El precio de la perpetuación de Daniel Ortega

Las protestas en Nicaragua han erosionado la alianza entre el gobierno, el gran empresariado y las iglesias. Entretanto, la represión alentada por Daniel Ortega y Rosario Murillo aumenta y las elecciones de noviembre de 2021 están lejos de ser competitivas. Las fuerzas contrarias al régimen se encuentran disgregadas y las detenciones de potenciales candidatos se han vuelto cotidianas.

Tomás Borge fue guerrillero fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y miembro de su dirección nacional durante el gobierno que siguió a la Revolución Nicaragüense (1979-1990). Antes de su muerte en 2012, y tras el retorno del FSLN al poder por la vía electoral seis años antes sobre la política del país centroamericano: «Todo puede pasar aquí, menos que el Frente Sandinista pierda el poder […] Me es inconcebible la posibilidad del retorno de la derecha en este país. Yo le decía a Daniel Ortega: «hombre, podemos pagar cualquier precio, digan lo que digan, lo único que no podemos es perder el poder». Digan lo que digan, hagamos lo que tenemos que hacer, el precio más elevado sería perder el poder. Habrá Frente Sandinista hoy, mañana y siempre».

La entrevista ayuda a entender dos cosas. Primero, la naturaleza del régimen de Daniel Ortega desde 2007, que se ha empeñado en cooptar (y cuando fuese necesario, desmantelar) las instituciones democráticas del país, y también se ha dispuesto a vaciar el contenido ideológico del FSLN, abandonando la promesa de la redistribución de la riqueza y del progresismo social con el fin de tomar y preservar el poder. En otras palabras, Ortega ha preferido convertir al FSLN en una fuerza de derecha que permitir el retorno de «la derecha». Durante más de una década, esta mentalidad ha permitido que la familia Ortega -él es presidente y su esposa Rosario Murillo la vicepresidenta- construyera un fuerte consenso autoritario en Nicaragua, con el apoyo tácito de los antiguos enemigos «contrarrevolucionarios» de los años 80. 

Pero en 2018, una explosión de indignación popular –así como la sangrienta represión posterior– pulverizó el consenso autoritario y desequilibró al régimen. En segundo lugar, las palabras del comandante Borge ayudan a explicar por qué, a pesar del enorme deterioro socioeconómico y aislamiento internacional que acompañó el estallido del 2018, es probable que Ortega y Murillo se perpetúen en el poder este año. Bajo su mandato, el gobierno de Nicaragua ha desarrollado una especial voluntad y capacidad represiva, en proporciones que no hemos visto en América Latina desde la caída de las dictaduras anticomunistas de los años 60 y 70. 

Desde la crisis de 2018, muchas cosas han cambiado en Nicaragua, pero otras permanecen igual. De cara a las elecciones programadas para noviembre de 2021, la previsible victoria de Ortega será fruto de unas «elecciones autoritarias» en las que el régimen controlará las reglas del juego. Buscando evitar el más mínimo riesgo, o quizás con el propósito de desafiar a la comunidad internacional, el orteguismo ya ha inhibido, enjuiciado, y encarcelado a los principales aspirantes opositores a la presidencia. Ante la problemática nacional y su probable prolongación, ¿por qué no ha podido la oposición nicaragüense crear una alternativa y contrapeso al FSLN, ahora hegemonizado completamente por la familia Ortega-Murillo? Esta última cuestión es la que se debate en este artículo, en el que primero se contextualizará la naturaleza del régimen y su «reconsolidación» después de la crisis política de 2018; posteriormente se señalará la naturaleza de la oposición, con los pasivos y errores que arrastra y, finalmente, se expondrá cuál es el escenario que se prevé para el día después de las elecciones de noviembre de 2021.

El orteguismo (2007-2018): del consenso a la crisis

Desde 2007 hasta 2018 Daniel Ortega articuló un régimen que –a pesar de su retórica revolucionaria– combinaba una alianza informal con las elites económicas (el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y las elites religiosas (iglesias católica y evangélicas), a la par que impulsó políticas sociales focalizadas para paliar la situación de pobreza extrema –sin combatirla sustancialmente– en la que están sumidos la mayor parte de la población del país, sobre todo en el ámbito rural. Apoyado en esta triple alianza –y con el control absoluto sobre el FSLN– Ortega rápidamente cooptó las instituciones del país, incluyendo todos los poderes del Estado y también las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Nacional. 

El trueque autoritario del orteguismo – promesa de estabilidad a cambio de control político– se extendió también al ámbito internacional. A sus antiguos oponentes en Washington, Ortega se vendió como un estable y efectivo socio, especialmente en comparación a sus caóticos vecinos en el llamado Triángulo Norte, en la lucha contra el narcotráfico y la migración en dirección al norte.

Respecto de la alianza con la gran empresa, cabe destacar que el gobierno no cambió el modelo productivo heredado de tres lustros de desarrollo neoliberal, ni en el agro ni en los servicios. Cuando Ortega fue elegido presidente en 2006, el gran capital del país temía una restructuración al estilo Chávez. Al contrario, gracias a la inserción del país en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) en 2007, los grupos económicos más poderosos pudieron usufructuar créditos blandos y expandir sus mercados durante más de una década. En cuanto a la entente con las iglesias destacó el discurso que Ortega repitió desde la campaña de 2006, que calificaba a Nicaragua como «cristiana, socialista y solidaria». Pero esta posición no fue solo discursiva, sino que el mismo régimen ayudó a impulsar una de las legislaciones sobre el aborto más retrógradas del continente (criminalizando incluso el aborto terapéutico, derecho protegido no solo por la Revolución Sandinista, sino también por la anterior dictadura de los Somoza). 

En lo que atañe al apoyo de los sectores populares, cosa difícil de medir en un contexto autoritario, el gobierno creó una amplia red clientelar a través de programas de transferencias (generalmente en especies) gestionados desde el aparato partidario del FSLN, que se solapó con la administración del Estado. Este aparato, en un inicio, se organizó en todo el territorio a través de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), que tenían un claro componente político-partidario y posteriormente se transformaron en los Gabinetes de Familia (GF) y adquirieron un perfil más institucional. Con todo, tanto los CPC como los GF han sido órganos que suponían, además del último eslabón en la implementación de políticas asistencia social, un mecanismo de control partidario de naturaleza clientelar y movilizadora a lo largo de todo el territorio nicaragüense.

El régimen gozó de una notable estabilidad durante más de una década. Con el tiempo, las arbitrariedades (incluido un falló judicial para permitir la reelección inconstitucional de Ortega en 2011) fueron creciendo. Pero a pesar de ello, las alianzas del FSLN con partidos de oposición –en especial, el Partido Liberal Constitucionalista del expresidente Arnoldo Alemán–, la empresa privada y las instituciones eclesiásticas se fueron cristalizando. Y aunque las sucesivos gobiernos estadounidenses recortaron las ayudas, mostraron poco interés en agitar las aguas en Nicaragua. Por su combinación de prudencia macroeconómica y programas paliativos, Ortega se convirtió en consentido del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, cuyos funcionarios no se preguntaron si el crecimiento económico conllevaba además el acoso a los disidentes, al desmantelamiento de las instituciones, o a la articulación de un proyecto dinástico. 

La sociedad nicaragüense, sin embargo, pasó la factura en 2018 cuando miles de jóvenes salieron a las calles a protestar. 

Al inicio, las movilizaciones se centraron en la denuncia del malestar que provocaban las reformas del sistema de pensiones y la mala gestión gubernamental ante los incendios en la reserva de la biosfera de Indio Maíz, pero rápidamente se sumaron diversos colectivos que impugnaron al régimen en su totalidad, por su carácter arbitrario, represivo, y corrupto. Con ello, las elites que habían pactado con Ortega ignorar la gobernanza democrática a cambio de estabilidad, vieron como el sueño de la paz social tocaba su fin. Al final, la estabilidad que se compró fue muy volátil, se pagó muy caro con la erosión de las instituciones y las normas necesarias para garantizar la paz a largo plazo. 

La crisis del 2018 puso a prueba la estabilidad del régimen y sacudió a la base histórica del Frente Sandinista. En lugar de gestionarla mediante concesiones o un auténtico proceso de diálogo con los nuevos grupos, el gobierno la empeoró, optando por la estrategia de represión. La «operación limpieza» –término prestado de la época de los Somoza– funcionó, en el sentido de que eliminaron los tranques y barricadas. Pero además del terrible costo humano –más de 300 muertos según el conteo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), centenares de presos políticos y miles de exiliados, la mayoría a Costa Rica– la recuperación del control territorial implicó un costo político para el régimen. Fue en este contexto en el que se rompió la coalición informal entre el gobierno, las elites económicas y las iglesias, que se posicionaron en contra de la reacción violenta, que ya no podía seguir presentándose como garante de la estabilidad y de la paz. 

Sin embargo, la crisis no supuso la caída del FSLN. Muchos esperaban que Ortega se fuera, tal como ocurrió con 15 presidentes en nueve países de la región entre 1992 y 2016. Pero si bien en la crisis de 2018 existieron algunos factores presentes en otros episodios de caídas presidenciales –la recesión económica, escándalos de corrupción, manifestaciones masivas, etc. – el alto grado de control de la institucionalidad por parte de las fuerzas gobernantes contuvo el colapso del sistema. En este caso el control se materializó en el uso (y abuso) de la fuerza de la Policía Nacional –además de grupos parapoliciales– para eliminar las protestas de forma violenta. Otro elemento central en la crisis fue el papel del ejército, qué si bien se negó a participar directamente en la represión, cedió el espacio a esos grupos. 

Otro elemento explicativo acerca de las caídas presidenciales es la actitud del ejecutivo ante ellas. En este caso el presidente, el FSLN y sus organizaciones afines nunca cedieron y enarbolaron un discurso totalmente acrítico. Así, los medios oficialistas acusaron de vándalos y terroristas a quienes habían salido a las calles y anunciaron que la crisis sería el comienzo de la «tercera fase» de la revolución popular sandinista a partir de la participación de las bases leales, la depuración de los arribistas, y la cancelación de las alianzas tácticas con las jerarquías eclesiásticas y empresariales. Bajo la narrativa de que las protestas eran parte de un «golpe de estado encubierto» de la derecha y Estados Unidos, el gobierno ignoró el clamor opositor de elecciones anticipadas. 

Con el tiempo el gobierno logró repelar esta y otras demandas de apertura democrática. Mientras el orteguismo reagrupaba su base, la coalición opositora del 2018 se desarticulaba. La crisis sanitaria del covid-19 reforzó ambas tendencias, pues el gobierno aprovechó para implementar nuevas leyes represivas, y el antiorteguismo desaprovechó una oportunidad para configurarse como alternativa responsable –y cohesionada– a las políticas negacionistas y erráticas de las autoridades. Ese es el contexto para el actual proceso pre-electoral que se está dando de cara al voto programado para el 7 de noviembre.

¿Quién se opone al FSLN?

Queda claro que el régimen de Ortega resistió el embate opositor gracias a su control de las instituciones y al uso de la fuerza. Pero su permanencia también se debió en parte a la naturaleza de la oposición y las decisiones que tomó su fragmentada dirigencia. Los antiorteguistas no han podido (por la feroz represión) ni sabido (por su propias limitaciones) crear un contrapeso a la dictadura. 

Primero porque la oposición que surgió a raíz de la crisis del 2018 fue una coalición negativa amplia pero poco cohesionada. Las manifestaciones, autoconvocadas al margen de liderazgos o organizaciones existentes, dieron cuenta de una gran pluralidad de sensibilidades ideológicas e intereses sectoriales. Aunque los universitarios de Managua detonaron la explosión social, en pocos días se sumaron jóvenes de todos los estratos, sociedad civil, movimientos sociales y organizaciones campesinas. La Iglesia católica y los empresarios del sector privado también apoyaron el reclamo de apertura democrática, que juntó un sandinismo disidente, que vio a Ortega como traidor a la causa, con un antisandinismo que siempre concibió la Revolución de 1979 como una tragedia nacional. 

El desdén y el descrédito compartido por el régimen permitió que se suprimieran diferencias ideológicas y conflictos de interés, pero con el tiempo, las exigencias de la crisis social –sumada a la crisis sanitaria por la pandemia– atentaron contra la cohesión de esa coalición informal, multiclasista, y plurisectorial. En cualquier caso, una cosa es la protesta en la calle y otra muy diferente la competición en la arena electoral. Las dos principales organizaciones surgidas a raíz del estallido –Alianza Cívica (AC) y Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB)– no lograron convertir la energía callejera en moneda para negociar reformas clave, ni pudieron convertirse en vehículo electoral o fuerza política. 

Este fracaso también se explica en gran medida por la propia naturaleza de la oposición, cuya capacidad para convertirse en alternativa de gobierno siempre ha sido condicionada por los mismos procesos de desdemocratización que aferraron a Ortega al poder. El debilitamiento del sistema de partidos políticos creado a partir de la transición de los años 90 sigue jugando un papel central. Al ser absolutamente controlado por la familia gobernante, el Consejo Supremo Electoral le permite al orteguismo elegir quien puede participar en la competencia electoral y quien no. Esto, a su vez, le da poder de veto sobre los procesos de unidad en la oposición, pues el gobierno amenaza con cancelarle la personería jurídica a cualquier partido político que decide tensionar las reglas del juego. 

También el peso desproporcionado de la empresa privada en el entorno opositor es un factor importante de su inoperancia. Antes de 2018, eran los grandes empresarios los principales interlocutores con el FSLN y el resto de organizaciones políticas y de la sociedad civil. Posteriormente, a pesar de que este «modelo de diálogo y consenso» quedó caduco, la lógica no ha cambiado: la empresa continúa teniendo una relación privilegiada, siendo para todos los efectos la única fuerza que ha sido invitada a mesas de diálogo con el gobierno desde la crisis. En los últimos tres años, las fuerzas opositoras más cercanas a la sociedad civil y a los movimientos sociales han acusado al sector privado de estar más interesados en mantener esa posición preeminente que en formar parte de un único y robusto bloque opositor en favor de la democracia. Lo expuesto también da cuenta de la paradoja de que los grandes empresarios y los partidos políticos legales exigieran un cambió de régimen en 2018, a inicios del 2021 estuviesen dispuestos a aceptar condiciones electorales vergonzantes. 

Tampoco ha ayudado la falta de una oferta política lúcida por parte del universo antiorteguista. Yuxtaponiéndose con el autoritarismo de Ortega, casi todos los grupos de la fragmentada oposición enarbolan la promesa de un «retorno» a la democracia liberal, un reclamo con poco calado en un país que nunca ha tenido un sistema democrático duradero ni una cultura política cívica, y donde casi ninguno de los derechos que aparecen en la Constitución son efectivos. 

A pesar de ello, la oposición recurre con cierta nostalgia al intento de construcción de un sistema democrático-liberal que se dio en 1990 después de las elecciones que finiquitaron la Revolución Popular Sandinista. Cristiana Chamorro, quien se había perfilado como la candidata con mayores capacidades para unificar a la oposición –hasta que el gobierno le dictara prisión preventiva por supuesto «lavado de dinero» en la ONG que dirige– ha hecho uso efectivo de la memoria de su madre, Violeta Barrios de Chamorro, vencedora de Daniel Ortega en aquella ocasión. El valor de este recurso es evidente: en 1990, la democracia electoral sirvió como herramienta para poner fin a una espantosa guerra civil apoyada desde el exterior. Pero es un arma de doble filo. Con la democracia representativa y expandidas libertades individuales se impulsaron duras políticas de austeridad y ajuste que borraron varios derechos económicos y sociales defendidos durante la década revolucionaria. Tampoco se atendieron los traumas rezagados del conflicto armado. 

Los resultados socioeconómicos de las tres administraciones posrevolucionarias (1990-2006) supusieron un crecimiento con desigualdad y estratificación, a la vez que introdujeron un imaginario de ostentación privada y consumismo opuesto al relato igualitarista y estatista de la década sandinista. Al obviar las condiciones socioeconómicas que acompañaron la transición de los años 90, la oposición ignora que esa misma institucionalidad liberal sirvió como caldo de cultivo para la oferta autoritaria del orteguismo. 

La propuesta debe ir más allá de la defensa de la democracia, pero también brilla por su ausencia un mensaje socioeconómico coherente por parte de la oposición con el que pueda sintonizar la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses que viven en la pobreza o que depende de instituciones estatales. Es indispensable, pero insuficiente, reclamar justicia por los crímenes perpetrados durante la represión, ya que las encuestas demuestran que el desempleo y la inseguridad son las preocupaciones centrales de los nicaragüenses. Ningún nicaragüense sabe cómo una alternativa democrática a Ortega gestionaría las ganancias del crecimiento económico de manera diferente, pues el mismo liderazgo empresarial que ahora forma parte de la oposición fue arquitecto y gestor de la política macroeconómica bajo el sistema autoritario de la última década. 

Mientras tanto, la propaganda orteguista insinúa que con el retorno de la «derecha» se cancelarían las políticas sociales focalizadas existentes que, a pesar de ser mejorables y clientelistas, representan una ayuda significativa para centenares de miles de nicaragüenses. Aquí, la memoria de la transición democrática coadyuva el discurso oficial: el recuerdo de las privatizaciones, los despidos de trabajadores públicos, la jibarización de la inversión pública durante las administraciones de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, la retirada del Estado en zonas rurales y periféricas es aún traumática para muchos. 

En general, el gran problema de la oposición antiorteguista es que no ha sido capaz de apelar a una identidad común en función de un proyecto positivo. Al contrario, algunos sectores de la oposición han intentado movilizar a la población a partir de un anti-sandinismo instintivo y visceral, y a menudo torpe, ya que buena parte de la insurrección cívica del 2018 procedió de nicaragüenses con raíces o incluso historia de militancia en el sandinismo de los 80, e incluyó también orteguistas que abandonaron el régimen a raíz de su carácter represivo. En este sentido, es complicado armar un discurso mayoritario si se criminaliza (y no integra) la identidad «sandinista» que, de lejos, es la más extendida del país. Además, el discurso antisandinista furibundo reditúa a Ortega porque, al posicionarlo como referente único del sandinismo, favorece su consolidación dentro del partido, en vez de fraccionarlo. La polarización (alimentada por el revanchismo) favorece a Ortega y confirma su discurso. 

La oposición se ha mostrado, además, excesivamente dependiente de la comunidad internacional. Los gobiernos extranjeros y las organizaciones internacionales pueden presionar a Ortega, dar oxígeno a la sociedad civil, y aminorar hasta cierto punto el clima de represión. Pero no pueden resolver los problemas de fondo ya descritos. Un creciente régimen de sanciones liderado por Estados Unidos y la Unión Europea ha sofocado algunas vías de financiamiento internacional del gobierno, pero no ha resultado en concesiones democráticas o efectos positivos para los ciudadanos. Y cuando la oposición ha celebrado las sanciones, el discurso orteguista ha podido alimentar su apelación a la soberanía nacional y al orgullo patrio.

Así, mientras el antiorteguismo se atomiza en múltiples rencillas, Ortega vuelve a componer su base política a partir de un relato «articulado» de lo sucedido en 2018, apelando a la tesis de un «golpe blando». Con ello la propaganda del FSLN proyecta una visión trágica y caótica de lo que sucedería fuera despojado del poder y enarbola un discurso anti-antisandinista, a la par que apela a una supuesta «reconciliación y paz social» y al nacionalismo antiimperialista. Así las cosas, según la última encuesta realizada por CID-Gallup, el FSLN mantiene un apoyo de 25% de los votantes, mientras que ninguna formación opositora llega ni a 5%. La mayoría de la población, desilusionada o enfocada en sobrevivir, no simpatiza con ningún partido político. 

Las elecciones de noviembre: ¿perpetuación en el poder? 

Con todo y la debilidad de la oposición, la dictadura de Ortega ha estado a la ofensiva. A inicios del 2021, el anti-orteguismo estaba dividido en dos bloques: la Alianza Ciudadana, cercana al llamado «gran capital» nicaragüense, y la Coalición Nacional, más cercana a la sociedad civil y compuesta por una extraña amalgama de partidos políticos, movimientos sociales y agrupaciones opositoras surgidas en 2018. Entre los dos habían al menos diez aspirantes a la presidencia. Mientras los grupos opositores se atacaban entre ellos, la Asamblea Nacional (bajo el control del FSLN) impulsó una serie de reformas, que además de suponer un mayor control del gobierno sobre las elecciones, criminalizan a la disidencia y sociedad civil bajo diversos delitos, entre ellos «traición a la patria» y «lavado de dinero». A medida de que se han ido acercando las elecciones, el nuevo marco legal ha sustentado una verdadera cacería de disidentes. Ahora los cuatro candidatos más visibles de la fragmentada oposición –Cristiana Chamorro, Juan Sebastian Chamorro, Arturo Cruz, y Felix Maradiaga– están detenidos, junto a otros dirigentes del empresariado y sociedad civil. Sumada a la reacción violenta contra las manifestaciones del 2018, se trata de la oleada represiva más grave en América Latina desde las transiciones a la democracia de hace tres décadas.

El contexto para la crisis nicaragüense no puede ser mejor para los intereses de Ortega, ya que coincide con una regresión autoritaria en la región, especialmente en Centroamérica. Muestra de ello es el deprecio del presidente nicaragüense a varios organismos internacionales –entre ellos la Organización de Estados Americanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas– que han exigido la liberación de los presos políticos. Las discrepancias internas dentro del sistema interamericano, evidenciada en la reacción a la crisis boliviana de hace un año, tampoco hace fácil un esfuerzo multilateral para encontrar una salida negociada. 

«Se puede hablar de elecciones justas, libres y transparentes en Nicaragua?», preguntó recientemente Sergio Ramírez. «Los hechos lo niegan» -se respondió-. El problema de las democracias imperfectas de Latinoamérica es que, aunque los votos se cuenten de manera transparente, los problemas socioeconómicos de fondo siguen sin resolverse. Por eso, en parte, las instituciones van perdiendo credibilidad. Pero en Nicaragua es peor, pues los votos no se cuentan y los electores no tienen la capacidad, como en otros países, de «corregir el rumbo». 

En Nicaragua no existe la posibilidad de competir por el poder a través de las urnas, pero eso no significa que sea irrelevante el proceso electoral de las elecciones de noviembre. Lo que está en juego es la legitimidad de las gobernanzas autoritarias y democráticas, así como el imaginario de las opciones políticas en liza. La perpetuación de Ortega va a suponer la impunidad por los «crímenes de lesa humanidad» identificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la crisis de 2018 y la certeza de nuevas violaciones a los derechos humanos. Queda por ver si en su probable cuarto mandato consecutivo Ortega logrará transitar hacia un nuevo modelo de estabilidad autoritaria, reforzando un sistema político sin ningún tipo de rendición de cuentas. En otro orden de cosas, es imposible saber si a corto plazo se generarán renovadas condiciones para otro estallido social aunque, como nos demuestra la historia, las dictaduras dinásticas siempre terminan desembocando en un callejón sin salida. 

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Lunes, 14 Junio 2021 05:58

Nicaragua: la involución de Ortega

Nicaragua: la involución de Ortega

Los legendarios combatientes sandinistas Dora María Téllez y Hugo Torres, así como la activista Ana Margarita Vijil, fueron apresados ayer por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, donde habrá de realizarse un proceso electoral de sucesión presidencial este año.

En días anteriores, la policía de Nicaragua encarceló a los principales aspirantes opositores a la presidencia, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro García, así como a media docena de líderes disidentes, algunos de los cuales se encuentran con paradero desconocido.

Todos ellos fueron detenidos por "realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación".

Las acusaciones resultan absurdas si se considera que los afectados han venido desarrollando su actividad política en el contexto de la legalidad y la han orientado a la participación electoral, y resultan grotescas en el caso de dirigentes históricos del sandinismo como Dora María Téllez quien, por serlo, fue incluida en una lista de "terroristas" por el gobierno de Estados Unidos durante la administración de George W. Bush.

La razón real de la persecución es, en cambio, el afán de Ortega y de su vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, de ir a unas elecciones sin oposición con el fin de perpetuarse y prolongar su estadía en un poder que ostenta desde hace varios años las características del autoritarismo corporativo.

Una cruel paradoja de la historia es la paulatina transformación de Ortega –quien fue un gobernante progresista y democrático en la época de la Revolución Sandinista, entre 1979 y 1990– en una figura semejante al dictador Anastasio Somoza Debayle, derrocado precisamente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y con el que se cerró un ciclo de dictaduras dinásticas que comenzó en 1937.

Cuando el FSLN fue derrotado en las urnas en 1990, Ortega pasó a la oposición política y volvió a la presidencia en enero de 2007, aliado esta vez con sectores de la derecha y con un programa regresivo en el ámbito de los derechos reproductivos.

Relecto en 2011 y en 2016, enfrentó de manera autoritaria y represiva las protestas sociales que comenzaron dos años más tarde y dejaron un saldo de alrededor de 300 víctimas mortales.

Así, el régimen autoritario de Ortega-Murillo se asemeja más a la dictadura somocista que al gobierno revolucionario que le sucedió y en Nicaragua, hoy por hoy, la democracia es sólo una aspiración.

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Arturo Cruz

Arrestaron al ex ministro sandinista al regresar a su país desde Estados Unidos

 

El candidato presidencial Arturo Cruz fue detenido este sábado en el aeropuerto de Managua cuando regresaba de Estados Unidos al ser sospechado de atentar "contra la sociedad nicaragüense", informó el Ministerio Público.

Cruz "está siendo investigado por la Policía Nacional por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo", señaló. La Policía Nacional comunicó a su vez que "realiza todas las diligencias investigativas pertinentes y remitirá al investigado a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinar las responsabilidades penales".

De 67 años, Cruz presentó dos meses atrás su candidatura para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre por la Alianza Ciudadana por la Libertad (CXL, derecha). Según la Policía se lo investiga por delitos contemplados en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía, aprobada en diciembre.

Esa norma castiga "actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización".

Cruz fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos entre 2007 y 2009, bajo el gobierno sandinista. Tras renunciar a ese cargo retornó a sus actividades académicas en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).

El candidato había viajado a Estados Unidos en una fecha no indicada y regresaba al país este sábado sin que se haya informado el motivo de su viaje. Un día antes de su detención había advertido a través de Twitter que consideraba retirarse de la contienda electoral. Si las autoridades nicaragüenses "continúan la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos lo lógico es que este servidor no participe en este proceso (...) hay que considerar seriamente participar en ese ejercicio espurio", escribió en la red social.

La detención de Cruz ocurre cuatro días después delarresto de la también aspirante opositora a la presidencia Cristiana Chamorro. Chamorro, de 67 años, estaría desde el miércoles incomunicada en su casa y bajo vigilancia policial, según denunciaron sus familiares. Numerosos países han reclamado al presidente Daniel Ortega su liberacióninmediata. Chamorro es la opositora con mayor respaldo ciudadano y se ubicaría segunda en las preferencias del electorado detrás de Ortega.

06 de junio de 2021

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Human Rights Watch presentará informe sobre el abuso policial en Colombia durante el paro nacional

La organización internacional de derechos humanos ha recibido 67 denuncias de muertes ocurridas durante las movilizaciones sociales en el país.

 

Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y manifestantes se enfrentan durante una nueva jornada de protestas en el marco del Paro Nacional, el 26 de mayo de 2021, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Human Rights Watch anunció este jueves el lanzamiento del informe “Colombia: Brutalidad policial contra manifestantes”, el primer documento sobre los abusos policiales, bloqueos y hechos de violencia registrados durante las movilizaciones sociales en el marco del paro nacional, que completa 37 jornadas en el país.

Este informe será presentado el próximo miércoles 9 de junio por el director para las Américas de la organización de derechos humanos que tiene presencia en más de 90 países en el mundo, José Miguel Vivanco, quien ha condenado la violencia de la fuerza pública durante las manifestaciones en el país.

“El informe, basado en más de 150 entrevistas, análisis de forenses internacionales e información proporcionada por autoridades del Estado colombiano, presenta evidencias de brutalidad policial en contra de manifestantes mayoritariamente pacíficos”, indica el comunicado de la ONG internacional.

De igual manera, urge al gobierno de Iván Duque a que se realice una reforma profunda de la Policía Nacional, como la han propuesto algunos líderes políticos y una gran parte de la ciudadanía que se ha manifestado a lo largo y ancho del país durante más de un mes.

A su vez, este informe abordará los hechos de violencia presentados por particulares, a la vez que anunciará una serie de recomendaciones sobre las acciones concretas e inmediatas que buscan minimizar los casos de violencia y los bloqueos que se han presentado en varias ciudades del territorio.

Este lanzamiento se llevará a cabo de manera virtual y busca evidenciar la violencia que ha sido condenada por organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea, que además será constatada por una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la próxima semana.

“Hemos recibido denuncias creíbles sobre 67 muertes ocurridas en Colombia desde que comenzaron las protestas. Hasta ahora, hemos confirmado que 32 de estas muertes (29 manifestantes o transeúntes, un funcionario de CTI y dos policías) tienen relación con las manifestaciones”, indicó el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Human Rights Watch pide a EE.UU. que condicione los recursos que destina a la fuerza pública colombiana

Siguen apareciendo llamados para que el Gobierno nacional modere el accionar de la fuerza pública en contra de los manifestantes durante las jornadas de protestas que experimenta el país desde el pasado 28 de abril. El turno fue para Human Rights Watch, organización que pidió el pasado 13 de mayo, no a Colombia, sino a Estados Unidos, ponerle mayores condiciones a la colaboración que le presta ese país a instituciones como la Policía Nacional.

“Nosotros estamos abogando porque se condicione la ayuda fuertemente, a requisitos básicos y muy concretos en materia de derechos humanos”, fueron las palabras exactas de José Manuel Vivanco, director ejecutivo de esa ONG para las Américas. Con ello, el experto se refiere a buscar la manera de que el país norteamericano comience a recortar la cantidad de recursos que le aporta a las necesidades de la fuerza pública colombiana, usados por esta para comprar, entre otras cosas, más armas.

Armas como el dispositivo conocido como Venom, que por estos días se ha convertido en el principal objeto de controversia en contra del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad. Se trata de un lanzador integrado a las tanquetas de ese cuerpo de policías, capaz de disparar unas costosas y sofisticadas ráfagas aturdidoras, muy parecidas a fuegos artificiales y que ha llegado a ser confundido por un arma de artillería pesada.

4 de Junio de 2021

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Un agente antidisturbios, durante la protesta en Barcelona por el encarcelamiento de Pablo Hasél. — Reuters

El ensayo 'El final del control policial' demuestra cómo la aplicación de la ley ha llegado a intensificar los mismos problemas que se supone ha de resolver. Una historia de abusos e impunidad con la connivencia de las autoridades políticas.

Dos de las funciones principales de la Policía son el "mantenimiento del orden" y la "aplicación de la ley". Solemos darlas por sentado como si de un mantra se tratara. El problema viene cuando nos paramos a pensar qué hay detrás. Cuando nos planteamos qué significa "mantenimiento" y con qué medios se "consigue". Quién aprueba las leyes, cómo y quién las aplica y a quién protegen; si respetan los derechos y las libertades; si se aplican por igual en función del lugar de nacimiento, el color de la piel, la clase social, el género o el sexo.

El sociólogo norteamericano Alex S. Vitale analiza en El final del control policial (Capitán Swing) las zonas de sombra de la función policial, lo hace atendiendo a sus desmanes, bajo una tesis que no por intuitiva es menos certera: "Los orígenes y las funciones de la Policía están íntimamente ligados a la gestión de las desigualdades de raza y clase [...] Mientras el statu quo que los cuerpos policiales mantienen sea injusto, la función policial no dejará de transpirar abuso y desigualdad". 

El diagnóstico de Vitale pertenece a un paciente en situación crítica. El académico centra su análisis en Estados Unidos, país que cuenta con un grado de militarización del orden público que roza la distopía. Un país en el que la infiltración de la Policía en movimientos sociales, la criminalización de la protesta y la represión de la disidencia causa estragos desde hace décadas. Una suerte de avanzadilla de cuyos ecos no se libra nuestro país.

No en vano, y tal y como apunta Anaïs Franquesa, abogada catalana especializada en Derechos Humanos, "la maquinaria represiva" se parece y mucho. "El uso de legislación especialmente restrictiva, como la ley de seguridad ciudadana –ley mordaza– o las sucesivas reformas del Código Penal; la interpretación que realizan los tribunales y la gestión del orden público con un uso desproporcionado de la fuerza" son algunas de las dolencias que nos emparentan con el enfermo americano, según detalla Franquesa a Público.

Falta de transparencia e impunidad

Las organizaciones de Derechos Humanos de nuestro país llevan años pidiendo que se publiquen anualmente los datos desagregados relativos a las situaciones de violencia institucional por las cuales se hayan abierto investigaciones internas, así como el número de quejas, denuncias, condenas y sanciones relacionadas con agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad. 

El caso es que ni rastro de los datos. La opacidad es máxima. "Ha habido una práctica de negar de forma sistemática que existan torturas y malos tratos en el Estado español, de hecho es algo que han negado siempre nuestros representantes públicos, a pesar de que hay doce condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar, y en uno de los casos por considerar que hubo tortura", denuncia Franquesa.

Una alianza férrea entre las autoridades políticas y la Policía que la abogada explica sin ambages: "Se percibe la fiscalización de la actuación de los cuerpos policiales como un ataque a la institución, es por ello que la institución responde de forma corporativista en vez de concebir que esas conductas delictivas por parte de los funcionarios públicos son el verdadero y único ataque a la institución".

Soldados en una batalla

En El final del control policial, Vitale hace referencia a la "mentalidad del guerrero" como parte del problema. "Los policías a menudo se ven a sí mismos como soldados en una batalla contra los ciudadanos antes que como guardianes de la seguridad pública", lamenta el sociólogo. Y lo cierto es que, en cierto modo, esa misma mentalidad impregna también en nuestro país la relación de los agentes del orden con gran parte de la ciudadanía.

Lean ahora, para ilustrar lo anterior, el siguiente extracto del manual de gestión de manifestaciones de las Unidades de Intervención de Orden Público del Cuerpo Nacional de Policía describiendo una concentración o manifestación: «Un ente vivo [en el que], y como es sabido sociológicamente, la identidad individual de cada uno de los asistentes se anula creándose una identidad colectiva con tendencia al exceso y que carece de freno moral». El documento llega incluso a referirse a las protestas y a las personas que participan en ellas como «masa hostil».

"El problema es que se planifican los dispositivos policiales desde esa óptica, ese manual responde a la concepción que se tiene desde el cuerpo a los colectivos que se manifiestan, y es una concepción muy anticuada, que corresponde a los años 80 y 90", se queja Franquesa. 

Militarización de la frontera

Mención aparte merecen nuestras fronteras. Con los rescoldos de la crisis migratoria vivida hace apenas unas semanas en Ceuta, cabe preguntarse qué ocurre en esa tierra de nadie donde reina la opacidad, de qué modo alumbrar esas zonas de sombra en las que las vulneraciones de los Derechos Humanos resultan extrañamente cotidianas.

Según la abogada, la solución pasa por una triple alianza: "Primero visibilizando estas cuestiones, poniendo el foco allá donde pretenden instaurar la opacidad, después hay que actuar, y la actuación tiene que venir desde la denuncia pública, pero también desde los tribunales, ahí el litigio estratégico es una herramienta muy poderosa. Por último, la movilización social. De la unión de estos tres pilares, vendrán los cambios".

Madrid

03/06/2021 22:41

Juan Losa@jotalosa

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Alerta mundial por la detención de Cristiana Chamorro en Nicaragua

Organizaciones de DD.HH., la ONU, EE.UU. y la Unión Europea ven con preocupación la decisión de la fiscalía nicargüense

Chamorro había anunciado su candidatura hace unos días y según la encuestadora Cid Gallup era la opositora con mayor probabilidad de ganar en los comicios del próximo siete de enero.

 

Cristiana Chamorro Barrios amanceció este jueves con arresto domiciliario, incomunicada y con custodia policial, informaron allegados y familiares. Acusada por presunto lavado de dinero, Chamorro también quedó inhabilitada de participar en las elecciones de noviembre. Su detención fue recibida con preocupación por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También se manifestaron en contra de la detención las Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos 

El director de Human Rights Watch para América Latina, José Miguel Vivanco, rechazó la medida del gobierno orteguista. “Es un golpe para cualquier esperanza de elecciones justas en Nicaragua, y una prueba crítica para determinar si la administración Biden puede ayudar a proteger los derechos humanos y la democracia en la región”, escribió Vivanco en su cuenta de Twitter.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también criticó la detención de la candidata opositora. “CIDH expresa preocupación por medidas de inhabilitación política solicitadas por la Fiscalía para (Cristiana Chamorro) precandidata a presidenta”, escribieron en un tuit publicado por la comisión.

A su turno la dirección general de la Organización deNaciones Unidas (ONU) “Estamos muy al tanto de las recientes acciones legales tomadas contra Cristiana Chamorro. Estos acontecimientos crean el riesgo de empeorar la confianza en las próximas elecciones", señaló Stéphane Dujarric, portavoz de Antonio Guterres, secretario general de la organización.

Mientras tanto Peter Stano, portavoz dela cancillería de la Unión Europea, exigió la inmediata liberación de Chamorro. "Las acciones judiciales @chamorrocris son incompatibles con un proceso electoral creíble, transparente & abierto a la oposición y sus candidato," tuiteó. 

EE.UU. y la política centroamericana

En tanto, el canciller estadounidense, Antony Blinken, afirmó que Nicaragua va en la “dirección opuesta” a lo que consideran elecciones justas y libres. El secretario de Estado se encontraba en Costa Rica en el marco de negociaciones para abordar la migración centroamericana hacia EE.UU., rechazó la medida de la fiscalía de Nicaragua y aseguró que la situación del país centroamericano no sólo preocupa a Estados Unidos, sino que también al hemisferio en general.

“En la Organización de Estados Americanos (OEA) se llamó a Nicaragua a tomar los pasos necesarios para tener elecciones libres y justas, y en vez de hacer eso, en vez de cumplir con sus responsabilidades, incluidas las responsabilidades con las que se comprometieron al firmar la Carta Interamericana hace 20 años, se está moviendo en la dirección contraria", declaró el jefe de la diplomacia norteamericana.

Cristiana Chamorro quedó bajo arresto domiciliario este miércoles, pocos días después de que venciera el plazo establecido para mayo de 2021 por la Asamblea de la OEA, y que tenía como objetivo que el gobierno nicaragüense implemente reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas y transparentes y que reestablezcan las garantías democráticas en el país.

Un tribunal de la capital Managua emitió una orden de allanamiento y detención en su contra por “gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense". Desde el ministerio de Gobernación afirmaron que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro -dedicada a la promoción de la libertad de prensa y de expresión- incumplió obligaciones con el Ente Regulador. “Del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”, detalló el ministerio. A principios de año, Chamorro Barrios anunció el cierre de la Fundación luego de que la Asamblea Legislativa aprobara la ley que ordenaba a las organizaciones que recibían dinero de la cooperación internacional a inscribirse como “agentes extranjeros”. "Estaríamos renunciando a nuestra ciudadanía nicaragüense", alegó Chamorro.

La opositora rechazó las acusaciones de la fiscalía y afirmó que se trataba de una farsa para evitar su participación en los comicios que se realizarán el siete de noviembre. Hace unos días, Chamorro había solicitado su inclusión a la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), desde donde se presentaría como precandidata presidencial. Según la encuestadora Cid Gallup, Cristiana Chamorro actualmente es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre. Aunque Ortega todavía no confirmó su participación en los comicios de noviembre, sus adversarios creen que buscará un cuarto mandato consecutivo.

La familia Chamorro

Chamorro de 67 años, nació en el seno de una familia propietaria de medios de comunicación y con una amplia trayectoria política. Hija del reconocido periodista y exdirector del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, meses antes del triunfo del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN). La madre de Cristiana, Violeta Barrios de Chamorro, venció a Daniel Ortega en las elecciones de 1990 y fue presidenta de Nicaragua hasta 1997. Durante el gobierno de Violeta Barrios, su hija, Cristiana Chamorro se encargó de las tareas de comunicación y relaciones públicas del Ejecutivo y también estuvo al frente del diario La Prensa.

04 de junio de 2021

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Hong Kong: "Pero yo opté por vivir en la verdad"

Declaración ante el tribunal del dirigente sindical encarcelado en Hong Kong, Lee Cheuk-yan. Transcribimos el texto completo de la declaración que presentó Lee Cheuk-yan ante el tribunal el lunes 24 de mayo, en el juicio en su contra relacionado con la concentración no autorizada del 1 de octubre de 2019. El veredicto será pronunciado este viernes 28 de mayo. Anteriormente, Lee había sido condenado a 14 meses por otros dos cargos.

Su Señoría,

Es bien sabido, y su Señoría lo ha dejado claro, que una decisión de condena o sentencia debe basarse en la ley y no en la política. Sin embargo, deseo hacer las siguientes observaciones para ayudar a este Honorable Tribunal a entender las convicciones políticas que subyacen a los acontecimientos en este caso, que yo calificaría como una protesta pacífica realizada el 1 de octubre de 2019.

En 1975 fui admitido en el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Hong Kong. Al igual que muchos estudiantes universitarios de mi generación, fui profundamente influenciado por el movimiento estudiantil de aquella época que proclamaba "Conoce la China y preocúpate por la sociedad". Ahí empecé a pensar en mi responsabilidad con la sociedad y con mi país.

Todavía recuerdo una de las propuestas de entonces: "¿Qué futuro para la China?" Esa pregunta dio lugar a un sinnúmero de reflexiones a lo largo de los años y sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Sembró la semilla de mis 40 años de compromiso con la búsqueda de un proyecto para la China.

Una vez que obtuve mi diploma, me comprometí con el movimiento obrero y democrático y con las campañas a favor de los derechos humanos en China. Estoy firmemente convencido de que la reforma democrática es la respuesta a la interrogante sobre el futuro de la China.

El movimiento cívico chino de 1989, en particular, cambió mi vida. Al principio, participé en la movilización por el apoyo de Hong Kong al movimiento y ayudé a fundar la Alianza de Hong Kong para el Apoyo a los Movimientos Patrióticos Democráticos de China (HKA).

Luego, el 30 de mayo de 1989, llevé a Pekín algunas de las donaciones recogidas por el HKA, a la plaza de Tiananmen, donde pude encontrar a los estudiantes, trabajadores e intelectuales del movimiento.

La noche de los sucesos del 4 de junio, me dijeron que me fuera porque había rumores sobre una evacuación de la plaza de Tiananmen por parte del ejército.

Desde mi hotel, durante toda la noche, oí disparos. Vi cómo los tanques entraban en la plaza de Tiananmen a primera hora de la mañana y vi también cómo los triciclos pasaban sin descanso delante de mi hotel, en la avenida Chang'an, cargando muertos y heridos. El 5 de junio de 1989 me arrestaron y me encarcelaron. Los siguientes tres días fueron los más espantosos de mi vida.

Pero afortunadamente, llegaron algunos hongkoneses [para obtener mi libertad] y pude volver a Hong Kong el 8 de junio de 1989. Mi optimismo y mi esperanza de una China democrática se convirtió de pronto en desesperación. Creo que muchos chinos y hongkoneses de aquella época compartían mis sentimientos, pero no claudicamos. Luchamos contra viento y marea con la esperanza de una China libre y democrática.

Desde entonces, cada 1° de octubre, día de la fiesta nacional china [1-10-1949, creación de la República Popular China, ndt], no ha sido organizada ninguna fiesta oficial, pero expresamos nuestro dolor ante la tragedia nacional.

El 1 de octubre de 2019, efectuamos los mismos rituales de siempre en las calles, levantando las mismas exigencias de que las víctimas de los acontecimientos del 4 de junio de 1989 sean vengadas, y llamamos a la instauración de la democracia.

Su Señoría, durante más de 40 años, he luchado por una reforma democrática en China. Es un amor con el corazón desgarrado, un amor no correspondido.

Recuerdo una dolorosa cita de Bai Hua, un escritor emblemático de aquella época de la "literatura de las cicatrices" en China: "Amas a tu país, pero ¿tu país te ama a ti?".

Recientemente, el término "patriota" ha sido profusamente discutido en Hong Kong, y el gobierno chino propugna la "dominación de Hong Kong por los patriotas". Pero, ¿quién es un verdadero patriota? Si el amor a la patria significara el amor al Partido Comunista Chino (PCC), la respuesta sería mucho más fácil porque los principios políticos del PCC implican una obediencia absoluta. Hay un famoso dicho que dice que apoyar al PCC significa "aplicar cuando se entiende, aplicar cuando no se entiende, y entender a fondo cuando se aplica", y creo que eso lo explica todo.

Sin embargo, opté por vivir en la verdad y por pensar como pienso. Según mi propia definición, el patriotismo consiste en amar a su pueblo. La función del Estado ha de ser la de proteger la libertad y la dignidad de sus ciudadanos, pero no la de controlar sus conciencias y su comportamiento.

Su Señoría, elegí el camino de la democracia. Durante todos estos años he manifestado en la calle y siempre me he mantenido fiel a mis ideas y a mi compromiso inicial.

Traducción de Ruben Navarro para Correspondencia de Prensa

secretario general de la Confederación sindical de Hong Kong HKCTU https://en.hkctu.org.hk/

Por Lee Cheuk-yan 

30/05/2021

Fuente:

A l'encontre, 27 de mayo 2021

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La FLIP ha registrado 165 violaciones a la libertad de prensa en casi 30 días de Paro Nacional

Estos hechos han dejado 186 víctimas de los que se destacan: 59 agresiones físicas; 31 amenazas; y 6 detenciones ilegales.

El próximo 28 de mayo, se cumple un mes desde el inicio de uno de los paros nacionales más controversiales de los últimos años. Treinta días donde los ciudadanos han salido a la calle para expresar su inconformidad con el Gobierno nacional; donde la protesta pacífica se ha visto afectada por actos de violencia que no solo han afectado a civiles o a la fuerza pública sino también a quienes se encargan de llevar la información a los hogares del país: los periodistas.

“Estos 28 días de paro nacional se han convertido en el periodo de cubrimiento de manifestaciones más violento para la prensa y ha transcurrido en medio de estigmatizaciones y agresiones por parte de miembros de la fuerza pública y bajo un silencio total del gobierno y las autoridades”, dijo la Fundación para la Libertad de Prensa en su más reciente informe, publicado este miércoles.

En este periodo, la FLIP ha registrado 165 violaciones a la libertad de prensa que han dejado 186 víctimas. Dentro de los hechos más graves se destacan: 59 agresiones físicas; 31 amenazas; y 6 detenciones ilegales. En este contexto, las mujeres periodistas han sido víctimas de 30 agresiones, entre las que se encuentran las agresiones físicas (10), el robo o eliminación del material periodístico (5), las detenciones ilegales (3) y las amenazas (4).

De acuerdo con la Fundación, uno de los aspectos más preocupantes es que el agresor más frecuente ha sido la fuerza pública, pues se registra un total de 87 ataques.

“Es decir, el 52 % de las agresiones fueron cometidas por uniformados, quienes han intimidado, amenazado, agredido, obstruido y estigmatizado a los y las periodistas. También preocupan los 55 ataques cometidos por ciudadanos particulares que intentan censurar y obstruir el trabajo de las y los periodistas”, explicaron.

Según la Flip, en este mes se ha duplicado la cifra de agresiones registradas desde hace dos años contra las y los periodistas durante el cubrimiento de manifestaciones sociales, pues en el paro agrario de 2013, que duró 25 días, se registraron 24 agresiones y en el paro nacional de 2019, de 40 días, documentaron 76 ataques a la prensa.

Fuerza pública: principales actores de violencia contra periodistas

“Miembros de la Policía Nacional, y especialmente del Esmad, han atacado constantemente a periodistas que cubren las manifestaciones sociales y que muchas veces registran casos de abuso de fuerza. En la documentación de los 87 casos, desde la FLIP hemos identificado una serie de patrones dentro de los distintos tipos de agresiones documentadas que dan cuenta de que dichas agresiones han tenido como finalidad atentar contra la libertad de prensa”, expresó la entidad.

Para la fundación se destacan los disparos directos, las agresiones con gases lacrimógenos, los golpes con elementos como escudos o bolillos, los ataques con taser, y los golpes como patadas y puños.

En su pronunciamiento la Flip pone el ejemplo de tres agresiones a periodistas independientes en Medellín quienes manifestaron haber sido atacados con cápsulas de gases lacrimógenos, piedras y haber sido pateados por parte de miembros del Esmad.

Igualmente, señalaron que miembros de la Policía Nacional “también han deslegitimado la labor periodística y estigmatizado a las y los reporteros. Las y los comunicadores han manifestado que los han señalado de ser infiltrados y hacer parte de grupos armados”.

Cabe recordar que el pasado 25 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado en el que afirma que junto a su Relatoría de Libertad de Expresión han “observado un clima de creciente hostilidad y violencia hacia la prensa en el contexto de las manifestaciones sociales, documentando agresiones, amenazas e intimidaciones, además de ataques a instalaciones de medios de comunicación”. Además, recuerdan que las autoridades deben brindar protección a las y los periodistas que informan sobre lo que sucede en las protestas.

Manifestantes también agreden y obstruyen el trabajo de la prensa

“Durante este mes, en la FLIP hemos registrado 55 ataques a periodistas por parte de particulares que participan en las manifestaciones sociales. Dentro de estos ataques hay 15 amenazas, 9 agresiones físicas y 2 daños a la infraestructura de medios”, se lee en el pronunciamiento de la entidad.

De acuerdo con la Fundación, entre el 9 y el 11 de mayo, cinco periodistas fueron amenazados por personas que se encontraban en la jornada de manifestación en la ciudad de Cali. Uno de los periodistas tuvo que salir de emergencia del lugar y denunció seguimientos posteriores.

“La labor de la prensa, el libre flujo y la pluralidad de la información son sumamente importantes para que la ciudadanía pueda conocer los hechos de las manifestaciones y con ello ejercer un control sobre las instituciones del Estado y tomar decisiones informadas”, expresaron.

Finalmente, en el informe publicado por la Flip se leen algunas solicitudes que han generado debido a las tasas de violencia contra la prensa nacional durante las manifestaciones.

La primera de estas es directamente al presidente Iván Duque a quien le piden “que rechace públicamente la violencia contra la prensa y a que envíe un mensaje de cero tolerancia a los ataques por parte de miembros de la fuerza pública”.

Igualmente, s las autoridades nacionales y locales les solicitan que respalden el trabajo de las y los periodistas que informan a la ciudadanía sobre asuntos de interés público. “Al Ministerio de Defensa a que no estigmatice la labor de la prensa y de las personas que usan las redes sociales para informar sobre el Paro Nacional”.

Así mismo, piden a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía a que asuma las investigaciones de las agresiones por parte de miembros de la fuerza pública y servidores públicos, y que sancione a los responsables.

Finalmente, solicitan a los convocantes del paro a que rechacen públicamente todo tipo de agresiones contra la prensa y así prevenir futuras agresiones.

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Supermercado del grupo Éxito funciona como centro de represión ilegal en Cali

La denuncia se conoció por vecinos y periodistas. Denuncian la colaboración con la policía para realizar detenciones ilegales.

Begonia D.Corresponsal en Bogotá

Sábado 22 de mayo | 16:28

El grupo Éxito es una empresa de origen colombiano con presencia en varios países de Latinoamérica, hoy su mayor propietario es el grupo francés Casino y el grupo empresarial antioqueño. El grupo es líder en el sector del retail en Colombia, con las marcas Éxito, Carulla, Super Inter, Surtimax, Surtimayorista y con su marca de centros comerciales Viva. También tiene presencia en Uruguay con las marcas Grupo Disco y Grupo Devoto, y en Argentina con los hipermercados Libertad.

La empresa quedó relacionada con la brutal represión a las protestas que se está viviendo en el país. En el marco del Paro Nacional el 19 y 20 de mayo, producto de las denuncias de los vecinos del almacén Éxito Calipso en la ciudad de Cali, se supo que manifestantes fueron detenidos en el interior del almacén, los vecinos denunciaron que escucharon gritos de auxilio, además de ver salida y entrada de camiones de basura y otros vehículos.

Grupos de manifestantes, en especial de la “primera línea” de Cali y junto a periodistas hicieron presencia en el lugar y por medio de videos se demostró que tanto en la zona de máquinas, ropa y cuartos fríos se encontraban rastros de sangre, al igual que en banco AV Villas.

La policía que se hallaba en el lugar impidió durante el día la entrada de periodistas y derechos humanos, se cree que con intensión de borrar las evidencias pues se encontró además de rastros de sangre, jabón y aceite derramado. Durante la noche del 20 de mayo las personas que asistieron al lugar resaltaron la falta de placas de los camiones en los que se desplazaba la policía y policías de civil manejándolos. Hasta la media noche del día 20 de mayo no había aun presencia del CTI de la Fiscalía.

La presión de los vecinos y manifestantes ante lo que ocurría en el lugar llevó a que delegados de la alcaldía de Cali se hicieran presentes en el almacén Éxito de Calipso, la funcionaria que atendió el requerimiento se limitó a levantar un acta y a decir que los hechos serán materia de investigación pues además de las denuncias la policía y el ESMAD (grupo antimotines de la policía) hacia presencia poco usual en el sector.

Los hechos recuerdan los peores años de complicidad empresarial con la represión estatal contra las protestas. En nuestro continente muchas veces poderosas patronales han colaborado con la represión, incluso prestando sus instalaciones como se demostró con la automotriz Ford en tiempos de la dictadura militar argentina, para torturar y desaparecer, propio de la alianza perversa contra los trabajadores y el pueblo que sale a defender sus derechos.

La ONG Temblores informa que al día 21 de mayo se registran 2.905 casos de abuso policial, 855 víctimas de violencia física por parte de la policía, 43 víctimas de violencia homicida presuntamente a manos de la policía, esto sin tener en cuenta los cuerpos desmembrados que están apareciendo en el río Cauca y en el sur de Bogotá que son materia de investigación; 1,264 detenciones arbitrarias, de las que se tienen conocimiento traslados y obstaculización del debido proceso; 575 intervenciones arbitrarias por parte de la policía, 39 víctimas de agresiones en los ojos y 21 víctimas de violencia sexual.

De acuerdo con el aumento de las cifras registradas por la ONG Temblores, es evidente que la represión por parte del gobierno de Duque aumenta tras la resistencia del pueblo colombiano en búsqueda de hacer retroceder las marchas, bloqueos, expresiones artísticas, entre otras expresiones presentes en el Paro Nacional. Y también es evidente que el grupo Éxito colabora con la represión prestando sus instalaciones al gobierno en el intento por amedrentar a los manifestantes.

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Lucas Villa se convirtió en un caso emblemático de la represión en Colombia

 

 "Nos están matando en Colombia", vociferaba Lucas Villa en las manifestaciones pacíficas del pasado miércoles en la ciudad colombiana de Pereira, poco antes de que varias personas dispararan contra la protesta. Al estudiante de 37 años, que recibió ocho disparos, le diagnosticaron hoy muerte cerebral.

Villa permaneció en estado crítico en el Hospital Universitario San Jorge, en esta ciudad del oeste del país, y se convirtió en la imagen de las agresiones letales que han sufrido los protestantes pacíficos de las movilizaciones que comenzaron el pasado 28 de abril contra el gobierno del presidente Iván Duque.

"Lamentamos informar que no obstante a la atención especializada brindada durante estos días en nuestra UCI el paciente no presentó ninguna respuesta neurológica posterior a suspender la sedación y el estudio imaginológico es concordante con isquemia cerebral global", declaró este lunes a medios el gerente del hospital Juan Carlos Restrepo.

Agregó que "es así, como al paciente en razón a su estado clínico, se le diagnostica muerte encefálica" y que tras el diagnóstico "lo que viene será que su corazón deje de latir en un par de horas".

Villa era estudiante universitario de Ciencias del Deporte y participó de manera activa en las protestas de los últimos días, coreando eslóganes de forma pacífica, bailando y motivando al resto de sus compañeros para protestar contra la reforma tributaria, primero, y la brutalidad policial y otras políticas gubernamentales una vez que esta fue retirada por el Gobierno.

El joven se encontraba, junto a otros manifestantes, protestando de forma pacífica en el viaducto que comunica en Pereira, capital del departamento de Risaralda, con la vecina Dosquebradas, cuando personas vestidas de civil en una moto abrieron fuego hiriendo de gravedad a dos personas, a Villa y a Andrés Clavijo, quien despertó este fin de semana en el hospital, y a una más en la pierna.

Su voz, con la que invitaba a manifestarse de manera pacífica, y la alegría con la que se le vio horas antes de ser atacado, impulsaron nuevas movilizaciones contra la violencia de la que han sido víctimas cientos de protestantes.

Su nombre fue enarbolado por miles de colombianos que conservaban la esperanza de que Villa se recuperara y que a través del arte pidieron justicia para que atentados como los que sufrió no se repitan en el país.

En algunos videos grabados antes del ataque, se ve a Lucas bailando en las calles, saludando a agentes de la Policía y vociferando mensajes de paz y armonía.

En varias partes del país han surgido múltiples denuncias de intimidaciones a manifestantes por parte de hombres armados supuestamente opuestos al vandalismo y en algunos casos los protestantes han sido incluso atacados a tiros desde vehículos de alta gama, como ocurrió con Villa.

Hace tres días también falleció Héctor Fabio Morales, un joven de 24 años quien fue atacado con arma de fuego en la cabeza, tórax y piernas por supuestos civiles durante las protestas del viernes en Pereira.

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