MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Imagen captada en el lago Surinsar, en las afueras de Jammu, India.Foto Ap

Primera contabilidad global muestra que 57% de la variabilidad en los niveles del recurso se produce en depósitos artificiales

 

La primera contabilidad global de fluctuaciones en lagos y embalses ha demostrado que 57 por ciento de la variabilidad se produce en depósitos represados y otros cuerpos de agua artificales.

Este resultado destaca el papel dominante que ahora tienen los humanos en el ciclo del agua de la Tierra, según el estudio publicado en la revista Nature.

Los niveles de agua en los estanques, lagos y embalses gestionados por humanos suben y bajan de una temporada a otra, pero hasta ahora ha sido difícil analizar exactamente cuánto de esa variación es causada por ellos en comparación con los ciclos naturales. El análisis de nuevos datos satelitales muestra que 57 por ciento de la variabilidad estacional en el almacenamiento de agua superficial de la Tierra ahora ocurre en embalses represados y otros cuerpos de agua artificiales.

"Los humanos tienen un efecto dominante en el ciclo del agua de la Tierra", resalta la autora principal del trabajo, Sarah Cooley, investigadora posdoctoral en la Escuela de Ciencias de la Tierra, Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos.

Los científicos utilizaron los datos reunidos en 22 meses por el Icesat-2 de la NASA, que se lanzó en octubre de 2018 y recopiló mediciones altamente precisas para 227 mil 386 cuerpos de agua en el mundo, incluidos algunos más pequeños que un campo de futbol.

"Los satélites anteriores no han podido acercarse a eso. Necesitaba encontrar un proyecto en el que pudiera trabajar de forma remota", señaló Cooley, quien realizó la mayor parte del análisis en una computadora portátil en la sala de la casa de sus padres, después de que las restricciones del coronavirus cancelaron su temporada de campo programada en Groenlandia.

Cooley y sus colegas encontraron que los niveles de agua en los lagos y estanques de la Tierra cambian alrededor de 22 centímetros entre las estaciones húmeda y seca. Mientras tanto, los embalses manejados por humanos fluctúan casi cuatro veces esa cantidad, subiendo y bajando un promedio de 800 metros de una temporada a otra.

El oeste de Estados Unidos, el sur de África y Medio Oriente están entre las regiones con la mayor variabilidad de reservorios, con un promedio de entre 2 y 4 metros. También tienen una de las influencias humanas más fuertes, con reservorios administrados que representan 99 por ciento o más de las variaciones estacionales en el almacenamiento de agua superficial.

"Eso es indicativo de que estos son lugares con estrés hídrico donde la gestión cuidadosa del agua es realmente importante", sostuvo Cooley. En algunas otras cuencas, los humanos influyen en menos de 10 por ciento de la variabilidad.

"A veces, esas cuencas están una al lado de la otra porque incluso dentro de la misma región una combinación de factores económicos y ambientales significa que los humanos toman diferentes decisiones sobre cómo administrar el almacenamiento de agua superficial", añadió.

Si bien los niveles de agua suben y bajan de forma natural durante todo el año, esa variación estacional se exagera en los embalses con represas donde se almacena más agua en la temporada de lluvias y se desvía cuando está seca.

"Hay muchas formas en las que esto es malo para el medio ambiente", explicó Cooley, que van desde daños a las poblaciones de peces hasta aumentos potenciales en las emisiones de metano, potente gas de efecto invernadero.

Sin embargo, las implicaciones de regular los niveles de agua en los embalses no son blancas y negras. "Gran parte de esta variabilidad está asociada con la producción de energía hidroeléctrica o con el riego. También puede proteger contra las inundaciones", apuntó Cooley.

Publicado enMedio Ambiente
"No nos preguntamos si los productos que consumimos están bañados en sangre"

La activista colombiana denuncia la complicidad del Estado colombiano en la minería ilegal, un cáncer que contamina sus ríos y deforesta sus tierras.



.-¡Negra¡, gritó la niña al verse en el espejo. //Desde entonces, ese es mi color favorito”. Ese fue el verso elegido por Francia Márquez, la mujer afrocolombiana que ostenta el premio Goldman, considerado como el Nobel del Medioambiente, en la presentación del libro "Horas de guerra", minutos de paz, de Emilio Polo. Era uno de los muchos actos que ha mantenido durante su gira por España para subrayar el abandono de sus comunidades por parte del Estado.


La activista es del Cauca, una de la zonas más golpeadas por la guerra en Colombia donde a pesar de los pactos firmados entre las FARC y el Gobierno, la guerra persiste. A esa violencia han de sumar la que trae la minería ilegal: un auténtico cáncer en sus territorios que se está comiendo su tierras –que son deforestadas en busca del metal- y ríos, envenenados por el mercurio utilizado para separar sustancias. Márquez empezó como activista siendo una adolescente, pero su “master” como defensora del medio ambiente le llegó tras una marcha que realizó para gritar al mundo, tras un sinfín de denuncias infructuosas, que la minería ilegal estaba acabando con sus tierras. Caminó 350 kilómetros durante 10 días junto con otras 130 mujeres y jóvenes. Consiguió sacar unas máquinas retroexcavadoras de sus tierras, pero solo unas; las hay por miles. Según fuentes de la Fiscalía colombiana, el 80% de todo el oro minado anualmente en Colombia se produce de forma ilegal con métodos que causan una devastadora destrucción ambiental. Un reciente estudio de la Universidad Externado de Bogotá encontró que hasta 80 ríos del país están contaminados. La Fiscalía también señala que diez importantes ríos están a punto de "desaparecer".


Francia Márquez, que tuvo que desplazarse de su tierra y vive amenazada, dice haberse inspirado en la sabiduría de sus mayores, “gente que no sabía leer pero que le decían: ‘ustedes tiene que cuidar al río como a su papá y a su mamá, porque eso es el ciclo de vida’”.


Usted denuncia una política extractivista por parte del gobierno colombiano que va en contra de las comunidades


Desde que se empezó a vender a Colombia como un país para la minería, se disparó la minería ilegal en toda la región del Pacífico. Para mí, la minería ilegal es una estrategia para justificar la gran minería y esa política extractivista en Colombia que no mira a las comunidades. Porque la minería ilegal ha llegado a nuestras regiones con la complicidad de las instituciones del Estado, que dejan pasar esas máquinas retroexcavadoras por nuestros caminos hasta llegar a los ríos. ¿Cómo llegan esas máquinas allí, no los ven los retenes de la fuerza pública? Pareciese que esas grúas y dragas fuesen cájas de fósforos se llevan en un bolsillo. ¿Quién permite esa compra de un mercurio que forzosamente debe ser importado del exterior? Con licencias o sin ellas, solo hay que asomarse y ver cómo se están destruyendo el territorio, pero eso no lo ven ni el ejército ni las instituciones ambientales.


Les acusan de ir contra el desarrollo


En muchos territorios donde el Gobierno ha entregado títulos mineros a empresas, se nos ha acusado de ser perturbadores de mala fe. Cuando nos dicen que nos oponemos al desarrollo, yo pregunto: ¿al desarrollo de quién? A la gente la han despojado de sus tierras y ahora se ven forzadas a trabajar en latifundios de caña de azúcar, monocultivos que solo dan intereses para los grandes terratenientes. ¿De qué desarrollo estamos hablando si para construir una represa han tenido que quedar sepultadas las tierras con las que vivíamos del café, cacao y plátano, la pesca y la minería artesanal?.


El problema de la minería ilegal viene de hace años, pero además ahora con el nuevo Gobierno estamos saltándonos la Constitución del 91 y retrocediendo a la del 86, donde los afrocolombianos no teníamos derechos. Esos derechos fundamentales que nos permitían proteger nuestros territorios, entendidos como espacio de vida, donde podíamos recrear nuestra cultura, se han ido menoscabando. Se está presentando un proyecto de ley para que el derecho fundamental de la consulta previa [otorgado para la poblaciones originarias] no sea un obstáculo para la élite que defiende que el desarrollo se mida en términos económicos y no en bienestar social.


Resulta paradójico que ríos en su país sean sujetos de Derecho y sus gentes no tengan ni agua potable, ni pescado que comer


Se explica si miras a sus habitantes: somos negros. Y yo no me olvido de nuestra historia, a nosotros nos dijeron que éramos salvajes. A nosotros nos quitaron nuestra humanidad. Y eso está ahí: el racismo hace que nosotros seamos considerados como cosas que no merecemos derechos. Y cuando nos dan derechos, se quedan en el papel. Y cuando los exigimos, nos replican: “Su derecho no puede obstaculizar nuestro desarrollo”.


Estamos hablando casi más de derechos humanos que de medioambiente


Es que no se pueden separar. Están totalmente relacionados. Para mí, la naturaleza no se desprende del territorio, que es vida. Y esa es parte de nuestra lucha, luchamos por nuestro modo de vida, luchamos por el río.


No parece que quede mucho espacio para los derechos humanos hoy en Colombia, a pesar del pacto entre las FARC y el Gobierno


Es cierto. Como comunidades afro, como campesinas y como mujeres hoy le apostamos a la paz, pero el nuevo panorama es muy duro: está el ELN, las disidencias de las FARC, los paras, los narcos… A mí se me parte el corazón, porque tenía la esperanza de que el conflicto iba a disminuir, y sí, ya no hay bombardeos, pero la violencia sigue, entre otras cosas, porque el Gobierno no cumple con su compromiso de implementación de esos acuerdos de paz.


No podemos hablar de paz cuando vivimos realidades como el horror del desplazamiento forzado. La semana pasada en una audiencia pública el gobernador de Nariño denunciaba que en este año se han desplazado por el conflicto armado 5.000 personas en su departamento. ¿No lo ven? Allí no hay que hablar de guerrillas, hay que hablar de gente que lucha todos los días por vivir de una forma digna y que por el contrario, les ha tocado vivir una guerra que no es la suya, una guerra que ha sido introducida por un mismo sistema económico de muerte.


Yo quisiera que no haya gente muriendo en los territorios, sobre todo porque muchos de los jóvenes, de la gente que está en esos grupos armados, son los nuestros. Y se van al ejército, a la policía o a los paramilitares por absoluta necesidad. En muchas comunidades el Estado no está en términos de inversión social. Las vías las levantan la gente a punta de pico y pala. No obstante, sí están para entregar nuestras tierras a empresas multinacionales.


La semana pasada daban el Nobel de la Paz a dos personas que luchan contra la violencia sexual ejercida contra las mujeres en la guerra. ¿Qué pasa en su país?


Ese tema no es algo que yo haya trabajado, pero por ejemplo en Buenaventura, en el mayor puerto de Colombia, el feminicidio ha sido una estrategia para generar terror en la comunidad y entrar allí con un megaproyecto sin tener oposición.


¿Qué responsabilidad tiene la comunidad internacional en esa compleja guerra?


Muchas de las presiones económicas que tenemos sobre los territorios tienen que ver con las empresas que se han lucrado y saqueado nuestros territorios, que son las mismas que esclavizaron a nuestros ancestros y ancestras. Unión Fenosa, entre ellas.


En Europa hay muchas empresas que están violentando y vaciando nuestros territorios. Y eso pasa en mi país, en el resto de Latinoamérica y en África. La gente que se está cruzando el Mediterráneo, que se está muriendo en él, es producto de cómo le han destrozado su casa, de no tener condiciones de vida dignas. Y los que tienen la suerte de llegar y no morir, deben soportar la discriminación y el maltrato, que les traten como basura.


Luego, cada persona debe ver qué hace y cómo consume. No nos preguntamos si los productos que consumimos están bañados de sangre, si el costo de obtenerlos implica la destrucción de ríos y envenenamiento del territorio. Hoy el cambio climático es una muestra de que es necesario transformar esa visión de vida basada solo en el consumo. Hay que repensarnos la vida. Pero algunos, quienes tienen una serie de privilegios, no quieren verlo: creen que los recursos son ilimitados. Quizás nosotros somos los primeros que nos vamos a morir allá, pero el planeta se está apagando día a día. Todos los días esa lucecita se va mermando y va a llegar un momento en donde ya no va a alumbrar más.

 

Madrid
Actualizado: 15/10/2018 07:32

Publicado enColombia
Sábado, 23 Junio 2018 05:55

Los derechos de la naturaleza

Los derechos de la naturaleza

¿Puede un río o una montaña tener derechos? La respuesta proviene de organizaciones sociales, pueblos indígenas y académicos críticos: si tienen derechos las empresas (creación humana que tiene como principal fin el lucro), ¿cómo no va a tener derechos la naturaleza? La Constitución Nacional de Ecuador y la ley nacional de Bolivia contemplan los derechos de la naturaleza. Fallos judiciales de Colombia y normativas de Nueva Zelanda legislaron en el mismo sentido. Y la Universidad Nacional del Litoral inauguró un curso inédito y que interpela el conservadurismo del poder judicial: “Derechos de la naturaleza. Un abordaje teórico, práctico e interdisciplinar”.


En marzo de 2017, el Parlamento de Nueva Zelanda otorgó estatus de personería jurídica al río Whanganui, solicitado por el pueblo indígena maorí. El curso de agua, el tercero más largo del país, tendrá derechos y deberes jurídicos y podrá ser representado en un tribunal por un delegado del Estado y otro del pueblo originario.


“Sé que la reacción inicial de algunos será pensar que es bastante extraño dar personalidad legal a un recurso natural, pero no es más extraño que una fundación familiar, una compañía u otro tipo de sociedad”, señaló Chris Finlayson, ministro para la Negociación de Tratados de Nueva Zelanda.


“Yo soy el río y el río es yo”, explican desde la cultura maorí, difícil de entender para quienes sólo visualizan a la naturaleza como un recurso económico. Para los pueblos indígenas, la naturaleza tiene derechos desde siempre, pero ahora comienzan a entenderlo desde el poder político.


En mayo de 2017, fue el turno de Colombia. La Corte Constitucional declaró, por primera vez en el país, que un río “es sujeto de derechos” y ordenó su protección y conservación. Se trata del río Atrato, uno de los más extensos del país, que es afectado por la extracción ilegal de oro. La Corte ratificó que el curso de agua es vital para la vida de las comunidades locales e instó al Estado a protegerlo.


Ximena González, vocera del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, señaló que la sentencia crea una comisión de “guardianes del río Atrato”, integrada por personas de las comunidades locales y del gobierno nacional. Y establece la creación de una comisión de expertos que asesoren a los guardianes del río que, además de la protección, incluyan un plan de intervención integral para recuperarlo de la contaminación.


El Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna actuó en representación del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (Asocoba) y el Foro Inter-Étnico Solidaridad Chocó (Fisch).


“Es un fallo muy importante, histórico para Colombia, porque por primera vez se le da un lugar a los derechos de la naturaleza, en particular a un río”, destacó la vocera del Centro de Estudios. También existen fallos judiciales en Ecuador e India.


La Constitución de Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza en el artículo 71: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza”.


En Bolivia fue sancionado por ley en diciembre de 2010. El artículo 1 señala: “La presente ley tiene por objeto reconocer los derechos de la Madre Tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos”. Cuenta con diez artículos. Establece que la Madre Tierra tiene derecho a la vida, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la restauración, a vivir libre de contaminación,


En Argentina, el senador Pino Solanas presentó un proyecto de ley en el mismo sentido. “El ejercicio de los Derechos de la Naturaleza requiere del reconocimiento, recuperación, respeto, protección, y diálogo de la diversidad de sentires, valores, saberes, conocimientos, prácticas, habilidades, trascendencias, transformaciones, ciencias, tecnologías y normas, de todas las culturas que buscan convivir en armonía con la Naturaleza”. Crea la “defensoría de la naturaleza”, cuya misión es velar por la “vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza”. Fue presentado en 2015 y no tuvo tratamiento en el Congreso Nacional. Fue presentado nuevamente en 2017 y aún no tuvo giro en la Comisión de Asuntos Constitucionales.


La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (con sede en Santa Fe) sacudió el conservadurismo de la formación judicial con el curso “Derechos de la naturaleza. Un abordaje teórico, práctico e interdisciplinar”. El objetivo general es “contribuir desde una perspectiva teórica, práctica e interdisciplinar al debate y reflexión sobre una de las respuestas que, desde América Latina, se viene construyendo en relación al problema ambiental en los últimos años: el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, dentro del marco de modelos que se presentan como alternativos al capitalismo bajo la idea de ‘buen vivir’, ‘vivir bien’”.


Con una carga horaria de 240 horas (un promedio de 30 horas mensuales), a cargo de la docente e investigadora del Conicet Valeria Berros, se explica que se trata de un proceso iniciado en Ecuador y Bolivia, con avances en Brasil, Argentina y México, y con debates en el mismo sentido en Naciones Unidas.


Entre los objetivos específicos sobresale la necesidad de “extender la subjetividad jurídica más allá de los seres humanos”.


“El curso es importante porque permite ver que el derecho a un ambiente sano o la regulación sobre los recursos naturales no son la única manera que existe para pensar en el problema ecológico. Si bien ambas perspectivas han asumido un rol preponderante en las últimas décadas, lo cierto es que los problemas se agravan y, por ello, reviste aún más relevancia indagar en otras traducciones jurídicas presentes en la diversidad de sociedades y cosmovisiones, sobre todo aquellas que discuten el antropocentrismo”, explicó Berros. Una mirada que interpela la idea hegemónica del ser humano como el centro, y fin absoluto, de todo.


Por otro lado, la docente e investigadora destacó que el nuevo enfoque implica muchas disciplinas: “Cada vez es más visible que el derecho no puede seguir sólo mirándose a sí mismo, por el contrario, necesita comenzar a dialogar con otros saberes, no sólo aquellos institucionalizados como parte de las ciencias naturales, las humanidades y las ciencias sociales, sino los provenientes de movimientos de lucha, pueblos indígenas, profesionales de la salud desplegados en el territorio”.

Por Darío Aranda (Argentina, 1977), periodista. Especializado en extractivismo (petróleo, minería, agronegocios y forestales) escribe sobre el acontecer de los pueblos indígenas, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales. Blog personal: www.darioaranda.com.ar

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