La explosión demográfica global se ralentiza

El mundo albergará casi a 9.700 millones de personas en el año 2050. Son 2.000 millones más que en la actualidad, según las proyecciones publicadas este lunes por la ONU

Los seres humanos nacen, crecen, envejecen y mueren desde que habitan el mundo. Pero sobre todo, se multiplican. Así lo constata el informe bianual de la ONU sobre perspectivas de población publicado este lunes. En 2050, habrá 9.700 millones de personas en el planeta, según sus estimaciones. Son 2.000 millones más que hoy. Y serán muchas más en 2100, cuando se alcanzará el pico demográfico con 10.875 millones. Ambas proyecciones son ligeramente inferiores a las que calcularon y publicaron en la anterior edición del estudio, en 2017. Lo que significa que la humanidad crecerá a lo largo del siglo a un ritmo levemente menor del previsto hace dos años. Una ralentización que explica el descenso de la tasa de fecundidad global, que ha pasado de 3,2 nacimientos por mujer en 1990 a 2,5 en 2019. Y en 2050 caerá a 2,2 nacimientos por mujer.

“Muchas de las poblaciones de más rápido incremento se encuentran en los países más pobres, donde el crecimiento demográfico presenta desafíos adicionales en el esfuerzo para erradicar la pobreza, lograr una mayor igualdad, combatir el hambre y la desnutrición, y fortalecer la cobertura y la calidad de los sistemas de salud y educación para no dejar a nadie atrás”, analiza Liu Zhenmin, secretario general adjunto para asuntos económicos y sociales de las Naciones Unidas en un comunicado. En este sentido, añade, el informe ofrece una hoja de ruta que indica hacia dónde orientar la acción y las intervenciones para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acordados por los 193 países de la ONU en 2015 para conseguir un mundo más justo, pacífico y un planeta todavía habitable en 2030.

"Se dice que la Agenda 2030 pone a las personas en el centro del desarrollo sostenible. Y este informe da información clave: dónde están, cuántos hijos tienen y cuánto viven. Por tanto, puede ser usado por los Gobiernos y ONG para anticipar tendencias demográficas y tenerlas en cuenta en sus programas", ha dicho Maria-Francesca Spatolisano, subsecretaria general de Coordinación de Políticas y Asuntos Interinstitucionales, UN-DESA, en la presentación del documento en sede de la ONU en Nueva York y que se ha retransmitido en directo a través de Internet.

Basándose en estas tres variables —fertilidad, mortalidad y migraciones internacionales—, los autores estiman que el país que más crecerá será India, que en 2027 superará a China como el más poblado del mundo y alcanzará los 1.450 millones de personas en 2100, mientras que el segundo tendrá 1.064 millones esa misma fecha. El resto de naciones que más incrementarán su población están predominantemente en África. Son, por este orden: Nigeria, Pakistán, República Democrática de Congo, Etiopía, Tanzania, Indonesia, Egipto y Estados Unidos. Todos ellos representarán la mitad del incremento demográfico global hasta 2050.

Por regiones, Europa es la única que perderá población entre 2019 y 2050 (con unas 25.000 personas menos), mientras que África casi la duplicará pasando de 1.300 millones a 2.500 de almas para esa fecha. Asía seguirá como la más poblada con 5.300 millones. Una primera posición que mantendrá a final de siglo a pesar de la reducción que experimentará hasta 4.700 habitantes en 2100, pero con el continente africano muy cerca, con menos de medio millón de habitantes de diferencia.

"África crece porque el número de nacimientos es mayor que el de muertes. Y eso se debe, en gran parte, a que se ha aumentado la supervivencia de los bebés al nacer como de las madres al dar a luz", ha analizado durante el lanzamiento John Wilmoth, director de a división de población de UN-DESA. Si bien ha reconocido que todavía queda trabajo por hacer en cuanto a acceso a servicios de planificación familiar y contraceptivos, pese a los avances en esta materia en el continente. En 2019, la mayor tasa de fertilidad la registra de hecho África subsahariana con 4,6 nacimientos por mujer, muy por encima del 2,1 que se calcula (en ausencia de migración) necesario para asegurar el reemplazo generacional, tal como anotan los autores.

"Una cuestión importante es que la población está envejeciendo", ha agregado John Wilmoth, director de a división de población de UN-DESA. Gracias al aumento de la esperanza de vida al nacer, en 2050, una de cada seis personas en el mundo (16% de la población) tendrá más de 65 años, frente al 9% actual. En Europa y América del norte, esa ratio será aún mayor, con un 25% de ese grupo edad.

"El descenso en la proporción de población en edad trabajar está ejerciendo presión sobre los sistemas de protección social", alertan los autores. Un fenómeno muy acusado en Japón, donde hay 1,8 personas en edad laboral por cada mayor de 65. Es la relación de apoyo potencial (como se conoce este dato) más baja del mundo. Pero no va a estar solo en unos años. "Para 2050, se espera que 48 países, principalmente en Europa, América del norte y Asia oriental y suroriental, tengan relaciones de apoyo potencial por debajo de dos", apunta el documento.

En otras regiones, sin embargo, "hay largas cohortes de jóvenes", ha anotado Wilmoth. "En la mayor parte de África subsahariana, y en partes de Asia y América Latina y el Caribe, el descenso reciente de la fecundidad ha provocado que la población en edad de trabajar (25-64 años) crezca más rápido que la de otras edades, lo que, gracias a una distribución favorable de la población por edades, crea oportunidades para acelerar el crecimiento económico", se lee en el informe. Para beneficiarse de ese dividendo demográfico, la ONU sugiere en el documento que los gobiernos inviertan en educación y salud, especialmente para los jóvenes.

Madrid 17 JUN 2019 - 13:00 COT

Publicado enSociedad
Foto panorámica Serranía de Abibe a la altura del corregimiento de Juradó

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

Desde hace 22 años nuestra comunidad de paz no ha parado de dejar constancias de las diferentes formas de someter a la población civil, por parte de grupos o instituciones armadas. Es cada vez más claro que los armados sirven a los intereses de empresas que siempre han buscado desocupar los territorios de campesinos que no se sometan a sus planes extractivistas de destrucción de la naturaleza, en la Serranía de Abibe. El paramilitarismo no ha sido más que una estrategia de Estado al servicio de esos intereses perversos. Los paramilitares son el instrumento más eficaz para expropiar y usurpar los territorios.

Es tanto el control que ejercen los paramilitares en la zona de San José de Apartadó, que hoy las juntas de acción comunal se han ido sometiendo a su poder. En las reuniones comunales participan “puntos” o informantes de las estructuras paramilitares y en muchas ocasiones son los mismos comandantes paramilitares quienes acuden a las reuniones para dar órdenes a la población civil de cómo se debe trabajar de acuerdo a sus intereses. Según muchos pobladores de la zona, en las reuniones de las juntas ya no falta la presencia de los paramilitares y la población civil tiene que aceptarlos, quiera o no quiera, pues son enviados por los mandos paramilitares para ejercer presión y control en las juntas comunales.

 Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

 

  • El sábado 11 de mayo de 2019 a las 13:00 horas, un grupo de 8 paramilitares con uniformes militares, brazaletes con siglas de AGC y portando armas largas, llegaron al sitio conocido como La Espabiladora, de la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó, allí se encontraba un comité de trabajo de nuestra Comunidad de Paz sembrando maíz. A su llegada, dichos paramilitares se identificaron como Autodefensas Gaitanistas de Colombia - Bloque Oriental. Ya el reconocido paramilitar alias CHIRRY había anunciado el pasado martes 7 de mayo que llegaría una comisión paramilitar a la vereda para impartir órdenes a la población allí residente.  
  • El miércoles 15 de mayo de 2019, en horas de la mañana, un grupo de pobladores miembros de juntas de acción comunal de la vereda Mulatos Medio de San José de Apartadó, junto con profesores de otras veredas pagados por El Estado, llegaron hasta nuestra Aldea de Paz Lui Eduardo Guerra donde tomaron fotografías y manifestaron su interés en tomarse nuestro espacio comunitario y colocar allí sus instalaciones, usurpando nuestra propiedad. Nuestra comunidad desde hace 15 años ha defendido este espacio como un sitio de memoria histórica, pues allí fue perpetrada por el ejército y los paramilitares, el 21 de febrero 2005, la masacre de nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra y su familia. Desde entonces hemos ubicado allí a varias familias integrantes de nuestra Comunidad de Paz, ejerciendo una posesión pacífica que fundamenta su propiedad legal y ha construido instalaciones comunitarias para el mantenimiento de la paz, rechazando toda presencia armada, y defendiendo la tierra de los intentos de destrucción ambiental. No entendemos por qué profesores que son contratados para educar a niños y niñas en las escuelas de las veredas vecinas, se vinculan a actividades tan perversas de las juntas de acción comunal que han buscado usurpar territorios legalmente ocupados por nuestra Comunidad de Paz. Nos preguntamos si será que la Secretaría de Educación de Apartadó los destina a incursionar con las juntas comunales en esas tareas de usurpación. Hemos dejado ya muchas constancia de que la junta de acción  comunal de Mulatos Medio,  la cual no está legalmente constituida y que ha contado con el apoyo de otras juntas y además con el respaldo de la Alcaldía de Apartadó y con la presencia y el control paramilitar, ha querido invadir nuestro espacio comunitario Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, con el pretexto de colocar allí instalaciones y zonas recreativas, supuestamente financiadas por el Estado, pero apuntando  a hacer desaparecer la  memoria y el lugar sagrado donde fueron masacrados nuestros hermanos por el ejército y los paramilitares.        
  • El jueves  23 de mayo de 2019,  nuestra Comunidad de Paz fue informada por pobladores de la zona de que las reuniones anunciadas y programadas por los paramilitares, a las cuales obligan a asistir a los campesinos bajo amenazas, se han ido realizando puntualmente y quienes las coordinan son los mismos paramilitares. Según las denuncias recibidas por nuestra Comunidad, de pobladores de la zona, los campesinos tienen que someterse a una serie de reglas impartidas por el paramilitarismo, y si no lo hacen, tienen que someterse a sanciones impuestas por los paramilitares.

El gobierno colombiano sigue haciéndose el sordo y el ciego frente a este fenómeno paramilitar, el cual hemos denunciado públicamente como Comunidad de Paz por más de 22 años. Las fuerzas militares que tienen jurisdicción en la región de Urabá han permitido y siguen permitiendo que el paramilitarismo haga control territorial y que patrulle por todas las veredas como si fuera autoridad estatal. Hace pocas semanas dejamos constancia de la presencia de grupos paramilitares de las AGC que llegaron a la vereda La Resbalosa con la intención de seguir controlando a la población y la respuesta de las autoridades militares fue llegar allí mucho después, cuando ya los paramilitares habían comprado víveres en tiendas civiles y habían patrullado la zona, sometiendo con su presencia y amenazas a los campesinos.

 

Como lo hemos manifestado muchas veces, nuestra Comunidad de Paz se vio obligada a romper con el aparato judicial colombiano, mediante objeción de conciencia, luego de experimentar por muchos años que allí solamente se cosechaba impunidad y corrupción extremas. Ello explica que nuestra Comunidad no haya actuado como PARTE en procesos espurios que se iniciaron formalmente ante los horrendos crímenes de Estado que hemos sufrido. Sin embargo, dado que todos esos crímenes lesionan y ofenden a la Humanidad como Humanidad, pues son Crímenes de Lesa Humanidad, la legislación soporta la figura del ACTOR POPULAR, quien EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD se declara lesionado y actúa como PARTE CIVIL en los procesos. Así ocurrió en el caso de la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005 que destruyó la vida de 8 integrantes de nuestra Comunidad, incluyendo a nuestro líder histórico Luis Eduardo Guerra. Como de rutina, las sentencias de primera y segunda instancia absolvieron a los criminales del Ejército mediante trampas vergonzosas que desacreditan profundamente el aparado judicial colombiano ante la comunidad internacional. Sin embargo los abogados del ACTOR POPULAR (no integrante de nuestra Comunidad) no se dieron por vencidos ante tanta ignominia y llevaron el caso, en DEMANDA DE CASACIÓN, ante la Corte Suprema de Justicia. Para sorpresa nuestra, el pasado 27 de marzo de este año, en Sentencia SP 1039-2019 la Corte Suprema condenó al Coronel ORLANDO ESPINOSA BELTRÁN, al Mayor JOSÉ FERNANDO CASTAÑO LÓPEZ, al Sargento ÁNGEL MARÍA PADILLA PETRO, al Cabo Segundo SABARAÍN CRUZ REINA, al Sargento Segundo HENRY AGUDELO GUASMAYÁN y al Cabo Tercero RICARDO BASTIDAS CANDÍA, como coautores de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y heterogéneo con concierto para delinquir agravado, cada uno a 34 años de prisión. La Corte no pudo evadir la contundencia de las pruebas que obraban en el expediente desde el comienzo, inteligentemente decantadas por los abogados, y tuvo que rendirse - CATORCE AÑOS DESPUÉS DE LOS HECHOS- ante las evidencias. Esta sentencia confirma, dentro de las mismas reglas de juego de este Estado criminal, corrupto y tramposo, que lo que nuestra Comunidad ha denunciado durante 22 años sin ser escuchada, es verdad ineludible: la criminalidad de un ejército que actúa de consuno con los paramilitares para exterminar, con toda la crueldad posible, nuestra Comunidad de Paz. Quedan aún altos oficiales, suboficiales y soldados que participaron culpablemente en el mismo crimen, sin ser tocados por la justicia, entre ellos el Los Generales MONTOYA, FANDIÑO Y ZAPATA, el Coronel NÉSTOR IVÁN DUQUE y muchos de sus subalternos.

 

De nuevo agradecemos a las muchas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y el mundo, que por más de 22 años han creído en nuestra resistencia civil. Contar con su apoyo político y moral cada día nos brinda la fuerza para seguir adelante en Comunidad de Paz, en este territorio tan controlado por intereses empresariales que utilizan a los paramilitares para poder usurpar nuestro territorio y para aplastar nuestra resistencia.

 

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Junio 10 de 2019

 

Publicado enColombia
Por qué es más correcto hablar de "crisis climática" y no de "cambio climático"

El término "crisis" incide en cómo afecta a la sociedad la actual coyuntura climática. Tanto científicos especializados como colectivos ecologistas llevan meses utilizando este concepto para evidenciar la emergencia del momento.  

 

La realidad informativa de España, este diario incluido, utiliza de manera habitual términos como "cambio climático" o "calentamiento global" para referirse a los problemas medioambientales que sufre el planeta. Aunque estos conceptos son válidos, la expresión "crisis climática" parece haber calado en los entornos ecologistas. Con ella se busca evidenciar que la situación medioambiental del planeta pende de un hilo temporal de tan sólo diez años, tal y como advierten los científicos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC).

Fueron precisamente los científicos del IPCC los que emplearon las palabras "crisis" y "emergencia" para referirse a la situación climática del presente. Unos conceptos que fueron recogidos por los colectivos sociales que durante los últimos meses han salido a las calles de Europa, capitaneados por la joven Greta Thunberg, para reclamar acciones políticas que reviertan los riesgos medioambientales hacia los que camina la humanidad.

Esto no quiere decir que los otros términos hayan quedado desactualizados, de hecho, seguirán apareciendo en las informaciones tal y como ocurre en el resto de publicaciones científicas. Sin embargo, el reconocimiento de la crisis climática a nivel mediático tiene que ver con "subir el nivel del debate", expone Héctor de Prado, responsable de Energía y Clima en Amigos de la Tierra. "Al final se trata de comunicar, pero hay que darle el significado real a las palabras y hay que hacerlo de una manera honesta", añade.

"Cuando cambiamos el lenguaje también cambiamos la forma en la que pensamos", argumenta Javier Andaluz, responsable de Clima en Ecologistas en Acción. El activista expone que el cambio terminológico que se está dando en los últimos meses tiene que ver con "asumir y aceptar que nos encontramos ante un reto de grandes magnitudes que nos afecta en muchísimos aspectos de la vida cotidiana".

Se trata, además de una medida que trasciende a los medios de comunicación. Buen ejemplo de ello es The Guardian, que el pasado mes de mayo decidió incluir "crisis climática" dentro de su libro de estilo. "Queremos asegurarnos de que estamos siendo científicamente precisos, al mismo tiempo que nos comunicamos claramente con los lectores sobre este tema tan importante", argumentaba Katharine Viner, jefa de edición del medio británico.

El guante del periódico ingles lo ha recogido también la propia Fundéu española –fundación que vela por el buen uso del lenguaje en los medios de comunicación–, que hace una semana publicó una nota en la que advertía de que el concepto "crisis climática" era el "más adecuado para referirse a la magnitud y a las consecuencias del calentamiento global causado por la actividad humana".

"Si bien en los medios de comunicación se viene empleando la denominación cambio climático para aludir al aumento de la temperatura del planeta Tierra provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de los combustibles fósiles, amplios sectores de la comunidad científica consideran que se trata de una fórmula que no describe con la suficiente precisión la gravedad de la situación actual", exponía la fundación de la Agencia EFE.

 

Diferencias terminológicas

 

Cambio climático, calentamiento global, crisis climática. Son conceptos válidos. Incluso pueden emplearse como sinónimos a nivel informativo, pero tienen diferencias importantes a nivel científico. 

Cuando hablamos de cambio climático nos referimos estrictamente al fenómeno físico que se ha dado en el planeta y que se sigue dando, sea de manera natural o inducido por el ser humano. Es decir, las mutaciones climáticas, las modificaciones en las temperaturas y las precipitaciones o las transformaciones de los patrones del viento son cualidades que han estado presentes a lo largo de la historia del planeta. Este término, por ende, no incide en el origen antropogénico de la coyuntura climática del presente. 

El calentamiento global, por su parte, es el fenómeno final o el resultado climático que se está experimentando en la actualidad. Este término, a nivel científico, hace referencia a la subida de las temperaturas del planeta y a cómo estas pueden cambiar los ecosistemas.

Sin embargo, la terminología referida a la "crisis" y a la "emergencia" climática, sin negar nada de lo anterior, apunta a la acción del ser humano y las emisiones que esté genera como causa principal de las mutaciones que se están produciendo en la Tierra. En ese sentido, la palabra "crisis" llena de contenido social y acerca a la sociedad un problema que hasta el momento podía parecer ajeno a la humanidad. 

 

La emergencia climática

 

El cada vez más común uso de la palabra "crisis" para referirse a las consecuencias del calentamiento global inducido por el hombre viene ligado a las múltiples manifestaciones verdes que recorren Europa y otras zonas del planeta. Unas protestas civiles que buscan, por encima de todo, que las instituciones gubernamentales reconozcan la emergencia climática.

Esta es la reacción que se requiere desde los colectivos medioambientalistas para revertir la crisis climática actual. De esta forma, la declaración de emergencia se vincula a dos premisas: reconocer el problema y plantear un eje de actuación para solventarlo. Por el momento, Reino Unido es el primer país que aprobó está medida. A su declaración le siguieron las de Irlanda y las de Escocia y Gales. Además, en EEUU y Australia hay 17 ciudades que han aprobado la declaración. En el caso de Europa, más allá del espacio británico e irlandés, sólo encontramos declaraciones regionales impulsadas por gobiernos locales de Italia, Alemania, Suiza, Francia y España (declaración impulsada por el Govern de Catalunya).

Aunque la lista de declaraciones de emergencia es breve, la realidad muestra que, por el momento, estas no van cargadas de la ambición que se reclama desde las calles. Así, una medida que se presenta como revolucionaria termina convirtiéndose en algo simbólico y esto es algo que también puede ocurrir con la popularización del término "crisis climática"

"Hay que evitar que se convierta en una expresión manida como ocurrió en su momento con la palabra sostenibilidad", opina De Prado. Sin embargo, Andaluz incide en el riesgo que puede suponer vaciar de contenido expresiones tan importantes como estas. "Si perdemos el tiempo adulterando los términos es que no hemos entendido nada de lo que supone reconocer la crisis climática", espeta el activista, para evidenciar que el ser humano apenas tiene una década para afrontar la "crisis climática". 

12/06/2019 08:00 Actualizado: 12/06/2019 08:00

Publicado enMedio Ambiente
Cambio climático y extinción del pensamiento

Sobrevivir a la crisis climática no es un objetivo irrealizable por naturaleza. Lo que se necesita no es un desarrollo sostenible, sino una "retirada sostenible"

La situación del planeta lo está empujando al centro de la mente humana. Para un número cada vez mayor de personas, el cambio climático es un hecho tangible. Las comunidades isleñas y las ciudades costeras sufren los efectos del aumento del nivel del mar, y todos somos testigos de los fenómenos meteorológicos extremos y el dislocamiento de las estaciones. Los políticos moderados han reconocido que se ha hecho urgente alguna clase de acción más radical que cualquiera de las emprendidas hasta el momento. Todo el mundo, excepto los negacionistas más contumaces, se da cuenta de que, en el mundo que los seres humanos han habitado a lo largo de su historia, está teniendo lugar un cambio sin precedentes.
Al mismo tiempo, como escribió Eliot en Cuatro cuartetos, la humanidad no puede soportar mucha realidad, y pensar en el tema resulta cada vez más ilusorio. El cambio, efecto colateral de la industrialización mundial basada en los combustibles fósiles, ha sido desencadenado por los seres humanos. Esto no significa que ellos mismos puedan pararlo. Como han señalado los climatólogos, el calentamiento global se prolongará cientos o miles de años después de que sus causas próximas hayan cesado. El rigor de las exigencias de Extinction Rebellion —unas emisiones netas de CO2 iguales a cero para Reino Unido en 2025, por ejemplo— las convierte en imposibles. Pero incluso si se pudiesen poner en práctica, no tendrían excesiva repercusión sobre las emisiones de gases de efecto invernadero ni evitarían una alteración del clima que ya forma parte inseparable del sistema. Los actuales movimientos ecologistas son expresión de un pensamiento mágico, intentos de ignorar la realidad o evadirse de ella, más que de entenderla y adaptarse.


Una de las realidades que el ideario ecologista pasa por alto es la geopolítica. Pensemos en la idea, tan de moda, de que el mundo —o, por lo menos, el Occidente capitalista— debería dejar de utilizar combustibles fósiles. Desde el punto de vista medioambiental sería algo altamente deseable aunque no detuviese el cambio climático ni las perturbaciones que lo acompañan. Desde el punto de vista geopolítico, la receta provocaría turbulencias en todo el mundo. Algunos de los Estados más importantes necesitan estos combustibles para su existencia. El reino de Arabia Saudí se hundiría sin los ingresos que recibe del mercado del petróleo. Las rentas nacionales de Irán y Rusia dependen en gran medida de que el crudo sea caro. Para todos ellos, el final repentino del consumo de hidrocarburos supondría un descenso brutal del nivel de vida, así como una fractura política a gran escala. Tanto mejor, dirán los ecologistas. No son regímenes demasiado deseables.


Pero sería una estupidez suponer que lo que surgiría a continuación sería mejor. El reino saudí se fragmentaría o sería sustituido por un régimen islamista más radical. Una Rusia empobrecida podría ser más belicosa y temeraria en su política exterior y de defensa. Con Irán privado de los ingresos del petróleo y sin perspectivas de seguir obteniendo beneficios, habría menos, no más posibilidades de un giro democrático en el país. La probabilidad de éxito de los cambios de régimen inducidos por las políticas ecologistas no es mayor que la de los cambios de régimen impuestos por la fuerza militar.


Otra realidad obviada por el pensamiento ecologista es la historia del siglo XX. Las protestas contra el cambio climático, como Extinction Rebellion, son hijas de los movimientos antiglobalización de hace más o menos una década, y al igual que estos, creen que el capitalismo occidental contemporáneo es defectuoso y se dirige hacia el desguace de la historia. En eso tienen razón. El mercado libre mundial ha sido siempre una entelequia, y la estructura tambaleante de los precios de los activos financiados a base de endeudamiento y de las crecientes rivalidades comerciales es frágil. Otra crisis crediticia como la de 2007-2008 probablemente la haría pedazos.


Esto no quiere decir que una economía socialista fuese más beneficiosa para el medio ambiente. Las peores catástrofes ecológicas del siglo pasado sucedieron en la antigua Unión Soviética y en la China maoísta, en las que —bajo la influencia de la ideología marxista, según la cual el mundo natural tiene que ser "humanizado"— la naturaleza sufrió un menoscabo y una degradación peores que en cualquier país occidental.


Las agresiones al medio ambiente incluyen una de las extinciones masivas de otras especies animales más rápidas de la historia. Hace 50 años, alrededor de 180.000 ballenas desaparecieron de las aguas que circundaban la Unión Soviética. En una muestra extraordinaria de vandalismo medioambiental, la industria ballenera soviética acababa con estos mamíferos con la simple finalidad de cumplir los objetivos de producción fijados por los planes quinquenales. Apenas al 30% de las ballenas masacradas se les dio algún uso económico. Era normal que los barcos regresasen con animales en estado de putrefacción inservibles como alimento. Cumplir con el plan quinquenal solo dependía de cuántas se matase. Las tripulaciones que no alcanzaban la cuota eran penalizadas con descensos y despidos, mientras que las que superaban las exigencias del plan recibían gratificaciones. Aparte de los equipos que igualaban o excedían la cuota, nadie obtenía provecho de la matanza. Algunas especies de ballenas quedaron al borde de la extinción, y los efectos del sistema sobre las poblaciones de cetáceos son visibles aún hoy. (Ver Charles Homans, The most senseless environmental crime of the twentieth century [El crimen medioambiental más absurdo del siglo XX], Pacific Standard, 14 de junio de 2017).


Por supuesto, los ecologistas les dirán que quieren un sistema económico diferente de una economía socialista planificada por el Estado, pero nunca han aclarado cómo funcionaría ese nuevo sistema, y en la práctica sus exigencias se resumen en poco más que lo que ellos llaman desarrollo sostenible. El problema es que las propuestas ecologistas implican un descenso del nivel material de vida de gran número de personas, lo cual sería insostenible políticamente. El impuesto de Macron al gasoil impulsó el avance del movimiento de los chalecos amarillos en Francia, y el principal beneficiario de la promesa electoral de Hillary Clinton de clausurar la industria del carbón ha sido Donald Trump. Cuando las políticas ecologistas imponen graves costes a los pobres y a la mayoría trabajadora —como ocurre con frecuencia—, el resultado es una reacción popular.


En teoría, la solución a la crisis ambiental es lo que John Stuart Mill, en sus proféticos Principios de economía política (1848), llamó una economía del Estado estacionario, en la que el progreso técnico no se emplea para expandir la producción y el consumo, sino para aumentar el ocio y la calidad de vida. El problema es que una economía sin crecimiento es políticamente imposible. La reacción de los populismos y la agitación geopolítica darían al traste con cualquier transición a un Estado estacionario. Detrás de estos obstáculos se esconde otra realidad que se ha excluido del pensamiento actual. A pesar de todo lo que se dice del descenso de la fertilidad en buen número de países, el crecimiento de la población humana sigue siendo la causa última de la actual extinción masiva. Las especies desaparecen a gran escala porque sus hábitats están desapareciendo, y la causa principal es la expansión humana. Puede que, efectivamente, entrado el siglo el crecimiento demográfico se estabilice en torno a los 9.000 o 10.000 millones de habitantes. No obstante, la biosfera ya estará arrasada. Si entonces el número de seres humanos desciende, lo hará en un mundo terriblemente depauperado.


Es interesante observar que John Stuart Mill ya predijo este futuro en 1848, cuando concibió la idea del Estado estacionario en sus Principios de economía política. No produce “mucha satisfacción", decía, "... contemplar un mundo en el que nada se deja a la actividad espontánea de la naturaleza; en el que hasta el más minúsculo pedazo de tierra capaz de dar alimento al ser humano se ha puesto en cultivo y el último retazo de pastizal florido ha sido arado; en el que los cuadrúpedos y los pájaros no domesticados por el hombre han sido exterminados como rivales que le disputan los alimentos; cada seto y cada árbol superfluo ha sido arrancado de raíz, y apenas queda sitio en el que una flor o un arbusto silvestre puedan crecer sin ser erradicados como malas hierbas en nombre del progreso agrícola. Si la tierra debe perder la enorme parte de su placidez que debe a las cosas que el aumento ilimitado de la riqueza y la población extirparía de ella con el mero propósito de sostener a una población mayor, pero no mejor o más feliz, espero sinceramente, por el bien de la posteridad, que se contenten con estar estacionarios mucho antes de que la necesidad los obligue a ello".


Más de 170 años después no parece que nadie se contente con estar estacionario. Nada en el actual clima de pensamiento goza de tan poca popularidad como el neomalthusianismo de Mill. Es verdad que él lo vinculaba a la emancipación de la mujer, y que llegó a pasar una noche en la cárcel por el delito de distribuir panfletos a favor del control de la natalidad entre las mujeres de clase trabajadora. Sin embargo, los liberales de hoy en día lo consideran una débil excusa para lo que denuncian como la siniestra misantropía del filósofo y economista, que prefería un mundo con una población reducida y grandes superficies de territorio salvaje a otro asfixiado y desolado por miles de millones de seres humanos luchando por sobrevivir.
Aquí es donde la crisis de la extinción asoma en el horizonte. La economía industrial no aceptará los límites al crecimiento porque la civilización a la que sirve ha rechazado cualquier restricción a su capacidad de logro. Según la mentalidad actual, el hecho de que un objetivo sea imposible de alcanzar no es motivo para no intentarlo. Más bien todo lo contrario. Los sueños imposibles —nos dicen innumerables predicadores laicos— hacen a los seres humanos únicos y especiales. En esta religión moderna, aceptar cualquier límite último al poder humano es el peor de los pecados. En consecuencia, el pensamiento mágico —que descansa sobre la creencia en la omnipotencia de la voluntad humana— es obligatorio.


Sobrevivir a la crisis climática no es un objetivo irrealizable por naturaleza. Lo que se necesita no es un desarrollo sostenible, sino algo más parecido a lo que James Lovelock, en su obra A Rough Ride to the Future [Una dura carrera hacia el futuro] (2014), denominaba una "retirada sostenible". Utilizando las tecnologías más avanzadas, entre ellas la energía nuclear y la solar, y abandonando la agricultura en favor de los medios sintéticos de producción de alimentos, se podría alimentar a la todavía creciente población humana sin seguir haciendo demandas aún más intolerables al planeta. La intensificación de la vida urbana podría permitir la recuperación de territorios salvajes que hubiesen quedado despoblados. Los recursos se podrían concentrar en construir defensas contra el cambio climático, que tendrá lugar hagamos lo que hagamos ahora los seres humanos. Los sueños soberbios de "salvar el planeta" se sustituirían por ideas sobre cómo adaptarnos a vivir en un planeta que nosotros mismos hemos desestabilizado. Si los seres humanos no se amoldan, el planeta los reducirá a un número menor a los condenará a la extinción.


Esta clase de programa es lo contrario de lo que proponen los ecologistas. También es profundamente incompatible con la cultura dominante. Una consecuencia de la decadencia de la religión es el declive simultáneo de la idea de que el mundo natural impone límites a la voluntad humana. En vez de verse a sí mismos como un animal entre tantos, como la especie que domina en el presente, pero que, al igual que todas las demás, no tiene asegurada su permanencia en la Tierra, los seres humanos se han crecido hasta pensar que tienen el poder sobre la naturaleza del Dios en el que ya no creen. Si Dios no hizo el mundo, la humanidad puede —y debe— rehacerlo a su imagen. Esta es la base sobre la que se asienta nuestra civilización supuestamente laica, y también la fuente última de la crisis de la extinción.


En estas circunstancias, cualquier programa fundamentado en el hecho de que los seres humanos se enfrentan a un cambio climático imposible de detener será tachado de fatalismo desesperado. Tratándose de una civilización que se enorgullece de su devoción por la ciencia, es una actitud curiosa. El propósito de la ciencia es la formulación de leyes universales independientes de las creencias y los valores humanos. Si estas leyes debilitan nuestras esperanzas y ambiciones, que así sea. Si el sentido del ejercicio es la verdad objetiva, se deben dejar de lado las emociones subjetivas. Y también la fe, ya sea religiosa o de otra clase. Si creemos a sus ideólogos, la ciencia es una indagación del mundo natural del cual el ser humano es parte consustancial. De hecho, la ciencia se ha convertido en un canal de la creencia ‒heredada del monoteísmo‒de que la humanidad puede trascender el mundo natural.
La paradoja de los movimientos ecologistas actuales es que fomentan esta religión antropocéntrica. La crisis de la extinción solo se puede mitigar reorientando nuestra mente para que aborde la realidad. El pensamiento realista, sin embargo, está prácticamente extinguido


Por John Gray, catedrático emérito de Pensamiento Europeo en la London School of Economics. 

8 JUN 2019 - 17:00 COT 
Traducción de News Clips.

Publicado enSociedad
Los tres faros de la conciencia ecológica

La cuestión o preocupación ambiental, no es más que la re-aparición de la Naturaleza, la Madre Tierra, el antiguo enlace con la dimensión femenina, en las sociedades modernas. La naturaleza es la fuerza que los seres humanos debemos tomar en cuenta y respetar para seguir existiendo. En efecto, la Naturaleza estuvo presente en el imaginario de las culturas ancestrales, como una entidad viva y sagrada desde sus orígenes hace 300 mil años, y fue sólo con el advenimiento de la modernidad, materialista, tecnocrática, patriarcal y mercantil que la Naturaleza se convirtió en un ente a ser eliminado y explotado, en un recurso natural externo, en un "capital natural", en una máquina a ser analizada y escudriñada por el ojo frío, objetivamente frío, de una ciencia al servicio de la acumulación de la riqueza. Esta conciencia ecológica, que suma día con día, a millones y millones de seres humanos en todo el mundo, nos permite visualizar de manera diferente a la política, al tiempo, a la gobernanza y a las relaciones sociales. Tres dimensiones alcanzo a visualizar.

Primero, bajo la perspectiva de la conciencia ecológica, la habitual geometría política de izquierda y derecha desaparece para ser remplazada por una sola disyuntiva. No hay más que políticas por la vida y políticas para su destrucción, políticas para la muerte. Visto globalmente, a la luz del calentamiento del planeta, este dilema se traduce en políticas que enfrían el clima y políticas que lo calientan. Es decir, políticas que enfrentan y remontan la crisis ecológica actual o bien que abonan el camino hacia el abismo. O defendemos la vida o la continuamos aniquilando en nombre del mercado, la tecnología, el progreso, el desarrollo, el crecimiento económico, etcétera.

La segunda, es que ahora vemos el devenir, el transcurso del tiempo de otra manera. Ya no son los simples años, décadas o sexenios, ahora están puestas las miradas en lo que pasará de aquí a 2050, en sólo 30 años. Para esa fecha, la humanidad alcanzará 9 mil millones de habitantes, es decir, 2 mil millones más de seres humanos que requerirán, aire, agua, alimentos, energía, educación, cultura, hábitat y esparcimiento; el petróleo llegará a su fin (y le siguen gas, carbón y uranio), el cambio climático, que no se ha detenido a pesar de las advertencias de los científicos, desde hace ya varios años, estará generando catástrofes de todo tipo, y los alimentos que serán necesarios tendrán que generarse bajo métodos agroecológicos, y no más bajo las pautas insanas y destructivas de la llamada agricultura moderna o industrial. Estos cuatro procesos, incontrovertibles, al combinarse generarán escenarios complejos de alto riesgo para toda la humanidad.

Lo tercero, que surge de lo anterior, nos obliga a indagar la verdadera naturaleza de las fuerzas profundas que provocan este panorama actual y del futuro próximo. No somos todos los seres humanos los culpables de la crisis actual, como nos lo indica un ambientalismo superficial y una ciencia que se niega a abordar las relaciones de poder en las sociedades contemporáneas, sino una minoría de minorías. Y esa minoría tiene nombre: se llama neoliberalismo. No se trata ya de la especie humana, sino de una fracción de esa, que bien podemos denominar Homo demens: el mono demente. Se trata por supuesto de la suma de decisiones de unos cuantos individuos y sus instituciones corporativas, obsesionados por la acumulación de su riqueza a toda costa. Esa obsesión que opera como una máquina indetenible (apuntalada por estructuras gubernamentales, militares, financieras, e ideológicas) y que ha sido denunciada por igual por políticos radicales, humanistas y filósofos, gente de ciencia, la encíclica Laudato si, películas y series de televisión, y recientemente por los niños del mundo.

La conciencia ecológica nos dota entonces de tres faros para enfrentar la espesa oscuridad del mundo actual. De tres verdades para orientar nuestra presencia y la de nuestras familias, comunidades, audiencias y sociedades, así como nuestro activismo y, por qué no, la de las políticas públicas. Y es que, cuando ya no logremos nombrar las cosas por su nombre, no sólo estaremos negando nuestra esencia de mono sentipensante ( Homo sapiens), sino caminando en un sentido contrario al de la historia. Nosotros, el 99 por ciento, nuestro planeta, nuestros hijos y demás descendientes, y los otros seres con los que compartimos, tenemos derecho a la vida.

Publicado enMedio Ambiente
Sábado, 01 Junio 2019 07:06

A comer y beber glifosato

A comer y beber glifosato

Distintos funcionarios del régimen del sub presidente Iván Duque se han destacado en los últimos meses por sus grandiosas contribuciones a la cultura universal, como muestra fehaciente de su basto (no vasto, por supuesto) saber y de la sólida educación humanística, artística y científica del equipo gobernante que dirige al país más feliz del mundo. 

El que da ejemplo de brillantez intelectual, como cabeza pensante de este gran equipo de gobierno, es el propio sub-presidente, quien ha hecho dos declaraciones memorables. La primera en París en plena sede la Unesco, cuando disertando sobre las bondades de la economía naranja dijo con convicción: “Y nos remontamos a lo que llamamos las siete íes. ¿Y por qué siete? Porque siete es un número importante para la cultura. Tenemos las siete notas musicales, las siete artes, los siete enanitos. Mejor dicho, hay muchas cosas que empiezan por siete ”. Este fabuloso descubrimiento conceptual merece un doble Premio Nobel de Economía y de Literatura, ya que demuestra su amplio conocimiento de la narrativa universal. Este importante descubrimiento fue complementado en enero de este año al recibir a ese demócrata de los Estados Unidos, Mike Pompeo, humanista experto en recomendar caricias a los amigos de los Estados Unidos que disfrutan de vacaciones en sus hoteles de cinco estrellas, como el de la base de Guantánamo. En esa ocasión Duque dijo: “Hace 200 años el apoyo de los padres fundadores de los Estados Unidos a nuestra independencia fue crucial y hoy recibir este segundo día de 2019 con su visita nos llena de alegría y de honor, esta relación bilateral la tenemos que seguir fortaleciendo todos los días”. Con esta afirmación Duque ha hecho una decisiva contribución a la reinterpretación de la historia de Colombia, que muestra que, como complemento a sus dotes innatas de estadista, es un investigador social de renombre internacional.


Pero quien encabeza el listado de luminarias del gobierno de Iván Duque es de lejos su Vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien ha descollado en los últimos meses por una serie de rutilantes afirmaciones que, aparte de mostrar a la luz pública su incomparable inteligencia (propia de la inteligencia superior de los uribeños), se constituyen en unos extraordinarios aportes al conocimiento no sólo de los colombianos sino de la humanidad en su conjunto. Una de sus contribuciones más notables fue anunciada en su visita a Washington, ante los amos imperiales, y se refiere al fabuloso descubrimiento que el glifosato es una sustancia alimenticia.


Esta, sin duda alguna, puede considerarse como el mayor descubrimiento que haya hecho la ciencia colombiana en todos los tiempos. Ese descubrimiento ha probado, sin ningún manto de duda, que el glifosato, un producto químico que se usa en la agricultura y la ganadería para destruir plagas, y que en Colombia se ha roseado por toneladas sobre los cultivos de coca durante veinticinco años, es en verdad un nutritivo alimento, lleno de proteínas y de virtudes dietéticas, que alimenta a gentes de todas las clases, edades y razas. Ahí estriba la sustancia de este descubrimiento, puesto que hasta ahora los críticos (comunistas y ecologistas) decían sin pruebas de ninguna clase que el glifosato era un producto contaminante, que genera cáncer y otras enfermedades. Esas son mentiras y calumnias de resentidos que solo buscan hacerle daño a la libre empresa, y para ello se apoyan en científicos e investigadores de quinta categoría que se han dejado manipular para enlodar a empresas de tanta ética y compromiso humano y social, como lo son Monsanto y Bayer.


Ahora Marta Lucia Ramírez ha comunicado al mundo, con la modestia que caracteriza a los verdaderos sabios, que el Glifosato es una bebida sana y un alimento nutritivo, al decir que “ si usted se toma 500 vasos de agua al día, le aseguro que también se enferma", con lo que enfatizó que el Glifosato es benigno, una bebida apetitosa que puede tomarse varias veces al día para mejorar el funcionamiento de los sistemas digestivo e inmunológico. El glifosato puede consumirse en forma de bebida, rociando una cierta cantidad (entre más amplia más alimenticia resulta) en un poco de agua, preparándola en forma de batido, ya que puede combinarse con apio, manzana, zanahoria, mango, papaya o la fruta a que mano se tenga. El glifosato también puede usarse para preparar galletas, panes, colaciones, lo cual le confiere un sabor y un gusto especial, que es muy atractivo sobre todo para los niños y mujeres embarazadas. Pescados, aves, gallinas, cerdo y todo tipo de carnes pueden ser directamente rociadas con una copita de glifosato y de inmediato los comensales disfrutaran de un sabor inigualable que los dejara satisfechos y con ganas irrefrenable de seguirlo usando a diario. Los rostizados de cualquier clase (carnes, vegetales, legumbres…) son especialmente recomendables para acompañarlos con glifosato, ya que en esas jornadas en que se deja libre el paladar nada mejor que disfrutar del novísimo alimento, que además opera como acompañante y condimento. El glifosato puede servir de aliño en amasijos, tamales, envueltos, ayacos de mazorca y otros productos de la gastronomía colombiana. Tiene una virtud adicional, recién descubierta por nuestra ilustrada Vice Presidenta, y es que rejuvenece la piel, produciéndole un atractivo color entre rosáceo y azulado. Por ello, la segunda dama de la nación se aplica todas las noches en su cara mascarillas de glifosato y utiliza compresas en todo el cuerpo de este bálsamo bendito; aún más, se baña en una tina repleta de glifosato, reviviendo una práctica similar a la de Cleopatra, la gran reina de Egipto, que se bañaba en leche.


Prueben su amplio radio de acción alimenticia, que no se arrepentirán, porque está confirmado que el glifosato nutre más que cualquiera de las sustancias hasta ahora conocidas en el mundo entero. Hasta tal punto esto es indiscutible que entre los comensales que aseguran que consumen glifosato diario se encuentran el embajador de los Estados Unidos y el personal de esa embajada en Colombia, los embajadores criollos ante Donald Trump, Francisco Santos y Alejandro Ordoñez (este en la OEA), el Ministro de Relaciones Exteriores Carlos Holmes Trujillo. Incluso, las malas lenguas comentan que un consumidor asiduo del Glifosato es el ex Fiscal Néstor Humberto Martínez, quien a veces invitaba a sus amigos a saborearlo, con una formula especial de su propia cosecha, que incluía entre los ingredientes de su pócima secreta, al cianuro. Y si los ricos y poderosos degustan el glifosato, ¿por qué se quejan los pobres de que se les vierta en grandes cantidades? Desagradecidos e ignorantes que son, no entienden la magnanimidad de los poderosos.


Ahora que gozan de tanta fama los batidos la vicepresidenta recomienda que todos los colombianos disfrutemos todos los días en las primeras horas de la mañana de un nutritivo néctar de glifosato, que puede combinarse con muchas cosas, puesto que es un producto muy versátil. La misma Marta Lucia Ramírez con plena seguridad bebe sin falta unos cuantos vasos rociados con glifosato, con lo que mantiene la cordura y sobre todo ese equilibrio mental que tanto la caracteriza.


De tal manera, que los gobiernos de los Estados Unidos y de Colombia al fumigar con glifosato los campos colombianos durante dos décadas no solo buscaban erradicar la “mata que mata” (la hoja de coca), como reza la propaganda corporativa, sino que además estaban proporcionándole nutrientes, proteínas y minerales sanos a los ignorantes campesinos criollos, que son tan malagradecidos que no entienden lo que significa este tipo de ayuda alimentaria.


No se crea que lo que dice la Vicepresidenta son ocurrencias, sino resultado de exhaustivas, profundas y rigurosas investigaciones, que la llevaron a presentar en público el gran descubrimiento de su vida, y que la catapultara por los siglos de los siglos en el panteón de los grandes científicos y sabios de todos los tiempos.


De tal manera, que como complemento alimenticio de la equilibrada dieta de los colombianos pobres, de ahora en adelante a comer y beber glifosato, con lo cual se garantiza que estaremos entre los países mejor alimentados del planeta y con una envidiable salud, si tenemos en cuenta que Estados Unidos y su súbdito, Iván Duque, están haciendo hasta lo imposible para que se vuelva a esparcir el glifosato sobre los campos colombianos.

Publicado enColombia
Colombia: “Se pretende legalizar el despojo realizado en nuestros territorios ancestrales

Servindi, 29 de mayo, 2019.- El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció que, a través de la modificación de la Ley 160 de 1994, conocido como la ley de tierras, “se pretende legalizar el despojo realizado en nuestros territorios ancestrales”.


Mediante un comunicado, la organización exhortó que con la creación de diversos procedimientos y figuras se convalida “la entrega mediante titulación de grandes extensiones de terrenos baldíos de la Nación a sujetos distintos a los de reforma agraria”.


Ello, según el CRIC, pese a que los predios “baldíos” son constitucionalmente imprescriptibles e inalienables.


Con dichos cambios, se estaría promoviendo la acumulación de baldíos y el acaparamiento de tierras. En cambio, los indígenas no conciben la figura de “baldíos” ya que para ellos se trata de sus territorios ancestrales.


Además, es el lugar donde desarrollan sus “prácticas culturales y ancestrales, nuestro sistema económico propio, donde ejercemos control para la protección y cuidado de todo lo que se encuentra en él”.


De acuerdo con el CRIC, mediante la modificación de la ley, hay un favorecimiento a las actividades extractivas ya que se quieren establecer disposiciones relacionados con asuntos del sector minero energético.


“Hemos insistido en que la política de Formalización y Acceso a Tierras debe ser realizada desde los pueblos indígenas, sectores sociales y populares del País, sin embargo es el gobierno nacional quien pretende establecer una “reforma agraria” que busca favorecer a unos pocos”, denuncia.


Por ello, a través de una acción de tutela, CRIC y otras organizaciones indígenas, buscan suspender el trámite del proyecto para luego solicitar su retiro por “haberse surtido violando los procedimientos establecidos para el proceso de consulta previa”.

31 mayo 2019 0

Publicado originalmente en servindi.org

 

Publicado enColombia
Glifosato, transgénicos y un experimento a cielo abierto

El herbicida más usado del mundo acumula denuncias y condenas millonarias en Estados Unidos. La multinacional Bayer (que compró Monsanto en 2018) con futuro incierto. Sentencias en Argentina, empresarios que proponen cerrar escuelas (para poder sembrar transgénicos), la ONU cuestiona el modelo y campesinos muestran que otro modelo es posible (y necesario).


“El glifosato es como agua con sal”. Lino Barañao, Ministro de Ciencia de Argentina.


“La ignorancia no mata, solo hace sufrir”, Jorge Gattini, ministro de Agricultura de Paraguay (en referencia a los campesinos que denuncian las fumigaciones con agrotóxicos).
«Es un herbicida de clase menos tóxica. Los humanos podrían incluso beber y no morir porque no tenemos la vía metabólica de las plantas. Además, es biodegradable en el suelo». Edilson Paiva, presidente de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (Ctnbio) de Brasil.


El herbicida glifosato, el más utilizado del agronegocio, ha tenido las defensas más insólitas de los gobiernos pro transgénicos, desde funcionarios hasta periodistas.
Cientos de estudios científicos, fallos judiciales y, sobre todos, miles de afectados por fumigaciones son la prueba de los efectos del herbicida.


Patria grande transgénica


Sólo diez países del mundo concentran el 98 por ciento de los cultivos transgénicos (con uso de agrotóxicos): Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá, India, China, Pakistán, Paraguay, Sudáfrica y Bolivia(1). Cuatro de ellos de América Latina y, junto a Uruguay, forman lo que la multinacional Syngenta llamó en una publicidad corporativa (2003) “la república unida de la soja”.


La patria grande sojera cuenta con 47 millones de hectáreas con soja transgénica(2). Abarca:


– El 66 por ciento de la tierra cultivada de Paraguay.
– El 52 por ciento de Argentina.
– El 35 por ciento de la tierra cultiva de Brasil.
– El 30 por ciento por ciento de Uruguay.
– El 24 por ciento de Bolivia.


Uno de los argumentos centrales de las empresas transgénicas era que, con las semillas modificadas genéticamente, se utilizarían menos químicos.
En Argentina, según datos oficiales del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), en 1995 se utilizaron 42 millones de litros de herbicidas. En 1996 se aprobó la primera soja transgénica (de Monsanto) y el crecimiento del uso de herbicidas fue geométrico: 252 millones de litros en 2011 (último año publicado por el INTA). El glifosato es el principal herbicida utilizado. En 2016, datos de la Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) llegó a 290 millones de litros anuales.

El aumento del uso no se corresponde con el aumento de la superficie, sino con la necesidad de aumentar la cantidad por hectárea. El mismo INTA reconoce que en la década del 90 se utilizaba 1,95 litros por hectáreas. En la campaña agrícola 2011/2012 llegó a utilizarse nueve litros por hectárea. Se debe a la aparición de “malezas”, plantas no deseadas que crearon resistencia al glifosato. Por lo cual los productores utilizan cada vez más cantidad y además mezcla de venenos (2-4D y paraquat, entre otros)

.
Negar la realidad


“No pueden ocultar la realidad. Quieren tapar el sol con la mano”, explicó el científico Andrés Carrasco en 2009. Jefe del laboratorio de Embriología Molecular, ex presidente del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), confirmó en laboratorio que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios y alertó que era traspolable a humanos.


Sufrió una campaña de desprestigio mediática y política. El periodista Matías Longoni, desde Clarín, llamó “supuesto estudio” al trabajo de Carrasco. Puso en duda su existencia y la reputación de unos de los mayores embriólogos de Argentina. “La industria agrícola se puso en alerta. Las cámaras Casafe y Ciafa aclararon que el glifosato ‘está clasificado en la categoría de menor riesgo toxicológico’. En voz baja, el sector asegura que se trata de una nueva ofensiva oficial para ‘demonizar’ a los productores de soja”, escribió el periodista que cubrió el tema agro durante 18 años en Clarín, que rara vez cuestiona las consecuencias del agronegocios y funciona como agencia de prensa de las compañías del agro.


El diario La Nación también apuntó contra Carrasco y, al igual que los “periodistas del agro”, salieron en defensa del glifosato, los transgénicos (y de las empresas que los venden y, casualidad, pautan en esos medios).


El 27 de noviembre 2017, ya desde su pyme periodística “Bichos de campo”, repleta de publicidades de las empresas de agrotóxicos, Longoni celebró: “¡Larga vida al glifosato! O mejor, un poco más de vida al glifosato. Los alemanes, cuando quieren, golean. Lo hicieron con Brasil en el mundial de fútbol y ahora lo hacen con Francia, en la disputa dentro de la Unión Europea (UE) por prohibir o prorrogar la vida útil del controvertida herbicida glifosato. La votación para decidir si se renovaba la licencia del producto fue ganada, una vez que los alemanes se decidieron a jugar, por 18 a 9.”.


Desde el sector político, la defensa al glifosato fue (y es) encabezada por Lino Barañao, ministro de Ciencia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y titular de la cartera con Mauricio Macri. En 2009 descalificó a Carrasco desde el programa de TV de Héctor Huergo, uno de los mayores lobbistas del agronegocio (director del suplemento Clarín Rural) y desde el Congreso de Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa). “El glifosato es como agua con sal”, señaló en un entrevista en la Radio AM 530, de las Madres de Plaza de Mayo. Ningún funcionario kirchnerista lo cuestionó.


A fines de 2015, días previo a asumir como ministro de Ciencia de Mauricio Macri, volvió a defender el uso de químicos, con un argumento poco científico: “Con los antibióticos también hay mal uso y muertes, y nadie se queja”.


Carrasco falleció en mayo de 2014 y dejó la mejor definición para el glifosato y los transgénicos: “Es un experimento masivo a cielo abierto”.


El relato transgénico


Acto 1. El agroquímico (en este caso el glifosato, en la década del 60 fue el insecticida DDT) no afecta la salud ni el ambiente.
Acto 2. No hay pruebas científicas.
Acto 3. La pruebas científicas no son concluyentes o “existen dos bibliotecas” (a favor y en contra).
Acto 4. Son nocivos pero si se utilizan bien no hay riesgos (en ese momento proponen soluciones técnicas para su uso, hoy llamadas “buenas prácticas agrícolas”).
Acto 5. Reemplazo de ese químico por otro (y vuelta al “acto 1”).


El agronegocio utiliza la misma estrategia que las tabacaleras (durante décadas negaron que producían cáncer) y que las petroleras (durante medio siglo negaron el cambio climático).


El teatro del agronegocio se monta sobre un mito principal: los transgénicos son necesarios para alimentar la creciente población mundial. Argumento desmentido incluso por la propia FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), espacio que apoyó el avance transgénico en el mundo. El hambre del mundo no se debe a la falta de alimentos, sino a su injusta distribución.


“Paren de fumigar”


En los primeros años de la década del 2000 nació en Argentina la “Campaña Paren de Fumigar”, espacio de referencia en la producción de material y debates sobre el impacto sanitario de los agroquímicos. Asambleas, charlas, movilizaciones y todas las acciones imaginables para proteger la salud de la población. En decenas de localidades lograron ordenanzas que limitan las fumigaciones y, en otras impulsaron la vía judicial.


La ONG Naturaleza de Derechos(3) sistematizó los fallos que frenan las fumigaciones con agrotóxicos:


2003. Loma Senés (Formosa).
2008. Alberti (Buenos Aires) e Ituzaingó Anexo (Córdoba).
2009. San Jorge (Santa Fe) y Alberti (Buenos Aires).
2010. La Leonesa y Las Palmas (Chaco). Alberti (Buenos Aires).
2011. Las Antillas (Salta).
2012. Alberti (Buenos Aires) e Ituzaingó Anexo (Córdoba).
2013. Alberti y Mar del Plata (Buenos Aires), Merlo (San Luis).
2014. Paraná (Entre Ríos), Coronel Suárez y Mar del Plata (Buenos Aires).
2015. Guernica (Buenos Aires) y Totoras (Santa Fe).
2016. Alberti (Buenos Aires) y Piamonte (Santa Fe).
2017. Santa Ana (Entre Ríos).
2018. Entre Ríos y Chascomús (Buenos Aires)
2019. Pergamino y Exaltación de la Cruz (Buenos Aires) y Entre Ríos.


Jueces y fiscales tienen herramientas para frenar las fumigaciones, sobre todo la Ley General del Ambiente (25.675), donde se establece el “principio precautorio”: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.


Estados Unidos


La multinacional Bayer compró Monsanto en 2018 por 63.000 millones de dólares. Se transformó así en la mayor empresa de semillas transgénicas y agrotóxicos del mundo.
Su primer anunció fue que desaparecería el nombre de Monsanto (aunque seguirá comercializando todos sus productos) y comenzó una campaña publicitaria para mejorar su imagen. Utiliza los mismos argumentos que Monsanto para aumentar sus ventas de agroquímicos: niega los cientos de estudios independientes que confirman los efectos en la salud.
La Coordinación Contra los Peligros de Bayer es una red europea de organizaciones y activistas que difunden denuncias sobre el accionar de la compañía, tanto en su aspecto farmacéutico como del agronegocio. «El modelo de negocio de Bayer y Monsanto carece de escrúpulos. Ambos obtienen sus beneficios con pesticidas y técnicas de manipulación genética, dañan la salud de agricultores y consumidores, alteran el clima, destruyen la biodiversidad y ponen en peligro las bases de la alimentación y subsistencia de las generaciones futuras. Bayer, al fusionarse con Monsanto, potencia este amenazador modelo de negocio y busca aumentar los beneficios de sus grandes accionistas a costa de la gente y la naturaleza», afirmó la organización.


Bayer cuenta con nuevo eslogan: «Ciencia para una vida mejor».


En agosto de 2018, en Estados Unidos, se dio la primera condena contra Monsanto-Bayer. Dewayne Johnson fue indemnizado con 78 millones de dólares por contraer cáncer al utilizar glifosato en su trabajo como jardinero.


El 27 de marzo de 2019, un jurado de California condenó a la empresa a pagar80 millones de dólares por «negligencia», al haber ocultado los riesgos de su herbicida Roundup (marca comercial del glifosato de Monsanto). La demanda fue presentada por Edwin Hardeman, un jubilado de la ciudad de Sonoma. Fue la segunda parte del juicio. En la primera, diez días antes, se había concluido que el agrotóxico fue un «factor determinante» en el Linfoma No Hodgkin (cáncer) que se le diagnosticó a Hardeman en 2015.


«El jurado responsabilizó a Monsanto por sus 40 años de conducta delictiva corporativa», explicaron las abogados del demandante, Jennifer Moore y Aimee Wagstaff en un comunicado a la prensa.


El 13 de mayo, tribunales de California (Estados Unidos) determinaron que la multinacional debe pagar 2000 millones de dólares a un matrimonio (Alva y Alberta Pilliod) que utilizó Roundup y contrajo cáncer. La sentencia afirma que la empresa actuó con “negligencia”, al ocultar las consecuencias del veneno. El jurado determinó que el “diseño” del Roundup (marca comercial de Monsanto) fue la causa principal del daño, confirmó que el químico representa “un peligro importante” para las personas que lo utilizan, afirmó que Monsanto “no proporcionó una advertencia adecuada sobre los riesgos potenciales” y ésto representó un factor importante para provocar el daño en la salud de los Pilliod.
El jurado de Estados Unidos determinó que Monsanto diseño, fabricó y distribuyó Roundup de “forma negligente”, afirmó que la compañía sabía (o debía saber) que Roundup era peligroso o que podría provocar daños y no advirtió de forma apropiada. El otro punto clave, que elevó la condena de 2000 millones de dólares, el fallo confirma que Monsanto actuó con “vicio, dolo o mala fe” al poner su herbicida en el mercado y no advertir sobre los riesgos que implicaba.


Monsanto-Bayer acumula, sólo en Estados Unidos, más de 13.000 demandas. Una muestra de la crisis de la compañía alemana: perdió casi el 40 por ciento de su valor bursátil desde que adquirió a Monsanto.


¿Escuelas o transgénicos?


El Foro Ecologista de Paraná (Entre Ríos) y el sindicato docente Agmer (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos) presentaron en agosto de 2018 un amparo ambiental para proteger de agrotóxicos a los niños y trabajadores de las escuelas rurales. El juez Oscar Daniel Benedetto, de la Cámara II de la Sala II se expidió el 1 de octubre: en un fallo judicial sin precedentes, prohibió fumigar con agrotóxicos a menos de 1000 metros de las escuelas de Entre Ríos. Y la distancia de protección se extiende a 3000 metros si las aplicaciones son aéreas. La protección abarcó a todas las escuelas de la provincia.


«Es imposible de obviar que el modelo de producción agrícola puede generar un creciente problema de salud pública, debido a que los plaguicidas contienen sustancias químicas tóxicas que afectan a los cultivos, pero que muy probablemente también tengan efectos nocivos en la salud de la población rural», se lee entre los fundamentos del fallo, de 21 páginas.
El juez Benedetto tuvo presente el principio precautorio vigente en la Ley General del Ambiente (25675): «En materia ambiental se impone la necesidad de adoptar un criterio de precaución (…) El peligro inminente se materializa en la amenaza de la aplicación de los agrotóxicos. Y destacó que la falta de certeza científica sobre sus consecuencias no me parece un argumento que justifique la improponibilidad de la acción, sino todo lo contrario, ya que no es posible soslayar que se trata de una situación extremadamente delicada y sensible, estando en juego la salud de miles de niños entrerrianos».


El amparo que protege las escuelas fue apelado cuestionado por el gobernador Gustavo Bordet, que el 2 de enero de 2019 publicó un decreto contrario al fallo y redujo a sólo 100 metros la protección de las escuelas rurales.


El Foro Ecologista de Paraná, ya como parte de la «Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos. Basta es basta» (reúne a asambleas socioambientales, organizaciones sociales y docentes), presentó un amparo contra el decreto. En marzo de 2019 una sentencia judicial anuló el decreto del gobernador Bordet.


El presidente Macri, en apoyo explícito al agronegocio, cuestionó al Poder Judicial: “Es un fallo irresponsable. Pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos».


La Coordinadora «Basta es Basta» le contestó en un comunicado: «Señor presidente, nuestros gurises merecen el mismo ambiente que su hija Antonia».


El miércoles 15 de mayo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, máximo tribunal provincial, declaró la inconstitucionalidad del decreto del gobernador Gustavo Bordet, que permitía fumigar a solo 100 metros de las escuelas rurales. De esta forma, continua vigente el amparo ambiental que aleja las fumigaciones terrestres a 1000 metros de las escuelas (3000 si son aéreas).


El jueves 23 de mayo se produjo una insólita manifestación en Paraná: productores sojeros exigieron que el Poder Judicial que revierta el fallo y propusieron cerrar las escuelas para poder seguir fumigando con agrotóxicos.


Pruebas


Un argumento recurrente de los defensores del agronegocio es que “no existen pruebas” de los efectos del glifosato. A nivel internacional son muy conocidos los estudios del investigador francés Gilles-Eric Seralini, especialista en biología molecular y docente de la Universidad de Caen (Francia). Confirmó que el herbicida Roundup estimula la muerte de las células de embriones humanos, lo que podría provocar malformaciones,abortos, problemas hormonales o de reproducción, además de distintos tipos de cánceres. También demostró la conformación de tumores en roedores alimentados con transgénicos.

Le implicó réplicas personalizadas de Monsanto, con campaña mediática de difamación incluida.


La estocada mayor sucedió en marzo de 2015. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) es un ámbito especializado de la Organizaciones Mundial de la Salud (OMS). Luego de un año de trabajo de 17 expertos de once países, emitió un documento inédito: “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”. Detalló que la evidencia en humanos corresponde a la exposición de agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia, con publicaciones científicas desde 2001. Y destacó que el herbicida “también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas” (situación que tiene relación directa con el cáncer).


Con la nueva evaluación el glifosato fue categorizado en el “Grupo 2A”, que significa en parámetros de la Organización Mundial de la Salud: “Probablemente cancerígeno para los seres humanos”. Esta categoría se utiliza cuando hay “pruebas limitadas” de carcinogenicidad en humanos y “suficiente evidencia” en animales de experimentación. La evidencia “limitada” significa que existe una “asociación positiva entre la exposición al químico y el cáncer” pero que no se pueden descartar “otras explicaciones”. El IARC-OMS trabaja sobre cinco categorías de sustancias que tienen relación con el cáncer. El “Grupo 2A” es el segundo nivel de peligrosidad, sólo superado por “Grupo 1”, donde se ubican, por ejemplo, el asbesto y la radiación ionizante.


Monsanto, que entre sus argumentos utilizaba hasta ese momento informes de la IARC, pasó a acusarla de hacer “ciencia basura”

.
A nivel local, en 2018 se publicó “Antología tóxica del glifosato”, una minuciosa recopilación de 830 trabajos académicos (de Argentina y del exterior) que dan cuenta de los efectos del glifosato y su vínculo con el cáncer, malformaciones, intoxicaciones y abortos espontáneos, entre otras consecuencias.


«Esta recopilación suma 830 artículos científicos o papers, es decir: informes de investigaciones clínicas, experimentales, de laboratorio, revisiones, contestaciones, recopilación, resúmenes de congresos, que han sido objeto de publicación en revistas o journales científicos. Todos los trabajos han sido sometidos a revisión por un comité de científicos y aprobados para su publicación al ser considerados significativos», explica el trabajo, realizado por Eduardo Martín Rossi, integrante del colectivo Paren de Fumigar de Santa Fe, que se decidió a analizar y estudiar todas las publicaciones para desmentir los dichos de los publicistas del agronegocios.


De 182 páginas, se puede acceder vía Internet (https://bit.ly/2mewyYH ), cuenta con el detalle y link de de las investigaciones. Más de cien son de universidades públicas de Argentina (UBA, La Plata, Río Cuarto, Litoral). El primer capítulo precisa 141 trabajos sobre el impacto del glifosato en la salud humana. El capítulo dos detalla 102 investigaciones sobre «mecanismo de fisiopatología celular de cáncer». El capítulo tres se dedica a «toxicidad en los sistemas orgánicos», con 89 publicaciones académicas. El capítulo cuatro se dedica a trabajos específicos de impacto «en la biodiversidad», con 336 investigaciones.


«No es casualidad que en los pueblos agrícolas se multiplique el hipotiroidismo, el asma bronquial, los trastornos reproductivos y las enfermedades oncológicas produciendo un cambio evidente en el patrón de morbilidad y mortalidad», alerta el trabajo.

La recopilación recuerda que Monsanto publicitó «con información falsa que el glifosato era biodegradable». En 2007 Monsanto fue condenada en Francia por publicidad engañosa.

Decenas de investigaciones dan cuenta, desde hace décadas, que el herbicida «es altamente persistente en el ambiente, en el suelo y cursos de agua».
Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Monsanto, Bayer, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.


La antología recuerda que la autorización de los agrotóxicos (llamado «fitosanitarios» por las empresas y funcionarios) se realiza en base a estudios de las propias empresas y que sólo analiza los efectos agudos (no investigan qué produce un químico en el largo plazo de exposición). En el caso de glifosato, «Monsanto sólo experimentó tres meses con roedores». En base a ese estudio, la empresa aseguró que el herbicida no producía efectos adversos.


«Científicos independientes midieron efectos crónicos (durante dos años). A partir del cuarto mes los roedores machos presentaron tumores. A partir del séptimo mes comenzó el mismo proceso en hembras. Y en el mes 24, el 80 por ciento de los roedores tuvo tumores», explica la recopilación.


Más de un centenar de trabajos científicos son de universidades públicas de Argentina, entre ellos el grupo de investigación de Rafael Lajmanovich (doctor en ciencias naturales de la Universidad Nacional del Litoral), que confirmó el efecto letal del glifosato en anfibios, y el Equipo Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (Emisa), de la Universidad Nacional de La Plata, que demostraron la presencia de glifosato en alimentos, ríos, patios de escuelas y hasta en la lluvia.

El modelo


El problema de fondo no es el glifosato. Se hace eje en él porque es el más utilizado, el que más facturación produce a las compañías y, al mismo tiempo, que más denuncias provoca.
Las voces críticas al agro transgénico (campesinos, indígenas, asambleas socioambientales, académicos) cuestionan el modelo de agronegocio, en base a transgénicos y decenas de agrotóxicos, y en manos de un puñado de multinacionales.


Cuatro empresas que dominan el mercado de semillas y agrotóxicos: Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Brevant (Dow y Dupont) y Basf. En 2015 facturaron 85.000 millones de dólares y, según proyecciones de Bayer, llegarán 120.000 millones en 2025.


“Controlan precio, innovación e impacta en las políticas agrícolas. Países que están con un alto grado de agricultura industrial, como Argentina, pasan a estar en situación de vulnerabilidad. Incluso en términos de soberanía. Estas empresas tienen un poder de negociación que es mucho más que de negociación, es de imposición sobre un país, incluso con leyes a medida”, explicó Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración).


La Relatoría Especial sobre el Derecho a la Alimentación es el máximo espacio de Naciones Unidas dedicado al tema. Al frente está la especialista Hilal Elver, de origen turco. Visitó la Argentina en septiembre de 2018 y confeccionó un informe para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.


«En el marco de la agricultura industrial a gran escala, es esencial que se tome en cuenta el verdadero costo de los métodos de producción en relación con el suelo y los recursos hídricos, y el impacto de la degradación ambiental sobre generaciones futuras, en lugar de concentrarse únicamente en la rentabilidad y el crecimiento económico a corto plazo», alertó la relatora especial de Naciones Unidas.


Dedicó un apartado especial al glifosato: «Se aplica indiscriminadamente en la Argentina, sin tener en cuenta la existencia de escuelas o pueblos en las cercanías. Como resultado de ello, se me ha informado acerca de un aumento en la cantidad de personas que han perdido la vida o padecen enfermedades que ponen en riesgo su vida (…) La exposición a plaguicidas puede tener efectos muy peligrosos para la salud de los seres humanos, en especial para niños y mujeres embarazadas que son más vulnerables».


Hilal Elver cuestionó que la agricultura industrial está controlada por pocas y grandes empresas, y alertó que el Gobierno ya decidió su rol: «Durante las entrevistas con funcionarios de la Secretaría de Agroindustria observé una tendencia a apoyar el modelo agroindustrial y a realizar serios recortes en el apoyo, el personal y el presupuesto del sector de la Agricultura Familiar, incluido el despido de casi 500 trabajadores y expertos».


Reivindicó el papel de la agricultura campesina. En la conclusión resaltó: «Reitero la importancia de la agricultura familiar para lograr el objetivo de una alimentación adecuada y saludable para todos los argentinos. Debería ponerse empeño en promover la agricultura familiar como prioridad. Es la única manera de lograr un equilibrio, única manera de lograr una solución sostenible y justa para el pueblo argentino».


En mayo pasado, en la ciudad de Buenos Aires, se realizó un inédito “foro agrario”, que reunió durante dos días a más de 3000 campesinos, indígenas, productores familiares. Impulsado por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), entre otras organizaciones, elaboró propuesta concretas de políticas públicas para el sector rural, con una urgente democratización de la política agropecuaria.


Entre las políticas a implementar: acceso a la tierra, basta de fumigaciones con agrotóxicos, fomento de la agroecología como política de Estado, soberanía alimentaria y un tema que irrita a los conservadores transgénicos argentinos: reforma agraria integral.


Este artículo es parte del proyecto Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur realizado con el apoyo de Misereor

Por Darío Aranda
30 mayo 2019 0

Notas

1 Pengue, W. 2005. Cultivos transgénicos: ¿hacia dónde vamos? Agricultura Industrial y Transnacionalización en América Latina. PNUMA. Serie Textos Básicos para la Formación Ambiental.
2 http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Transgenicos_en_el_Cono_Sur._Boletin_N_485_de_la_RALLT
3 https://naturalezadederechos.org/
Publicado originalmente en biodiversidadla.org

Publicado enMedio Ambiente
Estudiantes en mil 600 ciudades se manifiestan contra cambio climático

"No hay plan b para el planeta", la consigna

Cientos de miles de estudiantes salieron de escuelas y universidades para realizar acciones en más de mil 600 ciudades y pueblos en lo que llamaron una "huelga global por el futuro", exigiendo respuestas de los políticos y otros adultos ante la emergencia climática que amenaza la viabilidad del mundo.

Las acciones en por lo menos 130 países –desde Australia a Alemania y Suecia, a India, Colombia y Sudáfrica– son parte de una ola detonada por jóvenes respondiendo al consenso de los principales expertos científicos del mundo sobre el clima: el mundo sólo cuenta con 12 años para evitar una catástrofe climática con efectos irreversibles, así como nuevas investigaciones que han detectado una extinción masiva de especies en años recientes.

"No hay plan B para el planeta" y "favor de no quemar mi futuro" fueron algunas de las pancartas y consignas junto con demandas de acción de "los adultos" para mantener por debajo de 1.5 centígrados el incremento del calentamiento global –nivel establecido por la comunidad científica. Los huelguistas por el futuro empiezan a sacudir a las cúpulas en varios países, obligando a Inglaterra a ser el primer país en el mundo en declarar una "emergencia climática" entre otras respuestas de diversos gobiernos.

Junto con nuevas corrientes ambientalistas de jóvenes, como la Rebelión Extinción, que realizan acciones directas en Europa, y los jóvenes de Sunrise en Estados Unidos que están promoviendo un New Deal Verde, y en alianza con organizaciones ambientalistas más añejas como 350.org y Greenpeace, entre otras, los jóvenes están creando un movimiento masivo.

Según los organizadores de "Los viernes para el futuro", hoy hubo miles de acciones en por lo menos mil 664 ciudades (se esperan más reportes en los próximos días) y pronosticaba que superarían los 1.4 millones de participantes a escala mundial en su primera convocatoria de huelga escolar global el 15 de marzo [https://www.fridaysforfuture.org/ events/list].

Huelgas estudiantiles de todos los tamaños se realizaron en miles de puntos. En Jerusalén, estudiantes palestinos y judíos marcharon juntos, declarando que se debía poner a un lado el odio para "salvar al mundo del desaste climático", reportó Climate Home News.

Greta Thunberg –la adolescente sueca que inspiró este movimiento de huelgas estudiantiles el año pasado cuando comenzó a realizar protestas solitarias cada viernes al salir de su escuela y manifestarse frente al Parlamento en Estocolmo para demandar a los legisladores cumplir con el Pacto de París– felicitó este viernes a los miles de sus compañeros alrededor del mundo: "Gracias a todos aquellos que realizaron una huelga escolar por el clima hoy alrededor del mundo", dijo por tuit con una foto de la acción en la que participó en Estocolmo.

Ella y decenas de sus compañeras de diversas partes del mundo extendieron una invitación a los adultos a sumarse a una "huelga general" mundial el 20 de septiembres afirmando que "para cambiar todo, necesitamos a todos".

En Nueva York, cientos de estudiantes de secundaria y preparatoria abandonaron sus aulas para marchar por Broadway, desde la glorieta de Colón a Times Square. Coreando "el petróleo debe quedarse bajo la tierra" y "los mares se están alzando y nosotros tambien"; con pancartas hechas a mano fueron un río de azul y verde (los colores del planeta) que coreaba una y otra vez a que el momento es ahora para salvar su futuro.

Aquí, como en otras partes, el mensaje era claro: los jóvenes están furiosos por la inacción de los adultos, sobre todo los políticos, quienes a pesar de saber muy bien que esto es una emergencia no han hecho lo necesario. Las demandas no son abstractas, citando las recomendaciones de los científicos y lo elaborado en el Acuerdo de París para reducir el calentamiento global. El régimen de Donald Trump se retiró del acuerdo entre sus primeros actos de gobierno.

Hoy, señalaron, formaron parte de lo que podría ser la ola de manifestaciones de defensa del medio ambiente más grande de la historia a escala internacional. Los líderes, como subrayó un observador, son el futuro: los niños.

Publicado enMedio Ambiente
“Los derechos campesinos, para ser efectivos, requieren Reformas Agrarias en todo el mundo”

En plena ofensiva neoliberal, a fines de la década de los 90, el capital financiero profundizó sus tentáculos en el campo, la mercantilización y financiarización de la agricultura provocaron despojos y desalojos, aumento de la violencia y persecución contra las comunidades campesinas, privatización de las semillas, trabajo esclavo, destrucción de mercados locales y aumento del hambre y la migración, destrucción de la naturaleza y contaminación, entre otros flagelos.


Esta arremetida neoliberal profundizó los mecanismos de la Revolución Verde, potenciando su capacidad de acaparamiento y destrucción, de la mano de la tecnología transgénica asociada al uso masivo de agrotóxicos. El único objetivo: grandes lucros para las corporaciones transnacionales, pero a costa de graves consecuencias para la humanidad.


En el campo, aumentó la concentración y privatización de la tierra, el trabajo esclavo o precarizado, la contaminación con agrotóxicos, la destrucción de millones de hectáreas de selvas y bosques nativos. A medida que el proceso avanzó, fue creciendo la resistencia en el campo, lo que trajo aparejado la persecución y criminalización de campesinas y campesinos. La violencia en el campo es un elemento sobre el que se sostiene el agronegocio: asesinatos y encarcelamiento de campesinas y campesinos, y el redireccionamiento de los recursos públicos hacia el agronegocio, dejando a los campesinos sin posibilidad de acceso a créditos y mercados.


La propaganda neoliberal incluía la idea del fin de la historia, como parte del intento de despolitización de la sociedad. En el plano agrario, se lanzó la teoría del “Fin del Campesinado”, sugiriendo que las familias campesinas iban a desaparecer y que solo el agronegocio era capaz de alimentar a la humanidad.


En el plano de la gobernanza internacional el lobby neoliberal impulsó nuevas instituciones, tratados y acuerdos que fueron construyendo un andamio de jurisprudencia que en lugar de estar anclada en los Derechos humanos y la democracia, está basada en la Libertad del capital financiero y mecanismos de blindar a las empresas frente a la resistencia y lucha de los pueblos. Un claro ejemplo es la UPOV (Unión de protección de obtentores vegetales) que se encarga de legitimar la apropiación de conocimiento genético.


Las organizaciones campesinas resistieron en todos los rincones del planeta. La conformación de La Vía Campesina se da en ese contexto, destacándose la lucha por la tierra y contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las políticas de libre mercado que abrían las puertas a las corporaciones en todos los continentes.


A medida que avanza la agricultura industrial se agudiza la crisis alimentaria global y también la crisis climática. Frente a esta situación, La Vía Campesina además de articular la resistencia sistematiza propuestas y horizontes con esperanza. No solo que no era el fin del campesinado, sino que el campesinado es parte de la solución posible a las crisis provocadas por la dinámica de acumulación del capital. Así se inicia el debate de la soberanía alimentaria, y se lanza la campaña Global por la Reforma Agraria. Esos debates irrumpen en 1996 en el Consejo de Seguridad Alimentaria de la ONU. Planteando que para lograr resolver la crisis alimentaria, es condición necesaria el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura campesina, local, y para eso la democratización de la tierra.


Así, la discusión sobre los derechos de los campesinos siempre estuvo ligada a propuestas sobre las políticas agrarias necesarias para poder superar la crisis alimentaria.
En 2001 se realiza un congreso internacional sobre derechos campesinos en Indonesia, coordinado por la Unión Campesina de Indonesia (SPI), donde comienza a plantearse la necesidad de construir una declaración de derechos campesinos en la ONU.


En el año 2003, en la IV Conferencia Internacional de LVC realizada en Sao Paulo, Brasil, en su declaración final se establece: “Adquirimos el nuevo compromiso de impulsar la lucha por los Derechos Humanos y Campesinos. Desarrollaremos desde las organizaciones campesinas una Carta Internacional de los Derechos Campesinos”. Y entre los años 2004 a 2006 junto a CETIM y FIAN se verificaron y documentaron casos paradigmáticos de violaciones a los derechos campesinos en todos los continentes.
Un intenso trabajo en el Consejo de DDHH


En junio de 2008 en Yakarta, se realizó la Conferencia Internacional de Derechos Campesinos, con la participación de más de un centenar de representantes de las organizaciones que conforman La Vía Campesina de todo el mundo y de un millar de miembros de la SPI, y ese mismo año pero en octubre, la V Conferencia Internacional de Vía Campesina, realizada en Mozambique, aprobó la Carta de los derechos de las campesinas y campesinos. Con el sustento de miles de luchas locales, y cientos de informes que documentaron violaciones en las comunidades rurales, se inició el desafío en Naciones Unidas.


Esta carta, que luego será el puntapié inicial para la Declaración, nace directamente de las experiencias y luchas campesinas en todo el mundo. Por eso podemos afirmar que la Declaración es la traducción de esa realidad y su reconocimiento en Naciones Unidas.


En 2012, luego de un intenso trabajo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas resuelve la creación de un grupo Intergubernamental de Trabajo que tiene la misión de proponer al mismo un texto sobre una declaración de derechos de los campesinos. Este grupo fue presidido por el Estado plurinacional de Bolivia acompañado en la coordinación por Sudáfrica y Filipinas. A partir de entonces un grupo de expertos realiza un estudio sobre la situación y propone un texto en base a la carta de Vía Campesina adaptando el lenguaje a los estándares de ONU.


Bolivia garantizó un proceso transparente y participativo en el Consejo. En 6 años, 5 borradores se fueron modificando luego de cada sesión, tomando los aportes de los Estados y de la sociedad civil que se sumó con fuerza al proceso representada por organizaciones de campesinos, pescadores artesanales, pastores, trabajadores agrícolas, pueblos indígenas y de derechos humanos (DDHH) que participaron activamente con propuestas.


Durante los años 2013 y 2014, se llevó el debate a la Comisión Interamericana de DDHH, donde la CLOC LVC, junto con FIAN y CELS presentaron informes sobre la relación entre la violación a los derechos campesinos en la región y las corporaciones transnacionales.


El 28 de setiembre de 2018, el Consejo de DDHH adoptó la Declaración con una holgada votación, y fue sin dudas un avance sustancial del sistema de DDHH con una perspectiva pluricultural y humanista. En el informe oficial de presentación del texto definitivo, se destacó el llamado urgente de la Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, a finalizar la labor sobre el proyecto de Declaración “a fin de responder a más de 1.000 millones de personas que viven en las zonas rurales, quienes suministran una elevada proporción de los alimentos”. El Informe también destacó el apoyo de la FAO a la Declaración, tomando en cuenta que la misma contribuirá en el objetivo de hambre cero y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, ayudando a alcanzar el potencial que tienen y a superar los desafíos que enfrentan en su vida cotidiana.


Este proceso colocó varios debates al seno de Naciones Unidas, en primer lugar el reconocimiento del campesinado como una clase mundial y significativa que sufre violaciones sistemáticas a sus derechos, en segundo lugar, si en las legislaciones deben primar los derechos humanos o los intereses corporativos de las transnacionales. En este sentido, el Consejo de DDHH fue contundente: deben primar los Derechos Humanos, y esta Declaración es un instrumento fundamental para poder establecer los estándares y las políticas en el campo de forma de garantizar los derechos de las campesinas y campesinos. También la perspectiva de los derechos colectivos como parte de la cosmovisión pluricultural del sistema.

El proceso desde un inicio contó con el apoyo del proceso de integración latinoamericana, la propia CELAC dio su respaldo así como el GRULAC (grupo de países latinoamericanos en la ONU) al que luego se sumaron el G77, abriendo camino en Asia y África donde también tuvo amplio respaldo. Como era de esperarse, los países más subordinados a los intereses de las transnacionales y de carácter imperialista y colonialista se opusieron desde el principio: así EEUU, Reino Unido, Israel, Japón y una buena parte de la Unión Europea fueron permanentes en su negativa.


Sin embargo, en diciembre de 2018, y por una amplia mayoría, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó y adoptó la Declaración de los derechos de campesinos y de otras personas que trabajan en áreas rurales.


Brasil y Argentina habían apoyado todo el proceso, pero con la llegada al poder de Macri y Bolsonaro terminaron en abstención; a la inversa, México, que había puesto reparos, ya con Andres Manel López Obrador electo presidente, votó afirmativamente.


La adopción de esta Declaración termina con la idea neoliberal del “fin del campesinado” y hace un fuerte llamado a los Estados, no solo a reconocer la identidad campesina, sino su rol, y a trabajar para terminar con las violaciones a sus derechos. Eso en un contexto de grave violencia rural global, con situaciones extremas como la colombiana, donde en 2018 fueron asesinados 105 líderes campesinos y 44 líderes indígenas, o como Brasil donde en 2017 asesinaron a 71 campesinos por conflictos de tierra o ambientales.


Según el Grupo ETC, la agricultura campesina cuenta tan solo con ¼ de las tierras agrícolas, pero alimenta a más del 75% de la población mundial, mientras que la agroindustria subordinada al capital financiero, con ¾ de las tierras agrícolas, sólo llega al 25% de la población.


Garantizar la vida y modo de producción campesina es estratégico para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, y el proceso coincide con el lanzamiento del Decenio de la Agricultura Familiar, ratificando la importancia del sujeto en ese contexto.


Derechos campesinos y obligaciones de los Estados


La Declaración, en su Preámbulo y sus 28 artículos, consigna los derechos de los campesinos y obligaciones de los Estados; el texto es un compendio fundamental para la planificación y renovación de la política agraria mundial en todos sus niveles.


Algunos elementos para destacar:


El Artículo 15 resalta: “Los campesinos tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria”. De esta manera, la ONU reconoce y reivindica la propuesta política que Vía Campesina introdujo en 1996 en los debates del Consejo de Seguridad Alimentaria de ONU respecto a cómo abordar la crisis alimentaria que afecta a más de 1000 millones de personas en todo el mundo.


El Artículo 16 establece: “Los Estados adoptarán medidas apropiadas para reforzar y apoyar los mercados locales, nacionales y regionales en formas que faciliten y garanticen que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales accedan a esos mercados y participen en ellos de manera plena y en igualdad de condiciones para vender sus productos a unos precios que les permitan, a ellos y a su familia, alcanzar un nivel de vida adecuado”. Se destaca la importancia de la intervención estatal para garantizar precios justos e ingresos adecuados. En la Argentina, la diferencia de precio entre lo que se paga al campesino y lo que paga el consumidor ronda entre el 500 y el 1600%, situación que sólo es posible resolver con una política pública que intervenga en defensa de quienes producen y del pueblo que consume.


El Artículo 17 señala: “Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente, (…) y en especial tienen derecho a acceder a la tierra, las masas de agua, y los bosques, así como a utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar en el que vivir con seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura” y recomienda a los Estados “la Reforma Agraria, para facilitar el acceso equitativo a la Tierra y su función social evitando la concentración”.


Este artículo es vital en el actual contexto de concentración y acaparamiento de la tierra. En América Latina, el 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras agrícolas, y tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad, 0 para la igualdad y 1 para la extrema desigualdad– aplicado a la distribución de la tierra en el continente alcanza al 0,79, muy por encima de Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).


En Argentina, según OXFAM, el 83% de las Unidades Productivas Agropecuarias detentan solo al 13,3% del total de tierras productivas. Según otro estudio, la Agricultura Familiar representa a ⅔ de los productores, pero sólo accede al 13,5% de la superficie de tierra agraria. En 2014, el gobierno argentino, realizó un muestreo de casos de conflicto por la tierra campesina: el resultado arrojó 852 casos abarcando más de 9 millones de hectáreas en conflicto.


La concentración de la tierra es una barrera estructural al desarrollo de una nación y al disfrute pleno de los derechos de las campesinas y campesinos.


En el Artículo 19 sostiene: “Los campesinos tienen derecho a las semillas (…) El derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;(…) El derecho a participar en la toma de decisiones sobre las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura”. Frente al permanente avance de las transnacionales en la apropiación de material genético y de fuertes presiones por leyes de semillas que las avalen en el ultraje, este artículo toma especial relevancia.


Otro dato preocupante de la actualidad refiere a los agrotóxicos. La utilización masiva de agroquímicos provoca la muerte por intoxicación de unas 200.000 personas al año en todo el mundo, según un Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación. Para la Organización Panamericana de Salud, en 12 países de América Latina y del Caribe, el envenenamiento por productos agroquímicos causa el 15% de las enfermedades registradas.


En Argentina, informes del SENASA detallan que el 63% de los controles realizados en frutas, verduras y hortalizas en el mercado, entre 2011 y 2013, detectaron la presencia de residuos de químicos. Estos datos destacan límites al derecho a la salud, al ambiente y a la alimentación saludables, planteado en la Declaración.


La adopción de la Declaración enriquece el sistema de derechos humanos, logrando poner el debate democrático de los Estados por encima del lobby y los intereses del capital, actualizando el sistema desde una perspectiva pluricultural y respetando a las miles de millones de personas que conciben los derechos colectivos como fundamentales para el disfrute de los derechos individuales.


Nuevos desafíos


Ahora iniciamos una etapa de nuevos desafíos, en la cual esperamos que la Declaración sea una herramienta para las luchas campesinas. Es por eso que debemos trabajar para que las organizaciones campesinas puedan apropiarse de la misma, articulando con académicos, sindicatos, legisladores y funcionarios para que la misma pueda ser adoptada a nivel municipal, provincial y nacional, además de convertirse en un instrumento de diálogo entre organizaciones y Estados para avanzar en nuevas legislaciones que traduzcan las obligaciones de los Estados en políticas agrarias adecuadas. También la Declaración será un importante insumo para la dimensión jurídica de los conflictos agrarios.
Al instalar la Declaración en todos los rincones del mundo, vamos a avanzar en procesos de mayor incidencia global, pues se abren ahora horizontes para nuevos mecanismos de promoción y seguimiento de ésta al interior de Naciones Unidas, así como la posibilidad futura de construir una Convención Internacional de los derechos de las campesinas y campesinos.


En el actual contexto de crisis global del capitalismo, donde el imperialismo norteamericano no se resigna a perder porciones de mercado y pretende profundizar sus lazos coloniales con América Latina, los derechos campesinos sólo serán posibles si logramos articular luchas permanentes y prolongadas. La Declaración que conquistamos en Naciones Unidas es también una herramienta para el trabajo de base, la agitación y la organización de las campesinas y campesinos en todo el mundo. Además de servir de articulación para la unidad y la formación política de los líderes y lideresas del campo.


Los derechos campesinos, para ser efectivos, requieren Reformas Agrarias en todo el mundo, que garanticen la Agricultura Campesina y Agroecológica para alcanzar la Soberanía Alimentaria, fundamental para la justicia y la paz mundial; por eso, podemos afirmar que esta Declaración, de fuerte contenido humanista, es un paso adelante para la gobernanza global y los pueblos del mundo. Lejos de ser el “fin del campesinado”, podemos afirmar que las campesinas y los campesinos son protagonistas de las luchas por justicia social en todo el mundo y parte indiscutible de la solución a la crisis alimentaria y de migración que provoca y agudiza el desarrollo del capital financiero y los agronegocios.

24 mayo 2019
Por Diego Montón- Colectivo Internacional de Derechos Campesinos, La Vía Campesina. Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina MNCI

Publicado enSociedad
Página 1 de 50