Domingo, 01 Diciembre 2019 06:05

El agravio a los muertos

El agravio a los muertos

“Ni los muertos estarán seguros ante el enemigo si este vence…..”

--W. Benjamin

 

Un multitudinario cortejo fúnebre recorre las calles de El Alto y La Paz. Por delante van dos féretros y detrás miles y miles de dolientes. Son gente humilde; pobladores de El Alto, artesanos, campesinos, vecinos, madres, indígenas de las provincias de La Paz, Potosí, Cochabamba y Oruro. Han caminado con su dolor cerca de diez kilómetros, y a su paso salen trabajadores, comerciantes y estudiantes llorosos que se persignan, aplauden y entregan agua y pan a los que marchan. La ciudad está paralizada, y la gente de los barrios populares está de luto. Ayer, en la zona de Senkata ocho pobladores fueron asesinados con armas de fuego militar, más de un centenar fueron heridos de bala, llegando a treina y cuatro los muertos en los últimos nueve días del golpe de Estado en Bolivia.

Han bajado desde El Alto para reclamar justicia por sus muertos; han caminado tanto para que las personas vean lo que está pasando, ya que los medios de comunicación amordazados no hablan de la tragedia sufrida; marchan horas y horas para decirle al mundo que no son terroristas ni vándalos; que ellos son el pueblo.

Y es que desde el día del golpe de Estado todas las movilizaciones de sectores populares y campesinos que salieron a defender la democracia y el respeto al voto ciudadano fueron objeto de una feroz campaña de desprestigio que desbordó las redes y los medios de comunicación. No se hablaba de obreros, ni de vecinos, ni de indígenas. Se trataba de “peligrosas hordas”, de “vándalos” que amenazan la paz social. Y cuando los habitantes de la valiente ciudad de El Alto y los indígenas y campesinos bloquearon carreteras, un rabioso lenguaje se apoderó de los golpistas y medios de comunicación: “terroristas”, “narcotraficantes”, “salvajes”, “criminales”, “turbas borrachas” “saqueadores” y otros adjetivos fueron utilizados para descalificar y criminalizar la protesta de las clases menesterosas.

Desde entonces, mujeres de pollera con hijos en la espalda, niñas escolares que acompañan a sus padres, jóvenes universitarios, obreros soldadores, campesinos de poncho y vendedores de helados son el nuevo rostro de los “peligrosos sediciosos” que quieren incendiar el país. Esta estigmatización de la plebe sublevada, especialmente si son indios, no es nueva. Durante la Colonia, en el siglo XVI, Fray Ginés de Sepúlveda comparó a los indígenas con los monos; el cura Tomás Ortíz los calificó de “bestias”; en el siglo XIX se hablaba de “razas degeneradas”; y las dictaduras del siglo XX mutaron hacia la delincuentización del indio insurrecto, calificándolo de “subversivo“, “sedicioso”, que quiere poner en riesgo la propiedad, el orden y la religión.

Ahora, las clases medias tradicionales realizan una vergonzosa fusión verbal entre el lenguaje colonial con el de contrainsurgencia. Ni sus intelectuales orgánicos educados en universidades extranjeras pueden escapar a este llamado de la sangre y el prejuicio racial. Para ellos las marchas de vecinos son reuniones de “delincuentes borrachos”, los bloqueos de caminos de campesinos son actos de “terrorismo” y los asesinados por la bala militar son ajustes de cuentas entre “maleantes”. La forzada mesura con la que todos estos años los escribas conservadores habían calificado a los indios empoderados, hoy se desbocan como un torbellino de prejuicios, insultos y descalificaciones racializadas.

Habían aguardado toda una década mordiéndose los dientes para no escupir sobre los indios y mostrarles su desprecio; y ahora, amparados en las bayonetas, no dudan en descargar todo su odio de casta. Es el tiempo de la venganza y lo hacen enfurecidos. Es como si quisieran borrar no sólo la presencia del indio que los derrotó, y por eso son capaces de matar con tal de que Evo no sea candidato; además desean arrancar su huella de la memoria de las clases humildes asesinando, encarcelando, torturando, amenazando a quienes pronuncien su nombre. Por eso queman la Wiphala que Evo introdujo en las instituciones del Estado; por eso queman las escuelas que él hizo construir en los barrios populares; por eso aplauden y brindan por la militarización de las ciudades. Ya no hay espacio para la dignidad ni el decoro de una clase que se revuelca frenéticamente en el lodo del autoritarismo, la intolerancia y el racismo.

Y es contra ello que marchan las clases humildes de El Alto y las provincias. Bajan por miles, doscientos mil, trescientos mil. El número ya no importa. El poder que ellas defienden no es el de una persona ni el que Weber teorizó como capacidad de influir en el comportamiento de otro. Para las clases populares la experiencia de poder de estos últimos catorce años es el de ser reconocidas como iguales, el de tener derecho al agua, a la educación, al trabajo, a la salud en similares condiciones que el resto de los ciudadanos. El ejercicio del poder para el pueblo ganado en las urnas, más que la de una capacidad de mando ha sido la de una experiencia corporal diaria de poder mirar de frente a los demás sin tener que avergonzarse del color de piel o la pollera de madre; es haber sido tomados en cuenta como seres humanos; es el poder vender en el mercado, labrar la tierra o ser autoridad sin ninguna barrera de apellido. De ahí que, si bien la experiencia del poder estatal para las clases subalternas -como lo vio Gramsci- es, en primer lugar, la construcción práctica de su unidad como bloque social, la manera de verbalizar y comprender moralmente ese poder ha sido la conquista de la dignidad, es decir, su experiencia de pueblo como cuerpo colectivo autodignificado.

Por eso la mujer de pollera y el obrero lloran cuando el fascismo quema la Wiphala, lloran cuando Evo es expulsado, lloran cuando son impedidos de entrar a las ciudades. Lloran porque están despedazando el cuerpo simbólico y real de su unidad y de su poder social. Y cuando llevan sus muertos por delante en medio de miles de crespones negros y boleros de caballería fúnebres, lo hacen para pedir a las clases pudientes el respeto a sus muertos, a esos muertos que son el umbral último donde los vivos, sea de la clase o condición social que sean, deben detener su orgía de sangre y odio, para venerar la virtud de la vida.

Pero la respuesta de los golpistas es atroz, inmoral, dantesca. Disparan gases lacrimógenos, disparan balas, desplazan sus tanquetas y los féretros quedan en el piso, envueltos en una nube de gases escoltados por gente que se arrodilla y se arriesga a la asfixia antes que abandonarlos.

”No respetan ni a los muertos” grita la gente. No es una frase de protesta, es una sentencia histórica. La misma que pronunciaron los padres de los agredidos de hoy, cuando otro golpe militar en el fatídico noviembre de 1979 ametralló desde unos aviones norteamericanos Mustang a los dolientes que rezaban y hacían ofrendas a los familiares difuntos en el día de los muertos o “todos santos”. Los aventureros del golpe militar de entonces, después de su efímera borrachera de victoria, quedaron aparcados en la cloaca de la historia, lugar en el que con toda seguridad estarán pronto los golpistas de hoy. No se puede agraviar impunemente a los muertos, porque en la cultura del pueblo ellos forman parte de los principios básicos reguladores del destino de los vivos.

La brutalidad de los golpistas hoy obtiene el miedo de la gente, pero ha abierto las puertas de un resentimiento generalizado. Las suturas con las que las seculares grietas clasistas, regionales y raciales habían sido cerradas han estallado por los aires dejando unas heridas sociales sangrantes. Hoy hay odio por todos lados, de unos contra otros. Las clases medias tradicionales quisieran ver el cadáver de Evo arrastrado por las calles, como el del expresidente Villarroel en 1946. Las clases plebeyas quisieran ver a los ricos cercados en sus barrios padeciendo de hambre por la falta de alimento. Una nueva guerra de razas anida en el espíritu de un país desgarrado por la felonía de una clase que halló en el prejuicio colonial de superioridad la defensa de sus privilegios.

Ya lo dijimos, la fascistización de la clase media tradicional es la respuesta conservadora a su decadencia social fruto de la devaluación de sus aptitudes, capitales, oportunidades y saberes legítimos frente a la “invasión“ de una nueva clase media de origen popular e indígena con repertorios de ascenso social más eficaces en el Estado indianizado de la última década. No es que han tenido una depreciación de su patrimonio -que de hecho aumentó pasivamente debido a la expansión económica generalizada del país- sino de sus oportunidades y apuestas sociales de mayor ascenso social aprovechando el crecimiento exponencial de la riqueza nacional.

Pero esto no ha limitado un hecho relevante de las estructuras de clases sociales y de los procesos de hegemonía política: la irradiación estatal de las clases medias. En sentido estricto el Estado es, en su regularidad, el monopolio del sentido común de una sociedad. En tanto que el poder político es, con mucho, la creencia y convicción de unos del poder de otros, es en cierto modo también un tipo de sensación intersubjetiva. Se trata del espeso mundo de las narraciones profundas con efecto estatal. La “opinión pública”, esto es, las narrativas, símbolos y sentidos de comprensión de la legitimidad que pugna por realinear el sentido común político, en gran parte es concentrada por las clases medias tradicionales por disposición de tiempo, recursos y especialización laboral.

En Bolivia, el ascenso social de nuevas clases medias indígena-populares ha venido acompañado por nuevas narrativas y sentidos de realidad pero no con la suficiente solidez como para irradiarse o contraponer la racialización del discurso de las clases conservadoras y ser soporte de una nueva “opinión pública” predominante. Las clases medias tradicionales poseen la experiencia en las formaciones discursivas y en los sedimentos históricos del sentido común dominante, lo que les ha permitido expandir retazos de su modo de ver el mundo más allá de la frontera de clase, incluso en partes de las nuevas clases medias y sectores populares. De hecho, la nueva clase media más que una clase social con existencia pública movilizada es una clase estadística, es decir, aún no es una clase con irradiación estatal.

De ahí las dramáticas formas con las que las fuerzas indígena-populares intentan escenificar y narrar sus resistencias. Se trata de otras maneras de construcción de opinión pública y de articulación del sentido común que se irradia a otros sectores sociales, pero a raíz del hecho de fuerza del golpe de Estado, ahora subalternizadas, fragmentadas.

Mientras tanto, el fascismo cabalga como un jinete enloquecido al interior de las murallas de los clásicos barrios de clase media. Ahí, la cultura y las razones han sido erradicadas sin disimulo por el prejuicio y la revancha. Y parece ser que sólo el estupor fruto de un nuevo estallido social o de la debacle económica que asoman en el horizonte, producto de tanto odio y destrucción, podrá agrietar tanta irracionalidad escupida como discurso.

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Sábado, 30 Noviembre 2019 06:28

Chile sangra en los ojos de Gustavo Gatica

Chile sangra en los ojos de Gustavo Gatica

Los Carabineros disparan a la cara para aterrorizar a los manifestantes.

 

Gustavo Gatica perdió la vista en sus dos ojos alcanzado por los balines de la represión. Ya son 300 las personas afectadas por traumas oculares, un evento sin paralelos en todo el mundo. Gatica se convirtió en el símbolo de la lucha contra el autoritarismo. Desde el hospital mandó su mensaje: "Regalé mis ojos para que la gente despierte".

 

Tras el anuncio de la Clínica Santa María de que el joven Gustavo Gatica había perdido la visión de ambos ojos de forma permanente después de 17 días de hospitalización, la capital chilena respondió con un cacerolazo masivo en su honor. El pasado 8 de noviembre, el estudiante de psicología de 21 años se encontraba sacando fotos de las manifestaciones en Plaza Italia, el centro de la capital chilena, cuando fue impactado en los ojos por perdigones antidisturbios que carabineros ya tiene como costumbre utilizar para dispersar a los manifestantes en Chile.

 La gravedad de su caso, que los chilenos han seguido de cerca, lo ha convertido en un áspero símbolo de los excesos policiales sistemáticos en el país durante las últimas seis semanas, desde el estallido de las manifestaciones sociales con la marcha de un millón de personas el 18 de octubre.

 “La misma gente tuvo que sacarlo de la plaza, usando escudos, porque Carabineros seguía disparando. Gustavo no es el único afectado, tenemos médicos, observadores de derechos humanos, estudiantes, muchos heridos por la policía”, dice Enrique Gatica, su hermano mayor. “El protocolo de carabineros es disparar al suelo. Mi hermano mide 1.80, creemos que es imposible que se trate de un rebote o un error. Sabemos que hay una política de amedrentamiento a los manifestantes a través del terror”, agrega.

Gustavo Gatica, hijo y hermano de profesores escolares, cursa tercer año de psicología en la Universidad de Humanismo Cristiano en Santiago, es activista por los derechos de los animales y, hasta el momento del ataque, participaba de un programa de trabajo social con niños en la comuna de Peñaolén. Ese día buscaba reencontrarse con un amigo de la facultad que había perdido en la turba de Plaza Italia, el lugar más álgido de las movilizaciones en Santiago, ahora rebautizada por los manifestantes como Plaza Dignidad. Había comprado una cámara fotográfica hacía un mes, y con ella registraba las marchas que desfilan hasta hoy por los distintos barrios de la ciudad. No hubo provocación alguna de su parte.

Su historia, junto a las de las casi 300 personas afectadas hoy por traumas oculares durante las protestas, son testimonios clave que contradicen la versión oficial del gobierno acerca de los excesos policiales como hechos aislados.

Así lo corroboró la semana pasada el informe de Amnistía Internacional que denunció la intención de las fuerzas de seguridad por “lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes" y así también, lo hizo el día de ayer el organismo de Human Rights Watch, que denunció “graves violaciones a los derechos humanos” y recomendó al gobierno reformar la institución de carabineros.

Hace semanas, los manifestantes empezaron a salir a la calles de Santiago con un ojo vendado en solidaridad con la víctimas que han perdido sus ojos en las protestas. Según la Sociedad Chilena de Oftalmología, hay 294 casos reportados hasta el momento de personas con trauma ocular severo, muchos de ellos, con pérdida total de uno de sus globos oculares, una emergencia sanitaria sin precedentes en Chile que sugiere que la policía está incumpliendo los protocolos disparando perdigones y bombas lacrimógenas directo a la cara de los manifestantes. Los perdigones de las escopetas antidisturbios fueron suspendidos la semana pasada, después de que un estudio de la Universidad de Chile comprobara que no están compuestos de goma, sino que contienen metales de alta dureza, incluido plomo, pero a pesar de la medida, hubo al menos 10 casos registrados desde entonces.

 “Le hemos transmitido el apoyo y la solidaridad que envía la gente todos los días a Gustavo, algo que lo ayuda a llevar este momento es la conciencia de que él estaba luchando por causas que considera justas”, señaló Enrique Gatica, horas antes del alta de Gustavo. Solo después de una segunda cirugía, los médicos pudieron extraer los perdigones alojados en sus ojos, pero aseguran que no será la última. 

Durante los 17 días que Gatica estuvo hospitalizado, las puertas de la clínica estuvieron cubiertas de pancartas, flores y fotografías en su apoyo. “Como familia vamos a buscar justicia por todos los responsables. Vamos a buscar a quién apretó el gatillo pero también las responsabilidades políticas correspondientes. Claramente, no estamos hablando de un funcionario que se tomó atribuciones. Las cifras y la cantidad de heridos comprueban que esto ha sido sistemático”, señala el hermano mayor. El abogado de la familia, ex fiscal Carlos Gajardo, presentó una querella por lesiones graves gravísimas en la que pidió que se cite a declarar al ministro de interior Gonzalo Blumel, y al Director General de Carabineros, Mario Rozas.

Durante su primera tarde en el hospital, Gustavo Gatica, que está protegido por sus cercanos y no habla a los medios de comunicación, envió a través de su madre un mensaje que conmovió a los chilenos. Rápidamente, se convirtió en viral de redes sociales, en pasacalles e incluso en el nombre de una canción pop de un músico local. El mensaje es, sin embargo, profundamente injusto: “regalé mis ojos para que la gente despierte”.

Por Andrea Guzmán

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De Argelia a Iraq, los pueblos del mundo árabes vuelven a revelarse abiertamente

 Estamos asistiendo a la segunda oleada de protestas y rebeliones en el mundo árabe. La primera comenzó en diciembre de 2010 y provocó la caída de las dictaduras de Túnez, Egipto, Libia y Yemen. También provocó disturbios en Bahrein y Siria, por no hablar de numerosos movimientos de protesta en Marruecos, Argelia, Iraq y Sudán. Luego vino la contrarrevolución, cristalizada dramáticamente en Egipto con en el golpe de julio de 2013 financiado por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Combinación de represión con inyección de capital fresco –de los países del Golfo o de los ingresos del petróleo– y algunas concesiones más o menos formales, pareció confirmar que el viejo orden se mantenía utilizando la amenaza de guerra civil como elemento disuasorio frente a los manifestantes de todos los sectores.

Y sin embargo, quienes una vez más, particularmente en Occidente, albergaban la esperanza de que la “estabilidad” volvía han tenido que cambiar de opinión. En 2019 se ha reavivado la llama revolucionaria: en Sudán un levantamiento popular derrocó la dictadura de Omar Al Bashir, casi treinta años en el poder; en Argelia, una enorme oleada de protestas frustró la candidatura para un quinto mandato de un presidente decrépito y ha seguido exigiendo el fin de un “sistema” que ha desangrado al país; el pueblo iraquí se está levantando para denunciar el sistema impuesto por Estados Unidos en 2003 sostenido por Irán y apuntalado en el confesionalismo y la corrupción. Y finalmente los libaneses, hartos de los mismos males, han salido a las calles exigiendo “que se vayan todos”. Incluso los egipcios, controlados y aplastados por un aparato represivo sin parangón en la historia del país, salieron a la calle a protestar en septiembre en manifestaciones modestas pero extendidas al Cairo, Suez, Alejandría y Mahalah Al Kubra.

El Estado por encima de la ciudadanía

Esta segunda ola se nutre de las mismas razones que la primera: estructuras de poder autoritarias que abusan del pueblo deteniendo a la gente arbitrariamente y no sólo por razones políticas, encarcelando, brutalizando, y torturando; situaciones sociales insoportables marcadas por un desempleo generalizado, sobre todo entre los jóvenes, y enormes disparidades que se agravan cada día. Oriente Próximo es la región más desigual del mundo. La injusticia social está en el centro del movimiento, más incluso que en 2011.

Estos hirak [ movimientos], como se denomina a todos estas revueltas, han aprendido las lecciones del pasado: rechazan la lucha armada a pesar de la brutalidad de la represión –como en Iraq y Sudán–, impiden los intentos de dividir a los manifestantes por sesgos confesionales, y desacreditan el fantasma de las “conspiraciones extranjeras”. Asimismo han tomado conciencia de que la verdadera confrontación no está entre supuestos sectores laicos y supuestos islamistas. Pero se enfrentan a una gran dificultad, un obstáculo que sortearon en 2011-2012: imaginar un nuevo orden económico y social.

Cuando el mundo árabe cambió

Para comprender la dificultad de esta tarea debemos remontarnos al final de la Segunda Guerra Mundial, a los años de la descolonización y a las luchas por una verdadera independencia política aunada a la exigencia de eliminar las bases militares y la influencia occidentales. Las antiguas colonias o “protectorados” también se comprometieron a recuperar sus recursos naturales, construir un poderoso sector público y aplicar la reforma agraria. Este proyecto se materializó de Egipto a Iraq y de Argelia a Siria. El desarrollo de los sistemas de educación y salud mejoró considerablemente las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos de la población. A estas opciones se sumó una política exterior independiente dirigida a la no alineación. A pesar del alto precio a pagar –un aparato policial omnipresente y la drástica reducción de las libertades civiles– la mayoría de fuerzas políticas hicieron suyo ese programa en los años sesenta y setenta, tanto si estaban en el poder como en la oposición.

Sin embargo, la derrota de los países árabes en junio de 1967 en su guerra contra Israel, la muerte del presidente Gamal Abdel Naser en 1970 y del presidente argelino Huari Bumedian en 1978, así como la intensificación de la crisis del “sistema socialista” representado por la URSS, marcaron un punto de inflexión. Y con la llamada crisis del petróleo de 1973, las monarquías del Golfo aumentaron su influencia en la región.

A escala internacional, la globalización económica y el triunfo del neoliberalismo hicieron que el “consenso de Washington” [1] se impusiera al resto del mundo, y los criterios del Fondo Monetario Internacional (FMI) se convirtieron en la única vía hacia el desarrollo. “No hay alternativa”, proclamó Margaret Thatcher. Los planes elaborados por el FMI, aprobados por el Banco Mundial y la Unión Europea, se aplicaron sin tener en cuenta las consecuencias sociales.

Con su política de infitah [apertura económica], el presidente egipcio Anwar El Sadat comprometió a su país en una dirección que pronto siguieron otros. El sector público paralizó su actividad, a veces simplemente se vendió a intereses privados. A partir de entonces, las élites miraron a Washington y dieron la espalda a las “viejas” reclamaciones nacionalistas y a su apoyo al pueblo palestino. Las libertades civiles retrocedieron porque los diversos cuerpos policiales seguían dominando toda la actividad política.

Los políticos se mantienen unidos

Este modelo neoliberal basado en el libre comercio ha resultado desastroso para la gente común. En lugar de asumir las tareas del sector público, el sector privado ha invertido todos los beneficios de su saqueo en paraísos fiscales. Millones de jóvenes bien formados no han encontrado buenos trabajos en sus países y muchos han emigrado en muchos casos poniendo en riesgo sus vidas. La caída del mercado en 2008 confirmó que la naturaleza de la crisis no se limitaba al mundo árabe, como demostró Grecia o Chile. Y mientras tanto, la amenaza del calentamiento global probablemente volverá a esta región en inhabitable.

Estrecha es la puerta

Hoy empieza a surgir una nueva cultura política democrática que requiere programas económicos que no pueden reducirse a “paga tus deudas y abre tus mercados”. Sin embargo, ya no hay ningún otro modelo disponible, excepto el capitalismo de estado a la manera china, lo que implica trampas inhumanas como la subcontratación y la explotación feroz de mano de obra local, un modelo que ya no se puede poner en práctica fácilmente hoy en día porque la subcontratación está pasada de moda, los mercados se están cerrando y la emigración es cada vez más peligrosa para quien la emprende.

¿Qué hacer? Contrariamente a lo que muchos dirigentes occidentales imaginan, la estabilidad no puede restaurarse sin transformaciones políticas profundas. Mantener a las élites actuales en el poder significa agravar el caos que afecta directamente a organizaciones radicales como Al Qaeda, ISIS o algún otro movimiento que aún no ha nacido. El otro camino, estrecho, escarpado y lleno de obstáculos, es el de la nueva cultura pluralista emergente y el desarrollo de economías nacionales basadas en la satisfacción de las necesidades reales de las personas. Y esto requiere una ruptura con la lógica neoliberal y el libre comercio desenfrenado.

Por lo tanto, se plantea la cuestión, tanto para Francia como para la UE, de si vamos a acompañar estas opciones o nos vamos a aferrar a un dogma anticuado que sólo puede empeorar una inestabilidad por la que también nosotros tendremos que pagar un alto precio.

Nota:

  1. Nota del editor: “El Consenso de Washington” se refiere a un acuerdo tácito entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) apoyado por el Tesoro de Estados Unidos, para proporcionar ayuda financiera a los países en desarrollo en dificultades sólo a condición de que adopten principios de estricta disciplina presupuestaria, reorientando el gasto público hacia sectores que garanticen un rendimiento positivo de la inversión, reformando sus leyes tributarias, desregulando sus mercados y garantizando la estabilidad monetaria.

Por Alain Gresh y Jean Pierrer Sereni

Orient XXI

Traducción para Rebelión de Loles Oliván Hijós.

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Un hombre pone velas en honor a Dilan Cruz, el estudiante asesinado durante una manifestación en Colombia por los cuerpos antidisturbios. REUTERS / Carlos Jasso

El estudiante se convirtió en la primera víctima mortal de la violencia policial en las protestas contra el Gobierno colombiano. Fue herido en la cabeza por un disparo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante una manifestación pacífica en el centro de Bogotá.

 

El Instituto Colombiano de Medicina Legal ha revelado los resultados de la autopsia practicada al cuerpo del estudiante Dilan Cruz, quien murió por el disparo de una escopeta calibre 12 cuya munición era una bolsa con "múltiples perdigones de plomo", señala el informe forense divulgado. Además, el estudio considera el caso como un "homicidio" violento.

"Los hallazgos de necropsia permiten afirmar que la muerte del joven es secundaria al trauma craneoencefálico penetrante ocasionado por munición de impacto disparado por arma de fuego, lo cual ocasiona severos e irreversibles daños a nivel de encéfalo", detalló la directora del Instituto de Medicina Legal, Claudia García, en una declaración a la prensa.

Cruz se convirtió el lunes pasado en la primera víctima mortal de la violencia policial en las protestas contra el Gobierno colombiano, dos días después de caer herido en la cabeza por un disparo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de esa institución, durante una manifestación pacífica en el centro de Bogotá

La funcionaria explicó que los elementos que estudió el equipo de Medicina Legal, conformado por especialistas forenses, hacen parte de "un cartucho de carga múltiple, munición de impacto" del tipo "Bean Bag", una bolsa de perdigones de plomo. "Los informes de necropsia y balística serán entregados a la Fiscalía General de la Nación el día de hoy", añadió.

El director de la Policía colombiana, general Óscar Atehortúa, informó ayer que el caso de Cruz está en manos de la Procuraduría (Ministerio Público), que aplicó "el poder preferente" para ocuparse de la investigación. 

Al respecto, el procurador general de la nación, Fernando Carrillo, dijo a periodistas antes de que se conociera el dictamen forense que el Ministerio Público está verificando si "los estándares internacionales y esos protocolos de uso de esas armas se cumplieron en el caso de la tragedia de Dilan Cruz". 

El funcionario señaló que este caso debe ser "irrepetible" y puso como ejemplo a Chile, donde la crisis social ha dejado ya al menos 23 muertos, de los que seis fueron producto, presuntamente, de la acción de agentes del Estado a los que organismos internacionales acusan de haber cometido violaciones de derechos humanos para contener las protestas. 

Las ONGs denuncian abusos y torturas 

Organismos como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI) denuncian abusos a los detenidos, torturas y la comisión de graves lesiones por el empleo de escopetas de perdigones y balines de goma, que entre otras cosas han provocado lesiones oculares a más de 230 personas. 

"Colombia no puede permitir que se den los escenarios que se están presentando en Chile tras 41 días del inicio de las protestas sociales", manifestó Carrillo. El Joven Dilan Cruz fue ingresado el sábado por la tarde en el Hospital San Ignacio, en el barrio de Chapinero, luego de ser herido por la policía. 

Desde ese día, miles de participantes en las manifestaciones contra la política económica y social del presidente colombiano, Iván Duque, se congregaron frente al hospital como homenaje al joven estudiante, convertido en símbolo del rechazo a la violencia policia

 

28/11/2019 20:05 Actualizado: 28/11/2019 20:05

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Combate a la violencia de género, el reclamo común en Latinoamérica

No solamente en México sino en casi todos los países latinoamericanos, las mujeres salieron a la calle este 25 de noviembre para protestar los altos niveles de violencia. El feminicidio fue el tema en la mayoría de pancartas vistas en las protestas, aparte del pañuelo verde para un aborto seguro, libre y gratuito. En varios países, las manifestantes también se solidarizaron con las mujeres indígenas reprimidas en Bolivia, ondeando la bandera Wiphala, símbolo del Estado plurinacional.

En varias ciudades de Argentina, las participantes se mostraron preocupadas por las crisis que atraviesan otros países sudamericanos, como Bolivia, Chile, y Colombia. Además, pidieron un presupuesto más alto para combatir la violencia de género, y la legalización de la interrupción del embarazo. “Estamos pidiendo que el presidente electo (Alberto Fernández) cumpla con lo que se ha comprometido: despenalizar y legalizar el aborto”, citó el periódico El País a la feminista Nina Brugo, quien formó parte de las protestas en Buenos Aires. De acuerdo con el “Observatorio de Feminicidios en la Argentina Adriana Marisel Zambrano”, ocurre un feminicidio cada 32 horas en el país.

En Chile, las protestas de mujeres formaron parte de la movilización más grande contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que ha sacudido el país desde el mes de octubre. Las participantes llamaron la atención a la represión que se está ejerciendo en contra de los sectores en oposición. Las principales agrupaciones de mujeres, como la Coordinadora Feminista 8M, forma parte de Unidad Social, que reúne a cerca de 200 organizaciones sindicales y de la sociedad civil que han llamado a una huelga general este martes.

En redes sociales, se viralizó una intervención del colectivo “Las Tesis”, frente a varios edificios de gobierno en Santiago. “El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer”, cantaron las mujeres, con los ojos vendados, en una coreografía denominada “Un Violador en Tu Camino”. “El violador, eres tú. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía”, continuaron, señalando a una persona ficticia enfrente, bajo los aplausos del público.

En Perú, las mujeres salieron a las calles el fin de semana, para demandar un presupuesto más alto para el combate de la violencia de género. En Colombia, las protestas fueron inmersas en las acciones alrededor del “paro nacional”, a favor de los acuerdos de paz y en contra del presidente Iván Duque. También denunciaron el asesinato de mujeres defensoras de Derechos Humanos. Según el Observatorio de Feminicidios Colombia, 339 mujeres han sido asesinadas en el país entre enero y julio del 2019.

En Guatemala, se realizó una velada que recordó a las víctimas de feminicidio en este país, que tiene una de las tazas de feminicidio más altas en la región. Las participantes colocaron cruces y fotos y encendieron velas, algunas de ellas formaron la cifra “571”, que según los registros de las organizaciones es el número de mujeres asesinadas en el país en 2019, hasta la fecha. También recordaron las víctimas del incendio en el albergue “Hogar Seguro”, el 8 de marzo 2017, en el cual 41 niñas murieron y 15 resultaron heridas gravemente.

Este centro estatal de protección para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, abandono y maltrato infantil, había sido señalado antes del incidente, a su vez, por abuso físico y sexual, sin embargo, las autoridades no reaccionaron. Cuando las y los jóvenes se rebelaron, el 7 de marzo 2017, algunas fueron encerradas en una recámara, lo que provocó que no pudieran ser rescatadas a tiempo cuando se produjo el incendio. Se inició un proceso contra cinco acusados en el caso, en febrero 2019, pero hasta ahora no ha pasado más allá de la etapa principal.

En Nicaragua, las manifestantes recordaron a los presos políticos del gobierno de Ortega. Desde el 14 de noviembre, un grupo de madres ha estado en huelga de hambre en una iglesia de Masaya exigiendo la liberación de sus hijos encarcelados desde la ola de represión de 2018. La organización Iniciativa Meosamericana de Defensoras de Derechos Humanos denunció que la policía de Nicaragua rodeaba las oficinas de la organización “Corriente Feminista”, y que no se les permitía a las mujeres llevar su protesta a la calle, hizo un llamado al gobierno de Nicaragua para que deje de “intimidar a las compañeras feministas.” Cientos de mujeres también salieron a las calles en El Salvador y Honduras, para protestar la violencia de género.

Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2018 fueron asesinadas al menos 3 mil 529 mujeres por razones de género en 25 países de América Latina y el Caribe.  

Cuatro de las cinco tasas más altas de feminicidio se registraron en El Salvador, Honduras, Guatemala y en República Dominicana. A ellos se sumó Bolivia, cuya tasa de 2,3 feminicidios por cada 100.000 mujeres en 2018 era la tercera más alta de América Latina y la más alta de América del Sur.

Publicado originalmente en CIMAC Noticias

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El arsenal y los 142 millones de dólares para la tropa de élite de Colombia

Las protestas en Colombia suman ya cinco días consecutivos con la muerte de Dilan Cruz, un estudiante de 18 años que murió a raíz del impacto de un proyectil de gas lacrimógeno. Por ello, la polémica hoy se centra sobre las fuerzas represivas colombianas.

En el quinto día consecutivo de protestas los colombianos acusan a los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), de la muerte del joven Dilan Cruz, el joven que falleció este lunes. La indignación crece en las calles por sus prácticas represivas al vivo grito de "lo mataron".

La ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, calificó la muerte de Cruz como "un accidente" y aseguró que "el Esmad siempre actúa respetando los Derechos Humanos".

¿Qué es el Esmad?

El cuerpo de élite que hoy causa polémica en la calles de Colombia surgió en 1999 y, de acuerdo con el ministerio de Defensa su único objetivo era apoyar a la policía cuando el orden público se torna incontrolablerevela un documento consultado por el diario El Tiempo.

Sus efectivos suman 3.876 integrantes, de los cuales 3.770 son hombres y 106 son mujeres. Están organizados en 24 escuadrones dispersos por todo el país con una mayor presencia en la capital Bogotá, donde operan 3 escuadrones compuestos por 565 militares.

Barranquilla es otra de las zonas donde los militares del Esmad están presentes, con 190 efectivos. Le sigue Cúcuta, con 188 y Medellín, con 139. Al final de la lista está la zona de Valledupar, una localidad ubicada al nororiente de la costa Atlántica colombiana y donde sólo existe la presencia de 136 uniformados, de acuerdo con el medio colombiano.

¿Qué armas tiene el Esmad a su disposición?

Según el ministerio de Defensa, el presupuesto anual destinado a esta tropa élite supera los 142 millones de dólares, lo que sugiere que están armados hasta los dientes. Y así lo refleja el propio documento consultado por El Tiempo.

Para los operativos antidisturbios, la fuerza cuenta con

  • 108 tanquetas  (48 son lanza agua y 60 para el transporte)
  • cinco vehículos lanza agua, adquiridos en 2019 cada uno por un valor de 425. 000 dólares,
  • lanzadores de proyectil múltiple, evaluado cada uno en 118.000 dólares,
  • varios tipos de cartuchos eléctricos de gas y de aturdimiento, como marcadoras y esferas de paintball,

Los cartuchos de gas son de 40 milímetros y al ser activados generan una dispersión de humo y gas CS por un periodo mínimo de 30 segundos. Cada cartucho expulsa submuniciones a través del lanzador a una distancia mínima de 120 metros y tiene un valor de 13,58 dólares.

El documento oficial explica que estas armas "son elaborados con materiales metálicos de alta resistencia, su funcionamiento puede ser a través de acción doble o acción sencilla de acuerdo a las destrezas del operativo, y la apertura del cañón se da a través de oscilación basculante".

También advierte que "la culata del lanzador se adquiere de color naranja, con el propósito de ser identificado como un equipos menos letal".

Los efectivos utilizan un protector corporal antimotín que cuesta cerca de 500.000 dólares. También utilizan escudos antimotines, de 71 dólares cada uno, cascos de 110 dólares y camisetas balísticas con un alto grado de protección valoradas en 380.000 dólares.

De acuerdo con el diario colombiano, el ministerio de Defensa envió estos datos al Congreso de la República para un debate de control político sobre el área de educación.

03:15 27.11.2019(actualizada a las 03:17 27.11.2019)URL corto

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Human Rights Watch denuncia "graves violaciones a los derechos humanos" en Chile

También informó 341 denuncias de torturas y 74 querellas por abusos sexuales. "Carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías”, denuncian.

Human Rights Watch (HRW) aseguró que en Chile se cometieron "graves violaciones a los derechos humanos" en el último mes. Las principales conclusiones del informe presentado el martes ratifican el uso excesivo de la fuerza en las calles y los abusos en las detenciones. En ese sentido, la ONG exige una "reforma urgente" de Carabineros y una auditoría que determine los riesgos que implica el uso de escopetas en manifestaciones. También cuestionan la cifra oficial de 23 muertos durante las protestas que empezaron el 18 de octubre. El informe surge del trabajo de campo realizado por HRW en las últimas semanas, incluyendo entrevistas a más de 70 personas. Se trata del tercer llamado de atención al gobierno de Sebastián Piñera, después de los informes presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

"Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos", expresó José Miguel Vivanco, director para América de HRW, según recoge el documento.

La organización entrevistó a más de 70 personas durante dos semanas de investigación en Santiago y Valparaíso entre víctimas, agentes policiales y autoridades. El organismo dice haber recolectado "pruebas consistentes" de que el cuerpo policial de Carabineros "utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no".

Los abusos y las graves lesiones sufridas por cientos de manifestantes ocurrieron en gran medida, según HRW, "debido a falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros". Por esa razón llamó al gobierno a emprender una "urgente reforma policial".

El organismo señala que una cuestión particularmente alarmante es "el uso de escopetas que disparan perdigones en forma indiscriminada y que, dependiendo de la distancia, pueden herir gravemente a aquellos que se encuentren dentro de su amplia zona de impacto".

Las escopetas antidisturbios causaron más de 220 lesiones oculares documentadas por el INDH. El Ministerio de Salud reportó que 16 personas perdieron la visión total en un ojo y que 34 sufrieron heridas graves que podrían resultar en pérdida de visión total o parcial. El organismo señala que el uso de estas escopetas "debería suspenderse en forma indefinida en todas las circunstancias hasta que autoridades idóneas e independientes lleven a cabo una amplia auditoría para determinar los riesgos que entrañan".

Agentes del cuerpo de Carabineros detuvieron hasta el momento a más de 15 mil personas y, según HRW, la fuerza "cometió abusos contra algunas de ellas. Numerosos detenidos afirman haber sido golpeados brutalmente. Otra de las acusaciones más frecuentes fue que carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías", práctica prohibida en los protocolos de la fuerza desde marzo de 2019.

En ese sentido, los agentes de Carabineros son más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres, según estadísticas del INDH y entrevistas realizadas por HRW. "Una abogada chilena de derechos humanos nos contó de un caso en donde, a pesar de que hombres y mujeres habían sido detenidos en las mismas circunstancias, carabineros obligaron a desvestirse únicamente a las mujeres. También mencionó otros casos en que carabineros tocaron los genitales de las mujeres tras obligarlas a quitarse la ropa", expresa el informe.

Por último, el documento plantea diferencias respecto al recuento oficial de víctimas fatales. Mientras el gobierno chileno contabiliza hasta el momento un total de 23 fallecidos desde el inicio de las protestas el pasado 18 de octubre, HRW da cuenta de que la Fiscalía está investigando 26 muertes. Entre esos casos se encuentra el de un manifestante que murió después de recibir una presunta paliza de carabineros en la calle. Se menciona también el caso de otro manifestante con una afección cardíaca que “murió al no poder recibir atención de emergencia adecuada, debido a que algunos carabineros emplearon armas contra manifestantes y profesionales de la salud que lo estaban atendiendo".

 

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Eva Copa: "hay que usar la cabeza para que que no haya más muertes"

La representante del MAS logró el consenso para la ley que habilita nuevas elecciones y el próximo jueves, está segura, se sancionará el reglamento para que sea efectiva. "Esto ya estaba organizado y sólo les quedaba dar la estocada final y encontraron el momento", afirma.

 

Mónica Eva Copa, con sus pantalones cargo y su campera azul cerrada hasta el cuello, sin dudas desentona con los dorados que recargan la sala de audiencias de la presidencia del Senado boliviano. Está incómoda con el lugar que le tocó, pero lo ocupa y se hace cargo. Como presidenta de la Asamblea Legislativa por decisión de la bancada del MAS, a la que pertenece orgullosa, logró el consenso para la ley que habilita nuevas elecciones y el próximo jueves, está segura, se sancionará el reglamento para que sea efectiva. La promulgación de esa ley le valió a esta alteña de 32, trabajadora social y aymara una foto con Jeanine Áñez, la autoproclamada presidenta. “Es mi rol y tuve que hacerlo. No tengo trato con ella salvo porque es mi vecina, ella sale del Palacio Quemado con un tanque adelante y otro atrás y yo salgo de la legislatura en mi carro”, dice intentando bromear con una contradicción que resuelve porque, dice, es un hecho consumado la ocupación de la casa de gobierno.

--¿Se puede decir que hay un acuerdo en torno a nuevas elecciones en el corto plazo?

--Sí, el jueves se reunirá el pleno de la asamblea legislativa y se sancionará el acuerdo de que en los próximos 20 días se elijan los seis vocales del Tribunal Supremo Electoral -que no deben tener ninguna militancia partidaria en los últimos diez años-, y en las siguientes 48 horas el TSE deberá presentar el calendario electoral pero con un plazo máximo de 120 días.

--La ley de elecciones venía atada a la Ley de Garantías que busca reparación para víctimas fatales y heridas y el cese de la persecución política de la que están siendo objeto funcionarios y funcionarias, militantes y hasta simpatizantes del MAS. ¿También hay acuerdo sobre esa ley?

--Bueno, ya ayer la Mesa de Unidad firmó un acuerdo con el gobierno de transición junto con la COB -Central Obrera Boliviana- y otras organizaciones. Esto hace que podamos reencaminar el trabajo que veníamos realizando en ese sentido pero se está priorizando que vaya en paralelo el reglamento sobre las elecciones. Nosotros sesionamos como Asamblea Legislativa el día jueves y bueno ahí se tratará punto por punto ese reglamento.

--Antes de volver a preguntarle sobre la ley de garantías, quisiera subrayar su expresión ¿incómoda? ¿irónica? Cuando dijo “gobierno de transición”.

--Bueno, ellos ya están ahí asentados con las dos fuerzas represoras de mi país a su lado; entonces no se puede hacer nada ¿no? Ellos saben como han llegado a autoproclamarse como gobierno y el pueblo los juzgará.

--Volvamos a la ley de garantías, ¿se podrá tratar el jueves?

--Pienso que para el viernes ya la podríamos tener, ojalá, pero también es difícil sentarse con organizaciones sociales para ver qué quieren, tenemos a favor que se llegaron a acuerdos en la mesa de unidad y esos acuerdos los vamos a ratificar.

--¿Esos acuerdos incluyen el cese de la persecución contra funcionarios públicos y autoridades electas?

--Lo que estamos diciendo en esta ley es ratificar los derechos humanos y constitucionales que tienen los mandatarios y mandatarias y así se va a reflejar, como lo dice la Constitución.

--Hay evidencias y denuncias de persecución contra dirigentes o incluso militantes del MAS, hay un pedido de detención sobre el presidente Evo Morales, sobre el ministro de Gobierno Juan Ramón Quintana, hay personas buscadas por sedición y terrorismo; ¿esto cómo lo contempla la ley de garantías?

--La ley en su artículo siete manifiesta que se debe garantizar la protección a todos los que hayan sido elegidos por voto dentro de su mandato constitucional. De igual manera los ministros o ex ministros que al día de hoy están con diferentes situaciones, ellos tienen por ley el tema de la amnistía. Lo único que hay que hacer es cumplir la Constitución y ellos requerirán asilo en las diferentes embajadas.

--¿Y quienes ya están detenidos como el gobernador de Chuquisaca?

--Tiene detención domiciliaria, entiendo. La ley va a garantizar el ejercicio pleno de todos los que hemos sido elegidos en votaciones. Esta ley dice no a los amedrentamientos, a la persecución política, no más hostigamiento ni amenazas para que renuncien por presión. Es lo que venimos pidiendo y es lo que vamos a pedir. Ha habido consensos y lo que queda ahora es sentarnos y afinar la ley para que esto pueda ser una realidad.

--Esa ley también hace mención a las víctimas fatales y heridas durante la represión desatada después de la autoproclamación de Jeanine Áñez en la presidencia.

--Es el primer punto que salga la indemnización para las familias de los fallecidos, que también el gobierno busque recursos, bueno este gobierno de transición (la cara se le deforma otra vez), para que cubra los gastos de las personas heridas en todo el país. Y también que se formen mesas de trabajo para liberar a los detenidos. Hasta ayer... ¿hoy en que día estamos? (le soplan que es lunes), bueno, hasta el jueves pasado teníamos mil detenidos injustamente. En la mesa de unidad que se reunió estos días en el Palacio Quemado se acordó que se haría una mesa con fiscales generales y organizaciones para ver caso por caso y que sean liberados.

--Y en cuanto a las responsabilidades penales que le puedan caber a quienes ejecutaron la represión y quienes dieron las órdenes, ¿se va avanzar en ese sentido? Porque hasta ahora el decreto que da inmunidad a las fuerzas armadas y de seguridad sigue vigente.

--Una carta blanca para matar (hace un largo silencio). Si bien no va a haber Justicia en nuestro país por ese hecho, hay instancias internacionales en las que sí va a haber. Pienso que el gobierno de transición ha debido ver los mecanismos para sacar ese decreto que es inconstitucional y debe saber que hay tantos organismos internacionales como prensa internacional que ha visto lo que ha pasado muy de cerca. Hay tribunales internacionales que van a tener que juzgar lo que pasó en nuestro país.

--O sea que no ves instancias ni confianza en la Justicia de Bolivia.

--Después de todo lo que ha pasado no puedo confiar.

--¿En quién o en quiénes sí confía? Porque ocupa un lugar de mucha responsabilidad en este momento.

--Yo no soy cristiana pero creo en dios, no puedo confiar más que en él y le pido que me de sabiduría para tomar decisiones. Eso no quiere decir que no tome en cuenta la voz de mis organizaciones; pero creo que en este momento en particular es necesario tomar decisiones con la cabeza y no con el corazón.

--¿A qué se refiere?

--A que si tomara decisiones con el corazón seguiríamos en guerra. Pero hay que usar la cabeza para que esto se pacifique y no haya más muertes.

--No termino de entender qué es lo que guiaría el corazón.

--Me refiero a que están siendo vulnerados nuestros derechos, a que ya no hay libertad de expresión, al título de sedición. A los muertos. Si muere alguien dejas familias, dejas más heridas; pero no se puede multiplicar esa situación trágica. Estas decisiones las tomo con mi bancada, somos los dos tercios, el MAS, ahora oposición, y hemos tomado decisiones conjuntas, unánimes y hasta ahora hemos encaminado este proceso de buena manera y seguiremos así.

--¿Cómo imagina la salida política? Porque hasta ahora hay pasos técnicos en relación a definir elecciones, pero ¿cómo se llega a las elecciones, con qué candidaturas? Más teniendo en cuenta que Luis Camacho y Marco Pumari -cívicos que acompañaron la autoproclamación de Áñez con la Biblia en la mano- ya se postularon como candidatos de unidad de la derecha.

--Yo pienso que el pueblo es sabio, pienso que nuestra gente no es tonta y lo va a demostrar en estas elecciones. Haber utilizado a la biblia y a dios como bandera de una reivindicación de recuperar la democracia y ahora los ves con perfiles de candidatos... será la población quién los vaya a juzgar. Yo como senadora del MAS no tengo la tuición ni la potestad de elegir los candidatos, serán los representantes regionales, departamentales, nacionales los que convoquen a congresos y definan quiénes serán los mejores hombres y mujeres para las candidaturas, aglutinando a los sectores que están dentro del MAS: organizaciones sociales, clase trabajadora media y obrera. Así se tomarán las decisiones.

--¿Cómo cree que un movimiento como el 21F, que cuestionaba que no se haya respetado el plebiscito que dijo no a otra reelección y que no era estrictamente de derecha se haya convertido en una fuerza capaz de forzar un golpe de Estado que tiene características racistas, xenófobas, fascistas?

--Bueno porque muchos políticos pueden tener disfraces. Creo que esto no ha sido trabajado por nosotros en los meses previos. Hemos sido muy autocríticos en relación a que no estábamos preparados para enfrentar una organización bien orquestada desde hace mucho tiempo, eso no lo vimos. Esto ya estaba organizado y sólo les quedaba dar la estocada final y encontraron el momento. Pero yo insisto que la historia y nuestro pueblo boliviano son los que van a juzgar el actuar de quienes ahora estamos en la palestra política. Y en cuanto al racismo, creímos que lo habíamos superado, que ya no había esa lucha; lamentablemente no es así.

--¿Tiene diálogo con la presidenta de facto?

--¡Nooo! Si tuve que salir en la foto es porque la ley de elecciones es un trabajo del MAS. Nosotros encaminamos la ley, con nuestros dos tercios hemos tenido la voluntad política y la responsabilidad de sacar esta ley. Una cosa es que lo promulgues y otra muy distinta que lo trabajes. Nosotros la trabajamos con los partidos aliados y llevamos la ley en unanimidad.

--¿Le preocupa que quienes están en el ejecutivo puedan realizar modificaciones estructurales en la economía por ejemplo?

--Ellos pueden sacar decretos supremos y también pueden cerrarnos el Congreso si no les gusta lo que hacemos, pero si deciden por esa opción será el pueblo boliviano juzgará y actuará.

--¿Cuál es la responsabilidad de la bancada legislativa en la reorganización del MAS?

--Lo que se juega acá es mantener vigente al MAS en el ámbito político. Y serán delegados y delegadas regionales, las organizaciones sociales, de mujeres, campesinas, todos los sectores que integran el movimiento quienes reorganicen el partido.


 Los límites del acuerdo electoral en Bolivia

Tensiones que crujen

Por Marta Dillon

 

Varios escenarios desplegados en simultáneo dan cuenta de las tensiones que crujen por detrás de la normalidad en la que el gobierno autoproclamado insiste en difundir con un aparato de propaganda propio de los regímenes totalitarios. El más preocupante no tiene un lugar fijo y es la persecución constante contra quienes ocuparon cargos en el gobierno depuesto de Evo Morales y en las distintas regiones del país; la más visible, sin embargo, fue la escena montada en la puerta de la Defensoría del Pueblo, en la ciudad de La Paz, donde supuestos grupos autoconvocados pidieron que se acuse de terrorismo y se destituya a la Defensora interina, Nadia Cruz, y a la ex defensora adjunta, la primera transexual en ocupar ese cargo, Tamara Núñez del Prado, quien además sufrió amenazas de muerte desde el primer día del golpe.

Casi en simultáneo con esa manifestación liderada por Melissa Ibarra, quien fue jefa de campaña de Carlos Mesa en las elecciones de octubre, el líder del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Camacho, el mismo que le pidió la renuncia a Evo dejando una carta sobre la Biblia en el Palacio Quemado, se autoproclamó candidato a presidente. Y Jeanine Áñez, la bendecida por Camacho en su, también, autoproclamación como presidenta, nombró a través de la cancillería a un embajador en Estados Unidos que Bolivia no tuvo en los últimos 11 años; se trata de Walter Serrate Cuéllar. Aun en la transición, la fuerza de ocupación del Palacio Quemado, reordena sus relaciones diplomáticas.

Pero el golpe de Estado tiene resistencia y se está organizando: en Cochabamba, en el mercado de Lunca Ñ, se reunió el Ampliado Nacional de Organizaciones Sociales -fueron cientos de delegados y delegadas de todas las regiones del país- para marcar sus límites a los acuerdos de desmovilización que venían levantando los bloqueos en El Alto y otras regiones: levantar los bloqueos es sólo un cuarto intermedio a la espera de la derogación del decreto 4078 -de inmunidad para las fuerzas represivas-, el tratamiento de la Ley de Garantías y la renuncia de Jeanine Áñez. El jueves, cuando vuelva a sesionar la Asamblea Legislativa, el tiempo del cuarto intermedio empezará a correr.

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La movilización del 25 de noviembre fue la despedida para Dilan Cruz

El 25 de noviembre una ola llena de alegría, solidaridad, sororidad y resiliencia se tomó las calles de la ciudad de Bogotá. Desde las 4:30 de la tarde el Parque Nacional se convirtió en el lugar de encuentro de miles de mujeres dispuestas a entusiasmo y vitalidad el Día internacional de la no violencia contra las mujeres, día en el que, además, se conmemoran la vida y lucha de las tres mariposas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal asesinadas en 1960 a manos del dictador Rafael Leonidas Trujillo.

 


Poco a poco la Carrera Séptima se fue colmando de colores diversos, con los morados y violetas –representando la fuerza de los feminismos– destellando con mayor intensidad. Pañoletas, banderas, carteles, pancartas y cuerpos desnudos expresaban mensajes rechazando las violencias de todo orden que desde tiempos inmemorables las afecta, violencia que en tiempos de capitalismo neoliberal comporta especificidades que la distinguen de otras épocas, pero que continúa conservando particularidades en lo económico, político, simbólico, psicológico, físico, político, laboral, entre otras de sus manifestaciones cotidianas.


Una ola que se contagió de otras mareas


Esta movilización, a pesar de su motivo original, se encontró en esta ocasión con una movilización inédita en Colombia. Las fuerzas sociales que se desataron en la ciudad y el país desde el 21 de noviembre con el llamado al Paro Nacional alimentaron como cauces de agua al mar de las mujeres, posibilitando con ello una jornada multitudinaria.

 


Lo multicolor de los colores también se impuso en las formas de sumarse a esta jornada, así como los cánticos entonados. Es así como miles de personas salieron a las calles con cacerolas en mano y gritando consignas que, aunque sin perder de vista el motivo de la movilización del 25, iban agregando múltiples problemáticas e inconformidades que la sociedad colombiana padece a diario, por tanto, no fue extraño escuchar gritos en reclamo de una educación de calidad, en contra de la represión policial, en contra el gobierno de Iván Duque, entre algunas de las más entonadas.

 


Esta movilización se desató como continuación de un fin de semana festivo, en donde desde las barriadas donde habitan sectores populares, pero también medios y altos, se realizaron los denominados cacerolazos en las cuadras y calles de toda la ciudad. El barrio histórico del 20 de Julio al Suroriente de la ciudad (barrio popular), por ejemplo, fue la muestra de una fiesta popular. Igual el barrio La Soledad (clase media) donde un animado mitin se transformó en jolgorio, evidencia de que la lucha contra un gobierno de apariencias y violencias ocultas, aunque muchas veces evidente, puede ser desnudado en sus pretensiones con la fuerza del cántico, la danza, el gozar del cuerpo, el compartir sonrisas y la hermandad del sentido común.

 


Por su parte en el Suroriente bogotano, desde las 6 de la tarde del sábado 23 de noviembre, cientos de habitantes de la localidad de San Cristóbal se reunieron en la plazoleta de la emblemática iglesia del 20 de Julio. Madres cabeza de familia, abuelas/os, niñas, niños, jóvenes y adultos fueron llegando con cacerolas que después de una hora ya eran un rugido de inconformidad. Los tambores de las batucadas, la danza, el fuego, los malabares y cintas acompañaron la alegría popular y motivaron la permanencia de la comunidad en un mitin prolongado por más d tres horas.


De igual manera, en la mañana del domingo 24 de noviembre la ciclovía (espacio para la recreación y el deporte en Bogotá) se convirtió en una nueva jornada de movilización que para el caso de la localidad de San Cristóbal sirvió como jornada preparatoria de la movilización del lunes 25.

Un 25 para la memoria


La inmensa ola de personas que desafío de nuevo la noche bogotana, cargada de frío, cruzó cerca del Hospital Universitario San Ignacio, lugar en donde se encontraba entre la vida y la muerte Dilan Cruz, atacado de manera brutal –como es característico de su actuar– por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) el sábado 23.


A la entrada del hospital, miles de personas gritaban su nombre y lo animaban a seguir luchando por mantenerse con vida. No fue suficiente. El trauma sufrido en su cabeza fue fatal.


La marcha traspasó las puertas del San Ignacio y llegó la noticia de que Dilan había empeorado, fue el momento en el que aquel joven se empezaba a despedir tanto de sus seres queridos, como también de las personas que lo recordaron frente al hospital.


Culminó la conmemoración del Día internacional de la no violencia contra las mujeres y fue pública la noticia del deceso de Dilan. A Dilan lo acompaño en su último día el mar de la esperanza, el mar que busca otra realidad en esta Colombia herida. A Dilan lo acompañó en su muerte el calor de las mujeres que con su grito de dignidad van creando otra sociedad posible.

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Dilan Cruz, nueva víctima de la violencia de Estado

Y el temido desenlace se impuso. Este lunes 25 de noviembre en horas de la noche el cuerpo de Dilan Cruz, joven que apenas estaba empezando a vivir los años felices de la vida, los de la imaginación, la rebeldía, la creación, los del compartir desinteresado con todos los suyos, los de rumba y amores pasajeros y no tanto, los de mirar la vida en azul, no resistió las consecuencias del impacto recibido por un disparo de esas armas de “prevención” con que “contienen” los “agentes del orden” la protesta ciudadana, esa misma que dicen estar protegida por las leyes que resume la Constitución Nacional.

Dylan, quien de manera desprevenida participaba en una acción colectiva el pasado sábado 23 del mes en curso en Bogotá a la altura de la Avenida 19 con Carrera 4, y como todos los videos lo confirman no portaba arma alguna ni estaba amenazando la vida de nadie ni era motivo de inseguridad alguno, fue atacado por un policía del Esmad, los mismos que de manera reiterada son denunciados por la actitud violenta con que se interponen ante los actos de reclamo, de protesta, de exigencia de cambio y de vida digna que en unas ocasiones lideran estudiantes, en otras trabajadores, pero también campesinos o indígenas.

Su actitud violenta, y la forma como están preparados para proteger el “orden” y la “santa propiedad privada”, quedó nuevamente en evidencia cuando uno de ellos propinó el reciente 21 de noviembre una violenta patada, con golpe de karate, en el rostro de una joven que en medio de una acción de protesta reclama en solidaridad con un compañero que estaba siendo atacado por el Esmad. Patada premeditada, con fuerza, potencia que puede dejar lesiones de diverso tipo.

Es una actitud de ataque, no de prevención ni de contención, que desde siempre deja huellas de dolor y sangre en las protestas a donde llegan. La memoria de los estudiantes y activistas en general recuerdan con fuerza el vil asesinato de Nicolás Neira (Bogotá, Primero de Mayo de 2005, Carrera 7 x 18), un joven que como Dilan apenas despuntaba a la vida; registro en la memoria que también se extiende a Óscar Salas (Bogotá, 8 de marzo de 2006) quien cursaba estudios en la Universidad Distrital.

Los indígenas asesinados producto del exceso de fuerza con que actúan los “agentes del orden”, además de la decena de lesionados por disparos de gases lacrimógenos accionadas en línea directa contra sus humanidades, así como de disparos no convencionales (cápsulas recargadas de balines), como por golpes contundentes con fuerza potenciada por el odio que parecen inyectarles en los cursos donde los forman, o en las “motivaciones” de que son objeto momentos antes de entrar en acción, desnudan a todas luces por qué y para qué fueron creados en 1999 por el gobierno de Andrés Pastrana, y la manera como han cumplido con tal propósito.

En todos estos casos de asesinatos y lesionados, unos graves y con secuelas para toda la vida, otros que no dejan impedimento físico, la sociedad demandó justicia y reclamó castigo por un tiempo pero luego parece que la paquidermia de una justicia que cuando queda en manos de las Fuerza Pública poco prospera. Pero ahora todo indica que las cosas serán distintas: la sociedad colombiana, conmocionada por un despertar sin precedentes no aguanta más las injusticias del poder y entre ellas los excesos de sus cuerpos de choque. Esa sociedad hoy llora ante el Hospital Universitario San Ignacio la muerte de un joven que apenas empezaba a gozar la vida y además de reclamar justicia al adelantar juicio imparcial sobre quien recaiga la culpa por lo sucedido (que debería extenderse al mando directo de quien accionó el arma, estableciendo claridad sobre las motivaciones impartidas antes del suceso) también demanda poner punto final a un cuerpo que como el Esmad no protege a la sociedad sino que la ataca y violenta, creando un ambiente de odio que solo extiende bases para el contraataque y hasta para la venganza.

Ante estas evidencias, una voz debe ganar eco en todo el país: ¡Desmonte del Esmad y de todo grupo policial, militar y de choque que atente contra los derechos humanos!

 


Recuadro

 

Esmad (1999-2019)

Secuela de muerte

 

Noviembre 8 de 2001. Carlos Giovanni Blanco, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional había recibido un disparo de arma corta en el pecho durante una protesta reprimida por el ESMAD.

Noviembre 20 de 2002. Jaime Acosta, a sus 18 años, de la Universidad Industrial de Santander participaba por primera vez en una protesta estudiantil. Los estudiantes vieron caer a Jaime Acosta, pálido y con un hueco en el pecho. Se murió a la entrada de la universidad. Le disparó un miembro del ESMAD que nunca identificaron.

Mayo 1 de 2005. Nicolás Neira murió en un hospital de Bogotá, después de recibir una paliza por tres agentes. Tenía quince años.

Septiembre 22 de 2005. Jhonny Silva Aranguren, estudiante de Química de la Universidad del Valle, fue asesinado por el ESMAD tras el ingreso de ese cuerpo policial a la institución académica. En medio de un corte de luz se genera una persecución en el campus. Mientras Jhonny intentaba huir, recibió un disparo en la nuca que le quitó la vida.

Marzo 8 de 2006. Óscar Leonardo Salas de 20 años estudiante de cuarto semestre de lingüística de la Universidad Distrital de Bogotá. En medio de una manifestación el estudiante se desplomó sin vida después de que una canica le destrozara el ojo y le llegara hasta el cerebro.

Julio del 2010. Jhonny Silva el estudiante de la Universidad del Valle, cayó asesinado en Cali de un balazo durante un enfrentamiento contra el ESMAD

2010. Durante un paro de transportadores en Bogotá, un joven de 20 años llamado Edgar Bautista le reclamó a un agente del Esmad por haber golpeado a una niña. La respuesta fue dispararle a quemarropa un gas lacrimógeno en el pecho.

Noviembre 10 de 2011. Belisario Camayo Guetoto, un indígena del Cauca que se había unido con otras personas que exigían recuperar sus tierras usurpadas murió en enfrentamientos con la policía de un disparo de fusil.

2013. Durante el paro agrario el campesino Víctor Alberto Triana Benavides recibió una golpiza que terminó quitándole la vida en un hospital de Facatativá.

Abril 11 de 2015. Siberston Guillermo Pavi Ramos de 19 años de edad, fue asesinado por la fuerza pública en medio de las acciones de Recuperación de la madre tierra, en el departamento del Cauca.

Abril 21 de 2016. Miguel Angel Barbosa murió a causa del impacto de una granada de gas lacrimógeno lanzada por el ESMAD en medio de la represión a estudiantes de la Universidad Distrital en la sede tecnológica de Ciudad Bolívar.

Mayo 19 de 2016. Brayan Mancilla, niño de 12 años, muere al recibir un proyectil en su cabeza por parte del ESMAD. El niño transitaba por el lugar cuando se realizaba un desalojo forzado a una familia que habitaba el sector.

Junio 12 de 2016. Naimen Lara y un mototaxista fueron asesinados. Los efectivos agredieron a quienes se estaban movilizando en contra del cierre del hospital de tercer nivel de Chiriguaná y dispararon contra el docente Naimen Lara pasando una de las motos sobre un mototaxista.

Junio 2 de 2016. Gersai Ceron, Wellington Quibarecama Nequirucama y Marco Aurelio Diaz, fueron asesinados por el ESMAD en el cuarto día del Paro nacional agrario, en la zona de Las Mercedes en Cauca.

Julio 12 de 2016. Luis Orlando Saiz, constructor, murió tras recibir una granada propinada y dirigida hacia su rostro por el ESMAD en medio de las protestas del paro camionero en el departamento de Boyacá sobre la vía Tunja – Duitama.


El odio policial

No es solo el Esmad, cuerpo de choque del establecimiento, es el cuerpo policial y militar como conjunto el que está formado con un espíritu antisocial, con la consideración de que todo aquel que exprese ideas contra el gobierno es un subversivo y como tal hay que tratarlo.

Evidencia de ello fue la acción desatada el 19 de agosto de 2011 y por medio de la cual la policía acabó con la vida de Diego Felipe Becerra, joven grafitero que en el momento de los hechos se aprestaba a realizar un mural en Bogotá, en la calle 116 con la Avenida Boyacá.

Como es de memoria pública, luego de los hechos la Policía, con espíritu de cuerpo trató de negar lo sucedido, sindicando al asesinado por porte ilegal de armas.


 

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