Domingo, 29 Diciembre 2019 10:22

¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!

¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 

El salvaje asesinato de Dimar Torres –excombatiente fariano y líder comunitario – abre el debate sobre si exigir o no la renuncia del ministro de defensa Guillermo Botero es lo pertinente, si su caída en realidad garantiza un cambio sustancial en la manera de actuar de las Fuerzas Armadas, o si lo procedente es abrir un debate nacional sobre la doctrina que las guía, soportada sobre la lógica del enemigo interno y el anticomunismo. Si sale Botero, ¿hay garantía que no lo suceda un funcionario igual o peor al frente de tal ministerio?

 

La noticia es aterradora. El 22 de abril en la vereda Campo Alegre, municipio de Convención, Norte de Santander, fue asesinado por miembros del Ejército nacional el excombatiente de las Farc y líder comunitario, Dimar Torres. En la instalación militar se llevó a cabo una escena que recuerda lo más sádico de la llamada violencia bipartidista. Sin conocerse aún el informe de medicina legal, las versiones de la comunidad sostienen que a Dimar Torres lo torturaron, violaron, castraron y destrozaron su cráneo con tres impactos de bala, luego de esto querían desaparecer su cuerpo enterrándolo en las instalaciones militares.

Conocidos los videos de los militares abriendo una fosa para enterrar el cuerpo de Torres y creándose un escándalo en redes sociales por el hecho que confirmaba su asesinato, el 24 de abril el ministro de defensa Guillermo Botero sostuvo que el hecho se había producido en un forcejeo con integrantes del Ejército Nacional. Contradiciendo la información del Ministro, en evento público el 28 de abril, el general Luis Villegas Muñoz sostuvo: “no mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas y por tanto el comandante debe poner la cara” (Ver recuadro 1). Estas declaraciones abrieron una discusión al interior de las Fuerzas Militares, pues el ministro Botero diría después: “Él puede decir lo que quiera, pero esa no es una posición institucional, las posiciones institucionales del ejército las fija el Ejército de Colombia y tiene una persona que se llama Nicasio de Jesús Martínez que es la persona que fija la posición institucional”. Para decir, en entrevista posterior: “Si hubo un homicidio ha tenido que haber una motivación”.

Los hechos llevaron a que la congresista del Partido Verde Angélica Lozano Correa promoviera la renuncia del Ministro de Defensa, propuesta acogida por múltiples sectores que ven en tal posibilidad una victoria sobre el actual gobierno, así como un proceder eficaz para neutralizar el asesinato de liderazgos sociales. Un aspecto fundamental queda por fuera de todo esto: la doctrina militar que guía a las Fuerzas Armadas.

 

El enemigo interno y el anticomunismo


La concepción militarista actual de la seguridad en Colombia implica la historia geopolítica global. Culminada la Segunda Guerra Mundial –1945–, Estados Unidos desarrolló en 1947 la primera Acta de Seguridad Nacional creando el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como la reorganización de sus fuerzas armadas y la política exterior, llevando con esto a plantear la concepción del Estado de seguridad nacional. En este mismo año se firma en Río de Janeiro el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), con el que los países de la región se unifican en la política militar y conforman un bloque bélico cuya dirección estratégica estaba a cargo de Estados Unidos (1).

En medio de la disputa global de la Guerra Fría (URSS–EU), se consolidó la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual sirvió para orientar la defensa militar a nivel internacional del eje dominado por Estados Unidos. Eje rector de esta doctrina, así como principio básico: la ideología anticomunista, lo que transformaría la lógica del enemigo externo –comunismo internacional representado en la Unión Soviética– por el enemigo interno, entendido como los agentes locales del comunismo representados en guerrillas, pero también en grupos, personas o instituciones, los cuales debían ser controlados por cada gobierno al interior de sus fronteras. En nuestra región la doctrina se impulsa con mayor fuerza luego del triunfo de la revolución cubana –1959–.

Para Edwin Cruz, en nuestro país implementaron la lógica de un complejo contrainsurgente que articula los intereses del Estado, elites políticas y poderes económicos, en torno a salvaguardar el orden, generando así la proliferación de organismos armados legales e ilegales, públicos y privados, con una ideología militarista (2). Este complejo consolida una “sociedad contrainsurgente” que observa la “amenaza comunista” más allá de los actores armados, calificando como parte de un proyecto insurgente –que amenaza el statu quo– a todos los sujetos sociales que se movilicen, protesten o cuestionen el orden social existente, lo que legitima la criminalización, deslegitimación y aceptación del asesinato sistemático de liderazgos sociales en el país.

Según Cruz “ni el contexto internacional post Guerra Fría, ni los cambios institucionales –constitución 1991–, consiguieron terminar con el arraigo de las políticas y discursos contrainsurgentes” pues el gobierno de César Gaviria (1990-1994) “optó por la intensificación de la confrontación […] expidió medidas tendientes a la financiación de la guerra, como los “bonos de guerra” para el sector privado, y declaró una “guerra integral” a la guerrilla […] lo que vendría después sería un escalamiento sostenido de la violencia procedente del conflicto armado que, entre otras cosas, llevaría a la consolidación del paramilitarismo, primero en el marco de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (Accu) en 1994 y, más tarde, con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en 1997” (3).

De la misma manera la implementación del Plan Colombia en 1998 potenció el mayor sometimiento militar del país a los Estados Unidos, tras el propósito de debilitar a la guerrilla de las Farc y así recuperar el control territorial del país. La reorganización del ejército fue parte de tal Plan.

De su mano llegó la llamada Política de Seguridad Democrática del gobierno de Uribe (2002-2010), la que implicó una militarización del país así como una ofensiva militar de gran escala contra las guerrillas; política articulada con la estrategia global antiterrorista implementada por los Estados Unidos posterior al atentado de las Torres Gemelas (2001), lo que generó una redefinición del enemigo, que para el caso colombiano implicó desconocer la existencia del conflicto armado interno y la misma categoría política para los insurgentes. La oposición política y los movimientos sociales, fueron vinculados al conflicto como “colaboradores del terrorismo”.

Doctrina Damasco


Una vez llevada las Farc a un repliegue estratégico y a la pérdida de su iniciativa operativa con bajas importantes para su comandancia, las Fuerzas Armadas colombianas consideraron y aprobaron como uno de sus propósitos llevar a la insurgencia a una negociación política del conflicto armado, con perspectivas de sometimiento toda vez que valoraban la perdida de la voluntad de combate de su enemigo.

Es así como desde el año 2011 el Ejército, en cabeza del Comité de Revisión Estratégica e Innovación (Cre-i), inició la reestructuración de su doctrina, la que trae consigo el rediseño de lo que se entiende como estrategias de combate y la ubicación de las nuevas amenazas internas y externas, lo que implica, de igual manera, la adquisición de tecnologías de punta en proyección estratégica hacia el 2030. Guerra electrónica y ciberinteligencia son incorporadas en esta nueva valoración. Es así como nació el documento denominado Doctrina Damasco.

Un cambio para que no mucho cambie. Esta doctrina deja en evidencia la continuidad del pensamiento ideológico de las fuerzas militares en Colombia, alineadas sin ruptura ni cuestionamiento alguno con los lineamientos de Estados Unidos, entrando a jugar, producto de ello, un papel armado en la subregión así como a nivel global al integrar la Otan.

Aunque sostienen que no se debe apuntar únicamente a la denominada guerra contrainsurgente –por los problemas jurídicos internacionales en cuestión de crímenes de lesa humanidad contra la institución militar–, dejan claro que en este momento las fuerzas militares deben evolucionar para alcanzar “los postulados operacionales de la Batalla Aeroterrestre (1986), Operaciones de Dimensión Total (1993), Operaciones del Espectro Total (2008) y Operaciones Terrestres Unificadas (2012), que emplean en la actualidad los ejércitos alineados con la doctrina OTAN” (4). Adicionalmente el documento dice textualmente: “nuestro principal referente doctrinal: el Ejército de los Estados Unidos” (5).

El coronel John Bonin y el teniente coronel John A. Nagl, son los referentes estadounidenses en los que se basa gran parte de la doctrina Damasco, pues estos personajes participaron en la reforma doctrinal del Ejército de Estados Unidos que culminó en 2015, además escribieron el documento The Tradoc Doctrine Publication Program (Programa de Publicaciones Doctrinarias del Comando de Entrenamiento y Doctrina), donde trazan líneas de acción en torno a jerarquía doctrinal y contenidos del Ejército Sur de los Estados Unidos –estructura militar que coordina operaciones directamente con Suramérica, y en particular con Colombia–. Hay que resaltar, además, que desde 2015 la doctrina colombiana fue asesorada en directo por la Dirección de Doctrina del Ejército de Estados Unidos.

Un mensaje, un reto


El caso de Dimar Torres evidencia que lo que tenemos ante nosotros es la continuación de un proyecto contrainsurgente y anticomunista, que, aunque pretendan encubrir el asesinato como una actuación individual del Cabo Daniel Gómez, no queda duda que este acto es producto de una doctrina que orienta el comportamiento diario de una institución militar. Así mismo, este hecho debe verse y ser entendido como un claro mensaje de miedo y terror contra los liderazgos sociales del país y específicamente contra los excombatientes farianos.

Un reto para el conjunto de la sociedad. Aunque efectivamente es necesario plantear la renuncia del ministro Botero por lo que representa y por sus actitudes frente al asesinato sistemático de los liderazgos sociales en el país (Ver recuadro 2 y artículo “Ríos –de sangre– inundan el país”), los sectores alternativos y movimientos sociales tienen una tarea que va más allá de la renuncia: denunciar la doctrina militar y eliminarla, pues ésta potencia e identifica como enemigo interno a los liderazgos sociales. De igual manera, es necesario plantear una doctrina que sirva para la paz y no siga profundizando la guerra.

 

1 Leal Buitrago, Francisco (junio de 2003). La doctrina de seguridad nacional: materialización de la guerra fría en américa del sur. Revista de Estudios Sociales, Nº 15. En: https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/res15.2003.05
2 Cruz Rodríguez, Edwin, (2016), Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia, Ediciones Desde Abajo, pp. 24-29.
3 Ídem., pp. 28-29
4 Rojas, P. J. (2017, enero-junio), Doctrina Damasco: eje articulador de la segunda gran reforma del Ejército Nacional de Colombia. Rev. cient. Gen. José María Córdova 15(19), 95-119. DOI: http://dx.doi.org/10.21830/19006586.78, p. 114.
5 Ídem., p. 101

Artículos consultados

https://www.hrw.org/es/news/2019/02/27/colombia-nuevos-comandantes-del-ejercito-estarian-vinculados-con-falsos-positivos
https://caracol.com.co/programa/2019/04/29/6am_hoy_por_hoy/1556538178_237579.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/313412-mocion-censura-congreso-colombia-ministro-defensa
https://www.contagioradio.com/asesinan-a-marco-adrada-lider-campesino-por-mas-de-35-anos-en-narino/?fbclid=IwAR3EQ0gBFaX7Yqgv2UU1uJhQzLOWWjxdDgb-lzKAyF7jTCfUyBy7ZG8f464
https://canal1.com.co/noticias/nacional/asesinan-a-dos-lideres-sociales-en-antioquia/
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2992-onic-denuncia-y-rechaza-feminicidio-contra-embera-chami-remelia-aizama-en-choco
https://canal1.com.co/noticias/asesinan-a-wilson-saavedra-excomandante-desmovilizado-de-las-farc/
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinan-mauricio-lezama-consejero-departamental-de-cine-en-arauca-articulo-859870
https://caracol.com.co/radio/2019/05/13/regional/1557758215_917837.html

 


Recuadro 1

 

Es necesario decir que Luis Villegas Muñoz, aparece como uno de los nueve oficiales ascendidos recientemente por el gobierno de Iván Duque, y que fueron cuestionados por Human Rights Watch al estar investigados por implicaciones en ejecuciones extrajudiciales –falsos positivos– y otras violaciones de Derechos Humanos entre el periodo 2002 y 2008. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, aseguró que: “Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.

Los militares ascendidos son:

- Nicacio de Jesús Martínez Espinel, comandante del Ejército. Entre octubre de 2004 y enero de 2006 fue segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, que opera en los departamentos de la Guajira y Cesar. Actualmente está investigado por 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005.
- Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza. Entre julio de 2007 y agosto de 2008 fue el segundo comandante de la Octava Brigada. Le iniciaron investigaciones por 19 muertes perpetradas por miembros de la Octava Brigada en 2008, adicionalmente lo acusan por la presunta cooperación con grupos paramilitares.
- Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas. Fue comandante del batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada durante los años 2005 y 2006. Lo investigan por 21 ejecuciones cometidas por soldados del batallón la Popa en 2005 y 13 en 2006.
- Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro. Entre diciembre de 2007 y junio de 2009, el entonces General estuvo al mando del Batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada. Lo investigan por siete ejecuciones perpetradas por el batallón la Popa en 2008.
- Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano (unidad especial que opera en el Catatumbo, frontera con Venezuela). Lo investigan por la ejecución de Omer Alcides Villada, agricultor que tenía una discapacidad mental y habría sido asesinado y reportado como combatiente de las Farc por los soldados del Batallón Pedro Nel Ospina en marzo de 2008, cuando se desempeñaba como comandante del batallón.
- Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles (unidad especial que opera en el Bajo Cauca). Entre julio de 2006 y diciembre de 2007, fue comandante del batallón Magdalena de la Novena Brigada. Lo investigan por 22 presuntos homicidios perpetrados por personas bajo su mando.
- Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento. Fue comandante del batallón de infantería Domingo Caicedo de la Sexta Brigada durante el 2008. Está investigado por al menos cinco ejecuciones atribuidas al batallón en 2008.
- Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada. Lo investigan por su rol en abusos ocurridos durante los años 2004 y 2005, mientras se desempeñaba como segundo comandante del batallón de artillería Jorge Eduardo Sánchez de la Cuarta Brigada, unidad militar que acusan por 32 casos de homicidios, 14 desapariciones forzadas y 10 casos de tortura.
- Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada. Entre octubre de 2006 y abril de 2007, fue comandante del batallón Anastasio Girardot de la Cuarta Brigada, investigado por 23 presuntos asesinatos perpetrados por soldados del batallón en 2006 y 22 en 2007.

 


 Recuadro 2


15 liderazgos sociales asesinados en Colombia desde el 5 de abril hasta el 15 de mayo de 2019

 

Solo pasó un mes y diez días de la publicación del artículo “Colombia. La ola de asesinatos contra el liderazgo social no para”*, en el que se mencionaba el asesinato de 6 personas luego de la finalización de la Minga nacional –5 de abril– y ya se suman 9 asesinados nuevos de liderazgos sociales en distintas regiones del país.


En los municipios de Ituango y Maceo (Antioquia) fueron asesinados Andrés Mauricio Rojas, quien se desarrollaba como un líder social de la comunidad y Diofanor Montoya, líder comunal de 64 años de edad, los hechos se presentaron los días 26 y 27 de abril. El 28 de abril fue asesinado en Nariño el líder campesino Marco Antonio Andrada Viana mientras se desplazaba por la vía que conduce del municipio de Leiva hasta el corregimiento Las Delicias, actualmente Marco se desempeñaba en el cargo de fiscal al interior de la Junta de Acción Comunal de El Sauce. El 1 de mayo en la comunidad de Campo Alegre del Resguardo Ingara Copé (Chocó), fue asesinada la indígena Embera Chamí Remedia Aizama y fue herida con impacto de bala una menor de 12 años; los hechos provocaron el desplazamiento inmediato de 40 personas de la comunidad hacia la cabecera de San José del Palmar. El 5 de mayo fue asesinado Efraín Prado Rosero, líder comunal y candidato al Consejo por el partido Mais, los hechos se presentaron en el municipio de Mallama, Nariño. Vale la pena decir que el sábado 4 de mayo en la comunidad de Lomitas, Norte del Cauca, Francia Márquez –líder afrocolombiana ganadora del Nobel de medioambiente– fue víctima de un atentando con arma de fuego y granada, al finalizar una reunión preparatoria la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca (Aconc) que se reunirá en próximos días con el gobierno de Iván Duque para concretar los acuerdos pactados con la Minga realizada en los meses de marzo-abril; en el hecho resultaron heridos dos escoltas. El 9 de mayo, en la vereda La Esmeralda, municipio de Arauquita (Arauca) fue asesinado Mauricio Lezama, quien se desempeñaba como gestor cultural y actualmente realizaba un documental sobre las víctimas del conflicto armado. El sábado 11 de mayo, en la Vereda Vista hermosa (Meta), fue asesinado Giovanni Murillas, excombatiente fariano quien había decidido abandonar el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) en San José del Guaviare ante los incumplimientos del Gobierno nacional con los acuerdos de paz. El martes 14 de mayo fue asesinado Daniel Rojas, coordinador del comité de trabajo de la Junta de Acción Comunal de la Vereda López del municipio de Caloto, Norte del Cauca. Este mismo día fue asesinado Wilson Saavedra –excomandante del frente 21 de las Farc–, en Tuluá (Valle del Cauca).

 

* https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36664-colombia-la-ola-de-asesinatos-contra-el-liderazgo-social-no-para.html

Publicado enColombia
El Paramilitarismo busca servirse de las juntas comunales e implantar el Memoricidio

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad de recurrir al país y al mundo para denunciar las graves violaciones a sus derechos fundamentales de que ha sido víctima en los últimos meses.

Al igual que los gobiernos anteriores, el Presidente Duque ha optado también por la política de brazos caídos y oídos sordos frente al paramilitarismo. A pesar de haber recibido voluminosos documentos que le demuestran la continuidad de políticas de Estado de complicidad, connivencia, tolerancia y mucho más frente a millares de crímenes perpetrados por estructuras armadas cuya relación con el Estado ha sido puesta en evidencia ya por numerosas sentencias de tribunales nacionales e internacionales, prefiere callar y no actuar para seguirles dejando las manos libres.

El paramilitarismo en Urabá pasó de períodos en que actuaba adjunto a la fuerza pública a la luz del día sin ningún pudor, a períodos de separación coordinada, acompañada de un intenso negacionismo, afirmando todas las instituciones que “el paramilitarismo no existe” mientras todo el mundo los ve actuar dentro de los mismos parámetros políticos y criminales de siempre. Ahora parecen entrar en un nuevo período en el cual la cooptación de las juntas de acción comunal les sirve de camuflaje, pues descargan en ellas la ejecución de sus decisiones, prohibiéndoles delatar sus estrechas relaciones. Ya las más atrevidas políticas contra la población campesina y contra sus valores ancestrales aparecen como “decisiones democráticas” de las juntas de acción comunal, aunque todo el mundo sabe que son órdenes del paramilitarismo recibidas a su vez del alto gobierno. Oponerse a esas decisiones puede traer graves consecuencias y los miembros honestos de las juntas lo saben muy bien y por eso prefieren callar y someterse.

Dentro de esta nueva estrategia, a las juntas de acción comunal se les ha encargado gestionar el MEMORICIDIO, o sea el exterminio de la memoria histórica. Nuestra Comunidad está sufriendo ahora las amenazas de destrucción de los monumentos de memoria que señalan los lugares sagrados donde fueron sacrificados nuestros líderes con altos grados de sevicia por parte de militares y paramilitares. Ahora son, pues, las juntas comunales las que bloquean o quieren exterminar la memoria, cumpliendo órdenes perversas de los poderes vigentes. Era difícil imaginar que se podría llegar a esa ignominia, pero lamentablemente ya es un hecho.

Los hechos que queremos poner en conocimiento del país y del mundo son los siguientes:

En la última semana de octubre de 2019, el ex militante de las FARC-EP y ahora integrante de la estructura paramilitar con presencia en el Cerro de Chontalito, conocido como “Pablo”, participó en una fiesta en la vereda Cabecera de Mulatos y allí quiso asesinar a un joven de la zona a quien persiguió con un arma; cuando el joven se le escapó, él lo buscó por diversas viviendas para darle muerte. Cuando la Junta de Acción Comunal abordó el caso, consideró que no podían arreglar el problema con alias “Pablo” sino que debían comunicarse con alias “René”, también ex militante de las FARC-EP y quien ahora ejerce la comandancia del paramilitarismo en la zona de San José de Apartadó.

El sábado 2 de noviembre de 2019, en la vereda La Esperanza una tropa del ejército ingresó a una vivienda donde sólo estaban los niños, pues los padres habían salido a trabajar. Cuando uno de los niños observó que ellos llevaban un radio, les dijo que ese radio era igual al de su papá y fue y sacó el de su papá para mostrárselo. Los militares comprobaron que en realidad era un radio de su institución, lo que confirmaba que el jefe de ese hogar era un espía o “punto” paramilitar. Los militares regresaron a esa vivienda en la tarde cuando el señor regresó de su trabajo y departieron amigablemente con él como colegas.

En la primera semana de noviembre de 2019, en un sitio aledaño al centro urbano de San José de Apartadó fue citado un joven del caserío por paramilitares; al llegar fue amenazado de muerte acusándolo de robo y drogadicción. El joven no aceptó la acusación de robo y afirmó que si consumía droga era con su dinero. El hecho es demostrativo del tipo de “justicia” de facto que pretenden implantar los paramilitares en la región.

El sábado 9 de noviembre de 2019, el ex militante de las FARC-EP y ahora integrante de la estructura paramilitar con presencia en el Cerro de Chontalito, conocido como “Pablo”, llegó hasta la Bodega de comercialización del cacao en San Josesito, acompañado por otros integrantes de la estructura paramilitar y permaneció un tiempo en sus alrededores en actitud de espionaje.

En la segunda semana de diciembre de 2019, la Comunidad de Paz recibió informaciones según las cuales alias “Pablo”, ex integrante de las FARC-EP y ahora integrante con mando importante en la estructura paramilitar, se desplazó a la vereda de Saiza, del municipio de Tierralta, del departamento de Córdoba, a dar un curso sobre explosivos a la estructura paramilitar de dicha zona.

El viernes 13 de diciembre de 2019, varios integrantes de la Comunidad de Paz quienes se desplazaban por el camino que conduce del caserío de San José a la vereda La Unión, encontraron sobre el camino un panfleto manuscrito en el cual se incitaba a “dar muerte a los sapos”, refiriéndose a los denunciantes. La molestia y furia con que los paramilitares se refieren a las denuncias de sus acciones es algo ya muy conocido en la región, así como su acusación permanente a la Comunidad de Paz de denunciar ante el mundo todas las agresiones criminales de los actores armados y las violaciones a los derechos humanos y atentados contra la dignidad humana.

El miércoles 18 de diciembre de 2019, algunas juntas de acción comunal de la zona convocaron a una reunión de pobladores en la vereda La Esperanza para transmitir la orden de los paramilitares de obligar a todos los pobladores a pagarles impuestos ilegales de 10.000,oo (diez mil pesos) por cada hectárea de tierra que posean.

En el mes de diciembre de 2019 se han intensificado los anuncios, por parte de juntas de acción comunal de la zona, impulsadas por estructuras paramilitares que les imparten directrices, de destruir construcciones realizadas por la Comunidad de Paz en sitios sagrados de memoria de sus víctimas. Desde hace un tiempo la Comunidad de Paz ha venido construyendo un monumento – memoria de la masacre perpetrada por el ejército y los paramilitares el 8 de julio de 2000 en la vereda La Unión. Por su parte, la junta de acción comunal de dicha vereda ha amenazado reiteradamente con destruir el memorial, alegando que el gobierno les ha ofrecido construir en ese mismo sitio una placa poli-deportiva. Esto coincide, en su estrategia, con las presiones de la junta de acción comunal de la vereda Mulatos Medio, la cual ha querido apoderarse violentamente de la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, donde la Comunidad hace presencia desde hace 15 años y ha construido una capilla en el sitio sagrado donde fue masacrado Luis Eduardo con su compañera y su hijo de 10 años. En ese mismo sitio la junta de acción comunal alega que el Estado les ofrece construir una escuela y una caseta de venta de licores, precisamente allí y no en otro sitio. No cabe duda de que estas amenazas coincidentes revelan una política estatal de memoricidio, como afán de borrar la memoria de las víctimas y de los crímenes de Estado.

En otros países, el negacionismo y el memoricidio se desarrollan en períodos de posconflicto y de posviolencia, cuando la memoria busca exigir que se tomen medidas de corrección y de no repetición. En Colombia esas perversas estrategias coinciden con la continuidad de los crímenes, pues mientras los paramilitares, brazo armado ilegal del Estado, tratan de bloquear la memoria valiéndose de las juntas de acción comunal, esos mismo paramilitares continúan exterminando el liderazgo social del país y matando a los combatientes desmovilizados.

Otra labor destacada de las juntas de acción comunal en los últimos meses ha sido la recolección de firmas en favor de las empresas transnacionales orientales (Coreanas y Chinas) que ya están diseñando la explotación del carbón y de varios metales, comenzando por el corregimiento de Nuevo Antioquia (Turbo) y avanzando por las veredas de San José de Apartadó. Igualmente promueven la presentación de hojas de vida para ser contratados por esas empresas, como solución al problema del desempleo. Es profundamente lamentables que el Estado quiera apoyarse en necesidades básicas insatisfechas de la población campesina para involucrarla en un modelo económico basado en la destrucción definitiva de recursos naturales no renovables, explotación que daña y envenena radicalmente el medio ambiente.

Una vez más agradecemos a las numerosas comunidades y personas que desde muchos lugares del país y del mundo mantienen en alto nuestra moral de resistencia y nuestros ideales de un mundo menos inhumano que el que vivimos. Al mismo tiempo les deseamos que el año que va a comenzar sea una nueva oportunidad de unir fuerzas entre todos los sectores del mundo que se apoyan en principios éticos humanitarios con el fin de avanzar en la construcción de la justicia, la solidaridad y la paz entre los vivientes.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Diciembre 26 de 2019

Publicado enColombia
Matanza de líderes, la peor crisis humanitaria

 

“La mayor tragedia humanitaria de Colombia es la violencia contra líderes sociales, que se ha traducido en centenares de asesinatos en los últimos tres años”: Rodrigo Uprimny.

 

Según el Consejero mayor de la ONIC, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el fin del Gobierno Santos fueron asesinados 66 líderes indígenas; desde el inicio del Gobierno Duque hasta hoy han sido asesinados 134 [1].

Por su parte el Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reporta que en el 2019 han asesinado 234 líderes y defensores, 167 corresponden a indígenas, negros, campesinos y ambientalistas, dedicados a defender el territorio y la implementación de los Acuerdos entre las FARC y el Gobierno, y 176 excombatientes y 42 familiares; 20 intentos de asesinato y 13 desapariciones forzadas [2].

El informe elaborado por el Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP) “Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz” [3], muestra que entre 2012 y julio de 2019 han sido criminalizados 249 líderes, 74 por ciento de estas judicializaciones son por rechazar el impacto ambiental de las empresas extractoras de recursos naturales.

Para el CSPP la judicialización y estigmatización de defensores y líderes sociales obedece al favorecimiento que le da el Estado a las empresas nacionales y trasnacionales; este Informe registra que 117 empresas tienen 365 convenios de cooperación con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, ¿Es posible ser imparcial en estas condiciones?

Los Departamentos que más convenios tienen con las empresas son Antioquia 60, Meta 34, Casanare 30, Santander 29, Cesar 28 y Putumayo 25; Departamentos donde están el 35,7 por ciento de los Títulos Mineros que existen en el país y el 46 por ciento de las zonas donde se realiza exploración y explotación de pozos petroleros, a su vez en estas zonas se registra el 58 por ciento de judicializaciones a defensores y líderes sociales.

Otro acuerdo que no se cumplirá

Colombia es el segundo país más peligro para los defensores ambientales , según informe de Global Witness en 2018, con 83 asesinatos; más de la mitad del total reportado por la ONG que registró 164 asesinatos en todo el mundo [4].

Iván Duque firmó el 12 de diciembre el Acuerdo Escazú, en el que hacen parte 21 países de Latinoamérica y el Caribe, cuyo propósito es proteger los protocolos para la protección ambiental y especialmente de los líderes que velan por el territorio.

El Acuerdo Escazú se enfoca en que los defensores tengan acceso a la información de proyectos que involucran el medio ambiente; sin embargo, el Gobierno guarda silencio frente a proyectos como la protección del páramo Santurbán y la ejecución de proyectos pilotos de fracking.

El día de los DDHH, represión y matanza

Jimmy Alberto Pacué de 24 años, comunero indígena del resguardo de Jambaló. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), informó que fue asesinado el 8 de diciembre en Caloto, mientras se desplazaba con su esposa y su hijo recién nacido.

El 10 de diciembre en Bogotá entre la Universidad Nacional y el Centro de Memoria, 17 personas entre ellos personal de la Primera Línea, fueron golpeadas y reprimidas con disparos de gases por parte del ESMAD; igualmente agentes de la fuerza pública secuestraron en carros particulares a María Fernanda Pérez y Harold Rodríguez, el joven fue brutalmente agredido y la joven fue liberada por la presión solidaria de la ciudadanía.

Heriberto Úsuga , campesino reclamante de tierras; el 12 de diciembre fue atacado por sicarios del Clan del Golfo, quienes le disparando cuando se encontraba en una finca ubicada en el corregimiento de Macondo en Turbo, Antioquia.

Luis Carlos Hernández Santiago de 42 años, representante de la Mesa Departamental de Participación de Víctimas y excandidato al Concejo de Curumaní, Cesar; fue asesinado el 12 de diciembre cuando se dirigía a la vereda Los Ranchos.

Humberto Londoño , coordinador del Comité de Conciliación en la vereda El Socorro, en el área de Cañón de Iglesias, hacía parte de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (ASOCBAC); fue asesinado el 6 de diciembre en la vía que comunica a Tarazá con la vereda La Caucana.

Manuel Antonio González Vuelvas, ex combatiente de las FARC que hacía parte de un proyecto ganadero colectivo y residía en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), Román Ruiz; fue asesinado el 13 de diciembre en la vía de Ituango a la vereda Santa Lucía.

Notas:

[1] El derecho a defender derechos. Rodrigo Uprimny. El Espectador, 15-12-2019.

[2] https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1205833102158958592?s=20

[3] [CSPP Informe: Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz. 2019 https://bit.ly/2RT3Qha

[4] https://www.globalwitness.org/es/campaigns/environmental-activists/enemigos-del-estado/

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licenc

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Un manifestante hongkonés, durante una concentración en favor de los derechos de los uigures, el 22 de diciembre de 2019. En vídeo, disturbios en Hong Kong este domingo. LUCY NICHOLSON (REUTERS) / VÍDEO: ATLAS

La antigua colonia británica convoca movilizaciones para Nochebuena y Navidad

 

Hong Kong le espera una Navidad negra, como el color que han utilizado los manifestantes en las protestas que desde hace más de siete meses mantienen al territorio sumido en la crisis social más profunda de los últimos años. La festividad no traerá un respiro, al contrario: los manifestantes ya se preparan para una semana de bloqueo.

El plan de movilización empieza este martes, Nochebuena, con concentraciones en cinco centros comerciales y en el puerto de la ciudad autónoma. Las movilizaciones se repetirán en la jornada siguiente, el día de Navidad, aunque hay margen para la improvisación tratándose de un movimiento que se ha hecho famoso por su capacidad para, sin necesidad de líderes, alterar sus planes sobre la marcha.

Esta nueva ronda de movilizaciones se suma a la del domingo, la cual acabó, como ya es habitual, con enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la policía. Más de un millar de personas se congregaron en Edinburgh Place, el corazón financiero de la que fuera colonia británica, por un motivo por primera vez ajeno a la política doméstica del territorio. En esta ocasión, los asistentes expresaron su rechazo al encarcelamiento masivo de miembros de la etnia uigur en la provincia de Xinjiang, en el noroeste de la China continental, del que son víctimas más de un millón de personas.

La convocatoria se desarrolló de manera pacífica hasta que a media tarde un grupo de jóvenes arrió una bandera china de un poste cercano, momento en el que las fuerzas de seguridad cargaron contra ellos. El forcejeo por el emblema nacional dio paso a las hostilidades, que desembocaron en el lanzamiento de ladrillos, botellas de vidrio y espray pimienta. Un agente desenfundó su arma y apuntó a la multitud, aunque sin llegar a disparar. Al menos dos personas fueron detenidas.

Para este lunes hay programada una nueva convocatoria en apoyo de Spark Alliance, una organización sin ánimo de lucro que capta fondos para financiar las protestas, contra la que la policía llevó a cabo una operación el jueves de la semana pasada. Cuatro empleados fueron detenidos, acusados de blanqueo de capitales. Las fuerzas del orden se incautaron de 130.000 dólares de Hong Kong en efectivo (15.000 euros) y bloquearon alrededor de 70 millones (ocho millones de euros) en cuentas bancarias. “Aseguran que los fondos serán empleados para ayudar a gente detenida durante las protestas. Hemos descubierto, no obstante, que parte del dinero se ha dedicado a adquirir pólizas de seguros de valor desproporcionado”, declaró en rueda de prensa Can Wai-kei, superintendente de la división de investigaciones financieras. La policía “no excluye la posibilidad” de que la financiación se estuviera empleando como un “incentivo” para fomentar la participación de jóvenes. La organización, por su parte, ha negado las acusaciones asegurando que la policía "ha fabricado" los cargos.

La ciudad de Hong Kong entrará en 2020 sacudida por las mismas protestas que comenzaron en junio de este año. La población se levantó entonces contra la propuesta de la Ley de Extradición que vincularía su régimen jurídico con el del continente, una medida que amplios sectores de la sociedad hongkonesa entendieron como un significativo recorte a los derechos y libertades de los que goza la antigua colonia británica, reconocidos por el principio de "un país, dos sistemas".

Ante la pasividad del Ejecutivo local, liderado por Carrie Lam, las protestas han ido escalando hasta configurarse en forma de cinco reclamaciones básicas: la retirada de la Ley de Extradición, la única concesión arrancada hasta la fecha; la puesta en marcha de una investigación independiente sobre la actuación policial; la retirada del término “vandalismo” para referirse a las movilizaciones; la amnistía para todos los detenidos hasta la fecha (cerca de 5.000), y la implementación del sufragio universal, tal y como recoge la Ley Básica que rige el territorio.

Por JAIME SANTIRSO

Pekín 23 DIC 2019 - 08:14 COT

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Yuri Camargo, una de las heridas oculares durante las manifestaciones en Colombia. Estaba en la primera línea y recibió un impacto del Esmad.

Al menos 8 personas han sufrido heridas en sus ojos. Estos son los relatos de varios de los que han perdido la vista. Congresistas y ONG piden desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)

Yuri Camargo se graduó el 20 de noviembre pasado. Salió a marchar por las calles de Bogotá el 21, el 22 y el 26 recibió un impacto de la policía antidisturbios que le quitó la posibilidad de ver por su ojo izquierdo. “Era un día normal de marcha en la Universidad Nacional. El Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios] arremete con lacrimógenos, yo estoy en la primera línea pero bajo la guardia y siento el proyectil, me disparan con una bala de goma directo al ojo. Me desmayo, me levantan. Veo destellos, veo negro, me pongo a llorar del dolor”. Yuri habla en presente, según ella, porque lo revive y porque los casos siguen ocurriendo.

Las imágenes de jóvenes llorando sangre por uno de sus ojos tras recibir impactos de la policía antidisturbios obligan a esquivar la mirada, pero están ahí y se han convertido en las últimas imágenes de las protestas en Colombia, que ya completan un mes. Los vídeos se hacen virales y recuerdan a las lesiones oculares que ocurrieron en Chile, donde Naciones Unidas señaló al Gobierno por estas violaciones graves a los principios internacionales. Allá la policía suspendió el uso de perdigones tras herir a 1.000 personas.

El último hecho ocurrió el pasado jueves en Bogotá,  cuando jóvenes que integran la Primera Línea, un grupo de defensa similar al de las protestas de Hong Kong, recibieron impactos y pasaron 40 minutos esperando para ser trasladados a un hospital. Pero los casos vienen desde las protestas del 21 de noviembre e incluso antes, por lo cual congresistas de oposición exigen el desmonte del Esmad. Según la Campaña Defender la Libertad van ocho lesionados oculares. EL PAÍS escuchó los relatos de seis de ellos en Bogotá y Medellín.

Bárbara Zárate no ha sido capaz de ver los vídeos de su hijo Cristian Rodríguez, que perdió su ojo el lunes 16 de diciembre. Según los relatos de los testigos, el joven de 26 años, estudiante de Trabajo Social, recibió el impacto de una bomba aturdidora en el rostro. El diagnóstico: trauma ocular severo. “Soy una mujer que ama a su país. Si acá le suben el pasaje al Transmilenio, uno paga; si le suben los impuestos, también agacha la cabeza. Esta es otra generación, los chicos de ahora no se aguantan. Lo que duele es que los califiquen de vándalos cuando no lo son. Con mi hijo cometieron una injusticia”, dice la mujer que comenzó un proceso judicial contra el Esmad. La Policía ha dicho que estaban bloqueando una vía, pero testigos aseguran que el muchacho no estaba en ese grupo y que recibió el impacto de frente. “Él nos cuenta que corrió y que el policía lo persiguió para lanzarle la bomba”, agrega.

Las afectaciones no solo han ocurrido en Bogotá, donde se han concentrado las protestas. En Medellín, Alexis Lopera Quiceno, estudiante de Educación Física perdió la visión en el ojo derecho. Había participado en la marcha del 21 de noviembre que fue pacífica hasta las seis de la tarde. A esa hora llegó el Esmad a las inmediaciones de la Universidad de Antioquia, y lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes pacíficos y también a algunos encapuchados que los enfrentaron. “Cuando lanzaron gases toda la gente toda salió corriendo del lugar, me entré a la universidad y luego, cuando se calmó todo, salí a buscar a mis amigos. De repente, me lanzaron una mina aturdidora que me impactó en el rostro. Casi todos los días he llorado por lo que sucedió, de haber sabido me habría parado en otro punto o no hubiera buscado a mis amigos. Pero tampoco me arrepiento de haber ido a la marcha, eso fue muy bonito”, dijo Alexis, cuya foto de perfil de WhatsApp revela su nueva vida: un animé con la mitad del rostro destrozado y un ojo sangrante.

También interpuso denuncia por abuso de autoridad. La Policía lo buscó y lo citó a una reunión pero no sabe cuál es la intención. “Lo más duro fue cuando el médico me dijo que ya no había nada que hacer en ese ojo, que perdía la visión. Yo soy deportista y trabajo en una fundación que ayuda a niños con lesiones cerebrales. Me gano el salario mínimo y con eso me pago la universidad”.

El Ministerio de Salud le informó a EL PAÍS de que entre el 21 de noviembre y el 16 de diciembre “se han presentado 807 lesionados [433 civiles y 374 de la fuerza pública] de los cuales tres permanecen hospitalizados y hay cuatro personas fallecidas”. Sin embargo, no discriminan cuántos de esos lesionados han tenido heridas oculares o de otro tipo. Solo el “trauma ocular grave” de Cristian Rodríguez, cuyas heridas se conocieron a través de redes sociales.

Las protestas en Colombia contra el llamado “paquetazo” económico del presidente Iván Duque, vienen desde antes. Durante todo el 2019, los estudiantes han estado en las calles. En una de esas manifestaciones, el 10 de octubre, se registró el caso de Alejandro Hernández, estudiante de periodismo, que recibió un impacto de “bala marcadora de pintura” bajo su ojo mientras grababa un enfrentamiento entre encapuchados y el Esmad. “Me acerqué para grabar. Salió el Esmad y no tardó más de 6 segundos y recibí un impacto, se me incrustó un material plástico de forma ovalada, de más o menos 2 centímetros en la pestaña. En ese momento pierdo la vista por el ojo izquierdo, ahí no volví a ver nada, solo veía blanco. La angustia fue tremenda y empecé a gritar, voy a perder el ojo, voy a perder el ojo”. El vídeo de su celular muestra el momento en que grababa y cuando a su alrededor gritan que le dieron. Después de varias cirugías, pagadas de forma particular y tras un recorrido por varios hospitales donde no lo atendieron, Alejandro ve borroso y doble. Ya interpuso una demanda.

Todos ellos han vuelto a marchar aunque con más temor. “Da miedo, pero da más miedo pensar que todo lo que hemos hecho, que la muerte de Dilan Cruz o que mi ojo, quede impune”, dice Alejandro. Y otros, como Sebastián Ramírez, herido en 2017 se preguntan, ¿Cuántos ojos más?. “Yo siento que esta es una política para cegar a una generación que está viendo”, dice el joven que resultó herido cuando iba a un curso de natación y va por su quinta cirugía. Su caso también llegó a los tribunales y un miembro del Esmad recibió una sanción disciplinaria de tres días


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PRESIDENTE DUQUE FORTALECERÁ EL ESMAD

Mientras congresistas de la oposición piden el desmonte del Escuadrón Antidisturbios de la Policía ante denuncias de abuso de la fuerza, el presidente Iván Duque anunció que lo fortalecerá. En los últimos diez años 96 integrantes del Esmad han sido judicializados, 9 de ellos por homicidio, de acuerdo con la respuesta que el Ministerio de Defensa entregó a tres congresistas. La Fuerza Pública ha recibido condenas en 54 procesos por las acciones de los integrantes del Esmad y esto le ha costado al país 9 mil millones de pesos. Isabel Fajardo, abogada de la Red Popular de Derechos Humanos, que lleva algunos casos, llama la atención porque las investigaciones van a la justicia penal militar donde quedan en el limbo y que hay una "clara violación de los protocolos". La Policía no respondió la solicitud de información de este medio.

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos informó a EL PAÍS que están haciendo seguimiento al paro en Colombia, “en el marco del respeto a los estándares internacionales que garantizan el derecho a la protesta pacífica. En este sentido estamos dando seguimiento a casos de presunto uso excesivo de fuerza por parte de fuerza pública, incluyendo el Esmad -de entre otras heridas oculares y craneales-; detenciones arbitrarias y ataques y detenciones a periodistas”.

En el senado, Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, anunció un proyecto de Ley para desmontar el Esmad; el gobierno ha dicho que los escuadrones antidisturbios son necesarios y funcionan en 125 países, pero congresistas como Iván Cepeda y Maria José Pizarro señalan que el contexto colombiano, después de un proceso de paz, exige una nueva doctrina de las fuerzas militares. “No vemos investigación seria ni replanteamiento por parte del gobierno, por el contrario han salido a felicitar el Esmad en una actitud claramente connivente”, dijo Cepeda.

Por CATALINA OQUENDO

Bogotá 22 DIC 2019 - 17:44 COT

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Cascos azules de la ONU, brasileños y uruguayos, violaron a 2.000 mujeres y niñas en Haití

Más de 2.000 mujeres en Haití, muchas de ellas menores, han sufrido abusos sexuales por parte de las fuerzas de paz desplegadas por las Naciones Unidas (Minustah) desde 2004 hasta 2017, según un estudio realizado por las profesoras británicas Sabine Lee y Susan Bartels, de la Universidad de Birmingham.

El mismo determinó que cientos de mujeres y niñas haitianas que vivían en las cercanías de las bases de la ONU fueron abusadas sexualmente. La investigación que fue publicada en el medio académico The Conversation, se basó en 2.500 entrevistas a mujeres de Haití a las que se les preguntó cómo es ser una mujer o niña que vive en una comunidad que acoge una misión de paz.

La prensa brasileña señaló que, comandados por general Augusto Heleno, militares  brasileños abandonaron más de 200 hijos en Haití.

De  acuerdo con los testimonios, los militares y otros funcionarios de las Naciones Unidas encargados de restablecer la paz en la zona habrían mantenido encuentros sexuales incluso con niñas de 11 años, aprovechándose de la pobreza y miseria que varios años de guerra civil y catástrofes meteorológicas han provocado entre la población.

Fruto de estos abusos, muchas de las mujeres –entre las que se cuentan menores– han concebido niños que han pasado ser conocidos como los ‘Petit Minustah’, en referencia al acrónimo de la misión de paz de la ONU en Haití. Algunas fuentes hablan de que cerca de un centenar de niños concebidos tras las violaciones. Según el informe, en el 28,3 % de las 265 historias de embarazos producidas por cascos azules hubo personal uruguayo identificado y en el 21,9 % personal brasilero

Cerca de un 10 % de los entrevistados han mencionado la existencia de niños concebidos después de los encuentros sexuales que se habrían producido, mientras otros tantos hablan de que algunos funcionarios de la delegación de la ONU “ponían monedas en las manos de las niñas” o les daban comida a cambio de estos favores.

Por su parte un portavoz de las Naciones Unidas ha asegurado que desde la organización se toman muy en serio estos problemas y reconocen que al menos hay 29 víctimas y 32 niños nacidos de estos abusos sexuales. En ese sentido ha informado de que la ONU está “activamente involucrada” y actualmente garantiza que los pequeños y sus madres están recibiendo la manutención y cuidados adecuados.

El estudio ha recogido unas 2.000 entrevistas a personas que residían cerca de las bases militares que la ONU asentó en la isla desde 2004 y denuncia que la política de actuación de la ONU es “ineficaz”, puesto que de acuerdo con el sistema actual, la organización internacional no puede procesar a sus trabajadores por los atropellos cometidos durante el cumplimiento de sus labores en el extranjero.

“El entrenamiento debe ir más allá, no puede ser que vengan a un sitio, violen a una mujer y se vayan”, ha denunciado Lee, para quien la ONU debería plantear medidas disciplinarias más duras contra aquellos soldados y mandos que lleven a cabo este tipo de abusos y conductas sexuales.

Niñas embarazadas por militares brasileños y uruguayos

Entre los casos más dramáticos se registraron niñas de 11 años embarazadas. “Te daban unas monedas y a cambio te metían un bebé”, dice uno de los testimonios.  265 de estas mujeres hablaron, sin que se les preguntará directamente, sobre situaciones de abusos. Entre estas se incluían casos de niñas hasta de 11 años y en donde algunos abusos terminaron en embarazos.

Asimismo se especifica que los violadoes, eran “cascos azules” que provenían de 13 países, pero que en su mayoría correspondían a brasileños y uruguayos.

Se agrega que los militares ofrecían comida a cambio de tener relaciones sexuales y se resalta el hecho de que los miembros de las misiones de paz involucrados sólo eran sancionados con ser de vueltos a su país de origen, sin ningún otro tipo de condena.

Mientras aún resonaban los ecos de la denuncia por la violación del joven haitiano Johny Jean a manos de cinco soldados uruguayos en 2011, la ONU denunció la presunta «mala conducta» de efectivos uruguayos en la ciudad dominicana de Dajabón, donde fueron acusados de violar a mujeres, entre ellas menores de edad.

El caso más reciente tiene que ver con tres investigaciones abiertas a partir de una denuncia presentada por la ONU el 15 de octubre de 2012 ante la cancillería uruguaya.

Ante todo esto el ministro de Exteriores haitiano, Bocchit Edmond, exigió justicia para las casi 2.000 mujeres y niñas que se han visto afectadas durante las misiones de paz de la ONU entre 2004 y 2017.

Los “haitianos” en el gobierno de Bolsonaro

Los fantasmas de la masacre de Haití persiguen a los generales del G obierno de Jair Bolsonaro, la “clase haitiana” que ocupa posiciones estratégicas en Brasilia, lo que hace difícil cualquier tipo de sanción para los violadores.

Al amanecer del 6 de julio de 2005, las tropas de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (Minustah), lideradas por el general brasileño Augusto Heleno, llevaron a cabo una operación de «pacificación» en Cité Soleil, el barrio marginal más grande de la capital haitiana, Puerto Príncipe.

Según los testigos, unos 300 hombres fuertemente armados, comandados por Heleno, irrumpieron en el vecindario y mataron a 63 personas, dejando a otras 30 heridas. Hoy Heleno es el primer ministro de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI), responsable de la inteligencia del Gobierno de Jair Bolsonaro.

Además de los generales Floriano Peixoto (Secretario General de la Presidencia) y  Augusto Heleno, otros tres ministros estaban en el país caribeño: los generales Ferando Azevedo da Silva (ministro de Defensa) y Carlos Alberto dos Santos Cruz  (Secretaría de Gobierno), además del capitán Tarcisio Gomes de Freitas (Infraestructura).

También cuatro secretarías estratégicas están en manos de la “clase haitiana”: el coronel José Arnon dos Santos Guerra y Freibergue Rubem no Nascimento, en el Ministerio de Justicia, el general Edson Leal Pujol, en Defensa, y el portavoz de la Presidencia general Otávio Santana do Rêgo Barros, además del general Ajax Porto Pinheiro asesor especial del presidente del Tribunal Supremo Federal (STF), Dias Toffoli.

Por Juraima Almeida

Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Juraima Almeida es investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

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Iván Duque presenta nueva política de seguridad: 34.000 policías más y miembros del Esmad en las calles de Colombia

También contempla un nuevo modelo de vigilancia y control, desarme general, modelos étnicos de convivencia, y corresponsabilidad con autoridades regionales, entre otros aspectos.

El presidente de Colombia, Iván Duque, presentó este viernes su nueva Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana, durante un recorrido realizado por Antioquia. 

De acuerdo con el Gobierno colombiano, la nueva política tendrá varios aspectos centrales, entre los cuales figuran un nuevo modelo de vigilancia y control, más capacidad de control de las calles, desarme general, seguridad ciudadana para poblaciones con mayor riesgo, modelos étnicos de convivencia, y corresponsabilidad con autoridades regionales.

De estos aspectos, sobresale el del control de las calles, para lo que se estipula la incorporación de 34.000 nuevos policías en 4 años, es decir, unos 8.500 uniformados por año.

El número no solo crecerá, dado que según la directriz, también muchos de los agentes que se han dedicado a labores administrativas serán destinados al patrullaje. A su vez, se contará con el apoyo del sector de vigilancia y seguridad privada.

Además, se planea que gradualmente la Policía deje de prestar el servicio del control del tránsito, que le corresponde a los municipios, para integrar a esos agentes en labores de seguridad.

Asimismo, estipula aumentar ampliamente la cantidad de efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). "Deberá fortalecerse la capacidad de los escuadrones móviles antidisturbios, multiplicar su número, mejorar su respuesta, intensificar su entrenamiento, del mismo modo que la formación", señala el documento.

Esto último va en contra de la solicitud realizada por el comité del paro, que ha liderado las protestas sociales del último mes, y exige el desmonte total del Esmad, por considerarlo un cuerpo represivo y violador de los derechos humanos.}

Publicado:21 dic 2019 03:41 GMT

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Cortar Internet durante grandes protestas se convierte en tendencia internacional: el caso de India es un precedente peligroso

- Cuanto más aumenta la conectividad a Internet, más aumentan también los intentos de algunos gobiernos por cortarla

- India es uno de los países que más corta la red, el año pasado se registraron 134 cortes y en Cachemira llevan sin internet 137 días

- Los gobiernos argumentan que controlando las telecomunicaciones defienden el orden público en sus países


El jueves, los usuarios de internet de Nueva Delhi comenzaron a notar que internet dejaba de funcionar. ¿El motivo? Había protestas. Cada vez más gobiernos autoritarios, entre los que toca incluir el de la democracia más habitada del mundo –India cuenta ya con un largo historial en esta lides– saben que la suspensión de los servicios de datos y llamadas son una buena táctica para desarticular la respuesta social en las calles.

El aumento del acceso a internet durante la última década, sobre todo en los países en vías de desarrollo, ha provocado un aumento paralelo de los intentos por controlar la información que transporta. Access Now, un grupo que promueve la libertad en la red, ha recopilado una lista de 75 cortes del servicio en 2016. En 2018 ese tipo de hechos había aumentando a 196.

Berhan Taye, analista de políticas de Access Now, cree que a medida que las protestas sacuden docenas de países por todo el globo, es muy probable que la cifra aumente "mucho".

Iraq ha cortado el acceso a internet en repetidas ocasiones a medida que las protestas han ido expandiéndose por el país. En Etiopía, esos mismos cortes se han convertido en una realidad tan frecuente que están incluso dañando la economía. Una organización de derechos digitales ha calculado que le cuestan al país 4,5 millones de dólares al día. En Venezuela sucede tan a menudo que ya es imposible contarlos. Taye lo compara con un niño que le da al interruptor de la luz una y otra vez cuando tiene miedo de que suceda algo.

Desde la primera ocasión en que India optó por esta táctica, se ha convertido en líder de su aplicación sin rival alguno. Sólo el año pasado se registraron 134 cortes. El 68% de todos los que suceden en el mundo. Esta semana rompió el récord de cualquier gobierno democráticos. En la región de Cachemira, que vive un convulso proceso político, llevan sin internet 137 días.

El apagón ha causado estragos en empresas, servicios médicos o el sistema educativo. Cuando comenzó, los reporteros volaban hasta Nueva Delhi para entregar su material o se acercaban hasta el aeropuerto de Srinagar, capital de Cachemira, donde pedían a pasajeros que llevaran consigo tarjetas de memoria que contenían las imágenes de lo que estaba sucediendo en el estado.

Los gobiernos justifican ese férreo control de las comunicaciones en defensa del orden público. Está claro que la velocidad acelerada a la que la información, sea cierta o no, viaja por la red, comienza a crear problemas. En 2018, India se esforzó para controlar rumores sobre secuestros de niños que viajaban más rápido de lo que las autoridades podían seguir. El resultado fue que al menos 30 personas fueron linchadas a lo largo del país.

Unos meses antes, el gobierno de Sri Lanka bloqueó las redes sociales para limitar la expansión de publicaciones de odio que alimentaban ataques mortales contra la minoría musulmana. El Ministro de información lo justificó diciendo que "el país podía haber estallado en cuestión de horas".

Pero estas medidas, que han comenzado a ponerse en marcha durante crisis puntuales, comienzan a convertirse en moneda de cambio habitual. La táctica, aceptada por la ciudadanía india, cuando se aplica en estados fronterizos como Jammu, Cachemira o Assam, se vuelve contra ellos y se activa también para desactivar protestas en Nueva Delhi o Bangalore.

Estados autoritarios como Rusia o Irán están planeando ya el siguiente paso: Construir "redes soberanas" que pueden desconectarse del resto del mundo cada vez que el gobierno así lo decida o que vivan desconectadas de lo que sucede fuera de sus fronteras como ya sucede con la "gran muralla de internet" que China ha levantado.

Las protestas del pasado noviembre en Irán fueron la excusa perfecta para que su gobierno probara lo que ha dado en llamar "halal.net": una especie de intranet iraní que sigue funcionando aún cuando se desconecta del internet mundial.

El modelo aún no es perfecto. Algunos iraníes se quejaron de múltiples fallos la red de cajeros automáticos y se cayeron las redes de algunos hospitales. Pero  aplicaciones como Snapp, que permiten compartir coche, funcionaron. El presidente iraní Hassan Rouhani, dijo este mes que el servicio propio del país mejorará hasta que "la gente no necesite conectarse a redes extranjeras para saciar sus necesidades".

Muchos gobiernos están interesados en entender como funcionan esos sistemas de control. Taye explica que "los países aprenden los unos de los otros,como funcionan los cortes de internet y como pueden ponerse en marcha".

La aplicación de este tipo de medidas preocupa allá donde pueda suceder pero el de India es uno de los casos paradigmáticos. En un país que se vanagloria de estar llamado a ser una superpotencia democrática, el modo en que controla y amenaza internet, servirá como ejemplo para países menos comprometidos aún con las libertades civiles.

Un editorial publicado esta misma semana por el periódico del estado chino, People's Daily Online, no dejó escapar la posibilidad de llamar la atención sobre el mensaje que lanzan los líderes indios. "Significa que cortar internet durante un estado de emergencia debería ser una práctica estandarizada para los estados soberanos", se afirmaba.

Por Michael Safi

20/12/2019 - 21:21h

Traducido por Alberto Arce

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Trump anuncia oficialmente la creación de la Fuerza Espacial de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció oficialmente la creación de la Fuerza Espacial durante la ceremonia de firma del presupuesto de Defensa.

"Hoy marcamos un hito histórico, al inaugurar oficialmente una nueva rama de nuestras Fuerzas Armadas. Es un momento muy grande e importante. Se llama Fuerza Espacial", dijo durante la ceremonia trasmitida por Fox News.

 

Asimismo anunció que la nueva fuerza tendrá al frente al general de la Fuerza Aérea John Raymond.

El año que viene, la Fuerza Espacial tendrá un presupuesto de 40 millones de dólares y una plantilla de 200 personas.

Por su parte, la secretaria de la Fuerza Aérea de EEUU, Barbara Barett, dijo que el nuevo servicio es pequeño para los estándares del Departamento de Defensa, con unos 16.000 miembros de la Fuerza Aérea (entre efectivos y empleados civiles) para comenzar.

"Serán efectivamente la Fuerza Espacial con carácter inmediato", declaró Barrett, citada por el Pentágono.

La creación de la Fuerza Espacial fue ordenada por el presidente en diciembre de 2018.

Donald Trump ratificó la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA por su sigla en inglés) de 738.000 millones de dólares que incluye sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2, Turquía y Siria, junto con otras medidas.

La ley impone sanciones a los gasoductos Nord Stream 2 y TurkStream, y prohíbe la cooperación militar con Rusia.

La norma también sanciona a Turquía por la adquisición de los sistemas de defensa aérea S-400 de Rusia y prohíbe la transferencia de aviones F-35 a Ankara.

Además, incluye 71.500 millones de dólares para guerras en curso en el exterior u "operaciones de contingencia en el extranjero".

La NDAA incluye otras medidas para "contrarrestar" a Rusia en Europa del Este, como prohibir que Estados Unidos reconozca la reincorporación de Crimea a Rusia, aumentando los fondos para la Iniciativa de Defensa Europea, con 734.3 millones adicionales, para la construcción militar y la guerra antisubmarina.

El presupuesto militar también apoya la extensión del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III) desde su fecha de finalización en febrero de 2021 hasta febrero de 2026, de conformidad con la ley. Asimismo, exige que el presidente determine e informe al Congreso si Rusia viola el tratado.

Además, la ley establece que EEUU debe reemplazar el Tratado START con otro acuerdo de control de armas que garantice iguales o mayores restricciones, transparencia y verificación de las fuerzas nucleares de Rusia.

La NDAA también prevé más pruebas de los sistemas de defensa antimisiles, y apoya los esfuerzos para desarrollar armamento hipersónico para mediados de los años 2020.

Según la norma, el Departamento de Defensa, en el plazo de 120 días después de la entrada en vigor de la NDAA, deberá presentar al Congreso un informe sobre la asistencia militar proporcionada a países africanos por Rusia o cualquier contratista de seguridad privada con sede en Rusia.

También requiere un análisis de cualquier supuesta desinformación y propaganda rusa en países africanos que puedan suponer un riesgo para los intereses estadounidenses en la región. El documento señala igualmente la necesidad de desarrollar un plan para "contrarrestar las actividades desestabilizadoras rusas" en África.

La ley exige informar sobre las ventas de armas en África que puedan violar los embargos de armas impuestos por la ONU, especialmente en Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana.

La NDAA renueva la asistencia militar por 300 millones de dólares para Ucrania, que incluye 100 millones en armas. Además, amplía los tipos de ayuda que Ucrania puede recibir, incluidos los misiles de crucero de defensa costera y los misiles antibuque.

El documento incluye una disposición para imponer sanciones a las tropas del Gobierno sirio por presuntos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto civil en la República Árabe.

También requiere la elaboración de informes sobre amenazas que puedan provenir de China y proclama que el Congreso apoya inequívocamente a Hong Kong.

04:10 21.12.2019(actualizada a las 10:07 21.12.2019)URL corto

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El Tribunal Penal Internacional abre una investigación sobre los crímenes de guerra en Palestina

La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha anunciado dicha decisión, motivada por un examen preliminar que inició en 2018 a petición del Gobierno palestino y considerar que se dan "todos los criterios" para ello.

La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha anunciado este viernes la apertura de una investigación formal sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en territorio palestino.

Bensouda ha informado de que el examen preliminar que inició en 2018 a petición del Gobierno palestino, como Estado parte del Estatuto de Roma –tratado fundacional del TPI–, ha llegado a su fin, considerando que se dan "todos los criterios" para abrir una investigación formal.

La jurista gambiana ha afirmado que "hay una base razonable" para pensar que se han cometido crímenes de guerra en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y en la Franja de Gaza, desde 2014.

"Dado que ha habido una remisión por parte del Estado de Palestina, no hay necesidad de solicitar al Tribunal una autorización antes de proceder a la apertura de una investigación formal, por lo que no lo voy a hacer", ha dicho en un comunicado.

 

JERUSALÉN 

20/12/2019 15:34 Actualizado: 20/12/2019 15:34

EUROPA PRESS

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