El libro A privataria tucana*, del periodista Amaury Ribeiro Junior, trajo de vuelta al debate político brasileño el proceso de privatizaciones liderado por el gobierno del ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Producto de 12 años de trabajo, el libro denuncia la existencia de un esquema de corrupción y lavado de dinero que habría sido armado alrededor de importantes líderes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), entre ellos el ex ministro de Planeamiento y de Salud, ex gobernador de Sao Paulo y ex candidato a presidente de la República José Serra, que en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, comandó, como ministro de Planeamiento, el proceso de privatizaciones, especialmente en el sector de las telecomunicaciones.

El libro se transformó en un fenómeno en las redes sociales y una piedra en el zapato de la prensa brasileña. A pesar de haberse agotado la primera edición, de 15 mil ejemplares en cerca de cuatro días, los principales vehículos de comunicación del país adoptaron un silencio ensordecedor sobre el tema. Sólo en los últimos días, una semana después que el libro se convirtió en uno de los temas más debatidos en Internet, los llamados grandes medios comenzaron a hablar del libro de manera un tanto insólita, a saber, priorizando la versión de los acusados.

Hasta el último viernes, según informaciones de la editorial Geração, unos 50 mil ejemplares ya habían sido vendidos –en siete días– y otros 30 mil están llegando a las librerías en los próximos días.

Publicado por Geração Editorial, el libro de 343 páginas relata lo que llama “verdadera piratería practicada con dinero público en beneficio de fortunas privadas, por medio de las llamadas offshores, empresas de fachada del Caribe, región tradicional e históricamente dominada por la piratería”. La publicación tiene un elemento explosivo adicional, relacionado con las disputas internas en el PSDB. El autor dice que el punto de partida de la investigación ocurrió cuando trabajaba en el diario Estado de Minas y recibió la misión de hacer un reportaje investigativo sobre una red de espionaje que habría sido estimulada por José Serra para producir un dossier en contra del ex gobernador de Minas Gerais Aécio Neves, que estaría manteniendo algunos romances discretos en Río de Janeiro. Ese dossier tendría la finalidad de desacreditar a Aécio Neves en la disputa interna con Serra, por la indicación del candidato del PSDB a las elecciones presidenciales de 2010.

Esa pauta inicial, relata Ribeiro Junior, terminó conduciéndolo a una investigación mucho más amplia, implicando a Ricardo Sérgio de Oliveira, ex tesorero de las campañas de José Serra, y Fernando Henrique Cardoso, el propio Serra y tres de sus parientes: Verónica Serra, su hija, el yerno Alexandre Bourgeois y el primo Gregorio Marín Preciado. El resultado de esa investigación es un relato sobre la trayectoria que habría sido recorrida por el dinero ilícito, de las offshores y las empresas de fachadas en Brasil, y la consecuente "internación" de ese dinero que habría ido a parar en las fortunas personales de los implicados.

La investigación del periodista terminó alcanzando también al Partido de los Trabajadores (PT). En el último capítulo, Amaury Ribeiro Junior relata un episodio de espionaje interno de la campaña presidencial de 2010, que habría sido montado por el actual presidente del partido, Rui Falcão, para derribar al grupo ligado a Fernando Pimentel, actual ministro del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior. Además de eso, indica que el PT, en el primer año del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva habría retrocedido en las investigaciones de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Banco del Estado de Sao Paulo (Banestado), que investigaba la existencia de esquemas de lavado de dinero, involucrando a importantes figuras de la vida política brasileña.

Pero el tema central del libro es realmente el proceso de privatizaciones, que ya fue objeto de varias denuncias en los últimos años, pero nunca con la mucha documentación presentada por Amaury Ribeiro Junior Una gran parte de esos documentos tiene como origen la CPI del Banestado, que suministró informaciones sobre la existencia de un proceso de lavado de dinero que habría sido obtenido ilegalmente de las privatizaciones. Ese es el punto de partida del texto, que se extiende hasta las elecciones presidenciales del año pasado.

El comportamiento silencioso es diferente del adoptado por los medios brasileños en los últimos meses, que se dedicaron a la publicación de sucesivas denuncias contra ministros del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. En su gran mayoría, basadas en afirmaciones hechas por terceros, esas denuncias no siguieron la regla que ahora los grandes medios dicen utilizar para adoptar una posición de cautela con respecto al libro: "Necesitamos averiguar la veracidad de las denuncias antes de publicar algo".

Sin embargo, la aplastadora presión del tema a través de redes sociales, blogs, portales de izquierda y la revista Carta Capital –que publicó su nota de tapa sobre el libro–, terminó por producir fisuras en el bloqueo de los medios. El jueves (15) el periódico Folha de Sao Paulo, ligado a Serra, publicó una nota sobre el tema, destacando las declaraciones de los acusados que buscan descalificar al periodista y sus denuncias. En el mismo día, coincidentemente, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso y el PSDB divulgaron una nota oficial calificando las denuncias como "calumniosas".

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados Protógenes Queiroz anunció el jueves haber obtenido las 173 firmas necesarias para instalar una comisión parlamentaria de investigación de la Privataria Tucana, destinada a investigar fraudes en el proceso de privatizaciones del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. El pedido será protocolado la semana próxima.


Marco Aurélio Weissheimer, editor jefe de Carta Maior

*Privataria Tucana es un neologismo que mezcla las palabras privatización más piratería, y tucana se refiere al pájaro tucán, símbolo del PSDB

Bagdad, 21 de diciembre. El primer ministro de Irak, el chiíta Nuri Maliki exigió hoy a las autoridades kurdas que entreguen al recién destituido vicepresidente Tareq Hashemi, contra quien fue emitida una orden de arresto bajo la acusación de haber participado hace tres semanas en un atentado frustrado contra el jefe de gobierno y de haber dirigido los escuadrones de la muerte.

El enfrentamiento mostró las fracturas en el Estado petrolero a tres días de que salió el último convoy de las tropas de Estados Unidos.

Las autoridades kurdas, que se niegan a entregar al vicepresidente iraquí, afirmaron que las acusaciones de terrorismo contra Hashemi responden más a móviles políticos que penales, e insistieron en un diálogo nacional para frenar la actual crisis.

Maliki aseguró que el sunita Hashemi, quien huyó el martes al Kurdistán iraquí tras conocer la orden de arresto, recibirá un juicio justo, "tal como sucedió con Saddam Hussein", quien fue ejecutado en diciembre de 2006.

Maliki destituyó al también viceprimer ministro sunita Saleh Mutlaq, aunque la decisión aún debe ser aprobada por el Parlamento, tras sus declaraciones de que el primer ministro es un dictador peor que Saddam Hussein –derrocado tras la invasión de Estados Unidos en 2003– con la diferencia, dijo, de que al menos Hussein mejoró la infraestructura del país.

El premier amenazó también con destituir a los otros ministros sunitas que no se han presentado a las sesiones de trabajo.

En Erbil, capital de la región semiautónoma kurda, el diputado de la Alianza Kurda, Shwan Mohammed, dijo que la orden de arresto emitida contra Hashemi bajo cargos de terrorismo, "es judicial, pero el caso es político", y aconsejó abordar el asunto "de manera sensata".

Hashemi afirmó ayer que las acusaciones de haber organizado los escuadrones de la muerte en 2009 fueron fabricadas por el gobierno de Maliki, aunque se declaró dispuesto a enfrentar la justicia, en un eventual juicio que tendría que realizarse en el Kurdistán.

La crisis política surgida en Irak podría poner fin a un acuerdo para compartir el poder entre chiítas, sunitas y kurdos forjado hace un año tras las matanzas sectarias en los años posteriores a la caída de Hussein.

En el sistema diseñado para compartir el poder bajo la ocupación de Estados Unidos, Irak tiene un primer ministro chiíta con un viceprimer ministro sunita y otro kurdo, así como un presidente kurdo con un vicepresidente sunita y otro chiíta, y un presidente del Parlamento sunita con vicepresidentes chiíta y kurdo.

Reuters, Pl, Dpa y The Independent

El estrépito de las persistentes manifestaciones por el presunto y aun probable fraude de las elecciones legislativas que tuvieron lugar en Rusia el 4 de diciembre ha marginado a la casi desaparición a un hecho pasmoso: el Partido Comunista de la Federación Rusa (PCFR) prácticamente duplicó sus votos, pasando del 11,1 por ciento obtenido en el 2007 al 19,2, ganó bancas y se convirtió en la primera minoría de la Duma. Y no con ayuda oficial.

Guennady Zyuganov, candidato presidencial del PCFR para los comicios de marzo próximo, señaló que “este país nunca presenció elecciones tan sucias” y denunció que la policía sacó a golpes a varios fiscales de mesa de su partido que terminaron en un hospital. Se jactó del triunfo de una formación política que sigue agitando banderas rojas y preside sus reuniones con un busto de Lenin. Aunque esto no significa que estén volviendo los tiempos del gulag, la explicación de este fenómeno convoca preguntas varias.

Algunos analistas consideran que el PCFR sacó provecho del voto de castigo propinado al gobierno Putin. Tal vez haya otras razones. Un estudio que la Princeton Survey Resarch Associates International llevó a cabo durante marzo/abril en la poderosa Ucrania, la débil Lituania y Rusia misma indica que buena parte de la ciudadanía de esos países ex soviéticos ha perdido sus ilusiones en el sistema capitalista y pluripartidista imperante desde que el Protocolo de Alma Ata se convirtiera en el acta oficial de defunción de la URSS. Se firmó el 21 de diciembre de 1991 y dos décadas bastaron para que el pesimismo invadiera altas esperanzas.

Los datos del estudio, elaborado en el marco del Pew Research Center de Washington, se comparan con los de las encuestas que el Times Mirror Center realizó en los tres países en 1991, cuando mayorías compactas recibieron el cambio de régimen con optimismo manifiesto. Sólo un 35 por ciento de ucranianos y alrededor de la mitad de los rusos y lituanos están conformes hoy con el pluripartidismo: 20 años antes era aprobado por el 72 por ciento, el 61 y el 75, respectivamente (//pewcenter.org, 5-12-11). Es significativo que el mayor grado de desaprobación se registre entre las poblaciones rurales.

Una mayoría aplastante se muestra insatisfecha con el funcionamiento de la democracia en los tres países estudiados: el 81 por ciento en Ucrania (contra un 13 por ciento satisfecho), el 72 en Lituania (contra el 25) y el 63 en Rusia (contra el 27). Es una tendencia creciente aun comparada con datos del año 2009. Pocos creen que “casi todos los funcionarios elegidos toman en cuenta lo que piensa gente como yo” y menos que el Estado se ocupa de beneficiar al pueblo. Lo cual se percibe con claridad en las opiniones sobre las políticas económicas en práctica después de la implosión de la URSS.

“¿Quién se ha beneficiado con los cambios producidos desde 1991?” es una pregunta de la investigación que recibe contestaciones elocuentes. En Ucrania: el 95 por ciento opina que los políticos son los más favorecidos; el 76, los empresarios; sólo un 11, el ciudadano de a pie. Los respectivos porcentajes en Lituania: 91, 78 y 20. Y en Rusia: 82, 80, 26.

La visión generalizada es que la sustitución de un sistema por otro ha sido más negativa que positiva y se observa una mayor concentración de la riqueza: el 10 por ciento más pobre de la población de Rusia accede al 1,9 por ciento del PIB, el 10 por ciento más rico, al 30,4, según las últimas cifras disponibles, del año 2007 (www.indexmundi.com, 11-3-11). El visitante de Moscú puede encontrarse a las 6 de la tarde de una jornada laboral en una ciudad tan atiborrada de vehículos como México, o casi. Abundan los Bentley, Alfa Romeo, Ferrari, Porsche y otros coches de lujo, pero no muchos pueden comprarlos. El apoyo a la economía de mercado descendió del 76 al 45 por ciento en Lituania, del 52 al 34 en Ucrania y del 54 al 42 en Rusia.

El nivel de vida decayó un 82 por ciento y la aplicación de la ley, un 79, dicen los ucranianos; 61 y 61 los rusos y 56 y 55 los lituanos, respectivamente. Según los entrevistados, la relación entre los grupos étnicos, la moral pública, los valores familiares y espirituales, la solidaridad, así como el sentimiento de orgullo nacional, empeoraron. El descontento que se ha hecho público en las manifestaciones contra Putin está cargado de más exigencias que la sola limpieza electoral.

La situación alimenta rememoraciones autoritarias. En 1991, el 79 por ciento de los lituanos, el 57 de los ucranianos y el 51 de los rusos manifestaron que un gobierno democrático resolvería los problemas de su país mejor que “un hombre fuerte”. Esos porcentajes cayeron al 52 por ciento, 32 y 30, respectivamente. Hoy declaran que una economía próspera es más importante que un gobierno democrático. Por fin Rusia se está convirtiendo en un país verdaderamente capitalista.

El envío del general Manuel Antonio Noriega a Panamá por decisión del gobierno y la justicia de Francia, adonde fue enviado ilegalmente desde Estados Unidos, en abril de 2010 cumpliendo oscuros acuerdos bajo la mesa entre Washington y París, vuelve a poner en escena el revés de la trama.

A los 77 años y enfermo llegó detenido a su país, a sólo diez días de conmemorarse la trágica fecha de la invasión de Estados Unidos a Panamá que comenzó a última hora del 19 y en la madrugada del 20 de diciembre de 1989 y, que dejó entre cinco y siete mil muertos y desaparecidos.

Panamá tenía entonces dos millones de habitantes, que fueron víctimas de una invasión que partió del propio territorio cuando aún estaba el Comando Sur estadounidense en la Zona del Canal con la serie de bases militares, pensadas para el control de América Latina. Esas tropa s, aviones y helicópteros sólo debían cruzar una avenida y lo hicieron bombardeando una ciudad de unos 600 mil habitantes,

Se destruyeron barrios enteros con pérdidas humanas y materiales millonarias y fueron también desarticuladas las incipientes Fuerzas de Defensa que estaban siendo preparadas para cuidar el Canal cuando se fueran las tropas de Estados Unidos, que buscaba excusas para quedarse.

Nada de todo esto se dirá, ni se contará la historia real de ese país olvidado, cuyo pueblo tuvo jornadas heroicas de lucha anticolonial y al que América Latina, bajo el influjo de una temible desinformación dejó sólo en el momento de la invasión, salvo honrosas excepciones.

No es coincidencia el traslado de Noriega en este momento donde el gobierno de Ricardo Martinelli intenta crear una nueva cortina de humo, para encubrir los nuevos pasos de entrega de soberanía a favor de Washington. .

Noriega llega en momentos en que José Raúl Mulino, ministro de Seguridad del gobierno del empresario derechista Martinelli, acaba de anunciar que Estados Unidos, y Panamá instalarán una academia militar de estudio y entrenamiento “en patrullajes de frontera” (PL, 6-12-11).

Mulino dijo a los periodistas que la academia ofrecería formación a unidades de policía de Centroamérica y permitiría a Panamá jugar “un rol de liderazgo en materia de seguridad”.

En las declaraciones que circulan en estas horas el ministro precisó que en esa entidad se formarán unidades especializadas “en combatir el tráfico de drogas, a los indocumentados y en la vigilancia fronteriza en áreas de difícil acceso”.

Sostuvo también que Estados Unidos y Colombia se han comprometido en “cooperar” y dar asistencia a esa academia, para lo cual fue rubricado un acuerdo con ambos países.

Otro acuerdo con Estados Unidos también permitirá el entrenamiento a pilotos panameños en el manejo de helicópteros tipo Bell-2-2. , añadió el titular, aunque no hay fuerza aérea ni ejército panameño desde la invasión.

Las naves “permitirán hacer vuelos nocturnos para la interdicción en casos de narcotráfico o en trabajos de rescate”.

Detalló que se hará un rediseño de la seguridad en el Aeropuerto Internacional de Tocumen para evitar su uso en el tráfico de dinero. ¿Se instalarán más asesores de Estados Unidos en el ex aeropuerto Omar Torrijos, bautizado Tocumen después de la invasión?

A estas altura pocos pueden dudar de que la Academia se trata de una nueva “Escuelita de las Américas” y una reocupación de Panamá, país donde el gobierno de Martinelli a tres meses de su asunción en 2009 firmó un compromiso con la Secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton para instalar bases militares de Estados Unidos en ambas costas oceánicas de Panamá y en la estratégica frontera con Colombia, un viejo diseño de los Planes Colombia y Puebla Panamá.

Pero también la “extradición” de Noriega se produce en el marco de una fuerte rebelión popular de trabajadores, intelectuales, estudiantes y otros contra un gobierno, que ya ha dejado varias víctimas por represión y cuando casi el 60 por ciento de los panameños no aprueban su gestión.

Familiares cercanos al presidente han sido detenidos en México por el tema de narcotráfico y abundan las denuncias por corrupción y abuso contra su administración.

Una nueva ola de desinformación sobre la historia real de lo que realmente sucedió en Panamá se extiende por el mundo, entretenido en una historia falsificada sobre Noriega, que en realidad desde septiembre de 2008 debiera estar libre por haber cumplido el tiempo de su condena en Estados Unidos que establecen los reglamentos internacionales.

Todo ha sido ilegal desde su traslado desde Panamá a Estados Unidos en diciembre de 1989, violando el acuerdo y las convenciones en materia de prisioneros de guerra en caso de una invasión como la de Panamá, hasta su escandaloso juicio en Miami, con testigos en su contra conformados por una serie de narcotraficantes menores a los que se le descontó años de prisión y se les dieron otros beneficios para que acusaran al general panameño, aún sin conocerlo ni haberlo visto nunca, como está comprobado.

En las últimas horas el ingreso a Panamá estuvo teñido de ilegalidad ya que no se lo pudo ver como era obligatorio en esas circunstancias y cuando era trasladado en silla de ruedas.

Para humillarlo más se le impuso cárcel común, en un país donde se instalarán nuevas bases militares de los mismos que invadieron y mataron miles de panameños, sin recibir nunca condena alguna.

Ninguna ley se cumple como no cumplió el general Marc Cisneros, a cargo de la invasión, quien tomó compromisos en sus trámites con altos dignatarios de la Iglesia , como Monseñor Sebastián Laboa los que nunca respetó.

Uno de los testigos para condenar a Noriega fue el poderoso narcotraficante colombiano Carlos Ledher, preso en Estados Unidos, a quien la justicia entregó documentos falsos como testigo protegido y al que liberó unos ocho millones de dólares de una cuenta que le habían incautado. Con otro nombre y millones de dólares Ledher y su familia se fueron a vivir a Francia. Al general panameño no se le permitió hablar en su defensa aduciendo “razones de seguridad para Estados Unidos”,

Nadie menciona esto ahora. Sólo el ex procurador de Estados Unidos Ramsey Clark habló con verdad y claridad en su momento contra la brutal invasión a Panamá, denunció las muertes y la destrucción y las mentiras del gobierno de su país en este caso.

¿Quién escribe la historia hoy?

Para advertir hasta qué punto la banalización informativa funciona en estos días es necesario aclarar en primer término, que Noriega al que mencionan como “dictador brutal y ex presidente de Panamá”, nunca fue presidente de ese país.

No se dice tampoco que cuando se produjo la invasión de Estados Unidos a Panamá, de la que fui testigo como corresponsal de periódicos mexicanos, “el dictador” era tan terrible que no había un solo opositor preso.

Unas horas antes de la iniciar esa invasión, soldados de Estados Unidos entraron tranquilamente a la ciudad de Panamá y se llevaron a la sede del Comando Sur en la entonces Zona del Canal que ocupaban militarmente, a Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford, a quines nombraron allí presidente y vicepresidentes de Panamá.

Los principales opositores estaban tranquilamente en sus casas, a pesar de haber realizado una serie de acciones desestabilizadoras y golpistas contra el gobierno panameño, y apoyado la intervención a su propio país. Habían creado una alianza opositora supuestamente “democrática” recibiendo millones de dólares desde Washington, donde tenían la principal sede de esa oposición.

Así mientras comenzaba la invasión los jefes militares estadounidense nombraron, nada menos que en el Comando Sur, al gobierno que iban a imponer en el país invadido.

El único preso “político” era el agente de la CIA estadounidense Frederick Musse, quien había sido detenido cuando se le encontró una radio clandestina para hacer propaganda contra el gobierno y documentos que lo ligaban a la inteligencia del Comando Sur. El fue el primer objetivo de rescate de los invasores con un duro ataque al realmente pequeño cuartel Central de las Fuerzas de Defensa panameñas, empleando helicópteros y artillería.

Presidentes panameños entre 1968 y el 20 de diciembre de 1989

Para que quede muy claro de cómo se desinforma, ni el general Noriega ni tampoco el general Omar Torrijos, líder panameño, fueron nunca presidentes de Panamá.

Torrijos, al frente de un grupo de militares de la entonces Guardia Nacional se rebeló el 11 de octubre de 1968 derrocando al gobierno oligárquico y pro estadounidense de Arnulfo Arias Madrid.

Poco más de un año después en diciembre de 1969 el Comando Sur junto a algunos militares panameños preparó un golpe contra Torrijos mientras este estaba fuera del país.

Pero el 16 de diciembre en una acción audaz, y con el apoyo del mayor Manuel Antonio Noriega, Torrijos logra regresar en un viejo avión alquilado en México, donde se encontraba, para aterrizar clandestinamente en Chiriquí, departamento panameño fronterizo con Costa Rica.

La ayuda de Noriega, quien lo esperaba iluminando una pista con antorchas en ese lugar, fue clave para el retorno de Torrijos.

Mientras los golpistas derrotados huían y se refugiaban en el Comando Sur de Estados Unidos en la Zona del Canal, Torrijos entró de lleno en la lucha por recuperar el estratégico Canal y Noriega fue nombrado jefe de inteligencia. Torrijos murió en mayo de 1981 junto a un grupo de escoltas y acompañantes en un extraño accidente de aviación atribuido a la CIA por sus familiares e investigadores durante un corto vuelo doméstico.

En 1983 Noriega llegaría a la jefatura de las Fuerzas de Defensa de Panamá, que reemplazaron a la Guardia Nacional , creada en los años en que Estados Unidos se apoderó de ese país para construir el Canal,

Después del golpe fracasado en contra de Torrijos en 1969 fue nombrado presidente Demetrio Basilio Lakas, quien gobernó hasta 1978.

La figura preponderante fue Torrijos, líder de la Revolución panameña que significó un viraje de 180 grados en ese país.

Entre 1978 y la invasión estadounidense de 1989 fueron presidentes de Panamá Arístides Royo (78-82) y Ricardo de la Espriella (82-84). Este renunció el 13 de febrero de 1984 y fue reemplazado transitoriamente por el abogado y diplomático Jorge Illueca hasta octubre de ese mismo año, en que se realizaron elecciones en las que resultó electo Nicolás Arditto Barletta. Barletta gobernó hasta 1985.

Lo sucedió Eric Del Valle, en momentos complejos para el país.

En 1988 asume la presidencia Manuel Solís Palma, quien a su vez en 1989 es reemplazado por Francisco Rodríguez.

Este era el presidente de Panamá cuando se produjo la brutal invasión, y Noriega, comandante de Fuerzas de Defensa, había sido nombrado cuatro días antes por la Asamblea de representantes de Corregimientos como Jefe de Gobierno, manteniendo la presidencia Rodríguez, en un intento por frenar cualquier tipo de acción estadounidense contra el país.

Muchos panameños fueron desaparecidos y encontrados cuando las madres de las víctimas y organismos humanitarios lograron que se abrieran algunas de las fosas comunes que existen en ese país, donde había decenas de cadáveres y algunos militares que defendieron Panamá, habían sido sacados de los hospitales donde estaban con heridas y fracturas(enyesados varios de ellos) y ejecutados con un disparo en la cabeza.

De todo eso hay documentación suficiente como de las armas probadas, entre estas los aviones silenciosos F17 Stealth, granadas especiales, los nuevos helicópteros Apache con un sistema de visión nocturna que permitía ver como si fuera de día.

Panamá fue la Guernica de América Latina entonces. En enero de 1990 el jefe suplente del estado mayor del ejército norteamericano Jimmy Ross recordó a un periodista de la agencia británica Reuter que se sentían orgullosos por la “demostración” (invasión) y atribuyó al éxito a la nueva tecnología probada allí. “Todo funcionó mejor de lo esperado” dijo.

El Apache había sido diseñado para destruir los tanques del Pacto de Varsovia, cargar misiles Helfire y cañones de fuego rápido de 30 Mm . Este helicóptero reemplazó al Cobra AH-1 usado en Vietnam.

“Hablé con pilotos que utilizaron el Apache con el que ellos podían suspenderse y observar más o menos desde unos mil metros y ver, por ejemplo, cuando entraban las tropas nuestras por algún lugar y el enemigo salía por detrás”. Eso explica por qué los hombres de la resistencia -que la hubo en Panamá- eran literalmente “cazados” en sus desplazamientos.

La prueba de armas incluyó sensores y cañones láser, rayos infrarrojos, bombas y granadas especiales, algunas tipo napalm que pulverizaba o derretía metales y otras que podían entrar en una casa y convertir en cenizas a los seres humanos y dejar todo el mobiliario y la estructura en perfectas condiciones.

Los cascos y chalecos utilizados por las tropas eran de Kevlar un material delgado como la hoja de un papel, pero más duro que el acero. Cascos y chalecos tenían por los menos 16 capas delgadas y livianas que impedían el paso de las balas. Los defensores de Panamá armas livianas y alguno que otro mortero. Era realmente David contra Goliat.

La invasión ya era un crimen, pero los delitos cometidos contra la población fueron de lesa humanidad. Esos crímenes no serán juzgados y menos aún bajo el actual gobierno que hizo retroceder la historia panameña a los tiempos de la primera ocupación norteamericana.

A menos de cinco meses de asumir el poder, el presidente Ollanta Humala cambió sorpresivamente su gabinete ministerial. El ex jefe del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, quien encabezaba un gabinete de concertación, con presencia empresarial y de la tecnocracia neoliberal en el manejo económico y de la izquierda en las áreas sociales, renunció en medio de la crisis originada por las protestas campesinas en la región de Cajamarca contra un proyecto minero a tajo abierto rechazado por sus consecuencias ambientales. Lerner ha sido sustituido por el coronel en retiro Oscar Valdés, quien se venía desempeñando como ministro del Interior y que durante la crisis de Cajamarca emergió como propulsor de una respuesta más dura contra las protestas. Con Lerner se van nueve de los 18 ministros: los de Defensa, Justicia, Energía y Minas, Ambiente, Agricultura, Trabajo, Mujer, Producción y Cultura. Y Valdés ha dejado la cartera de Interior para asumir la presidencia del gabinete.

La renuncia de Salomón Lerner, un empresario que fue jefe de la campaña de Humala y con buena llegada al empresariado y también a la izquierda y que encarnaba la propuesta de un gobierno de concertación, habría sido precipitada por discrepancias en el manejo de la protesta campesina de Cajamarca. Humala declaró el estado de emergencia en esa zona del país en momentos en que su entonces primer ministro se encontraba en esa región negociando con los huelguistas. Unos días después, Lerner presentó su renuncia. Fue precisamente el coronel en retiro Oscar Valdés, entonces ministro del Interior, uno de los principales impulsores de la declaratoria del estado de emergencia en Cajamarca y fue quien ordenó la arbitraria detención de los dirigentes de la protesta campesina.

Oscar Valdés es un personaje nuevo en la política, a la que ingresó de la mano de Humala. El coronel retirado Valdés y el comandante en retiro Humala se conocieron en el ejército, cuando el actual presidente era cadete de la escuela militar y Valdés su instructor. Su nombramiento como nuevo jefe del gabinete ha desatado la polémica sobre un probable giro a la derecha y una posible militarización del gobierno. “La posibilidad de un giro a la derecha y un avance del militarismo están presentes, pero hasta el momento ninguna de las dos posibilidades define realmente la situación”, señala Mirko Lauer, analista político y columnista del diario La República. El historiador y analista político Antonio Zapata es más enfático sobre el riesgo autoritario: “El autoritarismo parece estar llegando. Lo más probable es que sea un autoritarismo de derecha”. El sociólogo Sinesio López, asesor del gobierno y que renunció luego de la salida de Lerner, ha advertido que Humala está perdiendo el apoyo de la izquierda y del centro para gobernar con la derecha y las fuerzas armadas. El ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), aliado de Humala, se ha sumado a los cuestionamientos al nombramiento de Valdés y a las advertencias de un riesgo de militarización y se ha distanciado del gobierno retirando su participación en el Ejecutivo, en el que tenía los ministerios de Defensa y Trabajo, aunque anunció que su partido “seguirá apoyando la gobernabilidad en el Congreso”.

“No soy autoritario como me pintan”, se ha defendido Valdés en sus primeras declaraciones como jefe del gabinete ministerial. Pero el ex coronel agregó: “Lo que sí me gusta es la disciplina”. Preguntado sobre la orientación política que tendría su gabinete, ha dicho que “el gobierno no es de izquierda ni de derecha” y que “entrar en discusiones ideológicas nos hace perder mucho tiempo”. Anunció un gabinete “técnico y no político”. Sobre la crisis en Cajamarca, prometió un peritaje internacional sobre el impacto ambiental que tendría el cuestionado proyecto minero en esa región para definir su continuidad o no según los resultados de ese peritaje y ofreció reabrir el diálogo. El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, que tiene el respaldo de los grupos empresariales, es uno de los que se mantienen en el cargo. Su permanencia ratifica la continuidad de un manejo económico ortodoxo, por el que Humala ha apostado junto con el reforzamiento de los programas sociales para los sectores de mayor pobreza.

Salen varios de los ministros más identificados con el ala de izquierda del gobierno, aunque otros se quedan. Entre los que se van están la titular de la Mujer, Aída García Naranjo, dirigente del Partido Socialista, y Ricardo Giesecke, ministro de Ambiente, que se había sumado a las críticas por el impacto ambiental que tendría el proyecto minero en Cajamarca. Se queda el canciller Rafael Roncagliolo, que lleva adelante una política de acercamiento a los países de la región.

Los variados sectores políticos del país despiden el año con diferentes reuniones, de las que plantean sacar agendas para 2012. La cita oficial es el Primer Encuentro Plurinacional, organizado en Cochabamba por el Movimiento al Socialismo (MAS), con la participación de 600 dirigentes de organizaciones sociales y funcionarios públicos. Una “contracumbre” comienza en esta ciudad hoy, preparada por los indígenas que marcharon desde Trinidad hasta La Paz para exigir al presidente Evo Morales respeto a los territorios indígenas –lo cual hasta el momento lograron a medias–. Y la Central Obrera Boliviana (COB) realiza una reunión ampliada, donde advierte que definiría acciones contra el gobierno.

“Hemos transformado a Bolivia de un Estado colonial mendigo a un Estado plurinacional digno. Que las conclusiones no sean para el Evo, para el Alvaro (el vicepresidente, García Linera) ni para el gobierno, sino para el pueblo boliviano”, dijo Morales ayer en la Casa Campestre, un hotel cinco estrellas donde reúne a la crema del oficialismo hasta pasado mañana. Allí elaborarán un documento que el gobierno promete cumplir.

Dejar de subsidiar los combustibles, tener más control de los medios de comunicación y pedir que una carretera finalmente atraviese al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) pueden ser algunas de las determinaciones, de acuerdo con lo comentado por varios dirigentes sociales aliados a Morales en los últimos días.

“El gran deseo que tenemos es que los aportes de los movimientos sociales sean importantes para Bolivia. Este no es un encuentro para discutir temas particulares, sectoriales. Es para ver cómo Bolivia va a seguir creciendo en lo económico, es para ver cómo se ampliará el aparato productivo”, dijo el presidente. “¿Cuáles son nuestras debilidades? Tenemos debilidades en el tema de seguridad ciudadana, en el tema de la lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia, en el tema de la corrupción”, dijo Morales. Y reconoció el líder aymara: “Yo doy mi cabeza por las ministras, ministros, viceministros. Pueden equivocarse, pueden equivocarse de atender una demanda, pero robar desde el ministerio, ¡para nada! Pero en algunas estructuras intermedias o debajo todavía no se puede erradicar la corrupción, ésa es una de las debilidades”.

Desde el gobierno indicaron que éste es un primer encuentro, a reiterarse en las primeras semanas de enero para avanzar en la toma de determinaciones que “profundicen el proceso de cambio”, como dice el eslogan de esta reunión, de la que participa la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). “Este es un encuentro inédito. Queremos construir con ustedes, queremos hacer un pacto indígena-empresarial en todos los niveles”, dijo con entusiasmo Daniel Sánchez, presidente de la CEPB, al inaugurar el encuentro.

La “contracumbre” indígena empieza hoy en Santa Cruz y terminará el jueves. Habían invitado al presidente y a los nueve gobernadores del país, pero ninguno contestó que sí. Aquí esperan contar con la presencia de organizaciones sociales urbanas, para no quedar aislados en sus comunidades, rota definitivamente la alianza del gobierno con las organizaciones indígenas nacionales: la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). Adolfo Chávez Beyuma, presidente de la Cidob, dijo que no participan del Encuentro Plurinacional porque el presidente Morales se niega a respetar los acuerdos firmados con los indígenas que marcharon hasta La Paz, adonde habían llegado el 19 de octubre pasado. El primer consenso era sobre la carretera a través del Tipnis, que no debería construirse según esos documentos.

La COB inició ayer un ampliado, como respuesta al encuentro promovido por el gobierno nacional, donde –dicen los representantes de los obreros– el MAS buscará apoyo para encarar medidas poco populares, como el aumento del precio de los combustibles. Por eso no descartan planificar un instrumento político –algo así como un partido– de los trabajadores.

La caída, la semana pasada, de un avión sin tripulación (drone) sobre el territorio de Irán causó preocupación en Washington porque podía suponer la confirmación de que Estados Unidos estaba implicado en algún tipo de actividad militar en ese país. Era el último episodio de una serie de misteriosos sucesos, casi todos orientados contra el programa nuclear, que hacen pensar en la existencia de una operación encubierta para abortar lo que se considera una creciente amenaza de que Irán construya una bomba atómica.

El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, se ha negado a hacer cualquier comentario sobre ese caso, aduciendo que la Administración no facilita información sobre el trabajo de los servicios secretos. Pero otras fuentes oficiales que han hablado con medios de comunicación norteamericanos de forma anónima han reconocido que el drone, operado por la CIA y aparentemente destinado a fotografiar lugares estratégicos, cayó en suelo iraní debido a un fallo técnico.

EE UU confió en un principio en que la misión de ese aparato hubiera pasado inadvertida a las autoridades iraníes. Había caído en una región muy remota del Este de Irán y no se tuvo una reacción de las autoridades de ese país en los primeros días. Incluso se consideró, según informaba ayer The Wall Street Journal, enviar a un comando para recuperar los restos del avión. Pero el domingo pasado, el Gobierno iraní hizo público que había abatido un drone norteamericano, y en Washington se descartó cualquier acción de rescate que hubiera sido imposible llevar a cabo en secreto. Aunque existe una cierta inquietud de que la sofisticada tecnología de los drone –el más cotizado avance militar del momento-- caiga en manos de los iraníes, ese peligro es menor que los riesgos de una operación militar que Irán hubiera denunciado como un ataque a su soberanía.

El Gobierno de Barack Obama ha dicho reiteradamente en público que la opción militar para frenar el programa nuclear iraní no está descartada, pero Washington está todavía oficialmente en la fase de intentar ese objetivo por la vía diplomática y por medio de la presión económica. De forma encubierta, sin embargo, algunos analistas, especialmente en Rusia e Israel, consideran que esa opción ya está en marcha.

Varios sucesos llamativos se han producido en las últimas semanas. El mes pasado, una explosión en una instalación de la Guardia Revolucionaria iraní, la fuerza que tiene el control del programa nuclear, causó la muerte de 16 personas, entre ellas el general Hassan Moqaddam, a quien se considera uno de los principales impulsores de la nuclearización de Irán. La semana pasada, otra explosión ocurrió en una planta de conversión de uranio en Isfahán, aunque las autoridades no han informado sobre las consecuencias de ese suceso. La naturaleza de estas explosiones y, sobre todo, el hecho de que en una de ellas muriera el general Moqaddam, ha hecho pensar que se trata de actos de sabotaje y no de accidentes fortuitos.

En julio pasado, fue asesinado a tiros en Teherán el físico nuclear Darioush Rezaie, y en diciembre del año pasado murió en un coche bomba el científico Majid Shahriari. El mismo día de este último atentado, otro experto en física nuclear, Fereydoon Abbasi, resultado herido en un ataque de idénticas características.

Pese a que Irán acusó directamente de los atentados del año pasado al servicio secreto israelí, Mossad, y a EE UU, las autoridades iraníes han sido por lo general prudentes a la hora de señalar responsabilidades por otras acciones, probablemente porque eso le obligaría a ejecutar acciones de represalia.

En todo caso, tanto Israel como EE UU cuentan con que esas represalias pueden producirse en cualquier momento. La denuncia por parte del Gobierno norteamericano, el pasado mes de octubre, de una presunta conspiración, urdida y financiada por Irán, para asesinar al embajador de Arabia Saudí en Washington, podría haber sido un aviso a Teherán de que EE UU está alerta ante posibles amenazas de ese tipo.

Estados Unidos e Irán se mueven en rumbo de colisión desde hace tiempo, pero los peores signos de alarma llegaron en noviembre, cuando la Agencia Internacional de Energía Atómica hizo pública su sospecha de que el régimen iraní intenta construir la bomba atómica. Pese a todas las ofertas de negociación, la reciente reacción de las autoridades iraníes en la crisis con el Reino Unido ha demostrado, a los ojos de Washington, que Teherán ha optado por una vía de confrontación con Occidente.

Ante esa realidad, la Administración de Obama lleva meses considerando distintas alternativas. La de la presión económica se ha ido debilitando por la resistencia de China y Rusia a respaldar nuevas sanciones en el Consejo de Seguridad de la ONU. La embajadora norteamericana en ese organismo, Susan Rice, reconocía el mes pasado que la opción militar iba ganando peso.

Ahí entra en juego la “doctrina Obama”, que apuesta por intervenciones limitadas y específicas, más que por guerras abiertas y prolongadas. La muerte de Osama Bin Laden y de otros jefes de Al Qaeda es el modelo que se podría intentar reproducir en Irán.

Si no fuera trágica, sería cómica la tozuda iteración de las recetas de austeridad presupuestaria que emanan de cada cumbre europea, que sólo sirven para profundizar la recesión. Los neoliberales extraen de la calamidad económica que causaron no su certificado de defunción sino exigencias más feroces a la sociedad.

Todos los tecnócratas puestos a la cabeza del Banco Central Europeo y de los gobiernos de Italia y Grecia trabajaron para el gran banco de negocios Goldman Sachs. Su misión será imponer más privatizaciones, recortes, sacrificios populares…

Está claro que no existe, en el seno de la Unión Europea (UE), ninguna voluntad política de plantarles cara a los mercados y resolver la crisis. Hasta ahora se había atribuido la lamentable actuación de los dirigentes europeos a su desmesurada incompetencia. Pero esta explicación (justa) no basta, sobre todo después de los recientes “golpes de Estado financieros” que han puesto fin, en Grecia y  en Italia, a cierta concepción de la democracia. Es obvio que no se trata sólo de mediocridad y de incompetencia, sino de complicidad activa con los mercados.

¿A qué llamamos “mercados”? A ese conjunto de bancos de inversión, compañías de seguros, fondos de pensión y fondos especulativos (hedge funds) que compran y venden esencialmente cuatro tipos de activos: divisas, acciones, bonos de los Estados y productos derivados.

Para tener una idea de su colosal fuerza basta comparar dos cifras: cada año, la economía real (empresas de bienes y de servicios) crea, en todo el mundo, una riqueza (PIB) estimada en unos 45 billones (1) de euros. Mientras que, en el mismo tiempo, a escala planetaria, en la esfera financiera, los “mercados” mueven capitales por un valor de 3.450 billones de euros. O sea setenta y seis veces lo que produce la economía real...

Consecuencia: ninguna economía nacional, por poderosa que sea (Italia es la octava economía mundial), puede resistir a los asaltos de los mercados cuando éstos deciden atacarla de forma coordinada, como lo están haciendo desde hace más de un año contra los países europeos despectivamente calificados de PIIGS (cerdos, en inglés): Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España.

Lo peor es que, contrariamente a lo que podría pensarse, esos “mercados” no son únicamente fuerzas exóticas venidas de algún horizonte lejano a agredir nuestras gentiles economías locales. No. En su mayoría, los “atacantes” son nuestros propios bancos europeos (esos mismos que, con nuestro dinero, los Estados de la UE salvaron en 2008). Para decirlo de otra manera: no son fondos estadounidenses, chinos, japoneses o árabes los que están atacando masivamente a algunos países de la zona euro.

Se trata, esencialmente, de una agresión desde adentro, venida del interior. Dirigida por los propios bancos europeos, las compañías europeas de seguros, los fondos especulativos europeos, los fondos europeos de pensiones, los establecimientos financieros europeos que administran los ahorros de los europeos. Ellos son quienes poseen la parte principal de la deuda soberana europea (2). Y quienes, para defender –en teoría– los intereses de sus clientes, especulan y hacen aumentar las tasas de interés que pagan los Estados por endeudarse, hasta llevarlos a varios (Irlanda, Portugal, Grecia) al borde de la quiebra. Con el consiguiente castigo para los ciudadanos que deben soportar las medidas de austeridad y los brutales ajustes decididos por los gobiernos europeos para calmar a los “mercados” buitres, o sea a sus propios bancos...

Estos establecimientos, por lo demás, consiguen fácilmente dinero del Banco Central Europeo al 1,25% de interés, y se lo prestan a países como, por ejemplo, España o Italia, al 6,5%... De ahí la importancia desmesurada y escandalosa de las tres grandes agencias de calificación (Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s) pues de la nota de confianza que atribuyen a un país (3) depende la tasa de interés que pagará éste por obtener un crédito de los mercados. Cuanto más baja la nota, más alta la tasa.

Un papel perverso

Estas agencias no sólo suelen equivocarse, en particular en su estimación sobre las subprimes que dieron origen a la crisis actual, sino que, en un contexto como el actual, juegan un rol execrable y perverso. Como es obvio que todo plan de austeridad, de recortes y ajustes en el seno de la zona euro se traducirá en una caída del índice de crecimiento, las agencias de calificación se basan en ello para degradar la nota del país. Consecuencia: éste deberá dedicar más dinero al pago de su deuda. Dinero que tendrá que obtener recortando aun más sus presupuestos. Con lo cual la actividad económica se reducirá inevitablemente así como las perspectivas de crecimiento. Y entonces, de nuevo, las agencias degradarán su nota...

Este infernal ciclo de “economía de guerra” explica por qué la situación de Grecia se ha ido degradando tan drásticamente a medida que su gobierno multiplicaba los recortes e imponía una férrea austeridad. De nada ha servido el sacrificio de los ciudadanos. La deuda de Grecia hoy ha bajado al nivel de los bonos basura.
De ese modo los mercados han obtenido lo que querían: que sus propios representantes accedan directamente al poder sin tener que someterse a elecciones. Tanto Lucas Papademos, primer ministro de Grecia, como Mario Monti, presidente del Consejo de Italia, son banqueros. Los dos, de una manera u otra, han trabajado con el banco estadounidense Goldman Sachs, especializado en colocar hombres suyos en los puestos de poder (4). Ambos son asimismo miembros de la Comisión Trilateral.

Estos tecnócratas deberán imponer, cueste lo que cueste socialmente, en el marco de una “democracia limitada”, las medidas (más privatizaciones, más recortes, más sacrificios) que los mercados exigen. Y que algunos dirigentes políticos no se han atrevido a tomar por temor a la impopularidad que ello supone.
La Unión Europea es el último territorio en el mundo en el que la brutalidad del capitalismo es atenuada por políticas de protección social. Eso que llamamos Estado de Bienestar. Los mercados ya no lo toleran y lo quieren demoler. Ésa es la misión estratégica de los tecnócratas que acceden a las riendas del gobierno merced a una nueva forma de toma de poder: el golpe de Estado financiero. Presentado además como compatible con la democracia...

Es poco probable que los tecnócratas de esta “era post-política” consigan resolver  la crisis (si su solución fuese técnica, ya se habría resuelto). ¿Qué pasará cuando los ciudadanos europeos constaten que sus sacrificios son vanos y que la recesión se prolonga? ¿Qué niveles de violencia alcanzará la protesta? ¿Cómo se mantendrá el orden en la economía, en las mentes y en las calles? ¿Se establecerá una triple alianza entre el poder económico, el poder mediático y el poder militar? ¿Se convertirán las democracias europeas en “democracias autoritarias”? γ

1 Un billón = un millón de millones.
2 En España, por ejemplo, el 45% de la deuda soberana está en manos de los propios bancos españoles, y los dos tercios del 55% restante, los detentan establecimientos financieros  del resto de la Unión Europea. Lo cual significa que el 77% de la deuda española ha sido adquirido por europeos, y que sólo el 23% se halla en manos de establecimientos extranjeros a la UE.
3 La nota más elevada es AAA, que, a fines de noviembre, sólo poseían en el mundo  unos pocos países; entre otros: Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. La nota de Estados Unidos ha sido degradada, en agosto pasado, a AA+. La de España es actualmente AA-, idéntica a la de Japón y China.
4 En Estados Unidos, Goldman Sachs ya consiguió colocar, por ejemplo, a Robert Rubin como secretario del Tesoro del presidente William Clinton, y a Henry Paulson en esa misma función en el gabinete de George W. Bush. El nuevo presidente del BCE, Mario Draghi, fue también  vice-presidente de Goldman Sachs para Europa de 2002 a 2005.

 *Director de Le Monde diplomatique, edición española.