El próximo presidente de México tendrá que ser un mago, o un héroe, o un hombre con mucha suerte. México entró en el año electoral con una avalancha de malos índices económicos, reformas políticas postergadas, bloqueo institucional, la crisis que golpea a su gran vecino norteamericano y un tendal de más de 50 mil muertos que dejó la guerra contra el narcotráfico desatada por el actual presidente Felipe Calderón hace seis años. Calderón concluye su mandato con las elecciones del próximo mes de julio sin haber cerrado el volcán que destapó con la narcofensiva. Las elecciones de julio tienen casi su propia dinámica: la democracia contra el imperio del narco. Las cifras, oficiales o no, hielan la sangre de un país amable e hiperactivo: un muerto cada media hora, lo que da 48 por día y un total que avecina las 12.000 ejecuciones a lo largo de 2011. La narcoviolencia es una condena diaria que flota sobre la cabeza de México. Los carteles de la droga que ya controlan la mitad del país tendrán un papel decisivo en las elecciones presidenciales del próximo 1º de julio, sea porque se apoyarán en las amenazas o las intimidaciones, sea porque comprarán a los candidatos, sea porque los partidos pactarán en secreto con ellos. La democracia mexicana enfrenta un reto doble: no sólo dar bienestar y trabajo, sino seguridad.
Después de dos mandatos consecutivos, el católico y centroderechista Partido Acción Nacional (PAN) se presenta a las elecciones con una imagen degradada. El panista Vicente Fox dirigió el país entre el 2000 y el 2006 y Felipe Calderón entre el 2006 y el 2012. Ambos mandatos quebraron la hegemonía que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, había mantenido durante más de 70 años. México amaneció en el año 2000 en plena alternancia pero aquella “revolución democrática” conducida por el PAN dejó un hondo descontento. El sistema se aprovechó de la alternancia para convertir lo que los mexicanos llamaban “una República imperial”, es decir, el presidencialismo, en un país con índices de violencia y corrupción superiores a los de antaño. La gran mayoría de los analistas locales coincide en sus visiones históricas. Cuando el PRI dejó el poder y las instituciones democráticas dejaron de ser un simple decorado, en vez de reforzarse el sistema democrático se quebrantó en beneficio del poder local de los gobernadores de los 32 estados de que consta el país. Los narcos se metieron en ese intersticio y dislocaron al país sembrando un reguero de muerte y corrupción cuyos niveles superan la guerra de Vietnam, la represión de las dictaduras de los años ’70 y ’80 y el mismo conflicto colombiano. El viaje de los últimos 12 años fue de la ilusión al desencanto y a la extrema violencia.
El sociólogo Emilio Alvarez Icaza Longoria, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y actual integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad del poeta Javier Sicilia, reconoce que la situación actual se fue plasmando en un contexto muy poco esperado. “Después del 2000 y con las transformaciones a que dio lugar la derrota del PRI, los gobernadores locales empezaron a tener una dinámica de pequeños virreyes. Así se pasó de la presidencia imperial a los gobernadores virreyes. Esa dislocación del sistema político, asociado a fenómenos internacionales donde México dejó de ser un lugar de tránsito de la droga para convertirse en un productor, explica el panorama actual. Este fenómeno es clave porque generó una pelea por los mercados y una disputa territorial. Ello llevó a los carteles a negociar con los gobernadores y a penetrar los organismos de seguridad.” El presidente que salga electo en julio hereda ese tributo, más una economía estancada, reformas esenciales –fiscal y laboral– que duermen en el cajón, corrupción y porcentajes de pobreza elevadísimos. El 60 por ciento de la población trabaja en el sector de la economía informal. El PAN aún no designó a su candidato. Recién se sabrá en febrero a quién apoyará el presidente Calderón. Los sondeos ubican hoy a Josefina Vázquez Mota, ex ministra de Educación, en la línea sucesora. Pero el PAN se enfrenta al desasosiego del electorado, al retorno del PRI al primer plano y a la fuerza vigente de la izquierda, el PRD, Partido de la Revolución Democrática, y su candidato Manuel López Obrador.
El PRI y el PRD son dos movimientos con sed de venganza. El primero busca recuperar su honor tras 12 años en la oposición, el segundo aspira a cobrarse la derrota de 2006 cuando Felipe Calderón se llevó la presidencia por un margen mínimo y en medio de sospechas de fraude organizado. El PRI avanza con alas nuevas, un candidato joven y carismático, Enrique Peña Nieto, y los sondeos que le otorgan cerca de 20 puntos de ventaja sobre los demás aspirantes a la presidencia. Enrique Peña Nieto es el gobernador del Estado de México, el más poblado de la República, y, según lo admite él mismo, lleva años diseñando su traje presidencial. Su juventud le da al PRI un rostro nuevo y desconectado de las argucias del partido de caciques que fue el PRI. Peña Nieto asegura que el PRI está en condiciones de asumir el reto democrático y que no pactará con el crimen organizado. Es difícil creerle, a él o a cualquier otro candidato. Los narcos tienen una influencia enorme en México y ocupan además un lugar de predilección en el imaginario popular. La célebre actriz Kate del Castillo le envió un tweet al más poderoso de los narcos, Joaquim Guzmán, alias El Chapo, jefe del Cartel de Sinaloa. El tweet de Kate del Castillo decía: “Sr. Chapo, no estaría padre que empezara a traficar con el bien? Con las curas para las enfermedades, con comida para los niños de la calle, con alcohol para los asilos de ancianos que no los dejan pasar sus últimos años haciendo lo que se les pegue la reverenda chingada, con traficar con políticos corruptos y no con mujeres y niños que terminan como esclavos? Con quemar todos esos “puteros” donde la mujer no vale más que una cajetilla de cigarros, sin oferta no hay demanda, anímese don, sería usted el héroe de héroes, trafiquemos con amor, usted sabe cómo”.
Pocas dudas caben de que Peña Nieto para el PRI y Manuel López Obrador para la izquierda del PRD serán quienes disputen la final. Obrador ha sido capaz de sobrellevar la derrota del 2006, cuando perdió por apenas 0.56 por ciento de los votos, y mantenerse vigente como opción, dentro y fuera del PRD. Obrador es un caso inédito. Durante seis años no ocupó ningún cargo público, ni bancada de legislador, ni tampoco fue líder de su partido. Sin embargo, se quedó prendido en buena parte del corazón de la izquierda mexicana. El hombre del PRD supo preocuparse por la gente antes que por las disputas partidarias y también articular su acción a través de un sólido movimiento social como Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. El Morena es una suerte de puente entre la sociedad y la acción política cuya existencia es una consecuencia de la acción del mismo Obrador. En 2006, luego de la derrota, el candidato del PRD convocó a multitudinarias manifestaciones en el centro histórico de México, el Zócalo. Allí nacieron las Asambleas y la Convención Nacional Democrática. En el Zócalo, Obrador se autoproclamó “presidente legítimo”. Su gobierno paralelo llegó a contar con cerca de un millón y medio de afiliados. De ahí en más formó el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, que se opuso a la reforma petrolera impulsada por Calderón, y luego integró el Movimiento en Defensa de la Economía Popular, con el cual enfrentó el aumento de los impuestos del 2009. Morena desciende directamente de ese magma de movimientos sociales y asociaciones civiles que le dieron a Manuel López Obrador una base profunda, al tiempo que lo mantuvieron políticamente vivo a lo largo de seis años. El PRI o el PRD, dos opciones, dos países con un enemigo común: la narcoviolencia.
En marzo del año pasado, Muammar Kadafi se dirigió a los estudiantes de Abuja, Nigeria, como invitado especial. Durante su tendido discurso, el coronel diagnosticó a Nigeria como un país con profundas divisiones religiosas y recomendó como ideal separar totalmente el norte musulmán y pobre del sur cristiano y adinerado. O sea, inventar otro país.
Es que en Nigeria, como en muchas regiones de África subsahariana, el origen de los conflictos siempre era otro, quizá mundano o tradicional. Las etnias igbo, al sureste, yoruba, al suroeste, y hausa, al norte, han compartido el vecindario que hoy es Nigeria desde antes de Cristo y Mahoma. Sus conflictos, sangrientos sin duda, giraban sobre el hurto de ganado o el secuestro de mujeres o niños. Hasta recientemente cada etnia contribuía a gritos y amenazas al dinamismo político del vecindario.
En Nigeria, la división religiosa nunca había sido factor conflictivo, a pesar de que la mayoría de la población norteña practica el Islam y en el sur domina el cristianismo. Aun con esta distinción, miembros de las dos religiones, que son fundamentalmente pacíficas, viven por todo el país, atienden las mismas escuelas, comparten baños y butacas en los estadios de futbol, y hasta se casan unos con otros. Era de esperar que el factor étnico determinara la unión o la distancia entre nigerianos, nunca la fe. Ahora el asunto es diferente. Dioses están de por medio.
Boko Haram, el grupo responsable de los ataques a las oficinas de la Organización de Naciones Unidas en Abuja, capital nigeriana, y a iglesias durante la misa de Navidad, son la razón por la cual las fronteras del norte de Nigeria han sido cerradas y el presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, ha llamado un “estado de emergencia” para controlar el país.
Boko Haram, que se traduce del hausa como “la educación occidental es pecado”, por dos años ha pretendido tomar el control del norte del país para implementar la ley sharia, de acuerdo con la doctrina del Corán.
La estructura opaca de Boko Haram y su clandestina e indeterminada manera de reclutamiento dificulta la estrategia del gobierno nigeriano para combatirlos. A pesar de su violencia, el grupo se ha expandido por el norte de Nigeria, obteniendo popularidad ante la negligencia del gobierno para asistir a esta región, que cuenta con 72 por ciento de los nigerianos que viven con 1.25 dólares al día.
La capacidad de un gobierno para reflexionar críticamente sobre sus propios problemas antes de actuar es signo de progreso. Pero, parecida a la estrategia impulsiva empleada por México, Nigeria ha militarizado el problema. La estrategia militar es duramente criticada por la élite y los analistas de Nigeria, ya que con ella no se puede combatir las raíces del grupo, que se alimentan más de las molestias sociales y políticas que de ideologías separatistas o religiosas.
La respuesta de Boko Haram es un ultimátum a los cristianos del norte: o se van al sur o mueren.
Pero esto no es lo peor. Nigerianos en todo el país cuentan con sólo unas horas de electricidad al día. el desempleo llegó a 21 por ciento en 2011, la inflación se incrementó, el interés en préstamos de bancos es de 12 por ciento.
Aunque el cerebro del coronel Kadafi ya no genere ideas electrizantes, la mente del presidente nigeriano Goodluck Jonathan está revolucionada. Su primera iniciativa efectiva este año fue detener el subsidio al sector petrolero, lo cual vio el incremento del litro de gasolina de 0.4 a 1.1 dólares en un país donde más de la mitad de la gente vive en menos de un dólar al día, la mayoría apretujada en el norte.
El impacto de esta nueva iniciativa en la economía familiar, conjuntado con la amenaza inmediata de Boko Haram, no permitirá aliento para un diálogo de paz.
O se hace algo o Nigeria se volcará sobre las calles a pesar de los vientos furiosos y radicales que la golpean. De perderse en el caos, las repercusiones en la región son incalculables. En este momento, quizá más que ninguno en la memoria reciente, lo principal es gobernar a este país con sensatez y ecuanimidad.
Fue una bomba que estalló y sus esquirlas de molestia e ironía se diseminaron –temprano y rápido– por las redes sociales. La bola que corría citaba al periódico digital El Dínamo y hablaba de una resolución tomada entre cuatro paredes, a principios de diciembre pasado, en la que el Ministerio de Educación chileno, el mismo que ha estado en el ojo del huracán desde que comenzó el movimiento estudiantil, había decidido cambiar el término “dictadura” por “gobierno militar” en los libros de historia. Esto como parte de las modificaciones de las bases curriculares de formación para los chicos de la primaria.
Y aunque las modificaciones fueron aprobadas conforme a la ley por el Consejo Nacional de Educación chileno, la propuesta oficial del gobierno de Piñera causó una sorpresa mayúscula. Particularmente por este argumento: “Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen militar y el proceso de recuperación de la democracia a fines del siglo XX, considerando los distintos actores, experiencias y puntos de vista, y el consenso actual con respecto al valor de la democracia”, advierte la resolución.
El eufemismo, muy propio de la idiosincrasia chilena, le reventó en la cara al flamante nuevo ministro de Educación chileno, Harald Beyer, un tecnócrata que el presidente chileno puso en el cargo, luego de la renuncia de Felipe Bulnes, convirtiéndose en el tercer ministro que ocupa la cartera más complicada del gabinete en apenas medio año, tras las movilizaciones estudiantiles que caracterizaron el escenario político chileno el año que pasado.
La noticia sobre cómo se contará la historia desde ahora en las aulas llegó justo cuando Beyer debutaba en un actividad oficial con Piñera en el propio Palacio de La Moneda. Juntos, ministro y gobernante, recibían a los jóvenes egresados de secundaria que obtuvieron los máximos puntajes en el cuestionado y resistido examen de ingreso a la educación superior en Chile conocido como la PSU (Prueba de Selección Universitaria).
Peor le fue a Beyer a la hora de enfrentar a la prensa, justificando la decisión de hacer los cambios en los textos escolares porque de ese modo se aplica un concepto “más general” de la historia reciente de Chile.
Además, no tuvo reparos en reconocer, en el mismo lugar donde murió Salvador Allende, que él no tenía problemas en decirle dictadura como se escribía en los textos hasta el polémico cambio. “Yo reconozco que fue un gobierno dictatorial, así que no tengo problemas”, sostuvo sin más.
A esa hora las redes sociales eran un río de dimes y diretes, cargados de molestia, estupor, mofa e ironía. Aunque también hubo quienes salieron en defensa de la medida. Mientras en su “ecuánime” estilo el cientista político Patricio Navia ironizó diciendo en su cuenta de Twitter: “Piñera y Camila Vallejo concuerdan en que a las dictaduras de Pinochet y Cuba hay que llamarlas de otra forma. Gobierno Militar o Revolución”, el otrora máximo dirigente de los estudiantes de la Universidad Católica de Chile y también rostro de las movilizaciones estudiantiles, Giorgio Jackson, destacaba: “Beyer podría haber criticado, echarle la culpa a alguien más, eligió justificar. ¡Partió mal!”.
El cibernauta ex senador Nelson Avila se burló diciendo: “Nuevo cambio a los textos de historia. Ahora, en vez de ‘régimen militar’ que sonaba muy duro, se leerá ‘gobierno de orden’”. “Completamente en desacuerdo con cambios del Mineduc. Para avanzar debemos reconocer lo errado. No debe haber duda de que en Chile hubo dictadura”, escribió la diputada de derecha Marcela Sabat, hija del alcalde Pedro Sabat, un derechista duro.
El debate traspasó el mundo virtual y se trasladó pronto a los pasillos del Congreso. Allí, la derecha que sostiene el gobierno de Piñera se mostró dividida entre los más acérrimos partidarios y ex colaboradores de Pinochet y los que desde hace un tiempo han venido desmarcándose de la figura del fallecido dictador chileno. Reconocido seguidor y defensor de la “obra” de Pinochet, el diputado de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, defendió a priori la decisión del gobierno, porque es un acto de justicia. “Es lo más justo. Es importante que la historia se cuente objetivamente, lo que no se ha hecho en Chile. Que se hable de dictadura es una forma de estigmatizar a un gobierno que entregó democráticamente el poder”, dijo en su estilo. Mientras la diputada de la derecha más liberal Karla Rubilar se apuraba en afirmar que “las dictaduras son dictaduras en cualquier lugar del mundo y la historia debe conocerse como corresponde”.
La voz de los perseguidos por los militares la puso el diputado del Partido Comunista, el abogado Hugo Gutiérrez, quien hizo ver que esta modificación a los textos de enseñanza forma parte de una ofensiva mayor, en la que se pretende, incluso, decirles “excesos” a los crímenes cometidos durante los 17 años en que Chile fue “gobernado” por una dictadura.
La Habana, 4 de enero. Con la meta de endurecer el control del gasto público, Cuba puso en marcha hoy una nueva política de subsidios, por la cual entregará fondos a los sectores más pobres en lugar de vender productos con precios reducidos en forma artificial.
El gobierno del presidente Raúl Castro se propuso el año pasado contener el presupuesto dentro de un déficit de 3.8 por ciento del producto interno bruto, lo que consiguió al tener menos ingresos y también menos gastos. El mismo sobregiro quedó previsto para 2012.
El nuevo enfoque aumenta el gasto corriente en casi 3 por ciento, según informó el mes pasado la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza. Explicó el alza por los 806 millones de pesos (unos 32 millones de dólares al cambio comercial) que se destinarán a familias que no tienen recursos para construir o reparar sus viviendas. Los fondos podrán emplearse en la compra de materiales o el pago de mano de obra.
Pero éste es el primer cambio de política en esta materia, “en 50 años que llevamos los economistas diciendo que está bueno ya de subsidiar productos”, dijo el vicepresidente Marino Murillo cuando anunció la nueva línea, en diciembre de 2010.
Después de décadas de subsidios ilimitados, Cuba empezó a reducirlos en los años 90, al estallar la crisis post-soviética. Se descongelaron tarifas en espectáculos, transporte y energía eléctrica y el recorte creció después de que Raúl Castro asumió el gobierno en 2006. Entre otras medidas, se redujo la canasta básica, un paquete alimentario para unos diez días por persona, que se vende a precios simbólicos y está en vías de extinción.
La educación, la salud y la cultura consumirán 52 por ciento del presupuesto de 2012, pero su gasto seguirá a la baja como en los últimos años, informó Pedraza.
Sin embargo, este año habrá más de 400 millones de pesos (16 millones de dólares) para ayuda de subsistencia a personas de escasos recursos, más de 400 centros para ancianos e impedidos físicos y el seguro de desempleo. “Lo anterior manifiesta la voluntad del Estado cubano de garantizar protección a los ciudadanos más necesitados, a pesar de las restricciones económicas existentes”, subrayó la ministra.
La Gaceta Oficial publicó hoy un acuerdo del Consejo de Ministros, que reserva 48.5 por ciento del impuesto a la venta de materiales de construcción, para subsidiar a familias de escasos recursos.
Durante décadas, el Estado ejecutaba o controlaba la construcción de vivienda, pero en 2010 se autorizó a los particulares edificar su propia casa y se abrió el mercado de materiales.
Algunos productos aparecieron con precios diferenciados, uno normal y otro subsidiado, para hacer accesible la mercancía a los sectores más pobres. Sin embargo, la práctica demostró que era una vía para alimentar el mercado negro.
Los gobiernos municipales otorgarán el nuevo subsidio tras estudiar cada caso. Si procede la ayuda, las partes firmarán un contrato y los recursos quedarán disponibles en cheques nominativos.
Con un déficit acumulado de cerca de medio millón de viviendas, la terminación de nuevas unidades en Cuba se ha reducido en los últimos años, para caer de 11 mil en 2006 a 34 mil en 2010, según la Oficina Nacional de Estadísticas.
El gobierno ahora estimula a los particulares para que construyan o reparen su casa, sin esperar los planes oficiales, como era la norma en el pasado. Además de la nueva política de subsidios, en diciembre pasado una reforma abrió el crédito bancario individual para obras de vivienda.
Sin nombrar la alcaldesa saliente, y saludando en primera instancia a la comunidad popular asistente a su posesión, antes que a los “invitados especiales” tomó posesión de su cargo Gustavo Petro Urrego, nuevo alcalde de Bogotá.
Humanizar la vida colectiva concentrando la política pública y la administración distrital en el cuidado integral de los habitantes de la ciudad, será un propósito real, aseveró.
En una mañana alumbrada por un intenso sol, tomó posesión de su cargo como alcalde de la ciudad de Bogotá, Gustavo Pero Urrego. Varios fueron los anuncios que, de hacerse realidad, romperán la tibia política social que por 8 años lideró la otra cara de la izquierda con que cuenta Colombia, el Polo Democrático Alternativo.
Aunque en su intervención, fue el último de sus anuncios, en términos de proyección y de lucha social -que habrá de encarar si de verdad está decidido a garantizar un nuevo rumbo para la capital de Colombia-, el nuevo dignatario capitalino, subrayó que, “El principal aliado de esta alcaldía es la ciudadanía”. Una ciudadanía movilizada y consciente.
Para promoverla, se destinarán 4 billones de pesos para que la ciudadanía, a través de la política de presupuesto participativo, defina cómo y en qué prioridades sociales hay que invertirlos. Esto permitirá que en cada localidad se potencie una amplia movilización social para apropiarse del destino de los recursos que le corresponden. Hasta ahora, y según dijo el nuevo funcionario público, la ciudad destinaba para tal rubro 160 mil millones de pesos.
Se complementará esta iniciativa, motivando una intensa participación ciudadana en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial, así como en el Plan de Desarrollo de la urbe, las dos columnas vertebrales sobre las cuales se asienta la ciudad, y con los cuales, o se reafirman los ejes que han propiciado que la urbe se encuentre en el estado que hoy le caracteriza, o se rompe la continuidad que trae, como una metropoli proyectada estratégicamente de acuerdo a los intereses del capital financiero.
Como un avance que permite prever que tal vez se rompa, y no se continúe con lo heredado, se puede entender, entonces, la decisión de que a través de cabildos abiertos se operativizará la participación ciudadana, para definir lo relacionado con movilidad, seguridad, salud, educación, jardines y otros muchos aspectos del diario vivir de quienes aquí habitan y hacen la ciudad. El propósito del nuevo alcalde es que estos espacios reúnan por lo menos 1 millón de personas en sus sesiones.
Movilización y conciencia ciudadana, fundamentales para hacer realidad la “Bogotá Human Ya!”, eje central de la campaña electoral que llevó a Gustavo Petro al palacio Liévano, pero que hoy, según su decir, es más que un slogan, al resumir la esencia de lo que será su administración: llevar al ser humano al centro de la política pública.
Prioridad que se hará realidad, según su decir, a través de la gobernanza del agua. Con la cual la ciudad romperá con el modelo político que la llevó a vivir de espaldas al agua, asumiéndola de manera integral al entenderla como sinónimo de vida.
Hará parte de esta gobernanza: garantizar su consumo mínimo vital de 6 mt3 para estrato dos –ahora está aprobado hasta el uno-; ordenar el territorio de acuerdo al agua, con lo cual se deberá darle espacio al vital líquido. Aunque no fue enfático en esto, se entiende que aquellos barrios construidos por debajo de la cota permitida, deberán ser reubicados. Pero al mismo tiempo, se deberán recuperar humedales, y se abrirán las quebradas y caños que pasan por distintos barrios, ahora sepultados bajo capas de cemento.
Para reubicar cientos de familias ahora habitantes de zonas que no debieron ser habitadas, se redensificará la ciudad, construyendo durante los próximos 4 años 72.00 nuevas viviendas, a un ritmo de 16.000 por año, las cuales, según Petro, serán “viviendas de interés prioritario”, que “no es lo mismo que de interés social”.
Como componente sustancial de la gobernanza del agua, se anunció la puesta en marcha de un proyecto regional que reivindica tres páramos sustanciales para la capital: el de Chingaza, el de Guerrero y el de Sumapaz, este ambicioso proyecto se financiará con los recursos que llegarán por la nueva ley de regalías. En este ámbito resulta inquietante el silencio sobre el Páramo del Verjón, un espacio decisivo para la calidad de vida de la urbe y la educación ciudadana.
Se potencia, de igual manera, estímulos para no seguir contaminando el río Bogotá, y se obligará a las nuevas edificaciones que se levanten en suelo bogotano a contar con planta para utilizar las aguas lluvia.
Se llamó a la ciudadanía a comprometerse con la arborización de la ciudad, la cual no es posible acometer, de manera cabal, con los recursos económicos y humanos con que cuenta el Jardín Botánico. Pero al mismo tiempo, el nuevo alcalde avanzó que todo vehículo de transporte público que vaya a ser reemplazado deberá serlo poniendo en marcha autos híbridos, es decir, que integren el gas y la energía eléctrica.
Avanzó el nuevo burgomaestre que, además de la primera línea del metro, se contará con tranvía –“el cual ya existió en otra época en Bogotá”-, pero además se tomará en cuenta el uso de telecables, se estimulará la posibilidad de caminar –“para lo cual se deberá acercar el trabajo a los lugares de vivienda”- , y el uso de la bicicleta.
Se desestimulará el uso del carro y la moto –“la moto y el carro no nos sirven”-, garantizando un servicio público de transporte masivo, implementando al mismo tiempo una política educativa que lleve al uso racional de los vehículos. Reducir la tarifa del transmilenio –vía subsidio- e implementar un impuesto para quien circule por zonas congestionadas. Se le dará prioridad en el semáforo al bus y al peatón, y se definirán otras vías exclusivas para buses.
La política de seguridad deberá, antes que priorizar al Estado, concentrarse en el ser humano. “Una política de seguridad que se hace matando –dijo, aludiendo sin duda al gobierno de Álvaro Uribe- no es política de seguridad”.
Aunque no explicó cómo se hará para evitar que quienes delinquen las porten, sí anunció que el mensaje al mundo es uno: “Bogotá es espacio libre de armas”. Y tal vez como un mecanismo para avanzar en una línea para prevenir el crimen, anunció la apertura de una nueva Secretaría: la de seguridad.
La revolución educativa será el eje transversal que debe permitir el tránsito hacia una ciudad humana.
Una revolución educativa permanente y ejercida en cada ámbito de la administración distrital para suscitar transformaciones en las formas de valorar, pensar y actuar.
En el campo educativo, las medidas inmediatas referidas por el nuevo alcalde, fueron las siguientes:
Y se colocó como meta que estas empresas deberían encarar investigación y tecnología en áreas tan sensibles como: biodiversidad, agua, software, audiovisuales y comunicación.
En lo que se pudiera entender como componentes de una política de paz, Gustavo Petro anunció que se propiciará la organización y la movilización de los 400.000 desplazados que hoy están en Bogotá, para que luchen por la implementación de la Ley de Víctimas.
El nuevo Alcalde Mayor recordó con gratitud a sus padres , a su progenitora que le enseño la rebeldía a través de la figura de Gaitán – cuyo nombre volverá a nombrar la que hoy se conoce como Avenida el Dorado – y evocó el Congreso Anfictiónico alentado por Bolívar para enfatizar que la revolución que se inicia tiene , en tiempos de una humanidad indignada , tiene un protagonista principal : la alianza de las nuevas ciudadanías , los jóvenes , los excluidos.
Después de más de una hora de anuncios, el alcalde recordó los muertos y las víctimas de la larga lucha por la justicia, la libertad y la soberanía, que ha vivido el país, y recordó también la inmensa solidaridad brindada por los sectores populares a los luchadores revolucionarios, solidaridad extendida a riesgo de su seguridad y vida, y por la cual hoy el nuevo alcalde de Bogotá está vivo. Hoy, de nuevo, esta población está llamada para que con su arrojo y decisión garanticen que la democracia sea más que una palabra repetida a cada momento y operativizada formalmente a través del voto en los periodos electorales, un acto sustancial de cada día, hecho realidad a través de la garantía efectiva de todos los derechos que garantiza la vida moderna, redireccionando con su energía el destino de la ciudad.
Varios fueron los dardos que el nuevo alcalde lanzó durante su extenso discurso: “sacaron a los habitantes de los barrios populares del centro de Bogotá pagándoles –el mismo Estado- precios irrisorios por sus propiedades, para luego venderlas en grandes sumas a poderosos grupos económicos”; “Estratos, ojalá podamos terminar con esa alusión a castas”; “se acaba de elevar el transporte público en 50 pesos, medida que no se consultó con nosotros”; se debe garantizar la política de restitución de tierra, la cual está flaqueando: “800 emberas, de los 2.000 que están desplazados en Bogotá decidieron regresar a sus tierras pero el gobierno central no lo permitió pues las tierras que ellos reclaman están aprobadas para un gran proyecto minero. Así no es. Si la Ley de Tierras no se realiza , la paz no llegará”.
Los mayores lunares de su discurso: -no aludir a la anunciada reapertura del hospital San Juan de Dios, o de “todos”, como le dicen sus trabajadores despedidos al momento de su cierre, silencio que causó gran inconformidad entre varias de las profesionales que laboraban en el mismo, presentes en el acto de instalación. Llevar a cabo el acto de posesión en medio de una parafernalia tradicional, en la cual la ciudadanía no invitada con tarjeta quedaba por fuera o excluida por vallas, las cuales ordenó el alcalde –luego de intensa agitación de los excluidos- que fueran retiradas. -Y como nota sobresaliente: no anunciar su nuevo equipo de gobierno, con excepción de Antonio Navarro, secretario de Gobierno.
Recordando a la sociedad hoy alzada en distintas coordenadas del mundo, Gustavo Petro anunció que Bogotá “convoca a todos los cambios democráticos que una ciudanía indignada hoy reclama”.
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Periódico desdeabajo Nº275 Enero 20 - Febrero 20 de 2021 |
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