La propiedad intelectual farmacéutica y su amenaza para la salud pública

La gran pandemia de nuestro siglo ha provocado una crisis de salud pública sin precedentes, evidenciando radicalmente problemas estructurales inherentes a la sociedad capitalista.[1]

Una de sus muchas consecuencias es que discursos y reivindicaciones hasta el momento minoritarias hayan llegado con fuerza al debate público. Defensores del ecosocialismo como Rob Wallace, Andreas Malm o Mike Davis,  han ganado visibilidad a través de publicaciones o actualizaciones de sus escritos, reafirmando la relación entre las pandemias que acosan a la humanidad en los últimos años y el sistema de producción global capitalista.[2]

Otra de estas luchas, a la que antaño apenas dábamos espacio en la agenda pública, es la lucha por el acceso justo a la innovación farmacéutica, especialmente a medicamentos y vacunas. Actualmente nos encontramos en un momento crucial, en el que varias vacunas están a punto de empezar a utilizarse. El Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar la vacuna de Pfizer / BioNTech, y también el primero en empezar a vacunar. A pesar de ello, aún queda mucho trabajo por hacer antes del previsible control de la pandemia mediante la vacunación.

Mascarillas, respiradores, pruebas de detección, fármacos como Remdesivir o vacunas que aún se hallan en fase III se han convertido en mercancías de especulación rápida, y cabe esperar que así siga, como mínimo, hasta alcanzar la preciada inmunidad colectiva. El afán por asegurar el suministro de vacunas ha empujado a los países ricos a acaparar más del 50% de las compras anticipadas de las vacunas no autorizadas, y según la organización británica Global Justice Now, el 80% de las vacunas que podrá elaborar Pfizer para el año 2021 están comprometidas para países ricos, cuando estos estados solo representan el 14% de la población mundial. Recientemente la OPS ha denunciado que, para los países latinoamericanos, la vacunación del 20% de su población supondría cuadruplicar el presupuesto actual en vacunas, mientras que vacunar al 100% de la población conllevaría un gasto 12 veces mayor. El egoísmo y la competitividad que caracterizan el sistema han quedado al descubierto.

Por su parte, la Unión Europea ha pasado de un “nacionalismo de un solo país” en la primera ola, a un “nacionalismo europeo”, comprando millones de dosis de vacunas a través de contratos opacos, condenando a los países empobrecidos a listas de espera y problemas de desabastecimiento graves.

Salud pública y acceso a medicamentos en la era de las patentes

David Harvey acuñó el concepto ‘acumulación por desposesión’ para denominar el proceso de mercantilización de bienes comunes que los adeptos a la teoría neoliberal promocionan desde finales del siglo XX. Por supuesto, el conocimiento científico médico, que por definición es un recurso que por su naturaleza indivisible e inmaterial, y cuya replicación y distribución forma parte claramente del interés público, sufrió su propio proceso de privatización en los años 1980. Coincidiendo con el auge del neoliberalismo, se multiplicaron a lo largo del mundo las leyes relacionadas con los derechos de propiedad intelectual. Daniel Bensaïd, recuperando a James Boyle, llamó a este proceso “los nuevos cercamientos”, comparándolo con las expropiaciones de los bienes comunales durante la acumulación originaria del capital.[3]

Quizá la más famosa, y la que más impacto tuvo para la industria farmacéutica, sea la ley Bayh-Dole (1980), que autorizó a instituciones financiadas con fondos públicos a patentar sus investigaciones, algo prohibido previamente, con lo que el contribuyente se movilizaba económicamente dos veces: como contribuyente y como inversor.[4]

Este proceso de privatización de la propiedad intelectual cristaliza a nivel internacional con las sucesivas rondas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que terminan con el Acuerdo de Marrakech de 1994. Este acuerdo significó la conversión del GATT, fundado en 1947, en la Organización Mundial de Comercio (OMC), nacida el 1 de enero de 1995. Supuso una reforma radical del sistema global de intercambio, con una consecuente liberalización enmarcada en el proceso de  globalización. La creación de la OMC supuso también una profundización de la desigualdad Norte-Sur global, ya que leyes que beneficiaban a los países ricos tuvieron que ser aceptadas por los países más desfavorecidos como requisito para poder participar en la OMC.

En este mismo acuerdo se incluye el anexo 1C, o Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), que desarrolla los pilares fundamentales de la propiedad intelectual, incluidas las patentes farmacéuticas. En este anexo se especifica qué se puede patentar y qué no, los derechos que confiere una patente a su titular, la duración de la exclusividad de producción, comercialización y distribución de la innovación patentada (el plazo de vigencia de la patente), y también las normas jurídicas que regulan el incumplimiento de patente.

Es importante recordar que este anexo fue una imposición de EE UU, Japón y algunos países europeos, que presionaron para incluir todas las propuestas del Comité de Propiedad Industrial de los EE UU, integrado entre otras por las empresas Dupont, General Motors, IBM, Merck, Monsanto, Pfizer, y Johnson & Johnson.[5] Las normas del derecho internacional en materia de propiedad intelectual fueron redactadas según los intereses de estas grandes multinacionales, provocando una redistribución de riqueza y poder hacia ellas. En cuanto a medicamentos y vacunas se refiere, supone una derrota histórica de la salud pública en detrimento del derecho al acceso a medicamentos.

Recientemente conocíamos como los mismos países que crearon este sistema se han puesto una vez más del lado de las farmacéuticas, negándose a liberar los derechos de propiedad de las vacunas y medicamentos contra el virus.[6] La historia se repite y pierden las de siempre.

La propiedad intelectual como herramienta de acumulación de capital

Gracias a los cambios en el sistema de patentes, la industria farmacéutica prospera significativamente, siendo en la actualidad una de las industrias más rentables,[7] con márgenes de beneficio que superan el 30%. La evolución de las leyes internacionales de propiedad intelectual, especialmente las relacionadas con las patentes, son responsables de la progresiva pérdida de las salvaguardas que antaño garantizaban una alianza mutuamente beneficiosa entre la industria farmacéutica y la sociedad. Vamos a analizar una por una las fallas más graves del sistema:

Financiación pública y beneficio privado

La ley Bayh-Dole abrió el camino a la privatización de los beneficios del conocimiento científico, un proceso que no ha dejado de crecer desde entonces. A pesar de que una gran parte de la inversión necesaria para crear nuevos medicamentos o vacunas proviene del sector público, ya sea en Universidades o Centros de Investigación, éstas suelen salir al mercado a precios muy altos, debido a la falta de competencia que provoca la exclusividad del derecho de patente.

Esta situación se ha repetido durante la pandemia. Se han producido enormes esfuerzos e inyecciones de dinero público en investigación y desarrollo (más de 4000 millones de euros), y aún así las vacunas no saldrán al mercado a precio de coste, ni siquiera las desarrolladas con 100% de financiación pública como la vacuna de Moderna. Sólo AstraZeneca se ha comprometido a comercializar su vacuna a 3 o 4 euros la dosis, afirmando que ese es el coste de fabricación. Como explicaremos más adelante, el coste real de fabricación es secreto, por lo que no sabemos si este es un precio justo.

Mercado oligopólico: grandes beneficios y escasez de innovación

El derecho de patente otorga la exclusividad de desarrollo, producción y comercialización del invento durante al menos 20 años. La mayoría de medicamentos, vacunas, o principios activos, están protegidos por lo que se conoce como arquitectura de patentes: no se patenta solamente el producto final, sino todos los procesos y modificaciones moleculares que utilizan para su desarrollo, por lo que al final un medicamento está protegido por decenas o cientos de patentes. Esto impide el desarrollo de genéricos a precios reducidos durante muchos más años. Un ejemplo claro de oligopolio es el mercado de las vacunas, en el que el 80% se concentra en tan sólo 4 empresas: Sanofi, Merck, Pfizer y GlaxoSmithKline (GSK).

La gran rentabilidad que esta exclusividad supone, no se ha traducido en un mayor gasto en innovación por parte de la industria farmacéutica. De hecho, apenas han dedicado parte de sus ganancias al desarrollo de moléculas innovadoras. En los últimos años se han especializado en desarrollar y vender medicamentos muy parecidos a moléculas antiguas, los llamados fármacos yo-también.[8] Estos medicamentos no suponen un beneficio terapéutico, pero son patentables, por lo que se utilizan para darle más vida a los oligopolios. Esto provoca una inflación constante de los precios de los nuevos fármacos, sean o no mejores que sus predecesores. Según un estudio alemán, publicado en la prestigiosa British Medical Journal, más del 50% de los fármacos y moléculas comercializados en Alemania entre el 2011 y el 2017 eran copias que no aportan ningún beneficio clínico.[9] La industria farmacéutica de hoy en día dedica gran parte de su facturación a campañas publicitarias para promocionar el uso de los fármacos yo-también.

En países como la India, con leyes de patentes más avanzadas, este tipo de moléculas no son patentables, ya que existe la obligación de demostrar un beneficio cuantificable de la innovación.

Lanzamiento secuencial, falta de transparencia y desabastecimientos

Las cadenas de producción globalizadas, basadas en procesos de deslocalización, y utilizadas como mecanismo de aumento de la explotación, provocan desabastecimientos en países vulnerabilizados, ya que la industria farmacéutica tiene una política de ventas conocida como lanzamiento secuencial: sus productos llegan primero a los mercados más dispuestos a pagar por ellos. Esto hace que las existencias puedan acabarse antes de llegar a los países más empobrecidos. Los precios son negociados primero en países con gran capacidad de gasto, como Estados Unidos, garantizando un precio de partida muy alto, para después negociar secuencialmente país por país. La pandemia no ha sido una excepción, y el ejemplo más claro son las declaraciones de Paul Hudson, CEO de Sanofi, que en mayo afirmaba que, si conseguían la vacuna, su primer receptor sería EEUU gracias al dinero invertido por Trump en investigación.

Además, los Estados firman con las empresas acuerdos de confidencialidad muy estrictos, por lo que resulta muy difícil saber cuánto están pagando realmente competidores estatales cercanos por los mismos productos. Esta situación provoca un desequilibrio a favor de la industria farmacéutica, que gana mucho poder de negociación, y conlleva una especulación al alza de los precios. Esta falta de transparencia, amparada en el secreto comercial y tolerada por los Estados, no sólo causa un aumento de los precios, sino que hace más difícil la tarea de obtener evidencia científica sólida sobre los nuevos fármacos. Esto reduce la capacidad de las Administraciones y organismos públicos de tomar decisiones informadas y provoca que la industria se beneficie de grandes operaciones que podríamos llamar directamente estafas, como fue el caso del Tamiflu (Oseltamivir) en 2009-2010, un fármaco contra la gripe A. El Estado español gastó 333 millones de euros y posteriormente se demostró completamente ineficaz.

Rentabilidad por encima de la salud pública

La actual agenda de investigación de la Big Pharma responde únicamente al beneficio privado. Esto provoca situaciones nefastas, como que la inversión en medicamentos para la disfunción eréctil supere con creces a la inversión en nuevos antibióticos o antivirales.

Además, la financiación pública se ha rendido a los intereses de las empresas, por lo que áreas de investigación que no resultan rentables simplemente no se financian. A pesar de los ejemplos recientes de epidemias y pandemias como el SARS, el MERS, el H1N1, el Ébola o el Zika, la investigación en enfermedades víricas y bacterianas no era considerada, hasta la pandemia actual, un área rentable para la industria, por lo que inmediatamente superados esos brotes de enfermedades emergentes se detuvo en seco su investigación.

Es particularmente sangrante el caso del Ébola, cuya vacuna se descubrió en 1999, pero al no ser rentable nunca fue desarrollada. Cuando la pandemia asoló el continente africano, era demasiado tarde.[10] Otro ejemplo es FAV-Afrique de Sanofi, retirado del mercado en 2010. Era el antídoto más potente contra las mordeduras de serpiente, un problema de salud pública en muchos países africanos. La pobreza de estos países hizo que no fuese rentable su comercialización, a pesar de afectar gravemente a más de medio millón de personas al año.

La consecuencia más evidente: precios abusivos

No sólo la falta de rentabilidad condiciona la investigación y el desarrollo, sino que la fijación de precios en las fases de comercialización está profundamente afectada por el sistema de patentes. A partir de la fundación de la OMC en 1995 y la aplicación mundial de las leyes de propiedad intelectual, los precios que los Estados pagan por los fármacos no han dejado de crecer, y han provocado crisis de salud pública en varias partes del mundo. Ejemplos claros son el VIH/SIDA en África, la hepatitis C en Brasil (caso que también afectó directamente al Estado Español), o la Insulina en EEUU.

Lejos de lo que podría parecer, estos precios abusivos también afectan de forma directa a los países más favorecidos por el sistema. En el Estado Español, la llegada de medicamentos muy caros, como los anti-cancerígenos de nueva generación, han provocado que se dispare en los últimos años el gasto en productos farmacéuticos y sanitarios del Sistema Nacional de Salud. El gasto ha aumentado de 2014 a 2019 un total de 4727 millones de euros, un 25% más (de 18.888 millones a 23.615 millones).[11]

Este fenómeno de fijación de precios basado en los oligopolios farmacéuticos provoca escasez y desabastecimientos en el Sur global, y supone una amenaza para los sistemas públicos de salud en los países del Norte, que podrían estar invirtiendo este dinero en reforzar la atención primaria o las estructuras de salud pública.

Conclusiones: acabar con un sistema nefasto

La carrera por la vacuna para la Covid-19 ha puesto de manifiesto que necesitamos una industria farmacéutica que vele por el interés público. Las patentes se idearon para proteger a los inventores y evitar la competencia desleal a través de estrategias de ingeniería inversa, pero en los últimos años hemos presenciado un viraje hacia un uso fraudulento de las mismas en medicina. Como hemos visto, nuestra estructura legal permite patentar casi cualquier cosa, condenando a las arcas públicas a invertir indefinidamente una parte cuantiosa del presupuesto público en medicamentos que apenas aportan innovaciones significativas respecto a sus predecesores. Los gobiernos deben ser una herramienta que evite los abusos de la industria farmacéutica, velando siempre por los intereses del pueblo y por garantizar su derecho a la salud. Para ello, es fundamental cambiar las reglas del juego.

En primer lugar, acabar con los secretos comerciales y la falta de transparencia, obligando a la industria a hacer públicos todos los datos de los ensayos clínicos, y no sólo presentarlos a las agencias reguladoras o a los altos cargos estatales. También debe existir transparencia en los costes de la investigación, y en los precios que pagan los Estados por los medicamentos y vacunas, además de los criterios de coste-efectividad tenidos en cuenta para aceptar la financiación y la compra.

Debemos caminar hacia un escenario de eliminación del sistema de patentes, sustituyéndolo por fórmulas de colaboración y de creación colectiva de valor público, que aseguren el acceso a la innovación con precios justos a todas las capas de la población.

La innovación debe seguir criterios de salud pública por encima de criterios de rentabilidad. Para asegurarse de que esto ocurra, necesitamos herramientas estatales de desarrollo de esta innovación, por lo que será fundamental una gran inversión pública en investigación, y la creación de una industria farmacéutica nacional, además de explorar fórmulas de gobernanza europeas y mundiales.

Así como la desafección por la política tiene sus causas en que el poder está cada vez más alejado de las instituciones públicas, y más cercano a las multinacionales y al capital, la reticencia vacunal y el movimiento antivacunas beben de la constatación de que el sistema que las produce es un sistema podrido, y que la ciencia y la tecnología han sido profundamente privatizadas y mercantilizadas.

En definitiva, la única forma de asegurarnos que tenemos un sistema de innovación y desarrollo justo y equitativo, que consiga que los logros de la ciencia pasen a beneficiar a todas y todos, es aumentar el control estatal frente a las lógicas empresariales, y democratizar todos los eslabones de la cadena. Esto sólo será posible desmantelando completamente el sistema actual.

Por Jorge Luis DíazÁlvaro Arador | 29/12/2020 

Jorge Luis Díaz es MIR de salud pública y máster en salud pública. Álvaro Arador es sociólogo y máster en salud pública.

 

Notas:

[1] https://www.anticapitalistas.org/textos-de-combate/la-crisis-sanitaria-de-la-covid-19-una-perspectiva-anticapitalista/

[2] https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/entrevista-rob-wallace-grandes-granjas-grandes-gripes

[3]  El dominio público contra la privatización del mundo. Daniel Bensaïd. Viento Sur. http://danielbensaid.org/El-dominio-publico-contra-la-privatizacion-del-mundo?lang=fr

[4] Reconsidering the Bayh-Dole Act and the Current University Invention Ownership Model: https://kenney.faculty.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/332/2018/03/reconsidering-the-Bayh-Dole-Act-and-the.pdf

[5] Bergel S, Bertomeu MJ. Medicamentos esenciales, patentes y licencias obligatorias: Doha no es la respuesta. Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason. 2020.

[6] https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/espana-paises-ricos-patentes-covid-farmaceuticas-compra-vacunas

[7] Salvaguardas, deriva institucional e industrias farmacéuticas. Abel Jaime Novoa Jurado; Juan Gérvas Camacho; Carlos Ponte Mittelbrunn. (2014).

[8] Derechos de propiedad intelectual e innovación. Benjamin Coriat y Fabienne Orsi. CEPN-IIDE, UMR CNRS 7115, Université Paris 13. 2007

[9] New drugs: where did we go wrong and what can we do better? https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4340

[10] https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2017-06-18/rino-rappuoli-vacunas-antivacunas-tosferina_1399987/

[11] https://www.diariofarma.com/2020/04/14/el-gasto-en-productos-farmaceuticos-y-sanitarios-del-sns-en-2019-alcanzo-los-23-616-millones-un-45-mas#:~:text=El%20gasto%20p%C3%BAblico%20en%20medicamentos,5%25%20con%20respecto%20a%202018.

 Fuente: https://vientosur.info/la-propiedad-intelectual-farmaceutica-y-su-amenaza-para-la-salud-publica/

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Europa comenzó la campaña de vacunación anticovid

La nueva cepa del virus podría abrir las puertas a una tercera ola

Según el experto italiano Domenico Arcuri, el final de la noche llegará cuando se haya vacunado al 70 u 80 por ciento de la población, algo que se espera en septiembre. 

 

El “Vax day”, el 27 de diciembre, el día que comenzaron las vacunaciones anticovid en Italia y buena parte de los países europeos, pasará a la historia de Europa como una de las jornadas más significativas de las últimas décadas, al menos desde la Segunda Guerra Mundial. Porque si bien no hubo tiroteos, ni bombardeos, ni destrucción material de ciudades enteras, como las hubo en aquel momento, el coronavirus actuó (y actuará todavía) como una bomba silenciosa, como un agresivo enemigo, que hasta ahora se llevó la vida de al menos 1,7 millones de personas en el mundo, poco más de 430.000 de ellos en el Viejo Continente.

Pero que hayan empezado las vacunaciones, como han subrayado numerosos expertos, no significa que el virus haya sido derrotado. Sobre todo ahora, que se habla insistentemente de nuevas cepas diferentes nacidas en otros países como Sudáfrica y Gran Bretaña. Al parecer, la que se desarrolló en Inglaterra sería mucho más contagiosa que las cepas de la covid- 19 conocidas hasta ahora, aunque no más peligrosa. Y si bien la vacunación abre una puerta hacia la esperanza, no está dicho que no pueda producirse una tercera ola de contagios a causa de la nueva cepa pese a que Italia, como otros países europeos, bloqueó los vuelos provenientes de Gran Bretaña para evitar la difusión del virus. Así y todo, ya fueron detectados algunos casos de la nueva cepa del virus en distintas ciudades italianas, de gente proveniente de Inglaterra precisamente.

El comienzo de la vacunación “es una luz después de una larga noche” comentó el Comisario Extraordinario para afrontar la pandemia en Italia de la covid19, Domenico Arcuri, que sin embargo, subrayó en declaraciones a la prensa italiana: ”Cuanto más se baje el nivel de responsabilidad en cuanto a la protección de los ciudadanos, mayor será el riesgo de una nueva ola de contagios. Se requerirá todavía mucho tiempo para controlar el virus. Se requiere responsabilidad y paciencia”. Según Arcuri, el final de la noche llegará cuando se haya vacunado al 70 u 80 por ciento de la población, cosa que se espera recién para el otoño italiano (es decir a partir de septiembre del 2021).

En Italia, en menos de un año desde que China difundió la existencia de la covid-19 el 31 de diciembre, se han producido más de dos millones de casos y casi 72.000 muertos. En noviembre comenzó la parte más agresiva de la segunda ola de contagios que se desencadenó a partir de octubre, llegando el 13 de noviembre a más de 40.000 nuevos casos en un día. Desde ese momento, según datos oficiales, los nuevos contagios comenzaron a descender lentamente llegando al 26 de diciembre a 10.400 casos en 24 horas. Pero la llegada de la nueva cepa del coronavirus podría abrir las puertas a una tercera ola, según temen los expertos, especialmente si no se siguen respetando las medidas de protección como distancias, barbijos y el respeto de las rígidas normas impuestas por el gobierno para la celebraciones de las fiestas de este fin de año.

Las primeras dosis ( 9.750 para Italia) de la vacuna Pfizer-Biontech -que también fueron entregadas a los demás países europeos para al “V day” y que habían sido encargadas por la Comisión Europea- llegaron directamente desde Bélgica, donde fueron elaboradas, al Hospital Spallanzani de Roma. Las dosis habían llegado el 26 a Italia pero también a Austria, Bulgaria, Francia, Portugal, España, para que pudieran comenzar a vacunar el 27. Un poco antes llegaron a Alemania, Hungría y Eslovaquia. Las vacunaciones deberían comenzar el 28 de diciembre en Bélgica y Luxemburgo y después del 8 de enero en Holanda. También han recibido las vacunas Suecia y Noruega y Dinamarca. El 8 de enero, además, el EMA (Agencia Europea de las Medicinas) podría dar su acuerdo para la difusión de la vacuna desarrollada por la estadounidense Moderna, lo que podría aumentar la cantidad de dosis disponibles en el mundo.

En Italia será el ejército quien se encargará de distribuir las primeras vacunas en las distintas regiones. A partir del 28 de diciembre llegarán entre 450.000 y 470.000 dosis cada semana, que serán distribuidas directamente por la casa farmacéutica Pfizer en los 294 puntos de vacunación creados por los gobiernos regionales. La idea es vacunar antes que nada a todo el personal sanitario de los hospitales y al personal y personas alojadas en las Residencias para ancianos, muy difundidas en todo el país y que han sido graves centro de difusión en estos meses. Los ancianos en general están entre los primeros candidatos a ser vacunados.

En el primer trimestre se calcula, que deberían llegar a Italia más de 28 millones de dosis de distintos laboratorios, lo que serviría para vacunar tal vez a menos de la mitad de los 60 millones de habitantes (ya que algunas vacunas requieren dos dosis), 14 millones de los cuales tienen más de 65 años de edad.

El 27 de diciembre fueron inyectadas en Roma las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, a cinco colaboradores del Hospital de Enfermedades Infecciosas Spallanzani, una investigadora, dos médicas, una enfermera y un trabajador sanitario. La investigadora María Rosaria Capobianchi, directora del Laboratorio de Virología del Spallanzani -que participó en el diagnóstico del primer caso de covid detectado en Italia-, declaró a la prensa después de haber sido vacunada: “Me siento muy bien. Tenemos que confiar en la ciencia. Me ofrecí para ser vacunada y fui seleccionada como un símbolo, como para decir a la gente que hay que confiar y creer en la ciencia. Porque las elecciones realizadas son tomadas en base a serias evaluaciones científicas”.

La enfermera Claudia Alivernini, dijo por su parte: “Esta mañana me vacuné, con mucho orgullo . Es un pequeño gesto pero fundamental. He comprendido, porque he estado muy cerca, cuan difícil es combatir este virus. La ciencia y la medicina son las únicas cosas que, junto a la responsabilidad, nos hará salir de esta pandemia. Lo digo de corazón: vacunémonos todos”.

El pedido de la enfermera a la gente viene a colación porque numerosos colegas suyos o gente que trabaja en hospitales y centros para ancianos, rechazan la vacuna, plegándose al escepticismo de los “No Vacs”, un movimiento que existe en varios países de Europa y que cuestiona sobre todo las vacunas que se usan para los niños.

Durante la jornada del 27 de diciembre se vacunaron en Roma además cerca de 130 personas, todos trabajadores de la salud que se ocuparán de los centros de vacunación que abrirán próximamente en todo el país. “Es una jornada que esperábamos desde hace tiempo -declaró el Ministro de Salud, Roberto Speranza. - Llega la luz pero es necesario resistir todavía algunos meses. Sirve el respeto de las reglas”.

Este domingo comenzó la campaña de vacunación en Europa

En Francia más de la mitad de la población rechaza vacunarse contra el coronavirus

En el primer día de la campaña de inmunización contra el coronavirus que comienzó este domingo en Europa, el periódico Le Journal du Dimanche publicó una encuesta  que asegura que más de la mitad de los ciudadanos de Francia se muestran "reacios" a recibir la vacuna

Según el estudio realizado entre el 11 y el 14 de este mes, el 56 por ciento de los franceses se manifestó en contra de la inoculación de la droga y el 44 por ciento restante expresó que planea recibirla "en algún momento", aunque de ese porcentaje solo el 13 reconoció estar "seguro" de hacerlo.

Las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio estadounidense Pfizer y el alemán BioNTech arribaron el sábado a territorio galo, un día después de que las autoridades sanitarias informaran de un primer caso en la ciudad de Tours de la nueva variante de covid-19 surgida en el Reino Unido.

Al igual que en otros países de la Unión Europea (UE), en Francia la campaña de vacunación contra el coronavirus comenzó este domingo. Las primeras inmunizaciones se dispusieron en dos geriátricos: uno en Dijon, en el este del país, y otro el el hospital René-Muret de Sevran, donde se encuentra Mauricette, de 78 años, la primera persona en ser vacunada en Francia.

"La razón y la ciencia deben guiarnos. Tenemos una nueva arma contra el virus: la vacuna. Mantengámonos juntos de nuevo; estemos orgullosos de nuestro sistema de salud", destacó el presidente Emmanuel Macron a través de Twitter.

Coronavirus en Francia

Con más de 2,6 millones de casos, Francia es el quinto país con más infectados a nivel global a causa del coronavirus y el primero con más positivos en Europa.

A su vez, es el séptimo país en el mundo y el segundo en el continente con más fallecidos, con 62.694 muertos a causa de la enfermedad.

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Europa enfrenta el rebrote de coronavirus con una estrategia de reconfinamiento duro y vacunaciones masivas

El primer continente en superar medio millón de muertos por la pandemia

La campaña de vacunación con la formula elaborada por los laboratorios Pfizer-BioNTech comienza este domingo en Francia, casi al mismo tiempo de que, la víspera, se descubriera un primer caso de la variante SARS-CoV-2 que apareció en Gran Bretaña y el sábado otro en España. Esa variante sería entre 50 y 74 por ciento más contagiosa que la cepa en circulación. Un año después de que el Covid-19 apareciera en China casi toda la Unión Europea prepara una doble estrategia para esta semana: reconfinamiento duro y vacunaciones masivas. Con 25 millones de casos, el Viejo Continente es la primera región del mundo que superó este fin de semana el medio millón de muertos (1, 7 millones de muertos en el mundo). La vacuna de Pfizer-BioNTech llega con tantas esperanzas como interrogantes. Francia, Italia, Austria, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, Escocia, Dinamarca han adoptado hace unas semanas o en los últimos días medidas de restricción mucho más drásticas para frenar la expansión de una pandemia que se extiende sin que ninguna de las medidas implementadas hasta ahora haya dado los resultados esperados. La vacuna es una respuesta sobre la que se basan las estrategias futuras con dos opciones posibles: aguantar hasta el verano de 2021 o hasta finales del año entrante, cuando se completen las campañas de vacunaciones y se puedan observar con más precisión los resultados. En el caso concreto de Francia, recién a principios de enero (entre el 4 y el 7) se realizará un balance en torno a los indicadores sanitarios para saber si se prosigue con la línea de una recuperación progresiva de la actividad o si se “continúa en la situación actual, o incluso se aprietan más las tuercas” (Roland Lescure, portavoz del partido presidencial La República en Marcha). La sensación que predomina es la de un apretón suplementario a fin de paliar las consecuencias de la masiva circulación de las personas durante la Navidad. Se permitieron las reuniones, el desplazamiento entre regiones, se levantó el toque de queda, pero sólo en Navidad. El 31 de diciembre no habrá ninguna posibilidad de fiestas ni desplazamientos y el toque de queda estará vigente entre las 8 de la noche y las seis de la mañana.

Luego de que, el pasado lunes 21 de diciembre, la Agencia Europea de los medicamentos validara la vacuna Pfizer/BioNTech, las primeras dosis llegaron el jueves a Francia y el sábado empezaron a distribuirse en los hospitales. El domingo se inyectarán en los asilos de ancianos y los centros geriátricos de la localidad de Sevran (Departamento de Seine-Saint-Denis, afueras de París) y en Dijon (Bourgogne-Franche-Comté). Seine-Saint-Denis es el departamento donde se contabilizaron más muertos (1.500) y Bourgogne-Franche-Comté es una de las regiones donde el porcentaje de incidencia del virus ha sido el más elevado. La campaña de vacunación se extenderá recién a principios de enero a los 7.000 asilos de ancianos y geriátricos del país. Queda pendiente la posibilidad de que un paciente rehúse la vacuna. El personal de los geriátricos había exigido un “consentimiento por escrito” para protegerse ante cualquier acción penal. Sin embargo, esa opción fue rechazada por el Ejecutivo luego de consultar a varias instancias, entre ellas el CCNE, Comité consultativo nacional de Ética. El consentimiento escrito no figura en la hoja de ruta de la campaña. Los expertos calculan que “entre el 50 y 60 por ciento de las personas darán su consentimiento. Se suministrarán en primer lugar un millón de dosis en los asilos de ancianos y centros geriátricos. Es allí donde la pandemia causó más desolación.

Las tres fases

El 45 por ciento de las personas muertas se encontraban en asilo de ancianos o centros geriátricos, o sea, 27. 640 personas de un total de 60. 900 decesos. Esa población apenas constituye el 1, 5 por ciento de los 67 millones de habitantes de que cuenta Francia. La segunda fase de la vacunación estará dirigida a las personas que tienen más de 75 años y que residen solas, luego, a los otros seres humanos con edades comprendidas entre 65 y 74 años. La tercera etapa se concentrará en el resto de la población sensible, con una primera alternativa para quienes tienen entre 50 y 64 años.

El camión cargado con lo que ya se llama “el oro más valioso de la tierra” llegó con las vacunas proveniente de la planta Puurs que Pfizer-BioNTech poseen en Bélgica. Motos de la gendarmería escoltaron el vehículo refrigerante  "thermal ship" con los 3. 900 frascos, lo que equivale a unas 19. 500 dosis iniciales, conservadas a menos 80 grados bajo cero. La escena era digna de una película de ciencia ficción: máscaras de vidrio XXL, guardapolvos blancos, guantes especiales, dispositivos electrónicos que conectaban los recipientes de las vacunas con el el sistema informático de Pfizer-BioNTech. Franck Huet, responsable de la plataforma a donde llegaron las vacunas, decía con esperanza y entusiasmo: «es un día histórico. Estamos pasando de la teoría a la práctica”. La práctica, los países de Occidente la llevaron a muy buen puerto. Las vacunas encargadas mediante precompras por Europa y Estados Unidos figuran en la cima de los 20 primeros compradores internacionales.

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Carteles que promueven el distanciamiento físico y el uso de mascarillas en las calles de Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega

La informamción sobre la nueva variante es escasa pero la lección de 2020 es que hay que anticiparse y hacer que se cumplan las medidas de precaución en vez de esperar a que se desarrollen los acontecimientos

 

Una montaña rusa de emociones. Probablemente esa sea la mejor descripción de las últimas semanas en el Reino Unido, con el gobierno oscilando desde el permiso para las ‘burbujas’ en Navidad hasta la cancelación total de las fiestas, y el virus generando una nueva variante semanas después de la aprobación de una vacuna eficaz. Hay quien argumenta que los virus mutan todo el tiempo y que no hay nada de qué preocuparse con la última variante. Otros dicen que es motivo de pánico. La verdad debe de estar en algún punto entre los dos.

La información sobre la nueva variante es escasa pero la lección de 2020 es que hay que anticiparse y hacer que se cumplan las medidas de precaución en vez de esperar a que se desarrollen los acontecimientos. En primavera, el gobierno retrasó un confinamiento que habría reducido la tasa de mortalidad y Reino Unido aprendió, por las malas, que antes que esperar y observar habría sido mejor evitar el desastre en gestación. Como dijo la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, cuando ves un tren que va hacia ti a toda velocidad, ¿esperas a ver si te atropella o reaccionas rápidamente para evitar el choque?

Tres aspectos que preocupan

A los científicos les preocupan específicamente tres aspectos de la nueva variante. El primero: ¿se extiende más rápidamente, dificultando así su erradicación? Según el Grupo Asesor sobre Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes (Nervtag, en sus siglas en inglés), la variante de la COVID-19 que parece haber surgido en el sudeste de Inglaterra es hasta un 70% más contagiosa. También preocupa que esta variante pueda contagiarse con mayor facilidad entre los niños, aunque no hay pruebas contundentes sobre eso. Hasta ahora, los niños más pequeños no han contagiado en la misma medida que los niños mayores y los adultos. Si su capacidad de contagiar a otros aumenta con esta variante, habrá que tomar un nuevo montón de decisiones sobre cómo reabrir los colegios, de forma segura, en el año que comienza.

Pero el hecho de que el virus se propague más rápidamente no tiene por qué significar que sea peor para la salud. Tampoco hay pruebas de una mayor tasa de hospitalización entre los que dan positivo. Además, los científicos son optimistas sobre la eficacia de las vacunas desarrolladas con esta variante, ahora que muchas personas se están preguntando si la nueva mutación podría eludir nuestra reacción inmune o representar un problema para esas vacunas. También es probable que con la tecnología ya disponible para producir vacunas exitosas contra la COVID-19, los científicos puedan adaptarlas para ajustarlas a los cambios de la variante.

Pese al miedo y a las dudas generadas con esta nueva situación, todavía hay razones para el optimismo. Pocos habían imaginado que para finales de 2020 ya tendríamos al menos tres vacunas eficaces y seguras contra la COVID-19. La vacuna de Pfizer se administra desde hace casi un mes en el Reino Unido; la de Moderna ya está siendo utilizada en Estados Unidos; y la de AstraZeneca no está muy lejos. Ahora tenemos las pruebas PCR, las pruebas rápidas que dan resultados en minutos, y las pruebas de anticuerpos, además de algunos tratamientos que han hecho que las tasas de supervivencia sean hoy mucho mejores que hace unos meses.

Sabemos que las vacunas pueden hacer que las personas contagiadas de la COVID-19 no desarrollen síntomas graves pero aún no sabemos si también evitarán que las personas vacunadas contagien a otras. Tampoco sabemos cuánto tiempo durará la protección de las vacunas ni si los gobiernos deberán programar campañas anuales de vacunación para toda la población, como ocurre con la gripe. Para generar la inmunidad de manada habrá que vacunar a un porcentaje de entre el 80% y el 90% de la población, una tarea gigantesca incluso en tiempos normales.

La culpa de esta nueva variante

El problema principal es que se trata de un virus al que le gusta saltar de una especie a otra. Lo hizo en Dinamarca, pasando de los humanos a los visones y viceversa. Cuanto más circula el virus, más probable es la aparición de mutaciones y variantes, lo que dificulta su erradicación. En parte, la culpa de esta nueva variante la tienen los que se oponían a las medidas de confinamiento con el argumento de que dejar que el virus corriera libremente entre los jóvenes, protegiendo a los vulnerables, permitiría la creación de esa inmunidad de grupo. Lo que no tuvieron en cuenta es que eso también favorecería el surgimiento de variantes. A menos que lo erradiquemos, lo más probable es que el virus mute aún más, lo que podría provocar segundos contagios o hacer que nuestras vacunas actuales pierdan su eficacia.

Una estrategia proactiva

Ahora está más claro que nunca por qué necesitamos una estrategia proactiva para erradicar por completo a la COVID-19. En muchas ocasiones el gobierno se ha retrasado y ha dudado, reaccionando ante los brotes en vez de tratando de evitarlos. Mientras el Reino Unido duda si suspender o no los viajes internacionales, las prohibiciones de vuelos impuestas por otros países europeos demuestran que ellos sí están perfectamente dispuestos a actuar para controlar la propagación de esta variante.

Ya no basta con aplanar la curva o con tratar a la COVID-19 como una gripe anual. Limitarse a eso agotará nuestros servicios sanitarios y devastará nuestra economía y nuestra sociedad. El modelo de convivir con el virus y permitir que se extienda entre la población ha fracasado. Incluso Suecia, que en otro momento fue elogiada por algunos como un modelo para evitar medidas drásticas, se ha visto paralizada por los brotes, se ha quedado sin camas de hospital y ha pedido ayuda a sus vecinos escandinavos.

¿Qué implica entonces esto para todos nosotros? Mientras los científicos siguen recogiendo la información y asesorando a los gobiernos sobre la mejor manera de actuar, cada uno de nosotros debería centrarse en cómo evitar contagiarnos y transmitir el virus a los demás. Tenemos que aprender maneras de vivir con restricciones y de una forma sostenible para los oscuros meses de invierno que nos quedan por delante. Es muy simple: evitar los lugares cerrados, mal ventilados y abarrotados; no entrar en la casa de otras personas; mantener las distancias; reunirse al aire libre; usar protección facial en el transporte público y en las tiendas; y pasarse de precavidos.

No escuchen a quienes dicen que la COVID-19 no es gran cosa o sugieren soluciones fáciles y remedios milagrosos. Que las directrices del gobierno permitan un comportamiento irresponsable, o que la aplicación de la ley sea laxa, no quiere decir que ese comportamiento sea seguro. En ausencia de un liderazgo fuerte y eficaz, se nos ha dejado a cada uno en una posición de responsabilidad individual: cuídense a sí mismos, a sus seres queridos y a su comunidad, y recuerden que las personas mayores y vulnerables corren mayores riesgo de morir pero que los jóvenes también pueden enfermar gravemente. Este no es el momento de jugar a la ruleta rusa con su salud.

Por Devi Sridhar

24 de diciembre de 2020 22:48h

Publicado enSociedad
Mientras Wall Street ya cotiza el agua del futuro, comunidades luchan contra su privatización en Colombia

 Con la llegada del agua al mercado de la bolsa de valores de Wall Street, cotizando en los mercados futuros y con empresarios apostando sobre su escasez o abundancia en el planeta durante los próximos años, se han prendido las alarmas sobre lo que que podría convertirse en un paradigma que pondría un precio y privatizaría un recurso que es un derecho universal.

Aunque la medida únicamente tendrá validez para regular su precio o cotización en California en Estados Unidos, su primera cotización se estableció que la cantidad de 1.233.000 litros de agua tuviera un costo de 486 dólares basándose en un valor promedio de los contratos que existen de derechos de agua en las regiones más grandes y comerciales de dicho estado, lugar que fue devastado por incendios forestales en septiembre y que pese a ser reconocido como el mercado agrícola más grande de Estados Unidos, salía de una sequía de ocho años.

Entiéndanse los derechos del agua como aprovechar el agua subterránea, ríos, lagos, estanques y manantiales naturales, tecnologías de purificación y tratamiento del agua, perforación de pozos, saneamiento, mantenimiento, distribución y construcción de infraestructura, la producción, operación y venta de agua embotellada, camiones de agua y camiones cisterna.

Para la profesora Cecilia Roa, especialista en gestión del agua, acueductos comunitarios, democratización ambiental, lo que refleja el hecho de que se empiece a cotizar el agua es una señal de la creciente preocupación sobre su escasez, su demanda y la preocupación de sectores económicos para abastecerse de agua en el futuro, «es un derivativo que se ha usado en el mercado de valores desde hace años, de las mercancías,» lo que señala, obedece a las presiones que existen sobre el agua en la actualidad y los conflictos cada vez más creciente alrededor de este recurso.

Por su parte para Juanita de los Ángeles Ariza, codirectora de la Red Nacional del Agua, resulta alarmante pues no es que se esté «cotizando el agua materialmente, sino los derechos de su uso, es como si las licencias ambientales se pusieran en oferta y se generara un comercio entorno a eso y quien tiene el dinero puede abarcar el agua del mundo», advierte la ambientalista.

Al respecto, Diego Martínez, coordinador del área de Agua en Censat Agua Viva advierte que lo que intentan hacer desde la bolsa de valores es construir un modelo para generar un paradigma en la financiación del agua y sus derechos, un modelo que probablemente será emulado por otros mercados como el que surgió en California, «se está vendiendo el agua del futuro y el principal problema es que se está especulando, se está vendiendo y comprando agua que nadie sabe si se va a tener o no en el planeta».

La privatización del agua, un peligro latente

La profesora Roa señala que el agua a diferencia de otros bienes a lo largo de la historia ha sido valorada por las sociedades como un recurso, rechazando la idea de convertirla en una mercancia, muestra de ello es que en todas las legislaciones de América Latina, el único país que lo ha permitido es Chile donde en la actualidad transan los derechos del agua, una política que afecta principalmente a campesinos y pequeños agricultores que no tienen servicios de agua potable.

Si bien tras la dictadura de Augusto Pinochet, en Chile se ha intentado reformar la privatización del agua en al menos ocho ocasiones, es una iniciativa que ha sido rechazada por sectores como la Sociedad Nacional de Agricultura que agrupa a empresarios agrícola del país austral. Aunque se ha buscado fijar el líquido como un derecho y un bien público y dar fin a las concesiones, el gobierno de Sebastián Piñera ha expresado su deseo de mantener la entrega de estos derechos a los privados.

En el mundo, según Market Oracle y Global Research en un artículo publicado originalmente en 2012, bancos de Wall Street y multimillonarios, están consolidando sus compras de acuíferos y derechos de agua en todo el planeta. Tal es el caso de inversionistas como Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Credit Suisse, Blackstone Group, Citigroup, UBS, Deutsche Bank, Macquarie Bank, Barclays Bank, Allianz y HSBC Bank.

Para hacerse una idea del valor que tiene este líquido en la actualidad, el mismo artículo titulado ‘Los Barones del Agua’ describe cómo, mientras multimillonarios acumulan acuíferos, a pobladores de regiones como Oregon en Estados Unidos, se les criminalizó por recolectar el agua lluvia que caía en su propiedad, condenándoles por nueve cargos a 30 días de prisión.

Se debe prestar atención al futuro de los recursos hídricos en Colombia

En el contexto nacional, la profesora Roa expresa que la historia de manejo hídrico del país deja mucho qué desear, si bien Colombia es uno de los países más ricos a nivel mundial en cuanto a su inventario natural hídrico, en el 56% de los departamentos el coeficiente de Gini del agua es incluso más alto que el de la tierra, lo que muestra que su asignación está incluso más concentrada. Esto en contraste con datos aportados por expertos en economía ambiental, como Gustavo Correa Assumus, que aseveran que la pobreza tiene implicaciones negativas en el acceso al agua segura y de igual forma la falta de acceso al agua segura es un elemento que sustenta y reproduce la pobreza.

Agrega Roa que esta no está llegando a las comunidades que protegen las fuentes hídricas y es algo que debe tenerse en cuentea, «los campesinos no tienen concesiones de agua y muchas veces se oponen a aplicar un permiso para consumirla o usarla, por considerarla natural en consecuencia no se debe pedir permiso a nadie, esa es una concepción que hay que respetar».

En contraparte, al evaluar los acueductos en los territorios, estos son en sí mismos una expresión de la gestión comunitaria que realizan las población pues entregan alrededor del 45% del agua en la ruralidad, convirtiéndose «en una pieza fundamental de decisión y participación sobre los usos y manejos que tienen las poblaciones sobre sus tierras», afirma Diego Martínez quien advierte que a dichos acueductos se les someten a toda clase de exigencias administrativas y técnicas en contra de esta forma de gestión.

De igual forma, casos como el de Cerrejón en La Guajira, donde se ha desviado el río Ranchería ocurren en un contexto en que en promedio las comunidades Wayúu tienen que caminar cerca de siete kilómetros para acceder a fuentes hídricas y donde el ICBF reportó para septiembre de este año, 784 casos de menores con desnutrición aguda, lo que deja al descubierto la pérdida del patrimonio cultural de los pueblos originarios y de la soberanía hídrica nacional.

Según Diego Martínez, la privatización del agua es un fenómeno que ya se viene viviendo y que en Colombia data de la década de los noventa expresándose en diferentes formas, desde un acueducto que pasa por manos público-privadas hasta el acaparamiento de mineras y petroleras del agua, privando a las comunidades de este derecho vital, en ese sentido, resalta que el manejo por parte del Estado del agua se ha hecho en el país de forma privada, «históricamente ha priorizado la empresas privadas, los entes económicos y ha entregados esos derechos a multinacionales, ese es el problema en el país», esto pese a que en Colombia existe el derecho fundamental al agua en conexidad con los derechos fundamentales.

Para concluir y con respecto a estos peligros que se ciernen sobre los recursos hídricos en el país, Juanita Ariza afirma que es fundamental que las organizaciones ambientales realicen un proceso de defensa integral del agua y de declaración como patrimonio público puesto que el país representa el 72% de los nacimientos de los páramos en el mundo y que se sumen resalta el integrante de Censat a procesos participativos de las comunidades como las consultas populares.

Publicado originalmente en Contagio Radio

23 diciembre 2020

Publicado enColombia
Dibujo sobre la población aborigen en la Isla. Imágen: Referencial.

La historia de los isleños originales del Caribe se enfoca más claramente en un nuevo estudio de Nature que combina décadas de trabajo arqueológico con avances en tecnología genética.

 

Un equipo internacional dirigido por David Reich de la Facultad de Medicina de Harvard— y en el que  participaron el Centro Nacional de Genética Médica de Cuba, junto a la Universidad de La Habana y la Universidad Médica de Matanzas entre otras instituciones internacionales de la región— analizó los genomas de 263 individuos en el estudio más grande de ADN humano antiguo en las Américas hasta la fecha. La genética rastrea dos grandes olas migratorias en el Caribe por dos grupos distintos, con miles de años de diferencia, revelando un archipiélago poblado por personas muy móviles, con parientes lejanos que a menudo viven en islas diferentes.

El laboratorio de Reich también desarrolló una nueva técnica genética para estimar el tamaño de la población en el pasado, que muestra que la cantidad de personas que vivían en el Caribe cuando llegaron los europeos era mucho menor de lo que se pensaba anteriormente, probablemente en decenas de miles, en lugar del millón o más informado por Columbus y sus sucesores.

Para el arqueólogo William Keegan, cuyo trabajo en el Caribe abarca más de 40 años, el ADN antiguo ofrece una nueva herramienta poderosa para ayudar a resolver debates de larga data, confirmar hipótesis y destacar los misterios restantes.

Esto “hace avanzar dramáticamente nuestra comprensión del Caribe de una sola vez”, dijo Keegan, curador del Museo de Historia Natural de Florida y coautor principal del estudio. “Los métodos que desarrolló el equipo de David ayudaron a abordar preguntas que ni siquiera sabía que podíamos abordar”.

Los arqueólogos a menudo confían en los restos de la vida doméstica (cerámica, herramientas, restos de huesos y conchas) para reconstruir el pasado. Ahora, los avances tecnológicos en el estudio del ADN antiguo están arrojando nueva luz sobre el movimiento de animales y humanos, particularmente en el Caribe, donde cada isla puede ser un microcosmos de vida único.

Si bien el calor y la humedad de los trópicos pueden descomponer rápidamente la materia orgánica, el cuerpo humano contiene una caja fuerte de material genético: una parte pequeña e inusualmente densa del hueso que protege el oído interno. Utilizando principalmente esta estructura, los investigadores extrajeron y analizaron el ADN de 174 personas que vivieron en el Caribe y Venezuela hace entre 400 y 3100 años, combinando los datos con 89 individuos previamente secuenciados.

El equipo, que incluye a académicos caribeños, recibió permiso para realizar el análisis genético de gobiernos locales e instituciones culturales que actuaron como cuidadores de los restos humanos. Los autores también involucraron a representantes de las comunidades indígenas del Caribe en una discusión sobre sus hallazgos.

La evidencia genética ofrece nuevos conocimientos sobre la población del Caribe. Los primeros habitantes de las islas, un grupo de usuarios de herramientas de piedra, navegaron a Cuba hace unos 6.000 años, expandiéndose gradualmente hacia el este a otras islas durante la Edad Arcaica de la región. No está claro de dónde provienen: aunque están más estrechamente relacionados con los centroamericanos y sudamericanos que con los norteamericanos, su genética no coincide con ningún grupo indígena en particular. Sin embargo, artefactos similares encontrados en Belice y Cuba pueden sugerir un origen centroamericano, dijo Keegan.

Hace unos 2.500-3.000 años, los agricultores y alfareros relacionados con los hablantes de arawak del noreste de América del Sur establecieron un segundo camino hacia el Caribe. Usando los dedos de la cuenca del río Orinoco de América del Sur como carreteras, viajaron desde el interior hasta la costa de Venezuela y avanzaron hacia el norte hacia el Mar Caribe, estableciendo Puerto Rico y finalmente moviéndose hacia el oeste. Su llegada marcó el comienzo de la Edad de la Cerámica de la región, marcada por la agricultura y la producción y uso generalizados de la cerámica.

Con el tiempo, casi todos los rastros genéticos de las personas de la Edad Arcaica desaparecieron, excepto una comunidad de resistencia en el oeste de Cuba que persistió hasta la llegada de los europeos. Los matrimonios mixtos entre los dos grupos fueron poco frecuentes, y solo tres individuos en el estudio mostraron ascendencia mixta.

Muchos cubanos, dominicanos y puertorriqueños actuales son descendientes de personas de la Edad de la Cerámica, así como inmigrantes europeos y africanos esclavizados. Pero los investigadores notaron solo evidencia marginal de ascendencia de la Edad Arcaica en individuos modernos.

“Eso es un gran misterio”, dijo Keegan. “Para Cuba, es especialmente curioso que no veamos más ascendencia arcaica”.

Durante la Era de la Cerámica, la cerámica caribeña experimentó al menos cinco cambios marcados en el estilo durante 2000 años. La cerámica roja ornamentada decorada con diseños pintados de blanco dio paso a vasijas simples de color beige, mientras que otras ollas estaban salpicadas de pequeños puntos e incisiones o tenían caras de animales esculpidas que probablemente se doblaban como asas.

Algunos arqueólogos señalaron estas transiciones como evidencia de nuevas migraciones a las islas. Pero el ADN cuenta una historia diferente, lo que sugiere que todos los estilos fueron desarrollados por descendientes de personas que llegaron al Caribe hace 2.500-3.000 años, aunque pueden haber interactuado e inspirado en extraños.

“Esa era una pregunta que quizás no hubiéramos sabido hacer si no hubiéramos tenido un experto en arqueología en nuestro equipo”, dijo la coautora principal Kendra Sirak , becaria postdoctoral en el Reich Lab. “Documentamos esta notable continuidad genética a través de cambios en el estilo de la cerámica. Hablamos de 'ollas contra personas' y, hasta donde sabemos, son solo ollas”.

La genética revela conexiones familiares entre islas

Destacando la interconectividad de la región, un estudio de los cromosomas X masculinos descubrió 19 pares de “primos genéticos” que viven en islas diferentes, personas que comparten la misma cantidad de ADN que los primos biológicos pero que pueden estar separados por generaciones. En el ejemplo más sorprendente, un hombre fue enterrado en las Bahamas mientras su pariente fue enterrado a unas 600 millas de distancia en la República Dominicana.

“Mostrar relaciones entre diferentes islas es realmente un paso adelante asombroso”, dijo Keegan, quien agregó que los vientos y corrientes cambiantes pueden dificultar el paso entre islas. “Me sorprendió mucho ver estos emparejamientos de primos entre islas”.

Descubrir una proporción tan alta de primos genéticos en una muestra de menos de 100 hombres es otro indicador de que el tamaño de la población total de la región era pequeño, dijo Reich, profesor de genética en el Instituto Blavatnik del HMS y profesor de biología evolutiva humana en Harvard.

“Cuando se toman muestras de dos individuos modernos, no es frecuente encontrar que sean parientes cercanos”, dijo. “Aquí, estamos encontrando parientes por todas partes”.

Revisión de estimaciones del tamaño de la población caribeña

Una técnica desarrollada por el coautor del estudio Harald Ringbauer , un becario postdoctoral en el laboratorio del Reich, utilizó segmentos compartidos de ADN para estimar el tamaño de la población pasada, un método que también podría aplicarse a estudios futuros de personas antiguas. La técnica de Ringbauer mostró que entre 10.000 y 50.000 personas vivían en dos de las islas más grandes del Caribe, Hispaniola y Puerto Rico, poco antes de la llegada de los europeos. Esto está muy por debajo del millón de habitantes que Columbus describió a sus clientes, lo que probablemente los impresionará, dijo Keegan.

Más tarde, el historiador del siglo XVI Bartolomé de las Casas afirmó que la región había albergado a 3 millones de personas antes de ser diezmada por la esclavitud y las enfermedades europeas. Si bien esto también fue una exageración, la cantidad de personas que murieron como resultado de la colonización sigue siendo una atrocidad, dijo Reich.

“Este fue un programa sistemático de borrado cultural. El hecho de que el número no fuera de un millón o millones de personas, sino de decenas de miles, no hace que esa eliminación sea menos significativa”, dijo.

Para Keegan, colaborar con genetistas le dio la capacidad de probar algunas hipótesis que ha argumentado durante años, mientras que trastoca otras.

“En este punto, no me importa si estoy bien o mal”, dijo. “Es emocionante tener una base más firme para reevaluar cómo vemos el pasado en el Caribe. Uno de los resultados más importantes de este estudio es que demuestra cuán importante es la cultura para comprender las sociedades humanas. Los genes pueden ser unidades discretas y medibles, pero el genoma humano se crea culturalmente”.

Principales preguntas y hallazgos

En la citada investigación se responden las siguientes preguntas: ¿De dónde  vienen estas poblaciones que usaron herramientas de piedra y que elaboraron arcilla? ¿Estaban emparentados entre sí? ¿Cuántas personas  vivían en el Caribe a la llegada de los españoles? ¿Cuánta ascendencia  de esos primeros habitantes del Caribe, si es que hay alguna, se puede  rastrear en el ADN de las poblaciones caribeñas actuales, como huella  genética de estos grupos indígenas que proceden del período anterior al contacto?

En el curso de este estudio fueron estudiados los genomas de  aborígenes que vivían en lo que ahora son las Bahamas, Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Guadalupe, Santa Lucía, Curazao y Venezuela, a partir de ADN extraído de sus restos óseos.

Los resultados hallados son consistentes con que las poblaciones del  Caribe de la Edad Arcaica descienden de una sola fuente de población  en América Central o del Sur, sin un antepasado notable de América del  Norte.

Los aborígenes de la Era Cerámica tenían un perfil genético diferente,
muy similar a los grupos de habla arawaka procedentes del noreste de  América del Sur, según descubrió el equipo. El hallazgo está en  correspondencia con la evidencia arqueológica y lingüística  previamente reportada.

Los ceramistas parecen haber emigrado al Caribe desde América del Sur,  probablemente de isla en isla a través de las Antillas Menores, hace  al menos 1.700 años, encontraron los investigadores. A medida que los alfareros de la Era Cerámica fueron ocupando, en una  nueva oleada migratoria, las islas del Caribe, reemplazaron casi por  completo a las personas residentes que usaban herramientas de piedra,  descubrió el equipo.

Solo quedó un pequeño porcentaje de población  arcaica, que persistió en el occidente de Cuba hasta aproximadamente  el momento de la llegada de los europeos.

El trabajo confirma que era “extremadamente raro” que las personas asociadas con las culturas arcaicas se mezclaran y tuvieran hijos con  personas asociadas con las culturas cerámicas.

Gracias en parte a la gran cantidad de muestras de ADN disponibles,  los investigadores pudieron estimar el tamaño de la población caribeña  antigua antes de la llegada de los europeos. Se sugiere que en la  región combinada de La Española (Haití y República Dominicana) y  Puerto Rico en los siglos antes de la llegada de los europeos vivían entre 10,000 y 50,000 personas. Un número mucho más bajo que las  estimaciones anteriores y que lo se conoce hasta ahora.

La investigación del ADN antiguo cambia significativamente la forma en que pensamos sobre los pueblos indígenas en el Caribe anterior al contacto. Otro hallazgo sorprendente, por ejemplo, es que el legado genético de los caribeños antes del contacto no desapareció: contribuyeron con aproximadamente el 14 por ciento del ADN de las personas vivas de Puerto Rico, el 6 por ciento de ese en la República Dominicana y el 4 por ciento de que en Cuba. Además, al iluminar el estilo de vida altamente móvil de los caribeños antes del contacto con muchos primos de ADN en diferentes islas, la investigación subraya el grado en que estaban conectados, una unidad relativa que luego se fracturó por siglos de división en esferas coloniales por parte de las potencias europeas.

Los resultados de esta investigación convierten al Caribe en el primer lugar de las Américas donde los científicos han obtenido datos sobre el ADN antiguo de ultra alta resolución a nivel genómico, algo que hasta ahora solo había estado disponible en el oeste de Eurasia.

24 diciembre 2020

 (Con información del Centro Nacional de Genética Médica, New York Times, Nature y el Museo de Ciencias de la Florida

Miércoles, 23 Diciembre 2020 05:28

Por un Pacto Ecosocial con la desobediencia

Por un Pacto Ecosocial con la desobediencia

Por definición un pacto plantea un acuerdo entre dos o más partes, muchas veces solemne, donde se establece una obediencia a cumplir los puntos establecidos en lo que puede ser o no un contrato formal, en ocasiones conseguido incluso debajo de la mesa.

Tan agobiante definición puede generar confusiones, más cuando erradamente se mete en un mismo saco a todos los pactos nacidos en estos convulsos tiempos. Pese a ello, el Pacto Ecosocial del Sur no plantea un acuerdo formal para cumplir una hoja de ruta cerrada ni propone un listado de demandas dirigidas a los gobernantes. No es un pacto con el poder, ni para acceder al poder; este pacto enuncia ideas de cambio de las fuerzas sociales que lo impulsan.

Vivimos la peor crisis moderna de la humanidad; una crisis que rebasa al azote sanitario del coronavirus pues se descubren las fracturas multifacéticas y sistémicas de la civilización dominante. En medio de esa crisis, y pese al aislamiento físico, un grupo de personas sintonizadas desde hace tiempo elaboró un documento corto proponiendo -lo que a mi juicio es- un pacto con la desobediencia, buscando alternativas sistémicas y concertadas con diversos procesos sociales.

En clave de transiciones (en plural), sin olvidar el horizonte utópico, se plantean nueve puntos de acción:

  • una transformación tributaria solidaria donde “quién tiene más, paga más”; anular las deudas externas estatales y construir una nueva arquitectura financiera global, como primer paso de reparación histórica de la deuda ecológica y social contraída por los países centrales desde la colonia;
  • crear sistemas nacionales y locales de cuidado donde la sostenibilidad de la vida sea el centro de nuestras sociedades, entendiendo al cuidado como un derecho que exige un papel más activo del Estado en consulta y corresponsabilidad permanente con pueblos y comunidades;
  • salir de la trampa de la pobreza extrema con una renta básica universal que sustituya las transferencias condicionadas focalizadas de herencia neoliberal;
  • impulsar la soberanía alimentaria combinada con políticas que redistribuyan la tierra, el acceso al agua y una profunda reforma agraria, alejándose de la agricultura industrial de exportación y sus nefastos efectos socioambientales;
  • construir economías y sociedades postextractivistas para proteger la diversidad cultural y natural desde una transición socioecológica radical, impulsando salidas ordenadas y progresivas de la dependencia del petróleo, carbón y gas, de la minería, y de los grandes monocultivos, frenando la deforestación masiva;
  • recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad, actualmente dominados por los medios de comunicación corporativos y las redes sociales que forman parte de las corporaciones más poderosas de nuestros tiempos, para disputar los sentidos históricos de convivencia;
  • fortalecer la autonomía y sostenibilidad de las comunidades locales frente a la fragilidad de las cadenas globales de producción, para potenciar la riqueza de los esfuerzos locales y nacionales;
  • y, concluyendo este listado siempre preliminar, propiciar una integración regional y mundial soberana favoreciendo los sistemas de intercambio local, nacional y regional, con autonomía del mercado mundial globalizado y enfrentando al monopolio global corporativo.

Muchas de estas ideas aparecen en otros documentos elaborados en estos años, no solo durante la pandemia. La diferencia radica en que este Pacto Ecosocial propone acciones concretas a corto plazo sin olvidar las utopías y la imperiosa necesidad de construir imaginarios colectivos, para acordar un rumbo compartido de transformaciones radicales y una base para caminar con plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades.

La crisis desnudada por la pandemia ha potenciado las desigualdades y muestra, quizás con más brutalidad que antes la incertidumbre y fragilidad de nuestro futuro, siempre en juego. Nos toca enfrentar un mundo desigual e inequitativo en extremo, plagado de todo tipo de violencias (patriarcales, racistas, extractivistas…) que aumentan aceleradamente con la pandemia. Pero también es una enorme oportunidad para (re)construir nuestro futuro desde principios básicos para una vida digna: el cuidado, la redistribución oel reparto, la suficiencia y la reciprocidad, desde bases comunitarias y autonómicas antes que estatales. En concreto, el campo principal de acción aparece en donde podemos actuar propiciando vidas mancomunadas, en espacios comunes: plurales y diversos, con igualdad y justicia, con horizontes construidos colectivamente, para resistir el creciente autoritarismo y construir simultáneamente todas las alternativas posibles.

En realidad este Pacto viene desde abajo, desde los movimientos sociales y la Madre Tierra (origen y base de todos los derechos); eso sin ocultar la responsabilidad de quienes lo redactaron. Este Pacto surge, en definitiva, desde múltiples luchas de resistencia y de re-existencia en nuestra región, incluso se sintoniza con la larga memoria de los pueblos originarios, algunas de cuyas más importantes organizaciones lo respaldan.

Así, desde esas luchas, reflexiones y realidades se propone este Pacto Social, Ecológico, Económico e Intercultural desde el Sur, desde América Latina, desde Abya Yala y Afro-Latinoamérica, proyectándolo a los sures del mundo, convocando a desobedecer y confrontar al poder para enterrar al mundo del capital y crear un mundo nuevo. Y para conseguirlo, caminando desde el aquí y el ahora, quienes escribimos este Pacto buscamos horizontes de transformación civilizatoria, en esencia postcapitalistas, tanto para superar el antropocentrismo, como la colonialidad, los racismos y el patriarcado. El fin es construir un mundo donde quepan muchos mundos -un pluriverso- pensados desde las perspectivas, deseos y luchas de los pueblos y sus derechos.-

NOTA: este artículo fue publicado en el Boletín 74: “Activistas por la vida” de EntrePueblos / EntrePobles, diciembre 2020. https://www.entrepueblos.org/publicaciones/boletin-74/

Por Alberto Acosta. Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Compañero de lucha de los movimientos sociales. Juez del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Ministro de Energía y Minas del Ecuador (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador (2007-2008).

Publicado enMedio Ambiente
La propiedad intelectual farmacéutica y su amenaza para la salud pública

Industria farmacéutica: rentabilidad por encima de la salud pública

 

La gran pandemia de nuestro siglo ha provocado una crisis de salud pública sin precedentes, evidenciando radicalmente problemas estructurales inherentes a la sociedad capitalista.[1]

Una de sus muchas consecuencias es que discursos y reivindicaciones hasta el momento minoritarias hayan llegado con fuerza al debate público. Defensores del ecosocialismo como Rob Wallace, Andreas Malm o Mike Davis,  han ganado visibilidad a través de publicaciones o actualizaciones de sus escritos, reafirmando la relación entre las pandemias que acosan a la humanidad en los últimos años y el sistema de producción global capitalista.[2]

Otra de estas luchas, a la que antaño apenas dábamos espacio en la agenda pública, es la lucha por el acceso justo a la innovación farmacéutica, especialmente a medicamentos y vacunas. Actualmente nos encontramos en un momento crucial, en el que varias vacunas están a punto de empezar a utilizarse. El Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar la vacuna de Pfizer / BioNTech, y también el primero en empezar a vacunar. A pesar de ello, aún queda mucho trabajo por hacer antes del previsible control de la pandemia mediante la vacunación.

Mascarillas, respiradores, pruebas de detección, fármacos como Remdesivir o vacunas que aún se hallan en fase III se han convertido en mercancías de especulación rápida, y cabe esperar que así siga, como mínimo, hasta alcanzar la preciada inmunidad colectiva. El afán por asegurar el suministro de vacunas ha empujado a los países ricos a acaparar más del 50% de las compras anticipadas de las vacunas no autorizadas, y según la organización británica Global Justice Now, el 80% de las vacunas que podrá elaborar Pfizer para el año 2021 están comprometidas para países ricos, cuando estos estados solo representan el 14% de la población mundial. Recientemente la OPS ha denunciado que, para los países latinoamericanos, la vacunación del 20% de su población supondría cuadruplicar el presupuesto actual en vacunas, mientras que vacunar al 100% de la población conllevaría un gasto 12 veces mayor. El egoísmo y la competitividad que caracterizan el sistema han quedado al descubierto.

Por su parte, la Unión Europea ha pasado de un “nacionalismo de un solo país” en la primera ola, a un “nacionalismo europeo”, comprando millones de dosis de vacunas a través de contratos opacos, condenando a los países empobrecidos a listas de espera y problemas de desabastecimiento graves.

Salud pública y acceso a medicamentos en la era de las patentes

David Harvey acuñó el concepto ‘acumulación por desposesión’ para denominar el proceso de mercantilización de bienes comunes que los adeptos a la teoría neoliberal promocionan desde finales del siglo XX. Por supuesto, el conocimiento científico médico, que por definición es un recurso que por su naturaleza indivisible e inmaterial, y cuya replicación y distribución forma parte claramente del interés público, sufrió su propio proceso de privatización en los años 1980. Coincidiendo con el auge del neoliberalismo, se multiplicaron a lo largo del mundo las leyes relacionadas con los derechos de propiedad intelectual. Daniel Bensaïd, recuperando a James Boyle, llamó a este proceso “los nuevos cercamientos”, comparándolo con las expropiaciones de los bienes comunales durante la acumulación originaria del capital.[3]

Quizá la más famosa, y la que más impacto tuvo para la industria farmacéutica, sea la ley Bayh-Dole (1980), que autorizó a instituciones financiadas con fondos públicos a patentar sus investigaciones, algo prohibido previamente, con lo que el contribuyente se movilizaba económicamente dos veces: como contribuyente y como inversor.[4]

Este proceso de privatización de la propiedad intelectual cristaliza a nivel internacional con las sucesivas rondas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que terminan con el Acuerdo de Marrakech de 1994. Este acuerdo significó la conversión del GATT, fundado en 1947, en la Organización Mundial de Comercio (OMC), nacida el 1 de enero de 1995. Supuso una reforma radical del sistema global de intercambio, con una consecuente liberalización enmarcada en el proceso de  globalización. La creación de la OMC supuso también una profundización de la desigualdad Norte-Sur global, ya que leyes que beneficiaban a los países ricos tuvieron que ser aceptadas por los países más desfavorecidos como requisito para poder participar en la OMC.

En este mismo acuerdo se incluye el anexo 1C, o Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), que desarrolla los pilares fundamentales de la propiedad intelectual, incluidas las patentes farmacéuticas. En este anexo se especifica qué se puede patentar y qué no, los derechos que confiere una patente a su titular, la duración de la exclusividad de producción, comercialización y distribución de la innovación patentada (el plazo de vigencia de la patente), y también las normas jurídicas que regulan el incumplimiento de patente.

Es importante recordar que este anexo fue una imposición de EE UU, Japón y algunos países europeos, que presionaron para incluir todas las propuestas del Comité de Propiedad Industrial de los EE UU, integrado entre otras por las empresas Dupont, General Motors, IBM, Merck, Monsanto, Pfizer, y Johnson & Johnson.[5] Las normas del derecho internacional en materia de propiedad intelectual fueron redactadas según los intereses de estas grandes multinacionales, provocando una redistribución de riqueza y poder hacia ellas. En cuanto a medicamentos y vacunas se refiere, supone una derrota histórica de la salud pública en detrimento del derecho al acceso a medicamentos.

Recientemente conocíamos como los mismos países que crearon este sistema se han puesto una vez más del lado de las farmacéuticas, negándose a liberar los derechos de propiedad de las vacunas y medicamentos contra el virus.[6] La historia se repite y pierden las de siempre.

La propiedad intelectual como herramienta de acumulación de capital

Gracias a los cambios en el sistema de patentes, la industria farmacéutica prospera significativamente, siendo en la actualidad una de las industrias más rentables,[7] con márgenes de beneficio que superan el 30%. La evolución de las leyes internacionales de propiedad intelectual, especialmente las relacionadas con las patentes, son responsables de la progresiva pérdida de las salvaguardas que antaño garantizaban una alianza mutuamente beneficiosa entre la industria farmacéutica y la sociedad. Vamos a analizar una por una las fallas más graves del sistema:

Financiación pública y beneficio privado

La ley Bayh-Dole abrió el camino a la privatización de los beneficios del conocimiento científico, un proceso que no ha dejado de crecer desde entonces. A pesar de que una gran parte de la inversión necesaria para crear nuevos medicamentos o vacunas proviene del sector público, ya sea en Universidades o Centros de Investigación, éstas suelen salir al mercado a precios muy altos, debido a la falta de competencia que provoca la exclusividad del derecho de patente.

Esta situación se ha repetido durante la pandemia. Se han producido enormes esfuerzos e inyecciones de dinero público en investigación y desarrollo (más de 4000 millones de euros), y aún así las vacunas no saldrán al mercado a precio de coste, ni siquiera las desarrolladas con 100% de financiación pública como la vacuna de Moderna. Sólo AstraZeneca se ha comprometido a comercializar su vacuna a 3 o 4 euros la dosis, afirmando que ese es el coste de fabricación. Como explicaremos más adelante, el coste real de fabricación es secreto, por lo que no sabemos si este es un precio justo.

Mercado oligopólico: grandes beneficios y escasez de innovación

El derecho de patente otorga la exclusividad de desarrollo, producción y comercialización del invento durante al menos 20 años. La mayoría de medicamentos, vacunas, o principios activos, están protegidos por lo que se conoce como arquitectura de patentes: no se patenta solamente el producto final, sino todos los procesos y modificaciones moleculares que utilizan para su desarrollo, por lo que al final un medicamento está protegido por decenas o cientos de patentes. Esto impide el desarrollo de genéricos a precios reducidos durante muchos más años. Un ejemplo claro de oligopolio es el mercado de las vacunas, en el que el 80% se concentra en tan sólo 4 empresas: Sanofi, Merck, Pfizer y GlaxoSmithKline (GSK).

La gran rentabilidad que esta exclusividad supone, no se ha traducido en un mayor gasto en innovación por parte de la industria farmacéutica. De hecho, apenas han dedicado parte de sus ganancias al desarrollo de moléculas innovadoras. En los últimos años se han especializado en desarrollar y vender medicamentos muy parecidos a moléculas antiguas, los llamados fármacos yo-también.[8] Estos medicamentos no suponen un beneficio terapéutico, pero son patentables, por lo que se utilizan para darle más vida a los oligopolios. Esto provoca una inflación constante de los precios de los nuevos fármacos, sean o no mejores que sus predecesores. Según un estudio alemán, publicado en la prestigiosa British Medical Journal, más del 50% de los fármacos y moléculas comercializados en Alemania entre el 2011 y el 2017 eran copias que no aportan ningún beneficio clínico.[9] La industria farmacéutica de hoy en día dedica gran parte de su facturación a campañas publicitarias para promocionar el uso de los fármacos yo-también.

En países como la India, con leyes de patentes más avanzadas, este tipo de moléculas no son patentables, ya que existe la obligación de demostrar un beneficio cuantificable de la innovación.

Lanzamiento secuencial, falta de transparencia y desabastecimientos

Las cadenas de producción globalizadas, basadas en procesos de deslocalización, y utilizadas como mecanismo de aumento de la explotación, provocan desabastecimientos en países vulnerabilizados, ya que la industria farmacéutica tiene una política de ventas conocida como lanzamiento secuencial: sus productos llegan primero a los mercados más dispuestos a pagar por ellos. Esto hace que las existencias puedan acabarse antes de llegar a los países más empobrecidos. Los precios son negociados primero en países con gran capacidad de gasto, como Estados Unidos, garantizando un precio de partida muy alto, para después negociar secuencialmente país por país. La pandemia no ha sido una excepción, y el ejemplo más claro son las declaraciones de Paul Hudson, CEO de Sanofi, que en mayo afirmaba que, si conseguían la vacuna, su primer receptor sería EEUU gracias al dinero invertido por Trump en investigación.

Además, los Estados firman con las empresas acuerdos de confidencialidad muy estrictos, por lo que resulta muy difícil saber cuánto están pagando realmente competidores estatales cercanos por los mismos productos. Esta situación provoca un desequilibrio a favor de la industria farmacéutica, que gana mucho poder de negociación, y conlleva una especulación al alza de los precios. Esta falta de transparencia, amparada en el secreto comercial y tolerada por los Estados, no sólo causa un aumento de los precios, sino que hace más difícil la tarea de obtener evidencia científica sólida sobre los nuevos fármacos. Esto reduce la capacidad de las Administraciones y organismos públicos de tomar decisiones informadas y provoca que la industria se beneficie de grandes operaciones que podríamos llamar directamente estafas, como fue el caso del Tamiflu (Oseltamivir) en 2009-2010, un fármaco contra la gripe A. El Estado español gastó 333 millones de euros y posteriormente se demostró completamente ineficaz.

Rentabilidad por encima de la salud pública

La actual agenda de investigación de la Big Pharma responde únicamente al beneficio privado. Esto provoca situaciones nefastas, como que la inversión en medicamentos para la disfunción eréctil supere con creces a la inversión en nuevos antibióticos o antivirales.

Además, la financiación pública se ha rendido a los intereses de las empresas, por lo que áreas de investigación que no resultan rentables simplemente no se financian. A pesar de los ejemplos recientes de epidemias y pandemias como el SARS, el MERS, el H1N1, el Ébola o el Zika, la investigación en enfermedades víricas y bacterianas no era considerada, hasta la pandemia actual, un área rentable para la industria, por lo que inmediatamente superados esos brotes de enfermedades emergentes se detuvo en seco su investigación.

Es particularmente sangrante el caso del Ébola, cuya vacuna se descubrió en 1999, pero al no ser rentable nunca fue desarrollada. Cuando la pandemia asoló el continente africano, era demasiado tarde.[10] Otro ejemplo es FAV-Afrique de Sanofi, retirado del mercado en 2010. Era el antídoto más potente contra las mordeduras de serpiente, un problema de salud pública en muchos países africanos. La pobreza de estos países hizo que no fuese rentable su comercialización, a pesar de afectar gravemente a más de medio millón de personas al año.

La consecuencia más evidente: precios abusivos

No sólo la falta de rentabilidad condiciona la investigación y el desarrollo, sino que la fijación de precios en las fases de comercialización está profundamente afectada por el sistema de patentes. A partir de la fundación de la OMC en 1995 y la aplicación mundial de las leyes de propiedad intelectual, los precios que los Estados pagan por los fármacos no han dejado de crecer, y han provocado crisis de salud pública en varias partes del mundo. Ejemplos claros son el VIH/SIDA en África, la hepatitis C en Brasil (caso que también afectó directamente al Estado Español), o la Insulina en EEUU.

Lejos de lo que podría parecer, estos precios abusivos también afectan de forma directa a los países más favorecidos por el sistema. En el Estado Español, la llegada de medicamentos muy caros, como los anti-cancerígenos de nueva generación, han provocado que se dispare en los últimos años el gasto en productos farmacéuticos y sanitarios del Sistema Nacional de Salud. El gasto ha aumentado de 2014 a 2019 un total de 4727 millones de euros, un 25% más (de 18.888 millones a 23.615 millones).[11]

Este fenómeno de fijación de precios basado en los oligopolios farmacéuticos provoca escasez y desabastecimientos en el Sur global, y supone una amenaza para los sistemas públicos de salud en los países del Norte, que podrían estar invirtiendo este dinero en reforzar la atención primaria o las estructuras de salud pública.

 

Conclusiones: acabar con un sistema nefasto

La carrera por la vacuna para la Covid-19 ha puesto de manifiesto que necesitamos una industria farmacéutica que vele por el interés público. Las patentes se idearon para proteger a los inventores y evitar la competencia desleal a través de estrategias de ingeniería inversa, pero en los últimos años hemos presenciado un viraje hacia un uso fraudulento de las mismas en medicina. Como hemos visto, nuestra estructura legal permite patentar casi cualquier cosa, condenando a las arcas públicas a invertir indefinidamente una parte cuantiosa del presupuesto público en medicamentos que apenas aportan innovaciones significativas respecto a sus predecesores. Los gobiernos deben ser una herramienta que evite los abusos de la industria farmacéutica, velando siempre por los intereses del pueblo y por garantizar su derecho a la salud. Para ello, es fundamental cambiar las reglas del juego.

En primer lugar, acabar con los secretos comerciales y la falta de transparencia, obligando a la industria a hacer públicos todos los datos de los ensayos clínicos, y no sólo presentarlos a las agencias reguladoras o a los altos cargos estatales. También debe existir transparencia en los costes de la investigación, y en los precios que pagan los Estados por los medicamentos y vacunas, además de los criterios de coste-efectividad tenidos en cuenta para aceptar la financiación y la compra.

Debemos caminar hacia un escenario de eliminación del sistema de patentes, sustituyéndolo por fórmulas de colaboración y de creación colectiva de valor público, que aseguren el acceso a la innovación con precios justos a todas las capas de la población.

La innovación debe seguir criterios de salud pública por encima de criterios de rentabilidad. Para asegurarse de que esto ocurra, necesitamos herramientas estatales de desarrollo de esta innovación, por lo que será fundamental una gran inversión pública en investigación, y la creación de una industria farmacéutica nacional, además de explorar fórmulas de gobernanza europeas y mundiales.

Así como la desafección por la política tiene sus causas en que el poder está cada vez más alejado de las instituciones públicas, y más cercano a las multinacionales y al capital, la reticencia vacunal y el movimiento antivacunas beben de la constatación de que el sistema que las produce es un sistema podrido, y que la ciencia y la tecnología han sido profundamente privatizadas y mercantilizadas.

En definitiva, la única forma de asegurarnos que tenemos un sistema de innovación y desarrollo justo y equitativo, que consiga que los logros de la ciencia pasen a beneficiar a todas y todos, es aumentar el control estatal frente a las lógicas empresariales, y democratizar todos los eslabones de la cadena. Esto sólo será posible desmantelando completamente el sistema actual.

Jorge Luis Díaz es MIR de salud pública y máster en salud pública. Álvaro Arador es sociólogo y máster en salud pública.

 

Por Jorge Luis Díaz | Álvaro Arador

22 diciembre 2020

Referencias:

[1]https://www.anticapitalistas.org/textos-de-combate/la-crisis-sanitaria-de-la-covid-19-una-perspectiva-anticapitalista/

[2]https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/entrevista-rob-wallace-grandes-granjas-grandes-gripes

[3]  El dominio público contra la privatización del mundo. Daniel Bensaïd. Viento Sur. http://danielbensaid.org/El-dominio-publico-contra-la-privatizacion-del-mundo?lang=fr

[4] Salvaguardas, deriva institucional e industrias farmacéuticas. Abel Jaime Novoa Jurado; Juan Gérvas Camacho; Carlos Ponte Mittelbrunn. (2014).

[5] El dominio público contra la privatización del mundo. Daniel Bensaïd. Viento Sur. http://danielbensaid.org/El-dominio-publico-contra-la-privatizacion-del-mundo?lang=fr

[6] Begel S, Bertomeu MJ. Medicamentos esenciales, patentes y licencias obligatorias: Doha no es la respuesta. Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason. 2020.

[7]https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/espana-paises-ricos-patentes-covid-farmaceuticas-compra-vacunas

[8] Ibid.

[9]https://www.diariofarma.com/2020/04/14/el-gasto-en-productos-farmaceuticos-y-sanitarios-del-sns-en-2019-alcanzo-los-23-616-millones-un-45-mas#:~:text=El%20gasto%20p%C3%BAblico%20en%20medicamentos,5%25%20con%20respecto%20a%202018.

[10] Reconsidering the Bayh-Dole Act and the Current University Invention Ownership Model: https://kenney.faculty.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/332/2018/03/reconsidering-the-Bayh-Dole-Act-and-the.pdf

[11]https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2017-06-18/rino-rappuoli-vacunas-antivacunas-tosferina_1399987/

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Imagen de Londres, Reino Unido. — Andy Rain / EFE

La nueva variante del coronavirus, más contagiosa, ha disparado las alarmas de los países europeos ahora que la vacuna ya está distribuyéndose. La UE convoca una "reunión urgente del mecanismo de crisis".

 

La aparición de una nueva variante del coronavirus ha obligado a las autoridades británicas a establecer duras medidas restrictivas en gran parte del Reino Unido por el alarmante incremento de los casos de la covid-19 que han provocado la cancelación unilateral de vuelos desde muchos países de Europa, a la espera de medidas homogéneas desde la UE. 

Ante la evidencia científica que indica que la nueva cepa acelera hasta un 70% más la transmisión del virus, el primer ministro británico, Boris Johnson, se ha visto forzado a modificar los planes de movimiento de la población para esta Navidad, entre críticas de la oposición laborista por no haber tomado antes estas medidas. 

La presidencia alemana de la Unión Europea (UE) ha convocado una reunión urgente al más alto nivel para este lunes con el fin de coordinar una respuesta comunitaria a la nueva variante de covid-19 detectada en el Reino Unido. "La Presidencia ha invitado a los estados miembros de la UE a una reunión urgente del mecanismo de crisis de la IPCR (respuesta política integrada a la crisis, en sus siglas en inglés) mañana por la mañana a las 11.00 horas", tuiteó este domingo su portavoz, Sebastian Fischer.

Mientras tanto, el Gobierno de España ha anunciado que ante la aparición de una nueva cepa de coronavirus en Reino Unido reforzará en aeropuertos y puertos el control de verificación de pruebas PCR a las personas que procedan del país. El Ejecutivo también había pedido, previamente, una respuesta comunitaria coordinada sobre si prohibir el tráfico aéreo con el Reino Unido, después de que varios países lo hayan hecho.

En la misma línea, Francia busca una respuesta europea coordinada a la situación sanitaria y se ha sumado a otros socios europeos que han decidido limitar sus conexiones con el Reino Unido tras la detección allí de una nueva variante del coronavirus y prohibió la circulación desde ese país durante 48 horas.

El Ejecutivo francés indicó en un comunicado que la medida afecta desde la medianoche tanto a los desplazamientos de viajeros como al transporte de mercancías, ya sea por vía ferroviaria, aérea o marítima, mientras que el flujo de personas o transportes hacia ese país sí está autorizado.

Varios países europeos prohíben volar al Reino Unido

Países Bajos, Bélgica, Italia, Austria, Irlanda e incluso Alemania decidieron durante el domingo prohibir los vuelos con el Reino Unido. El primero en reaccionar fue el gobierno de Países Bajos que optó por prohibir el tráfico aéreo de pasajeros con el Reino Unido de forma inmediata y durante al menos diez días, siguiendo una recomendación de las autoridades sanitarias neerlandesas.

El Instituto de Salud Pública de Países Bajos (RIVM) pidió a Sanidad el control de los movimientos de pasajeros con el Reino Unido "tanto como sea posible" para limitar "la introducción de esta cepa de virus" en territorio neerlandés, por lo que el gabinete tomó la decisión prohibir el tráfico aéreo de personas procedentes de las islas británicas al menos hasta el 1 de enero.

La prohibición del Gobierno de Bélgica es provisionalmente por solo 24 horas a partir de la medianoche del domingo, pero además del transporte aéreo incluye el ferroviario, indicó el primer ministro del país, Alexander De Croo, a la televisión pública flamenca VRT.

Italia también suspendió los vuelos, y prohibió la entrada a las personas que hayan estado en el Reino Unido en los últimos catorce días, anuncio el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, que precisó que la decisión ha sido comunicada a las autoridades de Londres.

"Como Gobierno tenemos el deber de proteger a los italianos y por esa razón, tras haber avisado al Gobierno británico, estamos a punto de firmar una medida con el ministro de Sanidad para suspender los vuelos con Gran Bretaña", anotó el jefe de la diplomacia italiana.

Por su parte, el Gobierno irlandés impuso este domingo una prohibición de 48 horas a los viajes procedentes del Reino Unido, tras la aparición de una nueva cepa del coronavirus en territorio británico, confirmó el ministro de Transporte, Eamon Ryan. Las restricciones entrarán en vigor a partir de esta medianoche, pero serán revisadas en la reunión del Gobierno el próximo martes, aunque se espera que sean extendidas, según los medios locales.

Portugal "limitará los vuelos"

Portugal limitará desde esta medianoche los vuelos procedentes del Reino Unido a ciudadanos nacionales lusos o con residencia legal en Portugal, que deberán además presentar un test con resultado negativo o someterse a la prueba a su llegada al aeropuerto de destino.

Las medidas fueron anunciadas hoy por el gabinete del ministro de Administración Interna, Eduardo Cabrita, que explicó en un comunicado que a los ciudadanos autorizados a viajar desde Reino Unido que no presenten el test se les realizará en el propio aeropuerto a su llegada a territorio portugués.

Grecia impone cuarentena de una semana a los viajeros del Reino Unido

Grecia impondrá a partir de mañana una cuarentena de siete días a todas las personas que lleguen desde el Reino Unido, además de mantener la obligatoriedad de presentar una prueba PCR negativa realizada en las 72 horas previas al viaje.

Según anunció este domingo la secretaría general de Protección Civil en un comunicado, la nueva medida entrará en vigor el lunes a las 06.00 de la mañana (04.00 GMT) como primera respuesta a la fuerte propagación que está experimentando la nueva cepa de covid-19 detectada en el Reino Unido. Para el resto de viajeros sigue rigiendo la cuarentena de tres días y la obligación de presentar una prueba PCR negativa.

Turquía suspende vuelos

El Gobierno turco ha suspendido temporalmente la llegada de vuelos desde Reino Unido, Holanda, Dinamarca y Sudáfrica para contener la propagación de la nueva mutación del coronavirus de la covid-19.

"Se ha decidido una suspensión temporal de los vuelos desde Inglaterra, Dinamarca, Holanda y Sudáfrica a nuestro país", señaló el ministro de Sanidad, Fahrettin Koca, en un mensaje en la red social Twitter.

20/12/2020 15:18 Actualizado: 20/12/2020 22:48

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Publicado enInternacional
Geoingenieros avanzan sobre territorio indígena

El 15 de diciembre 2020, SCoPEx, un proyecto de la Universidad de Harvard para avanzar en la manipulación del clima con geoingeniería solar, financiado por millonarios y fundaciones privadas de Estados Unidos, anunció que planea realizar un experimento a cielo abierto en Suecia, a contrapelo de la oposición global que despierta esta tecnología entre ambientalistas, indígenas y defensores de la justicia climática. Plantean hacerlo en Kiruna, territorio indígena del pueblo Sami.

SCoPEx es uno de los proyectos que denunció la campaña global contra la geoingeniería "No manipulen la Madre Tierra", en la que participan 200 organizaciones de cinco continentes, entre ellas redes internacionales como La Vía Campesina, la Red Ambiental Indígena, la Alianza por la Justicia Climática, Amigos de la Tierra Internacional, la Marcha Mundial de Mujeres y la Alianza por la Biodiversidad en América Latina (https://tinyurl.com/y96tukfb).

La geoingeniería es un conjunto de propuestas tecnológicas que conllevan fuertes impactos colaterales, ambientales y sociales. Por ello el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas (CBD) estableció una moratoria contra su liberación en 2010, por consenso de sus 196 países miembros. Permite experimentos de pequeña escala bajo ciertas condiciones, que hasta ahora ningún proyecto ha cumplido. Estados Unidos no es parte del CBD. Como SCoPEx, la mayor parte de la promoción e investigación en geoingeniería proviene justamente de ese país.

La geoingeniería solar propone reflejar o bloquear parte de los rayos solares que llegan a la tierra, para bajar la temperatura. Por ejemplo, imitar el efecto de las erupciones volcánicas, inyectando sulfatos en nubes artificiales en la estratósfera. A la escala requerida para bajar la temperatura global, provocaría disrupción de los monzones en Asia y sequías en África y América Latina, poniendo en riesgo las fuentes de agua y alimentación de 2 billones de personas (https://tinyurl.com/y3jxgpbr).

Los investigadores de SCoPex dicen que ahora sólo van a probar equipo –un gran globo que se elevará en la estratósfera, con una góndola que en experimentos futuros, podrá diseminar materiales reflejantes. El globo sería elevado sobre los cielos del pueblo Sami por la Corporación Sueca del Espacio. Según SCoPEx, trasladaron este proyecto de geoingeniería a Suecia debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19 en Estados Unidos.

Afirman que en el futuro probarán con este equipo esparcir carbonato de calcio, aunque en el proyecto original plantean usar otros materiales como sulfatos, que es lo más similar a la composición de nubes volcánicas. La inyección de sulfatos en la estratósfera destruye la capa de ozono.

La fragmentación de experimentos en fases, es una táctica que se ha usado para el desarrollo de tecnologías de alto riesgo, como armas y tecnologías nucleares, entre otras. Así se avanzan componentes necesarios de proyectos riesgosos, evitando las regulaciones, la crítica y el escrutinio público hasta que cada parte esté lista. Llama la atención que también en Estados Unidos SCoPEx planteaba usar territorios indígenas, como las pruebas de armas atómicas y otros llamados "experimentos científicos".

Niclas Hallström, de la organización sueca What Next declaró a Reuters, “Esta prueba no tiene sentido si no es para permitir el paso siguiente. Es como si probaran el detonador de una bomba [separado de ésta] y dijeran "esto no puede hacer daño" (https://tinyurl.com/y9jk6hwh).

En efecto, el experimento en Suecia no tiene sentido sin la continuación que el propio SCoPEx admite, y que son pasos para hacer posible el despliegue de la geoingeniería solar. Más que técnico, se trata de un experimento político para legitimar los experimentos de geoingeniería a cielo abierto, como han señalado otros científicos que conocen el tema, como Raymond Pierrehumbert (https://tinyurl.com/y9na679o).

SCoPEx formó también su propio "comité asesor", con académicos estadunidenses (aunque el proyecto conlleva impactos globales) para simular que consulta a la sociedad. 80 organizaciones denunciaron a este comité como una farsa (https://tinyurl.com/ydc5oyzf)

Hallström también señaló que la sociedad sueca demanda cambios reales para enfrentar el cambio climático, pero que "El proyecto de Harvard está en el polo opuesto, da la impresión de que con tecnologías se podría manejar el cambio climático y continuar usando combustibles fósiles".

Este es uno más de los problemas de la geoingeniería: funcione o no, se convierte en una coartada para la continuación de las industrias más contaminantes y el caos climático, que hasta pueden hacer un nuevo negocio con la geoingeniería.

En efecto, David Keith, director del Programa de Geoingeniería Solar de la Universidad de Harvard, e iniciador y principal vocero de SCoPEx, es uno de los más activos promotores de la geoingeniería a escala global. Paralelamente, fundó la empresa comercial de geoingeniería Carbon Engineering (para vender captura directa de CO2 del aire), con fondos de Bill Gates y cuyos principales inversionistas son las petroleras Chevron, BP y la megaempresa minera BHP Billiton.

Este es el contexto real. Debemos frenar los experimentos de geoingeniería solar como sea que se disfracen.

Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC