El domingo entrante, el 1° de julio de 2012, elegiremos al próximo presidente de México para el periodo 2012-2018.  También renovaremos al Congreso de la Unión de la siguiente forma: 500 diputados (300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional), 64 senadores (32 de primera minoría y 32 de representación popular) y además habrá 15 elecciones locales y dos extraordinarias en las que se elegirán siete gubernaturas, 15 congresos estatales y el 72 por ciento de los municipios.  Los estados que renovarán gobernador son Chiapas, Distrito Federal (jefe de gobierno), Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Yucatán.
 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca el carro completo, es decir, recuperar la presidencia de la República, la mayoría en el Congreso de la Unión y las gubernaturas en disputa.  Además, pretende un amplio margen de victoria y evitar con ello una reedición del 2006.  Para lograr lo anterior ha intentado proyectar la imagen de un nuevo PRI, una vez entendido que los ciudadanos mexicanos buscaron el cambio en el 2000, beneficiando en ese entonces con su voto a Vicente Fox Quesada, del Partido Acción Nacional (PAN).
 
La primera elección presidencial del siglo XXI fue importante porque además de dar término a un régimen de más de 70 años presentó una campaña moderna con un uso de la mercadotecnia política que rompió los esquemas en México.  El expresidente de Coca Cola en México se hizo al panismo y supo imponerse como el candidato a base de un liderazgo campirano, con un discurso franco y altanero que trajo frescura ante las costumbres de la clase política.  Fox se supo vender como un producto acorde con las tendencias mercadológicas del momento.
 
Pareciera que en este 2012 el PRI ha aprendido la lección y tiene un proyecto similar para el proceso electoral que está a escasos días de culminar.  Sabedores que su pasado es su debilidad, quienes influyen en las decisiones del PRI buscaron un nuevo rostro para su partido, que debía ir de la mano de un candidato en esa tesitura.  Enrique Peña Nieto, un hombre joven, fue el elegido y junto con él un plan bien pensado para recuperar la silla presidencial.
 
Hoy sabemos que detrás de ese plan existe una alianza con la principal empresa televisora del país, Televisa, para hacerse cargo de la proyección de la imagen deseada.  Desde que Peña Nieto gobernaba el Estado de México hubo contratos con la televisora a fin de dar a conocer sus logros y callar sus fallos.  Por ser un tipo bien parecido -que raya en el estereotipo de metrosexual-, por haber contraído matrimonio con la actriz Angélica Rivera y por sus constantes apariciones en revistas del jet set, parecía un candidato tipo vanidades que contaba con una preferencia electoral por arriba del 50 por ciento desde antes de ser ungido como el candidato de su partido.
 
En 2005 la revista Proceso detalló la alianza Televisa-Peña Nieto, cuando éste era gobernador del Estado de México.  Siete años después retoma el tema el periódico británico The Guardian.  El 8 de junio el rotativo publicó un conjunto de documentos de 2005 que supuestamente detallaban la venta por parte de la cadena de cobertura favorable a ciertos políticos, entre los que estaba incluido Peña Nieto, mientras se desprestigiaba a otros, principalmente a López Obrador.  Este 27 volvió a afirmar que una unidad secreta de Televisa estableció y financió una campaña a favor de Peña Nieto.
 
El PRI decidió aliarse con el PVEM (Partido Verde Ecologista de México) y el Panal (Partido Nueva Alianza) y conformar así la coalición Compromiso por México.  Sin embargo, para contar con un rostro nuevo, la presencia de la maestra Elba Esther Gordillo, fundadora del Panal y líder vitalicia del sindicato de maestros, esto resultaba una contradicción que podría costar caro a la idea original, puesto que la expriista tiene muchos enemigos en su otrora partido y representa una figura de cacique sindical.  De tal modo, se decidió romper con el Panal el 19 de enero de este año, pero no en todos los casos; persistieron alianzas entre ambos partidos en elecciones locales y para legisladores en algunos estados.
 
A la vieja usanza, exservidores públicos priistas estaban listos para incorporarse a la campaña de Peña Nieto o de asegurar un lugar como diputados o senadores y conseguir así la ansiada inmunidad política. Pero en una medición de los posibles daños no fueron nombrados exgobernadores priistas como Fidel Herrera, de Veracruz; Humberto Moreira, de Coahuila; ni Mario Marín, de Puebla.  Se ha cuidado evitar escándalos por corrupción u otras actividades ilícitas de viejos cuadros priistas.  Sin embargo, sí continúa un candidato a diputado con enriquecimiento inexplicable y se trata del líder del sindicato de trabajadores del petróleo, Carlos Romero Deschamps, quien dejó de aparecer en los mítines de apoyo a Peña Nieto, con tal de evitar la foto de priistas de viejo cuño con el rostro nuevo.
 
La campaña electoral del PRI ha sido impecable y Peña Nieto un candidato muy disciplinado, quien gracias a su popularidad ha sorteado dificultades como el no ser un político letrado expuesto en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en diciembre pasado, o que no supiera cuál es el salario mínimo en México o el precio de la tortilla.
 
Su amplia ventaja de alrededor de 15 puntos porcentuales desde el inicio de la contienda electoral daba la impresión de que todo estaría decidido para el 1° de julio, que sólo le haría falta al PRI asegurar la mayoría de los diputados y senadores para poder modificar a modo a las leyes y emprender así las estructuras que considere necesarias para el país.  Hablamos de restaurar el viejo régimen con un presidente cuya fuerza iría acompañada de la mayoría de los legisladores.
 
¿Cuál parecía la principal amenaza al proyecto priista?  Una oposición fuerte que sólo se veía posible en una alianza PAN-PRD.  Esto tuvo algunos ensayos como en Oaxaca, donde la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso comprendía los partidos PAN, PRD (Partido de la Revolución Democrática), PT (Partido del Trabajo) y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) y que derrotó al PRI, eligiendo como gobernador a Gabino Cué Monteagudo.  Pero la posibilidad de una alianza para las elecciones federales se vio truncada en el Estado de México, donde no se reeditó la experiencia aliancista y el PRI retuvo el poder con Eruviel Ávila.
 
Las campañas electorales parecían no animar al electorado y junto con el alto abstencionismo registrado en las elecciones locales e intermedias para legisladores crecía la posibilidad de un alto abstencionismo para esta elección presidencial.  Pero un actor irrumpió en el escenario y ha animado el proceso electoral: el viernes 11 de mayo Enrique Peña Nieto fue abucheado por estudiantes de la Universidad Iberoamericana y le recriminaron su relación con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos en el municipio de San Salvador Atenco, así como los feminicidios durante su mandato en el Estado de México.
 
Quien pareciera intocable, de la noche a la mañana fue vulnerable, gracias a los estudiantes.  La ríspida reacción del presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, produjo la solidaridad de otros estudiantes, sobre todo del ITAM y la posterior conformación del movimiento #yosoy132 –pues se decía que el aforo de la ibero era de 131 estudiantes.  Esta movilización estudiantil se ha convertido en la primera en México en contra de un candidato presidencial.  A su vez ha tenido una coordinación por las redes sociales nunca antes visto en el país y por si fuera poco ha dado en el clavo al oponerse a la manipulación e imposición de un candidato por parte de una televisora y señalar que no existe un nuevo PRI.
 
Muchas de estas denuncias ya habían sido expresadas, sobre todo por Andrés Manuel López Obrador, candidato de la alianza Movimiento Progresista (compuesto por el PRD, PT y MC), pero gracias a estos jóvenes los escépticos a López Obrador tuvieron interés en sus denuncias y también muchos ciudadanos voltearon a ver con nuevos ojos el proceso electoral, hasta pensar que el abstencionismo rondará el 40% del electorado y no más como se esperaba.
 
Un aspecto más que encendió los focos rojos en el PRI fue la encuesta de Reforma publicada el 31 de mayo pasado, en que ponía a López Obrador en segundo lugar de las preferencias electorales, por vez primera arriba de la panista Josefina Vázquez Mota y a tan solo 4 puntos porcentuales de Peña Nieto.  Parecía que se lograba lo impensable desde finales de 2011: una elección cerrada.  Esto desató una guerra sucia contra López Obrador al estilo del 2006.  Ha sido la única encuesta cerrada y el mismo Reforma ya publicó una más donde nuevamente hay una diferencia de alrededor de 13 por ciento.
 
El detonante para avivar las campañas electorales fue el movimiento #yosoy132; la confirmación de que las cosas venían cambiando, la encuesta de Reforma del 31 de mayo; la reacción más visible, la guerra sucia, el torpedeo contra López Obrador.
 
Si bien es difícil creer que realmente vaya a haber una elección cerrada, se están dando las condiciones para que los resultados sean impugnados.  Y es que sí ha habido visos de iniquidad en las campañas electorales y se han presentado denuncias de probable compra y coacción de votos a través de sindicalistas del magisterio y ferrocarrileros enrolados como observadores electorales.  Se publicó un video en youtube de una bodega de la Secretaría de Educación de Veracruz llena de despensas y herramientas presuntamente para comprar votos a favor de los candidatos priistas.  El apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en esta operación confirmaría que el nuevo PRI mantiene prácticas nocivas para la democracia.
 
La edición última de la revista Proceso –la del 24 de junio- publicó que esto se trata de algo más que un caso aislado, es una estrategia de enorme envergadura denominada Ágora.  En ese plan se considera cubrir todas las casillas electorales con observadores electorales emanados de los sindicatos afines al PRI con un los propósitos de coaccionar o comprar los votos a favor del PRI, vigilar que esto se realice y manifestar que la jornada fue legítima o lo contrario en caso de perder la casilla. Ágora tiene un complejo análisis de fuerzas en cada distrito electoral y de acuerdo a las posiciones de los partidos se han determinado años atrás los pasos a seguir.  Si la oposición es más fuerte se ha comprado a los líderes tanto del PAN como del PRD para su causa con todo y simpatizantes.
 
Por último se ha calculado contar con al menos el 30 por ciento de los votos para garantizar el triunfo y la estrategia ha sido por medio de las pirámides en que una persona convence y asegura que otras diez vayan a votar y esas diez a su vez se compromenten –con pago de por medio- a hacer lo mismo.  Esto tiene un alto costo y recién se descubrió que hay un monto de 56 millones de dólares para tal efecto en una cuenta colocada en Monex y que distribuye el dinero en tarjetas tipo débito.
 
El PAN hizo la denuncia penal y demandó que congelen esa cuenta bancaria a fin de evitar la compra y coacción de los votos.  Pero el secreto bancario lo impide a menos que medie una orden judicial, misma que tardaría más allá del 1° de julio.  Lo que en cualquier otro país sería motivo de conflicto y crisis prelectoral, en México parece imposible hacer algo al respecto y sólo basta que los políticos nieguen que esto esté sucediendo.
 
Ante este escenario, sea cual sea el resultado de las votaciones habrá denuncias de fraude electoral y nos encaminaremos a un conflicto postelectoral, sin importar el margen de ventaja.  El movimiento antiPeña y crítico de la manipulación televisiva encontrará cauce en uno encabezado por López Obrador, apoyado por algunos sindicatos como el de los electricistas y la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), movimientos guerrilleros como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y por ciudadanos inconformes con la imposición.  La moneda está echada, podemos esperar el triunfo de Enrique Peña Nieto y la impugnación también.
 
Por Hugo Benítez Thomas, Director de Pulso de México.  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Publicado enInternacional
Ecuador no enviará más militares ni policías a la ex Escuela de las Américas
Quito, 27 de junio. Ecuador no volverá a enviar a sus militares y policías a Estados Unidos para que se capaciten en la antigua Escuela de las Américas, a la que cuestiona por violaciones de derechos humanos cometidas por varios de sus alumnos, anunció este miércoles el gobierno del presidente Rafael Correa.


El Ejecutivo “ha resuelto que no se va a enviar más oficiales o miembros de tropa ni de las fuerzas armadas ni de la policía” al ahora denominado Instituto para la Cooperación en Seguridad en América Latina, dijo ante la prensa el ministro de Defensa, Miguel Carvajal. Ecuador tuvo 116 alumnos en ese centro entre 2010 y 2011.


Esta decisión responde a “un clamor democrático por la historia que han tenido algunos ex oficiales” del centro de adiestramiento, de acuerdo con políticas articuladas “de defensa desde Estados Unidos, impuestas por ese país y que también estuvieron ligadas a acciones de violación flagrante de derechos humanos”, sostuvo Carvajal.


La decisión fue confirmada por el canciller Ricardo Patiño, quien citó dichos del senador demócrata estadunidense Martin Meehan, según los cuales “si la Escuela de las Américas decidiera una reunión de ex alumnos, reuniría a infames e indeseables matones del hemisferio”.


Entre esos personajes se recordó al general panameño Manuel Noriega y el argentino Leopoldo Galtieri, también general.
Carvajal y Patiño formalizaron el anuncio tras una reunión en el palacio de gobierno con el presidente Rafael Correa y el sacerdote estadunidense Roy Bourgeois, fundador del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas (SOAW, por sus siglas en inglés), que ha pugnado por poner fin a la emblemática escuela, proveniente de la época de la guerra fría en el continente.


“Es una escuela que ha causado sufrimiento a muchos países, y para nosotros en el movimiento el presidente Correa era una inspiración”, declaró Bourgeois.


El observatorio, en un comunicado, expresó su alegría de que se haya tomado en cuenta una recomendación, tras un informe en 2010 de la Comisión de la Verdad que investigó violaciones a los derechos humanos en Ecuador.


El 18 septiembre de 2009, Correa puso fin a un acuerdo que permitió a Estados Unidos controlar una base antidrogas en el puerto de Manta (sobre la costa del Pacífico) durante 10 años.


Con su decisión sobre la escuela, Ecuador se suma a países como Argentina, Uruguay, Bolivia o Venezuela, que cancelaron toda cooperación con el centro, que en los últimos años pasó también a formar a agentes policiales en la lucha contra el narcotráfico.


La Escuela de las Américas cambió de nombre en 1999, tras una votación de la Cámara de Representantes estadunidense, que pedía su cierre.

Afp

Publicado enInternacional
Egipto entre la revolución y la contrarrevolución
¿Por qué no dispararon? ¿Por qué el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (CSFA), después de muchas vacilaciones, acepta la elección como presidente de un dirigente de los Hermanos Musulmanes? Porque el Egipto posterior al 25 de enero de 2011 ha cambiado profundamente y porque ya no es posible el regreso al antiguo orden. Pero la lucha continúa y esta elección solo es una etapa de la larga transición emprendida desde el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak.


Durante interminables y asfixiantes jornadas, en un ambiente pesado, Egipto contuvo la respiración. Esperaba la proclamación de los resultados de la segunda vuelta de la elección presidencial, retrasados hora tras hora. Bajo un sol de justicia, a pesar de las dificultades de la elección, en orden y bajo la supervisión de los jueces, los electores depositaron sus papeletas en las urnas, muchos más que en la primera vuelta. El 17 de junio los colegios electorales permanecieron abiertos hasta las diez de la noche para permitir que todos pudieran cumplir su deber. Apenas hubo incidentes. El vencedor debía proclamarse oficialmente el miércoles 20 y los resultados que llegaron por la noche confirmaron que Mohammed Morsi, el candidato de los Hermanos Musulmanes apoyado por muchas fuerzas de la revolución, lo había conseguido. La asociación independiente «Jueces para Egipto» que supervisó el escrutinio (1) ratificó su victoria.


Sin embargo, rápidamente la atmósfera se espesó. El rival de Morsi, el general Ahmed Chafik, presentó recursos ante el Comité Superior de Control de la Elección Presidencial, el cual decidió aplazar la publicación de los resultados. Al mismo tiempo los medios de comunicación, dirigidos por las mismas personas de la época de Hosni Mubarak, volvían al rumor y la desinformación contando que los Hermanos rellenaron las urnas, perdieron y ¡estaban preparando un levantamiento armado! En realidad, la decisión ya no estaba en las manos de los electores ni en las del denominado comité de control, sino únicamente en el CSFA que intentaba medir las consecuencias de una victoria que había tratado de evitar. Puso todo su peso tras el general Ahmed Chafik, el último que desempeñó el papel de primer ministro de Mubarak. Ese militar forma parte de la camarilla de los hombres de negocios (y de los oficiales) que han explotado al país desde hace dos decenios; el 2 de marzo de 2011, durante un debate memorable entre Chafik, todavía primer ministro, y el escritor Alaa Al-Aswani, autor del inolvidable Edificio Yacobián, este último presentó muchos documentos que confirmaban la corrupción de Chafik, lo que le obligó a dimitir. Representante de lo que aquí se denomina «los fouloul», restos del antiguo régimen, los ci-devant, como se les llamó en la época de la Revolución Francesa, ha agrupado a su alrededor el «Estado profundo» que se agazapó en la sombra tras la caída del dictador y ahora lucha con energía para reconquistar todos sus privilegios. Todos aquéllos que no han olvidado nada ni han aprendido nada.


Por fin, tras largas vacilaciones, el CSFA tuvo que ceder el 24 de junio y se proclamó vencedor a Morsi, que anunció su dimisión de la Hermandad y del Partido Libertad y Justicia (PLJ) y afirmó su voluntad de ser el presidente de todos los egipcios. Por primera vez en la historia del Egipto republicano un civil se convierte en presidente. Para entender este cambio, basta con dar una vuelta por las calles de El Cairo y escuchar a los egipcios, en particular a los jóvenes: cualesquiera que sean sus opciones, no quieren que se confisque el poder, quieren expresarse, que se tengan en cuenta sus opiniones. Se trata de la generación de la revolución, la que se moviliza en todas las ciudades e incluso en los pueblos. La hora de las dictaduras militares ha pasado. Esos jóvenes que festejan la victoria de Morsi, algunos con máscaras de Anonymus, bailando ritmos endiablados, llevando en andas a un copto –con su gran cruz-, y se felicitan de la derrota del general del antiguo régimen, se parecen poco a hordas de barbudos dispuestas a arrasar el mundo civilizado.


Sin embargo, el pequeño margen de la victoria de Morsi, apenas un millón de votos, frente a un candidato que representa ese viejo régimen contra el que se alzó el pueblo a principios de 2011, dice mucho del rechazo que suscitan los Hermanos Musulmanes en una parte de la población y sobre las contradicciones de la transición en curso.


Los resultados de la primera vuelta de las presidenciales crearon un choque entre las fuerzas revolucionarias. Codo con codo, pero sin obtener ninguno más que alrededor de un cuarto de los votos, Morsi ligeramente en cabeza seguido del general Chafik. A continuación Hamdin Sabbah, candidato poco conocido, de tendencia nasseriana, consiguió más del 20% de los sufragios –como aquí nada es simple, él y su partido se aliaron con los Hermanos en las legislativas-. En cuanto al cuarto, Abul Futuh, obtuvo el 17,5% de los votos. En conjunto, los candidatos cercanos a la revolución, Sabbahi, Futuh y algunos más, consiguieron casi el 40% de los votos, pero se encontraron eliminados de la votación.


¿Cómo reaccionar? ¿Qué hacer en la segunda vuelta? Para el escritor Al-Aswani, crítico virulento de los integristas, la opción estaba clara: «No estamos con Morsi, apoyamos la revolución». Una posición que explicaba el editorial de Mostafa Alí (Last Call: Will the revolution or the counter-revolution write Egypt history», Ahram online, 22 de junio de 2012): «Trágicamente, algunas fuerzas favorables a la revolución describen erróneamente a una organización conservadora y vacilante como los Hermanos Musulmanes, que más de una vez han traicionado los objetivos de la revolución (y podrían volver a hacerlo en el futuro), como fascistas religiosos. Y de esta manera asimilan a esta fuerza, que se comprometió de manera oportunista con el antiguo régimen, al régimen actual que pretende destruir al conjunto de la revolución…»


El fantasma de un Estado teocrático impuesto por los Hermanos agobia a algunos. Sin embargo, para la mayoría de las fuerzas revolucionarias el ejército y el antiguo régimen, que mantienen el control de la mayoría de los mecanismos del poder, son las fuerzas a abatir, contra las que se creó un frente común el 22 de junio. Morsi está rodeado de partidos implicados en la revolución y de figuras simbólicas como Wael Ghonin o Al-Aswani, comprometidos en una plataforma común contra el CSFA y en particular contra sus decisiones en las semanas anteriores a la elección.


«Cometimos un gran error tras la caída del presidente Mubarak, el de dejar el poder en manos del CSFA». Era el 14 de junio y Abul Futuh, candidato fracasado a la elección presidencial, acababa de entenderlo: el Alto Tribunal Constitucional declaró ilegal la ley que permitió la elección del Parlamento, lo que supuso su disolución. Además abolió la ley que prohibía que las personalidades del antiguo régimen se presentaran a las elecciones, lo que autorizó al general Chafik a presentarse en la segunda vuelta de la presidencial, el 16 y 17 de junio.


En Egipto, ya lo dijimos, nada es sencillo. Durante esos días de crisis Hamdin Sabbahi efectuó la (pequeña) peregrinación –omra- a La Meca y se encerró en un prudente mutismo sin tomar posición por ninguno de los dos candidatos en liza. Marcado por su ideología nasseriana, le repugna criticar al ejército.


En cambio Abul Futuh, un exdirigente de los Hermanos Musulmanes, pretende crear un frente amplio contra los militares. Cumplidos los sesenta (un jovencito en el contexto político local), carismático, irradia una energía desbordante. Durante mucho tiempo presidente del sindicato de los médicos, ha estado en prisión varias veces a lo largo de los años. Marginado por la Hermandad, que le considera demasiado liberal, participó activamente en toda la epopeya de Tahrir y adquirió una gran autoridad, en particular entre los jóvenes Hermanos. Muy pronto anunció que se presentaría a la elección presidencial y se comprometió a un programa de reformas democráticas del país, un Estado civil, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de los ciudadanos, en particular con la autorización de que se pueda elegir a un copto presidente de la República. Ha agrupado a su alrededor una amplia coalición de tendencias y personalidades –uno de sus asesores es marxista- y además en la primera vuelta obtuvo el sorprendete apoyo de los salafistas, preocupados por una hegemonía de los Hermanos Musulmanes en el escenario político. En Egipto nada es sencillo.


Para Abul Futuh, como para muchas otras fuerzas, las opciones de la segunda vuelta estaban claras: el regreso al antiguo régimen con el general Chafik, o un paso adelante con la elección de un candidato civil y la lucha para «la caída del poder militar».


En las semanas previas a la elección presidencial, el CSFA lanzó una ofensiva para consolidar su control institucional. El 4 de junio, el ministerio de Justicia ratificó el derecho de los militares a arrestar y juzgar a los civiles. Tras la absolución, durante el proceso de Mubarak, de importantes cuadros del ministerio del Interior, los responsables de la muerte de cientos de manifestantes y numerosos policías acusados de haber disparado sobre los manifestantes fueron absueltos.


Tras el veredicto del 14 de junio, el CSFA recuperó el poder legislativo que había cedido al Parlamento y adoptó una declaración constitucional adicional que pone al ejército a salvo de cualquier «injerencia» de los civiles y limita el poder del futuro presidente. También se ha arrogado un derecho de fiscalización en la redacción de la futura constitución.


Mientras tanto, el Estado profundo ha continuado su actuación a favor del general Chafik, movilizando todos los medios que le quedan, y son numerosos: medios de comunicación complacientes –a menudo incluidos aquéllos calificados de independientes, en manos de hombres de negocios vinculados a los círculos del poder-, intelectuales del antiguo régimen, pensadores «liberales» movilizados contra la dictadura islámica, pero callados con respecto a la de los militares. Todas las mentiras, hasta las más descabelladas se han utilizado para desacreditar a los islamistas: en el Parlamento de Túnez habrían restablecido la poligamia; Morsi habría decidido privatizar la empresa del canal de Suez, símbolo de la independencia de Egipto desde que fue nacionalizado en 1956 por el presidente Gamal Abdel Nasser; los Hermanos habrían acumulado armas, querrían transformar el ejército sobre el modelo iraní, restablecerían el impuesto especial (jaziya) a los coptos, cerrarían los cines, los teatros, etc. Uno de los rumores más espectaculares, y que ha dado la vuelta al mundo: el Parlamento estudiaría una ley que permitiría a los hombres mantener relaciones sexuales con sus esposas en las seis horas siguientes a la muerte de ellas. Como en la época de Mubarak, u otros dictadores árabes, «nosotros o los islamistas» sigue siendo el lema de todos los ci-devant que pretenden mantener el orden establecido.


Hay que reconocer que la propaganda dio sus frutos: en la segunda vuelta, más de 12 millones de egipcios votaron por un candidato del antiguo régimen a pesar de que no son partidarios, ni mucho menos, de una vuelta atrás. Los Hermanos Musulmanes tienen su parte de responsabilidad, como lo demuestran sus resultados electorales: mientras que Morsi obtuvo en la primera vuelta 5,7 millones de votos, su partido recolectó casi el doble en las elecciones legislativas de finales de 2011-principios de 2012.


La Hermandad paga sus errores y sus vaivenes entre la revolución y el ejército. Fuertemente reprimidos bajo el régimen de Mubarak, los Hermanos no empezaron a participar en las manifestaciones hasta el 28 de enero de 2011, tres días después de que empezaran, aunque sus militantes más jóvenes estuvieron al pie del cañón desde las primeras horas. Desempeñaron un papel activo en el pulso que enfrentó a la calle con Mubarak y contribuyeron ampliamente, en nombre de su organización, a la resistencia frente a las ofensivas de la policía.


Tras la caída del rais esta organización, básicamente de orientación conservadora, buscó un terreno de entendimiento con el CSFA. Se disoció de los jóvenes manifestantes, en particular en noviembre de 2011, cuando los enfrentamientos con el ejército en El Cairo causaron cuarenta muertos. Los Hermanos, deseosos de que se celebrasen las elecciones legislativas a cualquier precio, denunciaron «actuaciones irresponsables», lo que muchos jóvenes no les han perdonado.


Después de lograr una amplia mayoría en el Parlamento, han demostrado una voluntad de hegemonía que les ha restado muchas simpatías. Y la decisión, a pesar del compromiso anterior, de participar directamente en la elección presidencial, reavivó los temores. Fahmi Howeidy, un editorialista respetado de tendencia islamista, cuyos artículos se publican en todo el mundo árabe, criticó duramente esa entrada en la batalla presidencial. Pero piensa que las responsabilidades de los atascos del período anterior son compartidas: «En el Parlamento, los liberales y los demás partidos rechazaron todas las propuestas de los Hermanos de presidir las comisiones. Apostaron al fracaso cuando la asamblea adoptó medidas positivas: reforma del bachillerato, cambio del estatuto de 700.000 trabajadores precarios, salario máximo, etc.» Para este periodista, en Egipto la batalla no enfrenta a laicos y religiosos, sino a partidarios del antiguo régimen y demócratas.


Al aceptar el 22 de junio la creación de un frente con las fuerzas revolucionarios, los Hermanos tomaron nota de su aislamiento. Se han comprometido a luchar contra el poder militar, en particular exigiendo la abolición de la declaración constitucional adicional y la vuelta del Parlamento elegido. Ahora que su candidato es el presidente, ¿no intentarán entenderse otra vez con el CSFA? ¿Cuál será el modelo de redacción de la nueva constitución? Las preguntas siguen ahí, pero en cualquier caso el 24 de junio marca una etapa importante en la historia de Egipto y en la liquidación del antiguo régimen, en particular del dominio sobre la economía de una banda de corruptos.


Por Alain Gresh
Le Monde diplomatique


Traducido para Rebelión por Caty R.


Nota

(1) Ahram online , 20 de junio de 2012.


Publicado enInternacional
Jueves, 28 Junio 2012 06:45

Evo acordó con los amotinados

Evo acordó con los amotinados
El motín policial se terminó en la madrugada de ayer, cuando se firmó un acuerdo con el gobierno nacional para regresar al trabajo. Los uniformados, que exigían un sueldo mínimo de 2000 bolivianos (300 dólares), se conformaron con 1545 bolivianos y el compromiso de que no los enjuicien por haber roto algunas cosas y lugares durante su movilización de seis días. En conferencia de prensa, el vicepresidente, Alvaro García Linera, denunció que en Bolivia hubo un “apresto de golpe de Estado”. A horas de levantar su medida de fuerza, la policía arrojó gases a la marcha indígena recién llegada a esta ciudad para exigir al presidente Evo Morales respeto por sus derechos.


“Son seis elementos materiales, no inventados, sino materiales, de ruptura del orden interno, de ruptura del funcionamiento institucional de la democracia en nuestro país. Por eso la denuncia contundente (del gobierno): están aprovechándose de una demanda legítima de carácter económico de la policía; hay políticos infiltrados que quisieron llevar esto hacia fases escalonadas de golpe de Estado contra la democracia”, dijo el vicepresidente en referencia a Unidad Nacional (UN) y el Movimiento Sin Miedo (MSM), partidos minoritarios y opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS).


“Hay una victoria contundente de movimientos sociales y del ciudadano de a pie, que con su autorregulación han derrotado al apresto golpista”, aseguró García Linera. Para el vicepresidente, se rompió el orden democrático cuando los policías empezaron a hablar entre ellos sobre un aumento salarial. “Las personas que forman parte de las instituciones de coerción no pueden deliberar, porque convertirían su poder coercitivo legal en poder político por encima del resto de los ciudadanos. Al deliberar rompieron la convivencia democrática”, aclaró.


La toma de instituciones policiales en todo el país y las protestas de los policías en las calles, que impidieron el funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Cancillería, serían los elementos dos y tres para García Linera. “Se ha tirado dinamita a la puerta de la Asamblea Legislativa y del Palacio de Gobierno. Eso sucedía en tiempos golpistas”, dijo como cuarto signo de que en Bolivia se preparaba un golpe de Estado.


Como quinto indicio, enumeró la parálisis del sistema financiero, porque no había policías que vigilaran los bancos, por ejemplo. Como sexto elemento, mencionó las conversaciones por radio –que habría grabado el gobierno– entre los amotinados, quienes habrían expresado ganas de hacer bombas molotov, de matar “plomos”, como les dicen a los soldados, y hasta al ministro de Gobierno, Carlos Romero, con quien firmaron el acuerdo la madrugada de ayer.


La oposición rechazó la denuncia del vicepresidente. “Si hubiera verdaderos indicios de golpe de Estado, de acciones contrarias a la estabilidad democrática, todo el país las rechazaría, el Movimiento Sin Miedo en primer lugar”, dijo Juan del Granado, jefe de este partido, ex aliado electoral del MAS y ahora acusado de golpista por el gobierno de Morales.


El acuerdo de la policía con el gobierno tiene 10 puntos. El más importante es el incremento de 100 bolivianos (14 dólares) al salario básico de los agentes del orden. También se ganaron la doble dotación de ración seca al año (arroz, azúcar y harina), la revisión de la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, la creación de la Defensoría de la Policía (“para la defensa de los derechos del policía”, dice el convenio) y la conformación de una comisión que se encargará de buscar recursos para que cada uniformado se jubile con el ciento por ciento de su sueldo. “El acuerdo se hizo pensando en el pueblo de Bolivia, porque ya era hora, pues la población estaba desprovista de servicios de seguridad”, dijo la sargenta Esther Corsón, representante de los que estaban amotinados.


A pocas horas de levantada su protesta, la Policía Nacional demostró lealtad a sus superiores con la llegada a esta ciudad de la Novena Marcha Indígena Originaria, que pide respeto a los derechos de los pueblos indígenas y, fundamentalmente, que el gobierno no haga construir una carretera por medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). La fuerza impidió a los marchistas ingresar a la plaza Murillo, kilómetro cero del país, y lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos. Anoche, los indígenas evaluaban qué hacer ante este panorama.

Publicado enInternacional
Egipto: primer gobernante civil desde hace 7000 años y "¿fórmula paquistaní?"
Desde la defenestración del sátrapa Hosni Mubarak, hace 16 meses, la "revolución de las pirámides" ha sido secuestrada por microgolpes de Estado que no se atreven a pronunciar su nombre por la junta militar, la cual se ha enfrascado en una viciosa cuan intensa lucha con los Hermanos Musulmanes –la nueva estrella regional ascendente en todo el Medio Oriente desde Gaza, pasando por Jordania, hasta Siria–, bajo la teatralidad de una democracia controlada (ver Bajo la Lupa, 20/6/12).


La lucha por el poder entre la casta militar, otrora heroica, y los civiles, de religiosidad omnímoda aglutinados por los omnipotentes Hermanos Musulmanes y los salafistas (de lectura integrista coránica más estricta), quedó definida a corto plazo, con tácita bendición de Estados Unidos: los militares gobiernan y los Hermanos Musulmanes reinan, en un equilibrio precario, pero aceptado por los actores en juego, que quizá se irá acentuando y asentando en el sentido de la "fórmula paquistaní", otrora exitosa, de reparto de poder y delimitación de sus esferas de influencia.


La narrativa "occidentaloide", que flagela y desfigura a Medio Oriente en su prisma subjetivo para sus primarias necesidades geopolíticas de control regional, vende la idea de que el flamante presidente civil adscrito a la cofradía de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi –ingeniero formado en la Universidad de California, con dos de sus cinco hijos de nacionalidad estadunidense–, constituye el quinto presidente "republicano" desde la caída de la monarquía (con cuatro previos de origen militar).


Mas allá de sus caracteríscas singulares, los cuatro anteriores presidentes "republicanos" debieron su asunción presidencial a su genealogía militar, cuando las elecciones eran un mero trámite.


En términos estrictos y una relativa elección competida, entre Ahmed Shafik –representante del ancien régime, el general de aviación ex primer ministro de Mubarak– y el candidato de los Hermanos Musulmanes, se pudiera aducir que Mohamed Mursi representa el primer gobernante civil libremente elegido desde hace 7 mil años en las tierras faraónicas.


No es poca cosa, y quizá el Medio Oriente se encuentre ya en un punto de inflexión histórico cuando las castas militares, con su séquito pestilente de sus mukhabarat/istikhbarat (sus servicios secretos torturadores con la anuencia farisea de Estados Unidos), sean obligadas a ceder parte de su poder y/o a coexistir, al estilo quizá caduco de la "fórmula paquistaní" (de equilibrio militar/civil hoy contaminado por un tercer factor inesperado: el judicial), con la nueva estrella en el firmamento geopolítico regional: los Hermanos Musulmanes, lo cual conviene al "redireccionamiento" posmoderno de Estados Unidos y Gran Bretaña (presunta creadora de la cofradía de los Hermanos Musulmanes hace 84 años, si hacemos caso a las reseñas acuciosas de Thiery Meyssan, director de Réseau Voltaire).


A juicio del analista Rami Khouri (The Daily Star, 23/6/12), en un artículo muy severo –un tanto cuanto de corte prismático occidentaloide–, lo que sucede en Siria y Egipto definirá a Medio Oriente: "la característica política central del moderno mundo árabe desde su creación después de la Segunda Guerra Mundial: la lucha entre oficiales militares y políticos civiles por el control de las instituciones de gobierno".


Christain Merville, de Le Point (26/6/12), después de reseñar la forma "accidentada" en la que accede al poder Mohamed Mursi, coloca en relieve la voluntad de "acomodamiento" del flamante presidente islámico con el ejército, pese al ostentoso cuan estruendoso golpe de Estado una semana antes, que disolvió al Parlamento recientemente elegido donde goza(ba) de mayoría el binomio religioso Hermanos Musulmanes/salafistas.


El mariscal Hussein Tantawi, mandamás de la junta militar, se dio el lujo de exhibir un mínimo de decoro democrático al felicitar al presuntamente raptado y triunfador en las urnas, aunque en forma extrañamente apretada, lo cual provocó el júbilo pirotécnico de los fieles congregados en la legendaria plaza Tahrir, donde fueron relegados al ostracismo los "otros civiles", de corte más laico (v. gr. Movimiento 6 de Abril), quienes iniciaron la revolución hoy doblemente secuestrada tanto por la junta militar como por los Hermanos Musulmanes, quienes, a juicio de la revista francesa, concretaron acuerdos subrepticios "por lo menos en la forma, si no en el fondo".


¿Padecen los Hermanos Musulmanes el "síndrome de Estocolmo" frente a sus victimarios militares?


Si los redireccionamientos geopolíticos son inequívocamente unidireccionales (en beneficio de la "oculta" agenda geopolítica de Estados Unidos), los acomodamientos domésticos serían múltiples y variados cuando el original candidato multimillonario de los Hermanos Musulmanes, Kheirat Al-Shater –muy cercano a Estados Unidos y quien fue obligado a ceder su lugar a Mohamed Mursi por el equivalente y ambivalente "IFE egipcio"–, pregona abiertamente el modelo neoliberal, que no necesariamente embona con la ideología más solidaria y colectiva de la cofradía, donde la caridad islámica juega un papel determinante.


Son tiempos de ajustes a los niveles local y regional.


Por constituir la mayor población del mundo árabe (alrededor de 25 por ciento) y su mejor ejército, lo sucedido en Egipto, dotado de una privilegiada ubicación superestratégica, puede ser definitiorio para el resto de la umma, la "comunidad de los creyentes", que ve el segundo ascenso al poder de los Hermanos Musulmanes (antes vino Gaza con Hamas). ¿Cundirá el "efecto dominó" de gobiernos de los Hermanos Musulmanes en Siria y Jordania/Cisjordania?


Los multimedia iraníes reportaron que Mohamed Mursi "reconsidera" la firma del tratado de paz con Israel (muy impopular) y la reanudación de relaciones con Irán para "crear un nuevo equilibrio estratégico" en Medio Oriente, lo cual ha sido vigorosamente desmentido por el portavoz del flamante presidente islámico sunita de Egipto. No suena ilógico, pero mucho dependerá de la bidireccionalidad entablada entre la junta militar (que depende de una ayuda sustancial anual de Estados Unidos) y los Hermanos Musulmanes.


Naharnet (25/6/12), portal libanés de corte liberal, aduce que Mohamed Mursi deberá cogobernar con el ejército: "goza de una legitimidad electoral sin precedente" (nota: más aún si se agrega el control del Parlamento disuelto por la junta y cuyo destino sigue en al aire), pero "su liderazgo será acotado por los poderes atrincherados (sic) de los militares". Naharnet considera que esta situación –la fase más importante de la transición– "podría llevar a periodos alternos de compromiso y tensión entre los Hermanos Musulmanes y el ejército".


En caso de ser real, el 48.2 por ciento que descolgó el general de aviación y ex primer ministro de Mubarak, Ahmed Shafik, exhibe que el “ancien régime” no está liquidado y goza de un exquisito margen de maniobra al atraer al segmento "laico" (whatever that means, en un entorno respetablemente islámico) y, sobre todo, a la minoría agazapada de los cristianos coptos (10 por ciento de la población y la más numerosa de todo Medio Oriente).


Profiera lo que profiera la propaganda "occidentaloide", los cristianos del Medio Oriente –desde Irak, pasando por Siria/Líbano, hasta Egipto– son y/o serán los grandes perdedores teológicos debido a los juegos geopolíticos de los paganos hipermaterialistas del Atlántico Norte, con travestismo "cristiano", quienes empujan el ascenso islámico para desestabilizar las importantes poblaciones musulmanas de sus rivales del RIC (Rusia, India y China).


Publicado enInternacional
Martes, 26 Junio 2012 07:15

El nuevo golpismo en América latina

El nuevo golpismo en América latina
La destitución del ex presidente Fernando Lugo en Paraguay ya es un hecho. En los últimos años fueron varios los intentos infructuosos de juicio político para sacar al presidente electo. La Constitución paraguaya heredada permitía esta maniobra sin explicitar ni reglamentar cómo proceder en este caso. Las muertes de Caraguaty fueron instrumentalizadas para abrir el proceso de destitución de Lugo. El Congreso y el Senado dominados por los partidos tradicionales Colorado (derechista) y Liberal (centroderecha) hicieron la demanda y la sentencia en tiempo record. El jueves pasado, el Partido Liberal acordó retirar el apoyo al presidente, y respalda la maniobra colorada de juicio político reglamentada instantánemente. En tiempo record, el Senado fue convocado para dictar una ya sentencia anunciada acusando políticamente al presidente por “complacencia con la agitación agrícola y fomentar la lucha de clases”. En total, menos de 36 horas para derrocar a Lugo y sustituirlo por su vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal, y fiel a los poderes económicos del país.


Los gobiernos progresistas en América latina comparten, con diferentes grados e intensidades, una agenda regional “posneoliberal” de recuperación de soberanía nacional e integración regional, inclusión de las mayorías subordinadas y lucha contra la pobreza y las desigualdades. Se trata por lo general de Ejecutivos salidos de crisis políticas prolongadas y que llegan al poder como catalizadores de una esperanza de las clases subalternas, en una relativa dicotomización de las opciones políticas. No obstante, esta irrupción plebeya se topa de inmediato con la resistencia de lo que podemos llamar “contrapoderes oligárquicos” en el Estado: las instituciones de carácter contramayoritario, la estructura liberal heredada o los dispositivos de la sociedad civil que, a pesar de haber quedado en el pasado fuera del espacio formal de la política –o quizá precisamente por eso–, intervienen con un poder decisivo en su proceso, como es el caso de los medios de comunicación privados, las cámaras empresariales o diferentes gremios u organizaciones sociales. El Poder Legislativo a menudo funciona como caja de resonancia de la resistencia al cambio de las elites políticas tradicionales.


Enmarcados en esa conflictividad que se libra al interior del Estado como campo de disputa, se han producido en los últimos años diversos intentos de desestabilización, destitución y restauración oligárquica en varios países latinoamericanos: los intentos fallidos de Venezuela 2002, Bolivia 2008 y Ecuador 2010; los golpes exitosos de Honduras 2009 y Paraguay 2012. ¿Cuál es la lectura latinoamericana de estos golpes? Se trata de movimientos que modifican la geopolítica regional en plena transición mundial. La Comunidad Andina de Naciones (CAN) fue desintegrada gracias a la irrupción de la Unión Europea, que forzó la ruptura del bloque firmando tratados de libre comercio con Perú y Colombia. La derecha se alínea en la Alianza del Pacífico (Colombia, México, Chile y Perú), con quienes Estados Unidos tiene acuerdos bilaterales de libre comercio. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se quedó sin tanta energía después del golpe sufrido por Honduras cuando el presidente Zelaya decidió insertarse en ella. Esta ALBA más tenue también se explica por la preponderancia creciente del tándem Brasil-Argentina, muy centrados en la construcción de Mercosur.


La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se disputa la hegemonía en América latina hasta ahora en manos de la OEA. Y en medio de todo esto, Unasur, como gran árbitro regional y principal espacio de entendimiento. Este baile de acrónimos no es más que el juego geopolítico en el que cada país latinoamericano toma decisiones. Paraguay, como país inserto en condiciones desfavorables en la dinámica internacional, también tenía que revisar cómo dejar de ser un país aislado y dependiente, para pasar a ser un país soberano en conciliación con una integración regional más justa. Los poderes económicos paraguayos, muy concentrados en la agroexportación y en los oligopolios importadores, no estaban por la labor de ningún cambio de sus ventajas comparativas acumuladas originariamente. Por eso, no querían que Venezuela ni Ecuador entraran en el Mercosur. Tampoco Unasur como propuesta de la nueva arquitectura regional. El modelo de la oligarquía paraguaya no es el de la integración regional, sino el de los acuerdos comerciales típicos de una economía de base estrecha, que descansa en la exportación de la carne y soja y en la importación de la base material y financiera para el creciente consumo. Esto es, el conocido patrón de desarrollo desigual, exitoso para unos pocos y nefasto para las mayorías. El nuevo “golpismo blando” sigue un patrón que difiere de los golpes militares tradicionales, y en el que los poderes conservadores provocan o se aprovechan de situaciones de crisis a partir de las cuales alteran la correlación de fuerzas en el Estado para destituir al presidente, pasando por encima de la soberanía popular, pero relativamente dentro de la procedimentalidad institucional.


En estos procesos, la violencia reaccionaria nunca está ausente, pero juega sólo un papel auxiliar, comparada con el de los medios de comunicación empresariales como generadores de la narrativa de la crisis, de la representación del gobierno como “aislado” –pese a contar con un apoyo popular mayoritario pero invisibilizado– y de la conflictividad y el enfrentamiento, que requerirían una “restauración conservadora” de la democracia, que ponga fin a su mal uso por mandatarios “populistas” y por una irrupción de masas siempre motivo de desconfianza. Los nuevos golpes se ubican en la tensión, al interior del Estado, entre la soberanía popular y sus vetos oligárquicos, y en la escala regional, entre integración soberana y subordinación internacional.


Por Iñigo Errejón, doctor e investigador en Ciencias Políticas en la UCM. Alfredo Serrano es doctor en Economía por la UAB. Ambos son miembros de la Fundación CEPS.
Publicado enInternacional
Egipto: sin constitución, parlamento... ni control
El Cairo. Un par de horas después que los partidarios de Mohamed Mursi festejaron con gritos de "¡Alajú Akbar!" la primera elección democrática de un presidente islamita en el mundo árabe, una joven cristiana egipcia se acercó a la mesa del café donde estaba sentado y me contó que acababa de ir a la iglesia.


"Nunca había visto un lugar tan vacío", me dijo. "Todos tenemos miedo."


Quiero decir que el discurso tranquilizador de Mursi, el domingo –CNN y la BBC pusieron mucho énfasis en su mensaje incluyente, porque encaja con la narrativa occidental sobre Medio Oriente (progresista, no sectario, etc.)–, fue un esfuerzo bastante raquítico, en el que el ejército recibió tantos elogios como la policía por la última etapa de la revolución egipcia.


Dicho en términos escuetos, Mursi se lanzará cuesta abajo en el camino a la democracia egipcia con latas amarradas a los pies, con temor y odio entremezclados entre los viejos mubarakitas y la élite empresarial y, desde luego, entre los cristianos, mientras los perros de ataque uniformados del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas seguirán socavando las potestades que todo presidente de Egipto debería tener. Carece de constitución, de parlamento y del derecho a comandar el ejército de su país.


Por supuesto, el tono amistoso con que Mursi se dirigió a Irán este lunes enfurecerá a las mismas bestias. Se dice que los sauditas metieron dinero en la campaña de la Hermandad Musulmana, y ahora se encuentran con un Mursi que sonríe al régimen chiíta que tanto detestan y sugiere que reanuden "relaciones normales". La Hermandad debe de estar contenta, por lo menos, de que el príncipe heredero Nayef –azote de ese partido y anfitrión del ex jefe de seguridad de Mubarak todavía en noviembre pasado– esté muerto y sepultado y nunca llegue a ser rey de Arabia Saudita.


Quien dude de los peligros por venir debe volver a leer la maliciosa cobertura de la campaña electoral en la prensa egipcia. Al Dastour afirmaba que la Hermandad Musulmana planeaba una masacre si Mursi ganaba, en tanto Al Fagr aseguraba que se proponía fundar un "emirato islámico" en Egipto. El novelista Gamal el-Ghetani comentó: "estamos viviendo un momento que podría ser similar al ascenso de Adolfo Hitler al poder", exageración que habría sido menos ofensiva si un tal Anuar Sadat no hubiera sido alguna vez espía de Rommel.


Sin duda, la Hermandad tiene que cuidarse. Saad Katatni, fugaz presidente del efímero parlamento democráticamente electo –al que el Consejo Supremo le rebanó la garganta la semana pasada–, ha estado insistiendo en que Egipto "no tendrá una guerra argelina", aun si el ejército se ha legalizado un poder casi exclusivo para los años por venir. Cuando los generales argelinos cancelaron la segunda ronda electoral, en 1991 –porque los islamitas habrían ganado–, encendieron una guerra contra sus enemigos políticos que produjo 200 mil muertos. "El pueblo egipcio es diferente y no está armado", dijo Katatni. "Libramos una batalla legal (sic) por los canales establecidos y una lucha popular."


Puede que los egipcios sean diferentes de sus primos de Argelia, pero que estén desarmados es una cuestión muy distinta. Y la Hermandad ha sido atraída, en palabras del periodista egipcio Amr Dalí, "hacia la red de trampas legalistas y procedimentales tendida por los militares".


Porque, al tiempo que el ejército ha cerrado el parlamento, asumido el control del presupuesto, producido una constitución provisional en la que despoja a Mursi de la mayoría de los poderes y reintroducido la ley marcial –sin olvidar el incumplimiento de su promesa de dejar el poder luego de las elecciones–, un fenómeno extraño, pero no desconocido, ha reaparecido en Egipto: miedo al extranjero. Los anuncios de los servicios públicos, mubarakitas en su insensatez, llaman a los egipcios a cuidar lo que dicen enfrente de extranjeros. Cada vez más se considera que una cámara fotográfica en manos de un extranjero es un instrumento de espionaje. Cineastas egipcios reunidos en París han descrito cómo la explosión de "imágenes de creación popular" de la revolución del año pasado es borrada hoy, conforme crece el recelo.


Y la ley cívica es desdeñada en todo el país. En el delta del Nilo, por ejemplo, ha brotado una epidemia de construcciones ilegales en tierras agrícolas –5 mil en las semanas pasadas, según agricultores–, luego que el opositor de Mursi, el ex primer ministro Ahmed Shafik, dijo presuntamente que "quienes han construido casas en violación de la ley de tierras agrícolas serán indemnizados y se legalizará su situación". Puesto que la tierra cultivable se reduce cada año en el país, éste es, en palabras de un profesor egipcio de agronomía, "un crimen contra todos los ciudadanos".


Los "verdaderos" revolucionarios, los jóvenes de la rebelión del año pasado contra Mubarak, van a tener que conectarse con los egipcios pobres que votaron por Mursi y abandonar muchos de sus lemas. Fue el izquierdista tunecino Aviv Ayen quien dijo la semana pasada a un periodista egipcio que quienes llamaron "revolución del jazmín" al levantamiento en su país no se dieron cuenta de que los primeros revolucionarios tunecinos de Sidi Bouzid probablemente nunca habían visto un jazmín en su vida. Y hoy existen muchos egipcios que creen que jamás vieron una primavera árabe.


The Independent

Traducción: Jorge Anaya
Publicado enInternacional
La destitución de Lugo plantea un profundo dilema a Latinoamérica
La destitución de Fernando Lugo bajo un juicio político celebrado en el Senado el pasado viernes ha situado en un dilema a la comunidad internacional. Ni siquiera Lugo cuestionó que el juicio político está contemplado en la Constitución vigente desde 1992. Lo que sí interpretó como inconstitucional fue el reglamento con el que se desarrolló ese juicio y que solo le dejó un margen de apenas 24 horas para preparar su defensa. “Esto no ha sido un golpe”, ha dicho Federico Franco, hasta ahora vicepresidente del Partido Radical Liberal Auténtico (PRLA), que en la misma noche del viernes juró como presidente. Franco solo reconoció que el proceso se había realizado “un poquito aprisa”.


El exmandatario ha asegurado, por su parte, que no abandonará el país y que no teme por su integridad física, por lo que residirá en su domicilio particular, situado en la localidad de Lambaré. "Yo tengo un sentimiento de serenidad, de tranquilidad. Mantengo esta sana serenidad para entender lo que pasa y pedir coraje para poder cambiar y sabiduría para entender, saber hacer una lectura serena y política de lo que ha ocurrido en nuestro país", ha declarado a los periodistas que le esperaban en las inmediaciones de su domicilio, informa Europa Press. En este sentido, Lugo ha reiterado que su destitución fue "sin duda un golpe de Estado, un golpe parlamentario, un golpe a la ciudadanía y a la democracia".


Los ministros de Exteriores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) viajaron el viernes a Asunción para tratar de convencer a los congresistas paraguayos de que demorasen el proceso. Pero todo fue en vano. El miércoles la Cámara de diputados había aprobado enviar al Senado un libelo acusatorio y al día siguiente el Senado, convertido en tribunal, dictaminó su destitución con 39 votos a favor, cuatro en contra y dos ausencias.


Ahora, los miembros de Unasur deberán debatir qué medidas comerciales adoptarán con un país cuyo máximo dirigente no es reconocido como tal por la mayoría de sus vecinos. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró ayer que sólo reconocerá al Gobierno paraguayo que resulte elegido en 2013, en unos comicios “transparentes” y “democráticos”. En ese sentido se expresó también desde Bolivia Evo Morales. En Venezuela, Hugo Chávez, se refirió al juicio como “un golpe de Estado”, “igual al que le hicieron” en junio de 2009 al entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya y al que “trataron de hacer” en Venezuela en 2001. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha ido más lejos y, tras señalar que “no va a convalidar el golpe de Estado”, ordenó la retirada del embajador argentino destinado en Asunción. Y Brasil, después de condenar la destitución, ha llamado a consultas a su embajador en Asunción y ha anunciado que evaluará junto con sus socios del Mercosur y del Unasur las medidas para hacer frente a la "ruptura del orden democrático" en Paraguay. El Gobierno de Uruguay ha emulado a Brasil y Argentina, y también ha llamado a consultas a su embajador, Enrique Fischer, según informa Europa Press. El sábado también se pronunció la Organización de los Estados Americanos (OEA). Su secretario general, José Miguel Insulza calificó la salida de Lugo de "juicio sumario" y dijo que "aunque formalmente apegado a la ley, no parece cumplir con todos los preceptos legales del derecho a la legítima defensa".


Según informan medios locales, Lugo medita presentarse a las elecciones generales del próximo año, después de que el Senado paraguayo aprobara su destitución. "Cambiaremos de nuevo la historia con la ciudadanía democráticamente que creemos que esta mayoría que hemos tenido en el 2008 se va a volver a repetir" en 2013, ha esgrimido Lugo. "Tengo la posibilidad y creemos que es posible", ha apostillado.


Los seguidores de Lugo en Paraguay, entre quienes se encuentra el líder campesino de la Liga Nacional de Carperos, José Rodríguez, lo tienen muy claro: “Ante lo legal y lo legítimo, lo principal es que los actos que afectan a toda una nación tengan legitimidad. Y legitimidad es tener la aprobación de la mayoría de la población”. Con ese argumento, solo habría que tener en cuenta el resultado de las urnas que llevó a Lugo a la presidencia en 2008. Porque si se considera solo el número de personas que se congregó ayer en la plaza de Armas, el resultado sería muy pobre para Lugo.


Ante los posibles altercados que se podían producir tras la destitución de Lugo, el Ejército había apostado francotiradores en los edificios más altos de la Plaza de Armas. Pero finalmente, apenas se produjeron actos de violencia. Pocas horas después, el nuevo presidente liberal nombraba ya a los responsables de varios ministerios. Arrancaban así en Paraguay los preparativos para la campaña presidencial de abril de 2013. Esa campaña, según diversos analistas, fue el verdadero causante del juicio político contra Lugo. Aunque la causa oficial fue la muerte de seis policías y 11 campesinos en el desalojo de una finca el pasado 15 de junio, la mayoría de las fuentes consultadas indican que el verdadero motivo era el de controlar bien los resortes del poder durante la campaña y en la noche de las elecciones.


El propio Fernando Lugo declaró el jueves al canal venezolano Telesur que el verdadero promotor de su destitución fue el candidato del Partido Colorado Horacio Cartes. “Hay indicios serios y claros de que él [Horacio Cartes] está detrás [del juicio político]. Sabe que su candidatura no está prendiendo, no está creciendo”, dijo Lugo.


Cartes había aparecido en los papeles hechos públicos por Wikileaks vinculado al narcotráfico. El Departamento de Estado de EE UU le investigó en el marco de una operación denominada Corazón de Piedra, relacionada con el lavado de dinero. Su pasado es un secreto a voces en Paraguay. Él negó todas las acusaciones y ahora es el gran favorito para ganar las presidenciales de 2013. Mientras tanto, Federico Franco ejercerá de presidente. Aunque los países vecinos le nieguen la legitimidad.


Por Francisco Peregil (Enviado Especial) Asunción 24 JUN 2012 - 00:53 CET
Publicado enInternacional
Domingo, 24 Junio 2012 06:11

Evo negocia con los policías

Evo negocia con los policías
Los uniformados piden un salario mínimo de dos mil bolivianos, el equivalente a 300 dólares, cambios en la ley disciplinaria, una jubilación del ciento por ciento del último sueldo y la creación de una oficina de derechos humanos para policías.


El presidente boliviano, Evo Morales, dijo ayer que su gobierno atenderá las demandas de los policías de baja graduación que se amotinaron para reclamar mejoras salariales. Mientras, las fuerzas armadas salieron a las calles a prestar seguridad ante la ausencia de los huelguistas.


“Algunos policías tienen derecho de reivindicar, entendemos; se va a atender el reclamo”, dijo el mandatario en un acto público realizado en una comuna rural del departamento de Cochabamba. Morales, que no había hecho apariciones públicas desde que arribó de la cumbre Río+20, explicó que su gobierno incrementó los salarios de todo el sector público un 125 por ciento desde que él asumió la presidencia en 2006, pero evitó detallar los incrementos hechos al cuerpo policial. Los policías piden un salario mínimo de 2 mil bolivianos, el equivalente a 300 dólares, cambios en la Ley 101 de Régimen Disciplinario, una jubilación con el ciento por ciento en base a su último sueldo y la creación de una oficina de derechos humanos para policías.


En tanto, en La Paz, al menos tres mil policías salieron a protestar en la plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio Quemado, la sede del gobierno y el Congreso. La protesta no derivó en acciones violentas, a diferencia de lo que sí sucedió el viernes, mientras el gobierno y representantes de los amotinados encaran negociaciones que intentan poner fin al conflicto. En las negociaciones participan el ministro de Gobierno, Carlos Romero; el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez; y la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, además de los representantes de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Assclaspol), presididos por Edgar Ramos. Romero, a cargo de las conversaciones, anticipó que el gobierno no tiene intención de sancionar a los amotinados. Pero el fiscal general del Estado, Mario Uribe, anticipó acciones legales contra los huelguistas. Romero aseguró que “en este contexto” no se promoverá ninguna represalia contra los policías amotinados, a pesar de los hechos violentos registrados durante la semana.


En la ciudad de Cochabamba (centro) un numeroso grupo de policías y sus esposas llegaron hasta la Catedral para realizar una jornada de oración. En Santa Cruz de la Sierra (este) los policías se mantienen en los cuarteles y han instalado una vigilia en los alrededores de la cárcel pública de Palmasola a la espera de los resultados del diálogo, informó ayer la cadena de televisión ATB.


A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa informó que los militares “redoblarán su personal en las principales capitales del país con el patrullaje y vigilancia en las calles”. El suboficial Edgar Ramos, que participa en nombre de los policías en el diálogo con el gobierno, dijo que las autoridades ofrecieron un aumento de 200 bolivianos (30 dólares) al bono de seguridad ciudadana, “una propuesta que ya ha sido rechazada”.


El viernes, los policías de baja graduación saquearon las oficinas del Tribunal Disciplinario en La Paz. Todos los expedientes en esa oficina se sacaron a la calle, donde fueron quemados. En base a la Ley 101, ese tribunal procesaba a los policías por diversas faltas disciplinarias sin derecho a defensa. El motín sobrepasó los 20 cuarteles y comandos policiales en las diez principales ciudades del país: La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Tarija, Sucre, Trinidad y Cobija. El comando de Cochabamba, en el centro del país, también fue saqueado el viernes. Los uniformados ya habían tomado el jueves por la fuerza la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOP, antimotines), a media cuadra de la Plaza de Armas. La situación era tensa en las cárceles de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, las más pobladas del país, donde los uniformados estaban en emergencia, aunque mantenían la vigilancia sobre los presos. Los conflictos comenzaron el jueves, cuando unas 50 esposas de policías iniciaron una huelga de hambre, apoyando los reclamos de sus cónyuges. Las mujeres suspendieron luego la medida y se sumaron al motín La protesta provocó, entre otras cosas, que la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) determinara el viernes el cierre de bancos en varias ciudades de ese país que dejaron de tener seguridad policial. “Se ha tomado la determinación que en los lugares donde haya repliegue de la seguridad, se van a ir cerrando las oficinas. Oficina bancaria que no tenga seguridad, se cierra”, afirmó en ese entonces el presidente de Asoban, Marcelo Montero, durante una conferencia de prensa. Sin policías, los indígenas que rechazan una carretera por un parque ecológico en el centro de Bolivia se encontraban ayer a 30 kilómetros de La Paz; tras marchar cerca de 570 kilómetros desde la Amazonia, los nativos realizaron la segunda marcha en menos de ocho meses.
Publicado enInternacional
Sábado, 23 Junio 2012 07:24

Operación desgaste

Operación desgaste
El juicio político al presidente paraguayo Fernando Lugo y su destitución, concretada ayer por el Senado, es la culminación de una operación de desgaste que el Partido Colorado, el más poderoso de Paraguay y al que perteneciera el ex dictador (1954-1989) Alfredo Stroessner (1912-2006), inició el mismo día en que el ex obispo asumió el poder democráticamente, el 28 de abril de 2008. Con el 93 por ciento de popularidad acumulada como referente social de las organizaciones campesinas, Lugo había logrado el 40,82 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales, encabezando una heterogénea Alianza Patriótica para el Cambio (APC), cuya principal fuerza era el Partido Radical Liberal Auténtico (PRLA), al que pertenece el vicepresidente Federico Franco, quien ahora asumirá el mandato presidencial hasta abril del año próximo, cuando se realicen las elecciones que ya estaban fijadas desde el año anterior.


Más allá de que el enfrentamiento entre campesinos y policías ocurrido la semana pasada en Curuguaty (al nordeste del país), con un saldo de once campesinos y seis policías muertos, haya sido utilizado como argumento para el juicio político contra Lugo, vale recordar que la operación desgaste ya había incluido la amenaza del juicio político en 23 ocasiones anteriores y por los más diversos motivos. La mayoría de estas maniobras fueron propiciadas por el propio vicepresidente Franco, apartado políticamente de Lugo poco después de iniciado el mandato presidencial. Cuentan los allegados al ex obispo que sabiendo que contaba con los votos propios más los del Partido Colorado, en varias ocasiones el vice Franco fue hasta la sede del gobierno para amenazar a Lugo e intentar extorsionarlo con la amenaza del juicio político, con la única finalidad de obtener réditos para sí. Franco siempre quiso ser presidente y si no lo logró antes es porque los colorados no quisieron prestarse a la maniobra. Esto último no por ética ni por respeto a Lugo, sino porque tenían su propia estrategia de desgaste.


Precisamente, ésta es una de las incógnitas que se plantean frente a la repentina destitución forzada ahora. ¿Por qué el Partido Colorado cambió su estrategia habilitando el juicio político a menos de diez meses de prevista la elección presidencial en la que su candidato, el terrateniente y empresario sojero Horacio Cartes, aparece posicionado como seguro triunfador? Algunas fuentes en Paraguay indican que los colorados, muchos de los cuales poseen grandes extensiones de tierra, tuvieron temor de que los campesinos sin tierra, que vieron frustradas sus aspiraciones de una reforma agraria que Lugo prometió y nunca cumplió, avanzaran en la ocupación de territorios antes de la salida de la presidencia del ex obispo. En esa hipótesis, el enfrentamiento en Curuguaty (en la hacienda de Blas Riquelme, un terrateniente ligado al Partido Colorado) bien podría haber sido provocado para desatar el proceso de juicio político que culminó ayer con la destitución del presidente. En la transición, Franco será un presidente muy débil, sin apoyo popular y rehén de los colorados, sus principales opositores, que cuentan con mayoría parlamentaria.


La gestión de Lugo estuvo siempre atravesada por dificultades y trabas que, en primer lugar, provenían de la heterogénea fuerza que lo llevó al gobierno. Cada iniciativa lanzada desde el Ejecutivo fue sistemáticamente bloqueada en el Congreso con mayoría colorada y muchas veces con la complicidad de los propios legisladores supuestamente oficialistas. Propuestas como la reforma de salud o acerca de las radios comunitarias no pudieron sortear esa valla. Pero lo mismo ocurrió con las leyes de presupuesto o con la designación de embajadores propuestos por Lugo y que no lograron acuerdo legislativo. Por otra parte, el presidente destituido nunca contó con el aparato del Estado por ineficiente y corrupto, por una parte, y porque los colorados siguieron controlando las llaves y los resortes que se ocuparon de instalar durante sesenta años. Algunas investigaciones periodísticas anotan que el 30 por ciento de los funcionarios “de carrera” del Estado paraguayo expresa claramente su alineamiento con el Partido Colorado y todos ellos siguieron en funciones durante el período de Lugo.


Sin llegar a ser una justificación, lo anterior puede incluirse entre las explicaciones de por qué la mayoría de las promesas de campaña de Lugo no llegaron a concretarse. El gobierno de Lugo careció de gestión eficaz. El presidente se rodeó primero de colaboradores fieles aunque sin experiencia de gestión de gobierno y cuando esos hombres se fueron desgastando echó mano a dirigentes políticos de las fuerzas tradicionales, que no le garantizaron coherencia con sus propuestas de cambio social. Para ejemplo basta la última designación, de Rubén Candia, dirigente colorado y ex ministro de Nicanor Duarte Frutos (2003-08), como ministro del Interior, después de la matanza de Curuguaty. Por este camino, Lugo perdió también el apoyo de los movimientos sociales que lo impulsaron y que hoy se lamentan de su destitución, pero que carecen de capacidad política para enfrentar la maniobra institucional.


Y aquí está el otro frente a considerar. Si bien la APC, que llevó al gobierno a Lugo, fue una coalición débil y construida en torno de la figura carismática del ex obispo, todo hacía suponer que con Lugo en la presidencia, uno de los objetivos debería haber sido construir y consolidar una fuerza política propia cuya base más importante fueran los movimientos sociales y campesinos con más energía y perspectivas para el cambio. Tampoco esto ocurrió y eso permite la escena de casi soledad con la que Lugo llega al eclipse de su mandato.


Quizás hubo ingenuidad o impericia política en Lugo y sus colaboradores. La misma que hoy demuestran al expresar su sorpresa frente al golpe institucional. “No lo esperábamos, no estábamos preparados”, confían en voz baja y admiten que por esa misma razón no pudieron organizar la resistencia con movilizaciones masivas de campesinos hacia Asunción. Lugo dice que resistirá “desde algún lugar”. Mientras tanto, tristemente, una vez más, Paraguay queda a merced del Partido Colorado, que fue sostén del dictador Alfredo Stroessner.
Publicado enInternacional