A Santos se le acabó la Unidad Nacional y un bombazo lo sacude
Cuando hace más de veinte meses Juan Manuel Santos dio inicio a su gobierno, planteó un modelo político de Unidad Nacional para adelantar su gestión gubernamental. La fórmula se enraíza en el consociacionalismo, utilizado con cierto éxito en la época del Frente Nacional (1960-1974), para sobreponerse de la aguda violencia liberal-conservadora que produjo más de 500 mil muertos durante los años 50 del siglo XX.
 
La ingeniería política oficial se inclinó por incluir en el gabinete ministerial el mayor número de partidos/movimientos, con presencia en los eventos electorales que dieron forma al nuevo ciclo político del Estado colombiano. Sin admitirlo explícitamente, el propósito era corregir la excesiva polarización, interna y externa, propiciada por el caudillismo mesiánico de Uribe Vélez, quien potenció viejas facturas en la nación y acentuó rivalidades regionales/continentales, claramente inconvenientes para la estabilidad de la dominación liberal sobre el Estado y sus frágiles instituciones. El exceso ideológico (derechista, por supuesto) de Uribe, con su irritante discurso, no era sostenible por la perturbación que ocasionaba en los mecanismos de la compleja administración del poder político nacional.
 
En el gabinete ministerial quedaron representados todos los partidos del régimen dominante: la U (uribistas pura sangre y santistas), los conservadores, los liberales oficialistas, y con el paso de los días, se facilitó un cierto pluralismo en municipios y departamentos, complemento de la arquitectura gubernamental central, para que los verdes, progresistas, mira, pin, aico, polo y ais, accedieran a cargos de elección popular en alcaldías y gobernaciones. La oposición fue delegada, en el ámbito nacional, a un alicaído Polo Democrático, empantanado en descomunales escándalos de corrupción con recursos públicos distritales y en rudas luchas intestinas de facciones radicalizadas y desuetas.
 
No obstante, al discurrir el tiempo, cuando fue más notable la diferencia marcada por el "estilo político" de Santos, menos virulento e inclinado a cierta conciliación/consociacional, puesta en evidencia en la normalización de las relaciones diplomáticas con los países vecinos, particularmente con Venezuela y el Presidente Chávez, la rivalidad entre las facciones se incubó y paulatinamente se escaló, llegando a niveles explosivos con el destape de los focos de corrupción que comprometían claramente a prominentes funcionarios  del régimen de la Seguridad Democrática.
 
Y llegamos al día de hoy en que prácticamente la Unidad Nacional ha saltado hecha añicos por la abierta y activa oposición de Uribe Velez, quien hace un cuestionamiento feroz a cada una de las políticas del actual gobernante de la Casa de Nariño, en especial al supuesto abandono de la estrategia de seguridad contra los grupos guerrilleros y a las estrechas relaciones con Caracas. Santos es tratado de traidor por Uribe y sus más cercanos asesores.
 
Los hechos están mostrando un evidente debilitamiento del gobierno de Santos,reflejado en las encuestas y en su marcada incompetencia para atender situaciones extraordinarias, como los desastres ocasionados por las tres olas invernales ocurridas recientemente y por la degradación extrema de la salud de todos los colombianos, en la que el sistema neoliberal ha provocado una ruina sin antecedentes, por los eventos de corrupción y despojo de millones de pacientes.
 
A lo que se debe agregar las presiones desde el Poder Legislativo, en el que poderosos caciques regionales, aprovecha el río revuelto para diezmar al Ejecutivo.
 
Tenemos, entonces, un escenario de extrema anarquía en el "bloque dominante" de la derecha oligárquica colombiana. El saldo neto de las tensiones, rivalidades y pugnas intestinas dio al traste con la Unidad Nacional de Santos. No exagero si sugiero un "hueco negro" en la actual gobernanza , originado en la "revuelta" delirante del ex presidente Uribe, con su fuerte incidencia en el desempeño político/social de actores institucionales y privados que lo acogen con entusiasmo.
 
Curiosamente es en esas circunstancias en que ocurre hoy, 15 de mayo de 2012, día en que también entra en vigencia un TLC oneroso con los Estados Unidos y en el que se hace un debate legislativo de una estrategia constitucional para negociar la paz, una acción dinamitera que por poco elimina al señor Fernando Londoño Hoyos, un conservador recalcitrante de la entraña de Uribe Velez.
 
A pesar de que algunos destacados oficiales de la policía se han precipitado a señalar a las FARC como la autora del hecho, en una ciudad controlada centímetro a centímetro por los abundantes dispositivos militares estatales, ciertos analistas exploran la hipótesis de un evento derivado de la crisis que se está dando en el Ejercito (por las peleas entre dos de sus más altos comandantes) y  de los bruscos ajustes en la Policía (por la salida de Naranjo de la Dirección general), toda vez que existirían ciertos núcleos de tenebroso recuerdo interesados en provocar cáos para organizarse camino en las cúpulas de dichas instituciones.
 
Es una metodología con antecedentes en la historia reciente de Colombia. Un poco antes del inicio del segundo mandato de Uribe Velez en el 2006, el Ejercito propinó 4 golpes (desactivó un taxi-bomba en un parqueadero, dos carros bombas más en lugares críticos y una casa bomba en Ciudad Bolívar), sobre los que después se supo que eran "falsos positivos", organizados por varios altos oficiales del Ejercito que utilizaban desertores de la guerrilla, para demostrar eficiencia en el momento de zozobra.
 
¿Se estará repitiendo la historia de "falsos positivos", en esta lucha intestina que estamos presenciando, la cual tienen enfrentadas, prácticamente a bala, a la derecha y la extrema derecha por el control del Estado? ¿Propicia el derrumbe de la Unidad Nacional este juego macabro de grupos radicales de la extrema derecha que quieren pescar en río revuelto a punta de bombazos y atentados?. Son cuestiones sobre las cuales no es inútil reflexionar.
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Viernes, 18 Mayo 2012 06:58

Pepe habla así para que se entienda

Pepe habla así para que se entienda
El presidente uruguayo hizo uso de su habitual verborragia al referirse a los últimos hechos de violencia callejera en el país charrúa. José “Pepe” Mujica utilizó duros conceptos para dirigirse a los menores que delinquen, a quienes dijo que acabarán “como una rata de cárcel, en el mejor de los casos”, demostrando la preocupación de su gobierno por el incremento de la inseguridad. Durante una entrevista concedida al canal de televisión estatal VTV de Venezuela, Mujica afirmó que debe hablárseles a los menores delincuentes “en un lenguaje bien duro”, al tiempo que sostuvo que es necesario que sus familiares los aviven. “No seas gil, nabo de mierda. Vas a terminar como una rata de cárcel en el mejor de los casos”, fue el áspero mensaje enviado por Mujica a los jóvenes que delinquen, breve discurso emitido por el diario digital Ultimas Noticias y El País de Montevideo.


“Hay que decirlo así, en un lenguaje bien duro. Sos un gil, un abombado”, lanzó el presidente por televisión, vestido con una campera azul y una chomba blanca, y gesticulando con las manos en clara señal de reprobación. También señaló que “el trabajar para ir en cana, buscando un triunfo fácil, es la mayor estupidez”, y agregó que “hay que cuidar la vida, no regalarla”. El mandatario enfatizó que “aun en la más cruel sociedad capitalista no podemos someter a la juventud a esos avatares que estamos viendo en América latina. Los gurises (jóvenes) apresurados que quieren resolver la cosa con una (pistola) 45 y entrar a robar algo”.


La sociedad uruguaya está conmovida por el asesinato de Gastón Hernández, mozo de la tradicional pizzería La Pasiva, cuando delincuentes dispararon a sangre fría al ingresar al local para robar en la madrugada del último sábado. A raíz del asesinato de Hernández, de 34 años y padre de cinco hijos, miles de ciudadanos de Montevideo se movilizaron el último domingo a la sede del gobierno para reclamar políticas efectivas de seguridad. Al día siguiente, la policía capturó a tres menores de 17 años y a un adulto, de 19, todos sindicados como autores del crimen de Hernández. Uno de los menores confesó ser quien mató a la víctima porque “el mozo se movió” y “porque hay que disparar para que te respeten. Entramos y tiramos para que nos respeten. Después, todo queda más tranquilo”, dijo el joven delincuente.


La senadora Lucía Topolanski salió a fustigar esta semana la criminalización de la juventud que, según su criterio, realiza la oposición. En ese sentido, señaló que en Uruguay existen 300 menores infractores de una población carcelaria de nueve mil presos. La primera dama de Uruguay habló en esos términos el lunes después de que se instalara en la agenda mediática del país vecino, durante el fin de semana, una cruzada contra la inseguridad. El asesinato a sangre fría de un joven de 34 años, empleado en un restaurante montevideano, en una escena que fue tomada por las cámaras de seguridad del local y repetida hasta el cansancio por los canales de televisión había encendido la bronca de la opinión pública uruguaya.


La legisladora uruguaya culpó a la pasta base de cocaína, “que entró al Uruguay durante el gobierno de Jorge Batlle”, como uno de los factores que determinaron el incremento del delito y la violencia en el país vecino. De la manifestación convocada por las redes sociales participaron cerca de mil personas en Montevideo, que se concentraron frente a la sede del gobierno uruguayo para exigir medidas contra la inseguridad, tras el asesinato del empleado del restaurante La Pasiva. Los autoconvocados expresaron su bronca e impotencia ante lo que consideran un avasallamiento por parte de los delincuentes que operan en la ciudad. “¡Basta ya! Esto tiene que cambiar” y “Fuera Bonomi”, fueron algunas de las consignas, en alusión al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, responsable de la policía. Julio Bango, diputado del gobernante Frente Amplio (FA), también participó en la manifestación. Dijo que miles de uruguayos están estupefactos por los últimos hechos de violencia y que “está bien que la gente reclame niveles de convivencia que ha perdido”.
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Haití, entre el cólera y la parálisis política
Michel Martelly ha celebrado esta semana su primer año en la Presidencia de Haití como si se tratara del primer día. Apenas el pasado miércoles, el presidente haitiano, un antiguo músico muy popular, logró formar por segunda vez un Gobierno, tras superar un nuevo episodio de la crisis política que ha mantenido paralizada la reconstrucción de la isla, devastada en enero de 2010 por un terremoto que mató a unas 300.000 personas. A un año de su toma de posesión, medio millón de haitianos sigue viviendo en campamentos para damnificados. La epidemia de cólera, que estalló en octubre de 2010 y que ha causado la muerte de unas 7.000 personas, se sigue cobrando vidas. Y cientos de ex soldados armados han tomado los viejos cuarteles para exigir al presidente que cumpla su promesa de restablecer el Ejército, desmantelado en 2004 tras la caída del entonces mandatario Jean-Bertrand Aristide.


Michel Martelly era un cantante de kompa (música popular, mezcla de reggae, soka y merengue) cuando asumió la presidencia de Haití el 14 de mayo de 2011, bajo una carpa que hacía las veces de Parlamento, en medio de un apagón eléctrico. Era la primera vez en la agitada historia de Haití en que un presidente electo recibía el poder de manos de otro, también electo por el voto popular. Era el estreno político de Martelly y los haitianos lo llevaron hasta allí justo por el hartazgo de la política de partidos y por su carisma. Pero esa apuesta, sin embargo, no ha dado los resultados esperados


Desde que asumió el poder, Martelly se ha enfrascado en una guerra política con el Parlamento —que cuenta con una mayoría de diputados partidarios de René Preval, el anterior presidente— que ha paralizado a su Gobierno. Durante este primer año, nombró a cuatro primeros ministros y solo dos obtuvieron el visto bueno del Parlamento. El primero de ellos, el médico Garry Conille, asumió el cargo cinco meses después de la instalación del nuevo Gobierno y renunció en febrero pasado. Después de tres meses de vacío político, el miércoles tomó posesión como primer ministro Laurent Lamothe, ministro de Asuntos Exteriores, antiguo tenista y empresario de telecomunicaciones que ha hecho fortuna en África.


El presidente Martelly y su nuevo primer ministro tienen los mismos retos de hace un año. De los 650.000 haitianos que en mayo de 20011 aún vivían en campamentos para damnificados del terremoto, solo 150.000 han sido reubicados. La mayoría de ellos ha recibido dinero del Gobierno o de las alcaldías para desalojar las plazas públicas y los terrenos privados donde levantaron sus tiendas de campaña hace más de dos años.


Por otra parte, la epidemia de cólera que comenzó en octubre de 2011 y que ha matado a unas 7.000 personas, sigue cobrándose víctimas, aunque el Gobierno dice tenerlo todo bajo control. De acuerdo a cifras de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, los casos de cólera se cuadruplicaron en abril y se estima que este año podrían enfermar unas 250.000 personas más. “Se ha hecho demasiado poco para pensar que el cólera no iba a volver en 2012. Es preocupante que las autoridades sanitarias no estén mejor preparadas y que se aferren a mensajes tranquilizadores que nada tienen que ver con la realidad”, ha señalado al respecto Gaëtan Drossart, coordinador general de la misión de Médicos Sin Fronteras en Haití.


Por Maye Primera Miami 17 MAY 2012 - 19:51 CET
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La izquierda roja se transforma en “izquierda marrón”*
La izquierda latinoamericana es cada vez menos roja y cada vez más marrón. La afirmación es del sociólogo uruguayo Eduardo Gudynas. Según él, está quedando cada vez más claro que los gobiernos progresistas o de la nueva izquierda se apoyan en la explotación de materias primas para alimentar el crecimiento económico. Nos hemos vuelto proveedores de materias primas para la globalización, acota él. Se rompe así el diálogo con el movimiento verde y la izquierda roja se transforma en marrón, destaca el sociólogo. El rojo, color simbólico de la lucha socialista, se subordina a la lógica del gran capital y, asumiendo el modelo extractivo –primario exportador– provoca grandes impactos negativos en el medio ambiente. Marrón es una referencia a los cráteres a cielo abierto, consecuencia de los megaproyectos que están en curso en todo el continente.
 
El modelo extractivo patrocinado por los gobiernos de izquierda y, también, por los de derecha en América Latina es definido por el escritor Raúl Zibechi como “apropiación de los bienes comunes, directa o indirectamente, para transformarlos en mercancía”. El sociólogo venezolano Edgardo Lander, comenta que “la principal fuente de las contradicciones internas y de las decepciones con relación a los gobiernos progresistas de izquierda es que parecen, de hecho, dar por obvio que ningún otro camino es posible sino el de un sistema basado en el crecimiento económico”.
 
Prácticamente en todos los países de la región, desde México hasta Chile, comunidades tradicionales y campesinas se están levantando contra los grandes proyectos de desarrollo y de extracción natural que, embarcados en el boom económico de América Látina y en los altos precios de las materias primas, están promoviendo una nueva fiebre del oro en paisajes tan distintos como el desierto mexicano y la selva amazónica, comenta el escritor Tadeu Breda.
 
La obsesión por el crecimiento, la apuesta por los megaproyectos y la flexibilización del aparato normativo que protege el medio ambiente está en el núcleo de las tensiones sociales a las que asistimos en todo el continente. Marchas, protestas, ocupaciones y movilizaciones hacen parte del escenario de la lucha social en América Latina en los últimos años y, en la mayor parte de ellas, el arranque de las movilizaciones son los conflictos ambientales. Una pequeña muestra de todo eso se puede ver aquí en Brasil: la agenda alrededor del Código forestal, la PEC 125 y la polémica acerca del reporte que envuelve la hidroeléctrica de Belo Monte y que sufrió tentativa de censura por parte de la ministro Maria do Rosário. En todos los conflictos el denominador común es la agenda ambiental.
 
En un breve vistazo por los países vecinos se ve lo mismo. La cuestión ambiental está en el centro de los conflictos entre los movimientos sociales y los gobiernos progresistas. Tomemos como ejemplo lo que está aconteciendo en Ecuador, Perú y Bolivia, pero también, con un grado diferente, en Argentina, Colombia y Venezuela.
 

Conflictos ambientales estallan en el territorio latinoamericano

 
Los conflictos ambientales permean la coyuntura del continente latinoamericano. En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa enfrentó en los últimos días una marcha nacional contra sus políticas extractivas. El escritor Tadeu Breda comenta que desde 2009, después de la aprobación plurinacional, Rafael Correa sancionó una nueva ley de minas que abre camino a la explotación mineral en gran escala y a cielo abierto. A partir de entonces, el movimiento indígena abandonó la coalición política y social que había posibilitado la victoria del presidente y pasó a la oposición.
 
La ira del movimiento indígena se debe al hecho de que Correa firmó recientemente contrato con la empresa minera Ecuacorriente (ECSA), de capital Chino, para la explotación de un yacimiento minero en la cordillera del Cóndor, en la frontera con Perú, una de las áreas del país más ricas en biodiversidad.
 
Se trata de uno de los cinco proyectos de mina considerados prioritarios por el gobierno de Correa. Decio Machado –citado en el reportaje de Claudia Fanti– afirma que “es el primer gobierno que convirtió la megamineria en una actividad estratégica que deja una marca sobre el futuro modelo de desarrollo ecuatoriano”.
 
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el movimiento indígena ecuatoriano inició una marcha nacional contra las políticas extractivas del gobierno. La marcha salió de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, en el sur del país, recorrió toda la región andina hasta la capital, Quito, en el norte de Ecuador, donde llegó el día 22, Día Mundial del Agua. El presidente Correa, defendiendo el proyecto, dice que su gobierno apalanca una minería responsable social y ambientalmente, repitiendo su frase de que “no podemos ser mendigos sentados sobre un saco de oro”. Los manifestantes, a su vez, no aceptan “sobrevivir en un país devastado en las garras del miedo o de la indiferencia, un país con realidades paralelas de ríos muertos y de personas enfermas a causa de la contaminación minera y petrolífera, de personas que se consumen en el consumismo y de personas muertas en vida, sin memoria ni identidad, desprovistas de sus selvas y de su condición humana, entre árboles y animales masacrados”.
 
El escritor Tadeu Breda comenta: “Todos quieren el desarrollo del Ecuador, claro: pero no concuerdan con los métodos del gobierno. Avalan que el extractivismo de hoy es el mismo que nortea la economía ecuatoriana desde siempre –y tienen de su lado la verdad histórica de que vender materias primas para los países ricos puede que haya generado riqueza, sin embargo, jamás trajo desarrollo”.
 
En el Perú, otra marcha nacional, esta vez por el derecho al agua. “la movilización popular más importante desde la época de Fujimuri”, señaló Hugo Blanco en el reportaje de Claudia Fanti. En el centro de la marcha, que se llevó a cabo del 1 al 9 de febrero, está la oposición al proyecto Conga, inmenso plan de minería que prevé sacar varias lagunas de Cajamarca, en el norte del país. El proyecto es liderado por el grupo Yanacocha, la primera empresa de extracción de oro en América del Sur y la segunda del mundo.
 
En el currículum de esa empresa se destaca, durante los últimos meses del gobierno de Fujimuri, la devastadora fuga de mercurio en Choropampa, que costó la vida de más de setenta personas y que aún continúa impune.
 
Rechazado por el propio gobierno de Cajamarca, el proyecto Conga, que cuenta con una inversión de casi 5 billones de dólares, amenaza con destruir las reservas de agua dulce de la región produciendo, según los estudios de impacto ambiental del Ministerio del medio Ambiente, daños irreversibles al ecosistema y contaminando la cuenca del río Marañón, un importante afluente del río Amazonas. “Es un proyecto altamente depredador afirmó Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, que entra en conflicto profundamente con el momento que vivimos en el mundo y con el discurso del presidente Ollanta Humala” cuando, después de haber dicho: “¿Qué quieren ustedes, oro o agua?” y haber recibido una respuesta clara del pueblo: “queremos agua”, se comprometió a “defender los recursos hídricos de Cajamarca”.
 
El cambio de posición de Humala, que insiste ahora en explotar la minería, se debe al hecho de que el precio del oro subió mucho en el comercio internacional. Cabe destacar que en el mismo Perú, en 2009, el gobierno de Alan García promovió una verdadera matanza de indígenas en la localidad de Bagua, en el Amazonas peruano, a consecuencia de las protestas de los indígenas contra la entrega de sus territorios a empresas extractivas transnacionales para la explotación de hidrocarburos, madera y biocombustibles.
 
En Bolivia, a su vez, se anuncia una nueva movilización en defensa del Tipnis. En esa crisis que envuelve al presidente Evo Morales y al movimiento social, está la carretera de Tipnis –el proyecto de una autopista, de 306 kms. que atravesaría 1,2 millones de hectáreas del territorio indígena y el Parque Nacional Isidro Sécure (Tipnis) donde habitan 13 mil indígenas moxeños, yurakarés y chimanes. Las obras del trecho 1 y 3 ya están andando. El trecho principal, que es el 2, atraviesa 177 Km del Tipnis. La obra es de gran interés geoestratégico para Bolivia y para Brasil, como parte de un corredor para el transporte que conecta el Atlántico con el Pacífico. Los indígenas no aceptan la carretera y acusan al gobierno de no haberlos consultado sobre dicha obra.
 
En septiembre de 2011 fue duramente reprimida una marcha indígena en contra de la construcción de la carretera. La dura represión de la marcha desató una crisis sin precedente en el gobierno de Evo Morales y puso en jaque al gobierno plurinacional y pluriétnico. Para el momento el presidente anunció que estaban suspendidas las obras y al mismo tiempo pidió perdón a los indígenas. Ahora el tema volvió a generar tensión en el país.
 
El senado boliviano, con el apoyo del gobierno, aprobó la realización de una consulta para determinar si la carretera en cuestión podría o no atravesar el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
 
Los indígenas temen el aumento de la presión demográfica y la expansión de la frontera agrícola sobre el territorio. El gobierno argumenta que los indígenas de las tierras altas y valles, grupo mayoritario, apoya el proyecto y apenas los indígenas de las tierras bajas están en contra. Argumenta que esos indígenas estarían siendo manipulados por los grupos que hacen oposición al gobierno.
 
El conflicto está lejos de terminar y, en esencia, se oponen modelos y visiones diferentes. Bolivia, con la insistencia de construir la carretera, da muestras de que también sucumbió al modelo desarrollista. La elaboración de la estrategia económica en Bolivia tiene como uno de los principales mentores al sociólogo Álvaro García Linera que es el vice-presidente del país. Linera, marxista, intelectual respetado, una especie de portavoz autorizado de los objetivos estratégicos de Bolivia ya dice que el gobierno busca “un capitalismo con mayor presencia del Estado”.
 
Según Tadeu Breda la mejor manera de entender las manifestaciones en el Ecuador, y vale también para Bolivia, es tener en mente el contenido de la Constitución Plurinacional de esos países. La carta garantiza una serie de derechos innovadores en América Latina. Tres de los que ganan gran relevancia son: los derechos de la naturaleza, la plurinacionalidad y el bien vivir.
 
Tales principios no funcionan independientemente uno de los otros, dice el escritor: “Si la plurinacionalidad otorga a las comunidades indígenas autoridad para ejercer su cultura (lengua, justicia, propiedad, economía) dentro de sus tierras, los Derechos de la Naturaleza garantizan que el medio ambiente bajo ningún aspecto pueda ser degradado más allá de su capacidad natural de regeneración. Eso significa, obviamente, un obstáculo legal para las actividades extractivas, hoy en día responsables por más de la mitad del PIB ecuatoriano. Por último, el bien-vivir es el proyecto de desarrollo que resulta de un sistema que respeta las tradiciones ancestrales y los ciclos naturales de el ecosistema en que se insertan. De ahí que la marcha en curso en el Ecuador se opone prioritariamente a las políticas extractivas patrocinadas por el gobierno”.
 

“El agua es más preciosa que el oro”: grito que hace eco en toda América Latina

 
Volviendo a los conflictos que tienen en su núcleo la problemática ambiental en el continente latinoamericano, también en la Argentina se manifiestan conflictos ligados a las actividades mineras. En Catamarca, una de las provincias más pobres del país, al noroeste de Buenos Aires, la población está en pie de guerra.
 
Hace algunas semanas la mayor parte de las vías están cerradas por centenas de manifestantes contrarios a la explotación a cielo abierto de la mina La alumbrera, por parte de la empresa canadiense Barrik Gold. En la provincia vecina de La Rioja, los habitantes protestan contra otro proyecto de la compañía canadiense Osisko Mining Corporation, en el Nevado del Famatina.
 
También en los gobiernos de derecha los conflictos ambientales abundan. En Colombia, una gran movilización popular llevó al Ministerio del Medio Ambiente a negar a la empresa canadiense Eco Ouro Minerals la autorización para un proyecto de explotación minera a cielo abierto en el Páramo de Santurbán, en Santander, un complejo de lagunas que surte de agua a una población de 2,2 millones de personas.
 
En Panamá, luego de la movilización de los pueblos indígenas Ngäbe-Buglé quienes, desde el 31 de enero al 7 de febrero, bloquearon la vía Panamericana recibiendo un fuerte apoyo de la población, el gobierno de Ricardo Martinelli tuvo que ceder a las reivindicaciones indígenas, aceptando iniciar las negociaciones sobre la ley relativa a las actividades de minería y a la construcción de plantas hidroeléctricas.
 
Crítica es la situación en América Central, donde centena de proyectos mineros están a la espera de aprobación. En Honduras, en particular, donde ya habían sido entregadas más de 370 concesiones, fueron presentadas, después del golpe de 2009, otros trescientos pedidos de explotación minera, también a cielo abierto.
 
En Guatemala, 56 municipios se proclamaron libres de la actividad minera después de una fuerte presión popular. Como se puede ver, por los acontecimientos citados anteriormente, en Latinoamérica el boom de la minería genera cada vez más conflictos. El agua es más preciosa que el oro, ese es el grito lanzado en toda la región por comunidades campesinas, ambientalistas y científicas que denuncian el impacto socio ambiental de la explotación de minas a cielo abierto.
 
El caso brasileño, izquierda autoritaria y pérdida en la agenda ambiental PEC 125, Código Forestal y la hidroeléctrica de Belo Monte estuvieron en el centro del debate de la coyuntura brasileña en la semana que cierra. El caso de la PEC 125 es emblemático en esa perspectiva. En una sesión tumultuosa, la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara aprobó el parecer del diputado Osmar Serraglio (PMDB-PR), favorable a la admisibilidad de la propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) que transfiere de la Unión para el Congreso Nacional la prerrogativa de aprobar y ratificar la demarcación de tierras indígenas. En caso de que sea aprobada definitivamente la PEC, significará una verdadera farra para los intereses de grupos en la explotación aún mayor de los territorios indígenas y quilombos.
 
El secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), Cleber Buzatto, que acompañó la votación de la PEC con delegaciones indígenas de varias regiones del país, dice que la noticia de la aprobación fue recibida con tristeza e indignación por el liderazgo indígena, quienes consideran que dicha propuesta es inconstitucional. “La PEC rasga la Constitución en lo atinente al derecho de los pueblos indígenas y quilombos sobre sus tierras tradicionales”.
 
El Cimi acusa al gobierno de negligencia. Para Buzatto, éste no hizo nada para evitar la votación de la propuesta, pues el líder del gobierno no apareció durante la sesión para intentar una interlocución.
 
“Ni en el momento en que la situación estuvo tensa él apareció para demostrar solidaridad. Estamos entendiendo que, por el contrario, al no actuar directamente, el gobierno optó por la base vinculada al agronegocio y a la bancada evangélica”
 
La aprobación de la PEC 125 fue encabezada por el mismo grupo en el Congreso que está por detrás de la flexibilización del Código Forestal. “Aprobación de la PEC 215- Es el mismo grupo que está presionando para votar el Código Forestal”, twiteo el @CimiNacional.
 
La PEC 125 y el Código Forestal están en la misma lógica. El agronegocio quiere una legislación dócil que atienda a sus intereses económicos. En estos temas el gobierno ha sido omiso. Como destacamos en el último análisis de coyuntura, la agenda ambiental y la agenda indígena no son estratégicas en el gobierno de Dilma Rousseff, no se insertan en el proyecto de nación y, peor aún, están subordinadas a los sectores conservadores.
 
En la misma semana de aprobación de la PEC 125 el gobierno, a través de la ministro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, María del Rosario, protagonizó un hecho vergonzoso y autoritario contra la libre manifestación de los movimientos sociales. De nuevo, el nucleo del choque tuvo que ver con la agenda ambiental.
 
La ministra no concedió la palabra a los representantes de la sociedad civil convidados a la reunión del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (Cddph). En la ocasión fue presentado y votado el informe de impresiones sobre Las violaciones de derechos humanos de la tierra y del medio ambiente, en el Pará, redactada por la Comisión Especial designada por el Cddph. Después de apelar al reglamento interno del consejo que dice que los presentes solo pueden manifestar sus observaciones después de la deliberación de los consejeros, la ministro cambió repentinamente de pauta sin ofrecer la posibilidad del derecho de palabra.
 
La ministra quería que Belo Monte fuera retirado del informe.

En su opinión el documento debía abordar específicamente la cuestión de la violencia en el campo, y no denuncias de violaciones de derechos humanos a consecuencia de la construcción de la planta hidroeléctrica de Belo Monte.
 
“Es un informe sobre violencia. La cuestión de Belo Monte es un capítulo de ese informe. Sería a una irresponsabilidad de mi parte no colocar eso en el documento considerando que las personas que han sido escuchadas, las comunidades indígenas, las entidades de la sociedad civil y el propio Ministerio Público presentaron relatos de situaciones que pueden configurar violencia actual o futura relacionada con la construcción de la planta”. Dice el periodista Leonardo Sakamoto, de la ONG Repórter Brasil, que integró y fue designado como relator de la comisión especial del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (Cddph) que verificó las violaciones a los derechos humanos en la región conocida como Tierra del medio, en el estado de Pará.
 
No es ninguna novedad que el gobierno no tolera ni acepta crítica acerca de la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte. El megaproyecto es uno de los más caros del gobierno al lado de la transposición del de S. Francisco que también fue noticia en esos días. A pesar de las reiteradas críticas de la Iglesia, de las comunidades científicas, de ambientalistas y del movimiento social, el gobierno nunca aceptó echar atrás dicho proyecto.
 
El modelo neodesarrollista que tiene en el programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) su síntesis y su traducción en inversiones en infraestructura logística (carreteras, ferrovías, hidrovías, puertos, aeropuertos); infraestructura energética (combustibles renovables, generación de energía eléctrica, transmisión de energía eléctrica, petróleo y gas natural) e infraestructura social y urbana (metro, saneamiento, habitación) se desarrolla de forma autoritaria. Las voces que cuestionan el modelo son tachadas de estar contra el progreso y la distribución de la renta.
 

Gobiernos de la nueva izquierda atrapados en el mantra del crecimiento

 
Detrás del orden del crecimiento económico, de la atracción de los inversionistas y de la promoción de las exportaciones, los gobiernos de América Latina argumentan, dice Eduardo Gudynas, que “el Estado capta parte de esa riqueza para mantenerse a sí mismo y financiar programas de lucha contra la pobreza”. En esa óptica, continúa el sociólogo, “la izquierda gobernante no sabe qué hacer con los temas ambientales”, acabando por ver en ellos lo contrario, y no pasan de vagas referencias a la cuestión ecológica y hasta de equivocaciones hacia la Pacha Mama, que se convierte en un obstáculo al crecimiento económico y, por tanto, “un freno para la reproducción del aparato estatal y la asistencia económica a los más necesitados”. Asistencia que hace a los gobiernos cada vez más dependientes de la exportación de las materias primas.
 
Como destaca Tadeu Breda, “con algunas pequeñas características que cambian de país a país, está cada vez más claro que los gobiernos de la ‘nueva izquierda’ y sus políticas neodesarrollistas no lograrán corregir las desigualdades más profundas de nuestra sociedad. Es más, no ofrecerán alternativas reales de desarrollo y bien-estar. Por eso, los pueblos se están organizando y hablando cada vez más alto. Es necesario escucharlos”.
 
Según la antropóloga Rita Segato, en América Latina se tiene “un bloque más sensible al bien estar, pero que no logra pensar la posibilidad de una transformación, de una mejoría en la situación fuera del proyecto eurocéntrico. No ha habido una ruptura. Quedamos eclipasados porque son gobiernos de izquierda, pero esa novedad no es muy profunda. Entraran para competir, participar de la concurrencia para emerger como bloque dentro de los mismos principios y objetivos del capitalismo global”.
 
Esa izquierda –en el poder en el continente– continúa prisionera de una lectura que se reduce a la lógica productivista, donde lo importante es el desarrollo de las fuerzas productivas y el crecimiento de la economía. Esa concepción de matriz marxista se aproxima al liberalismo, que también quiere el desarrollo de las fuerzas productivas. Se distancian apenas en el instrumento de apalancamiento del capital. Para los primeros ese papel cabe al Estado; para los segundos, al mercado. En esa lógica la agenda ambiental no tiene lugar, porque es considerada un freno al desarrollo de las fuerzas productivas.
 

Una crítica al modelo (neo)desarrollista. Límites del modelo productivista y consumista

 
Hay una creciente percepción, incluso entre economistas de mercado, que los costos ambientales del modelo desarrollista no pueden ser ignorados.
 
Entre ellos, se encuentra Eduardo Gianetti da Fonseca. Al hablar de la economía de mercado, el profesor del Instituto de Enseñanza e Investigación (Insper) de Sao Paulo, alerta sobre los impases del modelo productivista y consumista. Según él, es necesario un cambio en los valores y en la forma de producir y consumir. De no ser así, la factura recaerá sobre el medio ambiente. “Y el ambiente no acepta desafueros”.
 
Gianetti es categórico en sus críticas al “costo ambiental de las opciones elegidas en los modos de producción y consumo”. En un contexto en que economistas y gobernantes conmemoran el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), él afirma que ” la medida del PIB es muy estúpida, porque ella apenas registra lo que pasó por el sistema de precios, sin saber lo que, de facto, está sucediendo con la vida de las personas”.
 
En opinión de Gianetti, “la necesaria transformación de esos patrones de consumo, en la dirección de la sostenibilidad, solo será posible si los costos ambientales fuesen incorporados a un sistema de precios que hoy ignora la destrucción del planeta.” Para él, “los países que están llegando tarde a la fiesta del consumo no van a poder participar. Nos guste o no. Y el dilema es saber cómo compatibilizar las aspiraciones de la nueva clase media que surge en el mundo, con los límites del patrón que nos fue vendido por el proyecto ilustrado del progreso”.
 
Los gobiernos alineados a la izquierda no han conseguido proponer alternativas que desvinculen a la ciudadanía del ejercicio de consumir. El patrón de american way of life continúa siendo la aspiración de la emergente clase media mundial y “el cálculo de la salud económica de los países se volvió ciego a los problemas ambientales que afectan la vida de las sociedades de hoy”.
 
Márcio Pochmann, otro economista reconocido por sus análisis del mercado de trabajo, se suma a aquellos que perciben la necesaria revisión del patrón de crecimiento del consumo material global. Sin eso, dice, el proceso de cambios climáticos continuará, perjudicando principalmente a los más pobres, siempre más vulnerables a los efectos de la crisis ecológica. En opinión de Pochmann, “la perspectiva de las naciones no ricas para enfrentar la crisis ecológica global no puede ser la misma defendida por los ricos”.
 
El periodista y ambientalista Washington Novaes quien hace muchos años viene alertando a los ricos de los riesgos del modelo productivista-consumista destaca que “el consumo global ya está por encima del 30% más allá de las posibilidades de reposición planetaria; en el que ya se perdió también 30% de la biodiversidad total; y todavía es necesario evaluar las consecuencias de una población mundial que transita de los 7 billones de individuos de hoy hacia 9 billones, por lo menos, hasta el 2050”.
 
Pese a todas las implicaciones citadas anteriormente, la lentitud de los gobiernos latinoamericanos para enfrentar los problemas ambientales persiste. Movimientos sociales, investigadores y comunidades indígenas se ven manifestando en contra de los grandes proyectos de hidroeléctricas, de extracción mineral y de la pifia en las políticas ambientales en América del Sur, que insisten en seguir el recetario de los dictados de los países desarrollados.
 

Desarrollo y la izquierda. Una crítica

 
En estos últimos años, la América Latina ha contado con un gran número de gobiernos provenientes de partidos de izquierda o, por lo menos, en oposición a la tradicional derecha. Sin embargo, la dificultad de cambio estratégico en la agenda de esos nuevos líderes políticos ha demostrado la fragilidad en las tomas de decisiones que trasciendan el prisma desarrollista, bastante descoyuntado de las actuales demandas socioambientales.
 
En Brasil, según José Luis Fiori, en los años 1950, tres instituciones tuvieron un papel central para el llamado desarrollo de izquierda. Primero, el Partido Comunista Brasileño (PCB) que apoyó la elección de Juscelino Kubtischek, en 1955, en una perspectiva etapista para llegar a la revolución socialista. La segunda institución fue el Instituto Superior de Estudios Brasileños (ISEB), que reunió un número significativo de intelectuales de izquierda para un proyecto nacional-desarrollista. Por fin, las contribuciones de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que también influyó fuertemente el pensamiento de la izquierda desarrollista, aunque nunca haya sido una institución de izquierda. En los años de 1970, surgió la Escola de Campinas, un centro de estudios económicos que participó activamente en la formación del Plan Cruzado.
 
En este inicio de siglo, en que el gobierno progresista se encuentra en el poder, para Fiori “el desarrollismo de izquierda estrechó tanto su ‘horizonte histórico’ que acabó transformándose en una ideología tecnocrática, sin ninguna capacidad de movilización social”. La agenda neoliberal provocó un dislocamiento del debate para el campo de la macroeconomía. En el análisis de José Luis Fiori, “el `neodesarrollismo´ acaba repitiendo los mismos errores del pasado y proponiendo un conjunto de medidas aún más vagas y gelatinosas de lo que ya había sido la ideología nacional-desarrollista de los años 50”. Por tanto, por lo que parece, la izquierda continúa renuente a abandonar la vieja cartilla, en un momento en que la sociedad global necesita reinventarse para dar cuenta de cómo garantizar el futuro de las generaciones.
 
Analizando la izquierda mundial, en uno de sus artículos, Immanuel Wallerstein destacó que uno de los debates cruciales de hoy, justamente sucede entre la perspectiva del desarrollismo y el de la prioridad del cambio de civilización, ligada a los riesgos ambientales mundiales. Esa cuestión, por ejemplo, “está presente en América Latina, en los debates fervorosos entre los gobiernos de izquierda y los movimientos indígenas –por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela.
 
Se impone, por tanto, la siguiente cuestión: ¿cómo superar las seculares enfermedades sufridas por los pueblos latinos, en una perspectiva que trascienda el discurso desarrollista, más allá del crecimiento económico basado en el consumo depredador?
 
En opinión de Carlos Chacho Álvarez, secretario general de Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración), en el momento actual, “la mayoría de los países latinoamericanos volvió al ejercicio de pensar en sí por sí mismo, de establecer estrategias de desarrollo a partir de sus propias necesidades y de sus intereses reales”. Al partir de una postura positiva por el momento por el cual pasa América Latina, Álvarez defiende que el proyecto de desarrollo para el siglo XXI, en esa región, debe contar con el dominio de la política y de la democracia sobre el mercado, favoreciendo la disminución de la pobreza y de la desigualdad.
 
Tomar decisiones políticas que rompan con el viejo desarrollismo economicista, atendiendo a las demandas históricas de una población excluida de sus derechos sociales, políticos y civiles y, ahora, ambientales, continúa siendo un desafío para los países latinoamericanos.
 

Río+20. La falta de osadía

 
El debate de la sobre-explotación de los recursos naturales y de sus límites se da en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo, Río+20. Se destaca en el documento de contribución brasileña a la Conferencia, que el país no logra escapar de “una verdadera apología a la manera habitual de la conducción de los negocios, el llamado business as usual”. Y hace un cuestionamiento: “¿si el país que va a abrigar la conferencia no osa de apuntalar horizontes innovadores en sus posiciones, cómo esperar que la propia reunión despierte entusiasmo proporcional al que debería ser su importancia?”
 
Según Abramovay, “es preocupante que en vez de preconizar rígidos criterios socioambientales en la explotación de la energía, los productos básicos agrícolas y mineros, el documento brasileño (pero eso aparece también en otros textos de la conferencia) insista en el temor de que estos criterios puedan ser usados, en el comercio internacional, como barreras no tarifarias”. Si el país anfitrión no parece estar muy seguro del papel crucial que podría asumir en este momento, la Conferencia Río+20, la Cumbre de los Pueblos, que ocurrirá en el Aterro do Flamengo, con aproximadamente 10 mil personas, se prepara para ser un espacio bastante propositivo. Delante del marasmo de los debates oficiales, movimientos sociales de todas partes del mundo buscarán respuestas concretas para la resolución de los problemas socioambientales.
 
Como ponderó Fátima Mello, miembro del comité facilitador de la sociedad civil para Río+20, “la ONU solo habla de combatir la pobreza, pero no habla de combatir la riqueza. Lo que nosotros vamos a debatir en la Cumbre es la tesis de la justicia ambiental. Ese concepto significa que existe una inmensa desigualdad en los impactos ambientales del modelo de desarrollo vigente”.
 
* El texto, es un documento anexo del  XIII Informe de Análisis de Coyuntura Latinoamericana del Centro Gumillas, que comprende el periodo enero-marzo 2012.
Fuente: ADITAL /   http://www.adital.com.br
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Hacia dónde van los gobiernos de izquierda y progresistas?
El auge de los movimientos sociales y la elección de gobiernos de izquierda y progresistas, son dos de los grandes acontecimientos ocurridos en América Latina en las postrimerías del siglo XX y los albores del XXI. Pese a la aún hoy no resuelta tensión entre «lo social» y «lo político», es decir, entre las formas de organización y lucha social, y las formas de organización y lucha política, la relativa convergencia de ambas fue la que contuvo y desaceleró la avalancha reaccionaria que azotó a la región en las décadas de 1980 y 1990, festín de la concentración y transnacionalización de la riqueza y el poder político, con su correlato de agravamiento de la pobreza, la miseria y la exclusión social.

Cuando en el mundo se enseñoreaban el desconcierto y el abatimiento provocados por el colapso de los paradigmas comunista y socialdemócrata europeos, en América Latina, la irrupción de los nuevos movimientos sociales y la determinación de un amplio espectro de fuerzas políticas de izquierda de emprender lo que se conoció como búsqueda de alternativas al capitalismo neoliberal, abrieron nuevos caminos en sustitución de los que cerraban. Por esos caminos hemos avanzado desde entonces, pero al adentrarnos en segunda década del siglo XXI, ya no basta con hablar de «nuevos» movimientos ni de «búsqueda» de alternativas.

En rigor, los llamados nuevos movimientos sociales surgen en los años sesenta (¡hace ya más de cinco décadas!) en los Estados Unidos, Europa Occidental y América Latina, con características derivadas de la situación de cada región. En la nuestra, su identificación y reconocimiento generalizado como tales data de los años ochenta (hace ya más de tres décadas) porque hasta entonces habían estado entremezclados con los movimientos clandestinos e insurgentes surgidos bajo el influjo de la Revolución Cubana. Ese es el momento en el cual: 1) el cambio en la situación internacional y regional provoca el declive de la lucha armada, y relega a las organizaciones sociales y políticas tradicionales a planos secundarios y hasta marginales; 2) los nuevos movimientos sociales demuestran ser inmunes al efecto de la crisis terminal del «socialismo real» y el advenimiento del mundo unipolar; y, 3) se evidencia su condición de protagonistas principales de la lucha contra el neoliberalismo y contra las más diversas formas de opresión, explotación y discriminación. En lo referente a los gobiernos de izquierda y progresistas, a más de trece años de la victoria de Hugo Chávez en la elección presidencial venezolana de 1998, ya son diez los existentes en América Latina continental, parte de los cuales está en su tercer período consecutivo, otra en el segundo y el resto en el primero.

Es conocido que los procesos históricos, como el tránsito de una formación económico social a otra, por ejemplo, del feudalismo al capitalismo, tardan siglos y atraviesan por etapas de avance y retroceso. No está de más recordar los setenta y cuatro años en la fracasada experiencia de la Unión Soviética. Visto desde esta perspectiva, las cinco décadas transcurridas desde el nacimiento de los «nuevos» movimientos sociales, las tres décadas transcurridas desde que se les reconoce como tales en América Latina, y el poco más de una década transcurrido desde el inicio de la elección de los gobiernos latinoamericanos de izquierda y progresistas, son lapsos incomparablemente breves. Pero, desde otra perspectiva, en esos largos procesos históricos se abren y cierran «ventanas de oportunidad», cuyo aprovechamiento los acelera y cuyo desperdicio los derrota o, al menos, los retrasa. Es en esta perspectiva en la que tenemos que ubicarnos.

Marx afirmaba que capital que no crece, muere. En forma análoga podemos decir que proceso de transformación social revolucionaria o de reforma social progresista que no avanza, muere: abre flancos a la desestabilización del imperialismo y la derecha local, y fomenta la desmovilización, el voto de castigo y la abstención de castigo de los sectores populares defraudados. Por eso es que debemos preguntarnos en qué medida los «nuevos» movimientos sociales, que en los años sesenta, setenta, ochenta y noventa estuvieron a la altura de las circunstancias, se han convertido en movimientos social-políticos, es decir, han logrado desarrollar la vocación y la capacidad de luchar por una transformación social revolucionaria. Y también, por las mismas razones, debemos preguntarnos si los actuales gobiernos de izquierda y progresistas están enrumbados hacia la edificación de sociedades «alternativas» o si serán un paréntesis que, en definitiva, contribuya al reciclaje de la dominación del capital. El objetivo de estas preguntas no es calificar o descalificar a una u otra fuerza política o social-política, o a uno u otro gobierno de izquierda o progresista, sino recordar una sentencia del siglo XX que no pierde vigencia en el XXI: sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario.

Como es lógico, entre la izquierda de épocas anteriores y la actual, hay similitudes y diferencias. Una similitud es que, como ocurrió de manera periódica en los siglos XIX y XX, el comienzo de una nueva etapa histórica obliga a la izquierda a formular nuevos objetivos, programas, estrategias y tácticas. Una diferencia es que, tanto las corrientes revolucionarias, como las corrientes reformistas del movimiento obrero y socialista nacido en el siglo XIX, habían elaborado y debatido sus respectivos proyectos políticos mucho tiempo antes de que la Revolución Bolchevique en Rusia (1917) y la elección del primer ministro laborista Ramsey McDonald en Gran Bretaña (1924), llevaran al gobierno, por primera vez, a representantes de una y otra, mientras que la izquierda latinoamericana actual llegó al gobierno sin haber elaborado los suyos. La izquierda latinoamericana llega al gobierno sin descifrar la clave para dar el salto de la reforma social progresista a la transformación social revolucionaria, sin la cual quedará atrapada en el mismo círculo vicioso de reciclaje del capitalismo concentrador y excluyente que la socialdemocracia europea. Este es el problema pendiente: construir la imprescindible sinergia entre teoría y praxis revolucionaria.

Los denominados gobiernos de izquierda y progresistas electos en América Latina desde finales de la década de 1990, son en realidad gobiernos de coalición en los que participan fuerzas políticas de izquierda, centroizquierda, centro e incluso de centroderecha. En algunos, la izquierda es el elemento aglutinador de la coalición y en otros ocupa una posición secundaria. Cada uno tiene características particulares, pero es posible ubicar a los más emblemáticos en dos grupos. Estos son: a) gobiernos electos por el quiebre o debilitamiento extremo de la institucionalidad democrático neoliberal, como ocurrió en Venezuela, Bolivia y Ecuador; y, b) gobiernos electos por acumulación política y adaptación a las reglas de juego de la gobernabilidad democrática, caracterización aplicable a Brasil y Uruguay. Además, están los casos de Nicaragua, El Salvador, Paraguay, Argentina y Perú, sobre los cuales el espacio no nos permite siquiera unas escuetas palabras de referencia.

¿Cómo se explica la elección de gobiernos de izquierda y progresistas en el mundo unipolar donde imperan la injerencia y la intervención imperialista?

Se explica por cuatro razones fundamentales, tres de ellas positivas y una negativa. Las positivas son:

1) El acumulado de lucha de las fuerzas populares libradas en la etapa abierta por el triunfo de la Revolución Cubana, en la cual, aunque no alcanzaron los objetivos máximos que se habían planteado, demostraron una voluntad y capacidad de combate que obligó a las clases dominantes a reconocerles los derechos políticos que les estaban negados.

2) La lucha en defensa de los derechos humanos que forzó la suspensión del uso de la violencia más descarnada como mecanismo de dominación.

3) El aumento de la conciencia, la organización y la movilización social y política registrado en la lucha contra el neoliberalismo, que sienta las bases para la participación política y electoral de los sectores antes marginados.

Como contraparte, la razón negativa es la apuesta del imperialismo norteamericano a que la unipolaridad le permitiría someter a los países latinoamericanos a los nuevos mecanismos transnacionales de dominación, motivo por el cual dejó de oponerse de oficio a todo triunfo electoral de la izquierda, como había hecho históricamente. A todo lo anterior debe agregarse un factor volátil: el voto de castigo a las fuerzas políticas de derecha por los efectos socioeconómicos de la reestructuración neoliberal, es decir, un voto no ideológico, ni político, y mucho menos cautivo de la izquierda, que ésta puede perder si su ejercicio de gobierno no satisface las expectativas.

¿Por qué fuerzas políticas y social-políticas de la izquierda latinoamericana llegan al gobierno sin siquiera haber esbozado las líneas gruesas de sus proyectos estratégicos o, aún peor, en algunos casos sacrifican sus proyectos estratégicos para llegar al gobierno?

Ello es resultado de cuatro factores que ejercen una influencia determinante en las condiciones y características de las luchas populares en el subcontinente:

1. El salto de la concentración nacional a la concentración transnacional de la propiedad, la producción y el poder político (la llamada globalización), ocurrido en la década de 1970, tras un proceso de acumulación de premisas finales que se desarrolla durante la segunda posguerra mundial, que cambia la ubicación de América Latina en la división internacional del trabajo y modifica la estructura socioclasista.

2. La avalancha universal del neoliberalismo, de la década de 1980, desarticula las alianzas sociales y políticas construidas durante el período nacional desarrollista y establece las bases de la reestructuración de la sociedad y la refuncionalización del Estado sustentadas en función de la concentración y transnacionalización de la riqueza.

3. El derrumbe de la URSS y el bloque europeo oriental de posguerra, entre 1989 y 1991, que le imprime un impulso extraordinario a la reestructuración neoliberal, provoca el fin de la bipolaridad estratégica, que actuó como muro de contención de la injerencia y la intervención imperialista en el Sur durante la posguerra y tiene un efecto negativo, a corto plazo, para la credibilidad de todo proyecto social ajeno al neoliberalismo, no solo anticapitalista, sino incluso apenas discordante con él, efecto que llega a ser devastador para las ideas de la revolución y el socialismo.

4. La neoliberalización de la socialdemocracia europea, en sus dos grandes vertientes, la Tercera Vía británica y la Comisión Progreso Global de la Internacional Socialista, en la década de 1990, que recicla la doctrina neoliberal cuando su inducida credibilidad se desploma, la encubre con una presentación humanista, «light» y «progre».

Téngase en cuenta que los primeros triunfos de fuerzas de izquierda y progresistas en elecciones presidenciales latinoamericanas, el de Chávez en Venezuela (1998) y el de Lula en Brasil (2002), se producen cuando el efecto acumulado de estos factores está en su apogeo, en particular, es el momento de mayor impacto en América Latina de las ideas de la Tercera Vía y la Comisión Progreso Global. Esos factores combinados ejercen una influencia determinante en los gobiernos de Brasil, Uruguay, Argentina y otros, y una influencia menos evidente, pero también efectiva, en los de Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Tras el derrumbe de la URSS, el desaparecido dirigente revolucionario salvadoreño Schafik Hándal empezó a repetir una idea que parece simplona, pero es más profunda que un sinnúmero de doctas reflexiones: «Habrá socialismo –decía Schafik– si la gente quiere que haya socialismo». Las preguntas que se derivan de esta idea son: ¿Quiere que haya socialismo la gente de Venezuela, Bolivia, Ecuador, los países cuyos procesos políticos se corresponden con la definición de revolución entendida como acumulación de rupturas sucesivas con el orden vigente? ¿Quiere que haya socialismo la gente de Brasil, Uruguay, Nicaragua u otros países latinoamericanos gobernados por fuerzas de izquierda o progresistas? A estas preguntas tenemos que añadir otras: ¿sabe la gente de esos países qué es socialismo? ¿Comparten los líderes de esos países nuestro concepto de socialismo que, al margen de las diferentes condiciones, características, medios, métodos y vías, implica la abolición de la producción capitalista y del sistema de relaciones sociales que se erige a partir de ellas y en función de ellas? ¿Hay en esos procesos fuerzas políticas capaces de concientizar a la gente para que quiera que haya socialismo? ¿Lo están haciendo? Todas estas preguntas son cruciales, pero las definitorias son las dos últimas.

Planteada en términos teóricos, la idea, en apariencia simplona, de Schafik implica que para avanzar en dirección al socialismo los procesos de reforma o transformación social de signo popular que hoy se desarrollan en América Latina necesitan: teoría revolucionaria; organización revolucionaria; bloque social revolucionario, basado en la unidad dentro de la diversidad; y solución del problema del poder, este último entendido como la concentración de la fuerza imprescindible para producir un cambio efectivo de sistema social. Podemos hablar de protoformas de esos cuatro elementos en Venezuela, Bolivia y Ecuador, y quizás en algunos otros gobernados por fuerzas de izquierda y progresistas, pero en ninguno se puede hablar de formas acabadas.

Nada de esto es nuevo. De todo ello habla desde hace años y, quizás, hasta de manera sobredimensionada, porque a esos elementos se atribuye el papel determinante en la formación de la identidad del futuro socialismo latinoamericano. Sin dudas, su papel será crucial, pero lo determinante es cómo, cuándo, dónde y en qué condiciones tendrá lugar el acceso al poder político, sea mediante su conquista o construcción. Sin estas respuestas, no puede hablarse de Socialismo del Siglo xxi, Socialismo en el Siglo xxi, Vivir Bien, Buen Vivir, o cualquier noción similar, más que como una utopía realizable de contornos aún muy difusos.

- Roberto Regalado es Doctor en Ciencias Filosóficas, profesor-investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU) de la Universidad de La Habana y coordinador de varias colecciones de la editorial Ocean Sur. En este artículo se esbozan algunas ideas contenidas en su libro La izquierda latinoamericana en el gobierno: ¿alternativa o reciclaje?, Ocean Sur, México D.F. 2012 (259 pp.).
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Jueves, 17 Mayo 2012 10:18

Brasil Potencia

Brasil Potencia

 

Edición 2012, Formato: 17 x 24 cm, 312 páginas
P.V.P:$40.000 ISBN:978-958-8454-54-2

 

 

Reseña.

En la transición que vivimos hacia un mundo multipolar, Brasil será una de las ocho potencias globales que jugarán un papel preponderante en las relaciones internacionales. Para la región latinoamericana, pero sobre todo para América del Sur, la emergencia de este gigante como primera potencia intrarregional en nuestra historia, representará un cambio de larga duración llamado a remodelar la geopolítica local y planetaria.

Aún es pronto para determinar si el Brasil Potencia será la argamasa capaz de integrar una región que asume cada vez más claramente sus diferencias con Estados Unidos y Canadá, o si se convertirá en un nuevo imperialismo destinado a someter al resto de la región.

Este trabajo explora la tensión entre ambos caminos y concluye que estamos ante un escenario abierto. Analiza los cambios internos que llevaron a una remodelación de las clases dominantes de Brasil y al desarrollo de su capacidad autónoma de acumulación de capital, debatiendo con la tesis de Ruy Mauro Marini, quien acuñó el concepto de “subimperialismo”. Concluye con los desafíos que se presentan a los movimientos populares de Brasil, y de toda la región, ante los cambios sistémicos en curso.



 
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Miércoles, 16 Mayo 2012 07:08

Humala defiende a su ala derecha

Humala defiende a su ala derecha
Un cambio para que todo siga igual es la frase con la que se pueden resumir los cambios ministeriales realizados por el presidente Ollanta Humala, obligado por la crisis política que hizo rodar las cabezas de sus ministros del Interior y de Defensa. Para cubrir los cargos de los dos ministros que dimitieron el jueves para evitar la censura del Congreso por los errores en las operaciones militares y policiales contra la guerrilla de Sendero Luminoso, el presidente Humala no incorporó a nuevas figuras al gabinete, sino que optó por mover algunas fichas dentro de su equipo ministerial. Hubo rotación, antes que cambio. Y en esa decisión de no cambiar, a pesar de la obligada sustitución de dos ministros por la presión del Congreso, Humala decidió mantener en el puesto a su cuestionado primer ministro, el general en retiro Oscar Valdés, seriamente debilitado por la reciente crisis ministerial y por su incapacidad para manejar las protestas sociales, que en los últimos meses han dejado nueve muertos.


Los nuevos nombramientos en Interior y Defensa han sido cuestionados por diversos sectores. La rotación entre los miembros del equipo ministerial puso en el Ministerio de Defensa al hasta ayer ministro de la Producción, José Urquizo, quien, a su vez, fue reemplazado en Producción por su viceministra de Pequeña y Microempresa, Gladys Triveño. En Interior fue nombrado el general del ejército en retiro Wilver Calle, quien era el viceministro de Defensa. No habían terminado de recibir los saludos protocolares después de su jura en el Palacio de Gobierno, el lunes en la noche, cuando Urquizo y Calle ya comenzaban a recibir las primeras críticas.


El general Wilver Calle fue viceministro del renunciante titular de Defensa, Luis Alberto Otárola, obligado a dejar el cargo por los desaciertos en las operaciones conjuntas del ejército y la policía frente a Sendero Luminoso, y como tal fue parte central del equipo que cometió los errores que precipitaron la crisis ministerial. Sin embargo, ahora asume como ministro del Interior, cargo desde el cual tendrá un rol clave en este tema. También se ha criticado a Humala por entregarle la cartera del Interior a un militar.


José Urquizo, el nuevo ministro de Defensa, había enfrentado en las últimas semanas duras críticas por su gestión como titular de Producción, cargo que había asumido en diciembre pasado. Su viceministra de Pesquería, Patricia Majluf, renunció hace unos días acusándolo públicamente de haber cedido ante las presiones de las grandes empresas pesqueras y no proteger los recursos marinos. Una reciente huelga de pescadores artesanales dejó dos muertos.


“Este es un cambio que expresa la menor voluntad de cambio posible. Es un enroque dentro de la casa que no anuncia ningún cambio de política en el tema que generó la crisis (los errores en la estrategia frente a la guerrilla de Sendero Luminoso). No hay una reconocimiento de los errores cometidos y de la magnitud de la crisis”, le señaló a Página/12 Carlos Monge, historiador e investigador principal del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco).


A los cuestionamientos a los nuevos ministros del Interior y de Defensa se suman las críticas a la decisión del presidente Humala de mantener al desgastado general Oscar Valdés como jefe del gabinete ministerial. El general Valdés fue nombrado en diciembre primer ministro –antes había sido ministro del Interior–, en medio de la crisis por las protestas campesinas contra un proyecto minero de la transnacional Yanacocha por su alto costo ambiental, y asumió el cargo con un discurso de mano dura frente a las protestas sociales, cerró el diálogo con las organizaciones sociales y se la ha jugado en defensa del rechazado proyecto minero de Yanacocha. En los últimos meses, la represión a las protestas sociales ha dejado nueve muertos.


Un sector de la alianza gubernamental, integrado por los grupos y personalidades de izquierda, ha exigido públicamente la salida de Valdés, pero la derecha más dura, encabezada por el fujimorismo, y los gremios empresariales respaldan la continuidad del cuestionado general, que hace poco se declaró admirador del “pragmatismo” del ex dictador Alberto Fujimori, a quien ven como figura importante en la derechización del gobierno y como garante para una respuesta represiva a las protestas sociales. Humala, que cada vez aparece más alejado de sus aliados de izquierda, ha decidido jugársela por la continuidad de su primer ministro, y también por la continuidad de una política económica que poco o nada tiene que ver con las promesas de cambio de la campaña electoral. En esas circunstancias, una división de la alianza oficialista, con la salida del sector progresista, parece ser cuestión de tiempo. La continuidad de Valdés al frente del gabinete puede acelerar esa ruptura.


“La permanencia de la izquierda en el gobierno es insostenible porque discrepan con todas las políticas que está siguiendo el gobierno, que ha traicionado las propuestas de cambio que apoyó la izquierda. Me parece que esa ruptura es inevitable. La pregunta es en qué momento se va a dar”, opina Carlos Monge.

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Jean Luc Mélenchon: lecciones para la izquierda
Ayer en Francia tomó posesión el nuevo presidente François Hollande. Su ascensión es un elemento positivo en el ambiente enrarecido por la crisis en Europa. Ayer mismo en Berlín, Hollande insistió en renegociar el pacto fiscal. La canciller alemana le reviró que el crecimiento ya es uno de los objetivos del tratado fiscal consagrado a la austeridad. Es la forma que tiene la Merkel de promover las reformas estructurales y, en especial, la total flexibilidad en las relaciones laborales.


El campo de batalla está bien definido. Ojalá Hollande pueda entrar en él con decisión, pero no se puede confiar en ello. No hay que olvidar que el Partido Socialista francés siempre estuvo a favor de la globalización y de la integración europea al estilo neoliberal. Otros partidos socialistas en Europa han aplicado la receta de la austeridad en sus respectivos países.


La retórica de Hollande es sin duda un adelanto, pero la urgencia del corto plazo no debe esconder las exigencias de los cambios estructurales de largo alcance. Es aquí donde la agenda de Hollande tiene sus limitaciones más importantes y hasta inconsistencias. Después de todo, restablecer algo del estado de bienestar puede no ser posible bajo la estructura neoliberal que hoy hereda. Frente a los graves problemas que enfrentan Francia y Europa la trayectoria de Hollande en el PS anuncia más continuidad que transformaciones profundas.


Por eso lo más relevante de la contienda electoral en Francia estuvo en la participación de Jean Luc Mélenchon, el candidato del Frente de Izquierda. De su intervención en esas elecciones y de su trayectoria de lucha política se desprenden importantes lecciones para las contiendas electorales en las que participa la izquierda en todo el mundo.


Jean Luc Mélenchon (JLM) militó durante tres décadas en el ala izquierda del Partido Socialista francés. A diferencia de Hollande, Mélenchon se esforzó durante ese tiempo en hacer del PS un verdadero partido de izquierda, con un proyecto alternativo al neoliberalismo.


Frente a la crisis, la posición de Mélenchon es clara: ésta no es una crisis provocada por unos cuantos especuladores. Es la debacle del modelo neoliberal. La respuesta a través de la austeridad es algo más que un simple error técnico. Es cierto que su aplicación no dará buenos resultados en ningún caso. Pero Mélenchon va más lejos en el análisis: la austeridad es un arma para desmantelar el estado de bienestar, castigando prestaciones y servicios sociales, y es el preludio de la profundización de las reformas neoliberales, en especial, la reforma laboral.


La integración monetaria en Europa, Mélenchon lo tiene claro, se hizo sobre bases neoliberales. La consecuencia fue entregar las finanzas públicas a los mercados financieros. Esa, en una frase, es la tragedia de Europa. Antiguamente el Banco de Francia podía financiar al gobierno francés. Hoy eso está prohibido y el Banco Central Europeo presta a los bancos pero no a los estados. Esa es la ignominia en los tiempos del capital financiero. Es la época de sumisión que debe terminar si se quiere justicia social e igualdad. Al sector financiero hay que enfrentarlo, dice Mélenchon, no hablarle de rodillas para pedir limosna.


Mientras Hollande buscaba ubicar al PS en el centro para cortejar a una parte del electorado, Mélenchon proponía una política con una visión de largo plazo, colocando los temas de relevancia histórica en la mesa del debate nacional. Y es que en medio de la peor crisis del capitalismo en ocho decenios, y en el contexto de una hecatombe financiera y económica fabricada por la pesadilla neoliberal, Mélenchon rápidamente comprendió que es preciso ofrecer alternativas de largo aliento que se alejen de la subordinación al mundo de las finanzas. Sólo así se puede rescatar el diseño y control de la política macroeconómica no sólo para recuperar el crecimiento, sino para transitar hacia un mundo de justicia y responsabilidad ambiental.


Aunque Mélenchon sólo alcanzó 11 por ciento de los sufragios, colocó temas medulares en la agenda nacional y su influencia decisiva dejará una huella saludable por muchos años. La izquierda ha vuelto a renacer con su campaña audaz. No sólo influyó en las posiciones de Hollande, sobre todo en materia fiscal, sino que tuvo un efecto importante a través de su enfrentamiento sistemático con los planteamientos racistas y xenófobos de la extrema derecha. Su campaña ha sido una pesadilla para la rabiosa e ignorante señora Le Pen.


Se desprende de todo esto una enseñanza: la izquierda no puede jugar a ocupar el centro en la disputa electoral, aunque muchos piensen que eso permite ganar votos. La gran lección de Mélenchon es que colocar el apetito electoral por encima del trabajo político basado en principios y, en especial, en la justicia social, es un error de dimensiones históricas. El terreno de los principios y de la ética es el espacio en el que la izquierda tiene su casa. No se le debe abandonar nunca

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Miércoles, 16 Mayo 2012 06:48

Hollande, la contrafigura de Sarkozy

Hollande, la contrafigura de Sarkozy
François Hollande inició su mandato bajo una racha de contratiempos. La lluvia y el viento acompañaron su recorrido por los Campos Elíseos en un auto descapotable, luego un rayo alcanzó el avión en el que viajaba rumbo a Berlín para encontrarse con la canciller alemana Angela Merkel. Hollande tuvo que volver a tierra, cambiar de avión y una vez en la capital alemana, Merkel y Hollande tropezaron varias veces en la alfombra roja empapada por la lluvia. El viaje del presidente electo a Alemania fue la primera cita de importancia internacional con una interlocutora, Merkel, a quien Hollande hizo frente proponiendo cambiar la política de austeridad que la canciller alemana promueve en toda Europa como poción curativa de la crisis. Por la mañana, durante el discurso que pronunció en la ceremonia de toma de posesión, François Hollande se inscribió en una posición de ruptura con su predecesor, el conservador liberal Nicolas Sarkozy. Sobria, breve, sin la presencia de sus cuatro hijos ni los de su actual compañera, Valérie Trierweiler, la ceremonia de investidura estuvo a años luz del estilo protagonizado por Sarkozy. Hasta en el más mínimo detalle se buscó marcar la diferencia. El jefe del Estado prometió luchar contra todas las discriminaciones e instó a crear “un nuevo camino para Europa”. Todo lo que dijo el líder socialista fue una suerte de negación del sarkozismo. François Hollande prometió un “Estado imparcial” y fijó tres ejes de la democracia como orientación de su mandato: la democracia social –la negociación con los actores sociales–, la democracia local –el incremento de los poderes locales– y la democracia ciudadana –dar lugar a las iniciativas de la sociedad civil–.


Como lo había manifestado durante la campaña electoral, François Hollande hizo de la juventud y de la justicia dos rumbos irrenunciables de su mandato y de la reconfiguración política de Europa una meta esencial. “En Europa nos esperan y nos miran y voy a proponer a mis socios europeos un pacto que una la necesaria reducción del déficit con el indispensable estímulo de la economía”, dijo el presidente. El mandatario no negó los problemas que arrastra el país: “Una deuda masiva, un crecimiento débil, un desempleo elevado, una competitividad degradada, una Europa que sufre para salir de la crisis”. Sin embargo, recalcó que no había “fatalidad”. Un extenso capítulo de una década de presidencias liberales conservadoras se cerró ayer con la investidura de un hombre que llegó a la cima del poder sin que, hasta hace tan solo un año atrás, nadie hubiese ni imaginado ni apostado por verlo un día entrar en el Palacio del Elíseo como presidente de la República. Hollande siempre se presentó como un hombre “normal”, en contrapunto con la espectacularidad de Sarkozy. François Hollande es el séptimo presidente de la Quinta República y el segundo socialista que llega a la jefatura del Estado después de François Mitterrand –1981-1995–. El nuevo jefe del Estado tiene, con todo, una particularidad: es el presidente de la República que asume el cargo siendo soltero. No se casó ni con Ségolène Royal ni con Valérie Trierweiler. La lenta solemnidad de la ceremonia, la mesura de las palabras y la escasa aparatosidad de los actos empezaron a dibujar otro país en la simpleza cruda de las imágenes. En contraste con Nicolas Sarkozy, Hollande subrayó la idea del Estado “ejemplar” y dijo: “Fijaré las prioridades, pero no decidiré todo y por todos. El Parlamento, el gobierno y la Justicia serán independientes. El poder será ejercido con escrupulosa sobriedad. El Estado será imparcial. Defenderé siempre el laicismo y lucharé contra el racismo y el antisemitismo”. El nuevo presidente destacó que el país necesitaba “reconciliación y unión”. La formación del gobierno recién se conocerá este miércoles, pero la designación del primer ministro fue oficializada el mismo día de la investidura. Se trata de Jean-Marc Ayrault, un político moderado, muy conocedor de Alemania, poco conocido por la opinión pública. El jefe de gobierno no es un adepto de la fastuosidad. “No tengo complejos sociales, pero en París me molesta una forma de elitismo y condescendencia”, dijo una vez. Hijo de un padre obrero, Jean-Marc Ayrault es diputado desde 1986, ha sido desde 1987 presidente de la bancada socialista en la Asamblea Nacional y no pertenece a ninguna de las grandes instituciones educativas que forman a las elites del Estado. Allegado de François Hollande, es, a su manera, una suerte de doble en la humildad.


Antes de salir rumbo a Alemania, Hollande anticipó con su discurso los planteos que, a la distancia, formuló en dirección de una Alemania guardiana de la austeridad. “Necesitamos solidaridad, crecimiento, un nuevo pacto para reducir la deuda estimulando nuestras economías y acuerdos comerciales que respeten la reciprocidad”, dijo. El encuentro con Merkel era el primer paso clave del líder socialista. La confrontación que amenazaba las relaciones entre París y Berlín encontró un punto de consenso que barrió con todos los rumores y especulaciones sobre la salida de Grecia del euro. En el curso de la conferencia de prensa que Merkel y Hollande ofrecieron en Berlín, ambos responsables fueron claros: “Queremos que Grecia permanezca en el euro”, dijo Merkel. Ambos no expusieron sus profundas divergencias. Hollande y Merkel dijeron que estaban dispuestos a “reflexionar” sobre medidas a favor del crecimiento –concepto que defiende François Hollande–, pero no fueron más allá. Se hace evidente que la armonía constatada en torno de la crisis griega y la necesidad de que Atenas no se aleje del euro no se tornó consenso cuando se trató del crecimiento. La palabra provoca una mueca de incomodidad en el rostro de Merkel. “Estoy a favor de la seriedad presupuestaria y eso quiere decir estar a favor del crecimiento, porque sin crecimiento, sean cuales fueren nuestros esfuerzos, no alcanzaremos nuestros objetivos”, recalcó Hollande. En este primer encuentro, Merkel y Hollande optaron por el pragmatismo. No hay contrastes entre los dos. Distantes, suaves, muy calmos, tenaces pero sin pose ni apariencias exageradas, ambos parecen compartir, al menos, la misma inclinación por la mesura y la lentitud. La jornada inicial de la presidencia de François Hollande empezó con el presidente empapado hasta los huesos y un rayo que obligó a su avión a aterrizar de urgencia. Día convulsionado, a imagen y semejanza de una Europa sacudida por las turbulencias y las tormentas de los mercados.

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La indignación vuelve a las calles de ochenta ciudades españolas en el primer cumpleaños del Movimiento 15-M
La sensación era la de "volver a casa" como un sujeto político que ha madurado y que sigue sin tener miedo. Casi un año después de las manifestaciones que prendieron la mecha del movimiento de los indignados, las plazas de más de 80 ciudades españolas volvieron ayer sábado a convertirse en un grito unánime contra un sistema que, aseguraban los convocados, ni les gusta, ni les representa. De forma pacífica y reivindicativa, como acostumbra el 15-M, miles de ciudadanos volvieron a exigir en la calle una salida alternativa a la crisis económica, política y social, que no cargue el sacrificio sobre las espaldas "de los de siempre".

En Madrid, los asistentes abarrotaron la Puerta del Sol, donde, desde un micrófono abierto, se volvieron a escuchar las demandas tradicionales de los indignados. Uno de los momentos más emocionantes de la tarde tuvo lugar cuando entraron en el kilómetro cero de la capital, y a ritmo de palmas y tambores, las cuatro columnas procedentes del norte, sur, este y oeste de la Comunidad. "He barrido esta plaza, la he vivido y la necesitaba de nuevo", decía Tatiana Blanco, profesora de inglés de 32 años. Sentada en el suelo junto a un grupo de amigas, recordaba "con orgullo y con nostalgia" cómo fue en ese mismo lugar "en el que surgió todo". Después llegó la expansión a los barrios, a los municipios y la "toma de conciencia de que este sistema sólo quiere más ricos a los ricos y más pobres a los pobres", explicaba, a su lado, Silvia López, desempleada de 36 años.

Javier Iglesias, comercial de 28 años, recorrió los 25 kilómetros que separan su ciudad, Leganés, de la Puerta del Sol, para expresar, enrolado en la marcha sur, su rechazo al "desprecio" que, a su juicio, tiene el actual Gobierno por "todo lo público". ¿Motivos para estar en la calle? "Los hay más que nunca", señalaba sin dudarlo tras una pancarta de la asamblea popular de su municipio. Ha llovido mucho desde que estallaran las protestas, pero las razones para el descontento, coinciden todos los manifestantes consultados por Público, están "más vigentes que nunca".

Jorge Fonseca, profesor de Economía de la Universidad Complutense y activo simpatizante del 15-M, censuraba el "brutal avance autoritario" del Gobierno de Mariano Rajoy. "[José Luis Rodríguez] Zapatero defendió una salida neoliberal a la crisis económica, pero los actuales mandatarios quieren aprovecharla para volver al siglo XIX. Por eso tenemos que seguir en la calle, dando pasos y haciéndonos más grandes cada día", afirmaba junto a otros activistas del Grupo de Trabajo de Economía del 15-M de Madrid, que aprovecharon esta movilización para presentar la campaña Desmontando mentiras. Con ella, pretenden dar respuesta a las falacias "con las que los poderes políticos, económicos y mediáticos imponen su pensamiento único".

En el centro de la plaza, Paloma y Jordina, de 25 y 30 años, intentaban plasmar con dibujos hechos con acuarela sus sensaciones al estar de nuevo en Sol. "Con el 15-M rompimos etiquetas y hablamos de lo que nos une con sentido común. Tiene que continuar y el éxito de hoy nos da fuerza para continuar", subrayaba la primera. "No tenemos estrategia, pero hemos crecido mucho en este año. Lo importante es que sigamos siendo inclusivos", agregaba la segunda.
Asamblea permanente hasta el martes

Los indignados recibieron con una sonora cuenta atrás el momento en que el reloj de la plaza ha marcado las 22.00, hora límite fijada por la Delegación del Gobierno para permanecer en ese emplazamiento. Con gritos de "¡Hoy nos saltamos el toque de queda!" desafiaron, en un ambiente pacífico, la prohibición de Cristina Cifuentes, máxima representante del Ejecutivo central en la Comunidad. Al cruzar la medianoche, los indignados protagonizaron un simbólico "grito mudo". Después, con pañuelos blancos en la mano, protestaron contra la "violencia económica y las guerras" al grito de "¡Ningún ser humano es ilegal!".

La intención generalizada no era la de acampar en la plaza, como ocurrió hace un año, sino pernoctar allí para "reflexionar juntos" y llevar a cabo una "asamblea permanente". Participantes de la coordinación de comunicación de la convocatoria señalaron, no obstante, que lo que pueda suceder dependerá en "gran medida" de la respuesta policial. A medianoche la situación era muy tranquila. Fuentes del Ministerio del Interior indicaron que el Ejecutivo permitirá que los concentrados en Sol permanezcan en la plaza si "no se despliegan esterillas" ni materiales para acampar.

Tampoco faltó en las movilizaciones el aliento de los veteranos del 15-M, los llamados yayoflautas, muy implicados en el movimiento especialmente desde finales del pasado verano. Lázaro Sola, de 77 años, resumía en tres palabras sus sentimientos al volver a entrar en la plaza: "Alegría, fuerza y entusiamo". "Si seguimos saliendo a la calle vamos a cambiar este país", aseveró.

Según la página web del 15-M está previsto que durante esta noche se lean manifiestos, se proyecten vídeos, se conecten con las plazas de otras ciudades. Los actos para conmemorar el primer cumpleaños del movimiento de los indignados continuarán hasta el martes con la celebración de distintas actividades lúdicas y asambleas para debatir sobre educación, sanidad, política, economía o derecho a la vivienda.
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