Rueda prensa virtual, 18 de marzo de 2020. Cortesía Alcaldía de Bogotá.

En vísperas de un simulacro obligatorio ordenado para Bogotá y Cundinamarca, sobresale que para el 41 por ciento de informales y el 11 por ciento de desempleados que según el Dane habitan en la capital del país, no se han diseñado medidas eficientes para afrontar una medida de estas características, a lo largo de 4 días de encierro.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, en rueda de prensa virtual el 18 de marzo de 2020, detallaron las medidas que traerá el decreto que regulará el simulacro de aislamiento obligatorio de la población que habita en los dos territorios. El simulacro, en síntesis, es para preparar a la ciudadanía para una cercana cuarentena y también para evaluar errores y aciertos de estas medidas en lo que concierne con los bienes y servicios. Por ejemplo, medir el volumen de compra de una ciudadanía ansiosa y así conocer qué tipos de productos están más desabastecidos. Para implementar estas medidas, ¿han pensado en las personas de abajo?

Tanto en Bogotá, como en Cundinamarca, el simulacro de aislamiento iniciará el viernes 20 de marzo a las 00:00 e irá hasta el lunes 23 a las 00:00 horas.

“Quien incumpla la restricción del simulacro, se expone desde sanciones económicas hasta cárcel […] porque la cuarentena en algún momento nos va tocar hacerla y no estamos preparados”, dijo la alcaldesa Claudia López. La alcaldesa agregó que se restringe la libre movilidad de personas y vehículos en Bogotá y Cundinamarca. Taxis pueden operar pero solo por llamadas telefónicas. Transmilenio y Sipt tendrá servicio pero el viernes operará con la misma flota que suele usar un sábado y domingo y, se irá haciendo una reducción escalonada.

Las únicas personas que podrán usar estos servicios y tener libre movilidad son domiciliarios, personal de medios de comunicación, trabajadores de la salud pública, trabajadores de servicios públicos domiciliarios –como alcantarillado, aseo, energía etcétera–, todos debidamente acreditados por sus empresas”.

Personas vulnerables y pobres sin medidas efectivas para el simulacro

La Emisora Comunitaria de Guasca, Cundinamarca, preguntó a la alcaldesa sobre ¿qué pasará con los habitantes de calles? Para ironía del momento, la alcaldesa comentó que la población habitante de calle también está exenta del decreto porque es una población que vive en constante estado de alerta amarilla. El personal de salud y voluntarios que atiende a sector social están incluidos dentro de la excepción. Pero la alcaldesa no notificó medidas específicas para estos trabajadores/as, que están en alto riesgo.

En la rueda de prensa virtual llegó el turno para desdeabajo, quien preguntó: ¿Qué va a pasar con las personas independientes, comerciantes, desempleados, adultos, informales y mayores que no están en ningún programa social del Estado? ¿Cuáles serán las medidas de apoyo económico directo para ellos en Bogotá y Cundinamarca?

Y la alcaldesa contestó: “Lo van a tener a través del Sistema Distrital de Transferencias Unificadas por la contingencia social que estamos viviendo, pero deberán vincularse a los programas porque nosotros no somos adivinos y si no están vinculados no sabemos que ni existen […]”. Por parte del gobernador Nicolás García, no hubo precisión alguna.

Una vez transcurrida la rueda de prensa, nos dimos a la tarea de indigar sobre el Sistema Distrital de Transferencias Unificadas y no encontramos información alguna sobre esto en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, tampoco en los buscadores. Si la ausencia de información específica sobre este programa es lo que sobresale en la página oficial de la Alcaldía, entonces, ¿cómo hará esta población, el 41 por ciento de quienes habitan Bogotá según el Dane, para incribirse a este sistema y programa sino no hay información de fácil acceso?

Si bien lo dijo la alcaldesa, “no somos adivinos”, es claro que tampoco lo son los desempleados, comerciantes, informales y ancianos que no pertenecen a un programa social de Estado.

desdeabajo habló con fuentes del gobierno que comentaron que éste Sistema Distrital de Transferencias Unificadas lo que se propone es juntar en una misma caja programas como Familias en Acción o el Programa de Alimentación Escolar (PAE) con focalización en pobres y vulnerables, el Sistema lo ejecutará la Secretaria de Integración Social en 1: transferencias monetarias, 2: bonos (bienes y servicios) 3: subsidios en especie. Pero por temas de urgencia, de coyuntura, el Sistema todavía sigue en proceso de estructuración. ¿Estará listo para antes de que empiece el simulacro? ¿Cómo harán los miles de miles de empobrecidos por el sistema socio-económico dominante para pasar en condiciones dignas el encierro a que quieren someternos, el cual, todo lo indica, irá más allá de cuatro días? Y después de pasada la crisis, con miles de miles de familias aún más empobrecidas y llevadas a la marginalidad, ¿qué programas se implementarán para que salgan de tal situación a la que los lleva este sistema?

Con seguridad no hay programas de tal índole pensados y mucho menos diseñados. Y para que se llegue a ese punto le toca a los empobrecidos, a quienes están siendo arrojados al precipicio, demandar, arrancar medidas urgentes a los mandatarios de turno, así como arrancar un cambio de sistema a quienes detentan el poder en Colombia.

Por lo pronto, es urgente que la alcaldía de Bogotá y la gobernación de Cundinamarca apliquen estos programas de inmediato, y para empezar en esa dirección abran canales de comunicación de fácil acceso, donde enfaticen y divulguen su existencia, sus beneficios y la manera de vincularse a los mismos. Y como todo ese procedimiento administrativo que debe recorrer un ciudadano que quiere beneficiarse del mismo toma semanas, pues deben aplicar medidas de choque: ni un ciudadano ni ciudadana pasando penurias durante los días que duren las medidas de aislamiento obligatorio.

En la rueda de prensa, la Alcaldesa también precisó sobre el despliegue de controles para evitar desabastecimiento en Bogotá, medida implementada por la Secretaria de Desarrollo Económico, en apoyo con Fenalco, Andi y Corabastos, Y han establecido que no hay desabastecimiento. Eso está bien, pero ¿cómo harán quienes viven al día, los miles de desempleados e informales, y otros muchos y muchas –el 53 por ciento de la población de Bogotá, según el Dane– para reunir el dinero para comprar los víveres y resolver otras demandas que trae cada día para las familias?

A su vez, el borrador del decreto, hasta a la hora de escritura de esta nota (7:30 pm), dice que el abastecimiento, cargue y descargue de víveres, productos de aseo, suministros médicos y agua potable, incluidos los asociados a la distribución de raciones del Programa de Alimentación Escolar –PAE; en todo caso regirán las restricciones de movilidad decretadas por alerta amarilla ambiental.

En esa línea desdeabajo habló con fuentes de directivas escolares que comentaron que, en tanto los profesores fueron enviados a sus casas, los/as rectores/as quedaron encargados de distribuir la alimentación en los horarios que cada institución considere más conveniente, y que el horario en que lo están haciendo va de 7:00 am a 1:00 pm.

Por su parte, el gobernador Nicolás García Bustos indicó que los 116 municipios del departamento se unen al simulacro con Bogotá; también agregó que cada alcalde puede optar por aplicar otras medidas dependiendo de su necesidad, por ejemplo, en municipios turísticos cerrarán balnearios y en otros habrá ley seca. Agregó que habrá servicios intermunicipales entre los municipios, pero sólo llegarán hasta puntos donde se interconecten con el sistema de Transmilenio o Sitp, no podrán movilizarse dentro de la ciudad. Además, el terminal de transporte de Bogotá y terminales satélites estarán cerrados este fin de semana.

Como puede deducirse de lo relatado, resalta que el simulacro de aislamiento obligatorio y por cuatro días en Bogotá y Cundinamarca, está dominado por una manifiesta improvisación en cuanto a programas efectivos para mitigar las necesidades de la población que desde hace años padece la negación de sus derechos fundamentales, para miles de miles para quienes la democracia no es más que simple letra alejada de la realidad.

Recordemos que lo conocido como la «doctrina del shock», es la estrategia política de utilizar las crisis a gran escala para impulsar políticas que sistemáticamente profundizan la desigualdad, enriquecen a las elites y debilitan a todos los demás. En momentos de crisis, la gente tiende a centrarse en las emergencias diarias de sobrevivir, sea cual sea, y tiende a confiar demasiado en los que están en el poder, según la periodista Naomi Klein.

Es el momento de exigir que la democracia sea una realidad, no una mofa; que los derechos humanos se cumplan a cabalidad; que la brecha entre ricos y pobres se cierre, y que la vida se goce a plenitud, con pandemia o sin ella.

 

Publicado enColombia
Ómar Rivillas, sin título (Cortesía del autor)

El establecimiento colombiano está resultando un mal hechicero pese a sus muy experimentadas habilidades, puestas a prueba durante décadas que son siglos. Tales habilidades han sido comprobadas en repetidas oportunidades, con hechizos en los que sabe mezclar sustancias enceguecedoras, asperjar conformismos –en no pocas ocasiones, validos del apoyo de las armas– y soplar alientos paralizantes. Es hechicería con efectos descontrolados, como permiten colegirlo los coletazos desprendidos de las declaraciones de la exsenadora Aída Merlano y del coronel Álvaro Amórtegui.


Química electoral. Es un conjuro con el que crean, mantienen y amplían su clientela. Para desatarlo con toda su potencia, deben contratar una base social que intermedie la búsqueda y la identificación de personas dispuestas a vender su voto, reunir cédulas, reclutar pregoneros y ayudar a mover dineros para pagar miles de votos en una u otra campaña, así como a dinamizar la estructura organizativa y logística que todo ello demanda. Es un conjuro usado por décadas y con efectos evidentes a lo largo de todo el país, pero que en los últimos años, ante el espacio ganado por nuevas tecnologías y formas de control social, ya no es tan enérgico, pese a lo cual y para variados sectores de la clase política no ha pasado al olvido.


En el conjuro de sus palabras mágicas –potenciadas por el riego de miles de millones acumulados en negocios mayormente impuros– y en la conjugación de energías e invocación de diferentes espíritus –con respaldo en instituciones estatales y privadas–, no está de más que aparezca alguna joven que a la vez les despierte apetitos sanos e insanos, con quien terminen mezclados el trabajo de pregonera, pagadora de votos y administradora de secretos, así como de cultivadora de satisfacciones y alegrías privadas, ganando con todo ello la confianza requerida para llegar a representar a un clan regional en el Congreso de la república. Una decisión, un ascenso de la base a la dirección del clan que terminó por romper su propia unidad.


Precisamente, esta práctica y las formas de proceder para el control político regional y del Estado en general saltó en esta ocasión por los aires luego del hechizo deshecho, producto del allanamiento de la “Casa Blanca” (1) en marzo de 2018, doce días después de las recientes elecciones legislativas y la posterior orden de detención preventiva que recayó sobre Aída Merlano por mandato de la Corte Suprema de Justicia el 19 de abril de 2019.


Con las paredes de su feudo al piso y la información de todos sus movimientos contables y de otro orden en manos de la Fiscalía, no le quedaba como protección sino el poder de quienes la habían llevado hasta el Senado, el mismo que para ese momento estaba neutralizado entre contradicciones intestinas de la clase política del Atlántico. En estas circunstancias, ¿qué hacer con esa aprendiz de hechicera? La fuga apareció como recurso óptimo para evitar que decidiera declarar ante la Corte y denunciar a sus protectores, opción de ‘arrepentida’ ante los 15 años de prisión a que fue condenada el pasado 13 de septiembre. ¿Por qué solamente yo? era seguramente un interrogante que acosaba a la detenida. Pero también como mecanismo expedito para que, una vez prófuga la inculpada, dejara de existir, como ella misma lo ha testimoniado. ¿Por qué siguió viviendo? es una pregunta sin respuesta clara y que tiende neblina sobre gran parte de su testimonio.


No cabe duda de que, entre gamonales y caciques, el temor a lo que pudiera salir de su boca ante un juez, en caso de arrepentimiento, no los dejaba tranquilos, sobre todo cuando las aspiraciones de algunos de ellos llegan, incluso, hasta la campaña presidencial de 2022. De por medio estaba, entonces, la supervivencia misma de varios clanes y su proyección como poder nacional, realidad que podían potenciar los contradictores, también con aspiraciones presidenciales, atizando las pugnas intestinas que desde años atrás libra la clase dominante colombiana con dos expresidentes a la cabeza, cada uno de ellos con visiones encontradas, por ejemplo, sobre la cuestión agraria, las formas de la guerra, o la cuestión internacional, entre algunos de los aspectos que los mantienen distantes.


Este era el marco que rodeaba el embrujo deshecho, pese a la destreza de los hechiceros mayores, caciques y potentados regionales, a quienes algo les salió mal entre sus conjuros y convocatorias de energías superiores, toda vez que la fuga fue un éxito pero no así la vida oculta de quien no podría ser recapturada. ¿Mala decisión optar por Venezuela como territorio para permanecer oculta? ¿Por qué no fue valorado el posible interés del régimen vecino en contar a su haber con una ficha como esta, puesta a jugar en el tablero de la geopolítica regional y global?


En tales circunstancias, sucedido lo que no debía ocurrir, una vez Aída en manos de la autoridad venezolana, el frío volvió a recorrer la piel de los gamonales de los clanes Gerlein y Char, mucho más cuando el ventilador Merlano, como viento huracanado, optó por su pellejo sin importar el precio de su decisión. Y habló, haciendo realidad lo temido reiteradamente. Los vientos desprendidos por su ventilador golpearon por todo el país, aunque su impacto mayor tuviera como epicentro a Barranquilla, y en menor medida a Bogotá y otras ciudades.


Con las aspas del ventilador a todo dar, con energía controlada desde un lugar distante de la mano de los poderes criollos, la declarante no ahorró denuncias en contra de unos clanes que concentran de manera espuria el poder político, económico y de otros órdenes en Barranquilla y mucho más allá. Se trata de un poder ampliado con empresas de diverso orden, de la salud y el deporte, pero también con otras destinadas a la contratación pública, mecanismo para enriquecer a unos pocos y no para servir a la sociedad, y por su conducto mantener un círculo infernal de: compro votos, gano elecciones, controlo la cosa pública, gano licitaciones, amplío la base social, someto conciencias, compro votos, gano elecciones…


Un poder debilitado. En el intento por parar el ventilador y sus vientos huracanados, no resultaron suficientes los contraconjuros rezados desde distintas orillas del poder político del país, ni la solicitud de su Cancillería ante Juan Guaidó –“el presidente reconocido por cerca de sesenta países”, como dicen una y otra vez los medios de comunicación cuando a él se refieren– para que extradite a la detenida, prófuga de la justicia colombiana. Tampoco sirvió la intermediación de la OEA e instancias semejantes, no reconocidas por el país en el cual ahora está en prisión la denunciante, a la espera de ser declarada perseguida política y, por tal razón, no extraditable.


La diplomacia colombiana, es meridiano, ha sido ‘elevada’ al ridículo como efecto de un suceso que en otro momento sería un simple caso policivo y de trámite diplomático menor. Como están las cosas, es un asunto que a la vez extiende sus efectos sobre la diplomacia de los “cerca de sesenta países” que reconocen al “legítimo presidente de Venezuela”, ahora, una vez más, desnudo en su parafernalia.


El ventilador, en su batir de aspas, le recuerda a todo el país que hay sectores políticos y personas como Álvaro Uribe, Germán Lleras y el propio Iván Duque –un sector amplio del establecimiento que hoy tensa las riendas del poder en Colombia– que actúan a la sombra, sin ahorrarse procedimientos ilícitos para ahondar y prolongar el poder que acumulan personas y sectores políticos aliados de los clanes ahora en la picota pública.


Nada nuevo bajo el cielo podrá refutar el lector desprevenido, ya que es vox populi que el poder político en Colombia compra votos siempre, corrompe al elector intimidado violentamente, coopta el establecimiento, desangra las arcas del Estado, impone un modelo socioeconómico que lleva a millones a la pobreza, haciendo mofa de la democracia, incluso la formal, además de infiltrar y manipular las delegaciones de la Registraduría. “Quien escruta elige”, alcanzó a decir alguien a propósito de esta práctica; esto en el mejor de los casos, pues en otros no renunció al impulso, la configuración y el mantenimiento del paramilitarismo, y así, con la conjunción de todas las ‘formas de lucha’, controló en forma absoluta el poder en departamentos y municipios del país, al igual que el Legislativo y el Ejecutivo mismo. Una real privatización del Estado, en medio de la cual quedó un río de cadáveres como testimonio de que los hechizos del poder desatan violencias descomunales que mantienen al país en duelo permanente.


Parte de esto quedó al desnudo en reciente declaración ante el poder judicial venezolano de la excongresista Aída Merlano, dolida por los malos tratos recibidos de sus otrora protectores, declaraciones ofrecidas una vez que comprendió que era una simple ficha dentro del juego de poderes del cual hizo parte, pero para el cual ahora es un estorbo.


El poder de la muerte. Este conjuro, de amplia y subrepticia utilización en la historia de la humanidad por todo tipo de poderes, que evidencia de modo inmediato su fuerte y desmoralizador impacto, no deja de ser puesto a prueba en Colombia en distintas etapas de su historia, corroborando una y otra vez su potencia aniquiladora de contradictores y enemigos, luego de lo cual, bajo alegatos de la defensa del “orden legalmente constituido”, sus pócimas son resguardadas en punto seguro.


La memoria y los resortes para su control y su utilización son transmitidos intergeneracionalmente por quienes detentan el poder, que se forman en los rituales para su uso, el recurso de los sicarios o la acción de agentes secretos de organismos de espionaje al servicio del Estado, sabiendo –y así se lo explican– que su uso puede desmovilizar y desmoralizar, pero también desatar cóleras incontrolables, todo dependiendo de la correlación de fuerzas y el eficiente manejo tanto de los legalismos en que se ampara la clase dominante para su control y operatividad del Estado, como de los medios de comunicación.


Miles de miles son los muertos que este recurso de hechicería estatal ha dejado en el país, pero, para conseguir ese reguero de cadáveres, desde hace unos años se ha acudido al asesinato aleve de personas indefensas por parte del ejército nacional –verdaderos crímenes de Estado–, muchas de ellas llevadas a su tumba con engaños de falsos trabajos o promesas de mejor vida, y presentadas a la sociedad como ‘enemigos’ –guerrilleros– “muertos en combate”.


Así lo dejó claro el teniente coronel Álvaro Amórtegui el pasado 19 de febrero en denuncias contra el general Mario Montoya, otrora comandante de la Cuarta Brigada y luego comandante del Ejército, recordando con sus declaraciones lo que otros oficiales también han testimoniado a lo largo de varios años (2): que ese cuerpo uniformado, constituido supuestamente para cuidar las fronteras nacionales, está transformado en una máquina de guerra contra su propio pueblo. Es esta una demencial transformación en la cual, de la mano de terratenientes, empresarios y comerciantes, la fuerza pública perdió toda referencia ética y moral, derivando por tanto en un ejército de ocupación, enemigo de aquel a quien debiera proteger.


¿Qué sucedió aquí con los hechiceros que, desde su refugio en la Casa de Nariño y otros lugares de acción con que cuentan a lo largo y ancho del país, manipulan sustancias y rezan trabalenguas que conjuran la muerte? ¿Cómo actuaron para que sus rezos produjeran ese tipo de monstruo humano, encarnado en miles de oficiales y soldados que, amparados en una ideología anticomunista, y fanatizados en una causa que consideran cruzada contra el mal, llegan al extremo incluso de liquidar la vida de quien saben y son conscientes que nada tiene que ver con el enemigo que pretenden vencer?


Precisamente, la actuación de este tipo de oficiales, con órdenes sobre sus subordinados, desangrando al país que debieran proteger para que en tales tierras germinaran siempre la justicia y la paz, a la par de la clase política que ha privatizado el Estado en todos sus niveles e instancias, dibuja al régimen político que ha tomado forma en Colombia desde las décadas finales del siglo XX y comienzos del XXI: policivo-militarizado y por tanto autoritario, soporte de su carácter excluyente, neoliberal en lo político-económico y social, un régimen, por consiguiente, de minorías y para minorías.


Esta desavenencia de sus hechizos es una realidad que seguramente tiene cavilando, con signos de angustia, a los brujos mayores en su refugio gubernamental, batiendo inciensos y rezando conjuros, concitando energías y reclamando el apoyo de sus antecesores ya difuntos y de quienes aprendieron y heredaron sus malas artes de dominio, buscando con todo ello que aquellos a quienes mantienen bajo su potestad no se zafen. Todas sus potencias actúan y contienen energías que braman bajo el piso y en sus alrededores, con furia y con pasión, pues cada vez es más evidente que quienes controlan el Estado colombiano están carcomidos por todos los males de quien gobierna de espaldas a su pueblo: la violencia, el terror, la injusticia, los privilegios, la corrupción, la privatización de lo público, la manipulación, el engaño…

1. Así era conocida la base de operaciones que coordinaba Aída Merlano.
2. Entre los militares que han dejado tal testimonio ante la JEP figuran: “[…] Gabriel de Jesús Rincón Amado, Santiago Herrera Fajardo, Álvaro Tamayo Hoyos, Paulino Coronado Gámez, Sandro Mauricio Pérez Contreras, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Rubén Darío Castro, Gustavo Enrique Soto Bracamonte, Jaime Alberto Rivera Mahecha, Zamir Humberto Casallas Valderrama, Alexander Valencia y Henry William Torres Escalante. https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/mario-montoya-se-reservo-su-derecho-a-guardar-silencio-ante-la-jep-461560.

 

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Alejandro Forero, detalle sin título (Cortesía del autor)

La reciente publicación de Capital e ideología (Ariel, 2019) del economista francés Thomas Piketty –quien sorprendió años atrás con El capital en el siglo XXI–, ha generado remezones y reflexiones dentro de un amplio espectro de pensadores y economistas, entre otros, aquellos pertenecientes a la “izquierda brahmánica” que el propio Piketty se encarga de fustigar a través de las 1.230 páginas del texto. La pretensión principal en este nuevo ensayo es explicar las raíces, causas, métodos y prácticas que la desigualdad ha tenido a través de la historia y plantear de qué manera es posible superar el capitalismo actual y buscar formas de sociedad más igualitarias.


¿Cómo definir a Piketty y su pensamiento en un pincelazo? Es decir, ¿desde dónde nos habla? Podríamos comenzar por decir que, en esencia, es un socialdemócrata que quiere devolverle el buen nombre que la social democracia perdió tras el colapso del Estado de bienestar social a fines del siglo pasado. Por otra parte, es un federalista con una visión trasnacional de la democracia, basada en la construcción de normas de justicia socioeconómica a escala regional y mundial, que aboga por un socialismo participativo, con un Estado social ambicioso y con altos grados de progresividad fiscal. Por último, admitamos que Piketty es fundamentalmente un optimista, convencido de que es posible buscar una sociedad menos desigualitaria que la actual y que, insistimos, es posible superar el capitalismo actual. ¿Y qué entiende Piketty por socialdemocracia? Es un conjunto de prácticas institucionales políticas destinadas a proporcionar un encaje social del sistema de propiedad privada y del capitalismo.


Enfoque metodológico

Piketty es heredero de la escuela francesa de los Annales de Bloch y de Lefebre, pero también de Braudel con sus ambiciosos análisis de periodos de larga duración para vislumbrar cambios, continuidades, evoluciones y rupturas de la historia. Adicionalmente, Piketty usa el método del análisis comparativo, entre naciones, y sociedad, tomando datos y cifras de un amplio repositorio, la World Inequality Database. La obra se inicia con un extenso estudio de las sociedades ternarias o trifuncionales del medioevo, divididas en clérigos, nobles y pueblo llano y cómo este esquema ha permeado a través de la historia en las sociedades desigualitarias hasta el presente.


La esperanza de una coalición igualitaria


El autor parte de un supuesto fundamental: La desigualdad es ideológica, no es económica, política, ni social. Por tanto, hay que buscar la salida de la desigualdad en las mismas ideologías. En ese sentido, Piketty reconoce la ideología como positiva y constructiva, “un conjunto de ideas a priori plausibles y buscan el modo en que debería estructurarse una sociedad en lo económico, social y político” (1). En otras palabras, la ideología es un intento de presentar respuestas a un conjunto de cuestiones extremadamente complejas y extensas. Por lo anterior, no es posible conseguir la unanimidad en las ideologías por la naturaleza de los temas que abordan; por ello, el conflicto y el desacuerdo le son inherentes.


Piketty defiende una trama que atraviesa su argumentación: para que una coalición igualitaria pueda volver a emerger algún día, se requiere de una redefinición radical en su base programática, ideológica e intelectual. Dicho en otras palabras, hay una luz. Es posible construir un relato, un horizonte igualitario de alcance universal, una nueva ideología de igualdad, de la propiedad social, de la educación, del conocimiento y del reparto del poder que sea más optimista con el ser humano.

Deuda foucaltiana. El orden del discurso


La desigualdad se ha mantenido a través de la historia mediante prácticas discriminatorias, a veces violentas, entre estratos sociales y orígenes étnico-religiosos. Un régimen desigualitario se caracteriza, según Piketty, por un conjunto de discursos y de mecanismos institucionales que buscan justificar y estructurar las desigualdades económicas, sociales y políticas. Consecuente con su supuesto básico de la fuerza de las ideologías, el hilo conductor del libro es que las sociedades desigualitarias se han sostenido, preservado y perpetuado gracias al éxito de producir un relato predominante. Recordemos que Foucault, afirma la importancia del discurso:

“en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad” (3).
El asunto es, para Piketty, de primer orden. Hay que tomarse en serio el papel que las ideologías y sus discursos respetivos han tenido en la historia. Es sobre las justificaciones históricas y actuales que la sociedad se ha dado a sí misma es que la desigualdad existe y es “normal”. Además este discurso predominante sostiene que no es necesario intervenir la desigualdad, que esta tiende a resolverse por sí misma. Sobre esta justificación, y mediante relatos, narrativas y explicaciones racionales, es que se ha construido el edificio de la civilización actual, sostiene Piketty. Adicionalmente, el relato dominante para explicar la desigualdad es de carácter propietarista, empresarial y meritocrático.


La sociedad actual parece decirnos: “La desigualdad de hoy es justa puesto que deriva de un proceso libremente elegido en el que todos tenemos las mismas posibilidades de acceder al mercado y a la propiedad.” O también: “Siempre ha habido desigualdad y hoy estamos mucho mejor que hace siglos” o si no: “Todos obtenemos un beneficio espontáneo de la acumulación de riqueza de los más ricos, que son los más emprendedores, los que más lo merecen, y los más útiles (a la sociedad)”. Dicho de otra manera, el discurso desigualitario, ensalza a los ganadores y estigmatiza a los perdedores por su supuesta falta de mérito, talento y diligencia.


Es un discurso siempre esgrimido por las élites para justificar su posición. En similar sentido, la desigualdad ha aumentado a medida que la culpabilización de los pobres ha aumentado. Este es uno de los principales rasgos de la sociedad desigualitaria, culpar a los pobres de su condición. Lo que ha cambiado son los métodos para perpetuar la desigualdad. Al pasar los pobres de esclavos y siervos a súbditos, se hizo necesario dominarlos por otros medios, básicamente a través del discurso y el argumento del mérito.


Es explicable entonces, que cada régimen desigualitario repose sobre su propia teoría de la justicia. Desde esas perspectiva las desigualdades no solo deben justificarse por parte de quien está en el extremo acumulacionista, sino que estas desigualdades deben ser plausibles y dar coherencia a la organización social y política ideal.


Discurso identitario vs. discurso clasista

Piketty hace una aguda observación de lo que llama el social-nativismo o la trampa identitaria poscolonial3 de cómo las élites desigualitarias han logrado cambiar la marea para desincentivar la teoría y las argumentaciones que derivan de la lucha de clases. Esta ha sido relegada como un arcaísmo que corresponde a remotas épocas de consignas de los defensores de las sociedades igualitarias. A partir de la década de 1980-1990, el discurso se ha centrado con mayor énfasis, no en las diferencias de clase –como si estas hubieran desparecido milagrosamente– sino en el tema identitario que abarca argumentos nacionalistas, étnicos y religiosos. En otras palabras, con el fin de socavar la conciencia de clase, las élites han desplazado el punto de atención hacia lo identitario, y con ello, logran, casi de manera paradójica, cautivar la atención y los votos de las clases populares que se dejan llevar por la seducción identitaria con el efecto de situar en segundo plano la desigualdad.


El discurso desigualitario en la educación


Pero el discurso desigualitario abarca mucho más. Toca, de manera principal, la educación. El autor demuestra la forma cómo hay mecanismos de legitimación del sistema de enseñanza superior, bajo la apariencia de “dones” y “méritos” que se perpetúan en privilegios sociales porque los grupos desfavorecidos no disponen de los códigos culturales y las claves que permiten alcanzar el reconocimiento. Es, en pocas palabras, una dominación cultural simbólica. Por dar un ejemplo, un joven talentoso no logra acceder a la educación superior de primer nivel por cuanto desconoce del sistema de códigos simbólicos necesarios para ingresar a los círculos cerrados de una élite que monopoliza los mejores centros educativos.


Piketty sostiene que el asunto de la desigualdad educativa es una de los principales causas para el colapso de la coalición socialdemócrata de fines del siglo pasado. Estos partidos, con frecuencia en el poder, no consiguieron revocar el discurso desigualitario ni generar transformaciones profundas en los sistemas educativos. Por contraste, la conclusión es evidente: es el combate por la igualdad y la educación lo que ha permitido el desarrollo económico y el progreso humano, y no, como pueden sostener algunos, la sacralización de la propiedad privada y la desigualdad.


El discurso meritocrático


Por otra parte, la actual ideología meritocrática va de la mano de un discurso de exaltación empresarial y de admiración por los multimillonarios. El discurso imperante es que aquellos que ascienden, progresan y llegan a la cima es porque poseen los méritos, talentos y capacidades necesarias y, por ello, son “premiados” –dentro de una ética de corte protestante bastante análoga a la descrita por Weber– por una sociedad basada en el éxito, el esfuerzo y el sacrificio personal. Como si no fuera suficiente, el discurso meritocrático y empresarial se usa como arma, un argumento de los ganadores del sistema actual y en contra y estigmatización de los perdedores.


La década de 1980-1990: Punto de inflexión o ruptura


Piketty demuestra, a través de series históricas y económicas, cómo la década de 1980 a 1990 marcó un punto de quiebre en los sistemas del Estado de bienestar social que había logrado avances significativos entre 1950 y 1980. Tras la caída del muro de Berlín y del régimen soviético se dio paso a un hipercapitalismo con fuerte tendencia desigualitaria y, en consecuencia, acompañado o sustentado por un relato hiperdesigualitario.


No es extraño entonces que siempre haya existido una subestimación, por parte de los gobernantes y dirigentes de los problemas ligados a la desigualdad. Sin embargo, ya en pleno siglo XXI, y en especial a partir de la crisis del 2008-2009, cualquier argumento a favor de la desigualdad se ha convertido en un relato frágil. Es en los tiempos actuales cuando quizás más se ha visto la relevancia de discusiones propositivas para reversar de manera efectiva la desigualdad en el mundo. La obra de Piketty es una contribución en esta dirección.


Otro aspecto importante para Piketty es el relativo a las fronteras. El autor logra demostrar, al efectuar un análisis transnacional, de qué manera se pone en evidencia el relato desigualitario. No es un asunto al interior de fronteras sino que al contrario, las trasciende dado que hoy todas las naciones están estrechamente entrelazadas.


Edad de oro de la social democracia


Si el período de 1950-1980 fue un periodo igualitario, al menos en Europa, ¿cuáles son las razones de su fracaso? Piketty encuentra tres razones: los intentos de instaurar nuevas formas de reparto de poder y de propiedad social en las empresas quedó reducido a casos específicos en Alemania y Suecia; segundo, la socialdemocracia no logró ni ha logrado abordar con eficacia la necesidad de igualdad en el acceso a la información y al conocimiento y, tercero, los límites del pensamiento socialdemócrata sobre fiscalidad y específicamente sobre fiscalidad progresiva impidieron una transformación profunda y duradera en Europa, y por añadidura, en el resto del mundo. Se necesita sentar las bases de nuevas formas federales transnacionales de soberanía compartida y de justicia social y fiscal.


Hacia una propuesta igualitaria en siglo XXI


Después de la década de 1980-1990, Piketty demuestra prolijamente, mediante gráficos y series, cómo el mundo ha regresado a altísimos niveles de desigualdad con concentración de riqueza en el decil superior y disminución significativa del porcentaje que recibe el 50 por ciento de la población más pobre.


A la vez, mediante el enfoque de larga duración, logra demostrar cómo, al final de toda sociedad propietarista, se dan transformaciones políticas e ideológicas debido a profundas reflexiones y debates en tres frentes: la justicia social, la fiscalidad progresiva y la redistribución de rentas y de la propiedad. Pero Piketty no cae en la ingenuidad, es consciente de que las grandes transformaciones políticas y sociales se dan no solo a partir de la teoría. De allí se desprende que el autor de Capital e ideología encuentre un cruce entre esta evolución intelectual y una serie de crisis políticas, financieras y militares.


Para decirlo de una vez, lo que Piketty propone es una sociedad justa que permite a todos sus miembros acceder a los bienes fundamentales de la manera más amplia posible: educación, salud, derecho al voto, participación plena en todas las formas de la vida. En esa línea, prefiere un socialismo participativo para alejarse de todo socialismo estatal hipercentralizado estilo soviético. La manera de superar el capitalismo actual, con su desacralización de la propiedad privada y establecer un sistema con tres tipos de propiedad: la propiedad pública, es decir aquella encabeza del Estado y de las entidades administrativas y territoriales, la propiedad social (aquella donde existe una cogestión efectiva de los trabajadores en las empresas, como sucede en Suecia y Alemania, y, por último, lo que él llama la propiedad temporal.


¿Qué es esta última? Se trata de un sistema en que los propietarios privados más ricos deben devolver cada año a la sociedad una parte de lo que poseen con la finalidad de facilitar la circulación de bienes y una menor concentración de la propiedad privada y del poder económico. Esto se consigue a través de un impuesto progresivo sobre el patrimonio que permita financiar una dotación universal de capital destinada a cada joven adulto. La propiedad temporal facilita que la propiedad privada circule y evita que la concentración excesiva de la misma se perpetúe. Para Piketty, repetimos, es posible superar el capitalismo actual mediante una combinación de estas tres formas de propiedad.


Dilemas sociales que se plantean


Es imposible resumir en tan poco espacio la magnitud y extensión de esta obra. Basta decir que al final de la lectura quedan interrogantes abiertos. Preguntas que se convierten en dilemas sociales nada fáciles de resolver y para las que ni el mismo Piketty ofrece respuestas claras y únicas. Él mismo confiesa que sus propuestas son provisionales, sujetas a la deliberación constructiva y propositiva.


El principal dilema que se desprende de Capitalismo e ideología es ¿cómo desmontar el discurso desigualitario/meritocrático? Si esto se logra se habrá ganado un buen trecho en el camino hacia el socialismo participativo. El segundo es lo que Piketty llama el miedo al vacío, o abrir la Caja de Pandora al entrar en un tema tan complejo y espinoso donde no son fáciles las respuestas satisfactorias y duraderas. En otras palabras, muchos piensan que sería demasiado arriesgado poner en entredicho el sistema actual, y casi que de manera paradójica, habría que agradecer que existen los Bezzos, los Gates, y los Zuckenberg, pues gracias a ellos la sociedad progresa.


Por otra parte, sigue siendo necesario para la socialdemocracia superar el efecto de la caída del comunismo y de cierta manera “el complejo de culpa” que aqueja hoy al pensamiento crítico que no ha conseguido articular una alternativa clara y convincente para las grandes mayorías. Y por último, cómo lograr consensos para que esa coalición igualitaria, aquella llamada a superar el capitalismo, tome la suficiente fuerza y se imponga frente al discurso desigualitario. Para ello, entre otras cosas, será necesario trascender las limitaciones de pensar mediante fronteras. Todo esto encarna un desafío de persuasión a elites, políticos, gobernantes y electores. No es necesario esperar a que ocurran grandes cataclismos –como la Gran Depresión del treinta o las guerras mundiales– para aspirar a sociedades menos desigualitarias, sería demasiado absurdo y de tono muy conservador. Piketty, casi que de manera socarrona, dice: “Lo ideal sería que el retorno a la progresividad fiscal y el desarrollo del impuesto a la propiedad privada se llevaran a cabo en el marco de una gran cooperación internacional. La mejor solución consistiría en un registro financiero público capaz de permitir a los Estados y a las administraciones fiscales intercambiar toda la información necesaria sobre los titulares de los activos financieras…”.. Pero antes ha admitido que las grandes transformaciones sociales y económicas no se dan a partir de los libros y las recomendaciones de expertos sino de los grandes movimientos sociales… Por tanto, sí hay esperanza de que podamos vivir en una sociedad más igualitaria.

 

1. Piketty, T., Capital e ideología, Ariel, 2019, Bogotá, p. 14
2. Foucault, M.. El orden del discurso. México: Tusquets, 2013. p. 14
3. Piketty, p. 1024 y ss.

*Escritor. Integrante del consejo de redacción de Le Monde diplomatique edición Colombia.

 

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Martes, 17 Marzo 2020 15:59

Loros de la Casa Blanca

Édgar Insuasty, Bóveda patera , óleo sobre tela, 200 x 200 cm. (Cortesía del autor)

La decisión británica de dejar la Unión Europea llega demasiado tarde. La partida de un Estado que fue encarnando el libre cambio desde la Revolución Industrial del siglo XVIII, el alineamiento con Washington desde la “relación especial” anglo-estadounidense alabada por Winston Churchill, la financiarización desde que la economía y la política británicas están dominadas por la City de Londres, el neoliberalismo puro y duro desde Margaret Thatcher, habría podido constituir una excelente noticia para la Unión. Sobre todo, si recordamos que no es una cárcel. Si algunos Estados todavía pueden entrar, otros deberían poder salir algún día. En este plano, al menos, los representantes británicos, tras haber dado vueltas durante mucho tiempo, respetaron el veredicto de su pueblo. Este tipo de lección democrática tiene su valor en los tiempos que corren.


Relaciones públicas


Sin embargo, quienes esperan que la salida del Reino Unido libere a la Unión Europea, y a Alemania en particular, de sus inclinaciones liberales y atlantistas podrían verse decepcionados. La “comunidad atlántica colosal bajo dependencia y dirección estadounidense” que temía el general De Gaulle en 1963 ya no necesita a los británicos para dictar su ley en el Viejo Continente. En particular desde que, a partir de 2004, la Unión recibió a una docena de Estados suplementarios, de los cuales la mayoría acababa de enviar soldados a Irak a pedido de Washington. Algunos de estos nuevos miembros siguen siendo incapaces de balbucear dos palabras en otra lengua que no sea el inglés –y, preferentemente, palabras escritas por el Departamento de Estado estadounidense–.


¿Se trata de una exageración? No realmente, a juzgar por la reacción de los europeos al “plan de paz” entre Israel y Palestina presentado el pasado 28 de enero en la Casa Blanca. Justo después de haber formulado propuestas que violan el derecho internacional –anexión israelí de Jerusalén y del valle del Jordán, colonización de Cisjordania (ver página 10)–, Washington preparó los elementos de un comunicado que sus aliados debían difundir para anunciar su entusiasmo: “Agradecemos al presidente Trump por sus esfuerzos en pos de hacer avanzar este viejo conflicto”; “Una propuesta seria, realista y de buena fe”; “Esperamos que, gracias a esta visión, este conflicto pueda encontrar una solución”. Ahora bien, al comparar estas “recomendaciones” estadounidenses con las reacciones de las cancillerías occidentales tras el anuncio del plan, Le Figaro identificó “numerosas similitudes en el lenguaje que ponen de manifiesto –como si hiciera falta– la influencia de Washington sobre sus aliados”*.


Como es habitual, el Reino Unido fue uno de los más dóciles. Pero varios Estados –que, por su parte, siguen siendo miembros de la Unión Europea– le disputaron el rol de loros de la Casa Blanca. Y la reacción de París sorprendió a muchos. Ciertamente, Francia no “le agradeció al presidente Trump”, pero sí... “saludó los esfuerzos del presidente Trump”. ¿Tenemos que pensar entonces que, decididamente, con o sin Londres, la independencia de la Unión Europea no tendrá lugar?

 

* Georges Malbrunot, “Comment les États-Unis ont demandé à la communauté internationale de soutenir leur plan israélo-palestinien”, Le Figaro, París, 1 de febrero de 2020.

 

*Director de Le Monde diplomatique.
Traducción: Aldo Giacometti

 

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Alejandro Forero, detalle sin título (Cortesía del autor)

La reciente publicación de Capital e ideología (Ariel, 2019) del economista francés Thomas Piketty –quien sorprendió años atrás con El capital en el siglo XXI–, ha generado remezones y reflexiones dentro de un amplio espectro de pensadores y economistas, entre otros, aquellos pertenecientes a la “izquierda brahmánica” que el propio Piketty se encarga de fustigar a través de las 1.230 páginas del texto. La pretensión principal en este nuevo ensayo es explicar las raíces, causas, métodos y prácticas que la desigualdad ha tenido a través de la historia y plantear de qué manera es posible superar el capitalismo actual y buscar formas de sociedad más igualitarias.


¿Cómo definir a Piketty y su pensamiento en un pincelazo? Es decir, ¿desde dónde nos habla? Podríamos comenzar por decir que, en esencia, es un socialdemócrata que quiere devolverle el buen nombre que la social democracia perdió tras el colapso del Estado de bienestar social a fines del siglo pasado. Por otra parte, es un federalista con una visión trasnacional de la democracia, basada en la construcción de normas de justicia socioeconómica a escala regional y mundial, que aboga por un socialismo participativo, con un Estado social ambicioso y con altos grados de progresividad fiscal. Por último, admitamos que Piketty es fundamentalmente un optimista, convencido de que es posible buscar una sociedad menos desigualitaria que la actual y que, insistimos, es posible superar el capitalismo actual. ¿Y qué entiende Piketty por socialdemocracia? Es un conjunto de prácticas institucionales políticas destinadas a proporcionar un encaje social del sistema de propiedad privada y del capitalismo.


Enfoque metodológico

Piketty es heredero de la escuela francesa de los Annales de Bloch y de Lefebre, pero también de Braudel con sus ambiciosos análisis de periodos de larga duración para vislumbrar cambios, continuidades, evoluciones y rupturas de la historia. Adicionalmente, Piketty usa el método del análisis comparativo, entre naciones, y sociedad, tomando datos y cifras de un amplio repositorio, la World Inequality Database. La obra se inicia con un extenso estudio de las sociedades ternarias o trifuncionales del medioevo, divididas en clérigos, nobles y pueblo llano y cómo este esquema ha permeado a través de la historia en las sociedades desigualitarias hasta el presente.


La esperanza de una coalición igualitaria


El autor parte de un supuesto fundamental: La desigualdad es ideológica, no es económica, política, ni social. Por tanto, hay que buscar la salida de la desigualdad en las mismas ideologías. En ese sentido, Piketty reconoce la ideología como positiva y constructiva, “un conjunto de ideas a priori plausibles y buscan el modo en que debería estructurarse una sociedad en lo económico, social y político” (1). En otras palabras, la ideología es un intento de presentar respuestas a un conjunto de cuestiones extremadamente complejas y extensas. Por lo anterior, no es posible conseguir la unanimidad en las ideologías por la naturaleza de los temas que abordan; por ello, el conflicto y el desacuerdo le son inherentes.


Piketty defiende una trama que atraviesa su argumentación: para que una coalición igualitaria pueda volver a emerger algún día, se requiere de una redefinición radical en su base programática, ideológica e intelectual. Dicho en otras palabras, hay una luz. Es posible construir un relato, un horizonte igualitario de alcance universal, una nueva ideología de igualdad, de la propiedad social, de la educación, del conocimiento y del reparto del poder que sea más optimista con el ser humano.

Deuda foucaltiana. El orden del discurso


La desigualdad se ha mantenido a través de la historia mediante prácticas discriminatorias, a veces violentas, entre estratos sociales y orígenes étnico-religiosos. Un régimen desigualitario se caracteriza, según Piketty, por un conjunto de discursos y de mecanismos institucionales que buscan justificar y estructurar las desigualdades económicas, sociales y políticas. Consecuente con su supuesto básico de la fuerza de las ideologías, el hilo conductor del libro es que las sociedades desigualitarias se han sostenido, preservado y perpetuado gracias al éxito de producir un relato predominante. Recordemos que Foucault, afirma la importancia del discurso:

“en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad” (3).
El asunto es, para Piketty, de primer orden. Hay que tomarse en serio el papel que las ideologías y sus discursos respetivos han tenido en la historia. Es sobre las justificaciones históricas y actuales que la sociedad se ha dado a sí misma es que la desigualdad existe y es “normal”. Además este discurso predominante sostiene que no es necesario intervenir la desigualdad, que esta tiende a resolverse por sí misma. Sobre esta justificación, y mediante relatos, narrativas y explicaciones racionales, es que se ha construido el edificio de la civilización actual, sostiene Piketty. Adicionalmente, el relato dominante para explicar la desigualdad es de carácter propietarista, empresarial y meritocrático.


La sociedad actual parece decirnos: “La desigualdad de hoy es justa puesto que deriva de un proceso libremente elegido en el que todos tenemos las mismas posibilidades de acceder al mercado y a la propiedad.” O también: “Siempre ha habido desigualdad y hoy estamos mucho mejor que hace siglos” o si no: “Todos obtenemos un beneficio espontáneo de la acumulación de riqueza de los más ricos, que son los más emprendedores, los que más lo merecen, y los más útiles (a la sociedad)”. Dicho de otra manera, el discurso desigualitario, ensalza a los ganadores y estigmatiza a los perdedores por su supuesta falta de mérito, talento y diligencia.


Es un discurso siempre esgrimido por las élites para justificar su posición. En similar sentido, la desigualdad ha aumentado a medida que la culpabilización de los pobres ha aumentado. Este es uno de los principales rasgos de la sociedad desigualitaria, culpar a los pobres de su condición. Lo que ha cambiado son los métodos para perpetuar la desigualdad. Al pasar los pobres de esclavos y siervos a súbditos, se hizo necesario dominarlos por otros medios, básicamente a través del discurso y el argumento del mérito.


Es explicable entonces, que cada régimen desigualitario repose sobre su propia teoría de la justicia. Desde esas perspectiva las desigualdades no solo deben justificarse por parte de quien está en el extremo acumulacionista, sino que estas desigualdades deben ser plausibles y dar coherencia a la organización social y política ideal.


Discurso identitario vs. discurso clasista

Piketty hace una aguda observación de lo que llama el social-nativismo o la trampa identitaria poscolonial3 de cómo las élites desigualitarias han logrado cambiar la marea para desincentivar la teoría y las argumentaciones que derivan de la lucha de clases. Esta ha sido relegada como un arcaísmo que corresponde a remotas épocas de consignas de los defensores de las sociedades igualitarias. A partir de la década de 1980-1990, el discurso se ha centrado con mayor énfasis, no en las diferencias de clase –como si estas hubieran desparecido milagrosamente– sino en el tema identitario que abarca argumentos nacionalistas, étnicos y religiosos. En otras palabras, con el fin de socavar la conciencia de clase, las élites han desplazado el punto de atención hacia lo identitario, y con ello, logran, casi de manera paradójica, cautivar la atención y los votos de las clases populares que se dejan llevar por la seducción identitaria con el efecto de situar en segundo plano la desigualdad.


El discurso desigualitario en la educación


Pero el discurso desigualitario abarca mucho más. Toca, de manera principal, la educación. El autor demuestra la forma cómo hay mecanismos de legitimación del sistema de enseñanza superior, bajo la apariencia de “dones” y “méritos” que se perpetúan en privilegios sociales porque los grupos desfavorecidos no disponen de los códigos culturales y las claves que permiten alcanzar el reconocimiento. Es, en pocas palabras, una dominación cultural simbólica. Por dar un ejemplo, un joven talentoso no logra acceder a la educación superior de primer nivel por cuanto desconoce del sistema de códigos simbólicos necesarios para ingresar a los círculos cerrados de una élite que monopoliza los mejores centros educativos.


Piketty sostiene que el asunto de la desigualdad educativa es una de los principales causas para el colapso de la coalición socialdemócrata de fines del siglo pasado. Estos partidos, con frecuencia en el poder, no consiguieron revocar el discurso desigualitario ni generar transformaciones profundas en los sistemas educativos. Por contraste, la conclusión es evidente: es el combate por la igualdad y la educación lo que ha permitido el desarrollo económico y el progreso humano, y no, como pueden sostener algunos, la sacralización de la propiedad privada y la desigualdad.


El discurso meritocrático


Por otra parte, la actual ideología meritocrática va de la mano de un discurso de exaltación empresarial y de admiración por los multimillonarios. El discurso imperante es que aquellos que ascienden, progresan y llegan a la cima es porque poseen los méritos, talentos y capacidades necesarias y, por ello, son “premiados” –dentro de una ética de corte protestante bastante análoga a la descrita por Weber– por una sociedad basada en el éxito, el esfuerzo y el sacrificio personal. Como si no fuera suficiente, el discurso meritocrático y empresarial se usa como arma, un argumento de los ganadores del sistema actual y en contra y estigmatización de los perdedores.


La década de 1980-1990: Punto de inflexión o ruptura


Piketty demuestra, a través de series históricas y económicas, cómo la década de 1980 a 1990 marcó un punto de quiebre en los sistemas del Estado de bienestar social que había logrado avances significativos entre 1950 y 1980. Tras la caída del muro de Berlín y del régimen soviético se dio paso a un hipercapitalismo con fuerte tendencia desigualitaria y, en consecuencia, acompañado o sustentado por un relato hiperdesigualitario.


No es extraño entonces que siempre haya existido una subestimación, por parte de los gobernantes y dirigentes de los problemas ligados a la desigualdad. Sin embargo, ya en pleno siglo XXI, y en especial a partir de la crisis del 2008-2009, cualquier argumento a favor de la desigualdad se ha convertido en un relato frágil. Es en los tiempos actuales cuando quizás más se ha visto la relevancia de discusiones propositivas para reversar de manera efectiva la desigualdad en el mundo. La obra de Piketty es una contribución en esta dirección.


Otro aspecto importante para Piketty es el relativo a las fronteras. El autor logra demostrar, al efectuar un análisis transnacional, de qué manera se pone en evidencia el relato desigualitario. No es un asunto al interior de fronteras sino que al contrario, las trasciende dado que hoy todas las naciones están estrechamente entrelazadas.


Edad de oro de la social democracia


Si el período de 1950-1980 fue un periodo igualitario, al menos en Europa, ¿cuáles son las razones de su fracaso? Piketty encuentra tres razones: los intentos de instaurar nuevas formas de reparto de poder y de propiedad social en las empresas quedó reducido a casos específicos en Alemania y Suecia; segundo, la socialdemocracia no logró ni ha logrado abordar con eficacia la necesidad de igualdad en el acceso a la información y al conocimiento y, tercero, los límites del pensamiento socialdemócrata sobre fiscalidad y específicamente sobre fiscalidad progresiva impidieron una transformación profunda y duradera en Europa, y por añadidura, en el resto del mundo. Se necesita sentar las bases de nuevas formas federales transnacionales de soberanía compartida y de justicia social y fiscal.


Hacia una propuesta igualitaria en siglo XXI


Después de la década de 1980-1990, Piketty demuestra prolijamente, mediante gráficos y series, cómo el mundo ha regresado a altísimos niveles de desigualdad con concentración de riqueza en el decil superior y disminución significativa del porcentaje que recibe el 50 por ciento de la población más pobre.


A la vez, mediante el enfoque de larga duración, logra demostrar cómo, al final de toda sociedad propietarista, se dan transformaciones políticas e ideológicas debido a profundas reflexiones y debates en tres frentes: la justicia social, la fiscalidad progresiva y la redistribución de rentas y de la propiedad. Pero Piketty no cae en la ingenuidad, es consciente de que las grandes transformaciones políticas y sociales se dan no solo a partir de la teoría. De allí se desprende que el autor de Capital e ideología encuentre un cruce entre esta evolución intelectual y una serie de crisis políticas, financieras y militares.


Para decirlo de una vez, lo que Piketty propone es una sociedad justa que permite a todos sus miembros acceder a los bienes fundamentales de la manera más amplia posible: educación, salud, derecho al voto, participación plena en todas las formas de la vida. En esa línea, prefiere un socialismo participativo para alejarse de todo socialismo estatal hipercentralizado estilo soviético. La manera de superar el capitalismo actual, con su desacralización de la propiedad privada y establecer un sistema con tres tipos de propiedad: la propiedad pública, es decir aquella encabeza del Estado y de las entidades administrativas y territoriales, la propiedad social (aquella donde existe una cogestión efectiva de los trabajadores en las empresas, como sucede en Suecia y Alemania, y, por último, lo que él llama la propiedad temporal.


¿Qué es esta última? Se trata de un sistema en que los propietarios privados más ricos deben devolver cada año a la sociedad una parte de lo que poseen con la finalidad de facilitar la circulación de bienes y una menor concentración de la propiedad privada y del poder económico. Esto se consigue a través de un impuesto progresivo sobre el patrimonio que permita financiar una dotación universal de capital destinada a cada joven adulto. La propiedad temporal facilita que la propiedad privada circule y evita que la concentración excesiva de la misma se perpetúe. Para Piketty, repetimos, es posible superar el capitalismo actual mediante una combinación de estas tres formas de propiedad.


Dilemas sociales que se plantean


Es imposible resumir en tan poco espacio la magnitud y extensión de esta obra. Basta decir que al final de la lectura quedan interrogantes abiertos. Preguntas que se convierten en dilemas sociales nada fáciles de resolver y para las que ni el mismo Piketty ofrece respuestas claras y únicas. Él mismo confiesa que sus propuestas son provisionales, sujetas a la deliberación constructiva y propositiva.


El principal dilema que se desprende de Capitalismo e ideología es ¿cómo desmontar el discurso desigualitario/meritocrático? Si esto se logra se habrá ganado un buen trecho en el camino hacia el socialismo participativo. El segundo es lo que Piketty llama el miedo al vacío, o abrir la Caja de Pandora al entrar en un tema tan complejo y espinoso donde no son fáciles las respuestas satisfactorias y duraderas. En otras palabras, muchos piensan que sería demasiado arriesgado poner en entredicho el sistema actual, y casi que de manera paradójica, habría que agradecer que existen los Bezzos, los Gates, y los Zuckenberg, pues gracias a ellos la sociedad progresa.


Por otra parte, sigue siendo necesario para la socialdemocracia superar el efecto de la caída del comunismo y de cierta manera “el complejo de culpa” que aqueja hoy al pensamiento crítico que no ha conseguido articular una alternativa clara y convincente para las grandes mayorías. Y por último, cómo lograr consensos para que esa coalición igualitaria, aquella llamada a superar el capitalismo, tome la suficiente fuerza y se imponga frente al discurso desigualitario. Para ello, entre otras cosas, será necesario trascender las limitaciones de pensar mediante fronteras. Todo esto encarna un desafío de persuasión a elites, políticos, gobernantes y electores. No es necesario esperar a que ocurran grandes cataclismos –como la Gran Depresión del treinta o las guerras mundiales– para aspirar a sociedades menos desigualitarias, sería demasiado absurdo y de tono muy conservador. Piketty, casi que de manera socarrona, dice: “Lo ideal sería que el retorno a la progresividad fiscal y el desarrollo del impuesto a la propiedad privada se llevaran a cabo en el marco de una gran cooperación internacional. La mejor solución consistiría en un registro financiero público capaz de permitir a los Estados y a las administraciones fiscales intercambiar toda la información necesaria sobre los titulares de los activos financieras…”.. Pero antes ha admitido que las grandes transformaciones sociales y económicas no se dan a partir de los libros y las recomendaciones de expertos sino de los grandes movimientos sociales… Por tanto, sí hay esperanza de que podamos vivir en una sociedad más igualitaria.

 

1. Piketty, T., Capital e ideología, Ariel, 2019, Bogotá, p. 14
2. Foucault, M.. El orden del discurso. México: Tusquets, 2013. p. 14
3. Piketty, p. 1024 y ss.

*Escritor. Integrante del consejo de redacción de Le Monde diplomatique edición Colombia.

 

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Publicado enColombia
Ómar Rivillas, sin título (Cortesía del autor)

El establecimiento colombiano está resultando un mal hechicero pese a sus muy experimentadas habilidades, puestas a prueba durante décadas que son siglos. Tales habilidades han sido comprobadas en repetidas oportunidades, con hechizos en los que sabe mezclar sustancias enceguecedoras, asperjar conformismos –en no pocas ocasiones, validos del apoyo de las armas– y soplar alientos paralizantes. Es hechicería con efectos descontrolados, como permiten colegirlo los coletazos desprendidos de las declaraciones de la exsenadora Aída Merlano y del coronel Álvaro Amórtegui.


Química electoral. Es un conjuro con el que crean, mantienen y amplían su clientela. Para desatarlo con toda su potencia, deben contratar una base social que intermedie la búsqueda y la identificación de personas dispuestas a vender su voto, reunir cédulas, reclutar pregoneros y ayudar a mover dineros para pagar miles de votos en una u otra campaña, así como a dinamizar la estructura organizativa y logística que todo ello demanda. Es un conjuro usado por décadas y con efectos evidentes a lo largo de todo el país, pero que en los últimos años, ante el espacio ganado por nuevas tecnologías y formas de control social, ya no es tan enérgico, pese a lo cual y para variados sectores de la clase política no ha pasado al olvido.


En el conjuro de sus palabras mágicas –potenciadas por el riego de miles de millones acumulados en negocios mayormente impuros– y en la conjugación de energías e invocación de diferentes espíritus –con respaldo en instituciones estatales y privadas–, no está de más que aparezca alguna joven que a la vez les despierte apetitos sanos e insanos, con quien terminen mezclados el trabajo de pregonera, pagadora de votos y administradora de secretos, así como de cultivadora de satisfacciones y alegrías privadas, ganando con todo ello la confianza requerida para llegar a representar a un clan regional en el Congreso de la república. Una decisión, un ascenso de la base a la dirección del clan que terminó por romper su propia unidad.


Precisamente, esta práctica y las formas de proceder para el control político regional y del Estado en general saltó en esta ocasión por los aires luego del hechizo deshecho, producto del allanamiento de la “Casa Blanca” (1) en marzo de 2018, doce días después de las recientes elecciones legislativas y la posterior orden de detención preventiva que recayó sobre Aída Merlano por mandato de la Corte Suprema de Justicia el 19 de abril de 2019.


Con las paredes de su feudo al piso y la información de todos sus movimientos contables y de otro orden en manos de la Fiscalía, no le quedaba como protección sino el poder de quienes la habían llevado hasta el Senado, el mismo que para ese momento estaba neutralizado entre contradicciones intestinas de la clase política del Atlántico. En estas circunstancias, ¿qué hacer con esa aprendiz de hechicera? La fuga apareció como recurso óptimo para evitar que decidiera declarar ante la Corte y denunciar a sus protectores, opción de ‘arrepentida’ ante los 15 años de prisión a que fue condenada el pasado 13 de septiembre. ¿Por qué solamente yo? era seguramente un interrogante que acosaba a la detenida. Pero también como mecanismo expedito para que, una vez prófuga la inculpada, dejara de existir, como ella misma lo ha testimoniado. ¿Por qué siguió viviendo? es una pregunta sin respuesta clara y que tiende neblina sobre gran parte de su testimonio.


No cabe duda de que, entre gamonales y caciques, el temor a lo que pudiera salir de su boca ante un juez, en caso de arrepentimiento, no los dejaba tranquilos, sobre todo cuando las aspiraciones de algunos de ellos llegan, incluso, hasta la campaña presidencial de 2022. De por medio estaba, entonces, la supervivencia misma de varios clanes y su proyección como poder nacional, realidad que podían potenciar los contradictores, también con aspiraciones presidenciales, atizando las pugnas intestinas que desde años atrás libra la clase dominante colombiana con dos expresidentes a la cabeza, cada uno de ellos con visiones encontradas, por ejemplo, sobre la cuestión agraria, las formas de la guerra, o la cuestión internacional, entre algunos de los aspectos que los mantienen distantes.


Este era el marco que rodeaba el embrujo deshecho, pese a la destreza de los hechiceros mayores, caciques y potentados regionales, a quienes algo les salió mal entre sus conjuros y convocatorias de energías superiores, toda vez que la fuga fue un éxito pero no así la vida oculta de quien no podría ser recapturada. ¿Mala decisión optar por Venezuela como territorio para permanecer oculta? ¿Por qué no fue valorado el posible interés del régimen vecino en contar a su haber con una ficha como esta, puesta a jugar en el tablero de la geopolítica regional y global?


En tales circunstancias, sucedido lo que no debía ocurrir, una vez Aída en manos de la autoridad venezolana, el frío volvió a recorrer la piel de los gamonales de los clanes Gerlein y Char, mucho más cuando el ventilador Merlano, como viento huracanado, optó por su pellejo sin importar el precio de su decisión. Y habló, haciendo realidad lo temido reiteradamente. Los vientos desprendidos por su ventilador golpearon por todo el país, aunque su impacto mayor tuviera como epicentro a Barranquilla, y en menor medida a Bogotá y otras ciudades.


Con las aspas del ventilador a todo dar, con energía controlada desde un lugar distante de la mano de los poderes criollos, la declarante no ahorró denuncias en contra de unos clanes que concentran de manera espuria el poder político, económico y de otros órdenes en Barranquilla y mucho más allá. Se trata de un poder ampliado con empresas de diverso orden, de la salud y el deporte, pero también con otras destinadas a la contratación pública, mecanismo para enriquecer a unos pocos y no para servir a la sociedad, y por su conducto mantener un círculo infernal de: compro votos, gano elecciones, controlo la cosa pública, gano licitaciones, amplío la base social, someto conciencias, compro votos, gano elecciones…


Un poder debilitado. En el intento por parar el ventilador y sus vientos huracanados, no resultaron suficientes los contraconjuros rezados desde distintas orillas del poder político del país, ni la solicitud de su Cancillería ante Juan Guaidó –“el presidente reconocido por cerca de sesenta países”, como dicen una y otra vez los medios de comunicación cuando a él se refieren– para que extradite a la detenida, prófuga de la justicia colombiana. Tampoco sirvió la intermediación de la OEA e instancias semejantes, no reconocidas por el país en el cual ahora está en prisión la denunciante, a la espera de ser declarada perseguida política y, por tal razón, no extraditable.


La diplomacia colombiana, es meridiano, ha sido ‘elevada’ al ridículo como efecto de un suceso que en otro momento sería un simple caso policivo y de trámite diplomático menor. Como están las cosas, es un asunto que a la vez extiende sus efectos sobre la diplomacia de los “cerca de sesenta países” que reconocen al “legítimo presidente de Venezuela”, ahora, una vez más, desnudo en su parafernalia.


El ventilador, en su batir de aspas, le recuerda a todo el país que hay sectores políticos y personas como Álvaro Uribe, Germán Lleras y el propio Iván Duque –un sector amplio del establecimiento que hoy tensa las riendas del poder en Colombia– que actúan a la sombra, sin ahorrarse procedimientos ilícitos para ahondar y prolongar el poder que acumulan personas y sectores políticos aliados de los clanes ahora en la picota pública.


Nada nuevo bajo el cielo podrá refutar el lector desprevenido, ya que es vox populi que el poder político en Colombia compra votos siempre, corrompe al elector intimidado violentamente, coopta el establecimiento, desangra las arcas del Estado, impone un modelo socioeconómico que lleva a millones a la pobreza, haciendo mofa de la democracia, incluso la formal, además de infiltrar y manipular las delegaciones de la Registraduría. “Quien escruta elige”, alcanzó a decir alguien a propósito de esta práctica; esto en el mejor de los casos, pues en otros no renunció al impulso, la configuración y el mantenimiento del paramilitarismo, y así, con la conjunción de todas las ‘formas de lucha’, controló en forma absoluta el poder en departamentos y municipios del país, al igual que el Legislativo y el Ejecutivo mismo. Una real privatización del Estado, en medio de la cual quedó un río de cadáveres como testimonio de que los hechizos del poder desatan violencias descomunales que mantienen al país en duelo permanente.


Parte de esto quedó al desnudo en reciente declaración ante el poder judicial venezolano de la excongresista Aída Merlano, dolida por los malos tratos recibidos de sus otrora protectores, declaraciones ofrecidas una vez que comprendió que era una simple ficha dentro del juego de poderes del cual hizo parte, pero para el cual ahora es un estorbo.


El poder de la muerte. Este conjuro, de amplia y subrepticia utilización en la historia de la humanidad por todo tipo de poderes, que evidencia de modo inmediato su fuerte y desmoralizador impacto, no deja de ser puesto a prueba en Colombia en distintas etapas de su historia, corroborando una y otra vez su potencia aniquiladora de contradictores y enemigos, luego de lo cual, bajo alegatos de la defensa del “orden legalmente constituido”, sus pócimas son resguardadas en punto seguro.


La memoria y los resortes para su control y su utilización son transmitidos intergeneracionalmente por quienes detentan el poder, que se forman en los rituales para su uso, el recurso de los sicarios o la acción de agentes secretos de organismos de espionaje al servicio del Estado, sabiendo –y así se lo explican– que su uso puede desmovilizar y desmoralizar, pero también desatar cóleras incontrolables, todo dependiendo de la correlación de fuerzas y el eficiente manejo tanto de los legalismos en que se ampara la clase dominante para su control y operatividad del Estado, como de los medios de comunicación.


Miles de miles son los muertos que este recurso de hechicería estatal ha dejado en el país, pero, para conseguir ese reguero de cadáveres, desde hace unos años se ha acudido al asesinato aleve de personas indefensas por parte del ejército nacional –verdaderos crímenes de Estado–, muchas de ellas llevadas a su tumba con engaños de falsos trabajos o promesas de mejor vida, y presentadas a la sociedad como ‘enemigos’ –guerrilleros– “muertos en combate”.


Así lo dejó claro el teniente coronel Álvaro Amórtegui el pasado 19 de febrero en denuncias contra el general Mario Montoya, otrora comandante de la Cuarta Brigada y luego comandante del Ejército, recordando con sus declaraciones lo que otros oficiales también han testimoniado a lo largo de varios años (2): que ese cuerpo uniformado, constituido supuestamente para cuidar las fronteras nacionales, está transformado en una máquina de guerra contra su propio pueblo. Es esta una demencial transformación en la cual, de la mano de terratenientes, empresarios y comerciantes, la fuerza pública perdió toda referencia ética y moral, derivando por tanto en un ejército de ocupación, enemigo de aquel a quien debiera proteger.


¿Qué sucedió aquí con los hechiceros que, desde su refugio en la Casa de Nariño y otros lugares de acción con que cuentan a lo largo y ancho del país, manipulan sustancias y rezan trabalenguas que conjuran la muerte? ¿Cómo actuaron para que sus rezos produjeran ese tipo de monstruo humano, encarnado en miles de oficiales y soldados que, amparados en una ideología anticomunista, y fanatizados en una causa que consideran cruzada contra el mal, llegan al extremo incluso de liquidar la vida de quien saben y son conscientes que nada tiene que ver con el enemigo que pretenden vencer?


Precisamente, la actuación de este tipo de oficiales, con órdenes sobre sus subordinados, desangrando al país que debieran proteger para que en tales tierras germinaran siempre la justicia y la paz, a la par de la clase política que ha privatizado el Estado en todos sus niveles e instancias, dibuja al régimen político que ha tomado forma en Colombia desde las décadas finales del siglo XX y comienzos del XXI: policivo-militarizado y por tanto autoritario, soporte de su carácter excluyente, neoliberal en lo político-económico y social, un régimen, por consiguiente, de minorías y para minorías.


Esta desavenencia de sus hechizos es una realidad que seguramente tiene cavilando, con signos de angustia, a los brujos mayores en su refugio gubernamental, batiendo inciensos y rezando conjuros, concitando energías y reclamando el apoyo de sus antecesores ya difuntos y de quienes aprendieron y heredaron sus malas artes de dominio, buscando con todo ello que aquellos a quienes mantienen bajo su potestad no se zafen. Todas sus potencias actúan y contienen energías que braman bajo el piso y en sus alrededores, con furia y con pasión, pues cada vez es más evidente que quienes controlan el Estado colombiano están carcomidos por todos los males de quien gobierna de espaldas a su pueblo: la violencia, el terror, la injusticia, los privilegios, la corrupción, la privatización de lo público, la manipulación, el engaño…

1. Así era conocida la base de operaciones que coordinaba Aída Merlano.
2. Entre los militares que han dejado tal testimonio ante la JEP figuran: “[…] Gabriel de Jesús Rincón Amado, Santiago Herrera Fajardo, Álvaro Tamayo Hoyos, Paulino Coronado Gámez, Sandro Mauricio Pérez Contreras, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Rubén Darío Castro, Gustavo Enrique Soto Bracamonte, Jaime Alberto Rivera Mahecha, Zamir Humberto Casallas Valderrama, Alexander Valencia y Henry William Torres Escalante. https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/mario-montoya-se-reservo-su-derecho-a-guardar-silencio-ante-la-jep-461560.

 

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Publicado enColombia
Julio Roberto Vargas Malagón, alcalde Cajamarca.

La comunidad y organizaciones sociales de Cajamarca impulsaron la consulta popular en marzo de 2017, con cuyo triunfo obligaron a la multinacional Anglo Gold Ashanti a salir del territorio, cerrando el proyecto La Colosa. Después de la consulta se abrió un debate político y jurídico de carácter nacional que problematiza el modelo de desarrollo del país. El alcalde en ejercicio para el periodo 2019–2022 representa al movimiento que se opuso a la minería, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta esta administración?

 

Cajamarca es un pueblo de campesinos ubicado en la Cordillera Central andina; por su potencial natural y ambiental es considerado como el municipio la despensa agrícola de Colombia. Entre el año 2005-2006, con el auge extractivista internacional experimentado en Sur América, el municipio vivió la llegada de la multinacional Anglo Gold Ashanti, la cual impulsó el proyecto “La Colosa”, uno de los megaproyectos mineros de oro más grandes del mundo.

Opuestos a tal pretensión, por las nocivas consecuencias que el desarrollo de un proyecto tal conlleva para un territorio y quienes lo habitan, un grupo de ciudadanos y organizaciones sociales del municipio tolimense comenzaron a plantear el debate sobre el modelo de desarrollo del municipio y las consecuencias y efectos naturales y culturales de la minería a cielo abierto.

Sus esfuerzos de todo orden para obligar a la multinacional a salir de su municipio les abrieron dilemas, de ahí que en el 2010 tomaran la decisión de participar electoralmente, sin resultados notables; en el 2015 llevaron a 3 integrantes del movimiento al concejo. Para Julio Roberto Vargas, actual alcalde de Cajamarca, fue gracias a estos concejales que en el año 2016 se aprobó la realización de la consulta popular sobre el tema minero.

La consulta fue una de las primeras en el país en decirle no a la minería: 6.165 cajamarcunos frenaron los intereses extractivistas. Posterior a esta victoria, en las elecciones del 2019 la ciudadanía llevó a un integrante del movimiento ambiental a dirigir como alcalde los destinos del municipio a lo largo de los siguientes 4 años, triunfo obtenido con 5.130 votos, igual al 50.11 por ciento del total de los sufragios contabilizados, doblando al candidato de la política tradicional apoyado por la multinacional.

Hoy los habitantes de Cajamarca tienen la esperanza de que la región cambiará, y que el quehacer del nuevo gobierno girará alrededor de la defensa del territorio, el agua y la vida.

desdeabajo tuvo la oportunidad de conversar con Julio Roberto Vargas, quien nos comentó algunos de los retos fundamentales de su gobierno, como también su visión de lo que implica, en este momento del país, ser elegido y decidir sobre el presente y el futuro del municipio en materia de uso y vocación del suelo.

desdeabajo (da). ¿Cuáles son las organizaciones en las que ha participado y qué papel espera que estas cumplan en su gobierno?
Julio Roberto Vargas (JRV). Vengo del movimiento ambiental y campesino. Acá en Cajamarca se encuentra el Comité ambiental y campesino de Cajamarca y Anaime, el cual es un espacio donde confluyen diferentes organizaciones socioambientales, con una agenda en común que también se articula al comité ambiental del departamento del Tolima y el movimiento ambiental a nivel nacional.
En esta alcaldía buscamos que el movimiento ambiental organizado ayude a construir las políticas públicas en materia ambiental y de desarrollo social del municipio, que tengan voz y voto, que tengan capacidad de articular procesos, jalonar recursos y construir una línea de desarrollo económico armonizadas con la naturaleza y las comunidades.

da. ¿Qué ha pasado con respecto al intento de limitar las consultas populares en el país y todo este debate abierto alrededor del uso y vocación de suelo?
JRV. Cuando se realizó la consulta popular, desde el gobierno nacional y todos los sectores minero energéticos del país, empezaron a decir que los municipios no tenían autonomía para decidir el uso y vocación del suelo en temas mineros, sin embargo esto lo dice el gobierno nacional pensando en los intereses de los grandes conglomerados mineros. Como comunidad y municipio Nosotros nos aferramos a la Constitución y a la ley, que nos dice que los municipios sí tenemos la autonomía territorial para tomar decisiones sobre el uso y vocación del suelo, y nosotros, los cajamarcunos, los campesinos, los amantes de la vida, decidimos que Cajamarca siga siendo la despensa de Colombia, siga siendo la estrella hídrica del departamento del Tolima.

El debate continúa. El sector minero a nivel nacional busca tumbar las consultas populares, busca deslegitimar las decisiones del pueblo, y como alcalde y representante de la comunidad tengo el deber de defender los derechos colectivos y ambientales de la población cajamarcuna, defender el derecho constitucional que tiene la comunidad a tomar decisiones sobre su territorio, promoviendo en todo momento la democracia participativa e incluyente.

da. ¿Qué papel juega en la región y el país su elección como alcalde de Cajamarca?
JRV. En este momento somos la única alcaldía en el departamento del Tolima con un alcalde alternativo y que hace parte de los movimientos sociales. Esto implica políticamente que una alcaldía y una comunidad están dando un debate al país y al gobierno nacional sobre el desarrollo del país. La experiencia de Cajamarca es la mezcla entre movimientos sociales y la administración pública, que tiene una política alternativa, independiente y busca transformar las comunidades con la participación directa de las mismas.

da. ¿Qué tienen proyectado realizar para generar una propuesta alternativa de desarrollo para el municipio que no implique la minería?
JRV. Vamos a profundizar en mejorar todos los sistemas de comercialización de los productos agropecuarios del municipio. Vamos a abrir una línea de exportación de productos agropecuarios hacia Europa y Estados Unidos, así mismo vamos a hacer una apuesta bastante grande en el tema del turismo comunitario en el municipio; hoy tenemos en el territorio los bosques naturales de palma de cera, somos vecinos del volcán cerro Machín –que es el segundo volcán más activo del mundo–, tenemos el páramo del Chiní por todo el cañón de Anaime, tenemos tres ríos que nacen en el municipio (Anaime, Bermellón y Toche), entonces vamos a impulsar el turismo como alternativa de desarrollo municipal.

Otros temas fundamentales, en torno a la cultura, son la creación de la casa de la cultura del municipio, el impulso del festival nacional de música campesina y el museo de antropología; pero también hay temas importantes como la agricultura limpia, mejoramiento de vías terciarias, salud, educación, entre otros.

da. ¿Cómo piensan construir una alcaldía realmente alternativa para el municipio y cómo se puede proyectar esto a nivel nacional?
JRV. Estamos apostando a una transformación estructural en la comunidad cajamarcuna, en la forma de hacer política y generar el desarrollo. Estamos apostando a empoderar a las comunidades. Las JAL, organizaciones sociales, cooperativismo, asociatividad y unidad de la comunidad tienen un protagonismo importantísimo. Lo que queremos es hacer un buen gobierno, y esto implica que los recursos públicos van a ser bien invertidos en obras sociales, proyectos productivos, culturales y educativos.

Invitamos a que todos los movimientos sociales y ambientales de Colombia sigamos construyendo una agenda en común. La unidad de todos los sectores alternativos y sociales del país es la que va a permitir transformar esas condiciones de desigualdad y desequilibrio en la que se encuentra nuestra sociedad. Necesitamos cambios profundos, necesitamos que los movimientos sociales se enraícen en las comunidades, que las empoderen y que se empoderen de los procesos políticos, que la política no la vean como los tradicionales sino como una oportunidad para servir y transformar con las comunidades las condiciones de vida.

 

 

 

Publicado enEdición Nº265
https://bogota.gov.co/

Desde su posesión como regente de la ciudad de Bogotá la alcaldesa Claudia López enfrenta y tema al fantasma de quien la antecedió, quien, como sucede en todas las administraciones locales del país, le heredó múltiples medidas y proyectos por concretar o finalizar de ejecutar. Una realidad que se prolonga por cerca de dos años.

El metro, en su cuestionado diseño, las troncales de Transmilenio y la prioridad del transporte con base en petróleo y sus derivados, dejando a un lado las energías limpias –base de otros modelos de transporte que la ciudad se merece–, el Sendero de las Mariposas, y otro cúmulo de medidas que gota a gota van sintiendo quienes habitan Bogotá.

El 2 de marzo fue el turno para el alza en el transporte masivo, una medida a todas luces antipopular y que afecta las economías de las familias más pobres, las mismas que están obligadas a usarlo. Esta medida, es claro, no la tomó quien dejó el Palacio Lievano el 31 de diciembre anterior para no cargarse más impopularidad, y no la tomó antes la actual inquilina de tal edicifio para no arrancar su gestión enfrentando a las mayorías de la ciudad.

Es una realidad, esta de seguir administrando a nombre de Peñalosa y de no querer enfrentar a los grupos de poder que controlan Bogotá, que obliga a preguntar, ¿Es posible que Claudia López deje a un lado el temor que la domina y enfrente y cambie la herencia y modelo de ciudad que le dejó su antecesor? Como toda la sociedad lo reconoce, Peñalosa administró para el capital privado, y quien ahora rige los destinos de la ciudad ¿para cuál lado se inclina?

Y la respuesta es clara, sí puede. La alcaldesa no está con las manos amarradas –recibí esa herencia y tengo que cumplir con ella, ha expresado–, eso no es cierto, la Constitución Nacional dota a la comunidad en general y a los mandatarios municipales y de otro orden, de un conjunto de instrumentos que les permite acudir al constituyente y derogar, a la par de aprobar, medidas de diferente tenor.

En el caso de la actual regente bogotana, la pregunta es una: ¿pretende administrar con las mayorías, consultándoles, debtiendo con ellas, movilizándolas para que el ejercicio de alcaldesa no sea algo reducido a un saber tecnócrata, u opta por el saber de especialistas y el consejo de quienes han diseñado la ciudad, desde siempre, para su favor?


En estas circunstancias, ante lo heredado, y en particular ante el alza en el transporte masivo, ¿Pudo, si o no, realizar una consulta popular, un referendo local, para decidir sobre incrementar o no el alza del transmilenio? Consulta que podría ampliarse a otros tópicos relacionados con igual materia u otras afines.


Esto es algo posible. En Constitución Política de 1991, Capítulo 1 –de las formas de participación democrática– en el Artículo 105, dice: “Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale el Estatuto general de la organización territorial y en los casos que éste determine, los Gobernadores y Alcaldes según el caso, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio”.


Igual puede acogerse a este mecanismo para decidir el rumbo del proyecto del Sendero de las Mariposas, que uniría a Chía con Usme por medio de una red de caminos distribuidos a lo largo de cerca de 102 kilómetros por los Cerros Orientales, proyecto que, por ejemplo, no está armonizado con Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental.

Como bien lo anotó La Mesa de Cerros Orientales en un comunicado difundido por desdeabajo: “Exigimos que se reconozcan las propuestas de los pactos de vida, los ecobarrios, los caminos ancestrales, los viajes de barrio y demás alternativas que desde los cerros proponemos para que como ciudadanía bogotana nos reconectemos con la naturaleza. Exigimos, por último, a la alcaldesa Claudia Nayibe López, que cumpla el Compromiso Ambiental por Bogotá, sea consecuente con lo manifestado públicamente durante la campaña electoral y proteja la Estructura Ecológica Principal de la ciudad”.

Pero si Claudia López sigue empeñada en proseguir ejecutando al pie de la letra el modelo de ciudad que le dejó su antecesor, seguirá dejando un velo sobre las mentiras de Peñalosa, quien aseguró que el metro estaría antes de 2025, y ahora tienen que salir a notificarle a la ciudad que eso solo será realidad en el año 2028. Una realidad de incapacidad e improvisación que no es responsable con las angustias que cada día sobrellevan millones de capitalinos a la hora de trasladarse una parte de la ciudad a otra.


Mientras esto ocurre, Luxemburgo se estrena como primer país del mundo en donde el transporte público es gratuito en todo su territorio. ¿Llegaremos a tener un sistema de transporte gratuito en Bogotá –y en el resto de urbes colombianas–, como lo demanda toda sociedad donde la redistribución de riqueza y la concreción de vida digna y demás sea un imperativo? Una medida, por demás, acorde con la lucha contra el cambio climático, toda vez que desestimula el uso de carros particulares. En este campo, Claudia podría empezar implementando subsidios para personas de la tercera edad, personas con limitaciones para su movilidad –bien muscular, ocular y otras–, así como para estudiantes y menores de 13 años. Como es conocido, ya se opuso al subsidio para estudiantes. Administrando de espaldas a las necesidades de las mayorías.


La actual alcaldesa debería atreverse a cambiar el camino impuesto por los ricos de la ciudad, por medio de quien la antecedió, ¿o es que desea favorecer a los mismos de siempre?

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Publicado enColombia
https://www.procuraduria.gov.co/

Las directrices de esta política contienen una retórica innovadora, pero se desenvuelven en los marcos de sentido tradicionales. Por tanto, está desarticulada de necesidades esenciales que plantea el escenario post-Acuerdo de paz y su implementación, pero también de otras urgencias nacionales, como detener el genocidio de líderes sociales, reformar la institución policial o modificar el enfoque represivo en la gestión de la protesta social.

 

Entre los distintos problemas que han pasado cuenta de cobro al presidente Iván Duque en lo que va corrido de su mandato se destaca el deterioro de la seguridad ciudadana. Los indicadores relevantes tanto de la seguridad fáctica como de la percepción de inseguridad descendieron sustancialmente bajo el gobierno Santos pero repuntaron con Duque. Por ejemplo, la sensible tasa de homicidios llegó en 2017 a 23,7 por cada cien mil habitantes, la cifra más baja en cuatro décadas tras registrar un descenso sostenido, pero rebrotó a 24,3 en 2018.

Tal vez afanado por esta realidad, a finales de 2019 el gobierno presentó su “Política marco de convivencia y seguridad ciudadana”, un texto de 105 páginas que contiene sus directrices. Como es usual, el documento en las 7 líneas gruesas de acción, con sus objetivos específicos y estrategias de ejecución, con responsables y métodos de seguimiento que pasa a sustentar, sigue una estructura estrictamente lógica.

Si bien la retórica de la formulación se esfuerza por marcar diferencias, enfatizando en la seguridad ciudadana, la “visión multidimensional”, la “gestión integral” o la funcionalidad de la política respecto del emprendimiento y la innovación en ciencia y tecnología, en la mayoría de los casos se trata de tareas que ya están asignadas a instancias estatales, incluso con la directriz de colaborar entre sí.

Asimismo, aunque se contemplan una serie de acciones, como una apuesta decidida por el desarme de los ciudadanos, el impulso a una “cultura de la legalidad” o el cambio en el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, no se plantea una innovación sustancial respecto al marco de sentido que ha orientado dicha política.

Por ejemplo, la política que acá nos ocupa contempla la participación de la ciudadanía en labores distintas a la inteligencia y el mantenimiento del orden público (p. 5). Pero se trata de una participación confinada a la ejecución de la política ya delineada y definida, es decir, no se comprende la participación en la formulación de planes, programas o proyectos, ni en labores para su veeduría o evaluación, sino en la formación de una “Red de Participación Cívica” para dar fluidez a las comunicaciones entre ciudadanías y autoridades, articulada con el uso de nuevas tecnologías, la colaboración con las empresas de seguridad privada y la nacionalización de la figura de los gestores de convivencia (p. 68).

Un diagnóstico sesgado e incompleto

El documento presenta la evolución de los principales problemas e indicadores de la seguridad ciudadana en los últimos años. Sin embargo, su diagnóstico es sesgado e incompleto, puesto que no se articula a un análisis de los múltiples problemas y dificultades que el tránsito de la guerra a la paz ha conllevado en esa materia. Las etapas de post-Acuerdo de paz en los casos de Centroamérica, caracterizadas también por el ascenso en las problemáticas de inseguridad ciudadana, alertan suficientemente sobre la necesidad de tal articulación.

Por ejemplo, el documento de política no responde preguntas básicas tales como si las dinámicas de inseguridad ciudadana están relacionadas con el fin del conflicto armado; con el copamiento y la disputa de espacios rurales y urbanos desalojados por la insurgencia y abandonados por el Estado pero copados por otros actores armados, por mencionar un caso.

Como consecuencia, las directrices de política quedan desligadas de un esfuerzo expreso por acompañar la implementación del Acuerdo de paz, por más que en ciertos apartados se mencione la necesidad de brindar seguridad a los desmovilizados (p. 82). De hecho, lo más sorprendente es que no se relacionen los problemas de la seguridad ciudadana con el escenario post-Acuerdo de paz, y que éste prácticamente ni se mencione explícitamente. Se trata, por tanto, de una política que no diagnostica en su complejidad el ámbito en el que pretende intervenir aunque, como es lógico, la convivencia y la seguridad ciudadanas tengan por fin último garantizar la paz.

Por esa razón el que quizás sea el principal problema planteado en dicho escenario, el genocidio perpetrado contra los líderes sociales desde que se firmó el Acuerdo de paz, que el actual gobierno persiste en considerar como un conjunto de homicidios aislados y no sistemáticos, ocupa un lugar muy marginal en la formulación de la política.

Así, solo una falla de diagnóstico permite explicar que alrededor de un millar de asesinatos de ciudadanos civiles y en estado de indefensión no sean considerados un problema de seguridad ciudadana. Incluso auque el documento reconozca a los líderes sociales como “población de alto riesgo” (pp. 82-83), resulta complicado que no existan medidas específicas para atender la problemática de manera diferenciada, pero son imposibles si no se reconoce que están siendo sistemáticamente asesinados.

La retórica y la omisión

Desligar la política de convivencia y seguridad ciudadana de la implementación del Acuerdo y el contexto generado tras su entrada en vigencia, termina por invalidar su apuesta central: el concepto de seguridad ciudadana en que se funda (p. 21). En la práctica, la implementación de políticas guiadas por ese concepto ha tenido un férreo obstáculo en una fuerza policial altamente militarizada en términos institucionales, doctrinales y operacionales, como legado del conflicto armado.

Las estructuras, mentalidades y formas de operar de la Policía si bien han incorporado parcialmente el ideal de la seguridad ciudadana, continúan caracterizadas por los legados arrojados por su participación en la guerra, como su sesgo represivo, la distancia en relación con la ciudadanía, vista potencialmente como parte del “enemigo interno”, y la prevalencia de la seguridad nacional sobre la seguridad ciudadana, entre otros. En consecuencia, la retórica de la seguridad ciudadana convive con prácticas como la represión con sesgo militar de la protesta y el énfasis en la seguridad del Estado.

El documento de política plantea, por ejemplo, la corresponsabilidad de las autoridades civiles locales y regionales para garantizar la seguridad. Pero pasa por alto uno de los problemas que ha obstaculizado esa corresponsabilidad: precisamente el hecho de que la Policía tenga una estructura calcada del Ejército, con poco margen de maniobra para los comandantes cuando una orden de su superior se antepone, por las razones que sea aunque con frecuencia relacionadas con el orden público, a las de la autoridad civil local o regional.

Aunque no necesariamente debe estar contemplada en la política de convivencia y seguridad, con posterioridad al Acuerdo de paz es urgente la reforma de la Policía y en general de las FF.AA. No obstante, esta tarea, frustrada en los años noventa, cuando la reforma planteada (ley 62 de 1993) se desdibujó finalmente en la ejecución por la propia institución del Programa de Transformación cultural (1995-1998), nuevamente se confía a la autonomía de la Polícía con el “proceso de modernización y transformación institucional” actualmente en curso.

La corrupción, que gana terreno al interior de la institución, de acuerdo a los frecuentes informes de prensa sobre uniformados de distintos rangos vinculados con actividades delictivas, reclama con urgencia dicha reforma. Ya en diciembre de 2015 el gobierno Santos había designado una comisión con ese propósito que, como varias anteriores, no arrojó resultados. El objetivo de desarticular organizaciones delictivas y provocar la “disrupción en la red de valor de las rentas criminales urbanas” (pp. 69-71), choca de frente con esa realidad.

Es así como resulta prácticamente imposible afincar la visión “multidimensional” (p. 24) sobre la seguridad ciudadana que plantea el documento en una institución que ni siquiera ha empezado a reorientarse en el contexto del post-Acuerdo de paz y que mantiene en gran medida, en su cultura organizacional y su doctrina, y en ciertas especialidades más que en otras, una orientación contrainsurgente que se confunde con la que debe tener un cuerpo militar, relegando las particularidades de un organismo de naturaleza civil como la policía.

Persiste el enfoque represivo

Aún más, en relación con funciones como la contención de la protesta prima en la política el sesgo represivo. Se desplaza de esa manera el concepto de seguridad ciudadana, no solo como ausencia de delito sino como potenciamiento de los derechos y libertades individuales, en este caso los de la protesta y la libertad de expresión, en favor del mantenimiento del orden público y la seguridad del Estado. En efecto, el documento insiste en que el gobierno garantizará el derecho a la protesta, pero a renglón seguido promete actuar contra los “disturbios” y el “vandalismo”, fortaleciendo los escuadrones antidisturbios (p. 88).

En la presentación de la política en cuestión no existe la más mínima reflexión sobre las especificidades de la protesta social, que siempre implica tensiones entre los derechos de quienes protestan y de los demás ciudadanos, o sobre lo que desde la perspectiva gubernamental se concibe como “violencia”. En la práctica los límites entre lo legítimo e ilegítimo, lo tolerable y lo intolerable, lo violento y lo no violento son difíciles de precisar; por ejemplo, ¿bloquear temporalmente una vía pública es “vandalismo” o “disturbio”?

En esa constante, la política no menciona el prontuario de abusos y crímenes cometidos por el Esmad, que no se reconoce ni siquiera como un problema, por lo que en últimas termina avalando y dando curso a los procedimientos represivos con que se ha manejado hasta hoy la protesta social. Se trata de una gestión basada en una visión contrainsurgente, que privilegia la seguridad nacional o del Estado sobre la del ciudadano, y donde éste, cuando ejerce su derecho a la protesta, es visto como parte del “enemigo interno” que amenaza el orden social.

De hecho, el mismo enfoque represivo está presente en la estrategia de “control efectivo de los espacios” con la que se propone reemplazar el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Eso explica por qué, aunque el documento enuncia un enfoque preventivo según el cual los comandantes de policía deben concentrar los esfuerzos de todas las especialidades en “zonas de miedo e impunidad” (p. 17), la principal transformación sea el aumento del pie de fuerza en 34.000 nuevos policías en 4 años (en 2019 la cifra total de efectivos era de 139.766), junto con la destinación a esas zonas de los uniformados que hoy están concentrados en el control del tránsito, los servicios de protección y los servicios administrativos (p. 66).

En fin, un asunto delicado, como parte del enfoque represivo, es el tratamiento al consumo de estupefacientes en espacios públicos. Es un problema que marca el límite de la visión “multidimensional” que el documento reivindica. Si bien en algunos momentos se alude al fenómeno como un problema de “salud mental” relacionado pero no determinante de problemas de convivencia (p. 22), se termina por asumir una visión criminalizante y represiva puesto que “impacta la convivencia, pues, entre otras consecuencias relevantes, aumenta la percepción de inseguridad en los sitios en los que se consumen habitualmente estupefacientes” (p. 23). Por esa razón, el “control efectivo de los espacios” se propone “dar prioridad a los parques, plazas y los entornos de las universidades, escuelas y colegios, para evitar que sean lugares de expendio y consumo de estupefacientes” (p. 64).

Corolario

La política de convivencia y seguridad ciudadana no está ligada explícitamente a la implementación del Acuerdo de paz, lo cual plantea varias dificultades para responder al genocidio de líderes sociales en ciernes; está desvinculada de la necesaria reforma de la Policía para enfrentar un contexto post-Acuerdo, lo que entorpece varios de sus propósitos debido a los problemas de militarización de esta institución; y termina por privilegiar la seguridad del Estado sobre la del ciudadano en asuntos tan delicados como la gestión de la protesta social, lo que se traduce en la persistencia de un sesgo altamente represivo.

Pese a la retórica de innovación en que se formulan sus directrices, la política sigue presa en los marcos tradicionales que han guiado la acción estatal. El uso de nuevas tecnologías, el enfoque multidimensional del delito, la cooperación entre instancias estatales e incluso medidas como la promoción del desarme total de la ciudadanía –en la que el gobierno se aparta de las preferencias de su partido, el Centro Democrático–, quedan así opacadas por el peso de las estructuras, en particular de los problemas de militarización en la Policía, principal agencia encargada de la implementación de la política marco de convivencia y seguridad ciudadana.

Publicado enEdición Nº265