Sábado, 17 Agosto 2019 05:56

Transgénicos traen cáncer y muertes

“Las docentes rurales somos testigos privilegiadas del costo humano de este modelo basado en transgénicos y agrotóxicos” , dice Ana Zabalo

Ana Zabaloy era maestra de una escuela rural en San Antonio de Areco, Argentina. También fundadora del movimiento "Red federal de docentes por la vida", en defensa de la salud y contra los agrotóxicos. A diario veía en la escuela cómo los niños se enfermaban por la fumigación con glifosato en campos de soya transgénica cercanos a la escuela. Decidió proteger a los niños, apoyar a las familias para protestar, juntarse con otros docentes para informar de los riesgos, denunciar la situación de cáncer, malformaciones y enfermedad en que los ha puesto la siembra de transgénicos. El 11 de junio pasado murió por las causas que denunciaba. Un mes después, el movimiento tuvo su primer plenario nacional con docentes de nueve provincias de Argentina, todos en escuelas en la misma situación. (Darío Aranda, tinyurl.com/y5ez2gs6)

En Argentina, tercer productor mundial de cultivos transgénicos, este movimiento se suma a otros, como las asambleas de vecinos de pueblos fumigados, las madres de pueblos fumigados, la red de abogados y la de médicos de pueblos fumigados, y a las protestas de organizaciones sociales y ambientalistas en áreas urbanas y rurales. La fumigación aérea de glifosato y otros agroquímicos cada vez más tóxicos es un componente esencial y sine qua non de la siembra de transgénicos en todos los países donde se les permite proliferar. Es un cáncer que se extiende de la mano de Bayer, Monsanto, Syngenta, Corteva (derivada de Dow-DuPont).

El 89 por ciento de los cultivos sembrados actualmente en el mundo son tolerantes a uno o varios agrotóxicos, además de insertarle también genes insecticidas. Los eventos transgénicos más recientes tienen tolerancia a glifosato (probable cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de los herbicidas dicamba y/o 2-4 d, en la misma categoría de peligrosidad. Sólo 10 países tienen 98 por ciento del área sembrada con transgénicos a escala global y entre Estados Unidos, Brasil y Argentina tienen 78 por ciento.

En Estados Unidos hay 18 mil 400 juicios iniciados contra Monsanto-Bayer por causar cáncer a los demandantes o a sus familiares con glifosato, principal herbicida usado con los cultivos transgénicos. Las pruebas aportadas en los juicios muestran que Monsanto sabía de la peligrosidad del glifosato, pero la ocultó. Las víctimas ganaron a Monsanto en los tres primeros juicios, a quienes Bayer-Monsanto tiene que pagar 180 millones de dólares por daños causados y multas, por habérsele comprobado malicia e intencionalidad, al ocultar los riesgos que corrían los que usan y se exponen al glifosato.

Además, hay centenares de otros juicios en curso contra Monsanto-Bayer por todo el medio oeste de Estados Unidos, porque la deriva del herbicida dicamba aplicada a la soya transgénica RoundReady X-tend (tolerante a glifosato y dicamba) mató sus cultivos y hasta sus árboles. Imaginen el efecto en las personas, las expuestas directamente, las que beben agua que cruza las áreas fumigadas, las que consumen alimentos con residuos de esos potentes agrotóxicos.

Este es el contexto en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció este 14 de agosto que Yucatán no puede declararse "estado libre de transgénicos", en respuesta a una controversia constitucional planteada por el gobierno de Peña Nieto reclamando que sólo la Secretaría de Agricultura puede tomar tal decisión. En efecto, esa es la letra de la Ley de Bioseguridad, que por esa y otras razones fue bautizada como ley Monsanto, por ser una norma para servir a los intereses de las empresas de transgénicos. Es una disposición que urge derogar o cambiar radicalmente para que sirva a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, del maíz nativo, la salud, la biodiversidad y la soberanía alimentaria, todo lo cual los transgénicos minan e impiden.

De la decisión de la Suprema Corte se deriva que quien debería declarar el "estado libre de transgénicos", que demandan las comunidades y pobladores de Yucatán, es la actual Sader, cuyo titular es Víctor Villalobos, un viejo agente de las trasnacionales de transgénicos.

En cualquier caso, esta decisión de la Corte no significa que Monsanto puede proceder a sembrar soya o maíz transgénico en Yucatán. Están en pie otras demandas presentadas y ganadas por apicultores, organizaciones y comunidades en Yucatán, Campeche y Quintana Roo contra la siembra de transgénicos en la península, que obliga a las autoridades a realizar consultas con las comunidades antes de cualquier siembra. Están pendientes desde hace años, pero fueron saboteadas por la propia Comisión de Bioseguridad (Cibiogem) a través de su entonces secretaria ejecutiva Sol Ortiz, que intentó manipular las consultas para dificultar la participación de los pueblos y tener que oír sus posiciones. Ya en el gobierno de AMLO, Villalobos se la llevó a trabajar con él, un nombramiento absurdo pensando en el interés público, dado el historial del personaje, pero muy coherente con la posición de Villalobos en favor de los transgénicos y los intereses de las trasnacionales.

Los transgénicos sólo traen enfermedad, devastación y muerte, como se ha comprobado en los países que lo siembran. Urge concretar con un decreto de prohibición las promesas del gobierno de que no se sembrarán transgénicos ni en la península ni en ninguna parte de México.

* Investigadora del Grupo ETC

 Terrenos destruidos de la comunidad campesina Guayaqui Cua, en Paraguay. SANTI CARNERI

Una persona murió envenenada y 22 más, entre ellos varios niños, resultaron intoxicadas, por el uso de agroquímicos en empresas productoras de soja transgénica en un pequeño pueblo paraguayo de 400 habitantes. Era 2011. Tras ocho años en los que la Justicia del país sudamericano no ha condenado a los culpables ni ha resarcido a las víctimas, un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace ahora responsable al Estado paraguayo por no prevenir la situación ni tomar medidas para la conservación de la vida y del ambiente.

El dictamen señala que Paraguay “no ejerció controles adecuados sobre actividades contaminantes ilegales” y concluye que “las fumigaciones masivas con agrotóxicos constituyen amenazas a la vida de las víctimas que eran razonablemente previsibles por el Estado parte”. Por lo tanto, declara “la violación del derecho a la vida y del derecho a la vida privada, familiar y domicilio”. El comité de la ONU llama, además, a Paraguay a acometer una investigación efectiva y exhaustiva sobre fumigaciones con agroquímicos, y le insta a sancionar a todos los responsables y reparar a las víctimas.

El uso masivo de agroquímicos que exige el cultivo extensivo de granos genéticamente modificados tiene consecuencias mortales en América del Sur. En la bautizada, popularmente, como "república unida de la soja" —Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay— se cultivan millones de hectáreas de tierra de soja transgénica que alimenta a buena parte del ganado de Europa y China. Sin embargo, su población rural —muy arraigada a su tierra y que trabaja para vender a pequeña escala— vive en situación de permanente crisis, sin acceso a servicios públicos y asediada por latifundios que incumplen las normativas ambientales, dañando su forma de vida y sus cosechas.

“Es un dictamen histórico por el reconocimiento del vínculo entre los daños severos al medioambiente y el disfrute de derechos fundamentales, civiles y políticos. Cientos de casos similares en todo el mundo podrían ser sometidos a nuestra consideración”, subraya Hélène Tigroudja, miembro del Comité.

“El Comité sienta una jurisprudencia histórica que relaciona el disfrute de los derechos humanos con la protección del medioambiente en una decisión de resonancia global”, completa, en declaraciones a EL PAÍS, el abogado paraguayo Hugo Valiente, miembro del equipo de letrados de las víctimas que presentó el caso en 2013. Es la primera vez, subraya, que un órgano aplica la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos de 2018. “Momentos así me reconcilian con el derecho en su sentido más legítimo y verdadero: el derecho como ley del más débil”, explica.

Rubén Portillo murió envenenado a los 26 años en el mismo lugar en que nació. Vivía con su compañera, su hijo y su madre cerca del río Kuairú en una de las pocas casitas sin agua corriente de Yerutí, a unos 120 kilómetros de la frontera con Brasil. La colonia de familias campesinas se formalizó en 1991 y está administrada por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), la institución gestora de la política de acceso a la tierra en Paraguay. Rubén nació dos años después, cuando Yerutí (paloma o canto de las aves en guaraní) era aún un paraíso natural. Unas 1.225 hectáreas fueron entonces repartidas en 93 lotes entre bosques subtropicales, esteros y arroyos. Alejados de todo, sin servicios públicos ni carreteras, pero con tierra roja y fértil para cultivar.

Durante casi 15 años, las familias trabajaron sus tierras con éxito pese a las grandes dificultades del entorno: produjeron toneladas de comida, criaron miles de animales de forma sostenible, levantaron sus escuelas e hicieron sus propios caminos. Hasta que, de pronto, en 2005 los bosques a su alrededor comenzaron a ser talados. Donde antes había una selva con árboles centenarios como el lapacho, manantiales, guaridas de armadillos y jaguares, algunas empresas brasileñas sembraron plantaciones extensivas de monocultivos mecanizados de semillas de soja transgénica.

Un oasis entre la soja

Yerutí quedó como un oasis en el medio de un desierto verde: desde allí, se mire donde se mire, las plantas de medio metro de soja se extienden hasta el horizonte. Solo a veces, la silueta de un árbol solitario queda como testimonio de la naturaleza nativa. Toda la región agrícola de Paraguay fronteriza con Brasil es hoy la zona de mayor expansión del agro-negocio. Y sigue creciendo en toda la mitad oriental del país. En 2005, justo enfrente de la chacra de Rubén plantaron un sojal de la empresa brasileña Condor. Lo fumigaban masivamente mediante lanzamiento de agrotóxicos desde tractores y avionetas, “sistemáticamente incumplieron la normativa ambiental de derecho interno”, según el dictamen de la ONU hecho público este miércoles en Ginebra (Suiza).

“Primero murieron las gallinas, no sabemos por qué. Comenzaron a enfermarse los chanchos y un tiempo después falleció mi hermano”, cuenta la hermana de Rubén Portillo, Norma, que denunció ante las autoridades el caso junto las organizaciones Base Is y la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy). Rubén tenía el cuerpo lleno de llagas, su hijo también. En enero, su situación empeoró y fue llevado a un centro de salud donde fue tratado por los vómitos. Como no mejoraba, y dada su debilidad —ya ni siquiera podía mantenerse en pie— sus familiares lo llevaron al hospital, ubicado a más de cuatro horas de recorrido. Falleció en el camino.

Portillo no fue el único que enfermó: como en épocas de siembra de soja de años anteriores, otras 22 personas presentaron síntomas similares —náuseas, mareos, dolor de cabeza, fiebre, diarrea y lesiones en la piel, entre otros—, pero sobrevivieron para denunciarlo.

“Los dos caminos de tierra que conectan la colonia con la carretera principal asfaltada atraviesan grandes extensiones de cultivos, sin que ningún trecho cuente con la protección adecuada. En consecuencia, los integrantes de la comunidad que necesiten acceder a la carretera principal están expuestos a los agrotóxicos”, dice el comité independiente, compuesto por 18 expertos internacionales de la ONU.

Paraguay es el cuarto exportador de soja de América y el sexto exportador mundial del grano, según la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco). Más de un millón de toneladas de agroquímicos ingresan al país anualmente. Son fertilizantes, secantes, insecticidas y funguicidas que se aplican en más de 3 millones de hectáreas empleadas en el cultivo de soja y otros granos que el país exporta. Entre esos químicos existen varios prohibidos en el mundo por los daños que pueden provocar a la salud humana y al medioambiente, como el glifosato y el acefato, entre otros.

La Federación Nacional Campesina estima que se utilizan unos 60 millones de litros de agroquímicos al año. En este caso, según el dictamen, las empresas Cóndor, Hermanos Galhera Agrovalle del Sol y Emmerson Shimin usaron al menos dos prohibidos hace 20 años en Paraguay: Aldrin y Lindano.

“No basta con que el Estado no mate a las personas, sino que tiene que garantizarles una vida digna. El estado se decía sin competencia y el comité le ha demostrado por qué sí la tiene. El Estado, durante el proceso, dijo que era un caso aislado, pero hay muchos más. Y con esto se abren las puertas para que estos casos encuentren una respuesta”, detalla la abogada Julia Cabello. “Ahora debe haber medidas de reparación”, añade.

En Paraguay más de un millón de personas han migrado del campo a la ciudad en la última década por el aumento de los latifundios para los cultivos mecanizados, según la Federación Nacional Campesina, que calcula que se utilizan unos 60 millones de litros de agroquímicos al año para la soja. El país sudamericano tiene uno de los mayores índices mundiales de desigualdad de la tierra, un 2,5% de los propietarios son dueños de aproximadamente el 85% de la superficie cultivable, según Oxfam.

Por Santi Carneri

Asunción 16 AGO 2019 - 11:33 COT

Publicado enInternacional
 Los tardígrados pueden sobrevivir sin agua, en estado de hibernación, durante una década SHUTTERSTOCK / EPV

El director científico de la misión israelí Beresheet, que se estrelló contra el satélite con animales microscópicos a bordo, no sabía que habían volado en su sonda

Hace una semana, el inversor estadounidense Nova Spivack sorprendió al mundo anunciando en la revista Wired que había enviado animales a la Luna a bordo de la sonda israelí Beresheet. Los viajeros en cuestión son unos seres microscópicos conocidos como osos de agua o tardígrados, capaces de sobrevivir a temperaturas de 200 grados bajo cero o 150 sobre cero, de resucitar después de diez años sin agua o de resistir las condiciones extremas del viaje espacial sin escafandra. El pasado abril, Beresheet aspiraba a convertirse en la primera sonda impulsada por inversores privados en posarse sobre la Luna, pero acabó estrellada. Sobrevivir a ese impacto era improbable, pero si alguien lo podía hacer eran los osos de agua.

Según reconocía Spivack en la entrevista, la idea de lanzar tardígrados con la sonda israelí fue algo que surgió poco antes de enviar hacia Oriente Medio el paquete que su organización, The Arch Mission Foundation, quería colocar en el espacio. En principio, el contenido consistía en una “biblioteca lunar” con 60.000 imágenes de alta resolución de páginas de libros clásicos, la Wikipedia en inglés casi al completo y los secretos de los trucos de magia de David Copperfield.

Esta información es parte del plan de Spivack para difundir conocimiento por todo el sistema solar con el objetivo de que, dentro de miles o incluso millones de años, las ideas o la información necesaria para reconstruir la civilización humana se encuentren en tantos sitios del universo como sea posible. “Cuantas más [bibliotecas] sean enviadas, más probabilidades habrá de que alguna pueda sobrevivir y sea descubierta en un futuro lejano”, explica. The Arch Mission Foundation ya envió la trilogía de novelas Fundación de Isaac Asimov a bordo del Tesla Roadster que Elon Musk puso en 2018 en órbita alrededor del Sol.

El emprendedor estadounidense decidió incluir a última hora muestras del ADN de 24 personas, incluidas las suyas, pegadas a las capas de níquel que conservan las imágenes con la librería que contiene el conocimiento para restaurar la civilización. Además, incluyeron muestras de lugares sagrados del mundo y algunos tardígrados deshidratados. Después, esparcieron unos miles más de estos ositos de agua pegados a la cinta adhesiva que cubrió la biblioteca lunar para protegerla.

Después del choque de Beresheet contra la Luna, es difícil asegurar que los animales microscópicos sobreviviesen —aunque Spivack mantiene la esperanza— y no existe ningún plan para acercarse a recuperarlos y traerlos a la Tierra para rehidratarlos y comprobar si pueden sobrevivir a esta experiencia extrema. El fundador de The Arch Mission Foundation explica a Materia que, además de los tardígrados, enviaron 100 millones de células de diversos organismos incrustados en una resina epoxi con el fin de poner a prueba sus métodos para preservar material biológico en el espacio.

Además de la improvisación en el envío de material biológico a la Luna, el proyecto de Spivack ha tenido otras características poco ortodoxas. Preguntado por este periódico sobre los detalles del envío de tardígrados a la Luna, Oded Aharonson, director científico de la misión, reconoce: “No he tomado parte en esta decisión”. También sugiere que no sabía que se iban a enviar estos animales a bordo de Beresheet y que prefiere "no hablar de este tema”. Spivack, por su parte, asegura que no trataron el envío de material biológico a la Luna con el equipo SpaceIL, la compañía responsable de la misión. “Somos una organización aparte que compró espacio para llevar una carga”, señala. Preguntado por si entre los responsables de la misión alguien conocía con detalle el contenido de esa carga, Spivack se niega a ampliar información. “Eso es todo lo que podemos decir”, afirma.

El miedo a que esos animales superresistentes contaminen la Luna sería infundado. Bernard Foing, científico de la Agencia Espacial Europea (ESA) y director del Grupo Lunar Internacional, considera “probable que estos organismos en la Beresheet no hayan sobrevivido al impacto y la exposición posterior a la radiación ultravioleta”. Foing señala que la propia ESA, que ya ha enviado tardígrados al espacio, ha planeado llevar estos animales a la Luna.

Gerhard Kminek, responsable de protección planetaria de la Agencia Espacial Europea, aclara que, a diferencia de Marte, protegido para no malograr con contaminación terrestre la posibilidad de encontrar indicios de actividad biológica, “no existen requerimientos técnicos de protección planetaria para la Luna y no hay limitaciones desde el punto de vista de la contaminación biológica u orgánica”. La única recomendación del Comité de Investigaciones Espaciales (COSPAR) —el organismo internacional encargado de la protección del espacio exterior— consistiría en informar sobre los elementos orgánicos enviados antes de que pasen seis meses desde el lanzamiento. “El choque de esta misión con material biológico no violó ningún requerimiento técnico de protección planetaria”, aclara Kminek

Por Daniel Mediavilla

14 AGO 2019 - 02:35 COT

Estrés crónico, factor de daño cerebral, ya que es causante de la muerte autofágica de células madres neurales

Un grupo de investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de Daegu Gyeongbuk (DGIST) en Corea descubrió que el estrés crónico interviene en el desarrollo de daño cerebral, ya que puede causar la muerte autofágica de las células madres neurales del hipocampo adulto (NSC), lo que abre nuevas estrategias para el tratamiento de enfermedades neuronales.

El estrés crónico se ha asociado en múltiples ocasiones con diversas enfermedades mentales, como depresión, esquizofrenia y Alzheimer. Sin embargo, aún no se habían estudiado los mecanismos subyacentes a los daños de las funciones cerebrales.

El estudio, publicado en Autophagy, demostró en ratones que los que estaban estresados presentaban una generación de neuronas mucho más lenta. De este modo, Seong-Woon Yu, del departamento de Ciencias Cerebrales y Cognitivas de DGIST, concluyó que causa la muerte autofágica de los NSC hipocampales adultos.

Para su desarrollo utilizó los NSC de un grupo de ratones modificados genéticamente. En este punto, el equipo demostró que el gen SGK3 es el desencadenante del inicio de la autofagia, por lo que cuando se extirpa los NSC hipocampales no se someten a la muerte celular y no son afectados por el estrés.

El experto explicó que los defectos cognitivos y los trastornos relacionados con el estado de ánimo son consecuencia de ese proceso. Los avances podrían ayudar al tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, como la demencia.

Concluyó que estos hallazgos suponen un "paso más hacia el desarrollo de un tratamiento eficaz de trastornos como la depresión o la ansiedad".

Lunes, 12 Agosto 2019 06:03

Defensoras de la Pachamama

Foto: gentileza Grupo Caminando con las Estrellas

En Ecuador las explotaciones mineras enfrentan una creciente resistencia indígena y popular. Protagonizado por las mujeres, el movimiento se ha convertido en la principal oposición a los megaemprendimientos. Las victorias que cosecha en los planos social y judicial lo han puesto en el centro del escenario político de las regiones andinas.

 

“Sin las mujeres no habría resistencia a la minería ni movimiento social”, enfatiza uno de los mayores de la ronda, que va creciendo alrededor del fogón en el que se cocinan empanadas. El fuego arde pegado al camino de tierra que conduce a la mina Río Blanco, donde la comunidad San Pedro de Yumate mantiene un bloqueo permanente del paso de maquinaria y vehículos de la empresa minera. La treintena de personas que integramos la ronda, a casi 3 mil metros de altura, rodeados por un bosque húmedo semitropical, estamos distribuidos de forma asimétrica. En una punta los varones, hablamos, analizamos y seguimos hablando. En tanto, las mujeres, la mayoría del grupo, se afanan en torno al fogón armando empanadas de queso y banano, dorándolas sobre el aceite y disponiendo los trastos para comer y beber.

Adornando las construcciones donde los comuneros se cobijan de la lluvia y el frío, se destacan grandes murales multicolores y una pintada que reza: “¡Fuera, chinos!”. Una casilla y una barrera de control completan el cierre del camino. “Este lugar nació el 8 de mayo de 2018, cuando las comunidades de la zona se organizaron para quemar el campamento minero”, explica Paul, de 27 años, quien luce una sonrisa tan estridente como su sombrero rojo. Yumate pertenece a la parroquia de Molleturo, de unos 15 mil habitantes, centro de una región que incluye 72 comunidades. “El levantamiento lo hicieron unas 30 comunidades y todo empezó hace muchos años, por un grupo de mujeres que se llaman pachamamas, campesinas mayores de la parroquia”, explica Klever, otro joven que se regocija relatando su historia.

CHINOS CONTRA EL PÁRAMO.

“4.000 m.s.n.m.”, advierte un cartel instalado en el punto más alto de la carretera que conduce de Cuenca hasta Guayaquil, en un punto que llaman Tres Cruces. Todo el camino es cuesta arriba por una excelente carretera que atraviesa el Parque Nacional de Cajas, un enorme macizo de páramo que, como dicen los comuneros, es una verdadera fábrica de agua. Por cierto, el agua de la colonial Cuenca (medio millón de habitantes) es pura, cristalina y potable, algo ya casi imposible en las ciudades latinoamericanas.

El recorrido de una hora se hace demasiado corto. Decenas de cataratas caen a la vera del camino, otras tantas se observan a la distancia, desplomándose de las montañas verticales a las que sólo acceden cóndores y halcones, y se esconden lagos glaciares y hasta mil fuentes de agua. Gloria tiene un pequeño restaurante cerca de Tres Cruces y conoce el páramo desde hace tres décadas. “El parque tiene unas 280 lagunas, pero hace tres años militarizaron toda la región”, se queja, “por la cuestión de la minería”.

El “control comunitario” para impedir el tránsito queda bastante más abajo, cuando la serranía se trasmuta en selva de altura y aparecen las frutas, los plátanos y los castaños, donde las petulantes orquídeas y las bromelias altaneras pavonean sus colores. “Aquí pasaban unas 20 volquetas cada día, que nos robaron 330 toneladas de minerales”, insiste Paul debajo de un poncho demasiado holgado.

La minera Río Blanco debería ser una anomalía en Ecuador, después de que el Mandato Constituyente de 2008, o Mandato Minero, ordenara dejar sin efecto las concesiones que afectan fuentes de agua y zonas protegidas. Sin embargo, entre 2016 y 2017 el gobierno de Rafael Correa anunció la reapertura del catastro minero con concesiones por casi 3 millones de hectáreas, lo que representa el 11 por ciento del territorio nacional. Una doble anomalía, si se quiere, porque el referéndum constitucional convocado por el actual presidente, Lenín Moreno, en febrero de 2018, incluyó una pregunta sobre la prohibición de la minería metálica “en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos”, que fue respondida afirmativamente por el 68 por ciento de los votantes.

Pese a todo, la minería es una realidad omnipresente. En 2017 Ecuador ganó dos premios internacionales, concedidos por fundaciones mineras, como Mejor País en Desarrollo Minero y País más Innovador en esa área. La provincia de Azuay, en el sur, cuya capital es Cuenca, se lleva la palma de la resistencia a ese modelo: “Las comunidades de Kimsacocha y Río Blanco llevan ya una década resistiendo a la minería”, explica la economista Nataly Torres, que integra el Colectivo de Geografía Crítica. Ambas minas están localizadas en áreas protegidas, donde nacen cinco ríos que riegan la provincia. Los dos proyectos pretenden extraer oro. En 2013, Río Blanco fue adquirida por Ecuagoldmining, perteneciente al consorcio chino Junefield. El dragón asiático es el mayor inversor en minería en Ecuador, superando a Canadá.

Según la socióloga Lina Solano, de la Universidad de Cuenca, en la región del Cajas, en Azuay, se registran los mismos impactos negativos que conlleva la minería en toda América Latina: vulneración de los derechos humanos, militarización, criminalización de la protesta, división de las comunidades y pesadas consecuencias ambientales.

TRIUNFOS QUE ANIMAN.

En agosto de 2018 la Corte Provincial de Azuay dictaminó la suspensión del proyecto Río Blanco, que entraba en la etapa de explotación. La justicia contempló la petición de medidas de protección interpuestas por los habitantes de la parroquia de Molleturo. Pero no llegaron a esta instancia sólo mediante el papeleo judicial, sino a través de una larga pelea casa por casa y persona por persona.

“En 2017 se hizo el primer paro de la comunidad de Río Blanco”, relata Paul. “Pero vimos que la empresa compraba a los dirigentes, porque había una conciencia de que esta lucha era similar a la que se hace por los derechos laborales, que siempre termina en negociación y acuerdo.” Cuando asumieron esa realidad, tomaron otro camino. Lo primero fue apostarles a las mujeres mayores y a la naturaleza.

“De noche marchaba con mi amigo Ismael a escuchar las lagunas, desafiando el frío tremendo, hasta que las lagunas nos empezaron a hablar”, sigue Paul, golpeando el poncho como para sacarse el frío. “Tenía 23 años y cuando regresé a mi casa, no sé por qué, me puse a escuchar una grabación que se llama Entre la luz y la sombra, que después supe que era del subcomandante Marcos.” Descerraja una sonrisa traviesa, pero no para de hablar, repitiendo como un mantra la palabra “autonomía”.

“Durante año y medio un pequeño grupo nos dedicamos a caminar y recorrer las comunidades, golpeando puertas, hablando con cada familia sobre lo que se nos venía con la minera.” Descubrieron que era el modo de establecer lazos de confianza para proseguir la resistencia, con base en relaciones cara a cara, sin representantes que luego se venden. De alguna manera, es la forma de recrear la construcción de comunidad, una tradición que todos respetan y con la que se identifican.

Cuando decidieron quemar el campamento minero, “una acción colectiva sin heridos ni muertos”, las mujeres ocuparon la primera fila y arrostraron a los policías que protegían el lugar, que pronto desistieron ante la firmeza femenina. “Nadie en sus casas” era la consigna, y pasaron tres días en el monte hasta que los mandos militares aplacaron la rabia. Están convencidos de que las comunidades tomaron la decisión, extraordinaria en sus vidas, cuando comprobaron que era verdad que el agua de las lagunas estaba cambiando por la mina. “La naturaleza es muy potente”, sentencia Daniel, el único varón que colabora con las empanadas, quizá por su especial sensibilidad de músico pelilargo.

Ahora que la mina está parcialmente detenida, aunque la empresa estableció otro acceso algo más abajo, han decidido construir porque, dicen, no pueden sostenerse sólo a base de resistir. En setiembre inaugurarán el primer “colegio autónomo”, en Río Blanco, con docentes voluntarios de la ciudad, porque “ellos usaban las escuelas como centro de adoctrinamiento minero”. Saben que las cosas van para largo, porque la minera de Río Blanco está entre los cinco proyectos estratégicos definidos por el Estado ecuatoriano. De modo que sienten la paralización como algo momentáneo, que se levantará apenas bajen los brazos. Además de la escuela, decidieron crear una huerta comunitaria que les permita mantener el espíritu colectivo e iniciar el larguísimo camino hacia la soberanía alimentaria.

AMAS DE CASA Y COMADRONAS.

“Ya no confiamos en los hombres”, escupe Yoana, 20 años, mientras aparta a la pequeña que quiere trepar, una vez más, sobre la espalda de la madre. El veterano Manuel Huamán recoge el desafío frunciendo los pliegues de su frente: “El valor más grande en la organización son las mujeres. Nosotros vamos atrasito nomás”. En San Pedro de Yumate todos han podido comprobar que cuando las papas queman, cuando los militares apuntan, ellas siguen firmes. Alguien vuelve a mentar a las pachamamas, un nombre casi mítico, para explicar la fuerza inquebrantable de las mujeres. Daniel, el músico, explica: “La clave son las comadronas. Mi abuela era comadrona, y puedo decirte que tienen una gran autoridad simbólica y lazos muy fuertes, con los que ayudaron a nacer”. Luego destaca que las pachamamas empezaron hace 23 años, explicando en voz baja los daños que provocaría la minería al bien más apreciado, el agua. Se puede decir, entonces, que el movimiento ha nacido gradualmente, desde los vientres de las personas, alimentadas con esa agua fresca y cristalina que baja del páramo.

La creación de la organización Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama fue en 2008, con mujeres de las parroquias afectadas por la minería en la región del Cajas: Tarqui, Victoria del Portete y Molleteuro, y con algunas que llegaron de la ciudad de Cuenca. Muchas se habían conocido años antes en la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, en tiempos de Correa, cuando arreciaba la represión y se multiplicaban las inversiones chinas. La socióloga Solano asegura que el protagonismo femenino en todas las resistencias mineras puede explicarse por “el rol que tienen en las familias y las comunidades como guardianas de la reproducción”. La posición social de las mujeres, enfatiza, les permite una comprensión de las necesidades para la supervivencia. “Cuando las fuentes de agua son afectadas, ellas deben recorrer largas distancias para abastecerse, lo que aumenta su carga de trabajo.” Además, las mineras casi no emplean mujeres, salvo para limpieza y cocina.

En la investigación para su tesis de maestría, Solano recoge testimonios de mujeres originarias sobre persecuciones policiales y enjuiciamientos, tanto de las pachamamas como del Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía, casi todas sin la menor experiencia organizativa previa. “Nuestra niñez era el agua, lo más era el agua del río que corría”, recuerda Francisca, de 70 años. “Era maravilloso. Comíamos agua de los pozos, íbamos a bañar en el río, el agua del río traíamos, cargábamos en los cántaros. Era una vida muy bonita”, exclama Isaura, de 72. Ambas de comunidades rurales de Tarqui y Victoria de Portete.

Cuando los citadinos decimos “el agua es vida”, formulamos un eslogan abstracto, como tantos otros. Para las comuneras, en cambio, es la vida misma. El agua es sujeto de sus vidas, como el páramo y las cumbres nevadas, las plantas y los animales. Quizá por eso los liderazgos colectivos surgen de modo natural, como los manantiales, pasando por el costado de egos y protagonismos, tan propios del mundo de los varones.

En una esquina de la ronda, mamá Laureana, en silencio, no pierde detalle de los diálogos. A sus 76 años, es una de las comadronas más experimentadas de la parroquia. Responde con un susurro, diciendo que ayudó a nacer en unos 200 partos. Lo dice sin el menor atisbo de vanidad, como si fuera la tarea que le deparó la vida. Debe ser la forma de sentir el Sumak Kawsay, el buen vivir, como le llamamos los blancos. Vida sencilla, con la naturaleza, de modo que cada actividad contribuya a reproducir la existencia colectiva.

DE LA BARRICADA AL PODER.

La nutrida asamblea en Victoria del Portete, donde en 2011 los vecinos resistían la mina Kimsacocha, era presidida desde un elevado balcón por un grupo de comuneros, entre los que destacaba, alto y erguido, Carlos Pérez Guartambel. Abogado y miembro de la organización de los kichwa de la sierra, Ecuarunari, la presidió entre 2013 y 2017, en el momento de mayor confrontación con el presidente Rafael Correa, y continuó en ese cargo hasta 2019. Se especializó en “justicia indígena” y publicó un grueso volumen con ese título. El encabezar las movilizaciones comunitarias contra la minería le valió la acusación de “terrorismo” por parte del gobierno de Correa, por “obstaculización de vías públicas”. Nos conocimos hace ocho años en Cuenca, en el Encuentro Continental por el Agua y la Pachamama, que pretendió coordinar las resistencias de la región. En la apertura lanzó un mensaje radical: “El mismo discurso de las multinacionales de una minería sustentable y responsable lo repiten Rafael Correa, en Ecuador; Juan Manuel Santos, en Colombia, y Alan García, en Perú. Ni Chávez se salva”.

Pérez Guartambel ganó las elecciones provinciales de marzo pasado y en mayo asumió la gobernación de Azuay. De esta manera, hizo pedazos los pronósticos de las encuestas que auguraban el triunfo de políticos tradicionales y se convirtió en el primer prefecto indígena de la provincia. Antes de dar ese paso, cambió su nombre por Yaku (agua, en quechua). El diario local El Mercurio asegura que “las líneas discursivas de Yaku calaron profundo tanto en redes sociales como en la esfera pública a través de su austera pero efectiva campaña”. Los medios destacan su sencillez y el hecho de que se movilice en bicicleta y se ocupe de los problemas rurales que nadie tiene entre sus prioridades. En su apasionada defensa del agua, dijo que a esta la protegen “sobre todo las mujeres indígenas, que son la clave de esta resistencia”. Agregó algo más, que quedó flotando en el aire, en referencia a los objetivos de su pueblo: “Caminamos en las huellas de nuestros antepasados”.

Es probable que la rúbrica definitoria de su gestión sea la convocatoria de una consulta provincial para frenar la minería metálica en la provincia. Como las instituciones son reacias, a principios de este mes Yaku anunció una minga para recolectar las 65 mil firmas necesarias para esa votación, es decir, el 10 por ciento del padrón electoral de Azuay. Ya hubo un referendo en marzo en su región, Kimsacocha, con un resultado abrumador: el 86 por ciento de los 15 mil vecinos dijeron no a la mina.

Pese a todo, en los movimientos de base y en las comunidades afectadas por la minería predomina el escepticismo sobre el alcance de cualquier gestión institucional, aun la que ejercen personas como Yaku, surgido del corazón de los movimientos. Cinco siglos aconsejan prudencia y los previenen de cualquier entusiasmo, sobre todo después de experimentar la “revolución ciudadana” correísta, que para muchas comunidades fue más de lo mismo: minería y militares. Las mujeres de esas comunidades atesoran la memoria colectiva que fluye entre cocinas y chacras, desde las Laureanas hasta las Yoanas. Estarán allí, como siempre, atentas y vigilantes, a veces en silencio y otras poniendo el cuerpo, para asegurar que la vida siga siendo vida, o sea, pachamama, a pesar de los pesares.

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¿Cuáles son los países con más crímenes? ¿Y las ciudades?

Los homicidios generan más defunciones en el mundo que los conflictos armados. Más de cinco veces, según un reciente informe de Naciones Unidas con datos de 2017. El Salvador, Venezuela, Papúa Nueva Guinea y Sudáfrica lideran estas escabrosas listas. En cuanto a las ciudades, Caracas es la que más muertes violentas registra, en un top-ten en el que hay cuatro sudafricanas y tres brasileñas. Aunque otros indicadores sitúan a San Salvador y a la hondureña San Pedro Sula por delante.

 

La Agencia de Naciones Unidas sobre Narcotráfico y Crimen (UNODC) reveló a mediados de julio su informe anual sobre índices de homicidios en el mundo. Con resultados inequívocos. Más de 464.000 personas murieron en el planeta, en 2017, por causas violentas, superando en más de cinco veces los fallecimientos ocasionados por los distintos conflictos armados que se hallaban en activo, que cifra en torno a las 89.000 defunciones.

Su Estudio Global sobre Homicidios 2019 incluye la violencia de género además de las distintas figuras delictivas relacionadas con muertes trágicas, en las que han intervenido la acción humana para acabar con la vida de las víctimas. En su objetivo esencial, los expertos de esta oficina oficial de la ONU insisten en que su radiografía de situación pretende “ofrecer datos crudos de la realidad con objeto de que las autoridades de los distintos países tomen medidas efectivas para reducir sus registros de violencia armada y se comprometan a luchar contra el crimen organizado”, explica su director ejecutivo Yuri Fedotov, quien recordó que todas las naciones que han suscrito los Objetivos de Desarrollo Sostenible de esta institución multilateral han adquirido el reto de reducir cualquier forma de violencia en sus sociedades para 2030.

El escenario que dibuja la UNODC, según sus siglas en inglés, es más que preocupante. Sus datos demuestran que es una lacra que avanza sin remedio. En el último cuarto de siglo se ha pasado de 395.542 homicidios violentos en 1992 hasta los 464.000 de 2017. Aunque la ratio de víctimas se haya reducido por efecto de la explosión demográfica global desde los 7,2 fallecimiento por cada 100.000 personas a los 6,1. Las organizaciones criminales fueron responsables del 19% de los homicidios. Pero su repercusión desestabilizadora del entramado institucional de los países, unido a sus perjuicios directos sobre la prosperidad económica y su obsesiva meta de erosionar los estados de derecho donde operan, requieren de medidas urgentes, alerta el informe. Sobre todo, en según qué regiones del planeta. Porque la tasa de criminalidad salta al 17,2 en América Latina y al 13 en África, mientras que en Europa, Oceanía y Asia se diluye hasta los 3, 2,8 y 2,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

Más en concreto, focaliza en América Central y Sudamérica los territorios con riesgos sistémicos por muertes violentas, entre los que también contabilizan los suicidios o los actos en legítima defensa. El Salvador, el país que la UNODC sitúa a la cabeza de su lista negra, alcanzó las 62,1 muertes por cada 100.000 habitantes y Venezuela, las 56,8. En estas zonas, la violencia mortal se ha colectivizado, hasta el punto que ciertas comunidades civiles sobreviven en una atmósfera de conflicto armado con innumerables factores de riesgo. De forma mayoritaria, las víctimas son hombres, pero las mujeres son, muy a menudo, pierden su vida por acciones intimidatorias de grupos delictivos. El 81% de ellas, fueron de género masculino -incluidos menores-, que también copan, con más del 90% de los casos, las imputaciones de sospechosos. Aunque el criterio del género varía en función de la edad. Hasta los nueve años, las tasas de mortalidad permanecen en niveles similares, pero a partir de esta cota, las víctimas masculinas superan claramente el 50%. Aunque los adolescentes, entre 15 y 29 años, son los núcleos de mayor riesgo de homicidio.

Los datos de esta agencia de la ONU se corroboran, aunque con matices, con información oficial recabada por otras fuentes, públicas y privadas. Numbeo, considerada la mayor base da datos oficiales de países y ciudades, elabora un ránking con un Índice de Criminalidad que evalúa los niveles de siniestralidad mortal, de 0 a 100, y otro de Seguridad, que supone el diferencial entre el primer registro y el cómputo total. Su análisis establece cinco baremos: de 0 a 20, calificados de muy bajos; entre 20 y 40 (bajos); entre 40 y 60 (moderados); 60-80: altos y más de 80, índices excesivamente elevados. En su clasificación por países señala a Venezuela (84,86) como nación menos segura, la que mayor número de homicidios genera; seguida de Papúa Nueva Guinea, con 80,26. Son las dos únicas naciones que exceden el límite del 80. Sudáfrica (77,02), Honduras (75,84), Afganistán (73,26) y Trinidad y Tobago (73,15). Un grupo de 16 países completan la frontera entre los índices moderados de criminalidad: Brasil, El Salvador, Namibia, Siria, Jamaica, Bangladesh, Puerto Rico, Nigeria, Perú, Kazajistán, Argentina, Kenia, Libia, Malasia, República Dominicana e Islas Fiyi. Por el contrario, Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Japón, Taiwán y Hong-Kong son los cinco estados más seguros para esta clasificación. España ocupa el lugar 91 de 123 naciones; es decir, el trigésimo segundo país más seguro.

La recopilación de Numbeo también engloba a las grandes ciudades, núcleos donde el crimen se reproduce con mayor intensidad. Siete urbes superan la cota 80. Caracas, Pietermaritzburgo, capital de la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal; Puerto Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea; San Pedro Sula (Honduras) y Pretoria Durban y Johannesburgo (Sudáfrica). Justo por debajo de este límite, aparecen cinco ciudades brasileñas: Fortaleza, Salvador, Río de Janeiro, Porto Alegre y Recife. Intercaladas entre otras urbes de mercados emergentes o en desarrollo figuran las primeras de potencias industrializadas; entre las cotas 60 y 80. Mayoritariamente de EEUU: Detroit y Baltimore -por encima de México DF-, Alburquerque, San Luis, Milwaukee, que sigue a Damasco, en pleno conflicto armado, Oakland, Nueva Orleans, Chicago, Atlanta, Houston y la ciudad-condado de Alaska, Anchorage, a la que precede Bogotá, en el puesto 55. Filadelfia es la primera del siguiente grupo, con 59,56. La canadiense Surrey, Catania (Italia) y Townsville (Australia) también están en el elenco de urbes de economías con rentas altas, pero con niveles de homicidios peligrosamente altos. Abu Dhabi (EAU), Doha (Qatar), Quebec (Canadá), Taipei (Taiwán) y Múnich (Alemania) forman el top-five de baja siniestralidad criminal. Málaga, en el puesto 293 de un total de 328, donde se ubica la capital de uno de los siete emiratos de EAU.

Pero, quizás, el más completo de estos compendios de homicidios en el mundo sea el de Global Residence, consultora dedicada al negocio inmobiliario que ofrece a sus clientes información de siniestralidad y altercados delictivos en las ciudades en las que desarrolla su actividad. Recopila los datos de Numbeo y otros barómetros de criminalidad, como el Global Peace, del think-tank australiano que lleva este nombre, los riesgos políticos o de seguridad -entre otros- para dibujar su mapa de peligrosidad por países. Y, entre sus 181 enclaves analizados, señala a San Salvador, como la mayor amenaza para vivir. A la que siguen otras tres latinoamericanas: la hondureña San Pedro Sula, Caracas y Tegucigalpa, capital de Honduras. El resto del top-ten lo configuran Damasco, Ciudad de Guatemala, Port of Spain (Trinidad y Tobago), Ciudad del Cabo (Sudáfrica); la brasileña Belo Horizonte y Johannesburgo. El triángulo centroamericano de San Salvador, San Pedro Sula y Tegucigalpa, con tasas de homicidios que superan el 80, impulsadas por la elevada actividad criminal de las maras, el fenómeno de grupos delictivos juveniles que ha expandido el terror por los países del istmo de América Central y que, en no pocos territorios, ha usurpado la autoridad de sus estados. Sus destinos más seguros son Vaduz (Liechtenstein); Andorra la Vella; Douglas (Isla de Man), Mónaco, Saint Helier (Jersey), Gibraltar, Singapur, Zúrich (Suiza), Reikiavik (Islandia) y Tokio.

12/08/2019 08:26 Actualizado: 12/08/2019 08:26

Por DIEGO HERRANZ

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Dos muertos y seis heridos en atentado –declaración de guerra– contra la Guardia Indígena del Norte del Cauca

Un día después de celebrarse el día internacional de los pueblos indígenas, en Colombia se riega la tierra en el Norte del Cauca con la sangre de dos Guardias Indígenas asesinados y otros 6 heridos.

A mansalva. A las 7:30 de la mañana del 10 de agosto, dos vehículos en donde se transportaban participantes de la Feria del Café en Toribio y un grupo de Guardias que acompañaba, fueron atacados en el sector del Chorro, vía que conecta a los municipios de Toribio con Caloto. Según fuentes indígenas, siete actores armados dispararon con fusiles de largo alcance y con pistolas, pretendiendo una masacre, desconociendo que era personal civil, desarmado, defensores de la paz en sus territorios. El resultado da cuenta de su propósito: 8 heridos, de los cuales 2 fallecieron pasadas unas horas: los Guardias del resguardo indígena de San Francisco, Kevin Ademir Mestizo Coicue y Ogenio Tenorio.

Hasta el momento no se han identificado los actores del crimen, pero el atentado concreta las amenazas recibidas por medio de panfletos firmados, de manera individual, por distintos grupos armados que están en la región, como las Águilas Negras, el Cartel de Sinaloa y las disidencias de las Farc, en los que declaran objetivo militar a las autoridades y a todo el que tenga los distintivos de la Guardia Indígena, como la Chonta o Bastón de Mando.

 

 

Sin dejarse atemorizar, la respuesta por parte de la organización indígena y las comunidades fue la de realizar movilizaciones y desplazamientos masivos hasta la zona donde se presentaron los hechos, donde los armados continúan los hostigamientos con arma de fuego, zona que va desde el Palo hasta el Tierrero por la vía que conecta los municipios de Caloto-Toribio.

Al caer la tarde el sábado 10 las comunidades se encuentran concentradas en sitio de asamblea permanente, y desde la Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) se realizó una convocatoria urgente para el día 11 de agosto, a partir de las 8 de la mañana para abordar el tema en junta directiva extraordinaria. Allí deberán llegar las 126 autoridades, las 11 asociaciones y toda la Guardia Indígena de cada Territorio, así como la comisión política y todos los programas locales, zonales y regionales.

La guerra frontal contra la guardia indígena tiene que ver con el narcotráfico y el control de corredores estratégicos que cursan esta región en su ligazón con el Pacífico colombiano. Como se mencionó en el artículo “Arrecia la guerra contra las comunidades y la Guardia Indígena en el Norte del Cauca”, fuentes cercanas a desdeabajo informan que estos ataques posiblemente tienen que ver con el narcotráfico y quienes están detrás son grupos delincuenciales. Sin embargo, este accionar deja abiertos algunos interrogantes, ¿No será esta una forma de actuar de grupos específicos, ligados al poder, que pretender debilitar por medio del miedo y el temor a la comunidad indígena? ¿No pretenderán con ello debilitar la capacidad de movilización del movimiento más fuerte en Colombia? ¿Será esta una nueva estrategia para generar divisiones y rupturas al interior de la organización indígena, campesina y popular en general?  

La situación es compleja y cada vez más crítica, pero seguramente la sabiduría de los pueblos logrará defender los territorios, garantizar la pervivencia en los mismos, evitando tensiones y divisiones a su interior y/o con campesinos y pueblos afrodescendientes. La declaración de guerra no debe prosperar.

Este es un reto, otro lo constituye, ante la realidad gubernamental y extragubernamental, la necesidad de plantear un accionar diferente para los movimientos sociales del país, uno que denuncien y haga cada vez más visible la democracia de papel imperante en Colombia, y de esta manera comenzar a organizar y crear otra democracia, una que vaya más allá de los formalismos institucionales o electorales y que ahonde el poder del gobierno propio, concitando la acción común con el resto de los actores sociales, y así, por fin, lograr encarar la construcción de una agenda común para avanzar hacia otro país con justicia y vida digna.  

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En riesgo, 50% de las 6.700 lenguas indígenas del mundo, alerta ONU

Con cada lengua que desaparece el mundo pierde un acervo de saber tradicional, advirtió el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, recordó en un mensaje que actualmente hay 370 millones de personas indígenas en el mundo y gran parte de ellas "todavía carecen de derechos básicos y la discriminación y la exclusión sistemáticas siguen amenazando su modo de vida, su cultura e identidad".

El funcionario internacional expuso que "las lenguas son el vehículo que utilizamos para comunicarnos y están íntimamente ligadas a nuestra cultura, nuestra historia e identidad"

Reportó que casi la mitad de las 6 mil 700 lenguas que se calcula que hay en el mundo, en su mayoría indígenas, están en peligro de desaparecer.

Este año, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado cada 9 de agosto, se dedicó a los idiomas originarios por ser 2019 el Año Internacional de las Lenguas Indígenas.

Cooperación, el camino

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano, a través de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, expuso que contrarrestar la amenaza de la desaparición de lenguas indígenas requerirá los esfuerzos de cooperación de las comunidades de hablantes, especialistas en lenguas, organizaciones no gubernamentales y poderes públicos.

En un comunicado, la organización religiosa expuso que sensibilizar sobre la pérdida de lenguas y la diversidad lingüística sólo será eficaz si se consigue dotar de funciones contemporáneas positivas a las lenguas minoritarias desde el punto de vista de las necesidades de la vida moderna, dentro de la comunidad y también en los contextos nacional e internacional.

Al anunciar el 14 Encuentro Nacional de Pastoral de Pueblos Originarios, del 9 al 13 de septiembre, los representantes de la Iglesia católica detallaron que entre esos papeles positivos están el uso de estas lenguas en la vida cotidiana, en el comercio, la educación, las letras, las artes y los medios de comunicación.

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Los científicos de la ONU llaman a cambiar la dieta mundial con urgencia para frenar la crisis climática

El Panel Internacional de Expertos explica en su último informe que deben recortarse las emisiones de gas en la producción de alimentos que suponen el 25% del total

El documento incide en que una dieta con más vegetales y carne obtenida con sistemas que demanden menos energía tienen menor impacto climático

 

Atajar la crisis climática obliga a cambiar la manera de alimentarse. La fórmula actual de producir la comida supone casi un tercio de las emisiones gases de efecto invernadero por lo que resulta imposible contener el calentamiento global sin que el mundo –sobre todo el rico– modifique su dieta con urgencia: más vegetales y carne producida con sistemas que utilicen menos energía, según el último informe del Panel Internacional para el Cambio Climático de la ONU (IPCC) publicado este jueves.

El documento, aprobado este miércoles, viene a indicar que no basta con aplicar medidas a la producción de energía en las centrales eléctricas o los motores de los vehículos. No basta con transformarse en eólico y solar. En ocubtre de 2018, el IPCC ya avisó de que solo medidas urgentes y drásticas en la próxima década podrían evitar lo peor del cambio climático limitando el aumento de la temperatura global a 1,5ºC. Este nuevo informe añade otro paquete medidas cruciales.

Los expertos calculan que la producción de comida lanza unas 11 gigatoneladas de gases a la atmósfera. Son 11.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a base de prácticas agrícolas, el cambio en el uso del suelo, el almacenamiento, transporte, procesamiento, empaquetado y consumo de los productos. La ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha subrayado tras conocer el informe que el estudio indica "lo fundamental que es el suelo. Un bien precioso y escaso que ha pasado de ser un sumideros de gases a un emisor" por el uso intensivo que ha impuesto la humanidad.

Lo que va al plato

Los científicos piden variar hacia lo que llaman dietas más saludables. ¿Qué alimentos citan? Hablan de cereales, legumbres, verduras, frutos secos y semillas. También carne, pero con métodos de producción que permitan un uso "menos intensivo" de energía. Uno de los coordinadores del informe, Jim Skea, ha incidido en que ellos no recomiendan una dieta a la gente. "Señalamos que, según la evidencia científica, hay dietas que tienen una menor huella de carbono". Es decir, un impacto climático menor.

El Panel considera que estos cambios tienen el potencial para evitar que entre 1,8 y 3,5 gigatoneladas de CO2 terminen en la atmósfera. Y añaden otro aspecto: frenar el desperdicio de comida. Al tirar menos alimentos se reduce la necesidad de consumir más con lo que se rebaja la expansión de tierras dedicadas a la producción. Los científicos han calculado que un tercio de los alimentos que se producen terminan desperdiciados. Una buena proporción del efecto invernadero se crea para nada.

Factura climática de la comida

La mayoría de la superficie terrestre del planeta se dedica a producir alimentos o vestido. Hasta un 72% del suelo libre de hielo está destinado a mantener a la población. El informe explica qué implica esta presión: el incremento en la producción de comida ha acelerado el uso intensivo de la tierras. También ha obligado a aumentar la aplicación de fertilizantes a base de nitrógeno y el consumo de agua para el riego.

Todo esto ha multiplicado las emisiones. El cambio de uso de los suelos para sostener este crecimiento global ha contribuido a la cantidad de CO2 lanzado "sobre todo por la deforestación", explican. Es decir, la desaparición de árboles para dar paso a campos de cultivo o pastos para rebaños. También ha subido la cantidad de dióxido de nitrógeno emitido (NO2) por la agricultura y la de metano (CH4) por el ganado. Hasta la mitad de este gas, el de más potencia de invernadero, sale de las cabañas ganaderas.

Las medidas que ponen encima de la mesa abarcan desde la reducción en las emisiones de NO2 de los fertilizantes, la del metano de los arrozales, la mejora genética para que los cultivos soporten mejor las sequías y que el ganado tenga una mejor alimentación además de gestionar sus desechos. Le atribuyen un potencial de ahorro entre 1,4 y 4 gigatoneladas de gases al año.

El cambio climático degrada los campos

La influencia entre la obtención de comida y el cambio climático es de ida y vuelta. A medida que la temperatura crece se exacerban los daños: mayor desertificación, más degradación del suelo... Esto se traduce en peores rendimientos de las cosechas. En consecuencia un previsible encarecimiento del producto. Sus previsiones apuntan a que los precios de los cereales pudieran subir hasta un 29% para 2050.

Pero también afectará a la calidad de la misma comida ya que la mayor concentración de dióxido de carbono influirá en la composición de los nutrientes como, por ejemplo, las proteínas.

Freno a la fórmula de la bioenergía

El biodiésel a escala mundial desplaza a la comida, advierte el informe. Una de las soluciones adoptadas generalmente por los estados para cumplir con su compromisos de emisiones ha sido la apuesta por los biocarburantes. La bioenergía que se obtiene a base de cultivos como la palma o la colza. Los expertos avisan de los riesgos y aseguran que hay límites al cultivo de estas variedades. ¿Por qué? La proliferación de estas plantaciones puede suponer efectos "irreversibles" en la desertificación de la tierra.

Lo que describe el Panel es que la idea de recortar emisiones de CO2 a base de sustituir el combustible fósil por, por ejemplo, biodiésel, tiende a crear una competencia por el suelo entre los cultivos para energía y los destinados a producir variedades que alimenten a la población.

El documento incluye una advertencia: "Muchas de las respuestas toman tiempo para producir sus efectos". Piden paciencia. Sin ir más lejos, señalan que medidas como cambiar la manera de producir o variar la dieta precian un periodo de adaptación. Incluso la reforestación de la cubierta vegetal no se consigue rápidamente. Las plantas tienen que crecer.

Por Raúl Rejón

08/08/2019 - 10:00h

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"No nos queda mucho tiempo", el grito de una comunidad hondureña a punto de ser sumergida por el mar

Eric Pineda sirve pescado con arroz en un modesto restaurante frente a la playa, un negocio que se enfrenta a una destrucción inminente.

El reciente aumento de la marea ya inundó el bar de al lado, del que solo quedan los escombros de color rosa. En los dos últimos años varios negocios entre el de Pineda y el Océano Pacífico han sido destruidos por el mar. "Cada año el océano se acerca más y aumenta de nivel. Creo que tenemos uno, quizá dos años, hasta que el agua nos lleve también a nosotros. No queda mucho", describe Pineda, de 24 años.

La arena dorada de las playas ayudó a transformar esta comunidad de pescadores en el Golfo de Fonseca en un prometedor destino turístico. Hoy, apenas quedan unos metros de playa y el aumento de la marea y el nivel del mar ha borrado del mapa carreteras, viviendas y negocios.

La población local estima que se pierde aproximadamente un metro de suelo al año y eso significa que la comunidad al completo estará pronto bajo el agua. El mismo destino aguarda a otras comunidades del pacífico hondureño donde tanto población como tierra desaparecen velozmente. 

Durante los últimos años, millones de personas han huido de la pobreza extrema, el colapso de las instituciones y la violencia desatada en América Central. De entre todos los factores que expulsan a la población, hay uno que ha quedado desatendido: los conflictos por los recursos naturales han aumentado por la expansión de la actividad empresarial y el cambio climático.

El nivel del mar aumenta en todo el planeta pero en esta región hay un factor más que ayuda a que aumente la degradación costera: amplias franjas de manglar costero han sido devastadas para abrir espacio a las camaroneras que se multiplican incluso dentro de espacios naturales protegidos. Gran parte del camarón hondureño se exporta a Estados Unidos y Reino Unido donde se venden grandes superficies como Waitrose, Sainsbury's o Marks & Spencer.

Dina Morel, responsable de Coddeffagolf, una organización local centrada en el conservacionismo marino cree que "la industria destruye amplias extensiones de manglar mientras promete desarrollo y crea, en realidad, muy pocos empleos. Al mismo tiempo aumenta la pobreza al restringir el acceso de los pescadores locales a los recursos pesqueros".

Según Morel, las camaroneras se instalan con autorización en zonas protegidas. Las violaciones de la leyes de protección del medio ambiente rara vez son castigadas por las autoridades, que a menudo comparten intereses con una industria que proporciona grandes beneficios. "Las consecuencias de perder un ecosistema tan importante son claras: vulnerabilidad medioambiental, inseguridad alimentaria y descomposición social, factores que llevan a la migración forzada", explica el biólogo Víctor Bocanegra. 

Los manglares son necesarios para la supervivencia de costas sanas y resilientes. Los robustos árboles que los caracterizan protegen la tierra de tormentas e inundaciones y contribuyen a disminuir la erosión a través de la estabilización de sedimentos que afirman sus densas y fuertes raíces. Son actores fundamentales de la biodiversidad marina en tanto proporcionan comida, agua limpia, refugio y seguridad para peces e invertebrados como cangrejos, langostas y gambas. 

Para beneficiarse de este proceso de simbiosis natural, se han abierto grandes camaroneras en entradas del océano que una vez fueron refugio seguro para recibir los flujos de las mareas. Y esas instalaciones interfieren con el flujo natural del mar provocando aumentos en la marea y que los impactos de las tormentas fluyan hasta sumergir las comunidades a pie de playa.

Un refugio en movimiento

En la playa de Cedeño, Ariana Tees, de 70 años, fríe el pescado que trae su marido, Manuel, de 67, en una cocina improvisada bajo una lona a pocos metros del mar. Aquí es donde viven, trabajan, comen y duermen, el refugio que cada mes deben colocar unos metros más atrás a medida que el océano penetra en la tierra.
"Por supuesto que estamos asustados", reconoce Tees. "Pero no tenemos otro lugar al que ir y el gobierno no nos protege. Ni un muro pone", critica. 

Manuel, que pesca desde niño, agrega que "cada año hay menos pescado y las mareas no tienen donde ir así que el agua pasa por aquí buscando una salida. Hemos llegado a despertarnos en plena noche rodeados de agua". Hace una pausa y concluye: "Estamos jodidos".

La industria del camarón en el sur de Honduras data de la década de los años setenta pero creció de manera exponencial en los noventa. Como resultado de ese crecimiento sin freno aparente, a partir del año 2000 varios manglares que cubrían una extensión superior a los 600 kilómetros fueron designados zonas protegidas.

Pese a eso y según Coddeffagolf, la mitad de los manglares de la zona fueron destruidos entre el año 2000 y el año 2010 en su mayor parte debido a las concesiones pesqueras en el golfo, aprobadas antes del decreto de protección. Nadie sabe con exactitud la extensión de las zonas protegidas que aún permanece intacta pero las imágenes por satélite sugieren que la situación es crítica.

La extensión de la zona deforestada se ve desde la cima de una montaña en San José de las Conchas, unos 30 kilómetros al norte de Cedeño. El panorama solo ofrece ya unas cuantas líneas estrechas de aquel manglar protegido atrapadas entre lagunas artificiales para el cultivo del camarón y el océano turquesa.

Los habitantes del pueblo dicen que las empresas camaroneras construyen en secreto, tras anillos sucesivos de manglar que protegen sus instalaciones de la vista y que solo una vez levantadas, solicitan los permisos. Las cifras de ventas sugieren que el negocio se expande: las exportaciones de 2018 ascendieron a 216 millones de dólares (casi 194 millones de euros), una cifra que esperan aumente en un 20% en 2019.

Escasos programas de reforestación

FundeSur, una fundación para el desarrollo social creada por la industria camaronera en 2014, afirma que invierte 0,04 dólares (0,036 euros) por cada kilo de camarón exportado en proyectos relacionados con salud, educación y medioambiente. Sin embargo, los programas de reforestación son escasos y requieren de años de cuidados para garantizar manglares resistentes. Tras numerosas peticiones, FundeSur no quiso aportar su punto de vista para este reportaje.

Nelson Martínez, activista de Guapinol, una comunidad cercana que resultó seriamente afectada por un aumento de la marea hace tres años, insiste en que "hay más deforestación que reforestación y es evidente, cualquiera puede verlo. A menos que se salve el manglar, Guapinol también desaparecerá".

Como estrecha lengua de tierra atrapada entre los océanos Atlántico y Pacífico, América Central es una región muy vulnerable a la emergencia climática global.
Entre 1998 y 2017 Honduras fue el segundo territorio más afectado por fenómenos climáticos extremos como inundaciones, tormentas, sequías o incendios según el Índice de Riesgo Global, que clasifica Puerto Rico como el lugar más afectado.

El Huracán Mitch, la tormenta más devastadora y mortal de los últimos dos siglos en América, que golpeó Honduras en 1998, dejó un saldo de más de 8.000 muertos y millones de afectados que perdieron tierras y hogares. Hizo retroceder al país más de 50 años en su desarrollo y lanzó la primera ola migratoria después de la guerra fría desde América Central a Estados Unidos.

Pero la inversión en mitigación y adaptación a los impactos del clima a través de la reforestación o la protección ante inundaciones no avanza. Solo el 0,5% del presupuesto del gobierno de Honduras está destinado a protección del medioambiente. Se ha visto reducido desde el 1,2% que se gastaba en 2010 según Hugo Noé Pino, analista que fue Ministro de Hacienda y Gobernador del Banco Central.

Desde el golpe de estado de 2009, el incremento de los megaproyectos relacionados con agua, embalses, minas o plantaciones de palma africana, han alimentado conflictos sociales, represión y migraciones. Berta Cáceres, defensora del medioambiente y ganadora del premio Goldman a la defensa del medioambiente, fue asesinada en marzo de 2016 en represalia por liderar la oposición a la construcción de una planta hidroeléctrica en el río Gualcarque, fuente acuífera, alimenticia y medicinal del pueblo Lenca.

"El principal conector entre cambio climático y políticas públicas es la gestión del agua, las decisiones políticas sobre quienes tienen prioridad a la hora de recibir agua de calidad", explica el profesor Raúl Pacheco-Vega, especialista en políticas medioambientales del CIDE (Centro de Docencia e Investigación Económica).

En Honduras, el resultado de esta interacción alrededor del uso del agua es claro: cada año durante la temporada de lluvias, un sinnúmero de comunidades se quedan sin suministro, muere gente y se registran daños en carreteras, puentes y escuelas. Se trata de un ciclo de destrucción ambiental que aumenta la pobreza y provoca movimientos migratorios cuando las familias comienzan a buscar comida, agua y seguridad.

En octubre, seis personas murieron después de dos días de lluvias torrenciales que provocaron deslaves de tierra y que el río Choluteca se desbordara. Marcovia, a unos 20 kilómetros tierra adentro desde Cedeño se inundó y sus habitantes tuvieron que evacuar la localidad. Poco después, cientos de personas del departamento de Choluteca se unieron a la caravana migrante que se aventuró rumbo norte a través de México y hasta la frontera de los Estados Unidos.

Medio millón de hondureños han sido detenidos por las autoridades mexicanas y estadounidenses desde octubre de 2006. Los motivos del flujo migratorio son complejos pero en esta zona del planeta, el factor medioambiental es importante.

Pedro Landa, del Eric, una organización de la Compañía de Jesús que investiga y defiende los derechos humanos afirma que no se ha tomado nota de las lecciones que dejó el Huracán Mitch. "Desde el golpe de 2009, el Estado ha caído gradualmente bajo control de políticos mafiosos que no tienen ningún interés en garantizar el suministro de agua o el desarrollo económico de la población. Solo piensan en ellos mismos", sentencia.

Por Nina Lakhani - Cedeño, Choluteca

07/08/2019 - 20:51h

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