Viernes, 10 Abril 2020 06:50

El agua se nos escurre entre los dedos

Rebelión

En general, usted lector (a) habitualmente utiliza el agua como un bien que está ahí, a su alcance, parece eterna. La usa para cocinar, aseo personal, regar el jardín o como empleo recreacional en piletas, fuentes y jardines. Para usted es algo común, el agua está ahí.

Sin embargo, en nuestro planeta, este recurso, sin el cual ningún organismo viviente podría sobrevivir, no es tan común para miles de millones de seres humanos. Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos del año 2019 (1): 2.200 millones de personas –es decir un 30% de la población mundial- no tiene acceso al agua potable, por tanto, con condiciones de salubridad que representan un peligro social. Dos de cada tres personas en el mundo sufren escases de agua, considerado grave, al menos una vez al año. 750 niños menores de cinco años mueren diariamente, ya sea por no tener acceso a saneamiento básico o por beber aguas insalubres. El año 2030, 700 millones de personas en el mundo, se verán desplazadas de sus lugares de origen por la falta de agua. Y, en materia de género, en cuatro de cada cinco hogares son las mujeres las encargadas de recoger el agua para los hogares, en fuentes ubicadas en ocasiones a varios kilómetros.

Los datos objetivos, tanto aquellos manejados por la ONU como por agencias gubernamentales coinciden en que el uso del agua viene aumentando a una tasa del 1% anual, principalmente desde la década de los 80 del siglo XX hasta ahora. Esto, por el aumento poblacional, el desarrollo social y económico de los pueblos y los cambios en los modelos de consumo, que han incrementado ese uso. En ese nuevo contexto, tanto el agua potable como el saneamiento son reconocidos como derechos humanos fundamentales, tanto en el sentido material (sustento de la población) como también subjetivo (la dignidad de los seres humanos). Esto debería obligar a los Estados a proporcionar a su población el acceso al agua potable y saneamiento sin discriminación, donde se priorice a los sectores más necesitados. Conceptos como acceso, equidad y seguridad son esenciales.

En un interesante trabajo titulado “Agua: ¿dónde está y de quién es? se señala, respecto al agua, en el marco descrito anteriormente, que los temas de propiedad, gestión, manejo y disponibilidad de las aguas ha pasado a constituirse en un eje crítico de las decisiones políticas, económicas y sociales, que debemos tener respecto a este recurso. “A los crecientes problemas de acceso y calidad de los recursos hídricos, se agregan las consecuencias de los procesos de liberalización y privatización del agua, que han transformado su definición desde un bien nacional de uso público, hacia un bien económico sujeto a las reglas del mercado”

En el Informe de la ONU señalado, respecto a Latinoamérica y la región del Caribe, se afirma que esta zona del mundo carece, mayoritariamente, de fuentes adecuadas de agua potable. Con insuficiencias en instalaciones seguras y dignas para la eliminación de las heces. Millones de personas, habitantes de las principales metrópolis del continente están sin acceso al líquido elemento, concentrados en lo que se denomina los cinturones de pobreza, donde el suministro de servicios de agua potable y sanitarios es insuficiente y en otros, sencillamente inexistentes, teniendo que recurrir a camiones aljibes, llaves comunitarias, además del uso letrinas y pozos sépticos, que contaminan además las napas subterráneas.

En gran parte de Latinoamérica, el servicio de agua potable, acompañado de procesos de privatización han generado fragmentación de sus estructuras de servicios, con gran número de prestadores “sin posibilidades reales de lograr economías de escala o viabilidad económica y bajo la responsabilidad de gobiernos locales, que carecen de los recursos e incentivos necesarios, para hacer frente con eficacia a la complejidad de los procesos involucrados en la prestación de servicios. Un ejemplo paradigmático de la privatización del agua lo vive Chile, el único país del mundo que mantiene legalmente privatizada el agua, estableciendo la protección al derecho de propiedad privada más fuerte en el mundo, donde el Estado no interfiere en ningún aspecto para garantizar el bien público.

A principios de los años 90 del siglo XX, en el país sudamericano, bajo el gobierno del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se privatizó la administración de la infraestructura y los derechos de agua, que pasaron desde el Estado a las empresas privadas. Privatizando así las principales distribuidoras de agua del país. Bajo el gobierno de Ricardo Lagos (sucesor de Eduardo Frei) se optó por un modelo distinto. La llamada Transferencia del derecho de explotación de las concesiones sanitarias, donde a una empresa privada se le entrega la concesión y las inversiones en infraestructura, por un periodo de 30 años al cabo de las cuales definiría su continuidad.

En Latinoamérica, la necesidad de generar inversiones en el tema agua potable y saneamiento sanitaria, debido al aumento poblacional, el desarrollo social y económico de los pueblos y los cambios en los modelos de consumo, generaron la decisión de parte importante de los gobiernos de nuestro continente, marcados por el modelo neoliberal de entregar a empresas extranjeras (donde se destacaron las de origen español) las oportunidades de inversión en infraestructura y saneamiento. “La incapacidad de las autoridades, para brindar una cobertura adecuada a los ciudadanos incitó un aumento de contratos de privatización de servicios de agua entre inversionistas extranjeros y Gobiernos. Hoy en día 10% de los consumidores en todo el mundo reciben agua vía empresas privadas” y en Latinoamérica esa cifra es mayor a medida que las presiones por privatizar los servicios públicos se imponen, sobre todo bajo la égida de gobiernos de corte neoliberal.

Para José Esteban Castro en su trabajo: La privatización de los servicios de agua y saneamiento en América Latina “esas políticas de privatización implementadas desde la década de 1990, para reorganizar los servicios de agua y saneamiento en América Latina, han tenido poca relación con los problemas específicos de esos servicios. Se presentó la privatización como la solución a la crisis de este sector, caracterizada por: falta de cobertura, calidad inadecuada de la prestación, corrupción y falta de inversión pública en la expansión y renovación de la infraestructura. Sin embargo, la razón principal no fue la búsqueda de soluciones a estos problemas, sino la aceptación acrítica de una política fundada en los principios y argumentos característicos de la ideología pro-privatización, que resurgió en los años 80. La crisis real de los servicios fue utilizada y hasta provocada, para promover las privatizaciones.

La privatización del agua es un negocio multimillonario. Se calcula, que para el año 2025, el gasto anual de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en infraestructura relacionada, superará el billón de dólares. Las nuevas tecnologías y la necesidad de inversión adicional en infraestructura aumentarán la demanda en el mercado, lo que potencialmente generaría valoraciones de miles de millones de dólares. Dichas oportunidades y promesas económicas explican en gran medida, por qué los servicios de agua se han ganado el apodo de “oro azul”

En Latinoamérica las cifras respecto al agua dulce la presentan como un botín muy apreciado, un bien económico y no un derecho social. El 26% del agua dulce del planeta está en América Latina, en forma de acuíferos, campos de hielo, ríos, lagos. Sólo Brasil contiene el 5% de toda el agua dulce del mundo. Los 22.100 metros cúbicos de agua per cápita representa el triple del promedio mundial. Entre los 10 principales ríos del mundo, cinco son latinoamericanos: Orinoco, Amazonas (que representa la quinta parte del caudal fluvial del mundo), Rio Negro, Paraná y Madeira. El Acuífero Guaraní es la tercera reserva mundial de agua dulce y se extiende bajo la superficie de Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Sus reservas podrían dar agua a todos los habitantes del planeta durante 200 años, de ahí la importancia geopolítica que este acuífero posee, poniéndolo en el radar de los intereses hegemónicos estadounidense.

Pero se da la paradoja, igualmente, que esta Latinoamérica, dotada de recursos hídricos envidiables, 100 millones de sus habitantes carecen de total acceso a ella, surtiéndose de fuentes ocasionales. El 25% de la población latinoamericana (de un total de 629 millones de habitantes) no tienen acceso a servicios de agua potable y saneamiento. República Dominicana Haití, Nicaragua, Perú, Ecuador son, dentro de Latinoamérica, los países con menores capacidades de acceso a esas fuentes de agua potable y saneamiento Sólo el 20% de las aguas residuales de este subcontinente reciben tratamiento. Las represas hidroeléctricas Itaipú y Simón Bolívar, son la segunda y la cuarta más grandes del mundo respectivamente.

Las cifras mencionadas respecto a este oro azul han traído a América Latina a numerosas empresas sanitarias, hidroeléctricas, de distribución de agua entre otras, que representan una tajada importante de ingresos para multinacionales como Endesa, Iberdrola, empresas chinas, entre otras. Según datos entregados por el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF – (4) en el Foro Mundial del agua del año 2018, Latinoamérica necesita invertir 12.500 millones de dólares, para alcanzar las metas trazadas por la ONU en los llamados “objetivos de desarrollo sustentable) que entrega datos desalentadores en el plano de agua y saneamiento (2) si no se trabaja por lo signan como el Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos (3) que la ONU volcó en la agenda 2030. Como también en los objetivos planteados en la meta de “No dejar a nadie atrás” según el Informe de Mundial de las Naciones Unidas Sobre el desarrollo de los recursos Hídricos presentado el año 2019.

La dicotomía se da respecto al papel que deben desempeñar los Estados y la iniciativa privada, cuestión de áspero debate en momentos que la propia esencia del neoliberalismo está siendo cuestionada en virtud de la pandemia global del Covid-19, que ha sacado a relucir la importancia de concretar Estados poderoso, capaces de garantizar, salud, educación, bienestar y servicios básicos a su población como derechos irrenunciables, entre ellos el agua potable y el acceso a servicios sanitarios. Para el mundo privado, las empresas de lobby, los gobiernos neoliberales y las multinacionales en Latinoamérica existe un déficit de infraestructura, de capital humano, institucional, financiero y de gobernabilidad, que son las que llevan a situaciones de escasez. Una región apetitosa, donde pueden invertir y tener retornos multimillonarios al cabo de pocos años.

Chile sigue siendo el ejemplo de la presencia de capitales extranjeros, que suelen replicar posteriormente sus inversiones en Latinoamérica, en materia de suministro de agua potable y servicios sanitarios. En el caso chileno, su participación en el mercado alcanza el 93%. Grupo europeo Agbar-Suez, controladora de Aguas Andinas (con ganancias en el país que superaron los 150 millones de dólares el año 2019 y más de 2.300 millones en sus subsidiarias en el mundo), Essal y Aguas Cordillera, que abastece a cuatro de cada diez chilenos. Empresa que a su vez deriva labores hacia el sector de aguas servidas incrementando notablemente sus ingresos. La sanitaria canadiense ligada al mundo docente en Canadá -Ontario Teachers Pension Plan, OTPP – que suman el 36% del mercado con plantas de distribución de agua potable y tratamiento de aguas servidas.

Por su parte, las sanitarias propiedad de la japonesa Marubeni en alianza con la empresa del mismo país Innovation Network Corporation of Japan, con un 9%. Incluso hay presencia de inversiones colombianas, a través de la llamada Empresa Pública de Medellín (EPM), que compró Aguas de Antofagasta al grupo Luksic en US$ 967 millones. La empresa de Singapur Sembcorp, por su parte, vendió a la española Sacyr y sus cuatro empresas de agua, que serán gestionadas por la filial agua Sacyr en servicios de captación de agua bruta, distribución de agua potable, recogida y depuración de aguas residuales.

Una fragmentación que da luces de lo interesante y atractivo que resulta, para estas empresas, invertir en un negocio considerado estable, de rentabilidades seguras, que atrae a inversionistas de largo plazo. Es un negocio redondo ¡claro! pero para el que lo pueda pagar pues el resto deberá seguir en sus mismas condiciones de carestía, sujeto a los vaivenes del mercado, mirando como ciertos cultivos, la minería, los proyectos hidroeléctricos, como también la ineficacia de sus gobiernos e intereses económicos marcados por la corrupción, junto a la invisibilización de los derechos sociales, entre otros le impiden el pleno acceso al agua potable, al saneamiento y en definitiva a su plena dignidad como persona. Que el agua se nos escurra entre los dedos (pero lo mínimo) sólo cuando nuestra sed y nuestra necesidad de higiene esté satisfecha.

Notas:

  1. Extraído de https://www.acnur.org/5c93e4c34.pdf. Publicado en 2019 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 7, place de Fontenoy, 75352 París 07 SP, Francia. © UNESCO 2019. Este informe es publicado por la UNESCO en nombre de la ONU-Agua. La lista de miembros y socios de la ONU-Agua se puede encontrar en el siguiente sitio web www.unwater.org.
  2. Datos relevantes. 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento. Al menos 892 millones de personas continúan con la práctica insalubre de la defecación al aire libre. Las mujeres y las niñas son las encargadas de recolectar agua en el 80% de los hogares sin acceso a agua corriente. Entre 1990 y 2015, la proporción de población mundial que utilizaba una fuente mejorada de agua potable pasó del 76% al 90%. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que este porcentaje aumente. Más de 1700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales en las que el consumo de agua supera la recarga. 4 billones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretes o letrinas. Más del 80% de las aguas residuales por actividades humanas se vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, provocando su contaminación. Cada día, alrededor de 1000 niños mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. Aproximadamente el 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego. Las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan el 70% de todas las muertes relacionadas con desastres naturales.
  3. Objetivos 2030. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento

Por Pablo Jofré Leal | 10/04/2020

Cedido por www.segundopaso.es

Publicado enMedio Ambiente
El doctor Tomàs Pumarola, jefe de microbiología del hospital Vall d’Hebron de Barcelona.MASSIMILIANO MINOCRI / EL PAÍS

El jefe de microbiología del hospital Vall d’Hebron de Barcelona teme que, a largo plazo, el coronavirus mute y escape a la presión inmunológica

La pandemia de coronavirus ha obligado a la población a hacerse un máster apresurado en microbiología. Antígenos, anticuerpos o reacción en cadena de polimerasa (PCR) se han incorporado al vocabulario común. Todo ello para entender qué y cuentas pruebas de detección hay para la Covid-19 y cómo funcionan. Conocer la dimensión real de la pandemia y el nivel de inmunización de la población es lo que trae de cabeza a la comunidad científica. También encontrar una vacuna y seguir desentrañando los secretos de ese microorganismo con forma de corona.

En esas anda el jefe del servicio de microbiología del hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Tomàs Pumarola (Barcelona, 62 años). En esta crisis sanitaria, más de 15.000 PCR han pasado por sus manos y estudia de cerca las posibilidades de los otros test de detección en el mercado. “Hay tres técnicas, una lenta y dos rápidas: la PCR, el test de antígenos y el test de anticuerpos”, recuerda.

La PCR, “la de referencia”, es la más lenta (tarda cinco horas el resultado) y requiere equipos técnicos y profesionales especializados, pero también es la más fiable. Los test de antígenos son más rápidos (15 minutos) y no precisan grandes recursos humanos y técnicos, pero su sensibilidad es baja: entre el 30%y el 40% en los primeros días de infección, lo que implica que si sale negativo, se precisa una PCR de confirmación. Los test de anticuerpos son ágiles y tienen una sensibilidad del 80%, pero solo seis o siete días después de desarrollar el cuadro clínico.

Pregunta. ¿Cuál es la mejor técnica?

Respuesta. Depende de la pregunta que tengas. Para hacer el diagnóstico sobre el paciente que llega a la puerta de Urgencias, lo mejor es la PCR. Si no dispongo de un laboratorio para hacer PCR y me llega en los tres primeros días, puedo tener una técnica más sencilla, que es el test de antígenos. Si el de antígenos sale negativo, puedo derivar esa muestra a un laboratorio que haga la PCR. Otra utilidad de la PCR, fuera del diagnóstico, es cuánta gente sin síntomas es portadora del virus en el tracto respiratorio. Donde va a tener utilidad el anticuerpo es en saber quién ha pasado la infección y quién no, quiénes están protegidos y quién no.

P. En esta situación de pandemia, ¿qué es lo que más apremia saber?

R. En estos momentos, en el desconfinamiento, lo que más nos interesa saber es a cuánta gente ha infectado el virus. Eso me va a permitir establecer modelos predictivos de cuánto va a durar todavía todo esto. El virus se parará en el momento en el que haya infectado a un número determinado de la población, cuando haya inmunidad poblacional. Si detectamos que el 30% de la población está infectada, es probable que deje de infectar durante un tiempo. Si solo se ha infectado el 10%, es posible que cuando se empiece a desconfinar, continúe infectando.

P. ¿Cuánto dura la inmunidad?

R. No lo sabemos. No sabemos si la persona que tiene anticuerpos está protegida. Asumimos que sí, pero no sabemos, y tampoco durante cuánto tiempo. Hay varias preguntas: ¿esos anticuerpos me están protegiendo?, ¿cuánto tiempo van a durar en sangre? Habrá que esperar a tener meses de experiencia. Pero imaginemos que estoy protegido durante dos años, ¿el virus va a cambiar?

P. ¿Los coronavirus mutan mucho?

R. Son virus RNA, tienen mucha variabilidad. Tienen diferentes grados de estabilidad. Hay que tomarlos con mucha precaución. Tenemos las experiencias del SARS y el MERS: el MERS no ha cambiado y el SARS duró solo seis meses. Lo que no podemos decir es que este problema no lo vamos a tener. Lo que hay que hacer es vigilar el virus y ver si a lo largo del tiempo es capaz de cambiar.

Ahora no va a cambiar. Cuando un virus entra en una persona con anticuerpos, estos obligan al virus a mutar para sobrevivir. Ahora el coronavirus está entrando en personas que no tienen anticuerpos y no necesita cambiar, pero cuando empiece a reinfectar a personas con anticuerpos, estos lo van a presionar mucho para que cambie. Es la presión inmunológica.

Cuando haya infectado a un número importante de población y le cueste infectar a más, desaparece y vuelve a aparecer más tarde. Si hay un nivel de la población alto que le protege, cada vez le va a costar más y es posible que desaparezca o no. La clave es la vacuna. Si nos consigue proteger al 100% de forma duradera, conseguiremos eliminarlo definitivamente, como hicimos con la viruela. Pero si la vacuna no es 100% efectiva y el virus va cambiando, tendremos que convivir con él, con mucha menor malignidad.

P. ¿Llegará antes la vacuna o la inmunidad?

RLa vacuna tenemos todavía para un año. Veremos. Dependerá de la industria y del virus. De si las proteínas del virus que estoy usando para hacer la vacuna van a ser suficientes para hacer una respuesta inmune o no. Hay vacunas de la proteína del microorganismo donde se induce muy mal la respuesta inmunitaria, como el meningococo B. Este puede ser el principal cuello de botella para conseguir la vacuna. Con otros coronavirus la respuesta inmune ha sido baja. También es cierto que tenemos metodologías que nos permiten potenciar la respuesta inmune.

P. ¿Cuándo empezará a frenar este coronavirus?

R. No sabemos cuándo empezará a tener dificultades. Va a depender mucho de varios factores, como si los anticuerpos de las personas infectadas son muy protectores o no. El coronavirus del SARS fue muy agresivo y desapareció. El MERS es muy agresivo, pero se transmite fatal. Y hay otros cuatro coronavirus que nos afectan cada año de una forma leve y habitual. Hay mucha variabilidad. Los virus son impredecibles.

P. ¿Pero este ha venido para quedarse?

R. Depende de los anticuerpos y de la transmisibilidad. El virus del SARS se transmitía cuando la persona estaba enferma y era fácil delimitar la infección. Este lo transmite gente enferma y gente sana.

P. Este virus daña, no solo los pulmones, sino también el riñón y el corazón.

R. El virus es un disparador: lo que nos crea una lesión grave no es él, sino el sistema inmune, que reacciona de forma anómala al virus. La hiperactuación del sistema inmune es la que nos lleva a la UCI.

Cuando el virus entra, despertamos una respuesta inmune que lo neutraliza: la sensación de decaimiento, cansancio y fiebre es la respuesta inmune. Controlamos el virus, lo eliminamos y nos curamos. Pero hay un pequeño número de personas cuya respuesta no es capaz de neutralizar el virus y este continúa multiplicándose. Ahí el organismo responde activando más la respuesta inmune y se crea un círculo que lleva a una hiperactivación del sistema inmune que nos lleva a la UCI.

p. ¿Qué les falta por saber del coronavirus?

R. Muchas cosas. Lo que más nos quita el sueño, como microbiólogos, es cuál será su capacidad de variación, si será capaz de escapar a la presión inmunológica una vez haya infectado al 80% de la población y empezar de nuevo el proceso. Nos preocupa mucho que el coronavirus acaba teniendo un comportamiento similar a la gripe

Barcelona - 10 abr 2020 - 03:42 COT

Ineficaz emergencia carcelaria contra coronavirus en Colombia

A pesar de la protesta pacífica llevada a cabo por la población carcelaria a nivel nacional el pasado 6 de abril, reclamando sus derechos a la salud y a la vida, el gobierno nacional no agiliza el decreto para deshacinar prisiones y así evitar un alarmante riesgo de contagio en estos centros del oprobio. Por el contrario el director general del Inpec, general Norberto Mujica, autorizó que personas con “alto perfil delincuencial” que están en Uri (Unidades de reacción inmediata) y estaciones de policía sean enviadas a las cárceles.

La población carcelaria continúa exigiendo sus derechos frente a la pandemia del coronavirus. No temen volver a protestar, a pesar de la masacre sufrida el pasado 23 marzo que dejó 23 reclusos muertos a manos del Inpec y más de 80 lesionados. Y a pesar de la intimidación y castigo a que han sido sometidos, con traslados a cárceles lejos de sus familiares, y con requisas cada vez más frecuentes y la intimidación que se padece en medio de ellas.

Es así como durante la semana que inició el 6 de abril, llevaron a cabo cacerolazos, desobediencias y huelgas de hambre en un total de 24 cárceles. Siguen exigiendo al gobierno nacional y al Ministerio de Justicia medidas inmediatas para reducir el 52 por ciento de hacinamiento que reina en las cárceles del país, precisamente uno de los factores de riesgo para contraer el letal virus Covid-19, sumado a lo cual está el precario servicio de agua con que abastecen muchas prisiones del país, asi como sus antihigiénicas instlaciones, la mala calidad del servicio médico ofrecido a su interior, para solo relacionar algunos de los factores que agobian la vida de quienes pasan sus días a la sombra y que facilitarían la rápida reproducción del virus.

Sobre esta situación, Gavino Silva, encargado del área carcelaria del Equipo Jurídico Pueblos, comentó que los reclusos exigen medidas inmediatas frente a la pandemia porque “Los presos ven con bastante preocupación cómo se está expandiendo el virus en el país. Sienten que muy pronto les va a llegar. Los guardias del Inpec están entrando sin tapabocas y sus medidas de seguridad sanitaria son bajas. Ellos pueden estar ingresando el virus a las cárceles. Comentan (los presos) que el gobierno decretó una emergencia carcelaria, después de la masacre de los 23 presos, que para lo único que ha servido es para reprimirlos y empezar a trasladarlos”.

El director general del Inpec, Norberto Mujica, y la ministra de justicia Margarita Cabello, decidieron decretar la emergencia carcelaria por temas de salud y orden público, pero lo único realizado a gran escala es evitar las visitas a los presos y realizar jornadas de aseo en las cárceles. Esto no quita de raíz el alto riesgo de propagación del virus, ya que las medidas impuestas o recomendadas a lo largo del país para evitar la propagación del virus en los lugares de encierro no es posible implementarlas: guardar distancia entre personas –dos o tres metros–, asearse las manos con frecuencia no superior a las tres horas, usar gel y desifectantes, evitar contacto directo con metales, usar mascarillas y de ser posible guantes.

Pero el decreto de la emergencia carcelaria proyectado desde hace algunas semanas para reglamentar la excarcelación y deshacinar prisiones, para evitar un contagio masivo, no ha pasado de su borrador, sigue engavetado en discusiones entre entes gubernamentales. La pandemia no da espera y una crisis de salud pública en cárceles está en riesgo de estallar. La última discusión sobre el borrador del decreto corrió por cuenta de las objeciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación a cargo de Francisco Barbosa, quien dijo que la adopción de medidas de deshacinamiento serían innecesarias porque no reducen el riesgo de propagación del SARS-Cov-2, así como llevar a los reclusos a sus sitios de vivienda sería trasladarle una pesada responsabilidad a su familia.

Ante estas objeciones, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013* se manifestó en un carta abierta. Sobre ello Gloria Silva, integrante de esta Comisión, en entrevista con desdeabajo contó: “La fiscalía plantea que la ley ordinaria ya tiene una serie de medidas para poder acceder a estas excarcelaciones, lo que plantea la Comisión es que esas medidas no cumplen con el propósito de deshacinar de manera rápida las cárceles en frente del corona virus. Si fuera así no estuviéramos con este problema de hacinamiento”.

Una evidente falta de voluntad política por parte del gobierno nacional para resolver esta problemática, como también queda manifiesta en las objeciones interpuestas por la Fiscalía para utilizar las medidas de sustitución existentes en el ordenamiento legal (la reclusión domiciliaria u hospitalaria para personas con enfermedades graves, bien sean sindicadas o condenadas), lo que nos lleva a preguntarle a Gloria, ¿qué pasa entonces con los sindicados que son casi 38.000?

“Prisión domiciliaria se le puede aplicar a sindicados y condenados pero existe un régimen de exclusiones que impide la salida de muchos. El decreto se vuelve más restrictivo que hasta la misma ley ordinaria, por ejemplo, el delito de rebelión está excluido cuando en la ley ordinaria no. La ley plantea la detención domiciliaria u hospitalaria para personas con enfermedades graves, pero lamentablemente existen aún muchas personas con este tipo de patologías privadas de la libertad. Pero también hay un régimen de exclusiones que se mantiene en el borrador del decreto, que es bastante restrictivo y complicado” contestó la abogada.

¿Qué tipo de exclusiones hay en el decreto?

“Hay un trato discriminatorio. Por ejemplo, están excluidos delitos como hurto calificado y agravado. ¡Y la mayor parte de la población carcelaria está por hurto! Está excluido el delito de robo de ganado: el abigeato ¿Cuántas personas habrán condenadas por abigeato?, o también delitos como porte o tráfico de estupefacientes, donde muchas de quienes permanecen presas son personas pobres que hacen parte de la primera línea de producción y procesamiento de las drogas”, explicó la abogada Gloria Silva que hace parte de esta Comisión reconocida por la Corte Constitucional y cuyas recomendaciones son tomadas en cuenta por la misma para contrastar información.

La más reciente jornada de protesta pacífica realizada por los presos no tuvo mucha cobertura en medios, ni tampoco despertó el interés del gobierno para agilizar el decreto para una inmediata solución a la población carcelaria. Tal vez esto signiica que, como ya es norma en Colombia, solo los sucesos con sangre merecen la atención del poder, así como de los medios oficiosos de comunicación. Ojalá no estén esperando que las circunstancias lleven a otra masacre, para así darle vía libre al decreto, o que el virus desate una emergencia de salud y muerte entre barrotes para ahí sí tratar de remediar lo que ya no tendría solución.

El problema del deshacinamiento de las cárceles del país, uno de las circunstancias estructurales que la misma Corte Constitucional ha declarado como parte de la violación sistemática de derechos humanos de la población reclusa, no es asiumido por parte del gobierno nacional como una prioridad por superar. Un gobierno indolente, violento, que en el caso de la pandemia en curso incurre en evidentes contradicciones con sus medidas de cuarentena. Es así como el número de contagiados día tras día aumenta y más tarde que temprano llegará a las cárceles. El momento oportuno para evitar la propagación del virus es ahora.

*Recordemos que con esta Sentencia la Corte Constitucional declaró por segunda vez el estado de inconstitucionalidad en las cárceles del país e identificó que allí existe una violación sistemática de los derechos humanos.

Publicado enColombia
Jueves, 09 Abril 2020 08:22

De repente el virus llegó a la puerta

De repente el virus llegó a la puerta

De repente el virus llegó a nuestra ciudad y la habita. Esa sucesión de horas y lugares que considerábamos “normal” acaba de licuarse e irse lavamanos abajo. Por eso, la pregunta por lo que considerábamos normal queda abierta. Porque lo que emerge de la “anormalidad” pandémica es la certeza de que lo normal era caótico. Habitábamos una normalidad caótica y desigual, donde unas personas se desgañitaban por dos pesos para el pan o para el crack, mientras otras cantaban en el karaoke o gritaban las subidas en la bolsa.

Porque el bicho silenció las calles. Invisible, nos obligó a la rutina de alejamiento e higienización. Sin ruido ni agazapado puso nuestra vida en estado de guerra, como insisten políticos, médicos y otros agentes de gobierno. El pulso de la “normalidad” era el ruido ensordecido de mil batallas. Hace mucho estamos en una guerra social que por el virus ganó un compás unánime.

La médica Sophie Mainguy advirtió del sinsentido de la metáfora bélica usada en la pandemia. Recalcaba la inexactitud retórica que pone al virus-criatura-natural, en guerra contra nuestra civilización. La naturaleza nunca ha sido nuestra enemiga. Hemos explotado cada gesto de su pasividad desarmada, siendo apenas una pintoresca “materia prima” para el comercio. Es insostenible comenzar una guerra sin un enemigo definido que carece de armas. Esta pandemia es estrictamente el avance de una forma de casi-vida (los virus no están vivos) sobre una especie bípeda en la que encontró posibilidades de reproducción.

Hasta antes de la vida en cuarentena, eran comunes los fines de semana y las vacaciones en la naturaleza, sin preocuparnos mucho por el probable ataque de una horda de virus. Buscábamos el canto de los pájaros y de los insectos y nadábamos en cualquier pozo sin miedo a contagiarnos. La naturaleza, pensábamos, era la “oposición” agreste de la civilización. Pero en el neoliberalismo todo está se mercantiliza. La “naturaleza” fue convertida en “nichos” de monetización. Hoy contabilizamos los precios de producción y consumo de oxígeno. Los países comercian huellas de carbono y derechos de emisión de gases de invernadero. La pretensión de retorno a la naturaleza como pretensión de resistencia a la civilización es el tonto ensueño good vibes de un hippie que viaja en primera clase.

La unidad entre civilización y naturaleza se funda en los tránsitos entre especies, espacios y explotaciones. El flujo neoliberal transportó el virus a las ciudades. El murciélago acusado de la transmisión fue apenas la silla. Que aquel natural virus ahora corra suelto por Guayaquil, Milán o Nueva York es consecuencia del libre comercio de commodities, extraídas de todos los rincones del planeta sin reparar en cuidados para los pobladores, humanos y de otras especies. La otra consecuencia es que en todas las esquinas del globo el bicho tumba gente como moscas con graves problemas respiratorios.

El coronavirus simplemente pasó de un mamífero a otro, por puentes orgánicos entre personas y animales. No busca acabar con la humanidad y menos mantenernos en un asedio permanente que acabe con nuestra vida “normal”. Apenas aprovecha la aglomeración de bípedos para engendrar nuevas cadenas de proteína, sin importarse por el número de contagiados y muertos y menos aún por la suerte de la economía mundial. Carece de estrategia, no entrena ni abastece un ejército, tampoco está previendo armisticios o rendiciones. Sólo hace copias de sí aprovechando la dinámica de las células del bípedo. Una tarea silenciosa y repetitiva que se opone a las estridencias de grandes guerras y al ruido mecánico de la libertad de comercio.

Porque la libertad de mercado sólo funciona por la explotación de todos los seres que participan de cuerpo presente en esas cadenas de valor. Explotados los murciélagos y su cazador. También conductores, agricultoras, empleadas de servicio y todos los que producen valor. La etiología del COVID-19 se explica por el estrechamiento de los contactos entre humanos y otros organismos, debido a la explotación intensa de todos los ecosistemas. Esto lleva a especies de animales silvestres a convivir en espacios reducidos, aumentando la densidad de vectores y enfermedades. Organismos diversos viviendo en inquilinatos y tugurios “naturales”.

El neoliberalismo tuguriza. La normalidad de nuestras ciudades neoliberales incluye el hacinamiento de millones de organismos que son quienes limpian, cocinan, cuidan, matan, transportan y vigilan. Con enormes dificultades económicas y sanitarias, los tugurios son la batahola de la guerra social, contracara del silencio que reina en los barrios de clases medias y altas. El neoliberalismo también tuguriza a los organismos silvestres recluidos en pequeñas selvas y a las vacas y gallinas hacinadas en granjas de engorde. Y en todos esos tugurios se escucha claro el ruido de la guerra de nosotros contra nosotros, motivada por el comercio desbocado.

Una guerra que son las palabras de un Bolsonaro calificando la pandemia de gripezinha, mientras los hospitales en São Paulo y Río de Janeiro comienzan a estar abarrotados de gente con problemas respiratorios. Una guerra que son los balazos que matan a un indígena por proteger las selvas o a un campesino por negarse a vender sus tierras para algún emprendimiento agroindustrial. La guerra silenciada son los alaridos de los extremistas religiosos prometiendo estridentes apocalipsis.

La guerra son los exitosos celebrando a coro la privatización de todo, mientras que lloran en Twitter por la contaminación del mundo por cuenta de las empresas que nos privaron de todo. También es la negación de la guerra por políticos que hacen lobby ante los fabricantes de

armas. La guerra son el inmigrante venezolano machacando su cuerpo en una bicicleta para entregar el pedido del Rappi y siendo insultado por ser migrante. Son las voces impostadas de los videos conspiracionistas de todo tipo. Son los ataques a las ciencias, sociales y naturales, que siempre ayudaron a resolver epidemias y otros males. Porque la ausencia de ruido es el testimonio de la masacre que sostiene la normalidad, esa que podemos escuchar claramente ahora que el virus nos tocó a la puerta.

Publicado enSociedad
Lo que confirmó y nos quebró el coronavirus

Desde Caracas. La pandemia nos obligó a una nueva realidad, confirmó y aceleró tendencias y precipicios. El volumen aplastante de noticias diarias toca desde las subjetividades, hasta la geopolítica. Todo se mueve -salvo el encierro para quienes podemos mantenerlo- y en ese movimiento se perciben los bordes de los cambios que avanzan a una velocidad desconocida para nuestra generación.

Vivimos una experiencia que afecta a miles de millones de personas. Dentro de esa globalidad existe, a su vez, una forma situada de atravesar esta pandemia: una ventana sobre Guayaquil con cadáveres en las calles, el silencio en Bérgamo, un comedor popular en Constitución, un departamento ante Nueva York detenida, un duelo a la distancia, o frente a esta computadora en Caracas.

La hiperconectividad hace a esta experiencia única y lleva, a veces, al peligro de perseguir las informaciones de muertos/contagiados/curados por país y últimas noticias, sin poder detenerse y ordenar algunos de los cambios centrales en desarrollo. En mi caso con el agregado de tratar de entender qué lugar ocupa Venezuela en el tablero norteamericano -y ruso- en este momento.

Se están jugando piezas centrales del orden en estos días que se hicieron semanas y, todo indica, serán meses. Una de esas piezas es el cambio de ideas-fuerza, y, en particular, el retroceso del neoliberalismo como propuesta económica y de sociedad.

Esa tendencia venía en crecimiento en América Latina, con los levantamientos del año pasado en Ecuador, Chile o la victoria electoral del Frente de Todos en Argentina. Se extiende ante la pandemia.

La propuesta de la salud privatizada, el achicamiento del Estado, o la resolución a través de las bondades del mercado, evidencian su incapacidad de construir respuestas ante la crisis. Son, de hecho, parte del problema, como queda de manifiesto con el impacto de los recortes en salud pública en Europa o la inviabilidad del modelo norteamericano.

Aparece así, para amplios sectores, la necesidad de Estados fuertes, sistemas de salud pública, la posibilidad de nacionalizar sectores estratégicos, la intervención en el orden desigual de las cosas para equilibrar entre las minorías que acaparan cuentas y propiedades millonarias, y las mayorías trabajadoras, de clases medias, populares.

Otra pieza es la geopolítica. La configuración de una multipolaridad en disputa se aceleró. Estados Unidos, con una crisis severa de pandemia, no logra liderar una respuesta internacional. Se trata de un golpe fáctico, de imaginarios y mitologías, con imágenes que podrían haber parecido impensables tiempo atrás, como la llegada de un avión militar ruso a Nueva York.

Esa ausencia norteamericana -que propone prohibir la exportación de suministros médicos- tiene su contraparte en la confirmación del papel tomado por China, que desplegó cooperaciones con diferentes países, independientemente de la orientación ideológica de los gobiernos. Ayuda a Italia, España, EEUU o Venezuela, con médicos y medicinas, al igual que Rusia y Cuba.

Es la confirmación de un nuevo ordenamiento con retroceso norteamericano, la gravitación de las potencias ya consolidadas -con proyectos como el euroasiático, teorizado por Alexander Dugin- y la evidencia del laberinto, aún sin salida, europeo.

La tendencia de fragmentaciones de pilares de la Unión Europea se confirma: la pandemia se suma a episodios como la implacable austeridad sobre Grecia en el 2015, el retorno de fronteras con la denominada crisis de migrantes en el 2016, y el actual Brexit. Los pedidos de Pedro Sánchez expresan esa situación, la necesidad de una respuesta europea proporcional a la crisis que aún no llega.

En ese movimiento de cimientos geopolíticos aparece la desintegración latinoamericana, sin herramientas para desarrollar políticas comunes. La Organización de Estados Americanos, con su rol en el golpe de Estado en Bolivia y su respaldo a gobiernos de derecha post represiones -como en Chile y Ecuador- ha demostrado lo que se sabía: no sirve intereses continentales sino norteamericanos.

¿Cuál es el lugar de América Latina en este nuevo ordenamiento? Los pilares de la derecha, modelo neoliberal y alineamiento irrestricto a EEUU, no tienen respuesta para proyectos nacionales, continentales, de mayorías.

Por último, envolviendo todas las piezas, se encuentra la crisis económica que el coronavirus catalizó, se agrava a medida que no aparecen señales certeras sobre el fin de la pandemia y las cuarentenas.

Dentro de esa crisis se encuentra el desplome petrolero que combina la caída de demanda, la sobreproducción -y limitaciones en la capacidad de almacenamiento-, y la misma disputa geopolítica, esta vez en el triángulo Rusia, Arabia Saudita y EEUU. Quien más pierde, por el momento, es norteamerica, las empresas de esquistos por el alto precio de producción y la posibilidad de retroceder en los avances energéticos estratégicos.

La pandemia ha puesto en movimiento piezas centrales del orden en poco tiempo. La velocidad de los acontecimientos y cambios tiene forma de caída. En esa caída están también los miedos -a la muerte, el encierro, la pobreza y el contacto ajeno-, las distopías, la cotidianeidad quebrada, lo surreal que es no poder salir a la calle sin barbijo en esta Caracas que enfrenta la pandemia con una curva por el momento bajo control, la amenaza norteamericana y la falta de gasolina.  

Publicado enInternacional
Domingo, 05 Abril 2020 06:46

La belleza de la herida  

La belleza de la herida  

“Mi padre criaba caballos y yo era un chico asmático. El ambiente me enfermaba. A los quince me revolcaba con los peones de la cuadra, adoraba la compañía de los palafreneros. Hasta que me descubrió probándome la ropa interior de mi madre” recuerda Francis Bacon. “Se quedó tan asqueado que me puso de patitas en la calle. Y confió mi educación a un amigo suyo, que me llevó a recorrer Europa como formación. Y se enamoró de mí. Imagínense, fuimos a Berlín, en esa época desenfrenada que pintaba Grosz”.

“Pero con los años el desenfreno se vuelve una catástrofe”, recapacita más tarde.

Uno de sus amantes lo tira por la ventana, su médico se horroriza: tiene el ojo derecho lesionado, un amasijo. Inminente, una cirugía plástica. A otro de sus amantes lo conoce cuando entra en su taller para robar. Y él le dice que le da dinero con la condición de que se acostaran. Están juntos ocho años. Hasta que el amante se suicida. Todas sus relaciones se vuelven cada día más complicadas. A veces sale por las noches a levantar con un rollito de billetes en el bolsillo.

“Es difícil envejecer para un homosexual porque la homosexualidad depende de la belleza”, dice.

Su estudio siempre fue un desorden mugriento en el que se mezclan los materiales, telas, cantidad de diarios viejos, fotos cortadas, objetos estrafalarios que alguna vez tendrán su uso. El polvo se va sedimentando. Lo suele usar cuando necesita, por ejemplo, reproducir una gabardina en un retrato. “Vivo en una inmundicia dorada”, se ríe siempre con una copa en la mano. Cuando se queda sin amigos, a veces alguien que arrastra del pub, muchachos que vienen a ver si pueden sacarle un centavo. “Últimamente hice autorretratos porque muchos se murieron a mi alrededor y me quedé solo. Nadie más ha quedado para pintar excepto yo mismo”.

El taller es un basurero que contrasta con su elegancia dandística. “Toda mi vida fue un caos”, dice. Y reconoce: “Siempre estuve a la deriva”. No le avergüenza tampoco hablar del alcohol, especialmente del champagne, su imprescindible champagne. Su inmersión en lo prohibido, dice, le da fuerzas para crear. Y también: “No hay belleza sin herida”, dice. Aunque nació en la católica Dublín en 1909 pinta obsesionado recreaciones truculentas del Papa Inocencio X de Velázquez. Quiere reproducir el grito más que el horror. El fantasma de Munch está cerca. Bacon es un hereje que se consagra a su arte con actitud religiosa.

Sus noches son disipación y abismo, un juego peligroso, como el azar que lo magnetiza en las mesas de ruleta donde pierde fortunas, pero qué puede alarmarlo si es uno de los artistas más cotizados del mundo. A la mañana temprano, a las seis, ya está en el taller recuperándose con una taza de té tras otra. “Una obra de arte debe contener una gota de veneno, el grano de arena que mande a la mierda la existencia”, dice.

Ahí están esos seres deformes. Por ejemplo, “Mujer vaciando el cántaro y niño paralítico gateando según Muybridge”. Edward Muybridge, un fotógrafo aventurero, descubrió a fines del siglo XIX cómo reflejar el movimiento de animales, hombres y mujeres desnudos que serían antecedente esencial del cinematógrafo, especialmente del porno. De aquí provienen los seres que pinta Bacon. Seres torsionados, luchando al montarse. Esa energía violenta eriza a quienes se acercan a su obra y no siempre la toleran porque allí se ven literalmente desnudos. Sus personajes son criaturas del espanto. Físicos y máscaras deformes, muecas atroces, pavor y repugnancia bajo la luz de una lamparita pelada que cuelga del techo, la única luz del taller, una luz de interrogatorio. “Si es posible hablar de algo, ¿para qué pintarlo?”, opina. Entonces pinta lo inapresable, la vulnerabilidad humana, su fragilidad. La memoria visual evoca las guerras. La segunda fue no hace tanto. Y esto influyó decisivamente en su consagración.

Tal vez convenga tener en cuenta el origen de su pintura. Cuando se ganaba la vida como decorador, después de salir de una muestra de Picasso en París, el joven Bacon compró acuarelas, largó la decoración y se entregó sin retorno a la pintura. Pronto pasó al óleo. Que conste, sin haber estudiado en una academia, sin maestros, excepto Rembrandt, Poussin, Goya, Van Gogh, Giacometti. Todo lo que pintó entre 1929 y 1944 no le conformaba y lo destruyó. Si Picasso pudo reflejar en Guernica el asesinato masivo, Bacon va por otro lado: no le interesa pintar la guerra de modo explícito. Más bien, intuitivo, reproduce sus consecuencias en una intimidad atormentada. Por qué no, deformidades postnucleares. Sin embargo, a pesar de sus visiones, o justamente por ellas, definiéndose de modo nietzcheano como un “desesperado jubiloso”, dice: “Tengo voracidad y voracidad como artista”.

El crítico David Sylvester, admirador incondicional de su obra, con quien conversa en varias entrevistas escribe: “Sus seres son tan repelentes que es difícil fijarse en otra cosa. Nada es complaciente”. Como ejemplo está su predilección por la carnicería, los seres humanos no se diferencian demasiado de las reses. En su mirada hay una ilustración de lector atento de Bataille, el de “Historia del ojo”, esa nouvelle feroz que concluye con el crimen orgiástico de un clérigo. Un tríptico suyo conmueve: recrea el suicidio de su amante George Dyer, sus tres momentos finales, el suicidio, el vómito, su muerte abrazado al inodoro. En el panel central surge un contorno sombrío que tiene un aire de pájaro de rapiña acechando al agonizante.

Su objetivo es una pintura clínica, “una especie de realismo que no implica ser frío. A priori no hay sentimientos pero, paradójicamente, puede producir un sentimiento mayor. Clínico es estar lo más cerca posible del realismo, en lo más profundo de uno. Algo exacto y tajante”. El crítico Frank Maubert, autor de un reportaje titulado “El olor a sangre humana no se me quita de los ojos”, le pregunta sobre la relación directa entre su vida y su obra. Bacon le responde: “Lo primero es trabajar sobre uno mismo. Yo querría lograr una pintura clínica, en el sentido en que “Macbeth” es clínica. Los grandes poetas son unos formidables activadores de imágenes. Sus palabras me resultan indispensables, me estimulan, me abren las puertas de lo imaginario”. No es casual que en su taller, entre tanta cosa, se vea una máscara mortuoria de William Blake”.

Sobre Bacon escriben Herbert Read, George Bataille, Michel Leiris, John Berger y Roland Barthes entre otros. Bertolucci lo utiliza en “El último tango en París”. Pasolini, según cuenta Terence Stamp, el efebo de “Teorema”, lo admira. Se codea con la más selecta intelectualidad francesa.

Pero, admirado por el mundito intelectual, muere solo en Madrid en 1992 a los ochenta y tres años en un hospital. Su amante español, un efebo, ni siquiera se acercó a verlo. El artista más revulsivo del siglo pasado y aún del presente muere abandonado.  

Publicado enCultura
Sábado, 04 Abril 2020 06:04

Perú legaliza la impunidad

Perú legaliza la impunidad

Policías y militares eximidos de toda responsabilidad si abren fuego contra civiles

 

En medio de la grave crisis por la pandemia del coronavirus se metió el viejo virus de la mano dura y del autoritarismo. Hace unos días, con el país militarizado para controlar la cuarentena general y las garantías suspendidas por el estado de emergencia, se promulgó una ley de gatillo fácil. La norma tiene carácter permanente, no se limita al actual estado de emergenci y, exime de responsabilidad a los miembros de las fuerzas de seguridad que utilicen sus armas contra la población “en cumplimiento de sus funciones". Los uniformados no podrán ser detenidos si matan o hieren a alguien, y no se exige que haya proporcionalidad en su respuesta. Es decir, quedan en libertad de disparar contra una persona desarmada. 

Esta ley fue promulgada por el nuevo Congreso unicameral, que entró en funciones hace unos días. Un mal, y preocupante, debut. Desde el gobierno han optado por minimizar la gravedad y los riesgos de esta ley. En cambio, han redoblado su respaldo a las fuerzas armadas y a la policía, ahora empoderadas por el discurso oficial en medio del estado de excepción y el temor por el Covid-19. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos exigen su derogatoria.

El origen de la ley de gatillo fácil viene del anterior Congreso, disuelto constitucionalmente en septiembre pasado por el presidente Martín Vizcarra. Era un cuerpo dominado por la extrema derecha fujimorista y sus aliados, que la aprobaron con el clásico discurso de la mano dura contra la delincuencia y pensando también en proteger la represión contra las protestas sociales. El Ejecutivo no promulgó la ley en ese momento, pero tampoco la había observado cuando el Congreso fue cerrado. El asunto quedó en el limbo. 

El nuevo Parlamento, donde ya no domina el fujimorismo, pero otros partidos de derecha son mayoría y el presidente Vizcarra no tiene bancada porque no tiene partido propio, decidió estrenarse promulgando esta ley. El argumento fue que al no haber sido observada por el Ejecutivo, el Congreso quedaba habilitado para ponerla en vigencia. Así lo hizo, para escándalo y preocupación de muchos.

El presidente peruano hace presentaciones televisadas diarias  junto a sus ministros en las que responde preguntas enviadas por internet. Un pregunta fue sobre esta ley y sus consecuencias de impunidad en violaciones a los derechos humanos. Vizcarra evadió el asunto y pasó la palabra a su primer ministro y a su ministro de Justicia. Ambos coincidieron en hacer algunos “cuestionamientos técnicos” a la ley en poner el énfasis en respaldar a las fuerzas de seguridad. “Existe un respeto irrestricto de las fuerzas armadas y la policía a los derechos fundamentales”, dijo el titular de Justicia, Fernando Castañeda, tratando de sonar convincente. Palabras que los hechos de la historia reciente no respaldan. Todo lo contrario.

Las fuerzas armadas han tomado las calles junto a la policía para vigilar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria, que se inició el 16 de marzo y debe concluir el 12 de abril, y del toque de queda, que ahora va de seis de la tarde a cinco de la mañana. En veinte días de cuarentena hay más de 40 mil detenidos por violar la restricción de salir. Hasta ahora no ha ocurrido ningún caso de algún herido o fallecido por disparos de las fuerzas de seguridad. Lo que sí ha habido son denuncias de abusos a detenidos.

Un caso de abuso especialmente notorio ha sido el de un capitán del ejército que golpeó repetidamente en el rostro a un muchacho que fue detenido en la calle, mientras lo insultaba y amenazaba a gritos. La agresión se conoció por la difusión de un video. El gobierno reaccionó separando del patrullaje al oficial. Pero días después, en declaraciones a un medio, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Astudillo, salió en apoyo del capitán, justificó el abuso cometido y anunció que el oficial sería repuesto para volver a las calles. En el gobierno hubo silencio. Las fuerzas armadas han difundido un amenazante video en el que recuerdan que están autorizadas a usar sus armas.

Esta ley que abre las puertas para los abusos y la impunidad se ha metido cuando toda la atención y el temor están puestos en el avance del coronavirus. Los contagios llegan a 1595 y las muertes a 61. La curva se acelera hacia arriba. En los últimos tres días los nuevos casos sumaron 530. El presidente Vizcarra ha admitido que hasta ahora la cuarentena no ha dado los resultados esperados, pero ha asegurado que sin ella la situación sería mucho peor. Los expertos coinciden con eso. Frente a esta situación, el gobierno ha reforzado las restricciones y ha anunciado que se endurecerán las acciones para hacerlas cumplir. 

Desde ayer se ha separado por género las salidas permitidas para comprar alimentos, medicinas o ir al banco: los hombres lo pueden hacer los lunes, miércoles y viernes, y las mujeres los martes, jueves y sábado. Los domingos no sale nadie. Todos los que salgan ahora están obligados a usar mascarillas para cubrirse la boca y nariz. Con estas nuevas medidas se espera bajar el crecimiento de los contagios, que si continúa al ritmo actual en unos diez días podría rebasarse la capacidad del precario sistema de salud.

Siempre ha habido sectores que apuestan por la represión como solución a todo. Pero con el miedo por el Covid-19 encima, los aplausos -y también los silencios- suicidas por esta ley de gatillo fácil se sienten con más fuerza que en otras circunstancias. El presidente Vizcarra ha dejado peligrosamente abierta la puerta a la posibilidad de que las fuerzas armadas sigan en las calles después que se levante la cuarentena por el coronavirus. 

Publicado enInternacional
Foto de un patio de prisión en Colombia. El hacinamiento viola todos los derechos humanos

La ley lo permite, la Constitución y los Tratados Internacionales lo reivindican, además la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional lo reclaman todos los días. 

La detención de los preventivos en la cárcel y en estaciones de policía, no puede olvidarse, es absolutamente excepcional y solo procede cuando de superen unos estrictos requisitos, que ante la amenaza que significa el Covid-19, no se logran satisfacer. 

La detención domiciliaria, para quien es capturado, es una realidad hoy aceptada en muchos casos por los jueces de garantía. competentes para definir si ordenan su reclusión en la cárcel. Además, la instrucción de la Fiscalía General de la Nación a sus funcionarios, en los casos nuevos, es no solicitar detención en cárcel, sino en domicilio. Y en la práctica, se suspendieron las órdenes de captura que estaban vigentes, y que aún no se habían materializado. 

Así las cosas, es legal, pertinente y absolutamente acorde con la situación de salud que amenaza a toda la población, modificar las medidas de aseguramiento intra murales por la domiciliaria, para los detenidos preventivamente. Esto además logra  des hacinar las cárceles porque el 38 por ciento del total de los detenidos pasarían a cumplir la detención en su domicilio. Son detenidos sin condena y el Estado de Inocencia que los protege obliga a actuar de esta manera. 

Una realidad en legalidad, además de procedente ante la precariedad que caracteriza al presidio colombiano, cárceles y centros de detención transitoria que son un polvorín que pone en peligro no solo a las personas que allí se encuentran privadas de la libertad, sino también a toda la población colombiana.

Una realidad que no da espera. Las medidas para descongestionar estos centros de detención se deben tomar a tiempo y deben ser drásticas. El presidente aún no expide el anunciado decreto en esta materia, pero además el proyecto en revisión del alto gobierno no resuelve el problema.

Un polvorín que no es casual. Las cárceles superan un hacinamiento del 53 por ciento y las estaciones de policía se encuentran sobre-abarrotadas, superiores al 200 por ciento, y sin ninguna posibilidad de implementar normas sanitarias para disminuir los riesgos de contagio del Coronavirus.

Por ello, es urgente descongestionar las cárceles y las estaciones de policía, en las que se encuentran privados de la libertad al menos 123 mil personas, de las cuales el 38 por ciento aún no ha sido condenadas y mantiene intacto su estado de inocencia (ver recuadro).

Hoy, más que ayer, está es una prioridad. El Coronavirus recorre por el territorio colombiano sin nexo epidemiológico, es decir circula ampliamente entre la comunidad y la amenaza de salud pública es más latente.

Y para lograr la descongestión de las cárceles no es necesario un decreto de emergencia, basta aplicar la Ley y la Constitución.

La detención preventiva en los centros carcelarios, que es un medida cautelar por medio de la cual a una persona imputada de un delito, pero no condenada, se le priva provisionalmente de la libertad mientras se tramita el proceso, es una medida que hoy no tiene soporte legal ni constitucional, y mucho menos convencional. Por esta razón es perentorio que la Corte Constitucional, y en concreto la sala de seguimiento al estado de cosas inconstitucionales carcelarias, así lo disponga, dando vía libre para que todos los detenidos preventivos sean trasladados a su residencia donde continuarán privados de la libertad.

Se trata de un cambio de lugar para cumplir la medida de aseguramiento, no se trata de concederles libertad. Las personas que hoy están detenidas, así se mantendrán pero en el domicilio.

Una medida por tomar para la totalidad de las personas sindicadas. Así hay que demandarlo ya que el Gobierno en el decreto que pretende expedir para darle curso a esta situación solo considera una parte de tal población, medida que no permitiría la desocupación ni siquiera del 10 por ciento de los centros carcelarios, es decir, es una medida que no logra disminuir los riesgos de multiplicación por contagio del virus.

No se puede olvidar que en Colombia tenemos un 99 por ciento de impunidad, así lo reconoció y sustentó el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, cuando asumió su cargo en el año 2016. ¿Qué ha cambiado desde aquel momento? Nada. Poco pasará entonces, en materia de seguridad, si se aplica esta medida. Pero si no se aplica y el virus llega a las cárceles, será imposible contenerlo, permitiremos como sociedad que cobre la vida de numerosos connacionales, desconociendo sus derechos humanos, entre otros el derecho a la vida, perderemos el esfuerzo de la cuarentena y el aislamiento preventivo, y todos estaremos en riesgo.

Publicado enColombia
Suecos disfrutan de los cerezos en flor en un espacio público de Estocolmo durante la epidemia / Foto: Afp, Jonathan Nackstrand

Para desconcierto de sus vecinos, Suecia permanece reacia a las medidas de cuarentena. No ha suspendido las clases ni los torneos deportivos. Tampoco ha cerrado los bares y todavía son comunes las reuniones de amigos. Por detrás de esa decisión, asoma una guerra de epidemiólogos y modelos predictivos.

Mientras las cuarentenas draconianas, los regímenes punitivos y la vigilancia masiva se vuelven la norma mundial frente al coronavirus, Suecia ha tomado un camino mucho más relajado. Lo hace en contraste, sin dudas, con sus primos escandinavos, Dinamarca y Noruega. A nivel general, permanecen intocados los rudimentos de una vida ininterrumpida. La mayoría de los cafés, restaurantes y tiendas permanecen abiertos y abastecidos. También los gimnasios y cines. Se celebran aún vibrantes fiestas, para gran desconcierto y horror en los países vecinos.

El primer ministro, el socialdemócrata Stefan Löfven, ha abrazado el principio de la voluntariedad por sobre la coerción y ha emitido advertencias a los ciudadanos para que mantengan los viajes al mínimo y eviten todo lo que no sea esencial. A los mayores de 70 años se les ha dicho que cuiden sus movimientos y se queden en casa. En palabras del primer ministro durante un reciente discurso televisado, “nosotros los adultos debemos ser exactamente eso: adultos. No propagar el pánico ni los rumores. Nadie está solo en esta crisis, pero cada uno tiene una gran responsabilidad”.

A pesar de esto, las autoridades de Suecia han mostrado que tienen un pie en el freno, aunque uno que aprietan con cautela y lentamente. Las reuniones venían limitándose a no más de 500 personas –ese número se redujo el viernes 27 a no más de 50, una medida cuyo cumplimiento será controlado por el Estado–. Los bares sólo pueden proporcionar servicio de mesa. Los colegios y universidades han adoptado un formato virtual, en línea con las recomendaciones emitidas por el gobierno el 18 de marzo.

De todos modos, la Agencia de Salud Pública ejerce una poderosa influencia e insiste en que una cuarentena general no tendría justificación alguna. No se ha pedido la cancelación de torneos deportivos locales: el ejercicio y los deportes son iniciativas saludables. Los organizadores de eventos y seminarios son responsables de realizar una evaluación de riesgos y proporcionar información “sobre una buena higiene y acceso a instalaciones de lavado de manos para todos los participantes”.

El foco, más bien, está en la iniciativa individual, en minimizar los casos de transmisión mientras se logra la “inmunidad de rebaño” o se encuentra una vacuna. Si usted tiene más de 70 años, evite el transporte público, las idas al supermercado y las aglomeraciones. “En lugar de eso, pídales a sus amigos, familiares o vecinos que hagan las compras por usted, etcétera.” Trabaje desde casa si puede. “Es para disminuir la velocidad de transmisión y la cantidad de personas que necesitan atención hospitalaria.”

La clave de tales recomendaciones está en un juego de modelos predictivos. Y, como en todos los juegos de este tipo, abundan los riesgos. El relajado modelo sueco ha causado poca alarma en la población; en todo caso, le ha dado un gran impulso a la popularidad de los socialdemócratas. En Suecia, la sabiduría de las autoridades se da generalmente por descontado. Se trata de un poder tradicional y hasta asombroso del servicio civil sueco: “Los que saben se están haciendo cargo”.

El problema de los modelos predictivos 

El ejemplo sueco muestra un acercamiento diferente a las mediciones y proyecciones sobre la pandemia, algo que invariablemente implica mirar a través de una especie de bola de cristal. Paul Franks y Peter Nilsson, ambos epidemiólogos de la Universidad de Lund, sugieren que el gobierno hace sus apuestas con base en simulaciones realizadas por las autoridades de salud pública acerca de aumentos repentinos de la demanda hospitalaria. “A partir de estas simulaciones, está claro que el gobierno sueco prevé muchas menos hospitalizaciones por cada 100 mil habitantes que las predichas en otros países, incluidos Noruega, Dinamarca y Reino Unido.”

Las observaciones de Franks y Nilsson están llenas de la característica cautela científica. ¿Qué modelo predictivo prefiere usted? Las variantes de expertos británicos sugieren un mayor número de muertes para Suecia que el estimado por el gobierno de ese país, aunque las autoridades parecen agarrarse de la idea de que la mayoría de las personas infectadas no tendrán síntomas y sólo uno de cada cinco casos irá al hospital. Y, además, Reino Unido no es Suecia.

Nos enfrentamos a la naturaleza traicionera de los modelos predictivos de salud pública. Los de covid-19, por ejemplo, tienden a basarse en los ejemplos de China e Italia, además de datos recopilados durante brotes de ébola, Sars y Mers. Esto pone sobre la mesa la vieja cuestión de la demografía y la necesidad de reunir evidencia sobre la transmisión comunitaria local (hasta ahora, el material disponible en Suecia es bastante incompleto). Un hecho ineludible es que Suecia tiene una sola área metropolitana importante, por lo que cualquier modelo predictivo preciso requeriría material específico para casos de ese tipo. También deberían ser consideradas las formas de interacción entre distintas generaciones. En Suecia, menos comportamiento intergeneracional disminuiría el riesgo para los ancianos. Más de la mitad de los hogares suecos consisten en una sola persona, otro factor relevante.

Los pocos datos disponibles de Suecia tienden a centrarse en ingresos hospitalarios y fallecimientos, un punto subrayado por Franks y Nilsson. “Esto puede usarse para lograr una estimación de segunda mano de la transmisión comunitaria, proporcionando el dato aproximado de cuántas muertes ocurren entre los infectados.” Pero su precisión se ve algo comprometida por la distancia de dos semanas entre los diagnósticos y las muertes, lo que los hace un “instrumento muy grueso” para guiar la política de salud.

Con todo, el número de casos de covid-19 en Suecia no ha sido insignificante. El total, desde el primer caso registrado, el 4 de febrero, hasta el 30 de marzo, asciende a 4.028. Las muertes llegan a 146, aunque un número desproporcionado proviene de una comunidad somalí ubicada en barrios pobres y con familias extensas.

Batalla de epidemiólogos  

A pesar del mayor número de muertes en comparación con los otros países nórdicos, el epidemiólogo estatal Anders Tegnell confía en que la “estrategia” de Suecia funciona bien, pues ha mostrado una curva de infección relativamente plana en relación con Italia y España. “Queremos enlentecer la epidemia hasta que Suecia experimente una especie de pico, y si el pico no es demasiado dramático, podremos continuar así.”

Un gran número de ciudadanos, asumiendo su gran responsabilidad, ha optado por evitar el transporte público: Storstockholms Lokaltrafik (la compañía de transporte público en Estocolmo) anunció una caída del 50 por ciento en el número de pasajeros. Las escuelas están abiertas, pero muchos padres mantienen a sus hijos en casa. Las opciones remotas y de trabajo en casa han sido adoptadas por muchas empresas.

Las advertencias, aunque no estridentes, están a la orden del día. Está tomando forma una batalla epidemiológica. El principal asesor científico de Reino Unido, sir Patrick Vallance, ha elogiado el caso sueco, luego de haber sugerido al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, seguir un camino similar durante el período en que ese país siguió el modelo de “inmunidad colectiva”. Por el contrario, una petición de más de 2 mil médicos, científicos y académicos que cuenta entre sus firmantes con el presidente de la Fundación Nobel, el profesor Carl-Henrik Heldin, ha pedido medidas más agresivas. “Es arriesgado dejar que las personas decidan qué hacer sin restricciones”, opina un paternalista Joacim Rocklöv, epidemiólogo de la Universidad de Umeå. “Como puede verse en otros países, esta es una enfermedad grave, y Suecia no es diferente de otros países.”

La viróloga Cecilia Söderberg-Nauclér, del Instituto Karolinska, no se ha guardado sus puntos de vista y alega con cierta contundencia que el gobierno ha cometido todos los errores posibles en la respuesta a una pandemia. “No estamos testeando lo suficiente, no estamos rastreando, no estamos aislando lo suficiente; hemos dejado suelto al virus.” Al hacerlo, Suecia se habría puesto en el camino a la catástrofe. Para evitar la cuarentena general, sostiene Söderberg-Nauclér, debería adoptarse un sistema de testeo en masa como el de Corea del Sur. El tiempo dirá.

3 abril, 2020

(Publicado originalmente en CounterPunch con el título “The Swedish Alternative: Coronavirus as a Grand Gamble”. Traducción y titulación en español de Brecha.)

Publicado enInternacional
Viernes, 03 Abril 2020 06:38

Los movimientos en la pandemia

Los movimientos en la pandemia

“Hay tiempos de luchar, hay tiempos de paz y de guerra, hay tiempos de epidemias”, explica Dilei en una comunicación por wasap. La militante del Movimiento Sin Tierra (MST) del estado de Paraíba, nordeste de Brasil, explica cómo están enfrentado la situación. En los campamentos y asentamientos decidieron que las personas no salgan ni entren, que no vayan a las ciudades y que se concentren en la salud y en la producción de alimentos.

“La población va a necesitar mucha comida en los próximos tiempos”, asegura Dilei, por lo que el MST propondrá a los gobiernos que compren parte de su producción para abastecer hospitales y otras urgencias. En Pernambuco y en Maranhão, el MST reparte alimentos a la población que vive en la calle y en varios estados ofrece sus espacios como hospitales de campaña.

Los movimientos de carácter rural, indígenas y campesinos, optaron por bloquear el ingreso de personas, ya que necesitan aislamiento para frenar los contagios.

Las organizaciones que forman parte de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) decidieron el cierre de las comunidades y la activación de las guardias indígenas, la suspensión de las ferias y la elaboración de protocolos para enfrentar la pandemia. El autoaislamiento es un derecho de las 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas del Ecuador, como se reconoce en la Constitución y como están haciendo las comunidades.

En el sur de Colombia, los cabildos que integran el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) tomaron medidas similares. El 27 de marzo del 2020, el cabildo indígena del pueblo Totoroez emitió una resolución por la que se restringe el paso a la población civil que venga de otros sectores, para “mantener la armonía física, mental y espiritual, previniendo la llegada y propagación de la pandemia covid -19”.

En general, los pueblos originarios no necesitan de la policía para mantener el orden, ya que cuentan con sus guardias comunitarias.

Se trata de un camino similar al que anunció el EZLN al cerrar los caracoles el 16 de marzo. En un comunicado que declara la “alerta roja”, llama a los cuidados sanitarios colectivos y pide “no perder el contacto humano” sino cambiar sus formas.

En la zonas rurales de nuestra América Latina, campesinos y pueblos originarios y negros que tienen control territorial, pueden tomar la opción de cerrar sus espacios, sabiendo que tienen las condiciones para vivir durante cierto tiempo de la producción propia de alimentos, en algunos casos orgánicos, como están haciendo los zapatistas.

El gran desafío para los movimientos, es la ciudad, donde se conjugan las diferencias de clase y el Estado está muy presente. No es lo mismo el encierro para las clases medias, en viviendas cómodas y acondicionadas para las cuatro estaciones, que en las casas precarias de los barrios populares, donde las familias viven hacinadas, con frío o calor extremos, sin saneamiento y con pocos alimentos. Las clases medias tienen un computador por persona; entre los más pobres, puede haber uno o ninguno.

En Montevideo se han formado decenas de ollas populares en los barrios, entre 70 y cien, con aportes de los sindicatos y los vecinos. Algunos sindicatos llevan bandejas con comida y bolsas a los barrios, mientras otros buscan la instalación de ollas autogestionadas, de las cuales existen un puñado.

Pablo Elizalde, del sindicato de judiciales, ensaya una reflexión lúcida, fruto de su vivencia estos días en los barrios más pobres: “Las políticas sociales provocaron la pérdida de los referentes barriales y ahora el único referente es la institución”. Pero la institución es fría, distante, sólo entiende de números, no es capaz de cuidar, no puede fraternizar.

Desde la favela Maré, en Rio de Janeiro, Timo explica las dificultades para lavarse las manos en zonas donde no hay agua; donde no hay costumbre de consumir productos agroecológicos, que su pequeño grupo (Roça, que procesa cerveza artesanal y entrega canasta de productos orgánicos) se empeña en repartir a unas cuantas familias.

“Las dinámicas de la favela para enfrentar una ocupación militar violenta o un virus, no son tan diferentes”, dice Timo del otro lado del teléfono. Ahora se suspendieron las ferias agroecológicas de los campesinos, con lo que todo se complica. Acordamos que una de las grandes dificultades son los varones, que se creen inmunes. Concluimos que cada varón es un pequeño Bolsonaro, autoritario, violento, que mira al resto desde arriba.

En la Paz, la casa de Mujeres de Creando, “Virgen de los Deseos”, decidió abrir su espacio para 12 mujeres, niños y niñas bolivianas varados en la frontera para que hagan su cuarentena, señala la carta de María Galindo.

En las ciudades argentinas los comedores (decenas de miles creados desde las parroquias hasta los movimientos populares) están desbordados. Uno siempre se fija en lo autónomo, que suele ser pequeño. En el barrio 12 de Julio, en la periferia de Córdoba, Yaya instaló un comedor “donde comen 33 niños con la colaboración del cura del barrio y los trasumantes (miembros del colectivo de educación popular Universidad Trashumante), para dar dos veces por semana unas 50 porciones”.

Se sumaron carreros, que recogen cartón con sus carros, además de los que sacan escombro para revender, y el inmenso mundo del “cirujeo” (hurgadores que viven de los desperdicios). ¿Quién puede decirles que se queden en sus casas ante la pandemia?

En las periferias urbanas de América Latina, la palabra “teletrabajo” no existe en su vocabulario. El Estado sólo contempla a los de abajo como un problema de orden público. La solidaridad entre los pobres es lo único. Por eso los “curas villeros” abrieron sus parroquias para convertirles en almacenes de alimentos y en comedores populares. El colectivo Pelota de Trapo, que vive con niños y niñas de la calle, entrega raciones para 200 chicos cada dos días, con recursos propios.

Termino esta brevísima recorrida con la Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente, de la Ciudad de México. Son nueve barrios/asentamientos, el mayor en Iztapalapa, La Polvorilla o Comunidad Acapatzingo, con 600 familias, y ocho más en varios distritos de la ciudad, con no menos de 50 familias cada uno.

Cerraron los barrios, trabajan por comisiones y brigadas, elaboran cubre-bocas y desinfectantes, utilizan la radio y los periódicos para comunicarse y dar instrucciones sobre sanidad y autocuidados. Lo más importante, es que decidieron “seguir organizados”, sabiendo que sin organización los de abajo no somos nada.

Están haciendo acopio de medicamentos y alimentos, montaron comedores comunitarios y atienden sobre todo a las personas más vulnerables. Mantienen sus huertos de cultivos (en plena ciudad), crearon espacios de aislamiento, promocionan comisiones infantiles y se proponen “trabajar nuestras emociones”. Saben que el agua es un problema básico, aunque en Acapatzingo tienen pozo propio y recogen agua de lluvia.

Nada de esto lo leí en la web. Es fruto de intercambios y escuchas que seguirán en próximas entregas. Si tuviera que sintetizar, diría: las y los de abajo nos necesitamos para mantener nuestras comunidades en pie, que es el modo de sostener la vida. Comunidad y fraternidad son las caricias de los de abajos.

2 abril 2020

Publicado enSociedad