Una prioridad absoluta

La Santa Alianza europea

En 2012 habrá dos muy importantes y competidas elecciones presidenciales. En Francia, el 22 de abril, y en Estados Unidos, el 6 de noviembre. Virtualmente los mismos puntos están siendo debatidos en cada uno de estos países, y casi de la misma manera. En ambos los presidentes son las figuras políticas más poderosas. Pero hay una gran diferencia entre esas elecciones: no es una de ideología, sino de las reglas de la elección en sí. Diferentes reglas producen tácticas electorales sorprendentemente diferentes.
 

En ambos países existen dos partidos importantes que históricamente se presentan a sí mismos como una centroderecha que se opone a una centroizquierda. Los observadores de casi todas las convicciones políticas concuerdan en que las políticas reales de cada uno de estos partidos, una vez en el poder, no son muy diferentes. No obstante, existen algunas diferencias que cada uno considera cruciales, y éstas motivan que cada grupo puje ferozmente por las elecciones presidenciales.
 

En ambos países existe lo que podría llamarse una extrema derecha y una izquierda radical. La extrema derecha y la izquierda radical denuncian a los dos partidos “centristas” como “compadres gemelos” y llaman a formar plataformas políticas que sean realmente de izquierda o de derecha. Esto juega en cada país de modo bastante diferente, debido a los muy distintos sistemas electorales.
 

En Estados Unidos la elección ocurre en 50 unidades separadas –los estados– sobre la base de que el ganador en cada estado se lleva todo el estado, que cuenta para un número de votos específicos en lo que se conoce como “colegio electoral”. Este sistema hace muy difícil que un “tercer partido” tenga un impacto real en la decisión de quién resulta electo. Sin embargo, hay quienes no se inmutan con esto y lanzan candidatos de todas maneras. Algunas veces hacer esto afecta los resultados en unos cuantos estados, y como tal los resultados finales. Por ejemplo, en 2000 algunos analistas arguyeron que la candidatura de Ralph Nader robó los votos suficientes al candidato demócrata Al Gore, lo cual lo privó de la victoria en dos entidades. Por tanto, se ha dicho algunas veces, la candidatura de Nader tuvo como efecto que Bush saliera electo.
 

En el pasado la extrema derecha en Estados Unidos tendía a abstenerse de participar a nivel electoral alegando que el Partido Republicano era demasiado “liberal” para su gusto. Pero hace unos 20 años este grupo decidió que el modo de afectar el resultado era entrar en el Partido Republicano y forzarlo, confrontando a los republicanos que eran demasiado “centristas” en las elecciones primarias al interior del partido, para que eligieran candidatos más “conservadores”. En los tiempos que corren este grupo es ampliamente conocido con el nombre del Partido del Té. Esta táctica de “entrar” ha sido bastante exitosa y el Partido Republicano se ha movido, de hecho, significativamente a la derecha en los últimos 12 años, más o menos.
 

En Francia las elecciones funcionan de modo muy diferente. Por una razón: son nacionales, no hay subunidades electorales. Una segunda razón es que a menos que un candidato reciba más de 50 por ciento de votos siempre hay una segunda ronda electoral, en la que los dos partidos con los porcentajes más grandes en la primera votación son la única opción a elegir.
 

El sistema permite y de hecho alienta que grupos de todas las variedades políticas presenten un candidato presidencial en la primera ronda, dado que los votantes saben que pueden otorgar su voto a alguno de los dos partidos principales. La primera ronda sirve como demostración de fuerza popular y afecta primordialmente, eso esperan, las políticas del partido ganador después de la segunda ronda.


El sistema francés tiene una falla. Ambos partidos importantes tienen que contar con los suficientes votos para entrar a la segunda ronda. En 2002, lo que fue algo excepcional, el partido de centroizquierda, los socialistas, quedaron apenas atrás del partido de extrema derecha, el Frente Nacional, y fueron eliminados. Por tanto, este año los socialistas están enfatizando la importancia del vote utile (voto útil) para que no les vuelva a pasar. El trauma de 2000 para los demócratas en Estados Unidos es semejante al de 2002 para los socialistas en Francia.
 

¿Dónde nos deja esto? En Estados Unidos el eventual candidato republicano se presentará como “muy” conservador gracias a las presiones del Partido del Té, y por tanto corre el riesgo de perder los votos de los llamados moderados, quienes son más “centristas”. El candidato demócrata, que será el presidente Obama, ha desilusionado a muchos de sus más ardientes simpatizantes al moverse contundente a la derecha durante su primer periodo. Ahora intenta ganarlos de nuevo con una plataforma más “populista”, pero preocupa que, en el proceso, pueda perder a alguno de los moderados republicanos “desilusionados”. En 2012 no se avizoran candidatos significativos de partidos menores.
 

En Francia la situación es más complicada. Las encuestas actuales muestran que los dos candidatos de los partidos importantes –Nicolas Sarkozy, del partido de centroderecha, el UMP, y François Hollande, del partido de centroizquierda, los socialistas– van bastante parejos en la primera ronda. Sin embargo, cada uno tiene poco menos de 30 por ciento de votos. El restante 40-50 por ciento se repartirá entre otros tres candidatos primordialmente: Marie LePen, del Frente Nacional, de extrema derecha; François Bayrou, del partido de centro-centro (que condena al UMP y a los socialistas de no ser lo suficientemente centrista), y Jean-Paul Melenchon, del Frente de Izquierda, quien se las ha arreglado para convocar a la mayor parte de los votos de la izquierda radical, pese a la participación de un número de otros partidos de extrema izquierda en la elección.
 

LePen, Baryou y Melenchon, hasta el momento, tienen en las encuestas entre 14 y 18 por ciento de votos cada uno. Entonces, ninguno parece probable para la segunda ronda. El desempeño de Melenchon ha sido la gran sorpresa en las elecciones. Pero también hay la predicción de que si las encuestas muestran que Hollande baja demasiado, tal vez la mitad de sus actuales simpatizantes voten por Hollande en vez de por él para no arriesgar a que LePen o Bayrou saquen de la jugada a Hollande.
 

Sin embargo, si Melenchon consigue una gran votación y Hollande queda de todos modos en la segunda ronda, dos cosas serán ciertas. Una, esto será un claro mensaje a los socialistas de que se tienen que mover a la izquierda. Segundo, casi todos los que votaron por Melenchon sufragarán por Hollande en la segunda ronda. En la derecha, sin embargo, la mayoría de los votantes de LePen serán renuentes a votar por Sarkozy, y el Frente Nacional no lo recomendará. Si lo hicieran, minaría la base misma de su existencia.
 

El sistema francés parece funcionar mejor para la izquierda radical. El estadunidense, para la extrema derecha. Pero esto es, sobre todo, por las diferentes reglas electorales que poseen.
 

Traducción: Ramón Vera Herrera

© Immanuel Wallerstein
 

La Premio Nobel de la Paz de 1991, Aung San Suu Kyi, consiguió esta semana una banca en el Parlamento de Burma (ex Birmania) tras quince años de prisión domiciliaria por defender la democracia ante un régimen represivo. Tras casi medio siglo de opresión militar, la oposición prodemocrática nucleada en su Liga Nacional para la Democracia (LND) consiguió colarse en el Parlamento. Allí controlará 37 escaños de los 440 de la Cámara baja, cuatro de la Cámara alta y dos de la Cámara regional, que representa a parte de las ocho grandes etnias y 135 tribus que se reparten el territorio. A pesar de este notable avance, impensable hace sólo dos años, la oposición no podrá hacerle sombra al régimen porque el oficialista PDSU ostenta la mayoría absoluta y, además, la Constitución reserva al Ejército un cuarto de los diputados. Pero su mera presencia parlamentaria, junto a la celebración de estas elecciones parciales, demuestran la apertura iniciada en Burma y suponen la antesala de los comicios presidenciales previstos para 2015, en los que podría participar Aung San Suu Kyi.
 

A los 66 años, La Dama se pasó tres lustros de las dos últimas décadas confinada bajo arresto domiciliario por su defensa de la libertad y la democracia en Birmania. Su liberación siguió a las elecciones que tuvieron lugar en noviembre de 2010, que en realidad fueron una fachada que sentó en un gobierno civil a generales retirados de la anterior junta militar, como el presidente Thein Sein. Tras relevar al hasta entonces “hombrefuerte” de Birmania, el general Than Shwe, éste puso en marcha una serie de reformas que sorprendieron incluso a sus más críticos detractores. Entre ellas destacan la liberación de cientos de presos políticos, la relajación de la represión y la censura, la firma del alto el fuego con varias guerrillas étnicas y la apertura económica para captar turistas e inversión extranjera. “Las elecciones se han celebrado con éxito”, se congratuló Thein Sein durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean), que tiene lugar en Phnom Penh, capital de Camboya.
 

Para premiar a Birmania por su transición hacia la democracia, el foro Asean le prometió la presidencia en 2014 y pidió a Estados Unidos y la Unión Europea acabar con las sanciones. “Instamos a la comunidad internacional a considerar el levantamiento de las sanciones sobre Burma para que su pueblo pueda disfrutar mejores oportunidades en sus aspiraciones por la paz, la reconciliación nacional, la democracia y el desarrollo”, señaló el viceprimer ministro de Camboya y titular de Exteriores, Hor Namhong, en un comunicado de la Asean.
 

“El presidente Thein Sein me ha dicho que el proceso es más importante que el resultado, lo que creo que es la actitud correcta porque el proceso forma parte de la reconciliación nacional”, explicó el secretario general de Asean, Surin Pitsuwan. A la espera de comprobar más avances democráticos, EE.UU. y la UE ya se plantean levantar algunas de las sanciones impuestas con la vista puesta en la vuelta a la escena política de Aung San Suu Kyi y la transición tranquila de Birmania.
 

En 1990, la LND fue despojada de la victoria por la junta, que había encerrado a Suu Kyi. En 2010, la opositora estaba aún en una residencia vigilada mientras que su partido boicoteaba las elecciones, desacreditando un proceso marcado por las irregularidades.
 

San Suu Kyi reconoció, no obstante, que estas elecciones eran imperfectas, pero admitió que eran necesarias. “No creo que podamos decir que se trata de unas elecciones libres y justas, si se tiene en cuenta lo observado en los últimos meses”, dijo en una conferencia de prensa realizada en Rangún, en la que reivindicó la necesidad de participar en ellas. Ahora, gracias a su enorme apoyo popular, la oposición entrará en el Parlamento con 43 diputados, pero no hará sombra al gobierno porque el ejército se reserva un cuarto de los escaños.
 

En un territorio que cabe 93 veces en México (y con una población 17 veces inferior), El Salvador sufrió una guerra civil que dejó 80 mil muertos y más de un millón entre migrantes y refugiados (1975-91).
 

A diferencia de Cuba y Nicaragua, la lucha en El Salvador fue como la de España en la guerra civil: una guerra ideológica y política integral, en la que todas las clases presentaron batalla en todos los frentes sociales: en el religioso y el militar, en el económico, político y cultural.
 

Un dato que a discreción olvidan los analistas “independientes”: la gesta del FMLN fue algo más que un “foco” guerrillero, clonado de la llamada guerra fría. Porque esta guerra empezó mucho antes de las masacres de 1932, y retomó sus fueros en 1980, año de la constitución del FMLN y de la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
 

Se dice que los Acuerdos de Paz (México, enero 1992) fueron a consecuencia del “empate” militar entre las fuerzas insurgentes y el ejército gubernamental. Y con afanes políticamente correctos, se omite que el FMLN derrotó a uno de los ejércitos más grandes y armados del continente, estructurado, entrenado, asesorado y financiado por Estados Unidos.
 

Los acuerdos fueron en realidad otra vuelta de tuerca en los engranajes del despojo y la exclusión neoliberal. Con la venia de Washington, los gobiernos “democráticos” de Arena importaron las nuevas modalidades de la guerra contrainsurgente que en Colombia funcionaban a toda máquina, y que en México se aplican hoy contra el “crimen organizado” (?).
 

A 20 años de los acuerdos (y con un gobierno “de izquierda” en funciones desde marzo 2009), El Salvador registra más asesinatos que en el periodo de la guerra, en tanto 2 millones y medio de salvadoreños (40 por ciento de la población) residen en el exterior. Por esto, en las pasadas elecciones de medio periodo (legislativas y municipales) el pueblo salvadoreño emitió una suerte de “voto castigo” al FMLN.
 

¿Sabían los funcionarios del FMLN que iban a perder? El ex comandante guerrillero y hoy académico Dagoberto Gutiérrez responde en un artículo: “No, al contrario. Como funcionarios estaban absolutamente seguros de que la gente los iba a seguir, como si la gente les perteneciera. Fue el error. Saber lo que está pensando la gente es lo fundamental, clave, eso lo aprendimos en la guerra…
”

Añade: “Arena no esperaba ganar donde ganó, y el FMLN no esperaba perder donde perdió. Lo que ocurrió es el que el voto ha sido convertido en un instrumento administrativo vacío de poder. [...] La gente decidió utilizar el voto políticamente y no electoralmente, como castigo al FMLN, más que al gobierno. [...] No es la gente la que teme al FMLN, es el partido FMLN el que tiene miedo al pueblo. [...] La cúpula del FMLN no es de izquierda, es de derecha”.


Sin embargo, otros “analistas” se “maravillan”. Sergio Ramírez escribe: “Si uno mira desde Nicaragua a través de las aguas del golfo de Fonseca, la democracia en El Salvador está funcionando como debe ser”. El ex sandinista celebra las “reglas de la democracia, uno de cuyos supuestos esenciales es la alternabilidad, cumplidas al pie de la letra” (Allí no más, al otro lado, La Jornada, 31/3/12).
 

O sea, la posibilidad de que en 2014, frente a la inoperancia y oportunismo del FMLN, la ultraderecha retorne al poder para depositar flores en el monumento que la alcaldía de Antigua Cuscatlán levantó al fundador del partido, el multiasesino Roberto D’Aubuisson.
 

Tampoco podía faltar el otro inefable, Joaquín Villalobos, ex comandante del FMLN y asesor del gobierno de México (así como lo fue con el de Álvaro Uribe en Colombia). Eternamente inquieto por las cuentas pendientes con la justicia, el asesino del poeta nacional de El Salvador, Roque Dalton, cierra filas con la teóricos angloyanquis del “Estado fallido” y, abriendo el paraguas, escribe:
 

“Aunque resulte indiscutiblemente justo (sic) resolver estos agravios [NR: masacre de El Mozote, donde 900 campesinos, entre ellos 460 niños fueron asesinados durante la guerra], la pregunta es si estos países pueden darse el lujo de atender este tema sin volverse más inviables (sic). Incapaces de darse seguridad y justicia en el presente (sic), pretender que lidien con el pasado suena a broma” (“El peligro de una Somalia latinoamericana”, El País, 19/2/12).
 

Ni el maravillado Ramírez ni el asesino Villalobos (quienes en distintos tiempos, medios y cualquiera sea el asunto cumplen con el deber ser de condenar a Hugo Chávez) deberían andar tranquilos.
 

Con la venia del “compañero” presidente Mauricio Funes, el nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública, coronel David Mungía Payés, anunció que la FBI y la Fuerza de Tareas Antipandillas de Estados Unidos estarán a cargo del entrenamiento de la policía nacional para “combatir a las pandillas”. A más de ofrecer a Washington información personal, de los viajeros que transiten vía aérea por El Salvado
 

Bordeaux , 1° de abril. Tres semanas antes de la primera vuelta de la elección presidencial, a diario se publican en la prensa francesa sondeos que fluctúan. Alternan Nicolas Sarkozy (UMP), presidente, quien busca relegirse, y François Hollande (Partido Socialista), en primer y segundo lugares, con un promedio de 28 por ciento de intenciones de votos, y Jean-Luc Mélenchon (Frente de Izquierda) y Marine Le Pen (Frente Nacional, extrema derecha) en tercer y cuarto sitios, con 15 y 13 por ciento. En cambio, para la segunda vuelta la situación sigue estable: frente a Nicolas Sarkozy, François Hollande ganaría con 54 por ciento de sufragios.
 

La mayoría de los candidatos ya presentaron los principales lineamientos de sus programas, menos Sarkozy, quien los anunció para los días próximos. Mientras tanto, muchos diarios y revistas publican números especiales sobre el balance del gobierno electo en 2007 y sus reformas, tratando de explicar el antisarkozismo de una parte de la población y la responsabilidad del presidente y su partido en la crisis económica interna.
 

Todo empezó el día de la elección presidencial, el 6 de mayo de 2007, cuando el nuevo mandatario fue a festejar su victoria a uno de los restaurantes más selectos de París, el Fouquet’s, con 55 invitados especiales. Muy bien representadas estaban las grandes empresas que cotizan en la bolsa. Siguieron las vacaciones en el yate de uno de los hombres más ricos de Francia. El que pretendía cambiar el país apareció pronto como lo que iba a ser descaradamente: "el presidente de los ricos", representante de una derecha cuyos únicos valores se concentran en el dinero, la bolsa y los paraísos fiscales. El llamado "paquete fiscal" exoneró de impuestos (15 mil millones de euros) a las fortunas más grandes y desestabilizó el presupuesto del Estado. "Las arcas del país están vacías", afirmó cínicamente Sarkozy en febrero de 2008, para justificar la modificación de las leyes laborales (flexibilización de los contratos, despidos no justificados).
 

Todavía no se vislumbraba el vacío cultural e intelectual en que el presidente más reaccionario y vulgar que haya tenido Francia iba a hundir el país. Hombre de poca cultura, literaria e histórica por lo menos, ha manifestado un desprecio real por la cultura, odio a los intelectuales, y ha favorecido la sociedad del espectáculo, en la que ha sido omnipresente. Su distorsión de la historia nacional e internacional (entre otros, el discurso neocolonial de Dakar); sus lances sobre los enfermos mentales y la siquiatría, los magistrados, los jueces, las cárceles y los delincuentes, los migrantes, los jóvenes de los barrios populares, los extranjeros, los indocumentados y los desempleados, son una vergüenza para los franceses. También la firma en Lisboa del tratado europeo, rechazado por los franceses en las urnas y, finalmente, ratificado por el gobierno. De igual forma la participación en la guerra contra Libia, en que Francia y Gran Bretaña violaron el mandato de la Organización de Naciones Unidas.
 

En el campo social, la estocada la dio el gobierno con la reforma a las jubilaciones, presentada como necesaria para la "adaptación al mundo actual". Millones de trabajadores, en las calles de Francia, padecieron uno de los fracasos más importantes del movimiento social.
 

Pero hoy, muchos electores se preguntan si cambiar de presidente garantizaría un cambio real.
 

El empleo continúa siendo la preocupación mayor de los franceses. En febrero se contaban 2.9 millones de desocupados y más de 4.5 millones de trabajadores en actividad reducida.
 

François Hollande propone crear 500 mil "contratos de generación" –contratación de tiempo completo de un joven de menos de 30 años, acompañado por un trabajador experimentado (hasta la jubilación del segundo)– y 150 mil para los jóvenes de los barrios populares. Además, en cinco años se crearían 60 mil puestos en el sector educativo.
 

Para el Frente de Izquierda hay que restablecer primero las 35 horas semanales, con la contratación correspondiente de trabajadores en todos los sectores, sobre todo en el sector público, y suprimir progresivamente las horas extras. Realizar cada año reuniones regionales para el empleo, que definirían necesidades y objetivos con todos los interesados de la sociedad civil.
 

La segunda preocupación de los franceses es el poder adquisitivo.
 

Para el Partido Socialista, después de la elección se podría aumentar el salario mínimo (mil euros actualmente) en el marco de una negociación con sindicatos y empresarios.
 

El Frente de Izquierda quiere un salario mínimo de mil 700 euros, porque daría alivio a las clases populares y arrastraría los otros salarios hacia arriba.
 

Pero, finalmente, si el contenido de los programas políticos es importante, también la manera en que se van a aplicar. Los electores ya no están para firmar cheques en blanco. La exigencia de participación y control ciudadano se va abriendo camino. A los candidatos les queda tres semanas para convencer.
 

A veinte años del Acuerdo de Paz en El Salvador, el proceso de Verdad y Justicia marcha lento, pero marcha. Mucha agua corrió bajo el puente desde que el gobierno neofascista liderado por Roberto D’Aubisson y sus secuaces desa-tó una feroz represión sobre la población civil a fines de la década del ’70 y principios de la década del ’80, la cual derivó en una guerra civil que terminó con la firma del tratado de Chapultepec en enero de 1992, poniendo fin a la lucha armada. Es oportuno recordarlo aquí porque Argentina tuvo mucho que ver con la represión primero y con la búsqueda de Verdad y Justicia después, así que aprovechamos la presencia de Terry Karl en el país para hacer el recorrido. Karl, profesora Gildred de Derechos Humanos en la Universidad de Stanford, es una de las principales expertas en el tema. Sus investigaciones, que incluyen una valiente y memorable entrevista con D’Aubisson y testimonios ante distintos jueces, comisiones y entidades gubernamentales en El Salvador, Estados Unidos y España, fueron fundamentales para avanzar la causa de las víctimas de una represión que le costó la vida a unos 85.000 civiles en un país de menos de un millón y medio de habitantes, un promedio de asesinatos per cápita mucho mayor al sufrido en la Argentina durante los años más oscuros de la dictadura.
 

Al igual que en la Argentina, en El Salvador, después del terror llegó la impunidad y a partir de ahí el camino se hizo cuesta arriba. En 1993, apenas dos días después de la publicación del Informe de la Verdad, que nombró a los represores con nombre y apellido, el Congreso salvadoreño, dominado por el ultraderechista partido Arena, promulgó una ley de amnistía para los asesinos y represores que se mantiene vigente hasta el día de hoy, a pesar de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha fallado más de una vez que esa ley es ilegal.
 

A partir de esa ley, muy poco es lo que se ha hecho en El Salvador. Apenas un soldado y un oficial han sido condenados, en 1991, antes de la amnistía, por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989. Y eso ocurrió bajo una fuerte presión de Estados Unidos, que había amenazado con dejar de mandar ayuda financiera al país centroamericano si no se hacía algo con semejante masacre. Fue una condena corta, en un juicio que la Justicia española luego calificaría de “farsa,” porque fueron muchos los militares que participaron en la matanza, varios hasta lo confesaron en el juicio, pero igual fueron absueltos. Algo similar había ocurrido en 1984, en plena guerra, cuando cuatro soldados, cuatro perejiles, fueron condenados a treinta años de prisión por violar y asesinar a cuatro monjas estadounidenses en 1980. La Justicia salvadoreña determinó que los perejiles habían actuado por su cuenta y que el crimen no entraba en la ley de amnistía porque había sido un crimen común, no político. Sin embargo, para la Comisión de la Verdad no había dudas: la masacre de las monjas había sido ordenada por el entonces ministro de Defensa, general José Guillermo García, y por el entonces director de la Guardia Nacional, coronel Carlos Eugenio Vides Casanova.
 

Pasó el tiempo. D’Aubisson murió en 1992 sin ser juzgado por los crímenes que cometió, pero algunos de sus lugartenientes no tuvieron tanta suerte. En 1998, el abogado William Ford, hermano de Ita, una de las monjas masacradas, descubrió por casualidad que García y Casanova estaban viviendo en Florida. Les inició un juicio criminal, pero ambos fueron absueltos porque la Justicia estadounidense determinó que no estaba suficientemente probada la cadena de responsabilidades. Ford insistió en 1999 con un juicio civil basado en la ley estadounidense en contra de la tortura y el derecho internacional que condena los crímenes de lesa humanidad. En el 2002, García y Casanova fueron condenados a pagarles 54,6 millones de dólares a las víctimas. A partir de esa condena, en el 2004, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estadounidense llamó a audiencias públicas y al año siguiente aprobó una ley que ordena al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Interior y al Servicio de Inmigración a deportar del país a abusadores de los derechos humanos. En el 2006, la Corte Suprema rechazó la apelación de los militares salvadoreños y los familiares de las víctimas lograron cobrar los primeros treinta mil dólares al coronel Casanova, con los cuales se construyó una clínica gratuita para los pobres en San Salvador. Debió pasar todo el gobierno de Bush para que las autoridades estadounidenses aplicaran la nueva ley en contra de los represores salvadoreños. En el 2009, bajo el gobierno de Obama, se inició el proceso administrativo en contra de los represores y en diciembre del año pasado Seguridad Interior emitió un dictamen ordenando la expulsión del país de García y Casanova. Se trata de un hecho histórico, explica la profesora Karl, porque por primera vez Estados Unidos inicia por cuenta propia un proceso de deportación de violadores de derechos humanos que no sean nazis. (El proceso de deportación en contra del general García también está en marcha, a la espera de un dictamen de Seguridad Interior.)
 

Mientras tanto avanzaban otras causas. En el 2003 descubrieron al capitán Alvaro Saravia, jefe de seguridad de D’Aubisson, vendiendo autos usados en Fresno, California. Le iniciaron un juicio civil por el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero en 1980, pero antes de que el caso llegue a juicio Saravia se escapó del país y actualmente sigue prófugo. En el 2004 Saravia fue condenado en ausencia a pagar diez millones de dólares. El juicio fue muy importante para el registro histórico, porque sirvió para establecer, entre otras cosas, la conexión argentina en el asesinato del arzobispo y porque el juez determinó que se trató de un crimen de lesa humanidad, ya que se había cometido con el claro propósito de intimidar a la población y abrir la puerta a la represión que vendría después. No por casualidad 1980 y 1981 fueron los peores años de la represión, el de las peores masacres, más de 20.000 civiles murieron en esos dos años. “Fueron los asesores militares argentinos quienes prepararon el terreno para el asesinato. A través del aparato de propaganda de los medios afines a D’Aubisson diseñaron una campaña de prensa para pintar a Romero, un arzobispo más bien conservador, como un marxista subversivo cuya alma había sido tomada por el demonio. Todo eso aparece en documentos escritos por militares argentinos.”
 

En el 2005 encontraron a Nicolás Carranza en Memphis, donde trabajaba como guardia de seguridad en un museo. Carranza había sido viceministro de Defensa entre 1979 y 1981 y también director de la Policía de Hacienda, notoria por sus escuadrones de la muerte, en 1983 y 1984. Fue enjuiciado y condenado a pagar seis millones de dólares por torturas y asesinatos extrajudiciales. Significativamente, el juez de Memphis, al igual que el de Fresno, falló en el 2008 que el acusado había cometido crímenes de lesa humanidad por ordenar el asesinato en 1980 de los seis máximos dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, partido que entonces lideraba la oposición pacífica y democrática en El Salvador. En el juicio civil se demostró que, además de su actividad en el aparato represivo salvadoreño, Carranza era soplón de la CIA, por lo cual cobraba noventa mil dólares al año. Su deportación se hace más complicada porque no hay registro de su ingreso a Estados Unidos, ya que fue la misma CIA quien lo trajo al país en 1985, cuando el gobierno de Reagan le ordenó a sus aliados del gobierno salvadoreño que lo separaran de su cargo por impresentable. En 1995, Carranza recibió la ciudadanía estadounidense en agradecimiento por los servicios prestados. El juicio a Carranza también es significativo porque durante el juicio el gobierno salvadoreño presentó un escrito de amicus curiae argumentando que Carranza estaba cubierto por la ley de amnistía. Eso permitió que una coalición de destacados jurista presentara otro escrito respondiendo que la ley salvadoreña es inválida bajo el principio de Justicia internacional y la jurisprudencia vigente. El juez no opinó sobre la validez de la ley de amnistía, pero falló que no era aplicable al caso Carranza.
 

Ese mismo año, el 2008, empezó en el juzgado de Eloy Velazco de la Audiencia Nacional de España el juicio criminal por el asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989, aprovechando que algunos de los asesinados ostentaban doble ciudadanía española. Toda la plana mayor del ejército salvadoreño de entonces fue procesada y nueve pedidos de extradición remitidos a la Corte Suprema salvadoreña. La Corte salvadoreña hasta ahora se ha negado a conceder extradiciones por razones burocráticas, eludiendo opinar sobre el fondo del caso. Pero la profesora Karl no da por terminado el asunto, ya que España es el segundo socio comercial de El Salvador y tiene con qué presionar. Además, en poco tiempo podría recibir a su primer acusado, gentileza del servicio migratorio estadounidense, ya que el año pasado fue encontrado en Boston el general Inocente Orlando Montano, uno de los veinte militares salvadoreños procesados en España por el asesinato de los curas jesuitas. Montano, que tiene 70 años, se encuentra bajo arresto domiciliario por fraude criminal y enfrenta penas de hasta 40 años de prisión por haberle mentido al servicio migratorio estadounidense. Entre otras mentiras groseras, Montano, que era viceministro de Defensa cuando mataron a los jesuitas, había declarado en su formulario de entrada a Estados Unidos que nunca había sido miembro del ejército salvadoreño. Cuando la Justicia estadounidense termine con él, si sigue vivo, “Inocente” tendría que ser deportado a España para ser juzgado por su rol en la masacre de los curas.
 

Mientras tanto, en El Salvador, en el 2009, tras ganar las elecciones, asumió la presidencia Mauricio Funes de la ex guerrilla Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La llegada al poder de la izquierda por primera vez en la historia de El Salvador generó muchas expectativas entre los defensores de los derechos humanos de que ahora sí se podría remover el velo de impunidad que sigue encegueciendo a la sociedad salvadoreña. Pero no sucedió. Hubo algunos gestos simbólicos que sirvieron para establecer la verdad histórica, como la tardía reivindicación de monseñor Romero, homenajeado con un mural que cuelga del aeropuerto internacional de San Salvador (foto). También fue significativa la visita de Obama el año pasado a la tumba del arzobispo. Pero la ley de amnistía sigue vigente y, peor aún, muchas víctimas salvadoreñas todavía no tienen mucha idea de lo que les pasó.
 

“A diferencia de la Argentina, donde muchos de los desaparecidos tenían una formación política y educativa importante, en El Salvador la mayoría de los muertos y torturados eran campesinos que no comprendían bien por qué los perseguían. Cuando testifiqué en el juicio de los generales en Miami recuerdo que muchos de los familiares de las víctimas que estaban en la audiencia se largaron a llorar, y después me dijeron que era la primera vez que alguien les explicaba lo que les había pasado”, dice Karl. El camino de Verdad y Justicia en El Salvador, como en tantos otros países, se hizo largo y tortuoso. Así como la Argentina debió recurrir a los juicios de la Verdad para saltear las leyes de impunidad de Menem y Alfonsín, en El Salvador hizo falta recurrir a la Justicia civil y la ley migratoria de Estados Unidos y a las cortes españolas para avanzar a pesar de la ley de amnistía local. Karl dice que el ejemplo argentino es una enseñanza y una inspiración para los defensores de derechos humanos en El Salvador, del mismo modo que los militares argentinos de la dictadura inspiraron e instruyeron a los represores salvadoreños.
 

“Los militares argentinos, especialmente del Batallón 601, enseñaron a los salvadoreños cómo armar escuadrones de la muerte, cómo interrogar, cómo tirar a las víctimas desde aviones, cómo hacer secuestros extorsivos para financiarse, cómo deshacerse de los cadáveres. Suárez Mason fue el mentor de D’Aubisson, el hombre a quien más admiraba. Por eso es tan importante lo que se hizo en la Argentina para castigar a los represores. Los salvadoreños siguen de cerca el proceso argentino, aprenden de él y se sienten esperanzados por todo lo que se avanzó en este país”, señala la experta.
 

Para Karl, un beneficio impensado del caso salvadoreño es que llevó a desarrollar una metodología para erosionar las leyes estadounidenses que protegen a los violadores de derechos humanos que buscan refugio en ese país. “Desde que empezamos con los salvadoreños el mismo método se ha repetido para perseguir violadores de derechos humanos de Chile, Honduras, Somalia y Haití. Se estima que hay unos mil criminales de guerra refugiados en Estados Unidos. Ninguno de los torturadores de Abu Ghraib y Guantánamo han sido juzgados, pero ahora existe la posibilidad de hacerlo con acciones civiles aplicando la ley de tortura.”
 

El proceso de Verdad y Justicia en El Salvador avanza lento pero avanza, inspirado en el de Argentina. Por eso está bueno decirlo acá, veinte años después, aprovechando la discreta visita de una incansable luchadora.

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