Sábado, 19 Septiembre 2020 05:29

Apoyo condicionado

Apoyo condicionado

Pese a las manifestaciones multitudinarias en su contra, el gobernante de Bielorrusia, Aleksandr Luka-shenko, se aferra al poder por tres razones: el carácter eminentemente pacífico de las protestas, el control absoluto sobre la policía y el ejército, y el apoyo que le brinda el Kremlin como mejor opción, en estos tiempos revueltos, al considerar al vecino país pieza clave para la seguridad nacional de Rusia.

Si no se produce un baño de sangre –el cual no garantiza a nadie que la balanza se incline hacia su lado, además del elevado costo que tendría– Lukashenko podrá seguir gobernando sin legitimidad, repudiado por cientos de miles de compatriotas que cada domingo salen a la calle y con el silencio cómplice de los empleados y trabajadores del sector público, cuyo salario depende de su fidelidad.

En ese contexto, teniendo en cuenta que la economía de Bielorrusia dista de ser el modelo exitoso que pregona el gobierno de Minsk y que Lukashenko necesita dinero que ya no puede obtener de Occidente para comprar la lealtad de la policía y el ejército, mantener a flote las empresas públicas y pagar los 300 millones de dólares que adeuda por combustibles rusos, el crédito por mil 500 millones de dólares anunciado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, resulta esencial para la supervivencia política de su colega bielorruso en el corto plazo.

Importa no tanto qué prometió Lukashenko –en su encuentro a puerta cerrada con Putin en Sochi– a cambio de esa tabla de salvación, sino cuánto podrá cumplir, acostumbrado a ofrecer una subordinación que nunca se concreta en hechos y que ya colmó la paciencia de Putin.

El apoyo de Rusia depende de las concesiones –desde formar una confederación en que Bielorrusia tendría un papel secundario, no mayor al de cualquier región de Rusia hasta entregar a potentados rusos las grandes corporaciones públicas mediante privatizaciones amañadas– que exige el Kremlin y que difícilmente Lukashenko esté dispuesto a hacer.

Cuando quede claro que de nuevo las expectativas acabarán en nada, Putin va a incrementar su presión sobre Lukashenko para que acepte una salida decorosa mediante una reforma constitucional que satisfaga a la oposición y convoque nuevas elecciones. Mientras, habrá que ver qué pasa mañana domingo en Minsk y otras ciudades de Bielorrusia.

 

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A 40 años del atentado que terminó con Somoza

El ataque realizado por una célula del ERP acabó con la vida del dictador nicaragüense

El 17 de septiembre de 1980 Anastasio Somoza Debayle encontró la muerte en el Paraguay de Alfredo Stroessner sobre la avenida Generalísimo Franco. Los tres dictadores quedaron unidos en el tiempo. 

 

El 17 de septiembre de 1980 el nicaragüense Anastasio Somoza Debayle encontró la muerte en el Paraguay de Alfredo Stroessner sobre la avenida Generalísimo Franco. Los tres dictadores quedaron unidos en tiempo y espacio por un atentado cometido hace 40 años que sacudió al mundo. La operación Reptil acabó con la vida del último tirano de una dinastía que había comenzado en 1937 su padre, Anastasio Somoza García, en la tierra de los poetas Rubén Darío y Ernesto Cardenal. La autopsia determinó que tenía 25 orificios de bala en el cuerpo, un cuerpo calcinado por un lanzacohetes RPG-2 que falló al primer tiro pero no al segundo arrojado sobre el Mercedes Benz blanco donde viajaba. Dos argentinos protagonizaron la acción: Enrique Gorriarán Merlo vació el cargador de su fusil de asalto M-19 sobre el parabrisas y su compañero del ERP, Hugo Irurzun, el capitán Santiago, completó la faena con el disparo que hizo explotar el auto. El primero consiguió escapar y contó años después que el asesinato de Tachito – apodo por el cual se conocía al menor de los Somoza – se había empezado a planificar en el restorán Los Gauchos de Managua, que todavía existe. La historia dice que cuando unos periodistas le preguntaron al comandante sandinista Tomás Borge si sabía quiénes habían sido los autores del ataque respondió: “Fuenteovejuna”.

Ese miércoles 17 a las 9.55 de la mañana, el grupo comando de siete guerrilleros – cuatro hombres y tres mujeres - fue por su objetivo. El plan para matar a Somoza había llevado casi un año de preparación. La primera célula ingresó a Paraguay desde Brasil. Las armas se cruzaron en una embarcación desde la Argentina. Ya en Asunción, se estudió cómo hacer la operación que cerca estuvo de levantarse porque le perdieron el rastro al blanco. El huésped de Stroessner había dejado por un tiempo de hacer su trayecto habitual. No aparecía en el radar de sus ejecutores.

Los integrantes del ERP liderados por Gorriarán pudieron seguir con precisión los movimientos del dictador cuando uno de ellos, camuflado como canillita, alquiló una parada de diarios en la esquina de las avenidas Generalísimo Franco y Santísimo Sacramento. Muy cerca de la vivienda desde la que Somoza, su chofer nicaragüense César Gallardo y su asesor financiero, el italo-estadounidense Joseph Jou Baittiner, salieron aquel día a bordo del Mercedes Benz custodiados por un auto de la policía. Ninguno de los tres sobreviviría al ataque sincronizado.

En la logística del operativo también resultó clave otra situación. Los guerrilleros alquilaron una vivienda vecina a la de Tachito bajo un ardid de comedia. Le explicaron al dueño de la propiedad –un ingeniero llamado Luis Alberto Montero – que eran representantes del cantante Julio Iglesias y que el verdadero locador era él. Adujeron que el español planeaba filmar una película en Paraguay y hacer una serie de recitales y con esa zanahoria pidieron anonimato absoluto para su representado. Una ficción que les dio resultado pero que mandó al propietario a la cárcel por un tiempo. La historia fue investigada por la periodista nicaragüense Mónica Zub Centeno para su libro Somoza en Paraguay. Vida y muerte de un dictador, publicado en 2016.

Cuando el Mercedes Benz patente 177561 iba por la avenida Generalísimo Franco – hoy España – un Jeep Cherokee que conducía Roberto Sánchez, uno de los guerrilleros, se le cruzó de golpe a una combi que antecedía al auto donde iba Somoza. Armando, tal su nombre de guerra, moriría en el ataque al cuartel de La Tablada en febrero de 1989. Su maniobra fue suficiente para que el objetivo frenara y quedara en la línea de fuego del lanzacohetes de Irurzun. El primer disparo no salió. Pero sí todos los tiros con los que Gorriarán ejecutó a Somoza y su reducida comitiva antes de que reaccionara la custodia que venía detrás. El segundo proyectil del RPG-2 que portaba el capitán Santiago sobre uno de sus hombros completó la tarea. El chofer voló fuera del vehículo y cayó a varios metros sobre el asfalto según las crónicas periodísticas.

Angel Bogado, reportero gráfico del desaparecido diario paraguayo Hoy, fue uno de los primeros en llegar al lugar. En aquel momento contó: “Recuerdo que todavía salía humo del cuerpo de Somoza, tipo vapor, por el tema de las balas que recibió. Él y su acompañante estaban como agachados, como metiendo la cabeza entre las piernas”. Años más tarde, Gorriarán comentó el episodio en un programa de TV: “La explosión fue impresionante. Pudimos ver el auto totalmente destrozado y la custodia escondida detrás de un murito de la casa de al lado. Ya no tiraban más”.

El único guerrillero que no pudo escapar al operativo cerrojo montado minutos después para dar con el comando fue el santiagueño Irurzun. Flaco, muy alto – medía más de 1,90- no pasaba inadvertido. Había combatido en el monte tucumano durante el Operativo Independencia y en Nicaragua con los sandinistas. Después del ataque regresó a un departamento en el popular barrio San Vicente. La versión oficial sobre su destino fue que murió enfrentándose a la policía. Con los años se comprobó que había sido torturado y su cuerpo desaparecido. En 2007 se realizó una exhumación de restos en el cementerio de Asunción que no arrojó resultados positivos. En su ciudad natal de La Banda, en Santiago del Estero, se lo recuerda desde 2015 con un pequeño monumento en una plaza.

El cuerpo irreconocible de Somoza no fue fácil de identificar. Su amante nicaraguense, Dinorah Sampson Moganam, lo había acompañado hasta Paraguay y no podía creer lo que veía. Esta mujer de 73 años que llevó una vida fastuosa durante su relación con el dictador se instaló en Miami en 1981. Lo había conocido en un velorio en 1962 y desde entonces nunca volvió a separarse de él hasta su muerte.

La herencia que dejó el último de los Somoza en Nicaragua fue demoledora: unos 50 mil muertos, la mayoría entre la población civil, casi el doble de heridos, unos 40 mil huérfanos y alrededor de 150 mil desplazados hacia los países vecinos de Honduras y Costa Rica. Stroessner le concedió el status de residente temporal cuando huyó. Los dos tiranos coincidieron apenas casi un año en Asunción y se vieron muy poco. Tachito alcanzó a invertir una parte de su fortuna – estimada en 6 mil millones de dólares -en el Chaco paraguayo a donde llegó el 19 de agosto de 1979. Un mes antes se había producido la entrada triunfante en Managua de los revolucionarios sandinistas. El dictador buscó refugio en varios países hasta que lo encontró en Asunción. Diez años después de la huída de Somoza de su país, del que se escapó llevándose hasta sus loros, al dictador que lo recibió le llegaría su propio final. Stroessner fue derrocado por uno de sus generales, su consuegro Andrés Rodríguez. A diferencia del  nicaragüense llegó a la vejez, se mudó a Brasil y murió a los 93 años en 2006 sin que nadie lo molestara.

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París: hubo detenidos e incidentes en la protesta de Chalecos Amarillos

Los manifestantes volvieron a las calles francesas

Las fuerzas de seguridad reprimieron con gases lacrimógenos a los presentes.  

 

Al menos 193 personas fueron detenidas en una protesta de los "chalecos amarillos" para exigir cambios en el sistema político francés de Emmanuel Macron, en lo que fue la primera manifestación tras el parate por las restricciones de la pandemia y el receso de verano.

Las fuerzas de seguridad reprimieron con gases lacrimógenos a los manifestantes que incendiaron mobiliario urbano para dificultar el paso de los vehículos en el noroeste de París. Antes del comienzo de la movilización en el centro de la Ciudad Luz, los uniformados habían detenido a 154 manifestantes.

Las detenciones se debieron sobre todo a la requisa de objetos peligrosos, como martillos, destornilladores, palos de metal y barras de madera, pero también botellas de alcohol y caretas, según varias fotos compartidas por la Prefectura de Policía de la capital en Twitter.

La intención de las autoridades era evitar que la movilización ingresara a la zona de los Campos Elíseos, donde preveían destrozos a los locales de la reconocida avenida parisina. La Policía, que realizó un fuerte operativo, publicó en redes sociales fotografías de cuchillos, máscaras y un arco incautados a los manifestantes.

Los chalecos amarillos, surgidos en el otoño de 2018 tras el aumento a los impuestos a los combustibles, denuncian que "las injusticias sociales y fiscales no dejan de crecer" en Francia. Con el correr de los días y la violencia que se desató en las protestas, fue virando hacia un movimiento más amplio de rechazo a las políticas de Macron.

En respuesta, el mandatario anunció un paquete de medidas con un costo de más de 10.000 millones de euros con el objetivo de cumplir algunas de las demandas de los chalecos amarillos, como aumentar el salario mínimo y reducir los impuestos a los jubilados.

El líder opositor de izquierda Jean-Luc Mélenchon felicitó a "los insumisos presentes en la manifestación de los chalecos amarillos", en un mensaje en Twitter en el que apeló a la calma.

"Reforcemos el rechazo de la violencia porque el prefecto (de la Policía de París, Didier) Lallament está esperando que haya incidentes para lanzar la maquinaria de noquear y encarcelar. Que sea absolutamente pacífica", escribió el que fuera candidato presidencial en 2017 por el partido Francia Insumisa.

Las concentraciones se sucedieron en las principales ciudades del país, como Burdeos, Toulouse y Marsella, mientras en París varios miles de personas salieron a la calle en un contexto poco favorable a las multitudes por la fuerte circulación del coronavirus en Francia, donde ayer se registraron más de 9.000 contagios.

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Sábado, 12 Septiembre 2020 05:57

Fucik, la reivindicación de la militancia

Fucik, la reivindicación de la militancia

Periodista, asesinado por el nazismo, autor de "Reportaje al pie del Patíbulo"

“En el campo de concentración de Ravensbruck, mis compañeros de prisión me comunicaron que mi marido, Julius Fucik, había sido condenado a muerte el 25 de agosto de 1943 por el tribunal nazi de Berlín”, comienza su introducción a Reportaje al pie del patíbulo Gusta Fucikova, su esposa, que sobrevivió y fue liberada. Apenas volvió a Praga, Gusta comenzó a rastrear datos de lo que había sucedido con su marido, con quien había sido detenida en l942, poco después de la ocupación de Checoslovaquia. Ambos eran periodistas, escritores y comunistas. Fueron llevados a la prisión de Pankrac, dependiente de la Gestapo. Durante unos meses, se supieron bajo el mismo techo, pero perdieron contacto. Nunca se volvieron a ver.

Al principio, el hecho de saber que Gusta estaba allí, hacía a Fucik cantar todas las noches. La militancia partisana, habría de narrar ella luego, los había separado muchas veces. Eso los había vuelto “eternos amantes”. “En la celda 267 se canta”, había escrito Fucik en una de las hojas que, luego reunidas, armaron su libro Reportaje al pie del patíbulo. Fucik fue descripto como un hombre icónico del renacimiento checo. Dijo el crítico Ladislav Stoll: “Nunca jugaba el papel de un espíritu encerrado en sí mismo: estaba pletórico de alegría, de vitalidad. Amaba la vida como un niño, despreciaba la muerte como un hombre. Amaba a sus amigos y sus amigos eran todos aquellos que como él amaban al pueblo y a los hombres”.

Poco después del traslado de Gusta al campo polaco, cuando comenzaba a roer la soledad y la tortura a la que era sometido diariamente, Fucik recibió del guardia nazi que todos los días visitaba su celda, una hoja de papel que sacó de adentro de la solapa de su uniforme. Activista entrenado, el escritor sospechó. No hizo preguntas. Temía una trampa. Unos días después el guardia volvió a dejarle otra hoja. “Me dijeron que mañana seré fusilado“, tanteó Fucik. “¿Y está impresionado?”, le preguntó el guardia. “No, contaba con eso”, fue la respuesta. “Es posible que lo hagan. Si no mañana, otro día”, le dijo el guardia.“Por si acaso, por si usted quiere dejar un recado para alquien… No para ahora, ¿me comprende? Para el futuro”. El guardia nazi le extendió otra hoja y un lápiz. Fucik confirmó otra de sus sospechas: podía tratarse de un camarada. Luego llegó a saber también su nombre: era Adolf Kolinsky, un joven comunista checo que se había hecho pasar por alemán para infiltrarse en la cárcel de la Gestapo, recoger información y hacer lo que se pudiera para aliviar a los prisioneros. En el caso de Fucik, el alivio llegó con el papel y el lápiz.

Las hojas iban llegando despacio a lo largo del año en el que Fucik estuvo detenido en Pankrac, antes de ser trasladado a Berlín para un falso juicio. Con letra rápida, en líneas apretadas, Fucik pasó el tiempo reponiéndose de las heridas de la tortura y escribiendo cada noche en cada centímetro disponible (“¿Qué vendrá primero, la muerte del fascismo o mi propia muerte?” “He pensado siempre en lo triste que resulta ser el último soldado herido en el corazón por la última bala y en el último segundo. Pero alguien tiene que ser el último. Si supiera que puedo ser yo, querría serlo, aún ahora”). Stalingrado ya había sido recuperada por los rusos, de modo que era pertinente la pregunta. Pero fue en ese último estertor nazi que se decidió su juicio sumario en Berlín, el 25 de agosto.

Mientras tanto, él no había parado de escribir. Las hojas manuscritas y escritas casi sin luz eran sacadas de la cárcel por Kolinsky y desparramadas por diferentes casas de la resistencia de Praga, “para el futuro”, como habían convenido. Fucik, que esperaba morir en la horca, finalmente fue condenado al hacha y fue decapitado después de haber asumido en el juicio su identidad comunista y de ponerse a cantar La Internacional. Fue hacia su muerte el 8 de septiembre de l943, cantando, y cuando su cabeza rodó, otros prisioneros cantaron por él.

Cuando poco después Gusta fue liberada y comenzó a intentar reconstruir qué había pasado con Julius, rápidamente encontró a Kolinsky y con su ayuda fue recibiendo de decenas de distintas direcciones, las hojas en las que él había dejado una obra, cuyo génesis la hace una obra colectiva. No eran notas aisladas, sino una narrativa vibrante y sangrante que reflejaba su perspectiva, el clima de la cárcel, las reflexiones políticas que le sobrevinieron en el último y terrible año de su vida, que terminó a los 40 años. Gusta las reunió -eran 167 en total – y las editó, y poco después fue conocida la primera versión de Reportaje al pie del patíbulo, traducido luego a más de treinta idiomas y un clásico del siglo XX que Fucik dejó “para el futuro”, que es hoy.

Hace 60 años, en muchos países, es el 8 de septiembre el Día del Periodista, para recordar el ejercicio de testimonio al que Fucik no renunció aún en circunstancias en las que ya no le quedaban fuerzas después del ensañamiento de la tortura. La maquinaria mediática posterior ha suprimido o demonizado la figura del periodista militante, asociándolo con la distorsión de la verdad, cuando no sólo Fucik sino muchos otros, como los periodistas desaparecidos en la Argentina, como Rodolfo Walsh, dijeron la verdad cuando todos los demás callaban.

La página más visitada de su libro es la que resume ese espíritu vital, obstinado en el deber de la lucha, en la entrega y en el ánimo combatiente que requirieron esos tiempos horribles: “Y lo repito una vez más: he vivido por la alegría. Por la alegría he ido al combate y por la alegría muero. Que la tristeza no sea nunca unida a mi nombre”.

En tiempos de vorágines de odio, como aquellos, vale además su final, su manifiesto, su decisión indeclinable: “También mi juego se aproxima a su fin. No puedo describirlo. No lo conozco. Ya no es un juego. Es la vida. Y en la vida no hay espectadores. El telón se levanta. Hombres: yo los amé. ¡Estén alertas!”

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Los chalecos amarillos llaman a retomar las calles ante la crisis en Francia

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

 

En un contexto marcado por un desastre social sin precedentes, los chalecos amarillos están pidiendo que la gente salga a las calles ante la crisis. Para el 12 de septiembre, junto con el regreso de las vacaciones, varios colectivos que integran el movimiento están pidiendo salir a las calles por un “retorno a las bases” de sus demandas.

 

 Los chalecos amarillos de Francia piden un "retorno a las bases", en referencia a los métodos y las demandas que impulsaron el movimiento disparado por la crisis económica. La convocatoria promovida por Jérôme Rodrigues, figura del movimiento, para salir a las calles el 12 de septiembre se publicó a principios de agosto y rápidamente se unieron a muchos colectivos de chalecos amarillos de toda Francia.

En ese momento, Jérôme Rodrigues pidió un retorno a las fuentes, no sólo volviendo a los Campos Elíseos, escenario de los primeros actos masivos del movimiento, sino también recordando sus demandas. Entrevistado por RT France, el referente de los chalecos amarillos recordó los grandes ejes programáticos del movimiento en torno a "una vida mejor, una democracia directa y participativa, el fin de los privilegios de nuestros gobernantes y en contra de la violencia policial".

Esta movilización se producirá en un contexto social explosivo, marcado por una profunda crisis económica y el ataque directo a las condiciones laborales de muchos trabajadores. “Hay una ola de despidos, 700.000 jóvenes que llegan a un mercado laboral casi inexistente. (…) El descontento y la rabia que veremos en septiembre no será sólo de los chalecos amarillos: será de todos los ciudadanos”, dijo Rodrigues. "Estamos aquí para restaurar no la economía de Francia, sino la economía de nuestras casas. Porque los que hacemos vivir a Francia somos nosotros, los Chalecos Amarillos, los ciudadanos enojados, los que trabajan todos los días, los que dieron la vida durante la pandemia de coronavirus”, señaló durante un vivo de Facebook.

Para los chalecos amarillos, esta fecha es una oportunidad para salir a la calle de forma visible. El movimiento ha ido evolucionado en sus formas tras el primer aniversario de su existencia en noviembre de 2019. Si las manifestaciones de los sábados fueron mucho más pequeñas en 2020, incluso en París, esto no impidió que los chalecos amarillos estuvieran presentes en los piquetes y en las manifestaciones del movimiento contra la reforma previsional, sino también que hayan influido en este movimiento mediante sus métodos. Esta primera fecha de movilización, el próximo sábado, servirá también de puntapié inicial para el “retorno social” luego de las vacaciones.

La cuestión de la unidad surge de manera contundente

Ante un regreso marcado por la crisis sanitaria y económica, la cuestión de la unidad es un tema importante para las próximas movilizaciones. Consultado por RT France sobre la cuestión de la "convergencia", Jérôme Rodrigues volvió a llamar a todos los que luchan por otra sociedad y contra el Gobierno a "unirse". Un llamado que corresponde al estado de ánimo de todos los que participaron en las últimas movilizaciones.

En este sentido, podemos ver cierta confusión en el texto de la convocatoria de manifestaciones antirracistas, que que parte diciendo “¡No nos dividirás! El único racismo sistémico que existe en Francia es el del bloque de élite, de la burguesía, frente al resto de la población, de ‘los que no tienen nada’”. Esta formulación da la impresión de negar la existencia de un racismo sistémico en Francia, contra el que decenas de miles de jóvenes se levantaron en junio. Movilizaciones antirracistas en las que también han participado Jérôme Rodrigues y otros Chalecos Amarillos.

De hecho, los Chalecos Amarillos y los habitantes de los barrios obreros enfrentan los mismos problemas de precariedad y desempleo, como lo demostraron las convergencias logradas en 2018-2019, en particular con el Comité Adama (en referencia a Adama Touré, jóven afrodescenciente asesinada por la policía). Asimismo, la violencia policial que sobrevino al movimiento de los Chalecos Amarillos se despliega regularmente en los barrios obreros, un verdadero campo de pruebas para "mantener el orden" como lo fueron las colonias en su época.

Este tema es muy importante, en un momento en que, siguiendo los pasos de la extrema derecha, el Gobierno ha lanzado una ofensiva racista y de seguridad, tratando de polarizar el debate público sobre el tema de la inseguridad y contrarrestar la importante dinámica de movilización abierta contra el racismo y la violencia estatal a raíz de las revueltas en Estados Unidos. Una ola de movilización que ha puesto en primer plano el racismo de Estado, que ahora el Gobierno busca utilizar para dividir a la clase trabajadora. En este sentido, más que querer dejar de lado esta cuestión, la unidad implica por el contrario luchar y denunciar el racismo y la violencia policial que se despliegan a diario en los barrios obreros, señalando al enemigo común de quienes luchan contra el racismo, por unas condiciones de vida dignas y por otra sociedad.

La unificación de la bronca

De manera más amplia, este debate plantea la cuestión de la unidad de la bronca que se necesita para el regreso del período vacacional. De hecho, estará marcado por el desastre social generado por la crisis con la eliminación de 800.000 puestos de trabajo bajo el creciente número de Planes Sociales que indican el aumento de la pobreza, pero también los ataques a las condiciones laborales en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo. Ataques contra trabajadores llevados a cabo después de que el Gobierno anunciara un plan de $100 mil millones de euros dirigidos centralmente a grandes corporaciones.

En este contexto, un plan de lucha real será fundamental, para ir más allá de la simple jornada interprofesional [de distintos sectores laborales] llamada para el 17 de septiembre por los sindicatos. Este plan de lucha tendrá que articularse en torno a demandas que rechacen que los trabajadores y la mayoría de la población paguen la crisis. Un objetivo en linea con el de los chalecos amarillos. Como subraya Sabine, un chaleco amarillo entrevistado por el medio francés Slate“El descontento se ha ampliado con la exposición de las mentiras del Gobierno y sus aliados mediáticos, farmacéuticos o financieros, de su implacable criminalidad para seguir eliminando camas y saqueando nuestro sistema de salud. Y a pesar de las ganancias y los miles de millones otorgados a grandes grupos, ¡los despidos se han acelerado!".

Por tanto, un programa contra la crisis debería incluir el rechazo absoluto de los despidos y su prohibición, la nacionalización bajo el control de los trabajadores de las empresas amenazadas de cierre, el reparto del tiempo de trabajo como respuesta al desempleo que ya afecta a más de 6 millones de personas en Francia, pero también el fin de los contratos precarios que constituyen un método de ajuste de los empresarios ante la crisis. Un programa de este tipo, articulado con un plan de lucha para imponerlo en la calle y por la huelga, sería central para unificar a los Chalecos Amarillos y al movimiento obrero en torno a demandas comunes contra el Gobierno, pero también los grandes patrones que dictan a Macron su política económica. Finalmente, mientras Gérald Darmanin, Ministro del Interior, prepara una larga ofensiva racista con las fuerzas represivas, esta lucha tendrá que ir de la mano de una clara denuncia de la política gubernamental que intensificará la represión contra las clases populares y el racismo.

Si los chalecos amarillos continúan mostrando su aspiración a la unidad, las direcciones sindicales deberían como mínimo iniciar la ruptura del diálogo social. Desde el inicio de la crisis, el Gobierno ha tratado de recuperar el liderazgo del movimiento obrero aumentando el número de reuniones con las direcciones sindicales. Estas obviamente no permitieron obtener concesiones e incluso jugaron un papel traidor en un momento en que muchos sindicatos locales luchaban para cerrar sus negociaciones y obtener condiciones sanitarias dignas. En el mismo sentido, el “diálogo social” constituye un verdadero obstáculo para el surgimiento de demandas y un plan de lucha que esté a la altura, y por ende a la unidad de todos los sectores a los que el Gobierno pretende hacer pagar la crisis.

Por Paul Morao

Martes 8 de septiembre | 12:52

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Una milicia negra surge en reacción a los abusos policiales

En EE.UU., el grupo NFAC se moviliza contra la violencia de agentes y supremacistas blancos

Su líder, conocido como el Gran Maestro Jay, es un excandidato presidencial independiente en las elecciones de 2016, veterano de las fuerzas armadas y artista de hip hop. 

 

Tiene un nombre curioso para una milicia: Not fucking around Coalition (NFAC) que en castellano significa algo parecido a “Coalición No estamos jodiendo”. Surgió en Estados Unidos como un grupo de autodefensa negro entre tanto racismo desatado por la policía y los supremacistas blancos. Están armados como si fueran a la guerra y el 4 de julio – día de la independencia en EE.UU – se hicieron ver en un video que recorrió el mundo. No había sido la primera vez, pero resultó suficiente para que nadie les saliera al paso. Ni siquiera los encapuchados del Ku Klux Klan (KKK) que seguramente los vieron como intrusos en lo que consideran su propio reducto: el parque Stone Mountain cerca de Atlanta, Georgia. Los milicianos pedían la destrucción de un monumento ubicado en ese lugar que homenajea a tres confederados de pasado esclavista: Jefferson Davis, Robert E. Lee y Thomas Stonewall Jackson. Su líder es un excandidato a presidente que se postuló de manera independiente en las elecciones de 2016, veterano de las fuerzas armadas y artista de hip hop. Se llama John Fitzgerald Johnson aunque se lo conoce más como el Gran Maestro Jay.

Los integrantes de la NFAC ya anunciaron que seguirán marchando como lo hicieron el 12 de mayo por el asesinato de Ahmaud Arbery cerca de Brunswick, Georgia, a manos de un ex policía y su hijo. También se movilizaron el 25 de julio en Louisville, Kentucky, cuando protestaron por el crimen de Breonna Taylor, una trabajadora de la salud ejecutada en su propia casa durante un operativo policial. Los dos eran jóvenes afroamericanos. Como George Floyd y Jacob Blake, las últimas víctimas de la brutalidad en uniforme. El grupo miliciano “100 por ciento negro” como lo describe su referente y vocero Johnson tiene la cohesión de los militares. No en vano la mayoría pasó por las fuerzas armadas. Cuando desfilan lo hacen en formación cerrada.

En Estados Unidos se los asocia con las Panteras Negras, la organización socialista nacida en Oakland, California, en 1966, por la iniciativa de estudiantes universitarios. Como aquel grupo que fue influido por el ideario de Malcom X, la NFAC no solo se basa en la autodefensa de la comunidad afroamericana. Sus miembros exigen una reivindicación clave como el acceso a la tierra y un estado propio dentro de los EE.UU y solo para negros. Se declaran prisioneros políticos por ser descendientes de los esclavos y tienen en Johnson a un líder locuaz, decidido y que habla megáfono en mano en los actos donde la organización se mostró hasta ahora. En Louisville ya desfilaron un par de veces con su respetable poder de convocatoria. La coalición informó que en julio había movilizado a 3.500 militantes y los videos que pueden verse en youtube acreditan bastante esa cifra.

Vestidos completamente de negro, son hombres y mujeres camuflados con pasamontañas o pañuelos, llevan armas largas, usan porta balas, equipos de comunicación y algunos de sus miembros lucen máscaras antigas y binoculares. Un abundante equipo de combate que en Estados Unidos está permitido tener y portar al amparo de la Segunda Enmienda de la Constitución. Por eso cuando se movilizan en un país donde la violencia está institucionalizada, no llaman tanto la atención por su arsenal bélico. Pero sí porque se trata de afroamericanos armados. Un derecho que hasta pocos meses parecía que solo ejercían las milicias racistas blancas del KKK y sus derivados. Informaciones de la prensa mencionan que en Estados Unidos hay unos 1.300 movimientos de ultraderecha y a 2017 había 165 grupos de milicianos que pueblan su territorio. Una cifra que bien podría haberse incrementado por la tensión racial en ascenso de los últimos años.

La NFAC no se considera parte del Black Lives Matters que con su presencia diaria y multiracial se instaló este año en las calles de EE.UU. Pero si se observan con detenimiento los videos que produce, convive en armonía con la consigna que se instaló en la sociedad desde el asesinato de George Floyd en Minneapolis el 25 de mayo pasado. Cuando Johnson dio su discurso desde las escalinatas de un edificio ubicado en el Jefferson Square Park de Louisville, dijo que “la Not fucking around Coalition ha sido tergiversada por muchos en las redes sociales y demás, y estamos aquí para terminar con esas teorías”. Explicó que no se habían reunido ahí “para causar el caos porque hay rumores de que veníamos a cazar gente. Una vez más, simplemente estamos ejerciendo nuestros derechos constitucionales de reunirnos y portar armas”.

Johnson anunció el 15 de agosto que volverían a Louisville, el día en que se corre en la ciudad el famoso Derby de Kentucky. La convocatoria de la carrera de caballos fue la excusa para hacerle recordar al gobernador del estado, Andy Beshear, una promesa. Cuando dijo que el 5 de septiembre iba a quedar resuelto el asesinato de la enfermera Breonna Taylor. “Es bueno que el gobernador diga eso porque compartimos ese sentimiento también. Esperamos, tenemos esperanzas, de que eso es lo que va a suceder. Si no, también asistiremos al Derby de Kentucky” comentó el líder de la NFAC en un video. Cumplió su promesa y su organización se hizo presente para protestar el último sábado.

Algunas señales políticas de Johnson y su milicia están en su plataforma presidencial de 2016. Sobre el grave conflicto racial que atraviesa toda la historia de EE.UU sostiene: “Los Estados Unidos de América se han polarizado y paralizado en su esencia debido a su falta de voluntad para abordar el cáncer del racismo institucionalizado que ha habitado esta nación desde su nacimiento. Este cáncer se manifiesta de múltiples formas que afectan las funciones críticas de esta nación, desde la aplicación de la ley hasta el empleo. Impide que una nación que se decreta estar unida se convierta en todo lo contrario. ¡No debemos permitir que lo que hace grande a esta nación nos separe y es nuestra diversidad!”.

La propuesta política sugiere una reforma policial que contemple la creación de “una Fiscalía Federal Especial que reciba todos los casos a nivel nacional que involucran específicamente el uso de fuerza letal contra un ciudadano desarmado por un oficial de la ley”. Johnson y sus partidarios están a favor de asimilar a los inmigrantes que lleguen a EE.UU. Plantean una reforma fiscal con medidas para “exigir que las corporaciones ricas y grandes paguen su parte justa en impuestos”, la prohibición “de trasladar sus ganancias y empleos al extranjero para evitar pagar impuestos sobre la renta en Estados Unidos” y la implementación de “un impuesto al patrimonio del 0,3 por ciento de los estadounidenses que hereden más de 3,5 millones de dólares”.

Aquel candidato a presidente casi desconocido que solía aparecer de impecable traje y corbata entre 2015 y 2016 viste ahora en ropa de fajina como jefe del movimiento que se moviliza por las calles de Georgia y Kentucky. Su transformación es un símbolo del clima político-social violento e inestable que vive Estados Unidos.

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Domingo, 30 Agosto 2020 06:21

En suspenso

La Central Obrera Boliviana y otros movimientos sociales mantienen una huelga con bloqueo de caminos en contra de la presidenta interina, Jeanine Áñez, en El Alto, el 14 de agosto. Xinhua, Mateo Romay

Bolivia: tensión política y pandemia

 

Tras una nueva postergación de las elecciones, el gobierno de Jeanine Áñez debió enfrentar en las últimas semanas masivas movilizaciones obreras y campesinas, que bloquearon rutas y caminos y generaron graves disturbios en las principales ciudades del país. La medida, no obstante, hizo peligrar las chances del MAS de cara a las elecciones, cuando deberá enfrentarse a un oficialismo impopular y cercado por una grave crisis sanitaria y económica.

 

Una de las imágenes que más impactaron a la ciudadanía boliviana a inicios de agosto fue la de 28 bebés recién nacidos que necesitaban oxígeno medicinal. Este tardó en llegar debido al bloqueo de caminos y puso en riesgo la vida de los neonatos. La escena fue el resultado de una crisis política que, si bien se ha superado, dejó un conflicto latente. Durante 12 días, el bloqueo de caminos, protagonizado por las organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS) que cuestionaban el cambio de fecha de las elecciones nacionales, impidió el transporte de oxígeno de Santa Cruz al resto de las ciudades. Ahora, una vez levantada la medida, los dirigentes sociales denuncian ser objeto de una persecución que podría tensar la espera de los comicios, que ya fueron suspendidos tres veces.

 

TRANCAZOS Y PROTESTAS

 

La nueva postergación, hasta el 18 de octubre, de las elecciones nacionales por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) molestó a los sectores sociales afines al MAS, partido del expresidente Evo Morales. La medida unilateral del TSE, anunciada el 23 de julio, es considerada por ese sector de la oposición una forma de prorrogar el lapso del gobierno transitorio, que, tras los conflictos del año pasado, tenía la misión de pacificar el país y convocar a nuevos comicios, pero hasta el momento lleva en el poder más de nueve meses. Al igual que el primer aplazamiento de la fecha de elecciones (fijadas para el 3 de mayo y postergadas al comienzo de la epidemia para el 17 de ese mes) y el segundo (que las agendó para el 6 de setiembre), esta última postergación se debió, de acuerdo con el gobierno, al ascenso de los contagios de coronavirus. Durante la tercera semana de este mes, llegaron, según el recuento oficial, a los 2.031 casos diarios, el tercer pico más alto desde marzo.

Al conocer la noticia de esta tercera postergación, la oposición cuestionó que la autoridad electoral cambiara la fecha de votación en contradicción con lo que había aprobado la Asamblea Legislativa Plurinacional –en la que el MAS tiene mayoría– en un acuerdo con el oficialismo arduamente negociado. El 2 de agosto, desde su exilio en Argentina y mediante su cuenta de Twitter, Morales afirmó que el TSE «no puede apoyar intentos de un gobierno de facto de prorrogarse». Sus bases sociales recurrieron, entonces, a una estrategia de protesta que popularizaron los movimientos campesinos –entre ellos, el liderado por Morales– en los noventa y los dos mil y que en la actualidad usan varios gremios como forma habitual de plantear sus demandas. Del 3 al 15 de este mes, los sectores aglutinados en el llamado Pacto de Unidad –alianza de movimientos sociales que respaldan al MAS– bloquearon las vías principales de seis departamentos del país.

 

MARCHA ATRÁS

 

Finalmente, el tenso escenario se solucionó sin la intervención de las fuerzas del orden, a pesar de que el jueves 6 el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, dijo en una conferencia de prensa que, si bien el Ejecutivo pensaba agotar todas las instancias de negociación, no descartaba una intervención militar «en cualquier momento». Con el correr de los días, y la mediación de la iglesia católica y representantes de la Unión Europea y Naciones Unidas, los movimientos sociales fueron aceptando el 18 de octubre como nueva fecha de los comicios y el gobierno se ofreció a dar garantías de que así sea cumplido.

Morales, quien al inicio de la medida expresó su apoyo a la protesta, ya venía retrocediendo en sus pasos y el 9 de agosto afirmó que las bases movilizadas debían reflexionar sobre las propuestas del TSE. En un mensaje para los movilizados emitido a través de Radio Kausachun, afirmó que, si se contaba con una ley del Parlamento que refrendara la nueva fecha y con el aval de la comunidad internacional, era posible aceptar la nueva postergación de los comicios. Y dijo más: a poco de comenzados los bloqueos, «sólo el 28 por ciento repudiaba la movilización de lucha por la democracia; el viernes ya subieron al 49 por ciento y el sábado, a 58 por ciento», en referencia a encuestas que dijo haber visto por esas horas. «Si hacemos una evaluación, el gobierno usa muy bien nuestra movilización para desgastarnos», agregó.

El viernes 14, la Central Obrera Boliviana (COB), principal animadora de los piquetes, llamó a levantar la medida y a «un cuarto intermedio de las movilizaciones» hasta el 18 de octubre. En una conferencia de prensa, su secretario ejecutivo, Juan Carlo Huarachi, dijo que la decisión buscaba «evitar más enfrentamientos y muertes» y que la COB y el Pacto de Unidad eran los verdaderos «pacificadores del país». El dirigente también aseguró que la aprobación de las disposiciones legales y administrativas necesarias para celebrar las elecciones en la nueva fecha –que fueron aprobadas por el Parlamento el día anterior– eran «una conquista de la clase obrera». Si fuera por el gobierno, aseguró, no habría elecciones el 18 de octubre. «Nos estaban mintiendo, le estaban mintiendo al pueblo boliviano», así salió al cruce de lo dicho el día anterior, en el Palacio de Gobierno, por la presidenta Jeanine Áñez.

Al promulgar la ley con la nueva fecha de elecciones, la mandataria interina afirmó que estaba poniendo su firma a «una segunda pacificación» del país. Consideró, además, que una vez promulgada la ley, acordada con la bancada masista, ya no había razón para los bloqueos: «Los bolivianos, más allá de nuestras diferencias, preferimos la democracia a la dictadura, el diálogo al bloqueo […]. Queremos la vida antes que la guerra. Por eso queremos que pase el oxígeno». En tono conciliador, aseguró que los bolivianos tienen «metas comunes, que ahora son la salud y la economía».

 

BALANCE Y PÉRDIDAS

 

Los cortes de rutas provocaron una pérdida económica de al menos 700 millones de bolivianos (algo más de 101 millones de dólares), según el Ministerio de Economía. El desabastecimiento de alimentos y combustible causó carestía y el incremento de los productos de la canasta familiar. Además, el gobierno afirma que, por falta de oxígeno, en los hospitales murieron 27 pacientes con covid-19. El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas Afines de La Paz, Fernando Romero, dijo a Brecha que se registró, además, un número similar de muertes de pacientes del área rural que no pudieron ser trasladados a los centros especializados en las ciudades. El sindicato médico presentó una denuncia en la Fiscalía por homicidio culposo en contra de seis de los dirigentes que encabezan el Pacto de Unidad; entre ellos, Huarachi.

Aunque los dirigentes sociales afirman que en los bloqueos la COB dio la orden de dejar pasar los camiones que transportaban oxígeno y que así se hizo, el gobierno decidió demandar penalmente a las organizaciones sociales; en este caso, al vicepresidente de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba y candidato a senador por el MAS, Andrónico Rodríguez, y al ejecutivo de la Federación Chimoré, que reúne a más de 100 sindicatos cocaleros, Leonardo Loza. Además, las autoridades presentaron una denuncia contra Morales por «atentar contra la salud pública». La causa se suma a cuatro demandas penales que pesan contra el máximo dirigente del MAS; entre ellas, una por estupro, abuso sexual y trata de personas (véase la nota «El abuso», en este número).

Para la socióloga y cientista política de la Universidad Mayor de San Simón, María Teresa Zegada, los conflictos se apaciguaron debido a que el MAS percibió que los bloqueos dañaban su imagen electoral. La académica también atribuye el cese de la protesta a que muchos de los manifestantes se habrían contagiado de covid-19, tal como señala un informe del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, que el 10 de agosto afirmó que, de 49 personas arrestadas por los bloqueos en la localidad de Samaipata, 19 dieron positivo en las pruebas rápidas.

 

CAMPAÑA EN CRISIS

 

El gobierno transitorio dice esperar que entre setiembre y octubre baje el pico de contagios. Por ello, asegura, las elecciones nacionales se realizarán sí o sí el 18 de octubre. «La presidenta Áñez no es que se quiera prorrogar […]. El Órgano Ejecutivo ha entendido que el 18 de octubre se debe colocar como una fecha impostergable, y así lo ha entendido la Asamblea», dijo a Brecha el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca. De acuerdo con la última encuesta de voto urbano de Ipsos, publicada el viernes 21 de julio, los candidatos de Comunidad Ciudadana –el expresidente Carlos Mesa– y el MAS –el exministro de Economía Luis Arce– empatan con el 26 por ciento de apoyo. Áñez aparece tercera, con el 14 por ciento. El sondeo no incluye las áreas rurales, donde el MAS espera obtener una importante ventaja.

De todos modos, el episodio de los bloqueos fue apenas la manifestación de un conflicto latente mayor sin resolver. «Nos ha mostrado la fragilidad enorme que hay en el sistema político y en las instituciones», dijo Zegada. Tal situación es evidente en el enfrentamiento constante entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos con mandatos que concluían en enero y fueron ampliados de urgencia hasta la celebración de unas elecciones que no han dejado de postergarse. Así, varias normas sancionadas en los últimos meses por el Legislativo no han sido promulgadas por el Ejecutivo y hay créditos económicos y proyectos de ley presentados por el equipo de la presidenta que el Parlamento se niega a aprobar. «Estamos en medio de un escenario de apronte de las fuerzas sociales y políticas», declaró. Así lo perciben los movimientos sociales. No sólo temen que el gobierno transitorio amplíe aún más su mandato, sino que se sienten amenazados.

Leonardo Loza, uno de los principales dirigentes cocaleros del país, dijo a Brecha que el conflicto social de las últimas semanas ha dado paso a la persecución política de los representantes de los movimientos sociales. «Posiblemente estemos saliendo de un conflicto social –dependerá mucho del comportamiento del prorroguismo electoral que tenemos–, pero hay que dar cuenta al pueblo de que hemos entrado a un conflicto jurídico-legal, a una persecución política», añadió.

Por su parte, el jefe de la bancada del MAS en el Senado, Efraín Chambi, dijo a este semanario que el país aún vive una situación delicada, con una constante vulneración de derechos por parte del Ejecutivo. Señaló, por ejemplo, las demandas iniciadas por el gobierno contra varios líderes del MAS –entre ellos, la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, y su familia– por un presunto incumplimiento de la cuarentena. Chambi considera que, a pesar del levantamiento de los bloqueos, aún hay malestar en la ciudadanía. Afirmó que, si bien en el conflicto de agosto los sectores urbanos no salieron a la calle, lo harán en los próximos días. Porque, si bien la protesta comenzó por la modificación de la fecha de las elecciones, muchos sectores pasaron luego a sumar demandas vinculadas a la gestión gubernamental de la pandemia. Incluso el movimiento indígena del Altiplano, liderado por el veterano militante Felipe Quispe –muy crítico de Morales–, se sumó a los bloqueos para pedir la renuncia de Áñez.

Áñez es cuestionada, además, por la oposición de derecha debido a su doble rol: candidata y presidenta. Sus rivales afirman que su gestión tiene como objetivo sumar votos para su candidatura, y son varias las voces que la instan a renunciar a su candidatura y a concentrarse en combatir la crisis sanitaria y económica. Precisamente después de los conflictos del año pasado, la crisis sanitaria y los conflictos sociales de agosto, la economía se ha visto duramente golpeada y se teme que el escenario empeore en lo que queda del año. Datos del Centro de Desarrollo Laboral y Agrario muestran que la tasa de desempleo urbano subió de 4,2 por ciento a 7,34 por ciento y la informalidad se incrementó a 80 por ciento. La crisis sanitaria hizo que varias empresas echen a sus trabajadores y otras, principalmente las pequeñas, cierren. Pese a la cuarentena, las calles están llenas de personas que intentan vender algún producto para sobrevivir, si es que no enferman antes.

 

Las masacres y las denuncias

 

La conflictividad boliviana se arrastra desde la convulsión social del año pasado, provocada por las sospechas de fraude en las elecciones nacionales del 20 de octubre a manos del gobierno de Evo Morales. Las protestas de la entonces oposición derivaron en la renuncia del mandatario, quien había insistido en postularse por cuarta vez a la presidencia, en contra de la Constitución y los resultados del referéndum de 2016.

Cuando la pandemia del covid-19 llegó, a inicios de marzo, encontró un país que intentaba salir de una crisis política y social con un gobierno transitorio abiertamente de derecha y de cuestionada legitimidad.

Uno de los aspectos más criticados del gobierno de Jeanine Áñez es la vulneración de derechos humanos en las intervenciones policiales y militares en los bloqueos de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) el 15 y el 19 de noviembre, respectivamente. Estas intervenciones dejaron a 23 civiles indígenas muertos por bala y 230 heridos.

Recientemente, y a través de informes especiales sobre estos hechos, varias instancias internacionales condenaron el uso excesivo de violencia por el gobierno y resaltaron la falta de investigación penal correspondiente. El lunes 24, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió al gobierno de Bolivia a encarar cambios estructurales que atiendan las causas de la presente crisis política y social y a que se rindan cuentas por las diversas violaciones a los derechos humanos que han sucedido a las elecciones del 20 de octubre.

«Me preocupa profundamente que, en nueve meses, ni una sola persona haya sido encontrada responsable por las muertes en Sacaba y Senkata ni por la mayoría de los asesinatos que han ocurrido en este período», expresó la titular del organismo, Michelle Bachelet.

Previamente, el informe «“Nos dispararon como animales”, noviembre negro y el gobierno interino de Bolivia», presentado a fines de julio, había destacado la presencia de «patrones desconcertantes de violación de derechos humanos» cometidos por el gobierno de Áñez. El documento fue elaborado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la University Network for Human Rights.

A esta denuncia se había sumado, además, a principios de mes, la de Amnistía Internacional, que condenó la impunidad en materia de violaciones de derechos humanos durante la crisis poselectoral e instó al gobierno y a los candidatos de los distintos partidos a comprometerse en la promoción de las investigaciones penales de esos hechos.

 

El impacto del covid-19

 

Bolivia fue uno de los primeros países en Sudamérica en imponer cuarentena rígida, desde el 22 de marzo. Duró tres meses y luego continuó con un confinamiento parcial. Sin embargo, esas medidas no impidieron que los casos se incrementaran.

Al 21 de agosto, ese país reportaba un total de 107.435 casos de covid-19. Además, hasta esa fecha fallecieron 4.366 pacientes (2.093 en los últimos 30 días). Los médicos, en tanto, consideran que ambas cifras son mucho más altas y que existe un subregistro debido a la falta de pruebas y a que muchas personas no llegan a los hospitales. Aun con respecto a las cifras oficiales, Romero afirma que la mortalidad registrada es muy alta para un país que tuvo tres meses para prepararse.

Si bien Bolivia arrastra problemas estructurales históricos en su sistema de salud, uno de los principales cuestionamientos de los gremios médicos hacia el gobierno transitorio es que el esfuerzo de la población de confinarse por varios meses no fue acompañado por una adecuada gestión de la pandemia. Una evidencia de ello es la compra irregular en mayo de 170 respiradores, por un precio tres veces superior al real, que llevó a la destitución y arresto policial del entonces ministro de Salud. Hasta ahora no fueron utilizados.

Romero explica que durante los meses de confinamiento el Gobierno se comprometió a gestionar al menos tres tareas, pero ninguna se cumplió. Entre ellas, la contratación de 5.000 profesionales de la salud para que los hospitales extendieran su horario de atención de ocho a 24 horas, la habilitación de centros de aislamiento comunitarios y la realización de testeos masivos en todo el país.

Así las cosas, en los últimos días se superó la capacidad de atención de la veintena de centros especializados en el tratamiento del virus, debido al incremento de personas contagiadas. Las autoridades han debido habilitar, de urgencia, nuevos hospitales y desde esta semana se traslada a parte de los pacientes a clínicas privadas.

Por Karen Gildesde La Paz 
28 agosto, 2020

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Campamento La Victoria. Foto: Señal 3

El coronavirus ha forzado al Gobierno chileno a permitir la salida de la cárcel de un tercio de los presos del país. Pero en este grupo no está ni uno de los 26 prisioneros políticos mapuche. Cuatro meses de huelga de hambre no han cambiado esta decisión. Esta semana, 16 de ellos iniciaron la huelga seca. Sus vidas penden de un hilo.

 

“Es tanto el dolor e incapacidad para moverse que algunos han perdido el control de sus extremidades”, indica Rodrigo Curipan, el werkén (vocero) de 26 prisioneros políticos mapuche que se encuentran al borde de la muerte en el sur de Chile. Llevan casi 120 días de huelga de hambre, y esta semana 16 de ellos optaron por dejar de consumir líquidos, iniciando una huelga seca.

Once de ellos ya debieron ser trasladados al hospital debido a su grave estado de salud, y los médicos no les dan más que unos días de vida. Se indican graves arritmias cardiacas, taquicardias, disneas, hipoglucemia, cefalea y hematuria. Además, denuncian tres casos que presentan cuatro síntomas de covid-19, que podrían venir de un brote del virus entre los gendarmes.

Fuera de una de las cárceles, los familiares instalaron un campamento desde donde realizan rogativas diarias, pidiendo que el Gobierno reaccione. Por el resto del territorio se realizan marchas de apoyo, se toman municipios, se cortan los caminos y se incendian camiones forestales.

Lo que piden es que se respete el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, firmado por el Gobierno chileno en 2008 y ganado tras muchos años de lucha política. Este documento cubre un amplio rango de materias que abarca desde su reconocimiento como pueblos y sus derechos sobre la tierra y el territorio, recursos naturales y la defensa del medioambiente, hasta la salud, educación, formación profesional, condiciones de empleo y el derecho a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones.

El instrumento internacional reconoce también las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir, dentro del marco de los Estados en que viven, el control de sus propias instituciones y de sus formas de vida y de desarrollo económico. En temática penal, indica que los pueblos originarios deben contar con medidas carcelarias especiales de acuerdo a sus culturas, y que deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Esto se hace especialmente urgente en tiempos de pandemia, cuando el Gobierno chileno permitió a un tercio de todos sus presos (13.321) salir de las cárceles para proteger su salud, incluidos dos condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, accedió a crear una mesa de negociación para discutir su aplicación en el país. Sin embargo, rechazó cambiar las medidas cautelares de los prisioneros políticos, por lo que decidieron mantener la huelga.

“Estamos pidiendo ser iguales ante la Ley. Estamos ante carabineros que mataron a mapuches y están en prisión domiciliaria”, explica Curipan en referencia a casos como el del funcionario de policía que asesinó en 2018 al joven Camilo Catrillanca por la espalda, mientras conducía su tractor.

Nelida Molina, integrante de la Coordinadora de Apoyo al pueblo Mapuche Trawunche de Madrid, comparte su espanto ante la negativa del Gobierno chileno a ofrecer una solución a los encarcelados: “Da tanta rabia e impotencia la indiferencia que les provoca la vida de personas cuyo único recurso es acudir a una huelga de hambre que atenta contra sus propias vidas. Desde nuestro colectivo estamos muy angustiados por el nivel de violencia y racismo que se está aplicando a los presos políticos mapuche y al pueblo-nación mapuche en general. También nos llama muchísimo la atención la nula voluntad del Estado chileno frente a las demandas de aplicación del Convenio 169, siendo que cumplirlo es una obligación de todo Estado que lo ha ratificado. No puede ser que se mantenga prisioneras a personas sin tener pruebas que demuestren razones para mantenerles en esa situación”.

Mientras tanto, los camioneros de la Confederación Nacional del Transporte de Carga declararon paro nacional en protesta por los ataques incendiarios mapuche contra sus vehículos. Se trata de una acción que arriesga el abastecimiento nacional cuando aún hay cuarentenas en 49 comunas del país. Los camioneros entregaron un petitorio de 13 puntos, diez de los cuales son nada más y nada menos que leyes impulsadas por el propio Gobierno o Chile Vamos, la coalición del Presidente Piñera.

Fotografías y videos compartidos en redes sociales muestran cómo la policía protege el paro de camioneros, mientras el ejército estrena su nuevo equipo de drones, vehículos lanzagases y tanques último modelo comprados especialmente para la que llaman “la zona roja del conflicto mapuche”. La institución de Carabineros ha sido fuertemente cuestionada por la población en los últimos años luego de que se demostraran gravísimos casos de corrupción, montajes judiciales, y más de una decena de asesinatos de jóvenes mapuche en los últimos 20 años.

Esto es lo que ocurre hoy en Wallmapu, el territorio mapuche al oeste de la Cordillera de Los Andes. Ellos exigen su recuperación desde hace más de cien años, para poder ejercer una autonomía similar a la que poseen las comunidades autónomas en España.

Los 26 prisioneros políticos mapuche se dividen entre tres cárceles distribuidas entre dos regiones de Wallmapu. Algunos de ellos han sido condenados. Otros llevan meses en prisión preventiva, una figura permitida bajo la aplicación de la Ley Antiterrorista. Ellos deben esperar encarcelados durante meses su juicio por delitos como robo con violencia, porte ilegal de armas, asalto y participación en organización terrorista. Estos juicios suelen terminar absolviendo a los inculpados por falta de pruebas o irregularidades en el actuar policial.

Curipan detalló la situación de los inculpados hace unos días, al medio de periodismo de investigación, Interferencia: “El Gobierno ha venido señalando que los huelguistas no son prisioneros políticos, sino que personas acusadas por delitos comunes ante los tribunales de justicia, pero cada uno ha sido víctima de persecución política, en cada una de sus causas, el Gobierno está en calidad de querellante. Hay una determinación e intervención política en hacerse parte en buscar responsabilidad penal y poder condenarlos, porque, además, tienen que ver con un contexto de procesos de reivindicación territorial y político. Incluso las conversaciones con los camioneros tienen que ver con determinación política”.

“Mi hermano lleva cuatro meses en prisión preventiva por derribar un dron que espiaba nuestra propiedad”, cuenta Marcelo Huenchuñan acerca de Reinaldo Penchulef, quien está acusado de robo con violencia. Su madre falleció recientemente mientras él se encontraba tras las rejas, y tiene una hija de ocho años. “Tras años de lucha, allanamientos y amedrantamientos, nuestra comunidad logró el control territorial, expulsando a una forestal que nos llenó de basura”. “Basura” es como llaman al eucalipto y el pino radiata, monocultivos que han desertificado y erosionado la región.

“Derribaron el dron, no para robárselo, sino para exigir una explicación. Tras ello, la comunidad fue allanada por más de 200 carabineros. Destruyeron tres casas buscando armamento, pero no encontraron nada, solo el dron. Había familias, niños chicos…, no les importó. Y ahí detuvieron a nuestros peñi (compañeros)”, concluye.

Bandera mapuche: el símbolo del Estallido social de 2019

La Constitución que rige en Chile es la única creada en dictadura que persiste en Latinoamérica. No reconoce la existencia del pueblo mapuche, ni la de ningún otro pueblo originario en Chile, y subvenciona anualmente a un puñado de empresas forestales dominadas por dos grandes familias, que han ocupado los territorios indígenas, secado sus fuentes de agua y eliminado sus bosques nativos. También es la única en el mundo que consagra al agua como un bien privado. Pero por fin, después de 30 años, se ha abierto una posibilidad de cambio.

Desde octubre de 2019 y hasta el comienzo de la pandemia en marzo, millones de chilenos y chilenas se reunieron todos los días en la renombrada “Plaza Dignidad”, en el centro de Santiago. Se trató del alzamiento popular más importante de la historia democrática del país. La wenüfoye, la bandera mapuche, cubrió la Alameda, los muros y las ventanas de los edificios, y se convirtió en el símbolo del movimiento. Chilenos y chilenas se sintieron identificados con el pueblo originario y su lucha de siglos contra una élite que explota tanto a su población como a sus recursos naturales, y que usa a la policía para controlarla.

Gracias al estallido social, en octubre de 2020 se realizará un plebiscito donde, con mascarilla, se podría votar el cambio de la Constitución de Pinochet por una nueva y más democrática. Aun así, la desconfianza en el aparato democrático es tal que este triunfo dista de celebrarse, y se siente más bien como un ‘peor es nada’. Hay mucho miedo de que no pase de ser un cambio de nombre.

Las claves históricas del conflicto

Este no es un conflicto colonial. Durante la conquista, el pueblo mapuche ejerció férrea resistencia al Imperio español y logró que éste se viera obligado a negociar una treintena de tratados y a respetar su frontera en el río Bio Bio.

Tras la independencia y la creación de la República de Chile, el Estado ratificó estos tratados. Hasta que a mediados del siglo XIX decidió invadir Wallmapu por intereses económicos: la agricultura y la industria maderera. La guerra fue brutal y significó la muerte de parte importante de la población mapuche. Chile usó las famosas armas Winchester, que antes usaron los estadounidenses para exterminar a los pueblos originarios de esas tierras.   

El país latinoamericano tomó el control del 90% del territorio mapuche y comenzó a poblarlo de colonos europeos, dando inicio así al proceso de neocolonialismo que aun impera. Las personas mapuche que sobrevivieron quedaron relegadas a pequeñas reducciones de terreno y se vieron obligados a convertirse en pequeños campesinos, condenados a la pobreza.

De los 11 millones de hectáreas del Wallmapu en el siglo XIX, el despojo los hizo llegar al siglo XX con 500.000 ha, y eso en dictadura se redujo a apenas 300.000 ha.

En el retorno a la democracia se hicieron una serie de promesas hacia los pueblos indígenas, pero aun ni se ha logrado el reconocimiento constitucional. Los últimos veinte años han estado marcados por la aplicación de la Ley Antiterrorista exclusivamente contra personas mapuche, justificando la criminalización de su cultura y la militarización del territorio.

Por Tanya H. Medina

29 ago 2020 11:32

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Domingo, 30 Agosto 2020 06:04

La manzana mordida

La manzana mordida

La trasnacional Apple alcanzó la semana pasada un valor de mercado de 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de millones de dólares. Duplicó el valor de sus acciones de marzo a agosto de 2020 gracias a la pandemia. Se convirtió en la empresa con mayor valor de mercado en el mundo. Solamente la petrolera estatal Saudi Aramco, de Arabia Saudita, alcanzó ese monto por un breve periodo en 2019, pero volvió a bajar con la caída de los precios del crudo.

Para poner la cifra en perspectiva, pensemos que solamente una docena de países en el mundo tienen un producto interno bruto (PIB) superior a 2 billones de dólares. Ninguno latinoamericano, ni la mayoría de los europeos, llega a ese volumen. En América Latina, Brasil es el más cercano, con un PIB de 1.89 billones de dólares. Le sigue México, con cerca de 1.3 billones. Apple tiene cinco veces el valor de todo el PIB de Argentina.

Cercanas al absurdo valor de mercado de Apple están Amazon y Microsoft, que en corto tiempo podrían alcanzarla. Están en rápido ascenso las acciones de Facebook, Alphabet (dueña de Google) y las chinas Alibaba y Tencent.

Son las dueñas de grandes plataformas digitales, que actúan en comercio electrónico, entretenimiento, redes sociales, etcétera. Esas siete controlan 75 por ciento del mercado global de plataformas. Con la pandemia crecieron exponencialmente, debido al aumento de la dependencia y adicción digital, que hizo explotar las tendencias que ya existían de digitalización de todos los sectores industriales y sumó sectores claves como educación y salud.

El crecimiento de Apple evidencia el peso que ha adquirido el llamado "capitalismo de la vigilancia", una nueva forma de organización del capitalismo que está trastocando todo, desde industrias y empleo hasta a los sistemas electorales y las formas de empujar el consumo de productos de las empresas que paguen por los datos. Se basa en la extracción masiva, interpretación, venta y manipulación de datos de todas las personas, instituciones, empresas, ciudades, vías de transporte, naturaleza y ambiente (Shoshana Zuboff, 2019).

Apple, a través de teléfonos, relojes digitales, computadoras, accesorios domésticos "inteligentes", plataformas de televisión y música colecta una cantidad enorme de datos de nuestras conductas, salud, preferencias de compras, ocio, trabajo, educación, relaciones y familia, todo ello georreferenciado. En conjunto con los datos que aportamos a través de otras plataformas, conforma una red de extracción e interpretación de nuestros datos por edad, género, situación económica, ubicación y más. Eso lo vende a otras empresas y lo entrega a las agencias de vigilancia de los gobiernos.

Este volumen inmenso de datos sólo se puede manejar con sistemas de Big Data. Los servicios de nubes de computación con esa capacidad están dominados por pocas empresas: Microsoft Azure, Amazon Web Service (AWS), Google Cloud, Alibaba Cloud, IBM, Oracle. Los "servicios" de iCloud, donde Apple almacena nuestros datos, están en realidad en nubes de Amazon y Google, a las que contrata para ello y que, por tanto, acceden a los datos.

En volumen de ventas anuales que se registran –no en valor de acciones, que es una cifra especulativa–, la mayor empresa del mundo sigue siendo Walmart, seguida por empresas petroleras y automotrices chinas y estadunidenses. Pero aún en la lista de ingresos por ventas compilada anualmente por la revista Fortune, Amazon aparece en el noveno lugar y Apple en el decimosegundo; Alphabet y Microsoft están entre las 50 mayores del mundo (https://fortune.com/global500/).

A Apple le llevó 38 años llegar a un valor de mercado de un billón de dólares, pero lo duplicó en sólo dos. Al inicio de la pandemia su valor cayó, porque los inversionistas dudaron al depender de FoxConn en China para la fabricación de sus teléfonos. Pero se recuperó, aumentó el porcentaje de otros productos y, sobre todo, las suscripciones a sus plataformas de entretenimiento.

Adicionalmente, los analistas financieros estiman que ante la incertidumbre económica provocada por las múltiples crisis derivadas de la pandemia de Covid-19, muchos capitales dejaron otras industrias para invertir en empresas tecnológicas. Otras compañías en ascenso en capitalización de mercado son las grandes farmacéuticas, por la especulación con medicamentos y la carrera por vacunas para Covid-19.

Que los titanes tecnológicos tengan tal poder conlleva un enorme peso en la definición de políticas nacionales e internacionales, el cual han usado para no pagar impuestos, impedir regulaciones que las supervisen o responder por el uso que hacen de nuestros datos, etcétera. Todo ello, porque tienen acceso y control privilegiado, como arañas en las redes, a la información y posible predicción de nuestras conductas y elecciones, de consumo a preferencias políticas, cuya comercialización es lo que las ha enriquecido.

Son muchos y complejos los temas que urge analizar colectivamente para enfrentar el capitalismo de la vigilancia. Como aporte a una de esas aristas, la coalición internacional Just Net lanzó en 2019 un "llamado para que el futuro digital nos pertenezca" https://tinyurl.com/JustNet

Por Silvia Ribeiro. investigadora del Grupo ETC

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La abogada Ebru Timtik antes de su encarcelamiento (EP)

Fue condenada a 13 años de cárcel “por pertenencia a organización terrorista”

 

En Turquía, donde la nueva guerra fría se solapa con la anterior, las tragedias de hoy pueden parecer páginas arrancadas de los 80. Este año, el goteo de fallecimientos de presos izquierdistas en huelga de hambre evoca tiempos aún peores.

El último, el pasado viernes, corresponde a Ebru Timtik, una abogada de la izquierda revolucionaria, que expiró en el hospital en Estambul tras 238 días de ayuno voluntario. Timtik protestaba por un juicio lleno de irregularidades en el que fue condenada a trece años de cárcel “por pertenencia a organización terrorista” .

Su hermana mayor, Barkin, recibió una pena todavía más abultada, en tanto que “fundadora”, junto a otros quince miembros de la Asociación de Abogados Progresistas y del despacho Ley del Pueblo. Los magistrados, en línea con Ankara, los considera parte integrante del Partido Revolucionario del Pueblo (DHKP-C).

El bufete de las hermanas Timtik asumía sistemáticamente la defensa de los miembros de esta organización, considerada terrorista por la UE. Aunque también defendían otras causas políticamente sensibles.

Timtik, de 42 años, se apagó sin que el Estado turco moviera una ceja para liberarla. Antes que ella, habían muerto por inanición voluntaria dos músicos del grupo Yorum, la vocalista Helin Bölek y el bajista Ibrahim Gökçek. Este último, dos días después de desconvocar la huelga, en protesta por la prohibición de sus conciertos.

Todos ellos pertenecen a la misma matriz de izquierda revolucionaria, marginal pero todavía con peso simbólico entre los alevíes de Turquía. Una minoría que nutre sus filas desde los años Setenta, en abierta oposición, tanto a los islamodemócratas de Recep Tayyip Erdogan como antes a los herederos del golpismo.

La abogada fallecida fue homenajeada el viernes en el cemevi o centro de culto de los alevíes, en el barrio estambulí de Gazi, en cuyo cementerio fue enterrada, entre encontronazos con la policía.

Los alevíes –uno de cada cinco turcos– no pisan las mezquitas, ni rezan cinco veces al día, ni ayunan en Ramadán, ni dan precedencia al Corán. Como en el caso de los chiíes y los alauíes de Siria, el yerno del profeta, Alí, está en el centro de su devoción. En ella, hombres y mujeres se mezclan y hasta bailan en el principal día de culto, que es el jueves.

Tres de cada cuatro alevíes votan por el CHP, en la oposición, mientras que es suní en un 99% el electorado de la actual coalición gobernante, del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y los ultranacionalistas del MHP, muy dados a levantar mezquitas.

Cabe decir que el DHKP-C era un dinosaurio político que resucitó extrañamente al calor de la guerra de Siria. En enero del 2013 la Fiscalía ya lanzó una primera redada contra decenas de supuestos miembros, entre ellos varios abogados de la asociación ahora en la picota. El cabecilla del partido estaba entonces en Beirut, rumbo a Damasco, donde también reside bajo la protección de El Asad el fundador de su predecesor THKP-C, un turco-árabe alauí que propugna la reintegración a Siria de Antioquía.

El bufet de Timtik defendía a una víctima adolescente de la represión de Gezi Park, en 2013. Para exigir justicia para este quinceañero aleví, un comando del DHKP-C secuestró y mató de un tiro en la sien, en pleno Palacio de Justicia, al fiscal del caso. Luego, el mismo bufet representó a los acusados por el atentado. Uno de ellos, Mustafa Koçak, condenado por “colaboración” tras la confesión de un arrepentido, ha muerto en el 2020 en huelga de hambre.

Aquel mismo 2013, el DHKP-C perpetró un atentado suicida contra la legación de EE.UU. en Ankara y dos años después lo hizo contra la de Estambul.

Un colega de Timtik, Aytaç Ünsal, sigue en huelga de hambre. Mientras, el gremio de abogados de Estambul siente “vergüenza” y, décadas después de El expreso de medianoche , la UE denunciaba ayer “las graves deficiencias del poder judicial en Turquía”.

Por Jordi Joan Baños | Estambul, Corresponsal en Turquía

30/08/2020 02:20| Actualizado a 30/08/2020 09:49

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