La radicalización de las derechas latinoamericanas

El viernes 8 de noviembre de 2019 por la noche estaba claro, desde la soledad de la Plaza Murillo, centro del poder político en La Paz, que el esquema para enfrentar el avance golpista había hecho agua. Se multiplicaban las noticias de motines policiales, los grupos civiles armados de la derecha habían recorrido el eje Santa Cruz, Cochabamba hasta instalarse con logística a pocas cuadras de la Casa de Gobierno.

Esa noche de lluvia helada solo quedaban grupos pequeños para sostener esa posición estratégica que se perdió sin resistencia la mañana del sábado. El Alto aún no se había manifestado con fuerza, lo haría el sábado en la tarde, cortando el acceso a La Paz. Ya era tarde: 24 horas después sucedió el derrocamiento, Evo Morales y Álvaro García Linera se trasladaron al Chapare, luego a México y finalmente a Argentina.

La escalada golpista duró tres semanas. Pocas personas la anticiparon: la economía crecía, existían acuerdos con el empresariado a nivel nacional, incluido en Santa Cruz, se venía de una relativa estabilidad política, y la pregunta central era si Evo ganaba en primera vuelta o debía ir a segunda.

La derecha sorprendió dentro de Bolivia y en el continente. Una falta de anticipación similar ocurrió cuando el 23 de enero de ese mismo año un diputado ignoto se autoproclamó presidente de Venezuela en una plaza y fue reconocido inmediatamente por Donald Trump, o cuando el gobierno de Sebastián Piñera desplegó militares en las calles de Santiago para hacer frente a la protesta, un esquema aplicado semanas antes por Lenín Moreno en Quito ante el levantamiento indígena.

La suma de eventos, a los que se agrega, por ejemplo, el actual gobierno de Jair Bolsonaro con sus crisis superpuestas --política, institucional, con discursos contra la cuarentena--, indica un cambio de las derechas que atraviesa el continente. Existe un desplazamiento de los límites, una modificación de época marcada por el regreso de viejas metodologías aggiornadas al tiempo de las redes sociales, con vasos comunicantes a la vez que diferencias, con procesos de nuevas derechas como Donald Trump, Matteo Salvini, Marine Le Pen o Vox.

Este empujar cada vez más los límites ocurre en Argentina con el despliegue de mensajes anticuarentena, conceptos pobres y peligrosos como la “infectadura”, denuncias de planes de liberación de presos para formar “patrullas que amenacen jueces y expropien el capital”, acusaciones de “gravedad institucional” a las pocas horas del asesinato de Fabián Gutiérrez y la intoxicación mediática con mentiras, medias verdades, acumulación de miedo, odio y revancha.

Este mapa de derechas no es homogéneo en el continente, varía según los países, tiempos del conflicto, según sean gobierno y desplieguen la estrategia de lawfare, como en Ecuador, Brasil o Argentina antes del nuevo gobierno, o estén en oposición y apliquen metodologías de desestabilización que llegan a contratar mercenarios para ingresar al país, como ocurrió en Venezuela.

Pero existen elementos que forman un cuadro común. En primer lugar, existen dos grandes tendencias en cada país: quienes rompen límites y radicalizan el enfrentamiento, y quienes buscan mantener la disputa dentro del marco conocido. A veces sucede que ambas se unen en un objetivo común, como lo fue derrocar a Evo Morales, para luego volver a dividirse y construir un esquema de golpistas duros, como Jeanine Áñez y Fernando Camacho, y golpistas moderados --presentados como demócratas--, como Carlos Mesa.

Esa tensión recorre la derecha en Argentina, con las disputas internas de la oposición emergidas en torno a lo que fue el posicionamiento respecto al asesinato de Gutiérrez, o en Venezuela, respecto a la división entre presentarse a elecciones o insistir a través de la vía armada y el bloqueo. Este último caso expone otra dimensión central: los grados o no de autonomía respecto al Departamento de Estado.

Esa relación con Estados Unidos es medular. El proyecto de las derechas contempla dos pilares. Por un lado, la alineación en política exterior con EE.UU., algo que puede verse fácilmente en que cada gobierno de derecha se propuso desarmar la Unasur, darle la espalda a la Celac, y volver a la centralidad de la OEA. Por otro lado, la adhesión a un proyecto neoliberal en materia económica.

Se trata de proyectos de minorías al servicio de empresas con intereses fuera del país --dejando a un lado un entramado empresarial con miras al mercado interno-- subordinadas a EE.UU., algo constitutivo de las élites latinoamericanas, que no parece modificable, aun con todas las inversiones y el comercio con China.

Dos cuestiones son centrales en este escenario. En primer lugar, el sujeto político moldeado por estas claves político-mediáticas. Las agresiones en Buenos Aires el pasado 9 de julio son un ejemplo de ese envenenamiento potenciado por las redes sociales que reúne odios históricos con nuevos apellidos y fantasmas. ¿Qué discursos construir ante eso, cómo diferenciar entre segmentos, desactivar?

En segundo lugar, ¿cómo gobernar con este volumen de ataques y corrimiento de límites? ¿cómo no dejarse arrastrar al terreno del adversario? Esa pregunta, traducida al conflicto venezolano tiene otras complejidades: ¿cómo se enfrenta un bloqueo económico y operaciones encubiertas? Y en el caso de Bolivia: ¿cómo debía enfrentarse la escalada golpista amparada por una arquitectura financiera, mediática y diplomática?

Una parte importante de la derecha regresa a viejas formas con nuevas presentaciones, intenta ofensivas sin pedir permiso ni perdón. Detrás de todo --o delante-- está la disputa económica en tiempos de recesión y el retroceso hegemónico estadounidense.

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Retirada de la estatua del traficante de esclavos Antonio López en 2018, en pie en Barcelona desde 1944. Víctor Serri

El no siempre coherente mapa de la memoria de las naciones. Desde las estatuas de Colón al barrio de Kropotkin en Novosibirsk.

 

Sobre el monte Rushmore, en Dakota del Sur, se hallan esculpidos los enormes rostros de cuatro presidentes de Estados Unidos. La pregunta es la siguiente: ¿deberíamos dinamitar la mitad de ellos? De hecho, solo dos de estos padres de la patria (Abraham Lincoln y Theodor Roosevelt) no fueron propietarios de esclavos. De los otros dos, George Washington poseyó más de trescientos, mientras que Thomas Jefferson no solo tenía más de seiscientos, sino que también engendró varios hijos con una de sus esclavas.

Por ello la pregunta no es provocadora, sino que pone en evidencia el embrollo que se esconde en nuestra relación con los lieux de mémoire (lugares de memoria), expresión acuñada por el historiador francés Pierre Nora, que da título al proyecto editorial colectivo Les lieux de mémoire (1984, 1986, 1992), publicado bajo su dirección y traducido a diversas lenguas.

Este embrollo es particularmente insidioso en el caso de Estados Unidos, porque el esclavismo hunde las raíces en su historia, en su constitución material. Fueron propietarios de esclavos no solo Washington y Jefferson, sino también James Madison, James Monroe (el presidente que dio nombre a la Doctrina Monroe, precisamente), Andrew Jackson, John Tyler, James Polk y algunos otros estadistas. Poseía esclavos incluso la familia del general Ulysses Grant, que dirigió las tropas del norte en la Guerra de Secesión que abolió la esclavitud.

Si consideramos el asunto con el rigor debido, se debería cambiar el nombre de más de la mitad de las calles de las ciudades estadounidenses (las avenidas que no son numeradas están casi todas ellas dedicadas a presidentes del pasado, excepto algunas vías periféricas que, con cierto sentido de culpa, se hallan dedicadas a Martin Luther King).

Nos introducimos aquí en los meandros de las distinciones existentes entre lo que es la historia de un país y lo que es la reivindicación política. En algunos casos ello no presenta problema alguno. La bandera confederada, que tan solo hace cuatro años ondeaba en las sedes de los ayuntamientos de muchos estados sureños, constituía una provocación desvergonzada hacia los descendientes de los esclavos, mientras que convendría no olvidar la historia del tira y afloja que desde hace más de cincuenta años libran los estados del sur profundo (Alabama, Georgia, Luisiana, Misisipi, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee) al hilo del rediseño de la propia bandera estatal de modo que contenga alusiones más o menos veladas a la bandera confederada.  

Por ello nadie echará de menos las estatuas de Jefferson Davis (presidente de la Confederación sudista durante la Guerra de 1861-1865), del almirante confederado Raphael Semmes o los diversos monumentos a los soldados confederado que campean en innumerables plazas de Dixieland y que han sido derribados por las manifestaciones de Black Lives Matter. El asunto se hace más resbaladizo cuando se retira la estatua de Cristóbal Colón, porque en la misma de provocación política hay verdaderamente poco. No queremos vivir en un mundo que erige estatuas y las tira abajo y las vuelve a erigir, que exalta y cancela las memorias. En otro caso, daríamos la razón a los talibanes, que en 2001 dinamitaron los Budas de Bamyan, o a los fanáticos hindúes, que en 1992 destruyeron la mezquita de Ayodhya.

A este respecto merece la pena describir la curiosa relación establecida por Rusia con la propia memoria histórica postsoviética. Todo el mundo sabe que tras la caída de la URSS, la ciudad de Leningrado ha retomado su antiguo nombre zarista, San Petersburgo, pero pocos saben, sin embargo, que su región (oblast) continua llamándose Leningrado. Todavía más curioso es el caso de Ekaterinburg, ciudad donde en 1918 fue ejecutado el zar Nicolás II junto con su familia. Durante la era soviética, la ciudad se llamó Sverdlovsk, en honor del nombre del dirigente bolchevique, Jakov Sverdlov, que había ordenado fusilar a los Romanov. Después de 1991 se ha vuelto a recordar a la zarina Catalina la Grande, pero, al igual que en el caso de San Petersburgo, el oblast continúa denominándose Sverdlovsk y la cosa no acaba aquí: la gran arteria que circunda el nuevo monumento dedicado al “martirio de los Romanov” es la avenida Sverdlov (que posteriormente cambia su nombre para denominarse avenida Karl Liebknecht).

Lo mismo sucede en Irkutsk, ciudad situada en las proximidades del lago Baikal: la gran arteria Karl Marx desemboca en una plaza en la que se yergue la estatua de Alejandro III, el zar más reaccionario que Rusia conoció durante el siglo XIX. Vladivostok, por otro lado, es la única ciudad en cuyo centro no sobresalen las avenidas Lenin y Marx, como sucede por el contrario en la totalidad de las restantes ciudades: durante la Revolución Soviética fue la ciudad más “blanca” de Siberia y ello se percibe nada más que uno llega a la misma, porque en la sala de espera de la estación terminal del tren transiberiano encontramos un altar dedicado al zarevic Nicolás II, quien en 1891, antes de subir al trono, visitó la ciudad para inaugurar la línea. Sin embargo, la plaza principal de esta ciudad contrarrevolucionaria se llama “plaza del poder de los soviets”.

Pero el ejemplo más claro de este sincretismo histórico, que se apropia de la totalidad del pasado conciliando elementos inconciliables, lo encontré en un aula escolar visitada en Krasnojarsk, ciudad situada a orillas del río Enisei, donde, en la pared, tras la mesa del profesor, había, situados a ambos lados de la pizarra, un retrato del zar Nicolás II Romanov y otro de Lenin (en toda Rusia el único gran ausente sistemático de esta reconciliación póstuma es naturalmente Stalin).

Tanto eclecticismo no es inocente, ya que subyace bajo el mismo una operación hipernacionalista en virtud de la cual no importa si unos son zaristas y otros bolcheviques, porque todos son hijos de la eterna madre Rusia. Conviene recordar el inmortal apotegma de Samuel Johnson: “El patriotismo es el último refugio del canalla”. Sin embargo, no puede dejarse de reconocer una toponomástica que hace aflorar figuras que en otros lugares se hallan canceladas de la memoria, como sucede con el príncipe anarquista Kropotkin, que da nombre a un barrio entero de Novosibirsk; o, como en Irkutsk, la del propio Liebknecht o la de Jean Paul Marat (no olvidemos que en Francia Robespierre, Sain-Just y también Marat han sido objeto de cancelación prácticamente en todos los sitios). Y, de todos modos, no deja de inspirar cierta ternura que en el fondo de Siberia uno encuentre el Parque de la Comuna de París y pueda pasearse por él.

Por Marco D'Eramo

15 jul 2020 09:48

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Las esculturas del Centenial Land Run, en Oklahoma City, que evocan la ocupación de las tierras indias por los blancos (Sue Ogrocki / AP)

A pesar de las indignidades sufridas y la creación del estado en 1907, los jueces reconocen que la reserva nunca dejó de existir y hoy es quien tiene jurisdicción sobre el territorio

 

A la tumultuosa y sangrienta historia de la conquista del Oeste en Estados Unidos de América le faltaba aún un capítulo.

Lo ha escrito esta semana el Tribunal Supremo con una sentencia que reconoce que casi la mitad del territorio de Oklahoma pertenece a las tribus indígenas que allí se instalaron cuando se vieron forzadas a abandonar sus tierras para hacer sitio a los colonos blancos. A pesar de las indignidades sufridas y la creación del estado en 1907, los jueces reconocen que la reserva nunca dejó de existir y hoy es quien tiene jurisdicción sobre el territorio.

“Al final del Sendero de Lágrimas había una promesa. Forzados a dejar sus tierras ancestrales en Georgia y Alabama, la nación creek recibió garantías de que tendrían por siempre aseguradas sus nuevas tierras al oeste”, recuerda en la sentencia el juez Neil Gorsuch en alusión a los tratados firmados en 1832 y 1833 por el gobierno de EE.UU. con esta tribu amerindia para conseguir que les cedieran sus terrenos al este del río Misisipi.

“Hoy se nos pregunta si la tierra prometida sigue siendo una reserva india a efectos de la ley penal federal. Dado que el Congreso no ha dicho lo contrario, la palabra del Gobierno se mantiene”, concluye. Si se reconoce la validez de tratados similares firmados en el siglo XIX con las tribus cherokee, chickasaw, choctaw y seminolas, casi la mitad del territorio de Oklahoma pasará a ser clasificado como reserva india.

La sentencia, aprobada por cinco votos a favor y cuatro en contra, es un recompensa tardía por las lágrimas vertidas entre 1831 y 1838 por miles de miembros de tribus indígenas, una caravana humana en la que fallecieron unas 4.000 personas. El Gobierno de EE.UU. incumplió sus promesas y desde el primer momento se dedicó a minar y torpedear la acción de los órganos de gobierno propios de los indígenas.Pero el Congreso nunca desmanteló oficialmente la reserva india. “Estuvo muy cerca pero nunca aprobó el tipo de texto que generalmente se usa en estos casos”, aduce Gorsuch, a cuya opinión se sumaron los cuatro jueces progresistas.

Entre quienes se opusieron está el presidente, el juez John Roberts. En un informe aparte recordó que “las cinco tribus, cuyos miembros tenían colectivamente al menos 8.000 esclavos, firmaron tratados de alianza con la confederación” durante la guerra de Secesión y “aportaron fuerzas para combatir del lado de las tropas rebeldes”. Al conceder la ciudadanía a los miembros de las tribus y darles voto en la formación del estado, “el Congreso los incorporó en una nueva comunidad política”.

Mientras la juez progresista Sonia Sotomayor destacó el trato vejatorio sufrido por las tribus y el destierro del Sendero de Lágrimas, el conservador Brett Kavanaugh argumentó que si Washington incentivó la llegada de blancos al territorio fue en respuesta al apoyo de las tribus a los confederados. Fue el comienzo de los intentos de “asimilación” de la población nativa. En lugar de permitir que los indios gobernaran sobre una población blanca o expulsarlos, el Congreso optó por crear un nuevo estado en 1907, recalca Kavanaugh. Catorce años después, Tulsa, la principal ciudad de la reserva y segunda mayor del estado, protagonizaría uno de las peores masacres racistas de la historia de EE.UU. con el linchamiento de cientos de negros.

El origen de la sentencia del Supremo no está en ninguna demanda de los pueblos nativos sino en el recurso de un vecino de Oklahoma condenado por abuso de menores que cuestionó que las autoridades estatales tuvieran potestad para procesarlo. El hombre, Jimcy McGirt, de la tribu seminola, alegó que debía ser juzgado en un tribunal federal. Ha habido más casos de este tipo pero este llegó al Supremo. En la vista oral celebrada en mayo, la Administración Trump y el estado de Oklahoma defendieron que el reconocimiento de la existencia de la reserva podría provocar un caos jurídico. Gorsuch discrepó. Dar por buenas todas las tretas que el estado usó para pasar por encima de las tribus nativas sería aceptar “la ley del más fuerte, no el estado de derecho”

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Origen de la sentencia

 

La sentencia implica que solo las autoridades federales pueden presentar cargos contra nativos americanos que cometan crímenes graves en ese territorio, donde viven 1,8 millones de personas (15 % de ellos son nativos americanos). El fallo abre la puerta a que se recurran una cantidad indefinida de sentencias penales dictadas por los tribunales estatales y probablemente a cambios fiscales ya que los estados no tienen derecho a imponer tributos en reservas indias. El estado de Oklahoma, la tribu creek y las otras cuatro naciones afectadas se han comprometido a trabajar juntos para aplicar la sentencia y velar por la seguridad pública, la economía y los derechos de propiedad privada.

“Con el paso del tiempo, Oklahoma y sus tribus ha demostrado que pueden funcionar con éxito como socios”, escribe en la sentencia, optimista haca el futuro, Gorsuch. Su sensibilidad hacia la historia de los pueblos e instituciones indígenas, gestada durante su tiempo como juez en (Denver) Colorado, ha sorprendido a muchos. Gorsuch es uno de los jueces conservadores nombrado por Donald Trump, quien tiene entre sus ídolos a Andrew Jackson, el presidente que en 1830 firmó y ejecutó manu militari la expulsión india.

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Opus Dei, pederastia y silencio de los medios

La Congregación para la Doctrina de la Fe ha procesado al sacerdote del Opus Dei Manuel Cociña Abella por abusos sexuales a varios adolescentes y jóvenes de ciudades españolas en los últimos 30 años. Lo ha sancionado a cinco años sin ejercer su ministerio sacerdotal en público, otros cinco años de atención espiritual únicamente en su centro, en Granada, España. El pederasta Cociña tiene 72 años, fue discípulo directo del fundador Escrivá de Balaguer y ha sido actor distinguido en la Obra.

Es la primera vez que un miembro distinguido del poderoso Opus Dei es inculpado en temas de abusos. Sin embargo, la noticia sólo ha levantado vuelo en las redes sociales. El portal Religión Digital, especializado en temas católicos, ha dado seguimiento a las denuncias y al proceso de Cociña, pero denuncia que tanto la prelatura del Opus Dei como la totalidad de medios de comunicación han silenciado la noticia. Jesús Bastante, de Religión Digital, reprocha: "El Opus Dei sigue callado. Es la estrategia de siempre, la que tanto daño ha hecho a las víctimas de abusos. Porque el silencio victimiza doblemente al superviviente, lo ningunea, trata de anular su dolor, su historia, el horror sufrido. El silencio de quienes, durante años, miraron hacia otro lado, trasladando a Cociña de un lugar a otro y conminando a las víctimas a callar y guardar su dolor en un cajón es, si cabe, más ominoso que los abusos en sí. Porque el silencio es consciente y programado".

Las preguntas resultan innegables: ¿puede una congregación religiosa tan poderosa como el Opus Dei acallar y amortiguar un evento que perjudique su imagen? El portal se queja particularmente en España y Chile, donde la Obra es pujante, de la siguiente manera: "¿Dónde están Vida Nueva, Alfa y Omega y la prensa católica de nuestro país?" ¿Tanto poder tiene la Obra sobre medios aparentemente alejados de la Iglesia como El País? La respuesta es afirmativa. Lo vivimos en México en 1997, cuando se anunció un programa de tv en CNI Canal 40. Las víctimas de Marcial Maciel denunciaban sus abusos. Hubo amenaza de boicot de anunciantes, silencio de las principales televisoras y, salvo La Jornada, callaron los periódicos del país. Fue un caso emblemático, pues desnudó los estrechos vínculos de poder entre la Iglesia y las élites mexicanas. Hubo censura y coerción hacia los periodistas que se atrevieron a desenmascarar el reino de impunidad de Maciel. Es más, las plumas cercanas a los Legionarios de Cristo cuestionaron los relatos y autoridad moral de las víctimas. Sobresale, El Norte ( Reforma) que se dedicó a calumniar sistemáticamente a las víctimas.

El tema requiere detenerse. Porque la denuncia a la pederastia clerical se debe a los medios seculares. Los medios de comunicación han tenido un papel clave en la denuncia de la pederastia clerical a escala internacional. Desde el comienzo de las revelaciones sobre el abuso, la Iglesia católica, reaccionó con desacierto. Desde los años 50, niega los hechos y protege a los pederastas. En el siglo XXI, ante el alud de denuncias, cuyo epicentro se sitúa en The Boston Globe en Filadelfia en 2002, encontramos una Iglesia que invierte sus energías haciéndose pasar por víctima. Acosada por supuestos intereses que la quieren desprestigiar. El efecto es el contrario, hay un desmoronamiento institucional debido a la contundencia de los relatos de las víctimas, hechos y denuncias en países registrados por los medios. Al posicionarse como ciudadela asediada por enemigos que buscan destruirla, la Iglesia, se refugia en teorías de la conspiración y olvida el drama de las víctimas. Las percibe como amenaza o instrumentos manipulados para alimentar la hostilidad internacional. La Iglesia comete un grave error de comunicación que la desacredita. Pretendió promover la imagen del martirio y de persecución, durante la primera década del siglo XXI.

Sin duda, la estrategia también pretendió reforzar el frente interno. Es decir, cerrar filas como cuerpo social ante los supuestos embates de enemigos externos. Sectores de la curia desarrollan confabulaciones y complots en torno al funesto secretario de Estado de Juan Pablo II, el cardenal Angelo Sodano, quien encabeza la fallida estrategia. Desde Roma se levantan construcciones sobre conjuras internacionales, cuyos actores centrales son aquellos enemigos tradicionales: judíos, masones, comunistas, ateos y financieros de Wall Street. En los relatos argumentativos, se minimiza el impacto de la opinión pública, ya que ha sido manipulada. Sin enfocarse en las víctimas, la estrategia, prendió cimentar un frente interno sólido capaz de repeler los ataques. La imagen del martirio, de hecho, se refiere a la memoria colectiva del cristianismo primitivo. Bajo esta estrategia, situamos el silencio y reprochable desentendimiento de los medios católicos. Más aún cuando grandes agencias internacionales, sus fundadores estaban involucrados, como Zenit con Maciel, de los legionarios o Aciprensa; Luis Fernando Figari, de Sodalicio de Vida Cristiana. La prensa cristiana y católica está en deuda con la verdad y con sus lectores.

Todo este episodio dramático entre medios y pederastia clerical conduce a una hipótesis: en un contexto cultural de secularización, en el declive de la estructura eclesial católica se opera un efectivo decaimiento simbólico. Es decir, la Iglesia ya no ejerce ni tiene el monopolio de la moralidad. La crisis de pederastia y sus escándalos es también la crisis de credibilidad de la Iglesia que en México había modelado los valores. El Opus Dei guarda este dilema, se abre a la transparencia o se refugia en el arte de ocultar la verdad.

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Trump puso sanciones porque investigaban crímenes de sus tropas

EE.UU. sigue atacando a la Corte Penal Internacional

 

La gravedad del problema institucional que ya implicaba el desconocimiento de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional (CPI) se profundizó a fines de junio. En el sistema mundial que concibió Immanuel Wallerstein, EEUU sigue enfrascado en su histórico excepcionalismo. Ese que consiste en el doble estándard para juzgarse a sí mismo y al resto de las naciones de modo distinto. Además de aislarse –se fue de la OMS a fines de mayo– sigue anunciando sanciones unilaterales contra organizaciones o países. Al tribunal con sede en La Haya lo alcanzó el largo brazo de Washington cuando tuvo el tupé de investigar los crímenes que cometieron sus tropas en la invasión de Afganistán. La secuencia es así: el 11 de junio en respuesta a esa decisión de la CPI, Donald Trump emitió la orden ejecutiva 13928 para bloquear los bienes de algunos de sus integrantes. La réplica, un documento del mayor grupo de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, no demoró. Se conoció el 25 de junio y considera la sanción “un ataque directo” a la independencia judicial del organismo que reúne a 123 naciones que adoptaron el estatuto de Roma en 1998.

Estados Unidos no reconoce a la Corte como el instrumento para juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por personas físicas. Los especialistas, relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, consideraron que “estas amenazas constituyen una interferencia inadecuada con la independencia de la CPI y también podrían tener posibles efectos adversos en los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los representantes de las víctimas…”.

Desde que se creara la Sociedad de las Naciones en 1919 a la que Estados Unidos no adhirió –disuelta en 1946 para dejar paso a la ONU- los intentos de la potencia mundial para condicionar a los organismos multilaterales se dan con frecuencia. Por citar los últimos, Trump se retiró del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2018. Al año siguiente, en diciembre de 2019, el gobierno de EEUU ya ni siquiera argumentó que actuaba en defensa propia. Acudió en ayuda de su incondicional aliado, Israel. Le advirtió a la CPI que “tendría consecuencias” si pretendía poner en marcha cualquier investigación “ilegítima” sobre las políticas en los territorios palestinos ocupados.

Estos antecedentes fueron contextualizados por Diego García-Sayán, relator especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados: “La implementación de tales políticas por parte de Estados Unidos tiene el único objetivo de ejercer presión sobre una institución cuyo papel es buscar justicia contra los crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión”.

Si la ONU tiene 193 países y la Corte Penal 123 se debe en buena medida a la historia recorrida por ambas. Naciones Unidas cumplirá 75 años el próximo 24 de octubre y la CPI recién llegará a los 22 años este 17 de julio. No es menor la cantidad de sus países miembros si se toma en cuenta que al 1° de enero de este año 117 estados de la ONU pasaron por el Consejo de Derechos Humanos que tiene un cuerpo estable de 47 naciones desde el 15 de marzo de 2006.

El conflicto entre Estados Unidos y la Corte se agudizó cuando la fiscal internacional Fatou Bom Bensouda, recibió el apoyo clave de una las Cámaras de Apelaciones de la CPI. El 5 de marzo de este año, la Cámara decidió en fallo unánime que la autorizaba a investigar posibles delitos en la república islámica de Afganistán que EEUU todavía ocupa con unos trece mil soldados. John Bolton, uno de los halcones de la Casa Blanca que asesoró a Trump hasta septiembre de 2019 cuando el presidente lo despidió, fue el más taxativo de todos los funcionarios cuando se refirió al tribunal de La Haya: “No cooperaremos con la Corte; no le prestaremos asistencia; no nos uniremos a ella; dejaremos que se muera sola”.

Pero la CPI está muy lejos de morirse y tiene quienes la defienden de las medidas con que la amenazó Washington: “El uso de sanciones unilaterales contra jueces internacionales y funcionarios públicos internacionales constituye una clara violación no solo de sus privilegios e inmunidades, sino también de un amplio espectro de derechos de las personas seleccionadas”, dijeron los responsables de todas las relatorías de la ONU, quienes no reciben un salario por su trabajo, son independientes de cualquier gobierno y se desempeñan a título individual. Entre ellos hay un argentino: Fabián Salvioli, quien se encarga del área de promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en Naciones Unidas.

La gambiana Bensouda es por ahora el principal blanco individual del gobierno de Trump. Los crímenes que investiga en Afganistán según informes de la CPI afectaron a 699 víctimas, 61 de las cuales fueron torturadas por las fuerzas de ocupación. Estados Unidos llegó a retirarle la visa a la fiscal que también investiga crimenes de los talibanes. El Fiscal General de EEUU, William Barr, afirmó el mes pasado que las medidas tenían como objetivo “responsabilizar a la CPI por exceder su mandato y violar la soberanía de los Estados Unidos”.

Esa concepción muy vinculada con la doctrina del destino manifiesto que se arroga Washington desde la época de sus padres fundadores, es analizada por Thierry Meyssan. El periodista francés que preside y fundó la Red Voltaire escribió en un artículo que publicó el 2 de abril del año pasado: “Estados Unidos afirma que sigue ‘la voluntad de Dios’ mientras que sus enemigos se niegan a ‎hacerlo y, por tanto, juzga a sus enemigos mucho más severamente de lo que se juzgaría a ‎sí mismo por los mismos hechos, recurriendo así al doble rasero”. ‎

La posición del gobierno de EEUU es evidente desde que se firmó el estatuto de Roma con que se rige la CPI. Se considera una nación “excepcional” -de ahí la doctrina del excepcionalismo- que no debe ni puede quedar condicionada por los principios universales que rigen a otros Estados.

Según algunos académicos este conflicto plantea un dilema ético. Thomas Bender, un respetado historiador norteamericano, autor del libro Historia de los Estados Unidos. Una nación entre naciones (Siglo XXI), le dijo en 2011 a Página/12: “Nosotros aceptamos nuestras actividades imperialistas justamente porque nos consideramos ‘aparte’. Creemos que estamos ayudando a la gente que invadimos. Este excepcionalismo es intrínsecamente contradictorio: no compartimos la historia mundial, pero cualquier historia nacional extranjera nos parece una emulación de la nuestra, como si los demás debieran ir en la misma dirección”. Como se ve, nada cambió hasta hoy y la ofensiva de Trump contra la Corte Penal Internacional es más de lo mismo.

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Lunes, 06 Julio 2020 06:02

¿Parteaguas?

Vista aérea de una pintura a gran escala que representa a Breonna Taylor en Annapolis, Maryland.Taylor fue asesinada dentro de su departamento a tiros por miembros del Departamento de Policía de Louisville en marzo durante una fallida redada antidrogas.Foto Afp

El movimiento Black Lives Matter es posiblemente la movilización de protesta social más grande de la historia de Estados Unidos, la cual está rescatando el futuro de su país al recordar su historia real.

“¿Que comparto yo, o los que represento, con la independencia nacional de ustedes? ¿Aquellos grandes principios de libertad política y de justicia natural, encarnados en esa Declaración de Independencia, nos incluyen?… Las bendiciones que ustedes regocijan este día no son gozadas en común. La herencia rica de justicia, libertad, prosperidad e independencia, entregada por sus padres, es compartida por ustedes, no por mí… Este 4 de julio es de ustedes, no mío. Ustedes pueden regocijarse, yo tengo que estar de luto… Conciudadanos, por arriba de su alegría nacional tumultuosa, yo escucho el triste lamento de millones cuyas cadenas, pesadas y dolorosas, hoy son aún más intolerables por los gritos de júbilo que nos alcanzan…. No dudo declarar, con toda mi alma, que el carácter y conducta de esta nación nunca me ha parecido más oscura que en este 4 de julio… Estados Unidos es falso al pasado, falso al presente y solemnemente se ata para ser falso al futuro. De pie con Dios y el esclavo aplastado y sangrando en esta ocasión, yo, en nombre de la humanidad que está indignada, en el nombre de la libertad encadenada, en nombre de la Constitución y la Biblia, que son ignoradas y pisoteadas, me atreveré a cuestionar y a denunciar… todo lo que sirve para perpetuar la esclavitud, el gran pecado y vergüenza de Estados Unidos…

“No es luz lo que se necesita, sino fuego; no es una llovizna suave, sino truenos. Necesitamos la tormenta, el torbellino y el terremoto… La hipocresía de la nación tiene que ser expuesta, y sus crímenes contra Dios y el hombre tienen que ser proclamados y denunciados… ¿Qué es, para el esclavo estadunidense, el 4 de julio de ustedes? Respondo: un día que le revela, más que todos los otros días del año, la grave injusticia y crueldad en la cual él es la víctima constante. Para él, esta celebración es una farsa… un velo delgado para encubrir los crímenes que desgraciarían a una nación de salvajes. No hay nación en el mundo culpable de prácticas más espantosas y sangrientas que las del pueblo de Estados Unidos en estos momentos…. Por barbarismo repugnante e hipocresía sin vergüenza, Estados Unidos reina sin un rival.”

Esas palabras son fragmentos de un discurso ofrecido justo en esta fecha en 1852, sobre el significado del 4 de julio, Día de la Independencia, que celebra la lucha por la libertad, por el abolicionista Frederick Douglass, quien fue un ex esclavo afroestadunidense, y director del rotativo The North Star (el cual, por cierto, fue de los primeros en publicar un editorial en oposición a la guerra de Estados Unidos contra México, la cual llamó "una guerra ignominiosa, cruel y desigual" y donde "México parece ser condenado a ser víctima del cupido y amor anglosajón de la dominación").

Pero el gran Douglass, entre otros, estaría sorprendido hoy día de que sus palabras de hace 168 años estén en boca de participantes en lo que se calcula es ahora el movimiento de protesta social más grande en la historia de Estados Unidos, reportó el New York Times. El cálculo es que entre 15 y 26 millones de personas han participado en las protestas.

“El peor error que podríamos cometer ahora, con todas estas marchas, las protestas en las calles, sería demandar demasiado poco… Es la hora por una revolución moral de valores”, afirma el reverendo William Barber, quien encabeza la Campaña de los Pobres.

Asustado, el presidente ha declarado, en sus festejos del Día de Independencia, que este movimiento es "el enemigo" de su país, o sea, ya no son los mexicanos ni los inmigrantes ni otros poderes, sino otros estadunidenses que se oponen a él y todo lo que representa.

El país esta en un parteaguas donde tiene que enfrentar lo que fue, lo que es y decidir –y luchar por– lo que quiere ser.

https://open.spotify.com/ track/0FdCFfb5xb7thJMaSjLFs H?si=HrLQt_-3TQuc6Sg7IWe1-w

https://www.youtube.com/watch?v=NV51gU00oqc

https://www.youtube.com/watch?v=d6szT5NnwTY

https://www.youtube.com/watch?v=Xv8FBjo1Y8I

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Reclusos con mascarillas mientras hacen cola durante una operación policial en la prisión del Centro Penal de Izalco. EUROPAPRESS/Especial/NOTIMEX/dpa

 

elDiario.es habla con un portavoz de la Mara Salvatrucha cuando se cumplen dos meses desde que el Gobierno salvadoreño ordenó mezclar en las mismas celdas a miles de miembros activos de tres pandillas enfrentadas entre sí

Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Miles de presos apelotonados uno tras otro, en plena pandemia. Todos con la cabeza rapada, descalzos, sin camiseta, vestidos únicamente con pantalones cortos y hacinados en cárceles que triplican su capacidad. El menor de los problemas era que no se cumpliese la distancia social. Por primera vez en dos décadas, El Salvador decidió juntar en tres de sus prisiones a sicarios de las tres pandillas mayoritarias y enfrentadas a muerte entre sí, la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), y las dos facciones de Barrio 18, Sureños y Revolucionarios, que desde el 2002 tenían espacios diferenciados dentro de las prisiones para evitar asesinatos entre ellos.

Esta semana se han cumplido dos meses desde que miles de miembros activos de la MS-13 y de las dos 18 están conviviendo en las mismas celdas. No ha habido reporte de muertes ni incidentes. Un portavoz de la Mara Salvatrucha en El Salvador ha explicado a elDiario.es cómo se ha gestionado en el interior de las prisiones el "castigo" del Gobierno salvadoreño.

"El Estado nos metió así pensando que nosotros íbamos a caer en su juego", sostiene el hombre vía telefónica, reticente a dar su nombre real por razones de seguridad. Se hace llamar 'Presente', su taka o alias en la pandilla.

"Nos metió así pensando que nos íbamos a matar unos con otros, porque somos rivales, creyendo que íbamos generar un caos... Pero somos seres humanos y podemos pensar así que rápido, ligero, nos pusimos de acuerdo", detalla Presente para describir los meses de convivencia entre sus compañeros y sus rivales: "Y ahí estamos, revueltos pero tranquilos, tenemos reglas y normas entre nosotros".

Presente habla desde la capital del país, San Salvador, en nombre de toda la organización, incluidos sus homies (compañeros) presos. Nos contacta a través de otro compañero suyo, preso en España. Para poder hablar con Presente pasamos varios filtros, muchas preguntas y varios días hasta llegar al representante designado. En otros momentos, los presos podían, ilícitamente, hacer llamadas desde la cárcel, ahora, desde que los juntaron, les han cortado casi cualquier vía de comunicación con el exterior. Solo les quedan algunos métodos rudimentarios para hacer llegar algún mensaje a los miembros de su organización que no están encarcelados.

A sus 34 años, Presente, como casi cualquier marero vivo de su edad, también ha estado preso. Él cumplió condena en Zacatecoluca, la prisión de máxima seguridad de El Salvador, donde históricamente han encerrado a los líderes de la Mara Salvatrucha 13 (MS13).

La MS13 es la pandilla más grande y violenta del mundo, la que nació en los años 70 en California, y ahora es considerada una organización terrorista internacional. Aunque de cerca se parece más a un ejército de chicos pobres que se enriquecen con el narcomenudeo y la extorsión. En este país de 6,5 millones de habitantes, tan poblado como la Comunidad de Madrid, la MS13 tiene 40.000 miembros repartidos por todo el territorio. Se organizan en los barrios y asentamientos urbanos a través de clicas, la unidad mínima territorial que goza de autonomía operativa y que le rinde cuentas al programa, una mesa regional sobre la que ya se erige la organización nacional o Mesa de la Ranfla.

Las clicas han dividido ciudades y el país entero en miles de fronteras invisibles, donde quien vive en un barrio controlado por una clica de la MS13, aunque no seas parte de la organización, no puede cruzar al barrio contiguo si lo controla una de las pandillas rivales, a riesgo de ser asaltado, golpeado o hasta asesinado.

Con esta ley del terror, cada pandilla se asegura el control de su territorio donde pueden estar tranquilos con sus familias y hasta conseguir prebendas para sus vecinos. Después de 30 años de existencia en muchos barrios, pandillas y vecindario tienen una relación simbiótica, los mareros necesitan al barrio para sobrevivir y el barrio muchas veces necesita a la pandilla. Como ha ocurrido durante la pandemia. Durante el estado de emergencia en El Salvador, los pandilleros han repartido víveres y han impuesto, demasiadas veces de malas formas, que la gente cumpla el confinamiento.

El gobierno salvadoreño decretó el 15 de marzo el estado de emergencia, que ha mantenido al país confinado durante cerca de tres meses. El cese de la actividad económica, sumado a las tormentas tropicales Cristóbal y Amanda que dejaron 30 muertos y a más de 12.600 personas sin casa, han disparado el hambre en un país donde la tercera parte de su población vive en la pobreza.

"Somos una estructura pensante, los más grandes de aquí, los más organizados y no solo para cosas malas, también para cosas buenas", dice Presente, quien tiende la mano al Gobierno salvadoreño. La relación entre las pandillas y la administración de Nayib Bukele, que acaba de cumplir un año, es opaca. Los dos gobiernos anteriores del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) intentaron acuerdos con las pandillas para pacificar el país.

En 2012 se negoció una tregua que no llegó a cumplir los dos años. Su fracaso y la implementación de políticas de mano dura tuvo un importante coste para El Salvador. Las pandillas escalaron la violencia hasta convertir el país en el más violento del mundo. Uno de cada mil salvadoreños era asesinado en 2015 y esta tasa casi se duplicaba en la capital, San Salvador.

Desde la llegada de Bukele al poder, los homicidios han descendido en un 60%, un logro histórico. El gobierno asegura que es gracias a su Plan de Control Territorial, del cual no hay apenas información pública y ha sido puesto en entredicho el último fin de semana de abril, cuando 70 personas fueron asesinadas, casi una cada hora; pese a la restricción de movimientos y con 50.000 policías y militares desplegados en la calle. "Fue un golpe sobre la mesa de las pandillas, que saben que la violencia es su poder de negociación con el gobierno", asegura la experta en Seguridad y Violencia, Jeanette Aguilar.

El presidente Nayib Bukele respondió públicamente con la vieja receta de mano dura. Autorizó a la Policía y al Ejército a disparar a matar. "El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o de la vida de los salvadoreños", dijo Bukele a través de su cuenta de Twitter, como suele hacer los anuncios oficiales quién se ha ganado a pulso el apelativo del "presidente millenial". Ese mismo día decidió juntar en las prisiones a miembros de las tres pandillas mayoritarias y enfrentadas a muerte entre sí. "De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país, permanecerán selladas. (...) Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla", tuiteó el mandatario. En El Salvador se calcula que, entre todas las pandillas, hay 60.000 miembros, de los cuales l6.000 están presos.

"En las cárceles aguantamos hambre, golpes, nos tratan peor que los animales ya usted ha visto como los andan...", describe Presente. "Los tiene tan solo en bóxers, sin comunicación, con una puerta sellada para que no les entre ni un rayo de sol al día, todos hacinados, solo con las mascarillas clínicas", dice el MS-13.

El portavoz de la Mara Salvatrucha sostiene que, aunque hay un área destinada para gente enferma, la saturación dificulta la atención médica. "Si normalmente no se da abasto, ¿ahora? El año pasado murieron muchos hermanos presos de tuberculosis, imagínese con lo que estamos viviendo ahora... uno está como agonizando en vida", relata Presente. Pide al Gobierno que se replantee la medida.

"Violando nuestros derechos, el país no vive mejor"

"Nosotros como mareros no pedimos nada más que nos respeten los derechos humanos. Somos delincuentes, pero también somos salvadoreños. El gobierno se debería poner a analizar que violando nuestros derechos el país no vive mejor", dice el marero.

Roberto Valencia, periodista que ha cubierto el fenómeno de las maras durante una veintena, asegura haber accedido a un documento firmado por las tres pandillas para ratificar su convivencia en el interior de las cárceles. "Ahora tenemos una reglas de convivencia dentro de las prisiones", dice Presente. Cuesta imaginárselo, cuando se trata de pandilleros rivales. Durante años, se han matado unos a otros.

"Sí, esas rivalidades están, pero ahí dentro no le vamos a dar gusto al sistema", reitera el joven. "Ahí nosotros convivimos. Si ha habido un problema en alguna ocasión en las calles, no se puede reactivar en la cárcel aunque se quiera. No se puede", añade. Pero, una cosa es la presión. Otra, las calles.

La tregua no se replica afuera. Solo que, durante la pandemia, cada pandilla está viviendo "en tranquilidad, en su territorio".

Valencia, que entró a grabar en las celdas el pasado mes de mayo, vio como los rivales convivían hasta el punto de llamarse "amigos" entre ellos. "Si me dicen a mi hace unos años que iba a ver eso, apuesto dinero a que no", explica el periodista.

Articuladas frente a un enemigo común: el Estado

"Desde 2010 hemos visto cómo las pandillas han logrado articularse entre ellas contra el Estado, su enemigo común. Ahora esta decisión en las cárceles puede favorecer más la cohesión de las bases pandilleras, al margen de sus rivalidades históricas", contextualiza Aguilar.

"Así pasó en la década pasada ante las políticas de mano dura, cuando las pandillas contestaron usando la extorsión hasta convertirse en las redes de economía criminal que son ahora. Si ahora se fortalecen las estructuras pandilleriles desde las prisiones (dónde están muchos de sus líderes), se pueden convertir en estructuras que funcionen como un solo cuerpo frente al Gobierno. Esto dejaría el país en una posición menos favorable, es un mal cálculo de Bukele", alerta la investigadora Aguilar y da ejemplos de otras intentonas fallidas. Si en algo son buenas las pandillas es en su capacidad de adaptación.

"Nosotros ya teníamos en mente que un día el gobierno podría hacer esto. Pero aquí está muy equivocado con la población que tenemos adentro. Es una decisión caprichosa y no podemos poner nuestro grano de paz nosotros así, el gobierno en la actualidad nos sigue matando día tras día", agrega Presente, antes de envíar por Telegram noticias de mareros muertos en manos de la Policía.

En el informe del primer año de gobierno de Nayib Bukele, el Ministro de Seguridad de El Salvador, Rogelio Rivas se congratulaba de sus resultados. "Hemos cerrado un año sin precedentes en la historia de El Salvador en seguridad pública. El mes de mayo fue el más seguro en la historia del país, con 64 homicidios. Y hoy puede ser el segundo día del mes sin ningún homicidio", decía el jueves 4 de junio. Menos de 24 horas después y a 50 kilómetros de donde se reúne el Ejecutivo, la policía salvadoreña asesinaba a un pandillero apodado El Dreamer, de la Mara Salvatrucha 13 (MS13). No hubo ningún escándalo, ni manifestaciones contra la acción policial, su muerte fueron apenas unas líneas publicadas en prensa.

¿Nuevos acuerdos entre el Gobierno y las pandillas?

Junio se terminó, al igual que mayo, con apenas dos asesinatos diarios en El Salvador, un hecho a celebrar en el mismo país que el último fin de semana de abril asesinaron a una persona cada hora o donde en 2017 se asesinaba a 10 personas al día. Expertos como Aguilar señalan que el descenso se debe a un pacto bajo el agua entre el actual gobierno y las pandillas. Otras dos fuentes off the record apuntan en la misma dirección. Desde la MS13, Presente rehuye hablar de pactos. "Acuerdo así tal vez no hay, pero sí un acto de buena voluntad por parte de nosotros. Nosotros estábamos de manos cruzadas, queríamos ver qué esperanza o oportunidad traía el nuevo gobierno pero ahora llegó su primer año y las cosas no han cambiado para nosotros", dice.

La propia ONU ha pedido a Bukele que revise sus actitudes autoritarias. Por ejemplo, durante el inicio de la pandemia, dio orden de detener y encerrar 30 días en instituciones gubernamentales a todo aquel salvadoreño que se saltase el confinamiento domiciliar –pese a que el poder judicial se opuso– y se han sucedido las detenciones arbitrarias y los encierros de aquellos que se atrevieran a salir incluso a la gasolinera, durante la cuarentena. No es el único giro militarista, en febrero el presidente quiso forzar una votación en la Asamblea Legislativa –controlada por la oposición– tomando el pleno con soldados y policías armados.

Al cumplir un año de su mandato en junio, Amnistía Internacional (AI) pidió a Bukele, en una campaña pública, un "giro radical" en su mandato y que fortalezca el Estado de Derecho en un país que todavía tiene fresca en la memoria una sangrienta guerra civil de más de 12 años. En la misma línea considera que la nueva política hacia los pandilleros en las prisiones es un "despliegue mediático y propagandístico". "Mostrar a las personas privadas de libertad en esos contextos de hacinamiento, maltrato y humillación, genera popularidad porque la gente está harta de la violencia, pero no ve que eso es un reflejo del poco respeto a los derechos humanos de este gobierno", señala Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas, quien explica que el presidente fomentan una estrategia militar ante cualquier problema social.

Mientras tanto el apoyo popular al presidente se mantiene en más del 90% y hasta desde la Mara Salvatrucha, Presente se resiste a criticarlo severamente. "Ha hecho mucho por la gente pero a nosotros nos da la espalda" y no descarta que si el gobierno les da su lugar "el acuerdo en las cárceles puede venir aquí a las calles y vivir en paz todos", concluye Presente y asegura que él quisiera que sus hijos estudiaran y no entrasen en la Mara.

Pero el descenso de los homicidios no ha comportado un debilitamiento de las pandillas, que siguen practicando los mismos niveles de extorsión para financiarse. Solo el confinamiento militarizado durante la COVID-19 habría frenado los cobros ilícitos de las pandillas, que extorsionan desde empresarios hasta cualquier negocio pequeño pasando por los autobuses o los comerciantes ambulantes.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen para América Central y el Caribe las pandillas tendrías pérdidas de ingreso porque gran parte de esta economía no estaba operando y eso les obligaba a cambiar de estrategia. El principal diario salvadoreño en papel, La Prensa Gráfica, pone de ejemplo que los taxistas seguirían pagándoles la extorsión, pero a través de transferencias bancarias.

Desde la Mara Salvatrucha, Presente no quiere hablar de eso aunque entiende que una gran parte de la sociedad salvadoreña les tiene rencor. Otra las asume como parte de sus males. "En nuestras comunidades, la gente está con nosotros, convivimos en armonía", se atreve a decir el pandillero. Con orgullo, manda fotos de las bolsas de alimentos que han repartido durante la pandemia. Es la cara del otro lado de la actitud de las pandillas durante la pandemia. La cruz se encuentra, por ejemplo, en uno de los vídeos difundidos durante el estado de emergencia que mostraba a unos adolescentes mareros amenazando con un bate a los vecinos que osasen romper la cuarentena. Zanahoria y garrote.

Por Majo Siscar

4 de julio de 2020 22:26h

@majosiscar

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Las niñas y los niños no deben seguir siendo un botín de guerra

El caso de la violación sexual de una menor indígena por parte de un grupo de soldados del ejército colombiano, ha desatado un hecho mediático, que de algún modo sirve para visibilizar una horrorosa práctica que lamentablemente es histórica en Colombia.

La primera reacción como seres humanos es de indignación; no hay derecho que después de firmada la paz, sigan ocurriendo actos tan atroces y viles, como la violación de los niños por parte de los actores armados, pero aun lo más grave por parte de miembros de las fuerzas del orden que constitucionalmente están para defender la honra bienes de todos los ciudadanos de este país; más aún la de los niños y niñas que gozan de especial protección tal como lo contempla nuestra carta magna “. Las reacciones de los diferentes sectores de la sociedad reflejan cuan lejos estamos de superar los escollos para que la paz sea una realidad sobre todo en los territorios rurales y apartados de nuestro país.

Algunos y más algunas se apresuraron a poner en duda lo que lo que ya era una verdad reconocida y abogaron más por la defensa de los victimarios que por la victima e incluso dejando entrever que la menor se “expuso” porque se devolvió a buscar unos soldados amigos”. Posiciones lamentablemente no extrañas y propias de esta cultura patriarcal y machista que sospecha siempre de las víctimas, más si los victimarios tienen algún tipo de poder social, económico o como en este caso estatal, agregando así un hecho más de revictimización y violencia hacia los más vulnerables.

No fue más alentadora la respuesta de la justicia, que en manos de la Fiscalía y en tiempo récord, sospechoso para el abogado de las víctimas, porque según él hay otros implicados de rango más alto, se decidió imputar un delito menos grave, pero que en la misma línea insinúa el presunto consentimiento por parte de la victima configurando así una revictimización. El presidente de la republica expresó su dolor, por ser miembros del ejercito quienes cometieron este acto y promovio el linchamiento mediático, manifestando que habría que aplicarles la recién aprobada cadena perpetua para violadores, que aún no ha sido revisada por la corte constitucional y que ya muchos proveen la declarara inconstitucional y por tanto no se puede aplicar, ¡será que el señor presidente ignora esto?. Y en cuanto a revisar los procedimientos de las fuerzas armadas en los territorios indígenas, guardo silencio.

La respuesta generalizada ha apuntado al castigo drástico e implacable para los victimarios, obviamente que lo debe haber la sanción penal correspondiente, pero lo que no puede pasar es que se cierre un oscuro capítulo más aceleradamente, individualizando lo actos de unas personas “desadaptadas” como ha sucedido en anteriores ocasiones, hasta que tengamos noticias del próximo caso de impacto mediático y así concentrarnos en los síntomas y no en las causas estructurales que subyacen a estas deleznables prácticas.

Lo primero que hay que recordar es que este hecho está lejos de ser un caso aislado y se circunscribe en el contexto del conflicto endémico, que aunque se firmó un acuerdo de paz, aún no superamos plenamente y al contrario ha venido alentándose nuevamente desde diferentes sectores políticos, sociales e institucionales y desde el partido de gobierno que prometió hacer trizas el acuerdo y en el discurso inaugural solicitó el inmediato cambio de la cúpula militar que se había comprometido con el proceso; así como de nuevas y antiguas estructuras violentas y criminales de todo tipo que han venido copando territorios que antes de la firma del acuerdo controlaban las guerrillas de las Farc. Hoy estamos viendo con asombro y desesperanza los resultados de estas nuevas políticas.

Oxfan ONG Holandesa, en una investigación cuyo informe   denominó “Que dejen de cazar a los niñas y los niños” saquen mi cuerpo de la guerra”(2) reveló que entre los años 2008 y 2012 fueron víctimas de violencia sexual 48, 950 niñas y niños. Cada día según el informe fueron abusados 27 niñas y niños con una tasa más alta de niñas, por parte de los diferentes actores armados en el contexto del conflicto colombiano.

Estos ataques no son furtivos, en que un individuo solitario asalta a una menor y la viola, aquí se configura todo un componente más complejo y perverso que indica una lógica de guerra, en que el botín son los niños y niñas, usados para satisfacer a los vencedores. Las niñas vienen siendo secuestradas por varios días y sometidas a toda clase de vejámenes, hasta que se cansan sus victimarios o ellas logran huir, como ha ocurrido últimamente. Se llevan a cabo en zonas aún de conflicto, en las que sus poblaciones han sufrido históricamente los rigores del abandono del estado y por lo tanto son vulnerables. Ante la imposibilidad de defenderse o denunciar los casos, terminan por naturalizar estas violencias como parte de un sino trágico de la vida de los niños y las niñas. Se establece una relación de poder frente a las víctimas y a la población, en este caso por parte de personal que representa una parte de la institucionalidad, uniformados y armados por supuesto. Son prácticas que han venido siendo sistemáticas a lo largo del conflicto originadas en la degradación de la guerra prolongada y que continúan perpetuándose en lo que se ha llamado el pos-conflicto.

Si bien posterior a la firma de los acuerdos los casos se han venido reduciendo, todavía continúan siendo un grave problema que debería movilizarnos como sociedad. Por supuesto que no todos los abusos sexuales de los niños y las niñas responden a las lógicas del conflicto; pero debe ser un deber del estado velar porque en lo que concierne a sus agentes se apliquen los protocolos existentes para la prevención de este delito al interior de las fuerzas armadas. Este es lo mínimo que debe hacerse y que debemos vehementemente exigir para ir reduciendo hasta eliminar por completo delitos tan atroces como los que estamos conociendo. Esto pasa también por desactivar los discursos patriarcales, guerreristas y violentos que hacen parte del lenguaje cotidiano. Por ejemplo afirmaciones como “son las niñas las que buscan los soldados” o esto es un acto de una manada de desadaptados, hijos de familias desestructuradas”, o son actos de “manzanas podridas” es seguir ignorando, minimizando y desconociendo las causas estructurales que han rodeado estos hechos lo que suponen una forma más de violencia.

Revisión de la doctrina militar en torno al respeto de los derechos humanos de la población civil y en la percepción de que la población es cómplice o aliada de los grupos al margen de la ley y por lo tanto asumidos como enemigos.

Implica igualmente demandar que se cumplan los acuerdos de paz firmados en la Habana, que constituyen una carta de navegación que ataca los factores incursos del abandono histórico de estas comunidades. Que se  avance en el dialogo que está pendiente con otros grupos armados y que exista una decisión política y militar en el combate de las bandas criminales.

Que el estado haga presencia en las antiguas zonas de conflicto que dejaron las Farc, con educación, salud, saneamiento básico y desarrollo de procesos productivos integrales, como alternativa a los cultivos ilícitas que son factor de violencia.

La violencia sexual en los niños y niñas es un acto profundamente doloroso que deja huellas emocionales a corto y largo plazo que han sido ampliamente detalladas por los especialistas en el corto plazo: estrés postraumático, temor, ansiedad, trastornos del sueño, odio por su propio cuerpo, culpa, pobre autoestima, comportamientos autodestructivos y autoagresivos y conductas suicidas entre otros. A largo plazo: dificultades en las relaciones afectivas y sexuales, desconfianza hacia los hombres en el caso de las mujeres, pesadillas, escenas intrusivas, culpa, vergüenza, depresión crónica, consumo de sustancias psicoactivas, e intentos de suicidio. Por tanto requiere atención y acompañamiento especializado, con los que no cuentan generalmente las víctimas que a más de soportar el sufrimiento derivado del crimen, tienen que soportar la desidia de los entes encargados de la protección. La erradicación de estas formas de violencia requiere de acciones integrales y no de reducirlos meramente a respuestas facilistas, punitivas, populistas, que apuntan más a aliviar consciencias y pasar rápidamente la página.

Por Fabio Curtidor Argüello, profesor investigador Universidad Monserrate, Bogotá.

Docente Secretaría de Educación del Distrito, Bogotá.

Exdirector Aldea Bogotá; Aldeas Infantiles SOS Colombia.

(2) Hurtado, I. (2014). ¡Que dejen de cazar a las niñas y los niños! Informe sobre violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado en Colombia. Bogotá: Alen. Recuperado de: https://www.coljuristas.org/centro_de_documentacion/documento.php?id_doc=393

 

 

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Sábado, 04 Julio 2020 11:16

Cocaína colombiana: ¿Dónde estamos?

https://pacifista.tv/notas/las-cifras-de-la-coca-y-la-cocaina-en-colombia-se-volvieron-a-disparar/

La producción mundial de cocaína en 2018 alcanzó 1.720 toneladas, nivel óptimo para satisfacer un mercado diversificado geográficamente y en franco crecimiento. Colombia en ese nuevo escenario suministra el 70% de la demanda y tiene la particularidad de ser una fuente especializada en el suministro de ese psicoativo, teniendo en cuenta un escenario de gran auge del policonsumo.  Este contexto, ha llevado a la conformación de consorcios criminales que se encargan de atender la tendencia a la diversificación del consumo de drogas en los mercados internacionales. Observemos el gran momento en que se encuentra la producción mundial de cocaína:[1]

 

Gráfico No.1

Hectáreas sembradas de hoja de coca y producción de cocaína 1998 – 2018

A ese 70% de Colombia le sigue como aportante Perú con un suministro del 20% y Bolivia con el 10%. En general, la cocaína experimentó un fuerte crecimiento entre 2013 y 2017 con una estabilización en 2018 en la que estamos hoy. Pero es interesante apreciar cómo se eleva la capacidad de producción de cocaína en relación con las áreas de siembra de hoja de coca. Es decir, la tendencia que se observa con fuerza en el 2018, se consolida en el 2019. Veamos gráficamente este fenómeno:

 

Gráfico No. 2

Áreas de coca y producción de cocaína 2005-2018

La producción de cocaína se dobló entre 2014 y 2018. Fue una tendencia imparable basada en mejoras de variedades de coca, manejos agronómicos y optimización del uso de los precursores químicos incluyendo la garantía de suministros para la elaboración de psicoactivos. Los intentos por afectar la producción a partir de la mejora del control de elementos básicos para la producción de cocaína, como en el caso del permanganato de potasio usado en la fase de la Pasta Básica de Cocaína (PBC) y que tuvo un pico óptimo de incautaciones alcanzando las 585 toneladas cayendo luego a tan solo 70 toneladas, indica para UNODC, que Colombia lo está produciendo domésticamente con un mercado asegurado en el marco del crecimiento de la producción del psicoactivo.

Esta situación de auge de la cocaína colombiana se reflejó en el último informe del SIMCI sobre el monitoreo de la producción colombiana, al señalar que mientras se presentó una leve disminución del número de hectáreas de coca (de 169.000 detectadas en 2018 a 154.000 en 2019) el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura se estimó en 1.137 tm, verificándose un aumento de 1,5% en relación con el 2018.[2]

Otros indicadores en las tendencias del mercado internacional

Brasil pasa a ser el segundo país en latino américa en incautaciones después de Colombia, con un incremento del 65% frente a 2017, alcanzando 79 ton., mientras que el país andino mantuvo niveles de 413.4 toneladas (2018) y 433 ton. (2019).

Otro dato importante es la exportación de PBC principalmente desde Colombia, para ser procesada en otros países principalmente de tránsito. En el radar de UNODC aparecen bajo esa función países como Venezuela, Argentina, Brasil, Paraguay y Ecuador en Suramérica donde se han encontrado laboratorios de refinamiento de cocaína. Es claro que Suramérica se ha convertido también en un mercado importante de uso (tercera región a nivel mundial con el liderazgo de Uruguay, Chile, Brasil y Argentina) además de ser lugar de tránsito principalmente hacia Europa Occidental.

Así mismo en Guatemala y Honduras también se da la presencia de laboratorios de procesamiento de cocaína. En total se han hallado en 15 países lo que mostraría nuevas dinámicas de arreglos, baja de costos por pérdidas en puntos de salida desde Colombia y aseguramiento del valor agregado que adquiere la sustancia en la medida en que avanza hacia los mercados internacionales.

Los sitios de mayor movimiento de cocaína también muestran una tendencia interesante. Sobresale Europa Occidental y Central como los mercados que han tenido un comportamiento significativo si tenemos en cuenta los niveles de incautaciones que está presentando hoy. Los decomisos en Europa Occidental y Central se triplicaron entre 2014 (62 ton.) y 2018 (177 ton.). Esta última cifra significa un 14% de todas las incautaciones en el mundo con presencia destacada de Bélgica, España, Holanda y Francia que tienen los principales puertos de ingreso.  El incremento de incautaciones dice bastante de los volúmenes que están transitando por ese continente y explica por qué Brasil es el principal país de reexportación hacia Europa.

En esa ruta se consolidan como puente estratégico de tránsito África Occidental y que se refleja en incrementos de incautaciones en países como Marruecos. Con cifras de 2018, además de Marruecos esta ruta ha implicado también a Argelia, Namibia, Mozambique, Suráfrica y Nigeria. Los decomisos muestran para ese continente un incremento de 1.2 ton en 2015, 3.3 ton., en 2017 y 5.6 ton., en 2018.  En esa ruta se utilizan principalmente containers que se movilizan luego por mar hacia los grandes puertos europeos liderados por Amberes, Rotterdam y Hamburgo.

En el caso de Estados Unidos (EU) la tendencia del mercado sigue estable con un leve incremento en los últimos cinco años sin que se evidencie un boom en la demanda a la manera como sucedió en los ochenta. Si bien EU ha doblado los niveles de incautación entre 2014 y 2018 de 91 a 172 toneladas, estos se han producido allende sus fronteras y abarcarían mercados que podrían incluir como objetivo a Canadá. En contraste los niveles de incautación en el interior reportados por Aduanas y el Servicio de Protección de Fronteras de EU (34 toneladas en 2017 a sólo 27 ton., en 2018) así como en los reportes de la DEA (Cocaine Removals) desarrollados en el interior cayeron de 114 ton., en 2017 a 93 ton., en 2018.

La disponibilidad de cocaína entre la población está siendo percibida hoy como levemente declinante a diferencia de años anteriores. Esto puede ser un indicador que muestra que la cocaína no es de lejos la primera sustancia que circula en los principales mercados de drogas y es probable que mantenga esa tendencia de una leve declinación. No obstante, Colombia sigue siendo el suministrador más importante con un 90% de las muestras testeadas en las incautaciones, seguido de Perú (6%) y con un origen desconocido el restante 4%.

La caída de las incautaciones de cocaína en el interior de las fronteras de EU es un excelente indicador de las nuevas tendencias de la demanda que se caracteriza por el poli consumo. Allí se explica la concentración de las preocupaciones en el impacto severo de los opioides y que ha llevado a que la labor de la inteligencia se centre en ese tipo de suministros. El auge del policonsumo es una característica del mercado de drogas hoy a nivel mundial.  En otras palabras, el mercado mundial de sustancias psicoactivas ha sufrido una significativa transformación en donde se ofrece una multiplicidad de drogas desde aquellas con un origen natural, sintéticas para usos ilegales o la desviación de medicamentos principalmente opioides. Todas representan un mercado fabuloso.

Finalmente, Asia mantiene en los dos últimos años promedios de 3.5 toneladas en incautaciones y en Oceanía han crecido significativamente pasando en los últimos años de 756 kg a 2.1 tons. La cocaína colombiana es la principal fuente de suministro también para este mercado como lo es en Asia y Europa Occidental y Central. Observémoslo gráficamente:

 

 

Los precios en Australia son significativos oscilando entre 165,000 y los 230,000 dólares australianos por kilo equivalentes a cerca de US $110,000 – US $154,000 dólares para los años de 2017 y 2018. Los test para medición del uso obtenidos a partir del análisis de aguas residuales indican incrementos importantes de la demanda en Australia, pasando de 3.1 ton., (2016) a 4.1 tons., en 2017 y 4.6 tons,. en 2018. [4]

¿Qué conclusiones se pueden obtener de la anterior evidencia estadística?

  1. Colombia se consolida como el primer país suministrador de cocaína en el mundo manteniendo un aprovisionamiento constante en EU, incrementando la exportación a Europa Occidental y Central, abasteciendo a Brasil tanto para consumo interno como para reexportar a Europa vía África, en parte para Asia y Oceanía. Estos nuevos mercados representan un ingreso importante para los exportadores colombianos dado el auge de precios. Supone también nuevos arreglos empresariales con estructuras locales que se encargan de reexportar o distribuir local y regionalmente.
  2. De este modo se observa con claridad que la fortaleza de las organizaciones colombianas radica en su invisibilidad y la especialidad en el manejo transnacional de este psicoactivo. Perfil que contrasta con el crimen organizado mexicano el cual se distingue hoy en día por un manejo de múltiples sustancias que atienden un mercado principalmente en EU, cada vez más determinado por el poli consumo. Los mexicanos deben estar creando un emporio financiero y consolidando un poder significativo empresarial ilegal por la capacidad de reexportación de las sustancias más demandadas hoy en EU como son los opioides de origen natural, los opioides sintéticos, las metanfetaminas y sobre todo el Fentanilo, sustancia letal de diferentes sectores sociales principalmente blancos empobrecidos que demandan un sustituto al consumo de heroína. El México criminal que gira alrededor de los mercados de drogas ilegales afianza sus relaciones con China principal suministrador tanto de sustancias como de materia prima para producir drogas sintéticas, pero también con India. Este contexto es interesante porque refuta con evidencia las especulaciones de algunos observadores – sobre todo colombianos – que repiten la necia idea de una supuesta fortaleza del crimen organizado mexicano al “sustituir” a las organizaciones colombianas alrededor de la cocaína. La realidad como se puede observar es otra.
  3. También se puede observar la fuerte evidencia en el sentido de que el problema de drogas de hoy de EU es justamente ese poli consumo letal, escenario que es manipulado por distintos informes de la DEA y de diferentes instancias sobre drogas de EU que buscan mantener la narrativa donde se adjudica a Colombia una falsa responsabilidad por lo que ocurre hoy en el interior de la demanda de psicoactivos en ese país. Para reforzar este argumento, visualicemos el gravísimo problema de salud pública ahondado por un modelo de manejo que evidencia el quiebre de las políticas preventivas y de tratamiento en el interior de EU. Usando las cifras del National Vital Statistics System, observemos el dramático incremento de las muertes por sobre dosis de los opioides:[5]

 

Gráfico No. 4

Muertes (100 mil hab.) por sobredosis por uso de opioides tanto sintéticos comode origen natural en EU 1999-2018

 

Los opioides sintéticos distintos a la metadona han creado un serio problema de salud que de acuerdo con la gráfica repunta como una tendencia que se incrementa en los últimos dos años. El Fentanilo es el principal causante de esa tendencia y si nos atenemos a la condición étnica se observa una mayor mortalidad por consumo de Fentanilo en primer lugar en blancos, seguido del grupo de negros y finalmente, personas de origen hispano.[6]

  1. Retomando el punto anterior, la manipulación simbólica frente a Colombia crea una narrativa de “corresponsabilidad” y que justifica – entre otras – la presencia de tropas de EU en suelo colombiano para “combatir el narcotráfico”. Ese discurso y sus consecuentes decisiones, es facilitado por una élite compuesta en alto grado por nuevas generaciones de beneficiarios del narcotráfico y de la criminalidad abarcando el lavado de activos, principalmente a través de la concentración de la propiedad de la tierra en zonas rurales, negocios inmobiliarios en zonas urbanas y la financiación de campañas electorales. La permisividad basada en una vigencia inusitada de la agenda bilateral que ha narcotizado nuevamente la política exterior colombiana, está teniendo costos muy altos amén de una apuesta errática y fracasada frente a la situación política de Venezuela, comodín de las pretensiones electorales del presidente Trump buscando la captura del voto de la Florida.[7]Para ello la narrativa del combate a las drogas es útil.
  2. Mientras las organizaciones narcotraficantes colombianas exhiben una clara fortaleza en su capacidad de conquista de nuevos y promisorios mercados internacionales y afianza un poder transnacional, la élite colombiana se dedica a combatir los cultivos de uso ilícito como la “bala de plata” para acabar con el narcotráfico. El costo en derechos humanos es altísimo: 5 personas han muerto en el 2020 por el uso de armas convencionales de guerra en labores de erradicación forzosa manual atendiendo las presiones de Washington. La deslegitimación del Estado y sus estructuras de seguridad avanza al ser percibidas como fuerzas de ocupación en territorios abandonados a su suerte. Escenario que complementa la desprotección de las comunidades cultivadoras que de una u otra manera se relacionan con la economía de la coca y la marihuana y que contabilizan 94 muertos en diferentes circunstancias y distintos responsables, desde que se firmó el Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016.[8]

Por Ricardo Vargas M.

29 junio, 2020 

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[1] Para toda esta ilustración hemos usado las cifras de United Nations Office on Drugs and Crime UNODC World Drug Report 2020 Vol.3 Drug Suply y Vol.4 Cross Cutting Issues Trend, Viena junio de 2020.

[2] UNODC Resumen Ejecutivo Censo Coca 2019 Colombia, junio 2020.

[3] Corresponde a análisis de laboratorio para ubicar el origen a partir de muestras sobre el total de cocaína incautada en las fronteras de Australia.

[4] UNODC Drug Monitoring Platform cit por World Drug Report 2020 Vol.3 Drug Suply. Información para los principals mercados de Oceanía en Australian Criminal Intelligence Commission, Illicit Drug Data Report 2017–18 (Canberra, July 2019) y New Zealand Customs Service, drug seizure database. Available at www.customs.govt.nz/.

[5] National Vital Statistics Report, Vol 68 No.3, march 21 2019

[6] DEA “Fentanyl Flow to the United States”, January 2020.

[7] Sobre el tema véase Daniel García Peña “Trump, Bolton o Duque: ¿Cuál es peor?”, El Espectador, Junio 30 de 2020.

[8] Sobre el particular véase, P. Arenas y R. Vargas M. “Erradicaciones forzosas de cultivos de uso ilícito y derechos humanos en Colombia”, Corporación Viso Mutop, Junio de 2020.

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¿Por qué América Latina es el epicentro de la pandemia?

Entre los países con mayor cantidad de infectados por el Covid-19, hay cuatro latinoamericanos: Brasil (segundo), Perú (séptimo), Chile (octavo) y México (décimo). Chile tiene el triste récord de contagiados por habitante (15 mil cada millón), seguido por Perú (8 mil 500), muy por encima de Estados Unidos, España e Italia.

México es una de las naciones del mundo que menos exámenes hacen por habitante (apenas 4 mil 300), siendo el más rezagado de la región con mayor población. Chile hace 15 veces más tests por habitante y Bolivia 20 veces más.

En la semana que finalizó el 28 de junio, los cuatro primeros países del mundo en fallecidos por millón de habitantes son latinoamericanos: Chile con 48, México con 31, Perú con 28 y Brasil con 26 (https://bit.ly/3dSSnWg). En Bolivia y Colombia la tasa de contagiados crece de forma permanente.

A medida que se conocen nuevos datos, la indignación crece. En Sao Paulo, la diferencia en el porcentaje de muertos por el Covid-19 entre los barrios ricos y los pobres es alarmante. En Bela Vista, región central, mueren 20 personas por cada 100 mil habitantes; en Brás, barrio pobre del centro, fallecen 87 por cada 100 mil habitantes (https://bit.ly/2VyBFoK).

Encuentro tres razones básicas para comprender por qué América Latina es hoy el centro global de la pandemia, situación que está lejos de disminuir.

La primera es la desigualdad, que carga en sus ancas, como compañeras de viaje, la corrupción, el desmantelamiento de los servicios sanitarios y la pobreza estructural de la mitad de la población.

Mientras la OMS recomienda ocho camas de hospital por cada mil habitantes (en Brasil es de 2.2), en algunos municipios de la Baixada Fluminense (estado de Río de Janeiro), como Seropédica e Itaguaí, hay apenas 0.3 a 0.8 camas por cada mil habitantes (https://bit.ly/2V8XITa).

En Perú, 70 por ciento de la población trabaja en el sector informal. Algunos mercados, como La Victoria, en Lima, presentaban en mayo 86 por ciento contagiados (https://bit.ly/3ggo3q7).

En Chile, donde los de arriba violan la cuarentena como y cuando quieren, incluyendo al presidente, en los barrios "altos", como Las Condes y Providencia, 90 por ciento de los hogares tiene acceso a Internet. En Cerro Navia, La Pintana y Lo Espejo no alcanza ni a 30 por ciento, afectando las posibilidades de educación a distancia.

Un excelente artículo en El Desconcierto, titulado "No conocen su país", destaca que "75 por ciento de los ingresos de los chilenos se destina a pagar deudas y que 82 por ciento de los mayores de 18 años es deudor moroso" (https://bit.ly/3eCWGpw). Dos millones de personas tienen serios problemas para acceder al agua potable y en muchos hogares conviven cuatro generaciones bajo un mismo techo.

El segundo problema es la violencia, que ha desestructurado nuestras sociedades y convertido a los estados-nación en espectadores cómplices del neoliberalismo. El "monopolio de la violencia legítima", que se atribuye a los estados, es una broma macabra, cuando ya no hay diferencias entre mafias y estados.

Cada masacre es testigo de la complicidad de los cuerpos armados, como acaba de suceder en San Mateo del Mar y en cada una de las matanzas que se suceden, cada semana, contra poblaciones originarias y negras de nuestro continente.

Aunque algunos se hagan los distraídos, sabemos que la violencia forma parte de la acumulación por despojo/cuarta guerra mundial, que es la seña de identidad del capitalismo en este periodo de turbulencias y tormentas. Dicho de otro modo: la violencia es sistémica, para acumular riquezas y contener a los pueblos. No es una desviación del sistema, es su núcleo duro, lo que le permite existir.

La tercera causa se deriva de las anteriores: gobiernos erráticos, incapaces no sólo de contener la pandemia –algo que podría entenderse dadas las tremendas condiciones estructurales que heredaron– sino de aceptar sus fracasos, con un mínimo de humildad. Hay gobernantes que "mueven" la aguja del pico de la pandemia cuando las cuentas no les cuadran. No sólo en México.

La pandemia muestra tanto la crisis de la gobernabilidad, como las consecuencias de tres décadas de neoliberalismo sobre las instituciones y contra los pueblos. Los gobiernos no gobiernan, apenas acompañan servilmente los proyectos del capital y del imperio de Trump.

Como a esta pandemia sucederán otras, algunas ya anunciadas (como una peste porcina en ciernes) y otras inevitables (como las ambientales que presagian los incendios forestales, las plagas de langosta y la sucesión de sequías e inundaciones), es tiempo de reflexionar y tomar precauciones.

¿Quién va a defender a los pueblos cuando los gobiernos decretan el encierro masivo, mientras el extractivismo (minería, monocultivos y grandes obras) sigue destruyendo y asesinando? O nos organizamos o estaremos condenados a ser hojas en la tormenta sistémica.

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