en estos tiempos de desempleo masivo y estrechez económica, lo que más furia ha provocado en la población del país es el nivel de violencia demostrado en la respuesta de sus fuerzas policiales. No creo que se haya medido bien la indignación que causó la muerte en 2019 del joven Dilan Cruz, ni la de hace ocho meses atrás, del estudiante del derecho Javier Ordoñez, que murió luego de serle aplicada por agentes de la policía, de manera repetida, descargas eléctricas al cuerpo en más de doce oportunidades. El video de la víctima implorando a los policías que no lo hicieran más y que no podía respirar, me recuerda al asesinato en Estados Unidos en el que un policía aplicando presión por más de nueve minutos sobre el cuello del arrestado, George Floyd, a pesar de sus ruegos indicando que le faltaba la respiración.

Ni siquiera la declaración hace dos días del presidente de Colombia anunciando que se retiraría el proyecto de reforma tributaria ha servido para mitigar la furia popular, producto de una rabia y descontento latente hacia la manera como el pueblo se siente tratado por el gobierno, una reacción policial más semejante a una acción militar que a un intento de proteger el orden ciudadano.

Existe un sector en Colombia que parece creer que la única forma de enfrentar el descontento provocado por actos del gobierno es a través de la fuerza y la militarización. Para este sector, las protestas son actos terroristas que deben ser dominados a sangre y fuego, de ser necesario.

Por otro lado, el incidente que causó la muerte de Javier Ordoñez en el 2020 demuestra claramente la ausencia de entrenamiento por parte de la fuerza policial, y/o exhibe la impunidad con que consideran cuentan para reprimir.

El uso del "taser", una especie de "revolver eléctrico", es supuestamente una forma de evitar muertes, no de provocarlas. Doce veces le fue aplicada la descarga y esa ausencia de criterio y de respeto a la vida de un ciudadano, arrestado por una causa menor (había violado el 'distanciamiento social" por estar tomando con amigos), se quedó impresa en la mente del pueblo.

Cuando ahora la protesta por el alza tributaria fue enfrentada por la fuerza policial con un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, la gente reaccionó de igual manera y el asunto empeoró al punto de provocar ya 24 muertes, cientos de heridos y de detenciones arbitrarias, decenas de desapariciones y de víctimas alegando violencia sexual ejercida en su contra.

Por supuesto que estas situaciones son aprovechadas por grupos políticos que buscan crear oportunidades aprovechando la circunstancia de caos. Por supuesto que entre la gente que protesta civilmente también encontraremos a quienes exhiben sus peores instintos, provocando más desorden y tragedia.

Pero no perdamos de vista la responsabilidad que corresponde a quienes están supuestos a proteger y velar por el interés ciudadano y que en este caso, al igual que ocurrió antes con Dilan y Javier, parecen no haber cumplido correctamente con su deber. El gobierno colombiano no debe tratar a su población con el rigor que caracteriza a una situación de combate contra la guerrilla. La ciudad no es un campo de batalla, es un terreno común y pertenece a todos los colombianos. La fuerza pública no es un ejército, ni debe adoptar prácticas que sólo se justificarían de ser primero atacados, con armas letales, con un claro intento de hacerles daño Y sin motivo alguno.

Ahora mismo la gente está indignada, y con razón. Ahora mismo, lo necesario es que se reduzcan las tensiones y se establezca el tipo de conversación nacional que lleve a un mejor entrenamiento de la fuerza policial y que devuelva la confianza perdida de la ciudadanía a causa de sus excesos.

Ahora mismo, el gobierno debe considerar una revisión de su mentalidad de sitio y abandonar la idea de que la confrontación violenta es lo que garantizará el orden público. Pero como indiqué antes, el asunto es más complejo que una revuelta causada por una reforma tributaria, propuesta por un presidente considerado administrativamente como inepto, o mal aconsejado por políticos en busca de un protagonismo perdido.

En la historia colombiana ya existen ejemplos de lo horrible que resulta el reprimir a gente que protesta por desigualdades sociales y económicas, y de cómo estos episodios, inflamados por la violencia política, policial o estatal, terminan produciendo incidentes como los de 1948. El asunto es complejo y requiere para su solución de una visión de estadista, algo que no parece reflejarse en las recientes acciones del poder ejecutivo.

Desde la "guerra de los mil días", la violencia ha sido el recurso más utilizado para resolver conflictos en Colombia, mala costumbre que puede ser desarmada convocando a la mejor disposición posible del carácter nacional.

Por el bien de Colombia, esperamos que esa acción se materialice, y pronto.”

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Kissinger: extinción tecnonuclear de la humanidad por una guerra fría de EU y China

La revista globalista The Economist colocó a Taiwán como "el lugar más peligroso del planeta" por lo que “Estados Unidos y China deben trabajar (sic) más duro para evitar una guerra sobre el futuro de Taiwán (https://econ.st/3vLSDQ9)”.

Al menos que Biden use la "carta de Taiwán" como moneda de regateo con China, la portada de The Economist rememora la máxima crisis de la guerra fría entre Estados Unidos y la ex URSS por la crisis de los misiles en Cuba hace 59 años.

Con Taiwán, EU –desde los Clinton/Obama, pasando por Trump, hasta Biden– ha pisoteado las "líneas rojas" aceptadas por Nixon/Kissinger a inicios de los años 70 del siglo pasado.

En su ponencia virtual conjunta “El desorden mundial: confrontando el desafío de China (https://bit.ly/2QKmA4h)”, con el senador israelí-estadunidense Joe Lieberman del Partido Demócrata, el también israelí-alemán-estadunidense Kissinger, a sus 97 años, advirtió en forma dramática la "capacidad de la humanidad para extinguirse en un periodo finito (sic) de tiempo", debido a las tensiones crecientes entre Estados Unidos y China, en el foro Sedona anual del McCain Institute, con sede en Washington, dependiente de la Universidad del estado de Arizona.

Kissinger dramatizó que hoy el “máximo problema del mundo es la confrontación de Estados Unidos y China: es el principal problema para Washington; es el principal problema del mundo, ya que si no podemos resolverlo, entonces el riesgo es que se desarrollará en todo (sic) el mundo un género de guerra fría entre China y Estados Unidos (https://bit.ly/3ulIg50)”.

El ex asesor de Seguridad Nacional de Nixon y Ford afirmó que los avances en tecnología nuclear e inteligencia artificial (IA) –cuyas máquinas y algoritmos pueden ser autónomos sin intervención humana– donde China y Estados Unidos son líderes y han multiplicado la amenaza de un Armagedón.

Kissinger reconoce que las ya de por sí pletóricas armas nucleares eran más que suficientes durante la guerra fría para dañar al planeta entero, ahora los prodigiosos avances en la tecnología, en particular en el ámbito de la IA militar, tienen un colosal efecto multiplicador: "hemos desarrollado la tecnología de un poder que va más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado hace 70 años", ya que “un conflicto militar entre poderes high tech es de significado colosal (sic)” cuando al tema nuclear se ha sumado el tema high tech, que en el campo de la IA, en su esencia, se basa en que el hombre (sic) se vuelve socio de las máquinas y que las máquinas pueden desarrollar su propio juicio (¡mega-sic!)”.

Rememoró que la guerra fría después de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y la ex URSS por décadas fue de carácter "unidimensional", centrada en la competencia de armas nucleares: "la URSS no tenía capacidad económica (sic). Tenían una tecnológica militar" y "no habían desarrollado una tecnológica como China". Hoy "China es un inmenso (sic) poder económico, además de constituir un poder militar significativo".

¿No estará hoy exagerando el poder militar de China y depreciando el poder geoeconómico de Rusia? A mi juicio, tales errores de juicio y de cálculo desembocan seguido en catástrofes.

En su apocalíptico epílogo, el casi centenario Kissinger abogó por una política de Estados Unidos hacia China con un abordaje de dos vertientes: mantener firmes los principios de Estados Unidos y exigir respeto (sic) de China y mantener un diálogo constante en búsqueda de áreas de cooperación con métodos "diplomáticos" que "no siempre llevarán a resultados benéficos".

Mientras Washington inicia su nada graciosa fuga de su guerra más duradera en Afganistán, en paralelo, el primer secretario de Defensa afroestadunidense, general Lloyd Austin, ha advertido en forma ominosa que “la forma en que combatamos la siguiente (sic) gran guerra será muy diferente a la forma en que hemos combatido las otras (https://bit.ly/3b1GChy)”.

Kissinger, que sueña todavía con un G-2 de Rusia con Estados Unidos contra China, no citó las categóricas "líneas rojas" de Putin del 21 de abril (https://bit.ly/3xKDrEA) ni citó las armas hipersónicas del Kremlin. A su cuenta y riesgo…

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. Imagen: EFE

Alarma por la detención de Iván Pavlov, defensor de Navalny

 

En una campaña coordinada en las dos principales ciudades de Rusia, las autoridades allanaron el viernes varias direcciones relacionadas con un abogado de la oposición conocido por su trabajo contra la FSB, la cada vez más asertiva agencia de seguridad del país. Ivan Pavlov, en Moscú para representar al ex periodista Ivan Safronov en un controvertido juicio por espionaje, fue detenido en su hotel a las seis de la mañana. Mientras tanto, a setecientos kilómetros al noroeste en San Petersburgo, comenzaron las redadas en la oficina de su organización legal, el departamento de su familia y un departamento que pertenece a su gerente de TI.

Un colega dijo que Pavlov estaba detenido bajo sospecha de revelar pruebas judiciales secretas. Pero el crimen del abogado parece ser más amplio: irritar al FSB con lo que sus amigos describen como un enfoque "pedante" de la ley. Su detención envía una advertencia clara a otros abogados con la intención de causar dificultades al estado.

Especializado en casos relacionados con inteligencia o espionaje, Pavlov se hizo cargo de los casos más sensibles producidos por el sistema legal de Rusia. Entres sus casos actuales está la representación de las estructuras legales del líder opositor encarcelado Alexei Navalny, que enfrenta cargos de extremismo.

Su defensa del periodista Safronov en particular parece haber llevado a una disputa pública con el FSB. El caso se mantuvo en secreto desde el principio y Safronov aún no recibió una explicación clara sobre los cargos que enfrenta. Pavlov se negó a firmar documentos que clasificaban formalmente los procedimientos, diciendo que los secretos de estado ya estaban cubiertos por las leyes existentes. Dijo que la solicitud equivalía a un intento de amordazar al equipo legal de Safronov.

“Nos están negando la posibilidad de una defensa decente al revelar los aspectos escandalosos del caso”, dijo en ese momento. En comentarios hechos en su página de Facebook, Yevgeny Smirnov, un colega del equipo 29, una asociación de abogados y periodistas rusos que defienden los derechos de los ciudadanos del país a acceder a la información, alegó que Pavlov había recibido varias amenazas directas de los investigadores del FSB que trabajaban en el Caso Safronov advirtiéndole sobre el arresto.

"Le dijeron directamente: te tenemos atragantado y vamos a arrestarte", escribió Smirnov. Quienes conocen a Pavlov lo describen como un “profesional meticuloso”, analítico y con un conocimiento incomparable de la ley.

Grigory Pasko, un periodista militar a quien Pavlov representó en dos juicios de espionaje de alto perfil a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, dijo a The Independent que los investigadores estatales se habían "enojado" con él porque era "muy inteligente". Fue casi "sorprendente" que el FSB hubiera "tardado tanto" en arrestarlo, agregó. "Iván es un matemático capacitado, lo que se puede ver en todos los aspectos de su trabajo", dijo. "No le gusta cometer errores y generalmente no los comete".

Habrían decidido hacerlo ahora por tres razones, sugirió Pasko. En primer lugar, para disuadir al equipo profesional de Pavlov de asumir casos que involucren a las agencias de seguridad. En segundo lugar, para que sirva de pretexto para devolverles el privilegio de nombrar abogados internos en los juicios secretos, esencialmente eliminando la defensa de las salas de audiencias. En tercer lugar, asustar a los abogados independientes en general.

Las agencias de seguridad de Rusia parecen estar operando con mayor libertad tras la victoria declarada del Kremlin en la votación constitucional de julio pasado. Esa votación le dio a Putin las llaves para permanecer en el poder hasta 2036. Desde entonces, y con el envenenamiento, la evacuación, el regreso y el encarcelamiento de Navalny como fondo, el aparato represivo del estado se aceleró. Con una intensidad nunca vista desde los días de la Unión Soviética, las autoridades cayeron con órdenes de allanamiento a las casas de decenas de figuras de la oposición, activistas y periodistas.

La mayoría de los abogados se libraron de intimidaciones directas. Pero en un adelanto  kafkiano de lo que le terminó pasando, Pavlov alertó sobre el inicio de detenciones en la región. Incluso fundó una organización llamada El Club de Praga para defender a los abogados que enfrentaran tales problemas. Pavel Chikov, quien dirige una ONG de defensa legal llamada Agora, dijo que parecía que el estado había decidido ahora "usar el código penal" contra toda la profesión legal.

Más tarde, el viernes, un tribunal se reunió sin Pavlov para decidir los términos de detención de Ivan Safronov, que ya lleva casi diez meses en la cárcel. La ausencia de un abogado defensor no afectó el resultado en particular y un juez aceptó rápidamente la solicitud de la fiscalía de prorrogar la prisión preventiva por dos meses más hasta julio.

Por Oliver Carroll

04 de mayo de 2021

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12

Traducción: Celita Doyhambéhère

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El Salvador: la "limpieza" judicial del presidente Bukele refuerza su deriva autoritaria

El fin de semana el mandatario destituyó, con el apoyo del Congreso, a cinco jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Y no descarta seguir removiendo funcionarios.

 

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició el fin de semana lo que denominó una "limpieza de casa" destituyendo, con el apoyo del Congreso, a cinco jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Ante el rechazo unánime de organizaciones civiles, organismos internacionales e incluso el gobierno estadounidense, Bukele adelantó que planea seguir removiendo funcionarios. "Al ser depuestos de sus cargos estamos hablando de que se configuró un golpe de Estado. Esta decisión elimina los últimos controles que quedaban para el ejercicio del control político del presidente y nos deja expuestos a graves violaciones a los derechos humanos", expresó en diálogo con Página/12 Eduardo Escobar, director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana.

La primera medida adoptada el sábado por la nueva Asamblea Legislativa, donde los aliados de Bukele tienen 61 de 84 escaños, fue destituir a los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y nombrar inmediatamente a sus reemplazantes, en una clara violación a la legislación nacional. La Sala había rechazado varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia al considerar que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía.

"La Sala les hizo saber que los decretos que suprimían y limitaban derechos fundamentales debían ser promulgados por la Asamblea Legislativa, en aquel momento con mayoría de partidos no afines al gobierno de turno. Les ordenó también regular que si iba a haber una reactivación económica debía establecer un plan y hacerlo también en conjunto con el Legislativo, pero no quisieron hacerlo", recordó en ese sentido Xenia Hernández Castro, directora ejecutiva de la Fundación Democracia Transparencia y Justicia (DTJ). 

El Parlamento destituyó también al fiscal general, Raúl Melara, a quien cuestionó por una supuesta cercanía con el opositor partido de derecha, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Entrada la madrugada del domingo ya habían elegido a su sucesor, Rodolfo Delgado. "Esto simplemente fue una vendetta política. Las causas se pueden resumir en inconformidad con lo resuelto, simplemente es eso", simplificó Eduardo Escobar. 

Minutos después de la votación para destituir a los magistrados, el Tribunal Constitucional emitió un fallo en el que declaró inconstitucional la medida por atentar contra el sistema de gobierno. Pero, obviamente, el gobierno de Bukele no lo cumplió. "Como estamos en una situación de ruptura del orden constitucional, obviamente esto no se va a cumplir, y si se hubiera intentado cumplir recordemos que el presidente tiene los fusiles de su lado", argumentó Escobar.

El secretario general del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, afirmó en su cuenta de Twitter que el presidente salvadoreño "consuma un claro golpe a la democracia y da un paso más en dirección a la dictadura y autoritarismo". En tanto Rubén Zamora, exdiplomático y político, aseguró: "En mi larga vida política, nunca he visto que en 6/8 horas se viole tantas veces la Constitución ni las leyes del país".

El domingo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó la "profunda preocupación" de su gobierno "por la democracia de El Salvador". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió a Bukele que garantice "la separación de poderes y el orden democrático". Por su parte el secretario general de la ONU, António Guterres, le exigió al mandatario salvadoreño que respete la Constitución y la división de poderes.

A las reacciones de la comunidad internacional, Bukele les respondió con su habitual sorna: "Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa... y eso no es de su incumbencia". 

Tanto los magistrados destituidos como el fiscal Melara habían sido electos por la anterior legislatura dominada por Arena y el FMLN, los partidos que se alternaron en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019. "Esto no es improvisado. Hay un descontento con respecto a los últimos 30 años de administraciones que no lograron establecer conexiones directas con la población. El proyecto de la familia Bukele calza perfectamente con ese descontento popular", dijo a este diario el historiador Carlos Cañas Dinarte. 

Cañas Dinarte agregó que los enfrentamientos entre la presidencia y la Corte Suprema son históricos, aunque "desde el reestablecimiento de la democracia en 1982 nunca habíamos tenido una situación como la que se ha vivido el sábado". Las consecuencias que esta tensión entre poderes podría tener sobre la población salvadoreña son preocupantes. "Sin institucionalidad independiente no habrá adónde acudir si hay un acto ilegal dado por cualquier institución pública, o si se comete alguna violación de derechos a la vida", planteó Hernández Castro desde la Fundación DTJ.

"La propaganda oficial puede decir lo que quiera, pero la realidad es que en lugar de una refundación estamos viendo actos de encubrimiento de situaciones que se están viendo en el país: hay muchísimo desempleo y pobreza y las personas siguen tratando de irse fuera del país", aseguró Cañas Dinarte. Pese a todo, el historiador elige ser positivo al recordar que más de 500 personas se manifestaron el domingo en una de las plazas más importantes de San Salvador para protestar contra el gobierno de Bukele, "lo que constituye un caldo de cultivo para un movimiento que se puede potenciar".

Por Guido Vassallo

04 de mayo de 2021

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¿Conspiparanóicos o seudociencia y biofascismo?

En el marco de la pandemia de Covid-19 millones de seres humanos asisten de manera pasiva a la instauración de un totalitarismo tecno-sanitario-plutocrático integral de tal magnitud, que hace que las distopías de ciencia ficción de George Orwell (1984) y Aldous Huxley (Un mundo feliz) se queden cortas, y que los totalitarismos clásicos parezcan apenas ejercicios de aprendices primitivos.

Según Naomi Wolf (Ten Steps to Fascism: Authoritarianism in a Pandemic), Estados Unidos transita ya el "décimo" de los 10 pasos hacia el fascismo: el Estado ha fusionado al gobierno con las megacorporaciones financieras, tecnológicas y farmacéuticas de una manera similar a la del fascismo italiano, utilizando la crisis sanitaria como vehículo para justificar la supresión/abolición de los derechos humanos inalienables y civiles; pero no es sólo una guerra contra la libertad sino contra los seres humanos.

Antes Soshana Zuboff había acuñado la noción "capitalismo de vigilancia" y Cédric Durand, con su libro Tecno-feudalismo, colocó la economía política de la "dominación digital" en el contexto de la evolución histórica del capitalismo, demostrando cómo el "Consenso de Was­hington" terminó haciendo metástasis con la "ideología californiana" de los pioneros del Silicon Valley; una ideología parecida a la revolución schumpeteriana de "destrucción creativa", pero con ­esteroides.

Según Durand, las plataformas del big tech se han convertido en "feudos" que se benefician de un vasto "territorio digital" poblado de datos con servicios que hoy se consideran indispensables; con una lógica extractivista aplicada al desarrollo del big data, los señores feudales que controlan Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Uber han construido de facto un imperio online. Dominan sus haciendas y también al Estado y, a decir de Durand, "el futuro caníbal del liberalismo parece estar dominado por la era de los algoritmos".

En el capitalismo de vigilancia, los datos, convertidos por algoritmos en inteligencia artificial (IA), constituyen el factor ordenador de la economía y la principal fuente de poder y riqueza. Lo que en la época feudal representaba la tierra, y posteriormente el capital industrial y la propiedad intelectual, hoy son los datos de la vida personal (emociones, hábitos, gustos, movimientos corporales, pensamientos íntimos), que, recopilados y transformados por la IA en productos de predicción, se venden en mercados de futuro del ­comportamiento.

Volviendo a los "10 pasos" que según Naomi Wolf conducen al fascismo (entre ellos, la invocación de una amenaza externa o interna, el desarrollo de una fuerza paramilitar, las restricciones a la prensa, la subversión del Estado de derecho), desde marzo del año pasado, montado y usando como pretexto una crisis sanitaria, Estados Unidos ha llegado a ese estadio.

Autora de best-sellers, entre ellos El fin de América: carta de advertencia a un joven patriota e Indignación: sexo, censura y criminalización del amor, Wolf ha mostrado cómo las epidemias de enfermedades infecciosas (cólera, tifus) fueron explotadas en el siglo XIX por el imperio británico para aplastar libertades e invadir la intimidad de las personas, como ocurre ahora con las medidas de excepción de los "regímenes corona", basadas en el abuso de la prueba PCR y el viciado protocolo Drosten (ver cormandrostenreview.com y https://cutt.ly/MbxbjYQ).

Al respecto, Wolf ha criticado las medidas y leyes de emergencia en muchas entidades estadunidenses, que con el sello de un "estado policial" suspendieron el debido proceso legal; cerraron empresas, escuelas, parques y playas ; impusieron multas a quien no llevara mascarillas al aire libre y restricciones al derecho de reunión; proyectan "pasaportes de vacunas" que se saltan la Cuarta Enmienda de la Constitución, permitiendo al gobierno y a las corporaciones tecnológicas ( big tech) inmiscuirse en la privacidad médica y crear un estado de vigilancia digital integral.

Ha cuestionado también la supresión de la libertad de expresión, la censura, las amenazas, la marginación y el ataque a la reputación de médicos y científicos que disienten con los experimentos masivos en seres humanos con vacunas basadas en genes sin un consentimiento informado (Código de Nuremberg), por las grandes corporaciones tecnológicas y el magnate Bill Gates, así como el "secuestro" de la ciencia en aras del "biofascismo" y para beneficio de grandes intereses farmacéuticos.

Según Wolf, para servir a los intereses de ese biofascismo –representado por la "nueva normalidad" del Foro Económico Mundial de Davos, el "paso 10" médico-fascista−, las plataformas del Proyecto de Seguimiento Covid y la Universidad Johns Hopkins, patrocinadas por Michael Bloomberg y Bill Gates con respaldo de la Organización Mundial de la Salud, han manipulado la verdad y proporcionado datos no verificados que afectan directamente a los mercados de valores. Y lo más grave, el nuevo biofascismo "es una guerra contra los seres humanos y las cualidades que nos hacen humanos"; las mascarillas –que pueden producir severos daños físicos, síquicos y sociales, ver doi.org/10.3390/ijerph18084344−, rompen la capacidad de relacionarnos cara a cara y disfrutar del contacto humano, e implementar la escuela vía plataformas de aprendizaje a distancia de big tech, viola los derechos de los niños y garantiza que no sepan cómo comportarse en el espacio humano, un espacio no mediado o vigilado por la tecnología.

Hoy, las amenazas a la libertad, que en 2001 se justificaban con el terrorismo y antes con el comunismo, tiene un nuevo vestido: la pandemia sanitaria con mutaciones estacionales ad eternum… De allí que, a juicio de Wolf, recuperar el espacio y la cultura "analógicos" −el contacto humano− sea hoy la gran fuerza revolucionaria de resistencia a esa forma de biofascismo integral y para recuperar la libertad humana.

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El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, el 27 de abril de 2021.Leah Millis / Reuters

El secretario de Estado de EE.UU. afirmó que el gigante asiático "es el único país con la capacidad militar, económica y diplomática" para desafiar, lo que llamó, un "orden basado en reglas".

 

Tanto EE.UU. como China no están interesados en buscar una confrontación militar porque va en contra de sus intereses, afirmó este fin de semana el secretario de Estado del país norteamericano, Antony Blinken, durante una entrevista con CBS News.

Al ser cuestionado sobre las capacidades militares del gigante asiático en zonas donde la Armada de EE.UU. también tiene una presencia importante, Blinken sostuvo que llegar o dirigirse hacia un enfrentamiento entre las dos potencias es "completamente contrario" a sus intereses.

"China cree que puede ser y debe ser y será el país dominante en el mundo", afirmó el alto funcionario tras sugerir que "es el único país con la capacidad militar, económica y diplomática para socavar o desafiar el orden basado en reglas".

En este contexto, aseguró que el propósito de Washington no es contener o frenar a Pekín, sino mantener "ese orden basado en normas que China está desafiando". "Si alguien desafía ese orden, nos pondremos de pie y lo defenderemos", subrayó.

Por otra parte, Blinken declaró que EE.UU. también tiene preocupaciones en otros ámbitos con China, como el área comercial, recordando que la Administración del presidente Joe Biden ha mantenido los aranceles contra el gigante asiático, impuestos durante la presidencia de Donald Trump. "China puede ser el único gran problema del momento en Washington en el que demócratas y republicanos encuentran una causa común", agregó.

Publicado: 3 may 2021 01:57 GMT

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Salvadoreños mostraron su rechazo en las calles de la capital de su país ante las medidas tomadas por la Asamblea Legislativa de destituir a varios jueces de la Corte Suprema y al fiscal general. Foto Afp

Sociedad civil y oposición de El Salvador llaman golpe de Estado a las primeras acciones de las bancadas oficialistas

 

San Salvador., “Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”, replicó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al rechazar cuestionamientos de la comunidad internacional, luego de que con el apoyo del Congreso destituyó a un grupo dejueces de la Corte Suprema y al fiscal general, encendiendo las alarmas sobre intentos de concentración de poder.

"Condenamos categóricamente este golpe de Estado, avalado por el presidente Bukele y ejecutado por diputados de los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN (Partido de Concertación Nacional) y PDC (Partido de Democracia Cristiana)", todos aliados del gobernante, dijeron en un comunicado 25 organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, entre ellas gremios empresariales.

"Mediante la cooptación de la justicia pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes responden a una sola persona", agregaron, en momentos en que esta capital fue escenario de movilizaciones en repudio a las medidas del Legislativo.

"Hemos sido críticos del actuar del fiscal general, pero eso no significa que estemos avalando un procedimiento inconstitucional", consideró la diputada Dina Argueta, del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

"Lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa, con una mayoría del pueblo que cedió su representación a través del voto, es un golpe de Estado", declaró el diputado René Portillo, de Arena.

La primera medida adoptada el sábado en la noche por la nueva Asamblea Legislativa unicameral fue, con 64 votos a favor y 19 en contra, destituir a los cinco miembros titulares y sus suplentes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, la más importante de ese tribunal, y designar a sus remplazantes, cuyos nombres ya tenía listos.

La Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, frenó varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción, porque consideró que vulneraban derechos de la ciudadanía.

El enfrentamiento entre Bukele y los magistrados alcanzó tal intensidad que el mandatario los acusó de buscar, con sus resoluciones, asesinar "a decenas de miles de salvadoreños", y en cadena nacional llegó a decir de ellos: si fuera un dictador "los hubiera fusilado a todos". "Salvas mil vidas a cambio de cinco", dijo el 11 de agosto pasado, recordó El Faro en su portal (elfaro.net).

Media hora después de que la Asamblea Nacional destituyó a los magistrados, la Sala Constitucional emitió una sentencia en la que declaró inconstitucional la medida. "Es una destitución que no está precedida por las garantías procesales necesarias", afirmó y adujo que el intento por destituirlos era una forma de coacción del Ejecutivo, señaló El Faro.

Bukele rechazó ese fallo y comentó en sus redes sociales: "Que los magistrados destituidos saquen una resolución es como que Norman Quijano quiera llegar a legislar", en alusión al ex diputado de Arena que huyó del país luego que el ahora destituido fiscal Melara pidió su captura por sus presuntos víncu-los con pandillas, indicó El Faro.

También horas después de la decisión de los diputados, el abogado Aldo Cader Camilot, uno de los magistrados destituidos, publicó en las redes sociales una carta de renuncia en la que asegura que "jamás" ha estado vinculado ni ha respondido "nunca" a intereses de ningún partido político o de algún poder económico.

El Parlamento destituyó después al fiscal general, Raúl Melara, a quien cuestionó por tener filiaciones con la ultraderechista Arena. La madrugada del domingo eligió a su sucesor, Rodolfo Delgado.

Melara, destituido también por 64 votos a favor y 19 en contra, abrió investigaciones contra los ministros de Hacienda y Salud por el manejo de fondos y compras relacionadas con la pandemia. También realizaba pesquisas por una presunta negociación secreta entre Bukele y la Mara Salvatrucha-13, señaló El Faro.

Los nuevos magistrados y el fiscal fueron escoltados por la policía para asumir sus cargos de inmediato. Luego, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, ingresó entre aplausos a la sala de la Asamblea Legislativa.

El gobierno del presidente Joe Biden rechazó desde la noche del sábado los movimientos y el jefe de la diplomacia estadunidense, Antony Blinken, expresó ayer en una llamada telefónica a Bukele la "grave preocupación" de su país por la destitución de togados "y señaló que un Poder Judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática".

Según el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, la preocupación se extendió por la destitución del fiscal general, quien, de acuerdo con Blinken, "lucha contra la corrupción y la impunidad y es un socio eficaz de los esfuerzos para combatir el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador".

La Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que "cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional, están alterando la esencia de funcionamiento del mismo".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Bukele "garantizar la separación de poderes y el orden democrático", mientras Human Rights Watch consideró lo sucedido como un "asalto a la democracia".

El 9 de febrero de 2020, Bukele desafió al entonces Parlamento opositor, cuando, escoltado por el Ejército, llegó a la Asamblea para presionar por la aprobación de un crédito destinado a la lucha contra las pandillas.

Bukele, de 39 años, ha logrado capitalizar el descontento de la población respecto a los partidos tradicionales. Cuenta con apoyo popular y el respaldo de las fuerzas armadas.

Ello llevó a sus aliados a vencer en las elecciones parlamentarias del 28 de febrero pasado, dejando relegados a los partidos tradicionales Arena y el FMLN.

"La actuación de los diputados oficialistas confirma el temor de que el respaldo popular expresado en las urnas fuera utilizado para concentrar el poder en el Ejecutivo", aseguró en un pronunciamiento la influyente Universidad Centroamericana (UCA).

Para la UCA, la destitución "muestra la veracidad de los señalamientos de autoritarismo en el gobierno del presidente Bukele".

El relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, fue contundente: "Condeno los pasos del poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a los integrantes de la Sala Constitucional y al procurador de justicia".

Bukele rechazó las críticas y dijo que se sentía muy satisfecho con la primera plenaria y "el debut de labancada Cyan (Nuevas Ideas)", y advirtió que este es el comienzo para cambiar el país como ha prometido.

Nuevas Ideas arrasó en las urnas el 28 de febrero, propinando una derrota histórica a los dos partidos que han gobernado El Salvador durante las pasadas tres décadas. Desde el primero de mayo, el partido de Bukele gobierna 152 de los 262 municipios y a los 56 puestos que obtuvo en la Asamblea Legislativa, integrada por 84 miembros, se sumaron ocho de otros partidos.

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Lyle Goldstein, del Colegio Naval de Guerra de Estados Unidos, define las "lineas rojas" de Putin

Antecedentes: Ya había enunciado el abordaje de las "líneas rojas" del zar Vlady Putin de su célebre discurso del 21 de abril que "denotan la hipersensibilidad de la confrontación de Estados Unidos contra Rusia" (https://bit.ly/3vA22Kt).

En mi video semanal de Radar Geopolítico, en interacción con la audiencia intentamos "definir" tales "líneas rojas": el Donbass, Crimea, la zona rusa del Mar Negro, el gasoducto Nord Stream 2, el Ártico, el enclave de Kaliningrado (entre Polonia y Lituania), la línea vertical del eje de los mares Báltico, Negro y Mediterráneo oriental y, relativamente, el Cáucaso (Chechenia y Daguestán) extensivo al Mar Caspio y a Azerbaiyán (https://bit.ly/3vEHZut). Algo así como su "periferia inmediata".

HECHOS: el estratega militar Lyle Goldstein, profesor del Colegio Naval de Guerra de Estados Unidas, consagrado principalmente a investigar los mares de China, así como el contencioso ruso –además de coautor del libro Futuro de la fuerza submarina nuclear de China (https://bit.ly/3nF2kgb)– realizó un ilustrativo ensayo en el portal American Committee for US-Russia Accord (Acura): "Escudriñando las Líneas Rojas de Putin" (https://bit.ly/2QQeHKp).

Goldstein se detiene en la "respuesta rusa" que sería "asimétrica, rápida y severa" que "agitó a los observadores occidentales" con la frase enigmática de que tales "líneas rojas serán de acuerdo con las circunstancias de cada situación".

El enfoque de Goldstein refiere que "tales líneas rojas han tenido una importancia que define la importante época desde el alba de la era nuclear", como sucedió en el “momento más peligroso de la guerra fría, la crisis de misiles de Cuba en octubre de 1962” cuando, a su juicio, "Moscú transgredió torpemente la línea roja de Washington a estacionar armas nucleares en Cuba".

Reconoce que los intereses de Rusia hoy colisionan directamente contra Washington en un "patrón de suma cero" en un "extenso (sic) frente que va del Ártico al Báltico, a través de Bielorrusia al Donbass y a Crimea, y todo el camino abajo hasta al Cáucaso y más allá".

Exhorta a los estadunidenses a “la pregunta incómoda: ¿Por qué Estados Unidos y sus aliados (sic) parecen traspasar (sic) diferentes líneas rojas rusas en tantas ‘situaciones (sic)’ en forma simultánea?”

Distingue en forma sobria "una línea roja con Siria, obviamente diferente al concepto de línea roja referente a las potencias nucleares, como China y particularmente Rusia", lo cual es “absolutamente grave (sic), ya que se trata de países que pueden ‘liquidar (sic)’ a Estados Unidos quizá en unas cuantas horas, aun si tenemos el consuelo (sic) de que podemos llevarnos con nosotros a nuestros adversarios en las llamas”.

Lamentablemente la aplastante mayoría de los mandatarios, tanto de los 193 países de la ONU como los 255 (sic) del World Factbook de la CIA, con la notable excepción de los nueve países atómicos, carecen de cultura nuclear y, peor aún, ignoran sus graves consecuencias.

Tal ignorancia de los mandatarios de los países no-nucleares tiende a jalar a las nueve potencias nucleares a una destrucción planetaria, como nos ilustra la inigualable Guerra del Peloponeso escrita en el siglo V aC por Tucídides.

El estratega Goldstein, que conoce como pocos el tema y sus consecuencias, concluye que "una noción de sentido común de paz, y la genuina supervivencia (sic), para el siglo XXI debe incorporar límites (sic) y, en forma crucial, los principios de realismo y moderación" cuando "no debemos tocar las líneas rojas de otras superpotencias nucleares en forma cotidiana".

Recuerda la sabiduría de George Kennan –a mi juicio, el óptimo geoestratega de Estados Unidos de todos los tiempos– de, como versa un proverbio chino, no jugar con los testícu-los del tigre, como en forma insolente los "estrategas de Occidente buscan probar las líneas rojas de Rusia en Europa oriental", por lo que aconseja "aprender a vivir en forma amigable con Rusia".

Conclusión: la Crisis de los misiles en Cuba sucedió hace 59 años, cuando la ex-URSS aún no contaba con su temible panoplia nuclear de hoy ni con sus hasta ahora inigualables armas hipersónicas.

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Sábado, 01 Mayo 2021 17:41

Colombia: Garantía de muerte

@CristinaRevolt  - vía twitter

Ni el llamado confinamiento declarado para gran parte del país, ni las campañas de pánico por posible infección y muerte por covid-19, como tampoco la efectiva militarización de ciudades como Cali, han sido suficientes para contener el copamiento de calles y avenidas por parte de miles de manifestantes. Una nueva ola de inconformismo toma cuerpo en Colombia, aunque aún no es claro si será desinflada por la decisión presidencial de desmontar parte del articulado impositivo de la pretendida reforma tributaria y llamar a la negociación –renuncia real pero sin reconocerlo de la totalidad del paquete impositivo– de un nuevo texto tributario. Los numerosos asesinados y lesionados, con pérdida de ojos, y golpizas a granel, demandan justicia y evidencian, un vez más, el necesario desmonte del Esmad.

 

¡Represión extrema!, esto es lo que han padecido cientos de manifestantes a lo largo de los días 28-29-30 de abril en las distintas ciudades de Colombia, con la ejecución, incluso, de una masacre en la ciudad de Cali con la afectación directa de sus sectores populares y de clase media.

En la capital del Valle del Cauca, un alzamiento liderado por cientos de jóvenes sorprendió al poder nacional y local, quien lo único que logró hacer fue atacarlos con total violencia. Entre los días 28-29 perdieron la vida 3 personas, entre ellas Marcelo Agredo[1], joven de 17 años, en el punto conocido como Puerto Resistencia (Cali), Juan Diego Perdomo 20 años (Neiva) al parecer por paro cardiaco.

El día 30 otras siete perdieron la vida y 7 denuncias más por asesinato están en verificación. Entre los verificados figuran: Einer Alexander Lazo –pensionado de la policía–, Jovita Osorio, docente infantil (muerta por asfixia, al caer al interior de su casa gases lacrimógenos), Daniel Felipe Azcárate, Julia Navarrete, Rosemberg Duglas, habitantes de los barrios Calipso, El Diamante, Sindical y el Paso del Comercio.

Por su parte el Personero de la ciudad, Harold Andrés Cortés, certificó el asesinato de 3 personas y el uso desmesurado de la fuerza por parte de la Policía.

Al tiempo que así actuaban, se intenta infiltrar la protesta y hacerla pasar como “vándalos” y “saqueadores”, pero hasta ahora no logran su propósito, a pesar de sí confundir sobre el verdadero motivo y carácter de la protesta con imágenes de medios de comunicación donde dan más realce a los saqueos que a la amplia protesta ciudadana. Pero, como quedó registrado por decenas de personas, los propios activos de la protesta lograron recuperar parte de lo hurtado y regresarlo a sus propietarios.

Bogotá 28 de abril de 2021.

También quedó evidente para decenas de personas, como algunos saqueadores que habían sido aprendidos in fraganti por manifestantes y entregados a la policía, fueron minutos después dejados en libertad. ¿En realidad eran infiltrados? Lo actuado por las “autoridades” así lo confirma. Una actitud de pretender deslegitimar la protesta que también queda evidente en los varios uniformados que han quedado en registro visual cambiando sus trajes de batalla por ropa de particulares, para así vincularse a las filas de los inconformes. Personajes que también actúan como civiles desde motos y automotores.

Veedores de derechos humanos, como James Larrea, integrante de redes de Derechos Humanos del suroccidente del país y en diálogo con desdeabajo, acusan la existencia de una maquinación macabra detrás de estos sucesos.

No es raro que así fuera, ya que el control de las unidades policiales de la ciudad, junto a otras 4 mil trasladadas desde distintos sitios del país, entre ellos 300 soldados, quedaron bajo el mando del Ministro de Defensa y altos oficiales de la Policía que instalaron un Puesto de Mando en Cali, ejecutando un efectivo “golpe de Estado” al alcalde de la ciudad quien en efecto quedó relegado y sometido a la visión de fuerza impuesta por el establecimiento.

Una visión de mando represiva que concreta lo indicado por el adalid del autoritarismo en el país, el innombrable, quien reclamó el derecho de los uniformados de utilizar sus armas de fuego para defenderse. Desnuda así, una vez más, esa concepción arrasadora de los derechos humanos y del derecho internacional, lo que permite apreciar, sin tapujo alguno, como entiende, no solo él sino un importante segmento del establecimiento, “la democracia”. Mano armada, con “derecho a utilizar las armas de fuego” que ya tiene regado su testimonio por varios barrios de la ciudad, al igual que lo sucedido en Bogotá entre el 9 y 11 de septiembre de 2020.

Entre la dignidad y la indignidad

Miles de voces se alzaron en Cali y lograron ser escuchadas. Protestan contra la pretensión de reforma tributaria, pero también por vida digna. Al mirar de cerca lo allí ocurrido desde el 28A y hasta el día 30, es claro que hay dos sectores en confrontación: por un lado, la mal llamada ‘fuerza pública” (fp) y por otro centenares de jóvenes. Una disputa desigual, ya que unos van blindados con armas de fuego, bombas aturdidoras y cientos de bombas de gases lacrimógenos, concreción de una guerra química que dicen está prohibida por los convenios internacionales; mientras los otros van desarmados, aunque profundamente indignados con un gobierno que si bien cedió migajas de una reforma tributaria que extrema la pobreza de millones, aún se mantiene en una postura que miles de manifestantes desaprueban.

 

Loma de la Cruz, Cali, 1 mayo de 2021

 

En esa desigual disputa los muertos, violentados, reprimidos y negados en sus derechos fundamentales son los sectores populares. Así lo atestigua James Larrea, quien denuncia la muerte comprobada de varios ciudadanos, con temor que la cifra ascienda a 7 e incluso hasta 14 víctimas, o mucho más, 120 heridos, 3 desaparecidos, 84 detenidos, algunos de los cuales ya recobraron su libertad, y las golpizas y manoseo a que fue sometida Diana Fernanda Díaz por parte de efectivos del Esmad.

En el caso de los desaparecidos, que están en comprobación, hay sospecha de tal proceder con la ilegal retención de una joven por “entes de la fuerza pública” que la subieron a una camioneta roja de platón, para luego, ante la presión ciudadana que con registros telefónicos daba cuenta del hecho, dejarla libre. Una vez en libertad, sin ocultar el pánico vivido, comentó que fue amenazada. Como puede deducirse, se trata de un terrible síntoma que deja entrever las oprobiosas irregularidades en las que opera la Policía Nacional para reprimir e infundir miedo.

Arrestos, así como golpizas y otros vejámenes en la humanidad de los manifestantes, denunciados tanto por defensores de derechos humanos, pero también por el senador por el Polo Democrático Wilson Arias, quien increpa a oficiales de policía para que suelten a las víctimas de estos atropellos en la ciudad de Cali, como quedó registrado en video.

(https://www.facebook.com/watch/?v=1167471867015797)

 Asumiendo la resistencia

Son jóvenes de todas las comunas, movilizados en operación avispa y convicción y disposición para defenderse ante el Esmad, cuya sola aparición les enerva y les hace brotar el odio acumulado en los sectores populares contra la policía en general –“la cara amable del poder”– que los persigue, amenaza, chantajea, les cobra vacuna, los apresa y violenta.

Su convicción de protesta procede de un acumulado de negaciones de derechos, (educación, recreación, salud, alimentación, vivienda, trabajo) así como por la persecución por parte de los uniformados que pretenden disciplinarnos a golpe de bolillo, cuando no de manera más ruda.

Una juventud que toma la batuta de la resistencia social y asume su rol en el tablero de acciones, con las movilizaciones como principal medio de acción, con manifiesta desconfianza ante todas las instituciones y con decisión de confrontación, si así lo deciden desde el el puesto de control y mando liderado por el jefe de la cartera de Defensa y la alta oficialidad uniformada.

Del puente para allá…

Más allá de la capital vallecaucana, en la región del Valle del Cauca se vivieron el día 29 y 30 de abril bloqueos en Yumbo, Jamundí, Villa Rica y La Delfina (vía a Buenaventura), donde los pobladores tomaron la decisión de no ocultar más su descontento con el actual gobierno y recibieron, como respuesta los ataques violentos del Esmad.

Con la ciudad y la región prácticamente militarizada, y con la decisión oficial de llenar los calabozos de presos, la policía dispuso como sitio inicial de reclusión el coliseo Las Américas. Al tiempo que esto sucede, los equipos humanos defensores de derechos humanos han quedado enfrentados a obstáculos de todo tipo para poder ejercer su función.

¿Qué ocultan quienes persiguen, golpean, gasean, disparan…? Es el cuestionamiento que realizan estas organizaciones veedoras de los derechos humanos pues se han visto imposibilitadas en el ejercicio de su labor con efectividad, ya que la Personería de la ciudad pretende ejercer un rol “garante” de los derechos humanos, aunque es parte de la misma alcaldía, lo que la ubica en una posición manifiesta de conflicto de intereses, que de entrada ya la inhabilita para cumplir con las funciones de organizaciones externas e imparciales.

Por otras geografías

Tres días durante los cuales la inconformidad social ha dejado huella por diversas ciudades del país, y de lo cual hay testimonio en infinidad de videos que circulan por las redes sociales, pero también, en las voces de sus protagonistas, los cuales han tenido que enfrentar la acción violenta de la llamada ‘fuerza pública’.

En Bello (Antioquia), por ejemplo, sector Niquia, decenas de manifestantes bloquearon el paso de la autopista Norte y dieron cuenta de un peaje allí instalado y que la ciudadanía llevaba meses pidiendo que lo retiraran. Rechazar el peaje, es rechazar la real privatización de las vías públicas, como sucede en ciudades como Cartagena y como también lo pretenden en otras ciudades del país.

En Pasto, por su parte, las manifestaciones de inconformidad también han dejado testimonio. Su magnitud se refleja en la disposición del disponer el coliseo del Barrio Obrero para llevar allí a los apresados.

En el departamento del Cauca, distintos municipios vivieron jornadas de resistencia, entre ellos Popayán, Santander de Quilichao y Puerto Tejada.

En Bogotá, bloqueos se vivieron a lo largo y ancho de la ciudad, con puntos como Suba, la avenida ciudad de Cali con Américas, la autopista norte a la altura de la 170, Yomasa, y otros muchos.

En la parte central de la ciudad también se han realizado mítines, en uno de los cuales perdió una de sus ojos Leidy Natalia Reyes al ser impactada por un disparo proveniente de una de las armas usadas por el Esmad.

Un resumen de la violencia desplegada por los “defensores del orden”, indica que:

El 28 A: 286 personas fueron detenidas en Cali, Bogotá, Yopal, Neiva, Ibagué, Pasto, Villavicencio y Barranquilla. 6 perdieron la vista por dispararon del Esmad; 105 resultaron heridas, etnre ellas 4 por tiros de arma de fuego.

En Medellín: sufrieron detención arbitraria 159 personas, al tiempo que se denuncian 226 agresiones a manifestantes, defensores de dd.hh y colectivos de prensa.

Por su parte la Fiscalía General de la Nación realizó el día 28 nueve allanamientos y capturó 14 jóvenes en Bogotá, Cali e Ibagué.

El día fueron 30 detenidos 4 defensores de DD.HH en Pasto, ciudad donde fueron capturas y llevadas al Coliseo del Barrio Obrero, 150 personas entre ellas varios menores de edad.

En camino

El gobierno Duque está al desnudo. Su carácter violento y represivo no aguanta más ocultamiento. Tampoco su decisión de gobernar a favor de los ricos. Un gobierno que no escucha ni concreta, que no quiso escuchar la infinidad de voces que le demandaron no presentar la reforma tributaria, las mismas voces que han demandado la implementación de una política económica y social de emergencia para que el pueblo colombiano tenga como afrontar la crisis económica que lo golpea, la que sume a miles de hogares en pobreza, así como otros muchos en miseria.

Pero la soberbia del poder pueda más que la realidad, de la cual los recientes informes de instancias oficiales como el Dane han dado cuenta al confirmar la realidad de un 30 por ciento de la población colombiana que ahora no tiene el dinero indispensable para surtir sus hogares con los alimentos necesarios para procurarse las tres comidas del día. Informes que también confirman que 3,6 millones de connacionales ingresaron en estos meses en pobreza monetaria.

Para unos y para otros son insuficientes los pírricos subsidios condicionados destinados por el gobierno; para ellos, como para un total de 30 millones de colombianos la situación económica es tal que es obligatorio aprobar una renta básica extraordinaria, no condicionada, equivalente a un salario mínimo mensual.

¿Tendrá ahora oídos abiertos este gobierno para dar el giro necesario a su política económica, social, de derechos humanos, guerrerista, negacionista del conflicto y del acuerdo de paz firmado con la insurgencia?

 

[1] Joven que fue impactado con varios disparos por haberle propinado un puntapié a una moto policial, como lo registran videos que muestran al efectivo accionando su arma.

Los datos referenciados son de: https://twitter.com/Coljuristas/status/1388577837276348418?s=20

 Texto adjunto

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