Juez de EEUU autoriza liquidación de CITGO valorada en 8.000 mdd

Los activos de CITGO en Estados Unidos están valorados en unos 8.000 millones de dólares.

23.05.20 - Un juez estadounidense autorizó el viernes avanzar con la liquidación de las refinerías venezolanas CITGO en Estados Unidos (EE.UU.), que fueron confiscadas por el Gobierno del presidente Donald Trump en 2019, para entregar ilegalmente su administración a una junta designada por el opositor derechista Juan Guaidó.

El juez Leonard P. Stark, del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Delaware, emitió su fallo luego que la Corte Suprema de ese país avalara una decisión anterior suya en la cual ordenó la venta de CITGO para favorecer a la compañía minera canadiense Crystallex.

Crystallex fue nacionalizada en 2011 por el Gobierno venezolano tras el incumplimiento de una serie de medidas ambientales. La empresa minera canadiense inició una demanda contra el Estado venezolano en cortes de EE.UU.

Tras conocerse la decisión del magistrado estadounidense, el corresponsal de teleSUR en Caracas, Rolando Segura, tuiteó que Guaidó, quien en 2019 se autoproclamó presidente del país suramericano, “sirve, en bandeja de plata al mejor postor, activos de #Venezuela en #EEUU”.

“Juez autoriza liquidación de #CITGO para favorecer a minera de #Canadá, nacionalizada por Chávez. Junta designada por oposición había tomado control de la petrolera valorada (en) 8 mil millones usd”, escribió Segura en el tuit.

Gustavo Borges, director del grupo de investigación Misión Verdad, comentó por su parte en Twitter que “la operación Guaidó se diseñó exactamente para esto: saquear y piratear los preciados activos venezolanos en beneficio de los grandes capitales”.

Por: TeleSUR | Sábado, 23/05/2020 08:06 AM |

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Foto: Celebración del Día de Jerusalén que conmemora el 52 aniversario de la captura de Jerusalén Este por Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967. 2 de junio de 2019 (Yonatan Sindel/Flash 90)

 

Un paso más en el proyecto colonial israelí

Las pasadas semanas, muchos lectores de los medios de comunicación mayoritarios se habrán hecho la impresión de que Israel se está preparando para poner en marcha un drástico plan de anexión de la Cisjordania ocupada, tras firmar el acuerdo de coalición de gobierno y conocer el llamado “Acuerdo del Siglo” de Estados Unidos.

Pero los palestinos saben demasiado bien que la anexión anunciada por Israel no supone ninguna novedad espectacular. Si acaso, les indigna que la comunidad internacional haya reaccionado con tanto asombro.

Para comprender el abismo entre los titulares informativos y la realidad sobre el terreno, hay que ponerse en la piel de un ciudadano israelí que decida viajar desde su apartamento en Tel Aviv hasta el Mar Muerto, atravesando territorios ocupados de Cisjordania.

Dicho ciudadano solo tendrá que tomar una carretera que se dirige al este para llegar en menos de media hora a la orilla del río Jordán. No hay puestos de control ni es necesario cambiar de ruta en ese breve recorrido (tampoco existe indicador alguno que informe de que el viajero ha entrado en Cisjordania). A lo largo de toda la ruta las señales de carretera están escritas en hebreo, la policía israelí vigila que se cumplan las normas de tráfico y la Autoridad de Parques nacionales da la bienvenida a los visitantes que se dirigen a puntos de interés cercanos.

El conductor israelí deberá tener cuidado para no entrar por error en las zonas donde viven los palestinos residentes en Cisjordania. Pero eso no ofrece ninguna dificultad, pues tras los Acuerdos de Oslo el ejército colocó grandes carteles rojos a la entrada de las poblaciones palestinas, advirtiendo a los israelíes que penetrar dichas áreas es peligroso. Por su parte, un palestino que se encuentre al otro lado de estos carteles no puede tomar esa misma carretera para ir a Israel ni visitar esos centros turísticos del Mar Muerto a los que se dirige el conductor israelí.

En realidad, a pesar de las aparentemente complejas estructuras políticas del territorio, el mapa físico de Palestina-Israel en 2020 es muy simple: pese a la existencia de unos pocos enclaves palestinos semiautónomos en Cisjordania y la Franja de Gaza, es Israel quien controla todo, de norte a sur y de este a oeste.

Esa es la realidad que ha estado presente durante décadas. Y, a pesar de ello, el mundo se muestra alarmado porque Israel quiera hacer “oficial” la realidad mediante una anexión formal. Lo que la comunidad internacional considera un movimiento ilegal por parte de un ocupante militar, o como una disputa territorial  sobre fronteras entre dos gobiernos, los palestinos lo ven como un paso más en el proyecto colonial de asentamientos que Israel lleva un siglo practicando.

El error demográfico

La exclusión y el control, que siempre han sido rasgos esenciales del sionismo, son los elementos básicos de la geografía del territorio. La meta de crear un país solo para judíos en el que residen otros pueblos ha supuesto la interminable opresión de los palestinos. El sionismo les planteó dos opciones: o bien la expulsión y el exilio o bien aceptar el dominio de Israel sin tener ningún derecho. Todos los palestinos, con independencia del lugar del mundo en qué se encuentren, están sujetos a uno de estos dos destinos.

Cuando se fundó el Estado en 1948, muchos israelíes quedaron decepcionados porque ciudades como Hebrón, Nablus o la antigua Jerusalén, consideradas lugares sagrados por los judíos, quedaran fuera. Pero ese anhelo fue finalmente satisfecho en 1967, cuando Israel tomó el control de la totalidad del territorio del Mandato Británico de Palestina. Pero, exceptuando Jerusalén Este, el Estado nunca llegó a anexionar esos territorios bajo la ley israelí.

Hasta el día de hoy, Israel siempre ha lamentado el error demográfico que cometió al ofrecer en 1948 la ciudadanía israelí a algunos palestinos. Situados bajo la ley militar hasta 1966 y siempre discriminados, la simple existencia de ciudadanos palestinos ha frustrado los planes de Israel: crear un Estado exclusivamente judío. En ese sentido, siempre se les ha recordado que no son deseados: Netanyahu declaró claramente el año pasado que “Israel no es un Estado para todos sus ciudadanos”, y el “Acuerdo del Siglo” se atreve a proponer el traslado de sus comunidades a una futura entidad palestina.

Obsesionado por su error, Israel decidió llevar a cabo una política de “provisionalidad permanente” en Cisjordania y Gaza: su táctica de escape fue la anexión de facto a falta de una anexión de jure. Así, creó nuevas categorías para esa población indeseada: tarjetas de “residencia permanente” para los habitantes de Jerusalén Este (miles de las cuales han sido revocadas desde 1967), y tarjetas de identidad naranjas o verdes para quienes viven en Gaza o en Cisjordania, todas ellas bajo el control del Ministerio de Defensa.

Al mismo tiempo, el Estado animó a la población judía a instalarse en los territorios ocupados. A medida que progresaban los asentamientos, Israel fue construyendo carreteras de circunvalación, muros y vallas, no solo para asegurar que estos quedaran interconectados entre sí y con Israel, sino también como un instrumento para controlar y limitar los movimientos de la población palestina.

Entonces, ¿por qué tras más de cincuenta años de “provisionalidad permanente” Israel ha decidido hacer oficial esta realidad? ¿Cuál debería ser la respuesta de los palestinos?

La respuesta palestina

Tal vez esas preguntas se resuelvan cuando Israel anuncie su plan definitivo: no solo la incorporación de los asentamientos y tierras circundantes, que ya tiene bajo su control, sino también la limpieza étnica de los palestinos que permanecen en dichas áreas. Ese plan lleva años desarrollándose en lugares como el valle del Jordán, E1 y las colinas de Hebrón Sur, pero podría proseguir a más velocidad una vez se declare la anexión formal.

Dada la impunidad con la que Israel ha violado el derecho internacional en los territorios ocupados, los palestinos no tendrán mejor oportunidad para abandonar el discurso legalista de la “ocupación”. Durante mucho tiempo, los palestinos han dado a este marco internacional la oportunidad de contribuir a su lucha, a pesar de su limitación y la tergiversación de su causa, pero ha sido en vano.

Parte de este fracaso se debe a los propios líderes palestinos. Hasta finales de la década de los 80, la dirección nacional palestina consideraba a Israel como un Estado colonial que usurpaba las tierras palestinas; exigía el retorno de los refugiados y estaba a favor de un único Estado democrático para todos. Pero desde entonces la Organización para la Liberación de Palestina ha reconocido formalmente a Israel y adoptado la solución de los dos estados, en buena medida para satisfacer el punto de vista de la comunidad internacional, que actúa bajo la falsa premisa de un “conflicto” entre dos partes iguales.

Este entramado político vino a sustituir a la demanda de descolonización del Mandato Británico de Palestina y aceptó la Línea Verde como frontera dentro de la cual encerrar a los palestinos en un cuasi-estado. Casi treinta años después de los Acuerdos de Oslo, los programas de asentamiento de colonos siguen tratando a los palestinos como el mismo grupo indeseado y colonizado, ya sean ciudadanos de Israel, sujetos ocupados o refugiados expulsados.

El presidente palestino Mahmud Abbas parece reconocer este hecho cuando amenaza una y otra vez con el desmantelamiento de la Autoridad Palestina o la retirada de los llamados acuerdos de seguridad con Israel. Pero nunca ha tenido el suficiente coraje como para llevar adelante sus amenazas. Si la Autoridad Palestina no hace nada por rectificar sus errores, se limitará a aceptar los planes de Israel y a gobernar en los reducidos enclaves en nombre del Estado.

Así pues, mientras Israel afina la siguiente fase de su proyecto colonialista, es hora de que los palestinos vuelvan a reivindicar la descolonización total y un único Estado democrático en el que todos los seres humanos tengan los mismos derechos, además de diseñar nuevas estrategias para conseguir dicha meta. Hasta entonces, la comunidad internacional no tiene derecho a lamentarse por la próxima anexión, fruto de los esfuerzos coloniales de Israel, que la propia comunidad internacional nunca hizo nada por detener.

 

Por Ahmad al-Bazz | 23/05/2020

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Fuente: https://www.972mag.com/israel-settler-colonial-annexation/

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Palestina dio por finalizados los acuerdos con Israel y Estados Unidos

Ante el avance de Israel en Cisjordania

El presidente Mahmud Abbas manifestó que Israel no está respetando los acuerdos de paz de Oslo de 1993, y en consecuencia los palestinos tampoco lo harán

 

El presidente de Palestina Mahmud Abbas decidió poner fin a todos los acuerdos con Israel y Estados Unidos. Sus declaraciones tienen lugar en un momento de tensión, con el avance de los planes israelíes de anexionar parte del territorio ocupado de Cisjordania. El plan de paz propuesto por Washington el pasado enero avala el avance israelí. Abbas manifestó que Israel no está respetando los acuerdos de paz de Oslo de 1993, y por tanto los palestinos tampoco lo harán. Hace algunos días asumió el nuevo gobierno de coalición israelí entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y su ex rival electoral Benny Gantz.

La decisión del gobierno palestino fue publicada por la agencia estatal Wafa. "La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y el Estado de Palestina quedan desde hoy absueltos de todos los acuerdos y entendimientos con los gobiernos americano e israelí y todas las obligaciones contempladas en estos, incluyendo las de seguridad", sostuvo el ejecutivo palestino. Abbas pidió que Israel cumpla con lo pactado en la legislación internacional. "Con todas las consecuencias y repercusiones en base a la ley internacional y humanitaria, en particular la Cuarta Convención de Ginebra", sostuvo el gobierno palestino. La misma establece responsabilidades sobre la seguridad de la población civil ocupada y sus propiedades, prohíbe el castigo colectivo, el robo de recursos, la anexión de tierras y transferencias de población del ocupante al ocupado, ya que suponen graves violaciones y crímenes de guerra.

El presidente palestino ya había adelantado la ruptura de relaciones con ambos países después del anuncio del plan de paz de Washington para Medio Oriente. En este caso Abbas reiteró su rechazo a la propuesta norteamericana. También condenó la decisión de la administración Trump de trasladar su embajada a Jerusalén y reconocer la ciudad como capital israelí. El mandatario insistió en la necesidad de apoyar a un estado palestino independiente, contiguo y soberano en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital. "Una paz justa y completa basada en la solución de dos estados”, sostuvo el presidente. En Cisjordania viven 2,7 millones de palestinos. En tanto que 450 mil israelíes residen allí en colonias consideradas ilegales por el derecho internacional.

Por su parte, el emisario de Naciones Unidas para el conflicto de Oriente Próximo, Nickolay Mladenov, dijo que Israel debe abandonar sus amenazas de anexiones. También pidió a los dirigentes palestinos retomar conversaciones con los países implicados en el proceso de paz en la región. Se espera que el nuevo gobierno israelí se pronuncie sobre la estrategia para llevar a cabo el plan de Trump a partir del 1 de julio.

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Viernes, 15 Mayo 2020 06:41

El "Colonavirus"

El "Colonavirus"

“Si el coronavirus discrimina –bien apuntaba Rebecca Solnit, una ensayista estadunidense (bit.ly/3f3Pdkf)− es porque los seres humanos discriminan: la gente que sufre el racismo, el sexismo y la desigualdad es más propicia a enfermarse (y/o a morir)” (bit.ly/2xNlU4v). "Y el colonialismo..., ¡no nos olvidemos del colonialismo!" –suena de repente la voz en off.

"Y el colonialismo... y el colonialismo..." –resuena todavía el eco, mientras una mano (¿serán efectos secundarios del día 43 del confinamiento?) pasa un papelito donde se lee: ‘todo aquel modo de dominación basado en la degradación ontológica de las poblaciones dominadas por razones etnorraciales’ en el cual ‘a los cuerpos racializados no se les reconoce la misma dignidad humana que se atribuye a quienes los dominan’ y que ‘son existencialmente considerados como inferiores en la escala de ser’” (bit.ly/2Ydmm6S).

En Estados Unidos los afroestadunidenses son los más vulnerables. El racismo sistemático significa peor acceso a la salud, agua limpia, alimentación o vivienda; la población carcelaria –en gran parte negra− es particularmente expuesta. Diabetes o tensión alta, asma o problemas respiratorios −por habitar áreas industriales− significan más chances de desarrollar complicaciones. En Chicago casi 70 por ciento de muertos por SARS-Cov-2 son negros, a pesar de constituir sólo 30 por ciento de la población ( wapo.st/3eYTnK7). Integrantes de grupos indígenas –allí donde quedan propiamente catalogados− igualmente mueren en proporciones alarmantes, pero más a menudo quedan tildados como "otros" (bit.ly/2KsqGqZ), algo que tras siglos de exterminación, despojo y colonialismo de asentamientos ( settler colonialism) los degrada y vuelve aún más invisibles.

Uno de los primeros efectos del coronavirus –aparte de miles de muertos y millones de desempleados– fue exacerbar el típicamente trumpiano odio racista blanco hacia dentro y hacia afuera (los asiáticos, los refugiados). Pero esto está lejos de ser un american excepcionalism: el Covid-19 exacerbó igual −bien apunta Joseph Massad, intelectual palestino y discípulo del gran E. W. Said, al margen de su análisis sobre el american hate (bit.ly/2xXofdq)− el odio israelí hacia los palestinos colonizados. El cuerpo palestino considerado "inferior en la escala del ser" pasó por un lado de "una amenaza terrorista" a "una amenaza epidemiológica" y, por otro, a un objeto de una bizarra guerra biológica. En Cisjordania ocupada, los soldados y colonos israelíes empezaron a escupir masivamente a los palestinos y sus propiedades con la esperanza de contagiarlos (bit.ly/3azPLe3). En Gaza, "la más grande cárcel al aire abierto en el mundo" (allí están también los presos palestinos en cárceles israelíes confinados en condiciones alarmantes), la situación sanitaria, falta de agua limpia e insumos médicos a causa del inhumano bloqueo israelí y las periódicas "operaciones punitivas" es una tragedia por consumarse (algo que también está ocurriendo en campos de refugiados palestinos).

“¡He aquí tu quintaesencial ‘población colonizada, dominada por razones etnorraciales’”! – suena otra vez la voz en off.

"Razones etnorraciales... razones etnorraciales...", resuena todavía el eco mientras una mano (¡caray!, los gajes del confinamiento) pasa otro papelito donde se lee: “la línea abisal (que separa los cuerpos racializados y ‘blancos’) no cesó con el fin del colonialismo de ocupaciónterritorial y permanece igual que el ‘colonialismo bajo nuevas formas’ que justifica hoy el racismo, la xenofobia, la islamofobia, el encarcelamiento masivo de los jóvenes negros estadunidenses, el tratamiento inhumano de refugiados o ‘la solución final’ de Palestina” (bit.ly/3cXZdtq).

Corrección: el colonialismo territorial no llegó a su fin. Está "vivito y coleando" en Palestina, acelerado de hecho hoy por el virus. Israel −el último residuo del colonialismo de asentamientos− usa la contingencia para seguir asesinando a los palestinos, demoler sus casas –clínicas para el Covid-19 incluidas (bit.ly/2VQpTFu)− y despojarlos de sus tierras empujando la anexión ilegal de un 30 por ciento de Cisjordania en el marco de The Deal of the Century trumpiano (bit.ly/2Wa3bsf). Concebido a finales del siglo XIX –la cumbre de las "ciencias raciales" y el colonialismo−, el sionismo, bien apunta Massad en otro lugar, "aprendió" de ambos y aún se guía por sus principios (bit.ly/3eVSJwW). Así, el coronavirus agrava aún más la discriminación en Palestina haciendo de la respuesta israelí "una culminación de sus políticas racistas y colonialistas, no algo separado de ellas" (bit.ly/2S4Y1fL).

Viendo como Benjamin Netanyahu trató de aplicarles a los israelíes portadores del virus el mismo panóptico digital "antiterrorista" aplicado a los palestinos colonizados (bit.ly/2xmQe5V) o como Donald Trump designó a su yerno, Jared Kushner, el "arquitecto" de The Deal of the Century aka. "la solución final de Palestina" que con ignorancia y prepotencia colonial decimonónica decidió sobre la suerte de los palestinos, para "combatir la pandemia" (bit.ly/2zFaIHD) y decidir ahora −igualmente gracias al nepotismo, no sus competencias (bit.ly/3eAcZUJ)− sobre la suerte de los cuerpos estadunidenses, uno casi tiene que contenerse para no sentir un Schadenfreude.

"La violencia colonial siempre retorna a la casa", remarcó al estallar la Primera Guerra Mundial Rosa Luxemburgo. ¿Por qué los tiempos del coronavirus tendrían que ser diferentes?

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Viernes, 15 Mayo 2020 06:17

La pandemia de las transnacionales

La pandemia de las transnacionales

La expansión de la pandemia de Sars-Cov-2 ha puesto de manifiesto muchos problemas en este mundo globalizado donde en la mayoría de las naciones impera el sistema neoliberal, con énfasis en la proliferación de las privatizaciones, impuesto por los países capitalistas desarrollados.

Con la propagación del nuevo coronavirus esas compañías han sufrido algunas pérdidas que después de aminorar la enfermedad resarcirán con creces debido a los grandes capitales, el financiamiento que poseen y el control que ejercen sobre los países donde están ubicadas.

Los grandes perdedores, como ya se ha hecho habitual desde que se expandieron estos monopolios, son los trabajadores y los países donde se han instalado.

Los primeros porque son ciudadanos que enfrentan una gran explotación capitalista bajo constantes amenazas de despido sin poder recurrir a un sindicato que los represente, pues esas organizaciones están prohibidas en esos centros. Los segundos perjudicados son las naciones donde se asientan, ya que extraen sus riquezas y envían las ganancias hacia sus sedes principales.

En reiteradas ocasiones se ha comprobado el poder de estas transnacionales que al tener gran influencia en la economía de un país presionan a los gobiernos y hasta en ocasiones, cuando no les convienen, ayudan a derrocarlos.

En estos días se han conocido represalias y excesos de varias  transnacionales contra empleados que protestan por la desatención sanitaria y la poca protección que le ofrecen los dueños para evitar contagiarse con el coronavirus.

Ante las demostraciones, empresas como Amazon, Walmart o JBS Cactus (especializada en empaque de carnes) expulsaron a varios trabajadores al catalogarlos de “revoltosos”.

En estas tres empresas decenas de empleados están enfermos con la covid-19 y siguen trabajando sin las mínimas condiciones de resguardo, lo cual aumenta la proliferación del virus entre los que están sanos. 

En los dos últimos meses éstas y otras compañías han cerrado filiales y despedido a numerosos empleados sin que los mismos tengan derecho a una compensación.

Como se conoce, sus matrices o sedes casi siempre se hallan en naciones desarrolladas como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Australia y Japón, y en la actualidad también en Brasil, México o India.

Los abundantes capitales y movilidad de que disponen les permiten lanzarse sobre las ventajas que les ofrecen diversos países del mundo y de esa forma obtener fabulosas ganancias.

Bajo las leyes neoliberales exigen y obtienen facilidades como bajos salarios, impuestos y obligaciones tributarias bajas o nulas, acceso fácil y barato a recursos naturales y energías, normas ambientales, laborales y prebendas financieras permisivas en algunos Estados con sistemas judiciales débiles y vulnerables.

Las transnacionales operan en todos los sectores de los países y en todos los ámbitos de nuestras vidas. Destacadas en la producción, distribución y venta de alimentos aparecen, Coca-cola, Walmart, Monsanto, Cargill, Nestlé, PepsiCo, Mars, Unilever. En la elaboración y expendio de medicamentos e insumos para la salud: Johnson and Johnson, Bayer, Novartis, Pfizer, Roche, Merk.  

En las energías y petróleo sobresalen, Exxon-Mobil, BP, Chevron, Shell, Petrobrás, Gazprom, Total y en comunicaciones y tecnología, Apple, Telefónica, Samsung, Microsoft, Facebook. 

En la rama del transporte se pueden citar, Daimiel, GM, Volkswagen, Toyota, Alstom, y en educación y libros, Kroton, Alfaguana, Person, Amazon.

En la industria extractiva y minera, Glencore, BHP Bilinton, Anglo American, y en la banca y fondo de inversiones, HSBC, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup.

En la mala política social que aplican algunos estados y los beneficios que otorgan a estas transnacionales se encuentran los orígenes de la pobreza, exclusión, impunidad, violación de derechos humanos, deterioro del medio ambiente e incertidumbre laboral.

Resulta innegable que las inversiones extranjeras son necesarias para el desarrollo, pero deben realizarse con estricto control y sin permitir convenios leoninos en contra de la mayoría de la población.

Un informe del año 2018 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) asegura que las transnacionales extraen de los países hasta el 60 % de las ganancias y solo dejan unas migajas a los gobiernos.

El crecimiento tan marcado de estas utilidades, indica el organismo regional, tiende a neutralizar el efecto positivo que produce el ingreso de la inversión extranjera directa sobre la balanza de pagos.

En los últimos años, con la imposición en América Latina de gobiernos dóciles a Estados Unidos, se han incrementado las privatizaciones a favor de esas poderosas compañías que lejos de ayudar a los ciudadanos los impulsan al desempleo, al hambre y la miseria.

Medios de prensa hegemónicos y organismos financieros internacionales han propagado en estos días que las transnacionales han sufrido grandes pérdidas por la covid-19 pero no dicen que como tienen gran control mundial sobre productos de consumo, alimentación, medicinas, vestuario, transporte, recursos energéticos y hasta del agua, sus riquezas crecerán rápidamente tras la eliminación de la pandemia, mientras millones de personas padecerán más hambre y pobreza si los gobiernos no son capaces de ayudarlos.  

Por Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

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¿Por qué los militares brasileños se pliegan a Bolsonaro?

El nacionalismo y el desarrollo industrial fueron las señas de identidad de las Fuerzas Armadas de Brasil desde la dictadura militar hasta los Gobiernos de Luiz Inacio Lula. Pero el sueño de convertirse en potencia global relativamente independiente se fue evaporando luego de la crisis de 2008 y terminó sepultado bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro.

 

El nacionalismo y el desarrollo industrial del país para cimentar su progreso fueron las señas de identidad de las Fuerzas Armadas de Brasil desde la dictadura militar (1964-1985) hasta los Gobiernos de Luiz Inacio Lula (2003-2010). Pero el sueño de convertirse en potencia global relativamente independiente se fue evaporando luego de la crisis de 2008 y terminó sepultado bajo el actual Gobierno de Jair Bolsonaro.

Aunque el presidente es un obstáculo para garantizar la gobernabilidad del país, no todos los problemas se reducen a su polémica figura. El viraje de Brasil hacia su subordinación a Washington y al Pentágono hay que buscarlo en la deriva pragmática de las Fuerzas Armadas y en su falta de proyección estratégica.

Mucho se ha hablado sobre un supuesto malestar entre los militares con las declaraciones y actitudes abiertamente golpistas de Bolsonaro. El 19 de abril, el presidente convocó a sus partidarios a manifestarse frente al Cuartel General del Ejército, en contra del Congreso y del Supremo Tribunal Federal, llamando a una intervención para clausurarlos.

Sin embargo, nada indica que la cúpula de las Fuerzas Armadas haya cambiado su fidelidad por el presidente, al que contribuyeron a elegir y en cuyo Gobierno hay nada menos que 2.897 uniformados, un número superior al que hubo durante toda la dictadura militar.

La crisis del coronavirus y la crisis de Bolsonaro: ¿Quién manda en Brasil?

Una prueba de que los militares son profundamente bolsonaristas es lo sucedido entre el ahora exministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, y el presidente por la posición de Bolsonaro contra la cuarentena para no perjudicar la economía. Aunque la sociedad, los medios, los médicos, gobernadores y políticos apoyaban masivamente al entonces ministro, los militares se inclinaron por el presidente.

El vicepresidente, general Hamilton Mourao, se pronunció en contra de Mandetta, afirmando que "cruzó la línea roja", que quien toma las decisiones es Bolsonaro, que "no está tutelado por los militares" y, por el contrario, "tiene extrema preocupación con la población más desasistida".

La pregunta es cómo se llegó a esta situación, en la cual las Fuerzas Armadas subordinan su prestigio y su integridad a un presidente errático, aislado y enfrentado a todas las instituciones del país, desde la Justicia hasta la Orden de Abogados.

Los problemas no comenzaron ahora. En 2018 ya se podía constatar el retroceso brasileño, de la mano de la venta de la empresa de aviación Embraer, creada por los propios militares, a la estadounidense Boeing. En marzo de 2019, tras la primera visita de Bolsonaro a la Casa Blanca, Brasil recibió el estatus de "aliado privilegiado" fuera de la OTAN.

Este año, Trump y Bolsonaro firmaron el acuerdo RDT&E —la sigla en inglés de investigación, desarrollo, tests y evaluación— que ayudará a abrir la industria brasileña al mayor mercado de defensa del mundo.

Entre tanto, el Parlamento dio luz verde a la utilización de EEUU de la base de cohetes espaciales de Alcántara, en el estado de Maranhao, cerca de la línea ecuatorial. En octubre de 2019 se aprobó el Acuerdo de Salvaguardas Tecnológicas, la base legal que permite el lanzamiento de cohetes y satélites con tecnología estadounidense, pese a que la oposición considera que viola la soberanía nacional.

Según José Luis Fiori y William Nozaki, investigador y director del Instituto de Estudios Estratégicos de Petróleo, Gas y Biocombustibles, respectivamente, el viraje más importante fue la definición de Francia como enemigo estratégico de Brasil en el escenario de la defensa hacia 2040.

Según Nozaki y Fiori, la elección de Francia es "coherente con el objetivo central e inmediato de las Fuerzas Armadas brasileñas, que es Venezuela y ahora también Guyana, debido al descubrimiento reciente de inmensas reservas de petróleo 'offshore'". 

Según los analistas, Francia como enemigo estratégico podría cumplir tres objetivos. En primer lugar, permitiría "la denuncia del acuerdo de cooperación militar de Brasil con Francia en torno a la construcción del primer submarino nuclear brasileño, que probablemente sea sustituido por un nuevo proyecto con EEUU".

Arreaza critica que Bolsonaro apoye a EEUU mientras Brasil afronta COVID-19

El segundo aspecto es la conversión de Brasil en un "protectorado militar de EEUU", como lo anticipa la venta de Embraer a Boeing, la liberación del uso de la base de Alcántara y la conversión del gigante sudamericano en aliado preferencial de Washington.

La tercera cuestión es la "ofensiva final" contra Venezuela, apoyada por Brasil. En este sentido debe entenderse "el nombramiento del general Mourao para el Comando Unificado de la Amazonía, del cual fueron excluidos todos los gobernadores de la región, apartándolos de informaciones y decisiones, incluso en el caso de que Brasil sea convocado para formar un cerco fronterizo" contra Venezuela. 

Aún resta responder cómo fue posible que Brasil pasara de contar con una Estrategia Nacional de Defensa, delineada en 2008 —que establece la prioridad de proteger las reservas de petróleo offshore y de la Amazonía de cualquier potencia extracontinental, de promover un complejo militar-industrial independiente y una alianza con países como Suecia y Francia para el desarrollo de naves y submarinos—, a convertirse en un protectorado militar de EEUU.

A mi modo de ver, hay tres razones básicas:

  1. Las elites brasileñas (el empresariado, las cúpulas militares y los altos cuadros administrativos del Estado) tienen mucho más temor, y rechazo, a la izquierda, a Venezuela y a los sectores populares que a cualquier otra eventualidad. Este rechazo se debe a una profunda integración con el mundo de las empresas multinacionales, de la gran banca y de los lobbies empresariales y militares afines al Pentágono.
  2. Dejaron de creer en Brasil como país llamado a jugar un papel destacado en el mundo, de la mano de los BRICS y de los demás países emergentes. No tienen, por lo tanto, un proyecto de país capaz de integrar a los 210 millones de brasileños en un impulso nacional que, tarde o temprano los llevaría a chocar con EEUU. También dejaron de interesarse en la integración regional.
  3. La sociedad brasileña está desorientada ya que durante los 13 años de Gobiernos del Partido de los Trabajadores le dijeron, una y otra vez, que "Brasil no tiene enemigos". Era la frase predilecta de Lula y mostró que en un mundo como el actual, el ascenso de cualquier país al rango, incluso de potencia regional, choca inevitablemente con los defensores de la estrategia del "patio trasero" de los EEUU.
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Venezuela denunció ante la ONU el "bloqueo naval" de EEUU

Venezuela presentó una queja formal contra Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La carta presentada por el gobierno venezolano denuncia el envío que hizo el presidente Donald Trump de buques de guerra a la región del Caribe. Días atrás el gobierno norteamericano había emitido una orden de detención contra Nicolás Maduro . Venezuela calificó las acciones de Estados Unidos como una "monstruosa agresión". Además sostuvieron que la administración Trump busca una transición política forzosa en el país.

Según Trump el despliegue de tropas forma parte de una operación antinarcóticos diseñada para frenar el tráfico de drogas en la región. La iniciativa militar está bajo el control del Comando Sur de las Fuerzas Armadas, y supuso la intervención de buques de guerra, aeronaves y tropas en la zona del Caribe y el Pacífico. Para Venezuela, en cambio, es una plan genocida coordinado entre la administración Trump y Colombia. "Desvían recursos financieros, materiales y humanos que deberían usarse para salvar a sus propios pueblos", denunció el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, en su cuenta de Twitter.

El funcionario publicó una copia de la carta al Consejo de Seguridad de ONU en la que señala que la operación tendrá "desastrosas consecuencias". "Denunciamos la monstruosa campaña de agresión militar de Trump y (el presidente de Colombia, Iván) Duque contra Venezuela en momentos en que todos los pueblos del mundo son azotados por la peor pandemia en cien años", añadió el embajador. Venezuela exige al Consejo que actúe contra la política "belicista" de Estados Unidos. Además sostienen que ese país hizo acusaciones "infames" contra el presidente Maduro, y califican como  una "irresponsabilidad suprema" desviar la atención de la pandemia por el coronavirus.

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Al borde del desastre. Venezuela entre el conflicto político y la crisis del sistema de salud.

El sistema de salud venezolano llega a la coyuntura actual en una situación dramática. Mientras, el régimen y la oposición dejan escapar otra oportunidad para lograr una tregua y Estados Unidos recrudece sus ataques.

Desde Caracas.El coronavirus estuvo a punto de lograr lo impensable: un acuerdo entre la oposición y el gobierno venezolanos. En pleno escándalo mundial por la pandemia, Henrique Capriles, excandidato presidencial, abrió, el 25 de marzo, la posibilidad de que se llegue a un acuerdo entre oposición y gobierno para enfrentar la situación. Esa misma noche hubo dos reacciones casi paralelas. Nicolás Maduro aceptó: “Estoy de acuerdo con el planteamiento de Capriles”. Y entonces pidió al nuncio apostólico que sirviera de mediador y prestara la sede del Vaticano en Venezuela para entablar una reunión, lo más pronto posible, con los diferentes actores de la oposición. Pocos minutos más tarde, Juan Guaidó dijo estar dispuesto a hacer todo lo necesario, en un reconocimiento implícito de la necesidad de llegar a un acuerdo, aunque mantuvo reservas y planteó condiciones en torno a la distribución de la ayuda humanitaria, que, según él, debe ser realizada por organismos multilaterales y no por el gobierno de Maduro.

Previamente había habido gestos de distensión. Henry Ramos Allup, presidente de Acción Democrática, el principal partido de oposición, anunció el 10 de marzo que abandonaría la línea radical y abstencionista seguida hasta el momento y acudiría a las elecciones parlamentarias de este año. También en el ámbito internacional se vislumbra un nuevo panorama: el 23 de marzo la Unión Europea hizo público su pedido de que el Fondo Monetario Internacional financie a Venezuela e Irán en esta coyuntura y cesen las sanciones estadounidenses contra Caracas y Teherán. Sanciones que, en palabras de Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, “les impiden obtener ingresos por la venta de petróleo”. El secretario general de la Onu, António Guterres, también pidió que se ceda en las medidas coercitivas. Hasta allí parecía sobrevenir un apaciguamiento en la escalada de ataques y un posible escenario de diálogo, aunque fuera mientras durara esta coyuntura mundial.

Trump, otra vez 

A pocas horas de abierto ese escenario, el día 26 de mañana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció, en una conferencia de prensa del fiscal general William Barr, la presentación en tribunales de cargos contra el presidente Maduro y algunos de sus colaboradores por delitos de “narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y tenencia de armas y otros artefactos destructivos”. Acto seguido, puso precio a la cabeza del mandatario venezolano y a las de otros funcionarios y exfuncionarios. Como era de esperarse, la declaración del fiscal, luego corroborada por Trump en pleno vendaval viral, canceló cualquier intento de negociación y disparó discursos radicales de las partes enfrentadas en Caracas.

El gobierno de Trump pasó así de activar su radar financiero para bloquear a Venezuela en recursos, compras y ventas de petróleo, a dar luz verde a todo tipo de acción violenta que busque asesinar o capturar a Maduro y los suyos. Más que una salida militar, se trata de revivir las opciones parapoliciales a las que nos acostumbran las películas de la industria cultural más comercial. Esto sucede al lado de Colombia, un país sembrado de fuerzas irregulares, y a pocos días de que el mayor general retirado Clíver Alcalá Cordones confesara a las autoridades colombianas (luego del decomiso de un arsenal en el noreste de ese país) que planeaba invadir Venezuela junto con asesores estadounidenses para derrocar a Maduro. Paradójicamente, el general aparecía en la lista de personeros buscados por el Departamento de Justicia y a los pocos días viajó bajo arresto de Colombia a Estados Unidos.

A riesgo de que la situación resulte aún más esquizoide, a los pocos días, el 31 de marzo, con un planteo más civilista pero igual de prepotente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, propuso la conformación en Venezuela de un consejo de Estado conformado por el chavismo y la oposición, sin Guaidó ni Maduro, que se encargue de fijar nuevas elecciones. La figura no está contemplada en la Constitución venezolana y ya ha sido rechazada por el canciller Jorge Arreaza.

La respuesta de Miraflores no se ha hecho esperar. La fiscalía venezolana citó a Guaidó para que declare el jueves 2 de abril. Es posible que el líder opositor quede preso bajo sospecha por el caso de las armas incautadas en Colombia. Con Guaidó detenido sólo cabría esperar una escalada mayor entre Caracas y Washington.

No debe perderse de vista que, aunque la actitud belicosa de la administración Trump luce desproporcionada en la actual coyuntura sanitaria mundial, la campaña presidencial en Estados Unidos sigue en marcha. El tema Venezuela es clave en el voto latino del estado de Florida, un territorio relevante en cuanto a lo electoral.

En ese contexto deben leerse las palabras de Carrie Filipetti, subsecretaria de Estado para Cuba y Venezuela, quien ha dicho en los últimos días que Venezuela es un riesgo para la región y puede convertirse en un foco de la pandemia y un peligro para los países vecinos. Es un discurso llamativo en boca de una representante del gobierno estadounidense si se tienen en cuenta los datos oficiales sobre el covid-19: al cierre de esta edición, Venezuela tenía 150 casos y tres muertes por coronavirus, mientras que Estados Unidos tiene 240 mil casos y 5.600 muertes.

Colapso del sistema de salud

De todos modos, estos enfrentamientos se producen no sólo en el marco de las elecciones estadounidenses, sino también con un telón de fondo marcado por la objetiva debilidad de Venezuela en materia de salud pública. La salud venezolana ya estaba en una profunda crisis y podría verse desbordada rápidamente con la propagación del coronavirus.

Algunas relatorías de la Onu, como la publicada en noviembre de 2019 por el secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, plantean que “el sistema de salud venezolano está al borde del colapso y muchos hospitales carecen de la infraestructura básica de agua y electricidad”. “Los pacientes hospitalizados, muchos de los cuales ya están gravemente enfermos, corren un alto riesgo de perder la vida a causa de las nuevas infecciones que adquieren mientras están en el hospital, ya que no es posible realizar una limpieza y de-sinfección básicas. Esto se agrava por la falta de medicamentos y la escasez de médicos y enfermeras para administrarlos. Enfermedades prevenibles, como el paludismo y la difteria, han vuelto con mucha fuerza. Las personas con enfermedades crónicas están entre las más vulnerables.”

En ese escenario, la Federación Médica Venezolana y otras organizaciones sociales alineadas con la oposición han señalado que los 46 hospitales públicos designados por el gobierno para encargarse de los casos de coronavirus no cuentan con las condiciones necesarias para atender a los pacientes. Lo cierto es que, por más que el gobierno se vanaglorie de una supuesta fortaleza en la esfera de la salud debido al apoyo de sus aliados (Cuba y China, entre ellos), el sistema sanitario sufre un gran deterioro. Si extrapolamos a Venezuela el nivel de demanda médica generada por el coronavirus en España e Italia, ya no estaremos hablando de un colapso, sino de un desastre en todos los planos de la vida nacional.

2 abril, 2020

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Palestina: palabras y narrativas (III y Última)

Pellízquenme una vez porque no me lo estoy creyendo. Cuando por años uno mostraba el mapa de Palestina, toda "comida" respecto al plan de partición de la ONU (1947), un surreal archipiélago de islas fragmentado por colonias, caminos exclusivos, muros y retenes militares, fruto de décadas de colonización e imparable crecimiento de asentamientos ilegales –y muestra visual que la "solución de Dos Estados" (Oslo, 1993) era una quimera para ir acaparando más tierra palestina−, le decían que "estaba exagerando", "boicoteando el proceso de paz" (sic), y "que al final esto no se iba a ver así". Todo a pesar de que las "ofertas" israelíes –sean de derecha o de izquierda− a los palestinos siempre contemplaban "algo menos que un Estado" (bit.ly/2w5mFoQ) muy al estilo de los bantustanes ( homelands) sudafricanos diseñados por el régimen de apartheid para fragmentar e ir marginando a la población negra desposeída de derechos políticos (bit.ly/2Utsjdw). Ahora que el Acuerdo del Siglo de Trump y Netanyahu presenta el mismo mapa, una verdadera cartografía de la opresión sazonada con patéticas proyecciones y anotaciones (bit.ly/3bFLGpQ) virtualmente indistinguible del mapa de los bantustanes (bit.ly/2wNn13H) como "logro", "progreso" y "parte del cambio de narrativa para resolver el conflicto", uno no sabe si reírse o llorar. Pellízquenme otra vez porque no me lo estoy creyendo. Cuando por años uno usaba la palabra apartheid para describir la realidad que vivían los palestinos bajo la ocupación israelí (bit.ly/2xyVXp0) se le decía no sólo que "exageraba", sino que dicha analogía era "inaceptable" (bit.ly/2WUMxys). Ahora que el plan de Trump-Netanyahu con su "visión" de Palestina como un "no-Estado" basado en segregación y control racial calculado para sofocar la liberación palestina y el derecho a la autodeterminación (bit.ly/2UuqQ72) y el término apartheid irrumpió en el mainstream –desde un ex embajador israelí en Pretoria usando la paralela para advertir correctamente “que intentos de crear estados ficticios para ‘lavar’ un régimen opresivo no funcionaron en Sudáfrica y no funcionarán en ningún lugar” (bit.ly/2URsPRz) hasta un grupo de políticos europeos que antes jamás se atrevieron a decirle algo a Israel alertando hoy que el Acuerdo “es el camino recto al apartheid” (bit.ly/2UWAHBE)− uno no sabe si seguir riendo o limpiarse las lágrimas.

Tal vez más vale tarde que nunca.

Pero para que todo no sea tan simple, N. Chomsky –al final un lingüista que trabaja con palabras− desde hace años suele alertar “que la situación en Palestina es mucho peor que el apartheid”; J. Dugard un jurista sudafricano y autor de un reporte sobre los territorios ocupados (ONU, 2004) enfatizaba que “el régimen israelí de apartheid es peor que el sudafricano”; también A. Mbembe, el filósofo camerunés afincado en Sudá-frica, afirmando que la situación en Palestina evoca a bantustanes, subraya que “la metáfora de apartheid no alcanza a reflejar la especificad del proyecto israelí de separación” y que “dado su carácter high-tech, los efectos en el cuerpo palestino son mucho más graves que las del sistema relativamente primitivo sudafricano”: "la dialéctica de proximidad-distancia y el control nunca alcanzaron allí niveles tan paroxísticos como en Palestina" (bit.ly/36UNR5N).

He aquí la paradoja: la analogía del apartheid −sin dejar de ser correcta− se queda a la vez corta y "demasiado optimista". Si bien refleja bien el "componente racial" de la ocupación y la colonización israelí –los "mitos raciales", como bien apunta J. Massad son fundamentales para todos proyectos de colonialismo de asentamientos (bit.ly/2wJjCmB)−, contiene una falacia que nos lleva a asumir el mismo desenlace: que igual la combinación de presiones internas y externas (p.ej. la campaña BDS modelada en Sudáfrica) hará que "esta injusticia implosionará" –como insiste p.ej. R. Kasrils un ex combatiente antiapartheid que ve el Acuerdo como “un clon del apartheid” (bit.ly/2Jturf7)– mientras las dos situaciones no son iguales (¡Mbembe!). Tampoco los contextos internacionales: si bien "la cuestión palestina" no es tan passé como quieren algunos (bit.ly/2P3ces7) y mantiene su relevancia universalista (bit.ly/3cv9YnJ), Sudáfrica nunca estuvo tan sola como hoy lo parece Palestina (bit.ly/39zncwI).

Y finalmente esto:coronavirus”, una nueva palabra que está poseyendo al mundo mientras nos pellizcamos tratando de comprender lo que está pasando. Como bien recuerda M. Davis el impacto de la epidemia de la gripe española (1918-1919) en India −que registró 60 por ciento de muertos a escala mundial− fue agravado por la mezcla de la "huella" del colonialismo británico (requisiciones de granos, etcétera) y la sequía (bit.ly/341QYt1); igualmente, en el caso de Cisjordania y Gaza, el impacto del colonialismo israelí –al final los bantustanes fueron modelados en colonialismo británico y reservaciones indígenas en Canadá− hace a la población palestina sumamente vulnerable, si no indefensa frente a la epidemia (bit.ly/3bRUOb1). El otro día, siguiendo con la política de ir comiendo más tierra palestina, el ejército israelí demolió un hospital de campo para los palestinos afectados por el Covid-19 en Izbiq, en el Valle de Jordán, que el Acuerdo del siglo le permite anexar y deshacerse de la población "sobrante". ¿Será porque para Israel los palestinos siempre serán una especie de plaga?

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Plan golpista del Departamento de Estado de EE.UU.

La extorsión a Venezuela crece 

EE.UU. planteó la creación de un “Consejo de Estado para un gobierno de transición”, que excluya a Maduro y a Guaidó.

 

El ajedrez golpista se acelera en tiempo de pandemia. Estados Unidos, al frente de la estrategia para derrocar a Nicolás Maduro, dio un nuevo paso: planteó la creación de un “Consejo de Estado para un gobierno de transición”, en el cual no estén ni Maduro ni el líder opositor Juan Guaidó, que convoque a elecciones presidenciales antecedidas por el levantamiento del bloqueo.

El anuncio fue dado por el secretario de Estado, Mike Pompeo y los detalles publicados por el Departamento de Estado bajo el título de “Marco de transición democrática para Venezuela”.

La hoja de ruta planteada por EE.UU. sostiene que la Asamblea Nacional (AN) encabezada por Guaidó, debe nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, y crear el Consejo de Estado que se convierta en poder ejecutivo. Ese Consejo sería conformado por cuatro miembros de la AN -pudiendo participar los diputados del chavismo- que a su vez designaría al quinto integrante para desempeñarse como presidente.

Una vez asumidos todos los poderes presidenciales por el Consejo, y con la salida de “las fuerzas de seguridad extranjera”, EE.UU. levantaría las sanciones “contra el gobierno, PDVSA y la industria petrolera”. Finalmente, el Consejo de Estado, convocaría  elecciones legislativas y presidenciales en un lapso de seis a doce meses, y, luego de su realización, se quitarían las “sanciones restantes”.

La arquitectura de transición creada por EE.UU. busca sostenerse sobre la figura del Consejo de Estado que aparece en el artículo 251 y 252 de la Constitución. Sin embargo, el texto constitucional afirma que dicho órgano es de consulta de Gobierno y no para reemplazar a un presidente, y el sistema de elección descrito por EEUU no es el que dicta el texto constitucional.

La dimensión legal y constitucional es, en realidad, secundaria. Las palabras de Pompeo y de Elliot Abrams, enviado especial para el expediente Venezuela, se dan cinco días después de que el Fiscal General, William Barr, anunció una recompensa de 15 millones de dólares por Maduro y 10 millones por Diosdado Cabello.

El denominado “marco de transición” aparece en este contexto como un intento de ofrecer una salida o claudicación donde sean apartados Maduro, Cabello, y algunos dirigentes más, pero no toda la dirección. El texto del Departamento de Estado afirma que el “alto mando militar permanece en el lugar durante el gobierno de transición”, al igual que gobernadores y alcaldes, y no excluye al Partido Socialista Unido de Venezuela del nuevo tiempo político.

Según los cálculos de correlación de fuerza que maneja EE.UU., se ha llegado al punto de cerco tan grande que podría darse la ruptura interna. Esa lectura se basa sobre un factor central: la economía y, en particular, la situación de los precios petroleros que llevan varias semanas de caída sostenida. El presidente Maduro afirmó que el precio de venta del barril venezolano no cubre su costo de extracción, lo que, en la economía venezolana representa un impacto transversal y profundo.

La perspectiva de una mejora de los precios es aún lejana debido a la crisis económica global dentro de la cual se enmarca la baja de la demanda petrolera, un exceso de producción, una progresiva saturación de los almacenamientos, y una baja de los precios sobre el marco de una falta de acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia, y un diálogo incipiente entre Donald Trump y Vladimir Putin al respecto.

La combinación de bloqueo económico y caída petrolera conforma así un cuadro de gran dificultad para la economía venezolana. Sin embargo, el gobierno venezolano cuenta con el respaldo, por ejemplo, de Rusia, donde, entre otras cosas, el gobierno de Putin ha comprado los activos de la petrolera Rosneft en Venezuela.

No sería la primera vez que Washington realice un cálculo equivocado respecto a la situación en Venezuela. La misma conformación de un gobierno paralelo con Guaidó a la cabeza, incapaz de llevar adelante la transición anunciada, fue la expresión de un error de esa naturaleza.

No resulta sorpresivo que su figura sea puesta de lado en el esquema del Consejo de Estado: Guaidó ha perdido progresivamente su capital político hasta quedar desdibujado ante la pandemia. Según Abrams, el pedido de renuncia de Guaidó responde al hecho de que quien presida el Consejo no podrá presentarse en las elecciones y, por lo tanto, quitar al autoproclamado permitiría que luego se presente.

Resulta improbable que este nuevo llamado norteamericano genere un quiebre interno. Su presentación puede en cambio leerse, por ejemplo, como la preparación del terreno que seguiría a la salida de Maduro planificada través de una operación encubierta. Esa hipótesis volvió a verse evidenciada la semana pasada cuando fue desmontada una operación militar que se preparaba desde Colombia.

Por esa misma operación el Ministerio Público llamó a Guaidó a presentarse el próximo jueves. Esa citación puede transformarse en un nuevo momento de elevación de las tensiones ya que seguramente Guaidó no acudirá.

Este escenario deja claro que el escenario de pandemia, en lugar de permitir un diálogo y levantamiento del bloqueo -como pidió, entre otros, el Grupo de Puebla o Michelle Bachelet- ha generado que Estados Unidos busque acelerar el desenlace con ofertas millonarias de información, captura y muerte_la semana pasada ofreció quince millones de dólares por la cabeza de Maduro-, así como con una asfixia económica utilizada como moneda extorsiva.

Paso a paso, los 13 puntos y las 2 garantías para la transición democrática de Venezuela que propuso Estados Unidos

El Departamento de Estado norteamericano presentó la hoja de ruta para que el régimen latinoamericano deje el poder. Dentro del programa existen señales inequívocas para gran parte de la actual administración

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, presentó este martes en Washington un Marco de Transición Democrática para Venezuela e instó al dictador Nicolás Maduro y al líder opositor Juan Guaidó, reconocido por Washington como mandatario interino, a hacerse a un lado para celebrar nuevas elecciones.

Luego de más de un año de esfuerzos liderados por el gobierno de Donald Trump para sacar del poder a Maduro, Pompeo dijo en una rueda de prensa que en Venezuela ambas partes deberían establecer un gobierno de transición encabezado por un Consejo de Estado para organizar los comicios en un plazo de 6 a 12 meses. Pompeo dijo también que si se cumplen todas las condiciones del programa presentado por Estados Unidos se podrían levantar todas las sanciones a la nación sudamericana y recordó que las sanciones actuales no impiden el envío de ayuda humanitaria, algo especialmente urgente en el marco de la emergencia del coronavirus.

Cómo es el plan presentado por el Departamento de Estado norteamericano:

1 - El pleno retorno de todos los miembros de la Asamblea Nacional (AN); la Corte Suprema (TSJ) levanta la orden de rebeldía y restablece todos los poderes a la AN, incluidas las inmunidades para los diputados; la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se disuelve. Estados Unidos levanta las sanciones impuestas a los miembros de ANC debido a su membresía a la ANC.

2 - Todos los presos políticos son liberados de inmediato.

3 - Todas las fuerzas de seguridad extranjeras parten de inmediato a menos que estén autorizadas por 3/4 de los votos de la AN.

4 - La AN elige nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y TSJ que son aceptables para todos los partidos o coaliciones de partidos que representan el 25% o más de los miembros de AN. Esto otorgaría al PSUV y a la coalición multipartidista de Guaidó un veto sobre el personal para cualquiera de estos puestos. Tras la selección de un nuevo CNE y TSJ, los Estados Unidos levantan las sanciones impuestas a los ex miembros del CNE y TSJ debido a su membresía en esos cuerpos.

5 - La AN aprueba la Ley del “Consejo de Estado”, que crea un Consejo de Estado que se convierte en el poder ejecutivo. Cada partido o coalición de partidos con un 25% o más de miembros de AN selecciona dos miembros del Consejo de Estado, uno de los cuales debe ser un gobernador del estado. Los cuatro miembros del Consejo de Estado luego seleccionan a un quinto miembro, que será Secretario General, y que se desempeña como Presidente interino hasta las elecciones y no se les permite ser candidatos para presidente en las elecciones. Los miembros del consejo no pueden ser miembros de AN o TSJ. Las decisiones del Consejo de Estado se tomarán por mayoría de votos. Un miembro de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela (FANB) servirá como Asesor Militar del Consejo de Estado.

6 - Todos los poderes asignados al Presidente por la Constitución serán conferidos exclusivamente al Consejo de Estado. Los Estados Unidos y la UE levantarán las sanciones contra aquellos que reclamaron las autoridades presidenciales que se impusieron debido a que mantuvieron sus cargos anteriores una vez que el Consejo de Estado está funcionando y esas personas renuncian a cualquier reclamo adicional para ocupar cargos ejecutivos y reconocen al Consejo de Estado como el Poder ejecutivo exclusivo.

7 - Una vez que se establece el Consejo de Estado y las fuerzas de seguridad extranjeras se han marchado (a menos que se apruebe por 3/4 de voto en la AN), se suspenden las sanciones de los Estados Unidos contra el Gobierno de Venezuela, PDVSA y el sector petrolero.

8 - El Consejo de Estado nombra nuevo gabinete. Los Estados Unidos levanta las sanciones a los ex miembros del gabinete debido a sus cargos anteriores. Estados Unidos también levanta las sanciones a los miembros de la FANB que se basan en su posición en la institución.

9 - La comunidad internacional brinda apoyo humanitario, electoral, de gobernanza, desarrollo, seguridad y económico, con un enfoque inicial especial en el sistema de atención médica, el suministro de agua y electricidad. Los programas de bienestar social existentes, que ahora se complementarán con el apoyo internacional, deben ser igualmente accesibles para todos los ciudadanos venezolanos. Las negociaciones comienzan con el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo para los principales programas de apoyo.

10 - Se establece una Comisión de la Verdad y la Reconciliación con la tarea de investigar los actos graves de violencia ocurridos desde 1999, e informa a la nación sobre las responsabilidades de los perpetradores y la rehabilitación de las víctimas y sus familias. La Comisión tiene cinco miembros, que son seleccionados por el Secretario General de las Naciones Unidas con el consentimiento del Consejo de Estado. La AN adopta una ley de amnistía consistente con las obligaciones internacionales de Venezuela, que abarca crímenes de motivación política desde 1999, excepto crímenes contra la humanidad. Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retiran el apoyo a la remisión de la Corte Penal Internacional.

11 - El Consejo de Estado establece una fecha para elecciones presidenciales y AN simultáneas en 6-12 meses. Cualquier ciudadano venezolano elegible de conformidad con la Constitución de 1999 puede competir en las elecciones.

12 - Se celebran elecciones presidenciales y de la AN. Con el consenso de los observadores internacionales de que las elecciones fueron libres y justas, se levantan las sanciones estadounidenses restantes.

13 - La comisión bipartidista dentro de la AN se desarrolla para crear soluciones a largo plazo para rehabilitar la economía y refinanciar la deuda.

Garantías

1 - El alto mando militar (Ministro de Defensa, Viceministro de Defensa, Comandante del CEOFANB y Jefes de Servicio) permanece en el lugar durante el gobierno de transición.

2 - Las autoridades estatales o locales permanecen vigentes durante el período de transición.

El futuro de Guaidó

El Secretario de Estado señaló que los objetivos de Estados Unidos no han cambiado, y dijo que Guaido podrá presentarse en las elecciones futuras, mientras que Maduro debe abandonar el poder. “Hemos dejado claro todo el tiempo que Nicolás Maduro nunca volverá a gobernar Venezuela”, dijo Pompeo a los periodistas. Además aclaró que el presidente del Consejo de transición no podría postularse para presidente en esas elecciones.

Consultado sobre si Guaidó podría ser candidato en los nuevos comicios, Pompeo contestó: “Absolutamente sí”. “Es el político más popular en Venezuela, creo que si se celebraran elecciones hoy, le podría ir increíblemente bien”, apuntó, destacando que Estados Unidos sigue “apoyándolo”. “Cuando armamos este camino hacia la democracia, trabajamos estrechamente con él”, agregó.

Pompeo dijo también que si se cumplen todas las condiciones del programa presentado por Estados Unidos se podrían levantar todas las sanciones a la nación sudamericana y recordó que las sanciones actuales no impiden el envío de ayuda humanitaria, algo especialmente urgente en el marco de la emergencia del coronavirus

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