El diálogo es una herramienta política que utilizan los que tienen el poder cuando no pueden imponerse por la fuerza. El diálogo también es un arma para imponerse al más débil mediante el engaño. El pueblo panameño conoce muy bien estas tácticas. En San Lorenzo, cuando la Coordinadora por la Protección de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngobe Buglé y Campesino aceptó ir al diálogo con los representantes del presidente Ricardo Martinelli, muchos pronosticaron una encerrona que daría al traste con las justas aspiraciones de los pueblos indígenas.
Un aire de esperanza surgió cuando se escucharon las palabras de la cacique general, Silvia Carrera, quien en forma muy clara señaló que el diálogo tendría como base única la prohibición de la explotación de los recursos hídricos y metálicos (cobre) en la comarca Ngobe-Buglé. Durante las negociaciones celebradas en la Asamblea de Diputados, la delegación se mantuvo firme e insistió en que las actividades que destruían el ambiente –especialmente los cursos de agua– no podían realizarse en la comarca. El gobierno asumió –como era de esperarse– los intereses de los empresarios rentistas panameños quienes consideran que el agua y las riquezas naturales son mercancías que deben venderse al mejor postor. Igualmente, la Comisión de Comercio de la Asamblea de Diputados insistió en que el país se hundiría si le prohibían a los inversionistas acceso a los recursos hídricos.
Tanto gobierno como los diputados –quienes actuaron en mancuerna– no presentaron información técnica que justificara la entrega de la riqueza nacional. Los funcionarios que llegaron al Salón Azul de la Asamblea repitieron cifras ajenas al problema que se discutía. En momento alguno se refirieron a la demanda actual de energía hidráulica y/o térmica, y los pronósticos para el futuro. Evitaron introducir al debate problemas de costos a corto y mediano plazos.
Los representantes indígenas no tuvieron que rechazar los planteamientos del gobierno o de sus especialistas. La posición de los Ngobe y Buglé siguió sólida: la construcción y explotación de las represas no justifica la destrucción de los pueblos Ngobe y Buglé. Los funcionarios de las entidades gubernamentales no pudieron demostrar lo contrario. Incluso, la Universidad de Panamá perdió una oportunidad dorada en esa coyuntura en la que pudo invitar a sus propios investigadores para que hicieran sus propuestas independientes.
A esta altura del diálogo, los asesores del presidente Martinelli cambiaron de táctica. Descubrieron que no convencerían a los delegados Ngobes con más espejitos. Plantearon, por un lado, crear una subcomisión y dos sub-subcomisiones para dividir a los Ngobe. La movida no dio los resultados esperados. Por el otro, el presidente Martinelli anunció que convocaría a un “referéndum” que acabaría con el diálogo y llevaría la “guerra social” a otro nivel.
El referéndum, según los asesores del primer mandatario, puede garantizar la victoria de los inversionistas. Otros presidentes en el pasado reciente han jugado esa carta y perdido. Sin embargo, el gobierno actual cree tener dos ases en la manga: Por un lado, han aprendido de las derrotas del pasado y, por el otro, mucha más plata para gastar en una campaña desgastadora. Según los medios, la cacique Carrera calificó la propuesta del presidente como “irresponsable”
El ministro de Gobierno, Jorge R. Fábrega, dijo que el referéndum obedece a que hay otros sectores (empresarios rentistas y trasnacionales del cobre) preocupados. Pareciera que el gobierno creía que la negociación con los Ngobes consistiría en ponerle un precio a sus tierras. El ministro Fábrega también se olvidó la letra de la Constitución Política que dice, en el artículo 127, que “el Estado garantiza a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas”. Según el abogado Miguel A. Bernal, “al defender la propiedad colectiva de la tierra, las poblaciones indígenas no solo están defendiendo un derecho adquirido, están haciendo respetar la Constitución”.
El economista Juan Jované, invitado por la Coordinadora, aseguró en el Diálogo que las proyecciones de generación y demanda presentadas por la Secretaría de Energía omitieron pruebas y se utilizó un margen de error que es inaceptable. Además, nunca dijeron con qué métodos calcularon los costos ecológicos. Nos preocupa, dijo Jované, que “están tomando decisiones y alarmando a la población con estudios sin calidad”. Agregó que "si se trata de llenar el país de minería a cielo abierto se necesita mucha energía".
Pero ¿no es el gobierno el que insiste en que no habrá explotación minera? La relación entre minería (Cerro Colorado) y energía hídrica puede explicar la concesión de 17 proyectos en la Comarca y sus alrededores desde julio de 2009. Todos los permisos que ha dado la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) bajo el mandato de Martinelli han sido en la provincia de Chiriquí. Sólo en el río Chiriquí Viejo, de 70 kms de longitud, funcionan ocho compañías hidroeléctricas. ¿Se pretende hacer lo mismo en el rio Tabasará, donde los empresarios Virzi y Btesh tienen la concesión para la explotación hídrica? Cerro Colorado, con un potencial minero de 250 mil millones dólares, se levanta precisamente sobre el río Tabasará que se convertiría en el motor para explotar sus entrañas de cobre.
Por Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena. http://marcoagandasegui11.blogspot.com
Una ministra brasileña hizo pública su bisexualidad y contó que en su vida se hizo dos abortos.
“Imaginate si voy a tener miedo”. Eleonora Menicucci, flamante ministra de la Secretaría de Políticas para las Mujeres de Brasil, se expresó así en una entrevista. Ex guerrillera, torturada durante la dictadura y compañera de prisión de la presidenta Dilma Rousseff, en la nota dio otro paso en su valentía: reveló que en su vida se hizo dos abortos y declaró ser bisexual. Los sectores religiosos se mostraron escandalizados, pero su nombramiento era un hecho. Esta semana, la funcionaria representará al país ante la ONU, donde se abordará la criminalización del aborto en ese país, una práctica que atraviesa un millón de mujeres al año.
“Eleonora va a integrar el gobierno más femenino en la historia del país, no sólo porque hay una mujer en la presidencia y diez mujeres ministras, sino porque (el Ejecutivo) reconoce la importancia de la mujer y sus derechos en la sociedad”, afirmó Rousseff en la ceremonia de asunción de la nueva ministra. Menicucci fue compañera de la presidenta en una prisión de San Pablo, donde estuvo encarcelada entre 1970 y 1972 por su pertenencia a grupos armados de oposición a la dictadura militar.
Según reveló en un reportaje al diario Folha de Sao Paulo, durante la lucha armada robó bancos y supermercados y se travistió de hombre para alcanzar cargos de mando. En prisión creó un grupo con Rousseff en el que descubrieron el feminismo. También tuvo “experiencias sexuales con mujeres. Yo era muy libertaria. Iba también con los hombres. Mi marido –ahora está divorciada– era un libertario en materia de sexualidad, también”.
Menicucci estuvo cuatro años presa y fue torturada durante 72 días. “A mi hija de un año y ocho meses la torturaban ante mis ojos. Fue ese el momento en el que entendí, con 26 años, la importancia de la maternidad.”
Hoy es profesora y socióloga y dirige el núcleo de estudios de Salud de la Mujer y Relaciones de Género de la Universidad Federal de San Pablo. Tras salir de prisión se entrenó en Colombia y enseñaba a mujeres violadas a practicarse abortos “por aspiración”. Además, dice sentirse orgullosa de ser abuela de una niña “engendrada por inseminación artificial en la madre lesbiana”.
La interrupción voluntaria del embarazo es uno de los temas que generan más controversia en el electorado brasileño. La misma Rousseff, cuando todavía era candidata, fue perseguida por su apoyo al aborto y “acusada” de lesbiana en una campaña de desprestigio. En esa línea, legisladores religiosos exigieron la semana pasada la dimisión de Menicucci. El diputado federal evangelista Eduardo Cunha declaró que la funcionaria debería estar “en la época de Sodoma y Gomorra”.
Indiferente a sus detractores y en su primera declaración pública, la funcionaria expresó que “el aborto no es un problema ideológico, sino de salud pública” e indicó que su lucha es por los derechos reproductivos y sexuales “para que ninguna mujer en este país muera por muerte materna (y es una lucha que) no hace más que fortalecerme”.
Desde Argentina, su designación es leída como un guiño a la apertura del debate sobre el aborto. Para la presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, Mabel Bianco, “es muy positiva, no sólo porque el país tendrá una férrea defensora de los derechos de la mujer en un cargo de poder, sino por Dilma, que demuestra no estar atada a las posiciones religiosas, acorde con el país laico que preside”, señaló a Página/12.
Martha Rosenberg, integrante del Foro por los Derechos Reproductivos, es de opinión similar. “Menicucci es un signo interesante para el gobierno brasileño. Primero porque indica que hay un cambio en la política y también por la libertad que tiene la mujer de no esconder su experiencia personal una vez en el poder.”
Según el informe que se presentará en la 51ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU en Brasil se practican un millón de abortos anuales. El documento, elaborado por más de doce ONG, señala que se registran 250.000 hospitalizaciones a causa de sus complicaciones, siendo la cuarta causa de muerte materna. Por eso, el informe preliminar del organismo internacional ubica a la criminalización del aborto como la principal deuda pendiente en Brasil respecto de la mujer. La legislación brasileña lo penaliza, excepto en caso de violación o riesgo para la salud de la mujer, y la Legislatura ha estudiado recientemente iniciativas partidarias de endurecer estas penas.
La llegada de Menicucci pone una cuota de intriga sobre las próximas medidas que tomará Rousseff.
Con el surgimiento del 15-M, la horizontalidad ha vuelto a ser un concepto motor en la construcción de nuevos movimientos sociales y políticos. Sin embargo, ¿qué entendemos por “horizontalidad”?
Al repasar algo de bibliografía, constato que se suele definir en negativo como oposición o rechazo a otros términos como la verticalidad o la jerarquía, puesto que, de forma consciente o no, entendemos mejor las implicaciones de tales conceptos que culturamente impregnan nuestras sociedades y nuestros cerebros. Asimismo, tanto en el espacio público (Estado, escuela, hospital, trabajo remunerado, etc.) como en el privado (como la familia), vivimos en un mundo principalmente jerarquizado donde en el mejor de los casos elegimos nuestra cadena vertical de mandos (la democracia representativa) o en el peor sufrimos una dominación no deseada (véase el parto medicalizado o el significado de la relación asalariada). Sin embargo, pocas veces encuentro definiciones en positivo de la horizontalidad. Con esta voluntad constructiva, definiré la horizontalidad de la manera siguiente: una profundización de la ética de la liberación, una actitud (y un camino) y un modelo organizativo.
La profundización de la ética de la liberación
André Gorz solía conceptualizar la ecología política como una ética de la liberación donde “la expansión de la autonomía [del sujeto] se halla en el centro de la exigencia ecologista. Ello supone una subversión de la relación de los individuos con sus herramientas, con su consumo, con su cuerpo, con la naturaleza” (1975). En esta óptica, desarrollada también por Illich y Castoriadis, la ecología política es una apuesta decidida por la autonomía del sujeto y por su capacidad de cooperar de forma voluntaria y en igualdad de condiciones con otros sujetos para oponerse a cualquier deriva liberticida e insostenible de las “mega-máquinas” mercantiles, estatales o tecnócratas y para construir alternativas concretas al productivismo actual.
De esta visión emancipadora nace la voluntad de poner en pie sociedades —u organizaciones— autónomas, hechas de individuos a su vez autónomos y cooperativos. Estas sociedades (u organizaciones) se convierten en ágora permanente sobre lo que es conveniente producir (y cómo), además siempre dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas. Por esta razón, las empresas tendrían que ser controladas por sus personas empleadas, un partido o un sindicato por el conjunto de sus militantes y la esfera política por el conjunto de la ciudadanía. Es un llamamiento hacia organizaciones donde los sujetos autónomos no estén subordinados a ninguna estructura, ni órgano de ésta. En este tipo de horizontalidad también existen límites, pero no provienen de una autoridad superior (el Líder, el Órgano central, la Tradición, la Autoridad, etc.) sino que se basan en la deliberación y la decisión colectiva.
Una actitud (y un camino)
Encontramos en la educación horizontal una gran ayuda para conceptualizar la “actitud horizontal”. Esta rama educativa entiende la horizontalidad “como una disposición psíquica y social, interior y exterior al sujeto, en la cual ningún hombre y mujer anula la libre expresión de otro, de manera que todos pueden manifestarse sin hallar un obstáculo en el otro, sino más bien un apoyo para el propio crecimiento” (Santos, 2006). Así, primero, es una facultad del sujeto a vivir su libertad desde el encuentro positivo con la libertad de otras personas que a su vez, dentro una dinámica ganador-ganador, refuerza el propio desarrollo personal. Dicho de otro modo, “se puede concebir el aspecto interno (…) de la horizontalidad como una suerte de receptividad y apertura al otro.” Exactamente lo que los manuales de educación no violenta o de resolución pacífica de los conflictos aconsejan, respectivamente, a los padres y madres con su prole o a los negociadores con las partes en conflicto o con otros negociadores: respeto, escucha activa y empatía.
Además, en una organización social, política, sindical, etc. sus formas de proceder —es decir su actitud que la definirá y le dará credibilidad en el día a día— tienen que ser acordes en cualquier momento con los objetivos planteados. Obviamente no se puede llevar la paz o la emancipación con métodos violentos que sea aquí o en el Sur, no se puede enseñar a nuestros hijos el respeto desde la metodología de la bofetada, ni se puede pedir a las instituciones transparencia y participación sin aplicarlo internamente. Dicho de otro modo y parafraseando a Gandhi, podríamos decir que “no hay camino para la horizontalidad, la horizontaliidad es el camino”.
Un modelo organizativo
No se trata de un concepto totalmente nuevo: tiene mucho en común con —y hereda de— las teorías y las prácticas de la autogestión del sindicalismo de finales del siglo XIX, de los consejos obreros húngaros o de las experiencias post-68. Sin embargo, las posibilidades abiertas por las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) y, sobre todo, por las dinámicas cooperativas en torno al conocimiento, la cultura y el software libres o en las actuales dinámicas post-crecentistas (colectivos de decrecimiento, de ciudades en transición, de cooperativa integral, etc.) aportan a la horizontalidad su plena capacidad como modelo organizativo. En las brechas del sistema, la propia existencia y praxis diaria de una organización horizontal son pruebas de insumisión y gérmenes de alternativa a la megamaquina técnica, económica y política.
Dicho esto, destaco algunas características de una cooperativa política funcionando sobre el modelo de la horizontalidad:
Trabajo en red: “La red” es ante todo una mentalidad y una forma de trabajar adaptada al siglo XXI: prima la inteligencia colectiva y la propriedad común, como puede ser la lógica cooperativa del software libre. Es una búsqueda de sistemas organizativos basados en la igualdad, la participación activa de todo/as y la voluntad de consenso. En esta estructura líquida y partidaria de la adhocracia, todos los miembros pueden tener autoridad para tomar decisiones y llevar a cabo acciones. Asimismo la fuerza de las redes, físicas o virtuales, reside en su capacidad de mover y mezclar personas y organizaciones de diferentes intereses o círculos, con compromisos flexibles según objetivos y afinidades, desde lo territorial a lo sectorial. Dicho así, no hay que confundir el uso intensivo de Internet (o de comunidades virtuales) con alcanzar una estructura en red presencial y virtual.
Flujos de información y transparencia: la información es poder, y el poder es compartido entre todos los miembros en igualdad de condiciones. Lo que significa que la información tiene que fluir en cualquier momento hacia todos los miembros del a organización sin exclusión, dentro de un marco que hace de la transparencia un pilar de su desarrollo. No solo requiere un fácil acceso a las fuentes de información sino una política activa personal y colectiva de transmisión de la información a todas las partes de la organización-red sin que ellas las tengan que pedir. Es también la capacidad de poner en marcha la información peer to peer, donde cada neurona se convierte en un nudo de información seguro para otras neuronas. Con unas reglas de juego claras y sin necesidad de un órgano central, la red valida la veracidad y legitimidad de la información.
Confianza multidireccional y cooperativa: tal y como lo desarrollo más en detalle en el artículo Reflexiones sobre la confianza en un partido horizontal, no solo se trata de una confianza undireccional desde las personas asociadas hacia los cargos (y órganos) electos sino también de una “confianza de todas a todas”. Tanto las personas electas como cualquier persona asociada “depositan” en cada una de las personas de la organización o de la red, con o sin responsabilidad interna o externa, la misma confianza. De esta manera, damos un margen de confianza a la inteligencia colectiva que emana de la conexión de nuestras energías y reflexiones.
El conocimiento libre: más allá de tener transparencia e información disponible para todas las neuronas, la inteligencia colectiva —es decir el resultado del trabajo cooperativo y en red (que va más allá de la suma de las individuales de la organización)—, pertenece a todos y todas. Decimos que se trata de una propiedad común, cuyo código fuente y posibles mejoras están en la organización, en la red o en el espacio público a un coste nulo.
En resumen, una organización horizontal es un nodo más de una sociedad que pugna por la “democracia de lo común” (véase Subirats, 2011), es decir que favorece los bienes comunes, la lógica cooperativa y la capacidad de compartir.
Referencias:
Gorz, A. (1975): Ecologie et politique, Galilée.
Santos, M (2006): “De la verticalidad a la horizontalidad, reflexiones para una educación emancipadora”, Revista de ciencias sociales y humanidades, enero-marzo 2006.
Subirats, J. (2011): Otra sociedad, ¿otra política? Del “no nos representan” a la democracia de lo común, Icaria Asaco.
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| Le Monde diplomatique, edición Colombia Nº198 Abril de 2020 |
