Imagen ilustrativaLuis Acosta / AFP

El Comando Específico del Cauca emitió un comunicado para confirmar que el uniformado había sido puesto a disposición de las autoridades.

 

Un militar colombiano disparó y mató a una mujer en el departamento del Cauca y, minutos después, la pareja de la víctima grabó un video para registrar el rostro de los responsables del homicidio.

En la grabación, que se ha vuelto viral en las redes, se escucha el llanto y los gritos desesperados del marido de la víctima, que ha sido identificada como Juliana Giraldo, y que falleció tras recibir un impacto de fusil en el cráneo mientras se desplazaba en un auto por la vereda de Guatemala, que conduce al municipio Miranda de ese departamento.

"¡Me la mató! No tenemos drogas, no tenemos armas, no tenemos nada. Este 'man' me la mató, por favor, ayúdenme", grita Francisco, como ha sido identificado el hombre por un testigo, mientras trata de dejar el registro del presunto responsable de la muerte de su pareja.

"Me mataron a Juliana, ese 'man' le pegó un tiro en la cabeza. Dios mío, yo no hice nada, ayúdenme a buscar a la Policía", continúa Francisco mientras graba el interior del automóvil, donde yace Giraldo en el asiento del copiloto. En el video también se escucha la voz de un militar que le dice "se hubiera parado".

Al final del clip, en medio de lágrimas, Francisco vuelve a pedir auxilio: "Por favor, ayúdenme a hacer viral este video: el Ejército acaba de matar a mi mujer".

Respuesta del Ejército

Los medios han publicado un comunicado de prensa de la unidad militar orgánica de la Tercera División del Ejército Nacional, perteneciente al Comando Específico del Cauca, donde se reconoce que "según las primeras informaciones", hubo "una mujer resultante muerta a causa de un disparo por parte de un integrante de la Fuerza", que pertenecería al Batallón de Alta Montaña N ° 8 José María Vezga.

En el texto, que también fue reproducido por Semana, se informa que "se puso al tanto a autoridades" de manera inmediata para que determinaran "el tiempo, modo y lugar de lo ocurrido", y realizaron las pesquisas para establecer las responsabilidades del hecho.

Esta unidad militar, según se afirma, puso "a disposición el uniformado presuntamente involucrado en el lamentable acontecimiento" para "apoyar en el desarrollo de la investigación".

Por su parte, ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, lamentó lo sucedido y afirmó que "actuaciones de este tipo son contrarias a la política de defensa y seguridad del Gobierno del presidente Duque, así como a la doctrina, procedimientos y protocolos del Ejército nacional y no se toleran".

Holmes Trujillo, quien manifestó su "rechazo, consternación y dolor" por lo ocurrido, agregó que el comandante del Ejército corregirá "cualquier error que pudiera haberse presentado en las responsabilidades de mando y control". 

¿Qué pasó, según un testigo?

En otro video publicado en las redes sociales, uno de los cuatro ocupantes del vehículo donde yace Giraldo -que se identifica como Jorge- explica que en la mañana le había pedido a Francisco, su amigo, que lo acompañara a comprar unos repuestos para su camión.

Según el relato de Jorge, durante el trayecto fueron abordados de manera violenta por los uniformados. "Cuando íbamos a dar la vuelta, salieron del monte dos soldados corriendo hacia la vía. Decían '¡pare, gonorrea, pare!'".

Francisco preguntó a los uniformados la razón para tal orden y, mientras los militares repetían la voz de alto, "el soldado disparó tres veces con su fusil" y tuvieron que agacharse dentro del auto, relató el testigo. "Después le disparó a las llantas [neumáticos], luego comenzó a dispararle al carro y una bala me pasó por una oreja y le pegó a la muchacha que iba delante de mí", agregó.

"Éramos cuatro ocupantes en el carro, el hombre resteado nos apuntaba y cuando vio que no estábamos en nada dijo: 'la cagué, la cagué'", aseguró el acompañante.

Este nuevo hecho de violencia, que salpica a los cuerpos de seguridad del Estado, ocurre días después de la muerte de 13 personas durante protestas duramente reprimidas por la Policía en Bogotá, en rechazo del brutal asesinato del taxista Javier Ordóñez, quien fue grabado mientras dos policías lo mantenían neutralizado en el piso y le daban descargas eléctricas.

Publicado: 24 sep 2020 20:33 GMT

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Jueves, 24 Septiembre 2020 06:28

Contundente varapalo de la Justicia

Contundente varapalo de la Justicia

La sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia publicada ayer reconoce el uso excesivo de la violencia por parte de la Fuerza Pública y reclama del Gobierno su neutralidad, el respeto por la ciudadanía y la garantía del ejercicio del derecho a la protesta pacífica.

En un acto histórico, la Justicia saca los colores al Poder Ejecutivo de la República de Colombia por su negligencia en el respeto de los derechos y libertades públicas y por su tácito respaldo a la violenta actuación de las fuerzas de seguridad, a las que reclama mesura y que cumplan sus funciones de mantenimiento del orden sin violar las libertades y los derechos.

La sentencia STC7641-2020 de fecha 22 de septiembre de 2020 da respuesta a la demanda planteada por 49 ciudadanas y ciudadanos contra el  presidente de la República, los ministros de Defensa e Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el director general de la Policía, el comandante general de  la Policía Metropolitana de la capital del país, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación solicitando “la protección de sus prerrogativas a la protesta pacífica, participación ciudadana, vida, integridad personal, debido proceso, ´no ser sometidos a desaparición forzada`, y a las libertades de expresión, reunión, circulación y movimiento, presuntamente amenazadas por las autoridades accionadas”.

En un documento preciso y exhaustivo de ciento setenta y una páginas, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con Luis Armando Tolosa Villabona como magistrado ponente, ordena a las personas y entes encausados que “en lo sucesivo, se abstengan de incurrir en conductas como las que dieron lugar a esta acción”, dictaminando que los demandados deberán “dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, insertar y facilitar la descarga del contenido completo y legible de este pronunciamiento, en la parte principal de sus respectivas páginas web y redes sociales, en un lugar visible y fácilmente identificable”.

Con esta sentencia la Justicia le exige al Gobierno y a la Fuerza Pública el respeto de la ley y de los derechos y las libertades públicas consagradas en la Constitución Política de 1991.

Para la sala, y eso que en el fallo ahora emitido no se han tenido en cuenta los trágicos sucesos de los días 9 y 10 de septiembre ya que la tutela sobre la que se pronuncia el alto tribunal fue presentada con anterioridad, existen elementos comunes de un uso equivocado de la fuerza para ejercer el control de las movilizaciones.

Adelanta la necesidad de establecer protocolos que se deberán recoger en un “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”, algo que, de alguna manera, viene a dar la razón a la petición de la alcaldesa de Bogotá de la necesidad de reestructurar el cuerpo de Policía para adaptarlo a un verdadero sistema democrático y desvincularlo de su carácter militar.

La sentencia ordena que desde ya se suspenda el uso de las escopetas calibre 12 manejadas por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD); que el Gobierno Nacional sea neutral, incluyendo la no estigmatización de las protestas y sus protagonistas; que se conforme una “mesa de trabajo” para reestructurar las directrices del uso de la fuerza, y que el ministro de Defensa presente disculpas por los excesos que se han venido registrando desde la movilización del 21 de noviembre de 2019.

En su repaso a las actuaciones de la Policía, la sala revisa, entre otras muchas acciones excesivas, el caso del estudiante Dilan Cruz, fallecido a manos del Esmad por disparo de “arma no letal” en noviembre de 2019, determinando la sentencia que “no se evidencia que fuera necesario utilizar el arma larga para disuadir o evitar una antijuricidad de carácter relevante, irremediable, inminente e impostergable para salvaguardar un bien jurídicamente tutelado haciendo uso de ese instrumento para herir al ciudadano”.

La Sala termina afirmando que “una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo–enemigo; izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo, el consenso y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho”.

Aceptando la tutela y disponiendo que se remita el expediente a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones correspondientes y que rindan informes mensuales a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá sobre el avance de las actividades desplegadas para el cumplimiento de los fines establecidos en la sentencia.

Toda una llamada de atención al Gobierno, con su presidente y su ministro de Defensa a la cabeza, y a sus fuerzas de seguridad para que respeten a la ciudadanía y sus derechos democráticos.

23 Sep 2020

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Amnistía Internacional denuncia las condiciones de los centros de cuarentena en El Salvador, Paraguay y Venezuela: sin comida, sin agua y sin información

Un informe de la entidad humanitaria indica que los tres países han trasladado a miles de personas a centros de cuarentena "sin garantías suficientes" en una política que afecta desproporcionadamente a personas migrantes y de bajos ingresos

 

Amnistía Internacional ha denunciado en un nuevo informe que las autoridades de Venezuela, El Salvador y Paraguay han trasladado a miles de personas a centros de cuarentena gestionados por el Estado "inadecuados" y "sin garantías suficientes frente a violaciones de derechos humanos". Esta política, señala la organización, afecta desproporcionadamente a comunidades de migrantes retornados y a personas de bajos ingresos. En el informe, titulado, 'Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas', la organización denuncia "condiciones insalubres y a veces inhumanas".

"Cuando los Estados confinan a decenas de miles de personas sin garantizar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la medida, las recluyen en condiciones terribles bajo supervisión militar o policial y las discriminan o usan la cuarentena como castigo, están convirtiendo una intervención de salud pública en una táctica represiva y punitiva", ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas

Cuando la cuarentena se lleva a cabo en instalaciones estatales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estipula que las personas internadas deberán estar en "habitaciones individuales espaciosas y con ventilación suficiente y baños incorporados" que permitan la higiene de manos e inodoros, o al menos habitaciones bien ventiladas y con espacio suficiente para mantener la distancia de seguridad. Además, el alojamiento debería incluir comida, agua e instalaciones de higiene y tratamiento médico. Sin embargo, Amnistía Internacional denuncia que en los tres países ha habido personas "en entornos antihigiénicos y no preparados" a veces "sin acceso a alimentos adecuados, agua apta para el consumo o electricidad".

El ejemplo "más inquietante de campaña de estigma y discriminación" llega de Venezuela, según el informe. "Altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro han utilizado en reiteradas ocasiones un lenguaje estigmatizador hacia los venezolanos y venezolanas que han retornado al país". Algunos de ellos, denuncia la organización, han llegado a calificar a las personas que han vuelto de Colombia de "armas biológicas" enviadas para infectar a la población venezolana.

A finales de agosto, 90.000 personas que no tuvieron otra opción más que regresar al país, han pasado por centros de cuarentena del Estado, según cifras oficiales del Gobierno recogidas por Amnistía Internacional. Para mediados de julio, se habían establecido aproximadamente 105 centros de cuarentena en los estados fronterizos. "Las condiciones en estos centros son tan inadecuadas que se podrían poder a las personas en riesgo de contagio en lugar de prevenirlo", sostiene el informe.

"En lugar de ofrecer condiciones y garantías adecuadas frente a violaciones de derechos humanos, las autoridades de Venezuela y El Salvador, en concreto, han convertido esta intervención de salud pública en una respuesta punitiva, que afecta de manera desproporcionada a las comunidades de ingresos bajos y a la población refugiada y migrante que vuelve a sus países de origen", dice Guevara Rosas.

A finales de agosto, el Gobierno salvadoreño tenía a más de 16.780 personas sometidas a cuarentena, entre ellas las acusadas de incumplir el confinamiento obligatorio nacional, las que volvían del extranjero y las sospechosas de haber estado en contacto con personas que habían dado positivo en la prueba de COVID-19. Tras múltiples recursos judiciales, la Sala Constitucional de la Corte Suprema declaró que las autoridades carecían de fundamento jurídico para recluir a personas en estos centros como forma de castigo.

Entre marzo y mayo, se presentaron ante el Procurador de Derechos Humanos de El Salvador 1.300 quejas relacionadas con las situaciones derivadas de la emergencia sanitaria. El ministro de Justicia y Seguridad Pública advirtió en abril que las personas que incumplieran el confinamiento nacional serían enviadas a un "centro de contención". El ministro llegó a afirmar que allí estarían "lejos de sus familias y corriendo el riesgo en estos centros de cuarentena de contraer inclusive el virus".

"Me gustaría olvidar todo esto, pero no puedo", dice Ana Cristina a Amnistía Internacional tras describir los 40 días que había pasado durmiendo en un colchón sucio tirado en el suelo del centro de cuarentena de El Salvador. Fue conducida allí a mediados de abril por unos agentes de policía que la acusaron de saltarse el confinamiento nacional cuando estaba comprando comida y medicamentos, actividad permitida y considerada esencial en el momento de su detención.

En Paraguay, por su parte, se establecieron 84 centros de cuarentena, la mayoría de ellos en almacenes y otros edificios públicos, como escuelas. "A finales de junio, las autoridades habían impuesto la cuarentena obligatoria a alrededor de 8.000 personas, en su mayoría paraguayos y paraguayas que trabajaban en el sector informal en la vecina Brasil que habían perdido su empleo tras la imposición de confinamientos por la COVID-19 y que habían regresado al país", sostiene el informe.

Una de esas personas fue Daniel, ciudadano paraguayo de 21 años que trabajaba en São Paulo, Brasil, en una fábrica de costura y que perdió su empleo con la pandemia. A principios de abril, viajó hasta la frontera con Paraguay con su pareja y su hijo de año y medio. Tras pasar una cuarentena de 46 días –su familia, de 15–, pudo marcharse. Aunque cuenta que no está en contra de las cuarentenas obligatorias y que incluso iría a trabajar como voluntario a un centro en el futuro, cree que las condiciones de los centros y, sobre todo, la comunicación y el acceso a la información, deben mejorar. 

En este sentido, la entidad ha constatado que las personas trasladadas a estos centros no tenían suficiente acceso a información sobre el tiempo que iban a permanecer allí ni sobre los criterios científicos que se aplicarían en un momento dado para decidir su alta de la cuarentena o el aislamiento.

Para la elaboración del informe, de 46 páginas, Amnistía Internacional ha examinado y verificado decenas de vídeos disponibles en redes sociales o enviados directamente a la organización, en su mayoría grabados por personas recluidas en centros de confinamiento obligatorio, incluidos almacenes, polideportivos y otras instalaciones, y en los que describen sus condiciones de alojamiento. Además, ha realizado 14 entrevistas telefónicas y se ha puesto en contacto con las autoridades pertinentes de los tres países, sin obtener respuesta de Venezuela ni El Salvador.

21 de septiembre de 2020 16:55h

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Políticos de todo el mundo exigen al Reino Unido la liberación de Assange 

Carta abierta contra la ilegalidad del juicio de extradición al fundador de WikiLeaks

El documento del colectivo Lawyers for Assange cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Kirchner, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y los expresidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y de Bolivia, Evo Morales Ayma, entre otros.

Más de un centenar de líderes políticos de todo el mundo exigen al gobierno de Reino Unido la inmediata liberación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien atraviesa un juicio de extradición en el tribunal londinense de Old Bailey. La carta abierta promovida por los juristas agrupados bajo el colectivo Lawyers for Assange cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Kirchner, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, los expresidentes de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, de Bolivia Evo Morales Ayma, de Ecuador Rafael Correa, de Uruguay Jose "Pepe" Mujica y de España José Luis Rodríguez Zapatero, además del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre otros. Todos expresaron sus "serias preocupaciones frente a las violaciones de los derechos fundamentales" de Assange y denunciaron la "ilegalidad" del proceso judicial.

"Les solicitamos, como representantes del gobierno británico, que actúen en conformidad con el derecho nacional e internacional, con los derechos humanos y con el estado de derecho, poniendo fin a los procedimientos de extradición en curso y otorgándole al Sr. Assange su derecho a estar libre de tortura, de detención arbitraria y persecución política", señala la carta dirigida al primer ministro británico, Boris Johnson, y a los responsables de Exteriores, Justicia e Interior.

Los juristas y los 167 políticos que firman el documento sostienen que la extradición de Assange al país norteamericano sería ilegal, entre otras razones por el riesgo a ser sometido a un "juicio injusto por la naturaleza política" de los presuntos delitos de los que se lo acusa, y por las dudas sobre el trato que podría recibir en prisión. En ese sentido, piden "permitirle acceder a un diagnóstico y tratamiento médico independientes en un entorno hospitalario apropiado". La iniciativa se suma a otras campañas promovidas para conseguir la liberación del periodista, quien se encuentra en prisión preventiva, entre ellas una de Amnistía Internacional en la que pide a Washington que retire sus cargos, que ya recolectó más de 400 mil firmas.

Assange, de 49 años, afronta desde este lunes en Londres la tercera semana de su juicio de extradición por las filtraciones del portal WikiLeaks, que expusieron, entre otros elementos, brutales crímenes de guerra cometidos en Irak y Afganistán y archivos sobre las detenciones extrajudiciales en la cárcel de Guantánamo. Además de cuestionar la legalidad del proceso, Lawyers for Assange denuncia que se puso en peligro el principio británico de "justicia abierta" y transparente al no permitir el acceso a la sala, aunque sea por vía remota, de observadores independientes como Amnistía Internacional y parlamentarios de distintos países. Si se habilita la extradición, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel.

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Lunes, 21 Septiembre 2020 05:53

Historia desobediente

El presidente Donald Trump denunció la semana pasada que el gran historiador Howard Zinn –junto con otros progresistas– tiene la culpa de "desorientar y engañar a generaciones de estudiantes al adoctrinarlos con nociones izquierdistas y antipatrióticas" y llamó a "defender el legado de la fundación de Estados Unidos y enseñar a nuestros hijos la verdad sobre nuestro país".Foto del sitio de Internet https://www.howardzinn.org

El gran historiador Howard Zinn sigue siendo peligroso para las cúpulas a una década de su muerte, tan peligroso que el presidente acusó que él –junto con otros historiadores, periodistas y educadores progresistas– tiene la culpa de desorientar y engañar a generaciones de estudiantes al adoctrinarlos con nociones izquierdistas y "antipatrióticas" (el macartismo nunca está lejos).

En su discurso el jueves pasado dentro del Museo de los Archivos Nacionales –donde están exhibidos los documentos originales de la Declaración de Independencia y la Constitución– Trump atacó una serie especial del New York Times llamado Proyecto 1619 (por el año en que llegaron los primeros esclavos africanos a estas tierras), y las obras de Zinn.

“Nuestra misión es defender el legado de la fundación de Estados Unidos... tenemos que sacar la telaraña de mentiras en nuestras escuelas y aulas, y enseñarle a nuestros hijos la verdad magnífica sobre nuestro país… y que son los ciudadanos de la nación más excepcional en la historia del mundo”, declaró Trump.

Acusó que "turbas izquierdistas" que han tumbado estatuas de "nuestros fundadores" están buscando "bulear a estadunidenses para que abandonen sus valores, su herencia y su misma forma de vida". Afirmó que “la revolución cultural izquierdista está diseñada para derrocar a la revolución americana”.

Denunció que las protestas y expresiones de disidencia por la justicia racial en las calles hoy día “son un resultado directo de décadas de adoctrinamiento de izquierda en nuestras escuelas… Nuestros niños reciben instrucción de textos de propaganda, como aquellos de Howard Zinn, que buscan que los estudiantes se avergüencen de su propia historia”.

Por todo esto, Trump declaró que firmará una orden ejecutiva para restaurar la "educación patriótica en nuestras escuelas". O sea, cualquier crítica de la historia oficial –incluidos esclavitud, racismo, actos antimigrantes, sexismo y más– será considerada "antipatriótica" por Trump y sus aliados.

Claro, con esta óptica, no se menciona que gran número de los fundadores y héroes oficiales del país eran dueños de esclavos, ni tampoco que realizaron guerras y prácticas genocidas contra indígenas y posteriormente contra otros pueblos mas allá de las fronteras, ni su represión política y laboral, sus políticas antimigrantes hasta el presente.

Zinn –quien era colaborador de La Jornada– insistía en contar la historia de este país desde abajo (su gran obra, Peoples History of the United States, sigue siendo el texto de historia más vendido en este país), no sólo para criticar la versión oficial, sino también para revelar y destacar quiénes eran los héroes reales desde el inicio hasta hoy día, los cuales incluyen los rebeldes populares a lo largo de la historia de este país, una historia en gran medida invisible en las escuelas y hasta universidades estadunidenses (https://www.howardzinn.org).

“Tú dices que nuestro problema es la desobediencia civil, pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema es la obediencia civil. Nuestro problema son el número de personas a través del mundo que han obedecido los dictados de los líderes de sus gobiernos y han ido a la guerra, y millones han muerto por esta obediencia... Nuestro problema es que la gente es obediente por todo el mundo frente a la pobreza y la hambruna y la estupidez y la guerra y la crueldad… Ese es nuestro problema”. Howard Zinn, mayo 1970.

Zinn es más peligroso que nunca ante un régimen que necesita borrar la historia real de su pueblo para imponer "la ley y el orden", sea, la obediencia civil, requisito para consolidar su proyecto de poder. La lucha por la conciencia histórica es parte esencial de la lucha por la democracia.

https://www.jornada.com.mx/ 2004/09/18/04091802.pdf

https://www.jornada.com.mx/ 2007/08/23/index.php?section=opinion&article=036a1mun

https://www.jornada.com.mx/ 2008/11/08/index.php?section=opinion&article=026a1mun

https://www.jornada.com.mx/ 2003/07/04/029a1mun.php?origen=index.html&fly=2

https://www.democracynow.org/shows/2006/ 2/20?autostart=true

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Noam Chomsky: "Hay riesgos inminentes de una guerra civil en Estados Unidos"

La conferencia del lingüista en la Internacional Progresista

En el marco del encuentro virtual de la Internacional Progresista, dijo que este es un momento "difícil", ya que combina la amenaza de una guerra nuclear, la catástrofe ecológica, la pandemia y la destrucción de la democracia. Pero a su vez está "lleno de esperanza para un mejor futuro".

 

El actual es un momento "notable, único, importante", describió Noam Chomsky. "Difícil" pero a la vez "lleno de esperanza para un mejor futuro". Es un momento de "confluencia de distintas crisis muy fuertes" y sin fronteras: "catástrofes ambientales, amenaza de una guerra nuclear, la pandemia, destrucción de la democracia". El lingüista advirtió, además, sobre un "riesgo inminente" de guerra civil en Estados Unidos

Chomsky brindó la conferencia magistral "Internacionalismo o extinción" en el marco de la primera cumbre (virtual) de la Internacional Progresista, que emergió en mayo para unir, organizar y movilizar a las fuerzas progresistas en un frente común y así frenar el avance de la derecha en el mundo.

"La Internacional Progresista (IP) tiene un papel crucial para determinar qué curso va a seguir la historia. La vida humana está en peligro directo y los grandes poderes imperialistas del momento están enfrentándose. El poder británico se está saliendo de Europa, volviéndose más un satélite de Estados Unidos de lo que ya era. Para la significación del futuro es importante ver qué pasa en la hegemonía global, disminuida por los delirios de Trump, pero con el poder y las ventajas militares de Estados Unidos", reflexionó el pensador de 91 años.

Cerca de la medianoche

"Una posible reelección de Trump sería una crisis final, terminal, que puede tener consecuencias muy serias. Hay otras crisis también: son las que hacen que le falten cinco a la medianoche. A la extinción. Hace 75 años vivimos debajo de este reloj que hace tic-tac", deslizó Chomsky. Al momento del lanzamiento de la bomba atómica se creía que la inteligencia humana había llegado al punto de "tener la capacidad de destrucción total de su especie". Todavía no se sabía que, más tarde, "iba a destruir el medio ambiente de esta manera, que ahora nos acerca a un punto final". A su vez, cada año de Trump en el poder también significa estar más cerca de la medianoche.

En tiempos de Covid-19 confluyen "las mismas crisis de siempre", a las que la pandemia se suma: la amenaza de una guerra nuclear, la catástrofe ecológica, la destrucción de la democracia. "Podría parecer fuera de lugar el tema de la democracia. No lo es. Es ese desmoronamiento el que permite las otras dos amenazas de exterminación. Los ciudadanos informados, comprometidos en un proceso democrático real, no dejarían que pasen estas otras dos amenazas", explicó. 

"Estas tres amenazas han ido en aumento gracias a las políticas de Trump. Ha ido desmoronando las políticas de control de las armas y desarrollado armas más peligrosas; ha disminuido las protecciones contra las amenazas de una guerra nuclear. Se ha dedicado a destruir el medio ambiente y cualquier sustento de la vida. Ha abierto los últimos lugares protegidos contra la explotación petrolera, por ejemplo." En síntesis, el presidente de Estados Unidos lleva adelante "políticas sistemáticas de desmantelamiento de las políticas de regulación para proteger al medio ambiente y a las poblaciones de las contaminaciones tóxicas ante la explotación petrolera de la energía fósil".

En la charla, Chomsky definió desde un principio el rol de la Internacional Progresista en este complejo panorama mundial: "No entremos en pánico ahora y actuemos en función de esto. Las crisis que estamos enfrentando en este momento único son internacionales. Las catástrofes ambientales, la guerra nuclear, la pandemia... no tienen frontera ninguno de estos peligros. Puede haber diferencias entre países, pero hay troncos comunes".

Riesgos de una guerra civil en Estados Unidos

En otro pasaje, cuestionó el hecho de que Trump otorgue cargos en el gobierno sin aprobación del Senado, a los que "va cambiando para que estén dispuestos" a seguir su voluntad. "No hay voces independientes. El Congreso había establecido hace mucho tiempo que un inspector general monitoree el trabajo de la rama ejecutiva, pero viendo la corrupción que ha dejado Trump en Washington podemos ver claramente que no está funcionando", criticó. "Trump empezó a decir que si no le gusta el resultado de las elecciones no va a dejar su puesto. Es una amenaza directa", alertó.

Si bien "la jefatura militar publicó una carta en la que recordó su deber constitucional de sacar del poder a un presidente que no quisiera dejarlo", hay que tener en cuenta a las unidades paramilitares que "se han ido repartiendo en el país para asustar a la población". "En ausencia de una victoria de Trump muy clara hay riesgos inminentes de guerra civil. Son palabras fuertes, que no habíamos escuchado nunca en voces públicas. No lo digo yo; lo dicen otras personas. Mucha gente tiene ese miedo. Nada de este estilo había pasado en la compleja historia de la democracia parlamentaria. La megalomanía que domina el mundo, la de Trump, para él ya no es suficiente. Podría no respetar la Constitución y hacer lo que él llama 'negociar' para un tercer mandato."

El filósofo señaló que "la agenda de Trump para los ricos va más allá del neoliberalismo". Los expertos en políticas fiscales han detectado que por primera vez en los últimos siglos los billonarios pagan menos impuestos que los trabajadores, lo cual les implica "una gran victoria dentro de la guerra de clase". "Eso se llama tener la hegemonía", sentenció.

Las dos internacionales

El neoliberalismo trajo concentración de la riqueza, estancamiento para la mayoría de la población y riesgos para la democracia, aparte de otras consecuencias mundiales "no sorpresivas", como "elresentimiento y el descontento" hacia las instituciones políticas y económicas. "Todo esto ha abierto un espacio para los demagogos, que pretenden ser los salvadores, mientras le echan la culpa a chivos expiatorios como China. Es el mundo en que estamos viviendo. Por eso estamos en estas crisis", analizó, luego de un repaso histórico en torno a los orígenes de la ideología neoliberal y su parentesco con el fascismo.

En este contexto, la Internacional Progresista apareció para oponerse a la "otra internacional", la reaccionaria, encabezada por Trump, y de la que también forman parte Jair Bolsonaro, en Brasil; "los dictadores del Golfo"; Abdel Fatah al Sisie en Egipto y Benjamin Netanyahu en Israel en Medio Oriente; Narendra Modi en India y Viktor Orban en Europa. 

Dos internacionales dividen al mundo. Una es de los Estados. La otra, de los movimientos populares. "Cada una es una representación de la fuerzas sociales en juego. Son una imagen de los mundos que podrían emerger despues de la pandemia. Una quiere construir una versión aún más dura del neoliberalismo, aumentar la vigilancia y el control; la otra está buscando cómo construir un mundo en paz y justo, con un buen manejo de los recursos dedicados a servir a los intereses de los seres humanos, en vez de a los de una minoría. A nivel global podemos ver estas interacciones: no es una exageración decir que el futuro de la experiencia humana depende del resultado de esta batalla que se está dando en este momento."

El optimismo de la voluntad

La conferencia continuó con una mesa redonda con participación de la escritora y activista keniana Nanjala Nyabola, el activista y filósofo afroestadounidense Cornel West y el diputado laborista John McDonnell.

La de West --también actor de films como Matrix recargado-- fue una intervención bella, poética. Sumó un factor más a la confluencia de crisis. Una crisis "de la imaginación". Hay que dar, entonces, una lucha "intelectual e ideológica". "Puede haber una crisis nuclear mañana, o una catástrofe económica y ecológica, pero hay también una catástrofe cívica: la gente no puede ni imaginar lo que se parecería a una vida pública vibrante y viva", expresó el filósofo, e instó a recuperar valores perdidos: integridad intelectual, decencia, honestidad. "Lo mejor de la especie humana es el amor, la felicidad, el juego, la comunidad. Hay que alimentar una rebeldía colectiva para abrir mundos posibles."

Haciéndose eco de lo planteado por los integrantes de la mesa, Chomsky se refirió a las "cualidades humanas" que emergieron en la pandemia, como la "ayuda mutua". Se hace más fuerte allí donde las personas están más oprimidas y son más pobres. "Se juntan para ayudarse y conseguir comida, mucho más que la gente estancada en sus departamentos. Por ejemplo en Brasil, en las favelas. No tienen acceso a nada. El gobierno no ha hecho nada. Pero se están organizando y tienen sistemas de apoyo mutuo. ¿Quién lo empezó? Las bandas criminales de estos barrios. Transformaron su misión para organizar la ayuda mutua", destacó.

Gramsci apareció varias veces en la conversación: "Estamos viviendo en la edad de los monstruos cuando el nuevo mundo todavía no ha emergido", propuso el pensador, quien instó a mantener el pesimismo intelectual pero, también, el optimismo de la voluntad. "El movimiento de Black Lives Matter no salió de la nada. Ha sido un proceso de conciencia creciente durante muchos años. A la fecha es el movimiento social más grande de la historia de Estados Unidos, más que el de Luther King. Además es internacional. Los blancos y los negros juntos, luchando con ideas muy importantes. No sólo contra el asesinato de la Policía a los afroamericanos sino con ideas de cómo luchar contra el racismo y la opresión de clase.La IP se enfoca en estos temas para sacarnos de la edad de los monstruos y dejarnos entrar en un mundo de justicia", dijo.

Finalmente, llamó a la sociedad a deshacerse de la industria de la energía fósil: "No la necesitamos". Para él debería quedar en manos de la clase trabajadora y funcionar en base a "programas sostenibles". "El banco mundial debería ser un banco público. Estamos cerca de esto a medida que la conciencia va cambiando. Hace diez años, después de la crisis de 2008 de las viviendas, Obama básicamente ha nacionalizado la industria automotriz. Si les devolvemos esa industria a los poderes van a seguir haciendo lo que siempre han hecho. Podríamos entregarla a las comunidades y a la fuerza trabajadora", sugirió. Y concluyó: "Hace menos de 100 años la gente tenía en claro que las relaciones laborales de las fábricas eran intolerables. El Nuevo Acuerdo Verde tiene que tener eso en su centro".

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Paul Seils

 

 

El experto es uno de los tres autores del informe de la misión de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos que acusa al presidente Maduro y a sus ministros de planificar y ejecutar operaciones de represión política y "limpieza social"

 

Hace un año, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ordenó la creación de una misión internacional de investigación para estudiar posibles violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno de Venezuela a partir del año 2014. Paul Seils es uno de los tres miembros de ese equipo, que presentó este miércoles su informe final de más de 400 páginas. En este documento –elaborado a partir de 274 entrevistas, documentos confidenciales y fuentes públicas– los autores acusan directamente al Gobierno de Maduro de contribuir a la comisión de crímenes contra la humanidad, en concreto de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas.

Seils es miembro del European Institute of Peace y lleva años especializado en casos de derechos humanos. Ha sido jefe de análisis de situación en la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, jefe de análisis en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, director de la unidad de Estado de derecho en la Oficina del alto Comisionado de Derechos Humanos y vicepresidente del International Center for Transitional Justice.

El Gobierno de Venezuela rechazó desde el primer momento la configuración del equipo de investigación diciendo que era un ejemplo del uso político del Consejo de Derechos Humanos. Ahora que el informe está publicado, el Ejecutivo denuncia que no es riguroso y que está plagado de falsedades. ¿Cuál es su reacción a estas acusaciones?

Primero, lamentamos totalmente la falta de cooperación por parte del Estado de Venezuela durante el trabajo de la misión, pero siempre han tenido la oportunidad de hacerlo. Al inicio del trabajo les invitamos a colaborar, a hablar sobre la misión, sobre el mandato… y nunca respondieron. Durante el trabajo también enviamos varias cartas que quedaron sin respuesta. También les dimos la oportunidad de contestar y responder a las conclusiones, pero nunca respondieron. 

Es bastante común que los gobiernos de estados donde hay misiones de determinación de hechos o comisiones de investigación no cooperen. Yo he trabajado en otras antes y he visto la misma historia. He trabajado gran parte de mi vida profesional investigando y llevando casos en Guatemala contra el Ejército en materia de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo indígena durante la guerra civil. Durante todo ese tiempo, por supuesto, el Gobierno y el Ejército nos acusaban de ser comunistas. 

Hay que tomarlo en serio, pero uno tiene que entender lo que es; y es una crítica bastante común y sin fundamento. Realmente es un refugio y no es un análisis serio del trabajo.

¿Esta falta de cooperación ha influido en los resultados de la investigación?

Bueno, uno tiene que decir honestamente que por supuesto que cualquier investigación va a ser más rica si tiene información de la gente que parece ser la responsable de las violaciones y los crímenes que estamos investigando. Claro que ayudaría, pero eso no implica que dañe las conclusiones.

Nosotros teníamos que llegar a lo que llamamos un estándar de prueba, un umbral. Ese umbral es que tenemos que establecer motivos razonables para concluir algo. Esto, obviamente, no es el mismo nivel de una condena ante un tribunal penal. No es el mismo grado de certeza porque no tenemos que comprobar de la misma forma. Estamos estableciendo algo a otro nivel. En este sentido, las conclusiones son absolutamente estables y firmes y tenemos un alto nivel de confianza en ellas. 

Volviendo al tema de la responsabilidad penal que mencionaba antes, ¿cree que hay alguna posibilidad de que estas acusaciones lleguen a algún tipo de tribunal nacional o internacional?

Bueno, en términos ideales, lo que en mi opinión debe pasar son dos cosas. Primero, que el Gobierno cese las violaciones. Este es un mensaje fundamental. Uno puede acusar a la misión de ser un abuso político del Consejo de Derechos Humanos y muchas otras cosas, pero nadie en su sano juicio va a dudar por ejemplo de que hay abusos y torturas ocurriendo de forma común en las instalaciones de los servicios de inteligencia.

Segundo: investigar e iniciar casos contra los responsables a nivel nacional. Ese sería el mensaje más fuerte y más honesto de que el Estado se está tomando en serio sus obligaciones. 

Esto sería lo ideal, pero en términos del mundo real, hasta ahora no hay indicios muy positivos de que el sistema de justicia vaya a cumplir con sus responsabilidades. Si eso no ocurre y si no llevan a cabo las investigaciones, por supuesto que otras instituciones que tienen el mandato de hacerlo pueden hacerlo y esperamos que lo hagan. Eso incluye, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional que está obviamente examinando esa posibilidad ahora mismo.

El informe apunta a lo más alto del Gobierno. ¿Qué les hace pensar como investigadores que el presidente y los ministros de Defensa e Interior contribuyeron a la comisión de esos crímenes?

Básicamente lo que dice el informe es que identificamos dos planes o dos políticas a nivel del Gobierno. Un plan tiene que ver con la represión de la oposición política y la otra política tiene que ver con lo que llamaríamos, en términos vulgares, limpieza social, es decir, una política donde hubo ejecuciones extrajudiciales de gente identificada por agencias del Estado como criminales o vinculados con criminales. Es decir, es una manifestación de lo que hemos visto varias veces en América Latina, especialmente en los años 70 y 80 del siglo pasado. 

Gran cantidad de personas han sido asesinadas en el marco de esta limpieza social en situaciones donde era obvio e imprescindible que existiera un alto nivel de planificación, de logística, de comunicación y de recursos humanos. Toda la información que tenemos es que durante los años que estamos investigando, es decir, desde 2014, funcionaba totalmente la cadena de mando, los sistemas de comunicación y la disciplina interna de las fuerzas públicas. Esto lo sabemos no solo de inferencias objetivas, sino también de gente que trabajaba dentro de estos sistemas. En términos concretos, tenemos algunos indicios específicos donde el presidente o el ministro estaban presentes durante las discusiones de varias operaciones específicas. 

A ello se suman declaraciones públicas donde el mismo presidente y los ministros indicados admiten que aprobaban y apoyaban lo que estaba pasando. Por ejemplo, si tomamos la declaración del presidente muy poco después de una petición de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde pedía básicamente el desmantelamiento de FAES (Fuerzas de Acción Especial), al día siguiente el presidente dijo ‘¡viva las FAES!’. Es decir, hubo una intención de apoyar y él sabía lo que estaba pasando. 

En primer lugar, las autoridades políticas conocieron, apoyaron, dirigieron y planificaron. En segundo lugar: nunca hicieron nada para prevenirlo. Esa es la responsabilidad del presidente y de los ministros indicados.

El informe habla de patrones de comportamiento que les hacen pensar que hay un plan coordinado en cuanto a estos crímenes. ¿Podría especificar o detallar alguno de esos patrones? 

La forma en que la misión ha investigado se divide en la identificación de tres contextos: el primero es la represión de la oposición política, otro tiene que ver con las operaciones de seguridad, que es básicamente la limpieza social, y el tercero hace referencia a las protestas políticas. En cada uno de esos contextos investigamos patrones de conducta.

Por ejemplo, en la represión política, vemos primero la práctica de detención arbitraria. Gente arrestada sin orden judicial, gente mantenida incomunicada, pero más preocupante todavía es un patrón de tortura más o menos sistemático, especialmente desde 2018.

En cuanto a la limpieza social, el patrón de conducta tiene que ver con la sistemática ejecución extrajudicial de personas. Lo que vemos en varias operaciones es más o menos el mismo modus operandi –lo hemos visto en muchos otros países de América Latina–: el grupo entra, normalmente a las primera horas de la mañana, cierra la entrada y la salida de la comunidad y dividen a la gente, por ejemplo mandan a otro lugar a las mujeres y niños. Dentro de la casa, en muchos de los casos que investigamos, hubo un montaje de pruebas. Por ejemplo, antes de matar a la persona que habían detenido, dispararon contra la pared para que pareciese que hubo un intercambio de fuego o que el detenido intentaba salir. Y esto no ocurre una o dos veces, sino muchas.

Lo mismo pasa con las protestas. Es cierto que hubo matanzas y posiblemente ejecuciones arbitrarias en el contexto de las protestas, pero tal vez lo más sistemático y más planificado fue la tortura de personas detenidas. Lo que hay que recordar aquí es que estamos hablando de gente ejerciendo sus derechos democráticos, no importa si estamos de acuerdo con el Gobierno o contra el Gobierno, esto no tiene nada que ver. Puede ser que estén violando el derecho nacional en cuanto a asamblea y en cuanto a no tener la autorización necesaria para manifestarse, pero tenemos información absolutamente clara de un patrón de tortura. Estamos hablando de cosas serias como descargas eléctricas, violación sexual… que ocurren en los edificios centrales de instituciones de inteligencia y policía. No está ocurriendo en algún rincón secreto y desconocido. 

Asociaciones de víctimas de la violencia cometida por fuerzas de la oposición han afirmado en el pasado que sus voces no han sido escuchadas ¿Es consciente de estas demandas? 

Suena como una respuesta muy elegante, pero uno debe tomar seriamente el mandato que tenemos, y ese mandato es investigar violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado.

En términos normales, si no estamos hablando de una guerra civil o un conflicto donde combatientes han tomado control de un territorio donde pueden ejercer funciones del Estado, no pueden asumir responsabilidades como si fuera el Estado, es decir, deberes como garantes de derechos humanos. En Venezuela hasta la fecha no estamos en esas condiciones. Es cierto que lo que tenemos en algunos casos son asaltos o ataques por parte de gente de la oposición, pero este no es el mandato de la misión. El mandato es investigar las violaciones de ejecución extrajudicial, detención arbitraria, tortura y desaparición forzada. Todo eso tiene que ver con los deberes del Estado. 

¿Cuál es el objetivo del Gobierno en relación a estos crímenes sistemáticos?

Las dos políticas nos parecen bastante claras. La primera es reprimir o callar a la oposición política y la segunda es reducir el problema grave de criminalidad de manera que, en nuestra opinión, viola totalmente sus deberes internos de garantizar el derecho a la vida y el debido proceso.

¿Cree que los indultos políticos como los que vimos el 31 de agosto son una forma de desescalar el conflicto social en Venezuela?

Bueno, hay varias interpretaciones posibles. Lo que yo diría es que tiene que ser bienvenido cualquier paso positivo. Aunque la misión no debe meterse en asuntos políticos, si las condiciones de derechos humanos de algunas personas mejoran, lo celebramos. Y esperamos además que se amplíe rápidamente esta práctica hasta que todos sean liberados. Si es posible para un grupo limitado, debe ser posible para un grupo mucho más amplio.

Segundo, en cuanto a los motivos detrás de ello, uno puede pensar en varias cosas, pero no podemos decir mucho. Lo que digo es que demuestra que el Estado tiene un control de los hechos, sabe lo que está haciendo y no está sorprendido. Por eso espero que amplíe esa medida. Pero sobre todo, espero que también demuestre un cambio de actitud y la decisión fundamental de parar las violaciones.

¿Hay algo que le haya impresionado o afectado especialmente durante la investigación?

Es difícil, pero para mí, que he trabajado varios años en Guatemala, lamento que décadas después de lo que ocurrió en América Latina durante los 70 y 80 –especialmente a manos de dictaduras derechistas, aunque no me importa si son de izquierdas o de derechas– estemos viendo algo tan grave en términos de violaciones sistemáticas de derechos humanos por un Gobierno en la región. No digo que sea igual o parecido. Es triste que no hayamos logrado llegar a una etapa donde se enfrenten problemas políticos sin esta clase de violaciones.

Por Javier Biosca Azcoiti

17 de septiembre de 2020 23:04h

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Jueves, 17 Septiembre 2020 06:15

"Que grite la economía"

"Que grite la economía"

Génesis y legado del golpe de Estado ordenado por Nixon y patrocinado por la CIA en Chile

El 3 de septiembre de 1970, durante una reunión de 30 minutos en la Oficina Oval, entre las 3:25 y las 3:45 de la tarde, el presidente Richard Nixon ordenó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) promover un golpe militar en Chile. Según notas manuscritas tomadas por el director de la agencia, Richard Helms, Nixon giró órdenes para evitar que el nuevo presidente de Chile, Salvador Allende, tomara posesión de su cargo en noviembre… o crear condiciones para derrocarlo en caso de que asumiera la presidencia.

"Una probabilidad de una en 10, quizá, pero salven a Chile." "No importan los riesgos". Helms garrapateaba sus notas mientras el presidente exigía un cambio de régimen en la nación sudamericana, que se había convertido en la primera en el mundo en elegir libremente a un candidato socialista. “Trabajo de tiempo completo… los mejores hombres que tengamos”. "Que grite la economía".

Escrito en una semana como ésta, hace 50 años, el crítico memorando de Helms sobre la conversación con Nixon continúa siendo el único registro conocido de la orden de un presidente estadunidense de derrocar a un líder extranjero electo democráticamente. Desde que desclasificó el documento, en 1975, como parte de una investigación del Senado sobre las operaciones encubiertas de la CIA en Chile y otras partes, las notas de Helms se han vuelto la representación de la intervención estadunidense en Chile, y un símbolo de la arrogancia hegemónica de Washington hacia naciones más pequeñas, en particular en América Latina.

¿Cómo llegó un presidente estadunidense, dotado de poderes imperiales, a ordenar un cambio encubierto de régimen en otra nación? La desclasificación, en fecha más reciente, de cientos de documentos etiquetados como top secret sobre el papel de la CIA en Chile proporciona componentes críticos de tan siniestra y sórdida historia. Éstas son las principales revelaciones:

– Funcionarios estadunidenses comenzaron a explorar en secreto un golpe militar como parte de los planes de contingencia ante una posible victoria de Allende desde un mes antes de que los chilenos acudieran a las urnas, el 4 de septiembre de 1970. Una "revisión urgente" solicitada por Nixon sobre los intereses y opciones en Chile, conocida como Estudio de Seguridad Nacional Memorando 97, contenía un anexo ultrasecreto titulado "Opción extrema: derrocar a Allende". Presentado por la CIA a principios de agosto de 1970, el anexo mencionaba las presunciones, ventajas y desventajas de un golpe militar si Allende resultaba electo.

– El 8 de septiembre de 1970, apenas cuatro días después de la estrecha victoria de Salvador Allende, el "Comité de los 40", que supervisaba las operaciones encubiertas estadunidenses, se reunió para abordar el caso de Chile. Al final de la reunión, el presidente del comité, Henry Kissinger, solicitó una "evaluación a sangre fría" de los "pros y los contras, los problemas y perspectivas implicados si se organizara ahora un golpe militar en Chile con asistencia de Estados Unidos". Al día siguiente, el cuartel general de la CIA envió instrucciones a su jefe de estación en Santiago para emprender “la tarea organizacional de entablar contactos directos con los militares chilenos… que puedan utilizarse para estimular un "golpe" (en español en el original) en caso de que se tome una decisión en ese sentido”.

– El jefe de estación de la CIA, Henry Hecksher, junto con el embajador estadunidense, Edward Korry, objetó esas instrucciones por considerarlas imprácticas e improbables. Un número significativo de funcionarios de la CIA, la embajada estadunidense y del Departamento de Estado se oponían a los planes de una intervención estadunidense por juzgarla poco realista, destinada al fracaso y peligrosa desde el punto de vista diplomático.

"Lo que proponemos es una flagrante violación de nuestros principios y dogmas políticos", advirtió Vaky a Kissinger en un memorando secreto el 14 de septiembre de 1970. "Si esos principios tienen algún significado, normalmente sólo nos apartamos de ellos para enfrentar graves amenazas a nosotros, es decir, a nuestra supervivencia. ¿Es Allende una amenaza mortal para Estados Unidos? Es difícil argumentarlo".

– Kissinger, el director de la CIA Helms y, sobre todo, el presidente Nixon rechazaron estos argumentos. Durante la reunión del 15 de septiembre de 1970 con Helms, a la que también asistió Kissinger, Nixon expresó que no le preocupaban los "riesgos implicados" al fomentar un golpe. El presidente estadunidense parecía tomar la elección de Allende como un insulto a Estados Unidos. "Ese hijo de puta, ese Allende hijo de puta", exclamó Nixon en una reunión posterior con Korry en la Oficina Oval. "Vamos a aplastarlo".

La directiva de Richard Nixon a Helms puso en marcha la más infame serie de actos en los anales de la política exterior estadunidense. Para instigar un golpe, la CIA se enfocó en proveer armas, fondos e incluso pólizas de seguro de vida a los operativos militares para remover al comandante en jefe de las fuerzas armadas chilenas, general René Schneider, quien se oponía a un golpe.

Asimismo, el esfuerzo clandestino de la CIA por bloquear la toma de posesión de Allende evolucionó en una extensa campaña para desestabilizar a Chile y crear un "clima golpista" que provocó la toma militar del poder encabezada por el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Un año después, cuando la historia de la intervención estadunidense en Chile apareció en la primera plana del New York Times, la exposición generó uno de los mayores escándalos internacionales del siglo XX, y dejó un legado de política exterior estadunidense envenenada que continúa persiguiendo a Chile, a Estados Unidos y al resto del mundo hoy en día.

Versión reducida. La completa puede consultarse en https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/16/que-grite-la-economia-peter-kornbluh-4109.html

* Analista senior del Archivo de Seguridad Nacional en Washington y autor de Pinochet: los archivos secretos

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Misión de la ONU constata violaciones de DDHH en Venezuela y responsabiliza a funcionarios del Gobierno de crímenes de lesa humanidad

"Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes"

16-09-20.- El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó hoy que funcionarios del Estado venezolano, han cometido "violaciones flagrantes" de Derechos Humanos, altamente coordinadas con políticas del Estado, lo cual constituye crímenes de lesa humanidad, según un primer informe de la Misión Internacional encargada de investigar la situación de Derechos Humanos en Venezuela.

La investigación constató que el Gobierno venezolano, funcionarios estatales y grupos que trabajaban con ellos, han cometido "violaciones flagrantes de los Derechos Humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad," reza un comunicado de prensa emitido por el Consejo de DD.HH. de la ONU.

La Misión, cuyo reporte cubre el periodo desde 2014 hasta ahora, investigó 223 casos, de los cuales 48 fueron exhaustivos, y examinó otros 2.891 casos de froma parcial para corroborar los patrones de violaciones y crímenes, y pudo constatar evidencias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones y torturas por motivos políticos, violaciones de DDHH durante protestas, así como una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho.

El informe responsabiliza a altos personeros el gobierno venezolano, incluyendo al Presidente Nicolás Maduro y varios de sus ministros. "La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes," reza el comunicado.

El informe ofrece amplia información "que demuestra que las autoridades del Estado, tanto a nivel presidencial como ministerial, ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados".

"La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el Presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe", se señala en las conclusiones de la investigación.

Las graves violaciones de los Derechos Humanos denunciadas, fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).

También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.

Los investigadores han recogido evidencias de que, a pesar de que las autoridades -desde los responsables de las entidades involucradas hasta políticos- tenían conocimiento de los crímenes que se han cometido desde 2014 hasta ahora, incluso ayudaron a que se cometieran con las políticas y planes que adoptaban.

"Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes", denuncia el informe, que será presentado la próxima semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Cabe mencionar que el pasado 14 de septiembre el Gobierno de Venezuela renovó su acuerdo de cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, y aceptado que sus funcionarios en el país tengan una mayor autonomía jurídica a lo que Bachelet valoró como "un salto cualitativo" en la colaboración con las autoridades.

A continuación, el comunicado de prensa de la ONU:

 

Venezuela: Informe de la ONU insta a la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad

 

El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza, dijo la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su primer informe, publicado hoy.

La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.

"La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad," dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

"Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno."

Ejecuciones extrajudiciales

Incluso estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.

Los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros. En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos fueron saqueados.

Ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas de mano dura, el Gobierno relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) antes de eliminarlas gradualmente a mediados de 2017.

Sin embargo, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) – fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.

Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular "enfrentamientos", un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar "semillas". Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales "luz verde para matar". Un video de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a "matar criminales sin compasión".

También asesinaron a civiles tras la aplicación de un plan militar. Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una masacre después de que los soldados detuvieran arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes – dos tenían balas que les perforaban el cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos.

La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.

"Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen," dijo Marta Valiñas.

Las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas.

Detención y tortura por motivos políticos

La Misión también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en "casas seguras" no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso.

Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del SEBIN dijo a la Misión que la institución tenía un "comportamiento cultural" de tortura.

Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

"Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante," dijo Francisco Cox.

El ex capitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo murió después de ser torturado bajo la custodia de la DGCIM y al menos dos personas murieron también bajo la custodia del SEBIN.

"Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro" dijo Francisco Cox.

"Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados."

Violaciones relacionadas con las protestas

La Misión también documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, especialmente en 2014, 2017 y 2019. Esto incluye el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución.

Las autoridades estatales tampoco intervinieron en por lo menos siete casos en que los manifestantes fueron asesinados por grupos civiles armados conocidos como colectivos. Esto se produjo en medio de la creciente dependencia del Gobierno de la coordinación militar-civil para mantener el orden público en los últimos años.

"La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta," dijo Paul Seils.

"Preocupa especialmente la práctica sistemática de la tortura y los tratos crueles a las personas detenidas en las protestas, no por elementos deshonestos, sino como parte de una política clara."

Un poder judicial comprometido

Las violaciones que la Misión investigó se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela.

El poder judicial de Venezuela no sirvió para controlar a otros agentes del Estado. Es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial.

"Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido," dijo Marta Valiñas.

"Otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó."

 

Por: Aporrea | Miércoles, 16/09/2020 01:29 PM |

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n fotoperiodista cubre las protestas y disturbios raciales en Portlan, Oregón, EEUU.-REUTERS/Carlos Barria

La UNESCO alerta en su último informe de una preocupante tendencia de la que responsabiliza a dirigentes políticos, policía y fuerzas de seguridad. Señalamientos, agresiones, detenciones, secuestros y uso de munición real y no letal son los aspectos más preocupantes para la organización.

 

Desde 2015 hasta junio de 2020, 125 periodistas han sido atacados o arrestados cuando realizaban su trabajo cubriendo protestas en 65 países del mundo, y al menos diez profesionales fueron asesinados, según el último informe de la UNESCO titulado "Seguridad de los periodistas que cubren protestas: preservar la libertad de prensa en tiempos de disturbios".

En el estudio, basado en documentación "confiable" de organismos asociados, informes de prensa y de las oficinas de la institución, se alerta de una "clara tendencia creciente en el número de ataques sufridos por los periodistas que cubren protestas". Concretamente, 15 de estas detenciones o ataques ocurrieron en 2015, 16 en 2016, 21 en 2017, 20 en 2018, 32 en 2019 y 21 solo en la primera mitad de 2020.

A tenor de los resultados en su investigación sobre la salud de la libertad de expresión, prensa e información, la organización  ha concluido que los líderes políticos y sociales de los Estados "deben evitar hacer declaraciones que puedan contribuir a generar un ambiente de hostilidad e intolerancia contra la prensa que pueda traducirse en ataques físicos de civiles a los periodistas", tal y como ya han advertido las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Policía y fuerzas de seguridad, principales responsables

El estudio concluye que "la mayoría de los ataques fueron realizados por la policía y las fuerzas de seguridad" al utilizar munición tanto letal como no letal. Desde balas de goma hasta balas de pimienta, que han provocado lesiones a decenas de reporteros, entre los que varios han perdido la visión de un ojo—; o nuevos proyectiles como flash balls (bolas de caucho o espuma condensada que impactan a gran velocidad) o butterfly bullets (balas expansivas, diseñadas para producir una pequeña descarga o desplegar una metralla tras el impacto), que causaron daño a un alto número de periodistas.

"Cientos de periodistas fueron acosados, golpeados, intimidados, arrestados,vigilados y secuestrados en todo el mundo"

Otros trabajadores de la información resultaron heridos, algunos de gravedad, por disparos de munición real efectuados por la policía, que también arrestó, golpeó y, en algunos casos, humilló a los periodistas, obligándolos, por ejemplo, a quitarse la camisa y tirarse al suelo mientras les pegaban y les realizaban preguntas humillantes, destaca el informe. Al menos 15 periodistas sufrieron graves lesiones por el uso de munición viva o balas letales durante el período analizado.

"Cientos de periodistas fueron acosados, golpeados, intimidados, arrestados,
vigilados y secuestrados en todo el mundo, además de haber sufrido la destrucción de sus equipos mientras intentaban cubrir protestas. Otros fueron incomunicados, humillados, asfixiados y recibieron disparos, tanto de munición no letal como de munición viva", especifica la UNESCO.

Su directora general, Audrey Azoulay, recuerda que "la tarea de los periodistas es esencial para informar y dar a conocer al público los movimientos de las manifestaciones", y pide a la comunidad internacional a todas las autoridades
competentes que "garanticen el respeto de estos derechos fundamentales".

Periodistas detenidos y factores de género

Las detenciones policiales se produjeron en países de Asia, África Subsahariana, América del Norte, Europa, América Latina, África septentrional y Oriente Medio. "Algunos de estos arrestos fueron temporales y, o bien no se presentaron cargos, o fueron desestimados por las autoridades", afirma el informe, mientras que en algunas ocasiones los periodistas sufrieron arrestos individuales o en grupo.

En EEUU, Europa y Oriente Medio, algunos reporteros han sido acusados ante la justicia penal por cubrir protestas presuntamente ilegales o contra el gobierno de turno por corrupción o la aprobación de medidas económicas leoninas o contra abusos policiales.

El documento destacada además la irrupción de factores de género, ya que en los últimos años se han registrado varios casos de mujeres periodistas víctimas de violencia a manos de las fuerzas de seguridad o de los manifestantes. En los peores casos, afirma la UNESCO, las profesionales "fueron perseguidas de forma deliberada y atacadas debido a su género".

Destaca el caso de una periodista francesa cuyo coche fue rodeado por los manifestantes, que amenazaron con violarla, durante una protesta de los chalecos Amarillos. En otra ocasión documentada por la UNESCO, dos mujeres periodistas y un colega fueron arrestados por las fuerzas de seguridad, pese a exhibir sus credenciales, "con la excusa de que habían violado una orden de toque de queda" y, una vez detenidas, "las mujeres habrían sido obligadas a desnudarse y fueron humilladas por los oficiales", quienes hoy enfrentan una denuncia por violencia sexual. Otro caso destacable es el de una periodista que fue agredida por manifestantes, llegando a arrancarle la ropa.

Al mismo tiempo, la ola de protestas raciales en EEUU bajo el lema Black Lives Matter, tras el asesinato de George Floyd por la policía, "han puesto de manifiesto la carga que pesa sobre de los periodistas negros y de color" y la "discriminación" que padecen en el ejercicio de su profesión. Un ejemplo que subraya la UNESCO es la detención de un reportero de la CNN de origen afrolatino mientras realizaba una conexión en directo, mientras que sus colegas blancos pudieron seguir informando.

El 'doxxing': señalar a periodistas y dar información personal

La UNESCO también pone en su diana la peligrosa práctica conocida como doxxing, que vincula con funcionarios de gobiernos locales. Consiste en obtener y hacer pública información privada e identificable de los periodistas, "llegando incluso a compartir sus direcciones y los nombres de sus hijos", al tiempo que critican su cobertura de las protestas.

"Algunas autoridades de gobierno censuraron o clausuraron medios de comunicación impresos, de radiodifusión o bloquearon sitios web en Internet, así como los SMS o los mensajes de texto que se envían a través de los teléfonos", lamenta el estudio, que también destaca acciones censurables por parte de los manifestantes.

"Clausuraron de forma temporal algunos medios de comunicación al ocupar las instalaciones para utilizar sus antenas para realizar radiotransmisiones y sacarlos del aire", precisa. En otras ocasiones, algunas autoridades ordenaron la "colocación de dispositivos de rastreo en las computadoras de los periodistas, otras sometieron a los periodistas a vigilancia física, electrónica o ambas", denuncia.

En la mayoría de estos casos, prosigue la UNESCO, "sin importar quién o qué grupo pueda ser responsable, la impunidad ha seguido siendo la norma en los últimos años en lo que respecta a los ataques a los periodistas que cubren protestas".

Los diez periodistas asesinados durante protestas

*Según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO

 

Ferzat Jarban,camarógrafo independiente, fue arrestado después de filmar protestas contra el gobierno en al-Qasir en 2016. A la mañana siguiente encontraron su cuerpo gravemente mutilado. Fue el primer periodista reportado como asesinado en un período de ocho meses de medidas severas contra las protestas a favor de la democracia en la República Árabe de Siria.

Elidio Ramos Zárate, periodista el diario El Sur, fue abatido de un disparo en 2016 en la ciudad de Juchitan de Zaragoza (estado de Oaxaca, México), mientras cubría protestas y enfrentamientos.

Yaser Murtaja fue herido de muerte por un disparo cuando cubría protestas palestinas en la frontera con Israel en 2018.

Ángel Eduardo Gahona, le dispararon durante la transmisión en directo para su programa de noticias de la televisión local, El Meridiano, en abril de 2018, en la ciudad de Bluefields, al este de Nicaragua.

Lyra McKee, escritora y periodista de investigación independiente, de 29 años, que trabajaba para los sitios web Mediagazer y BuzzFeed News, fue asesinada a tiros en 2019, mientras cubría enfrentamientos en Creggan, un suburbio de Londonderry (Derry), en Irlanda del Norte, Reino Unido.

Precious Owolabi fue asesinado a tiros en 2019 mientras cubría unas manifestaciones para Channels Television, en Nigeria, que terminaron en enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.

Al periodista Ahmed Abdul Samad y al camarógrafo Safaa Ghali, les dispararon en 2020 mientras escapaban de las protestas en la ciudad de Basra, al sur de Iraq, que habían estado cubriendo para el canal iraquí de televisión por satélite Dijlah TV.

Alex Ogbu, reportero gráfico y de sitios web para el Regent Africa Times, le dispararon en 2020 cuando la policía dispersaba una manifestación del Movimiento Islámico de Nigeria en Abuya (Nigeria).

Ahmed Muhana Al-Lami, era un fotógrafo de noticias iraquí que trabajaba de manera independiente. El 6 de diciembre de 2019, mientras cubría una manifestación en una plaza pública de Bagdad recibió un disparo de bala y murió al poco rato en el hospital.

14/09/2020 10:30

Por JAIRO VARGAS

 

Publicado enSociedad