El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu

Hasta la llegada de Donald Trump al poder, la Casa Blanca reconocía Cisjordania como territorio palestino ocupado en el que debía crearse el futuro Estado de Palestina

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado este domingo estar "confiado" en poder anexionar partes de Cisjordania ocupada en dos meses, en el marco de la propuesta de paz de Estados Unidos, según ha indicado en un mensaje grabado para un grupo evangélico estadounidense.

"Hace tres meses, el plan de paz de (Donald) Trump reconoció el derecho de Israel sobre todo Judea y Samaria (Cisjordania) y el presidente Trump prometió reconocer la soberanía israelí sobre las comunidades judías allí y en el Valle del Jordán", ha recordado Netanyahu.

"Dentro de un par de meses –ha agregado– confío en que esa promesa será honrada y que podremos celebrar otro momento histórico en la historia del sionismo". Aunque el plan estadounidense popularmente conocido como el Acuerdo del Siglo sí prevé la anexión de las colonias en territorio cisjordano y coincide con muchas de las posiciones del Gobierno de Netanyahu, su texto no reconoce el derecho de Israel sobre toda Cisjordania.

Hasta la llegada de Donald Trump al poder, la Casa Blanca reconocía Cisjordania como territorio palestino ocupado, en el que debía crearse el futuro Estado de Palestina, y consideraba los asentamientos judíos en la zona como ilegítimos.

El mensaje de Netanyahu llega a menos de una semana de la firma de un acuerdo en Israel para un Ejecutivo de unidad entre Netanyahu y el centrista Beny Gantz, que denominaron "Gobierno de emergencia nacional" y que, durante los próximos seis meses, solo podrá tomar medidas vinculadas a la lucha contra el coronavirus y la anexión de territorios en Cisjordania.

La comunidad internacional ha reacionado con severidad en los últimos días al conocerse la voluntad de Israel de avanzar unilateralmente hacia la anexión de Cisjordania. Francia, el Reino Unido y Alemania fueron algunos de los países que cuestionaron la decisión, sumándose a las declaraciones del enviado de Naciones Unidas para Oriente Medio, Nickolay Mladenov, que la describió como "una creciente amenaza" para la paz en la región.

Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, advirtió también esta semana de los peligros que supondría la anexión, que dijo "constituiría una seria violación a la ley internacional", y reiteró la posición de la Unión Europea de no reconocer la soberanía de Israel sobre los territorios ocupados desde 1967.

Hanán Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la OLP, agradeció hoy las declaraciones de la comunidad internacional contra la anexión, aunque dijo también que "es momento de tomar medidas concretas y preventivas" para "restaurar la relevancia y efectividad de la responsabilidad internacional".

El pacto entre Netanyahu y Gantz, firmado el pasado lunes, estipula el 1 de julio de este año como la fecha en que se llevará la cuestión de la anexión de Cisjordania al Parlamento. Esta deberá contar también con el aval de Estados Unidos, que parece garantizado tras una declaración esta semana del secretario de Estado, Mike Pompeo, en apoyo al pacto mediante el cual se formará el nuevo Ejecutivo.

EFE - Jerusalén

26/04/2020 - 19:42h

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Israel estudió cómo aplastar una posible revuelta civil armada por el coronavirus

El ejército y otros estamentos israelíes consideraron la posibilidad de un grave deterioro de la situación social en el país y examinaron cómo aplastar una hipotética revuelta causada por la parálisis económica. En un documento al que tuvo acceso Haaretz, redactado en el pico de la crisis, el ejército recomendó al gobierno suavizar las restricciones y mostrar menos fuerza y más compasión para no exacerbar las tensiones.

 

El ejército israelí empezó a prepararse hace dos semanas para hacer frente a un escenario de revuelta armada popular si la situación económica del país se deterioraba significativamente como resultado del cierre casi completo de la economía decretado por el gobierno para hacer frente a la pandemia, revelaron varios medios de comunicación.

El Consejo para la Seguridad Nacional reunió un panel de 30 miembros entre los que había analistas y oficiales del ejército, funcionarios del gobierno, delegados de la policía y notables del mundo académico, para discutir en qué circunstancias podría darse una revuelta civil y de qué manera habría que aplastarla.

Las recomendaciones del panel, a las que tuvo acceso el diario Haaretz, se redactaron después de estudiar dos posibles escenarios: una "revuelta civil"  y "una desobediencia civil a gran escala" debido a una "tensión que podría conducir a un resentimiento o enfado entre la gente".

En opinión del panel, la tensión y el enfado "no conducirían a fenómenos sociales a gran escala por sí mismos, al menos a corto plazo", pero el segundo escenario existiría la potencialidad de causar un "daño a largo plazo a la sociedad israelí y a la democracia".

Una posible causa para un levantamiento popular a gran escala, dice el documento, podría ser la falta de fe en el gobierno y en el sistema político, o el hecho de que pareciera que el gobierno está perdiendo el control sobre la pandemia o el estado.

Otros elementos que podrían causar un levantamiento civil serían la lucha económica, las hipotecas y la incapacidad de algunos de pagar el alquiler o incluso de comprar alimentos, así como una escasez de alimentos en las tiendas. Precisamente, el viernes el gobierno de Benjamín Netanyahu, fuertemente presionado por los sectores económicos, decidió levantar más restricciones autorizando la apertura de los pequeños comercios, pese a la oposición inicial del ministerio de Sanidad.

En el documento redactado hace dos semanas se decía: "La rutina de la vida al completo se ha roto de repente para la mayoría de la población (...), el final del cierre todavía no se conoce y la gente ha recibido distintas estimaciones, desde varias semanas a muchos meses". Esta circunstancia, decía el panel, puede conducir a tensiones sociales, desobediencia civil y resentimiento hacia las autoridades"

Se mencionaba un sondeo realizado por el ejército donde se recogía que el 88% de los encuestados aseguraban que sus vidas se habían visto gravemente afectadas por la crisis, y un 75 por ciento decían que solo salían de sus casas si era absolutamente necesario. El 19% no salía de sus domicilios bajo ninguna circunstancia.

El panel advertía que la gente podría encontrar una cabeza de turco en un grupo social particular como los árabes, los ultraortodoxos o los extranjeros, inmigrantes ilegales y refugiados, quienes podrían llegar a pagar por la expansión de la pandemia y la crisis económica.

"El bienestar de la gente se ha dejado de lado para concentrarse en detener la propagación. Con la extensión de la cuarentena es necesario prestar atención y dar recursos a la gente para enfrentarse a la causa de las tensiones entre la gente", decía el documento, que advertía que si no se proporcionaban recursos, la gente podría levantarse contra el gobierno.

El panel recomendó al gobierno que contratara a miles de israelíes para trabajar en los hospitales y en unidades de seguridad comunitarias semejantes a las que funcionan en las poblaciones cercanas a la Franja de Gaza. También recomendaba que los soldados participaran en la distribución de alimentos y realizaran patrullas nocturnas.

Al gobierno le indicaba que debía adoptar una posición más relajada con la gente. "Menos munición y más compasión", sentenciaba. También le recomendaba que policías desarmados visitaran a los israelíes de más edad y que distribuyera alimentos por las tardes entre los musulmanes durante el mes de ramadán que empezó este viernes.

Según The Jerusalem Post, a pesar de la recomendación de que el ejército y la policía deberían actuar sin tanto rigor, el gobierno ha usado ampliamente la fuerza en otras protestas a gran escala, especialmente contra el sector árabe. En octubre de 2000, se aplastaron las protestas árabes con un coste de 13 civiles muertos en la Galilea poco antes de que estallara la segunda intifada.

jerusalén

26/04/2020 09:02

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Asesinan a otro líder comunitario en Colombia; suman 80 en el año

El líder comunitario y defensor ambiental Alejandro Llinás Suárez fue asesinado el viernes en la zona rural de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, en el norte de Colombia. El activista había denunciado en semanas recientes la presencia y el hostigamiento de grupos paramilitares.

Llinás Suárez era un defensor ambiental del Parque Tayrona. Según medios locales, varios individuos armados entraron en su finca y acabaron con su vida.

"Con profunda tristeza lamentamos el asesinato del líder de Colombia Humana en Santa Marta, Alejandro Llinás", publicó en su cuenta de Twitter el movimiento político Colombia Humana, liderado por el senador Gustavo Petro.

Hostigamiento paramilitar

Llinás Suárez fue "un defensor de su territorio, del ambiente y los recursos naturaleza. Pedimos justicia para que su asesinato no quede impune!", agregó la organización.

"La violencia política sigue cobrando vidas, triste realidad. Alejandro Llinás Suárez fue asesinado hoy en Calabazo, Santa Marta, Magdalena", tuiteó por su parte la activista Mariana Risaralda, que ha subrayado que Llinás Suárez "denunció la presencia y el hostigamiento de grupos paramilitares en la zona".

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de 2020 han sido asesinados más de 80 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. El gobierno ha contabilizado desde 2016 hasta abril de 2020 los asesinatos de 364 líderes sociales, de los cuales el 55 por ciento se encuentran ya bajo investigación.

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La débil reacción fiscal frente al coronavirus

Una revisión de las medidas económicas más fuertes tomados por el gobierno nacional desnudan la pequeñez e insuficiencia de la inversión pública en nuestro país, así como la incomprensión del potencial de la crisis que golpea a nuestro país, como parte de un sistema global también afectado en su integridad.

Gasto público como porcentaje del PIB en respuesta al Coronavirus

Alemania  28
 Italia  20
 España 16
 Francia  15
 Bélgica 14
 Austria  10
 USA9
 Polonia9
Suecia9
Colombia2

Fuente: Oxford Economics.

 

La respuesta de los países al Coronavirus ha sido muy diferente. En el cuadro se presenta el gasto público que cada gobierno estima destinar para combatir la pandemia. Las cifras corresponden a porcentajes del PIB de cada país. De lejos, el mayor gasto es el de Alemania (28% del PIB). Le siguen Italia (20%) y España (16%). Hasta ahora el costo de las medidas que el gobierno colombiano ha anunciado, sumando los gastos de las administraciones locales, podría llegar a 20 billones de pesos, que más o menos corresponde a 2 por ciento del PIB. Comparado con otros países, es clarísimo que los estímulos son mínimos. Parecería que el Gobierno todavía no se hubiera percatado de la gravedad de la crisis.

Cada gobierno percibe el contagio de manera distinta, y por esta razón las respuestas no son homogéneas. El cuadro refleja, además, el músculo financiero de las políticas fiscales. Mientras que en Alemania, el gasto público total, como porcentaje del PIB es cercano al 60 por ciento en Colombia apenas llega al 19 por ciento. La brecha es significativa y refleja la confianza que tiene la sociedad alemana en la acción del Estado, y el profundo desprecio que existe en Colombia por lo público. En momentos de crisis como la actual se siente con mayor fuerza la falta que hace la protección del Estado. En Colombia es evidente la debilidad de lo social.

Recursos para las empresas o para los ciudadanos

El debate ha sido muy álgido sobre los beneficiarios de los recursos. En Estados Unidos, de los 9 puntos del PIB destinado para enfrentar la crisis, 5 irán para apalancar los créditos y darle garantías a los bancos. En Colombia se ha privilegiado la financiación de la salud y la atención a los más vulnerables, pero de nuevo queda en evidencia la debilidad de la infraestructura hospitalaria, y la falta de cobertura efectiva. Y en cuanto a las personas pobres, por ahora la atención recae en Familias en Acción –que cobija a 2,6 millones de hogares–, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción. Esta semana comenzó la devolución del IVA a las familias de menos recursos (75 mil pesos por familia cada dos meses). Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) está distribuyendo mercados a las familias que tienen niños en las guarderías. El gobierno nacional, siguiendo el ejemplo de Bogotá Solidaria, está armando un programa que se llama Ingreso Solidario, para atender a las personas vulnerables que hasta ahora no están en las bases de datos de los programas sociales mencionados. Este proceso apenas está comenzando, y se están tratando de mejorar las bases de datos.

La reacción de los gobiernos locales ha sido muy heterogénea. Pero, en general, se ha tratado de atender rápidamente a la población vulnerable, para evitar que el desespero del hambre lleve al vandalismo. Las ciudades grandes (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) tienen mayor músculo financiero, y le dan prioridad a la distribución de alimentos. Para complementar los programas nacionales, en Bogotá, por ejemplo, la Secretaría de Educación comenzó a entregar mercados de 50 mil pesos por niño matriculado, a través del Éxito y de tiendas de barrio. Y está comenzando el programa Bogotá Solidaria, que busca atender a quienes tienen necesidades urgentes pero no están inscritas en los programas regulares. Son personas pobres que viven del día a día, y que no están en los registros usuales del Distrito. En general ha sido notoria la dificultad para lograr una buena focalización de la población más vulnerable.

Fuera de las grandes ciudades, el margen de maniobra que tienen los municipios, y los departamentos, es muy bajo. Por esta razón tienen que depender de los recursos nacionales. En los departamentos y municipios se están ejecutando programas como Familias en Acción. Y se están haciendo ajustes para implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Parte de las dificultades logísticas se originan en que el Gobierno decretó el comienzo de vacaciones el 16 de marzo, y de acuerdo con las normas vigentes no se podría dar alimentos a niños y jóvenes que estén en vacaciones. En Bogotá ha sido distinto, porque no hay vacaciones, y se ha mantenido el aprendizaje en la casa. Se ha buscado que los estudiantes no interrumpan el proceso educativo.
La pandemia ha puesto en evidencia las limitaciones de los registros administrativos, que eran razonablemente buenos para cálculos estadísticos, pero no son adecuados para distribuir subsidios, porque se requiere la plena identificación del beneficiario. De todas maneras, los recursos que les están entregando a las familias no son suficientes. Los subsidios nunca han garantizado el sostenimiento de los hogares, porque en condiciones normales pueden obtener ingresos adicionales. Es absurdo pretender que una familia pueda vivir únicamente con los subsidios.

Hay mucha duda sobre las ayudas por darle a los grupos medios de la población (estratos 3 y 4), que también están sintiendo el impacto de la crisis. Por ahora, se están buscando alternativas para aligerar los créditos y el pago de servicios públicos. El Gobierno está analizando la posibilidad de darle subsidios a los trabajadores formales, pero aún no toma una decisión clara.

En Colombia todavía no le han dado subsidios directos a las empresas, y le han pedido a los bancos que sean más flexibles con los créditos. Y para estimular esta política el Banco de la República bajó la tasa de interés de referencia anual de 4,25 por ciento a 3,75, y se recapitalizó el Fondo Nacional de Garantías. No obstante esta reducción, los bancos comerciales siguen cobrando intereses muy altos (25% en tarjetas de crédito). A pesar de los esfuerzos que ha hecho el Banco de la República, los bancos comerciales no bajan las tasas de manera importante. En medio de la crisis le están proponiendo a los clientes ampliar los plazos, pero no han tomado decisiones que, efectivamente, alivien la situación de los deudores. El sector financiero, que ha sido uno de los grandes favorecidos en los últimos 10 años del desempeño de la economía, todavía no está dispuesto a reducir sus enormes ganancias. Si mantiene esta posición obstinada, también tendrán problemas cuando las familias no les puedan pagar.

El decreto 444 y la reacción airada de los gobiernos locales

De manera inconsulta, el Gobierno expidió el decreto 444, mediante el cual crea el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), que se nutre de dos fuentes que tienen su origen en las regalías. Por un lado, el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y, por el otro, el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). Entre estas dos fuentes suman unos 14 billones de pesos. El Decreto dice que estos recursos, que son de los departamentos y de los municipios, serán tomados en calidad de préstamo. Varios gobernantes locales, como Claudia López en Bogotá, y Carlos Caicedo en el Magdalena, reaccionaron en contra, porque consideran que esta decisión es unilateral y abusiva. Desde su perspectiva, las administraciones locales necesitan estos dineros para poder responder a la emergencia.

Además, los usos que tendrán los recursos del Fome no son claros. En el Decreto se dice que podrán servir para apalancar las necesidades financieras de los bancos e intermediarios financieros. Como lo ha señalado el gobernador del Magdalena, se debería mirar el ejemplo de Islandia, que en lugar de entregarle la plata directamente a los bancos, se la transfirió a los deudores para que le pagaran a los bancos, y pudieran conservar sus activos.

 


El uso de las reservas

 

Llegó el momento de volver la mirada hacia las reservas internacionales. Colombia tiene en el exterior –sobre todo en bonos del Tesoro de los Estados Unidos– 53 mil millones de dólares. El país puede utilizar de manera responsable parte de estos recursos, digamos 5 mil millones de dólares, que serían equivalente a 20 billones de pesos.

El Banco de la República se niega a hacer operaciones heterodoxas, pero en medio de la crisis hay que seguir el ejemplo de otros bancos del mundo, que también lo hacen. Es factible, además, que en las circunstancias actuales el Banco le haga préstamos directos al Gobierno.

Un impuesto urgente al patrimonio

Dadas las condiciones excepcionales de la emergencia, podría decretarse de manera inmediata un impuesto al patrimonio que sea progresivo, de tal forma que la tarifa vaya creciendo con el valor del patrimonio. Esta medida favorece la distribución del ingreso y permite fortalecer las finanzas públicas.

La crisis desprendió inmensos retos para el gobierno nacional y éste aún no responde al nivel requerido; de proseguir así los efecto negativos de su proceder serán más fuertes no solo en el corto sino también en el mediano y largo plazo, cuando el impacto de la anunciada recesión haya golpeado con todo su potencial al conjunto social.

 

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6 de abril de 2020

 

 

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Publicado enEdición Nº267
Jeanine Áñez sujeta los Evangelios tras proclamarse presidenta interina, el pasado noviembre

Las fuerzas de seguridad arrestan a la alcaldesa vejada por una turba de violentos en noviembre y otros ediles del MAS

Mientras se cumple la cuarentena por el coronavirus en Bolivia, se han producido varios incidentes en los que han estado involucrados la Policía y el principal partido de oposición, el Movimiento al Socialismo (MAS), del expresidente Evo Morales. El último de ellos fue la detención de Patricia Arce, alcaldesa de la pequeña ciudad de Vinto, candidata a senadora y una de las figuras más simbólica de este partido izquierdista. Arce se volvió conocida en noviembre del año pasado, cuando fue golpeada y humillada por un grupo de manifestantes violentos opositores a Morales. Su caso constituye una pieza importante en la investigación internacional sobre las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron antes, durante y después de la caída del poder del exmandatario boliviano.

Ahora Arce ha sido acusada por la Policía de reunir a un grupo de personas en su casa y de beber alcohol en ella, lo que rompe las reglas de la cuarentena. Según la alcaldesa, los agentes allanaron sin orden judicial ni medidas de bioseguridad su domicilio, en el que solo estaban ella, sus hijos y su chófer celebrando el cumpleaños de uno de los miembros de la familia, sin romper el aislamiento que impone la cuarentena. Arce también aseguró que el control de alcoholemia que le hicieron arrojó un resultado normal, aunque esto último no ha sido confirmado oficialmente. “Es el peor abuso que he sufrido en mi vida; mi hijo menor ha sido llevado a un reformatorio y mis otros hijos están presos conmigo como delincuentes, cuando ellos no son responsables de nada”, declaró en un vídeo. La Policía comunicó que la alcaldesa será procesada por “daños a la salud”, delito sancionado con entre tres y diez años de prisión. Esta grave acusación ya se ha realizado y probado en otros casos, durante el mes de cuarentena. Si Arce fuera declarada culpable, quedaría inhabilitada como candidata al Senado en las próximas elecciones.

Evo Morales publicó en un tuit que el delito de su compañera de partido fue “ser solidaria con familias pobres” y afirmó que denunciaría lo sucedido a los organismos internacionales de derechos humanos. Relacionó así la detención de la alcaldesa, que en las últimas semanas se había dedicado a repartir comida a los hogares pobres de su municipio, con otro apresamiento, realizado cuatro días antes, de funcionarios de la alcaldía de Villa Tunari, también dirigida por el MAS, que habían viajado por carretera en un camión, según dijeron, a llevar alimentos a otros municipios.

Villa Tunari se encuentra en el Chapare, una zona controlada por los sindicatos de campesinos cocaleros que constituyeron el núcleo fundador del MAS. Según el dirigente de estos sindicatos e importante líder del partido, Andrónico Rodríguez, su propósito de trasladar productos agropecuarios del Chapare a la ciudad de Cochabamba y otros sitios ha sido obstaculizado por el Gobierno por razones políticas. “La solidaridad se criminalizó, llegamos al extremo de que la cuarentena se judicializó, tal parece que la justicia tiene un fin político", declaró Rodríguez a la prensa.

En el Chapare no se habían estado repartiendo las ayudas en efectivo que aprobó el Gobierno interino de Jeanine Áñez para posibilitar que las familias más vulnerables sigan en cuarentena. Esto se debía a que los bancos no funcionaban en esta región. Así lo había decidido el gabinete después de que los policías asignados a proteger uno de estos centros financieros en el pueblo de Shinaota fueran expulsados por un grupo de ciudadanos. Aunque finalmente se llegó a un acuerdo y la Policía volverá a Shinahota, esta institución no puede operar con tranquilidad en el Chapare desde el derrocamiento de Morales, en el que participó activamente. Esto provocó la animadversión contra ella de una importante parte de la población de esta zona del país. El MAS ha negado haber organizado la protesta y Morales ha denunciado que la suspensión de la ayuda financiera a los habitantes del Chapare fueron una sanción política contra sus adherentes.

En las últimas horas fue detenido, además, un activista digital del MAS, acusado de sedición por llamar, en las redes, al “levantamiento popular“ contra la “dictadura de Áñez”. Para este partido, se trata de una acción directamente orientada contra la libertad de expresión.

La Paz - 23 abr 2020 - 20:26 COT

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Cuarentena: el miedo, el aislamiento y la soledad en niños maltratados

La sobrecarga emocional del “quedate en casa”

Es la participación ciudadana la que puede ir al rescate de los factores yoicos protectores en estos niños y jóvenes.

La pandemia del coronavirus llevó a muchos gobiernos a tomar la decisión, como medida protectora, de mantener el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Si bien esta disposición pone al resguardo a la inmensa mayoría de la población, queda la preocupación por los niños y jóvenes que siguen siendo vulnerados y violentados tanto física como psicológicamente.

Sabemos que para este grupo etario las casas no son un lugar seguro dado que por lo general son los miembros convivientes los maltratadores, negligentes o abusadores.

Este trato por parte de los adultos que deberían cuidarlos y protegerlos deja a los niños en un drama silencioso subsumidos en el aislamiento psíquico, soledad y confusión.

Para que los seres humanos podamos desarrollarnos psicológicamente, necesitamos de otros que sean capaces de responder de manera contingente a nuestros pensamientos, intereses, deseos, necesidades, y sentimientos. En este sentido, la capacidad de los cuidadores de espejar correctamente el estado interno del niño es el centro dela regulación afectiva.

Pero los maltratadores ven a sus víctimas como cuerpos-objetos a ser tocados e imaginan que las conductas de los niños conllevan una intención nociva hacia ellos. Este déficit en la capacidad de interpretar la conducta propia y de otros seres humanos deja a los niños con una carenciapara comprender sus emociones e interpretar el mundo que los rodea. La ausencia de ser espejados los pone en riesgo, sus mentes quedan solas, aisladas con el sentimiento concomitante de terror ante las amenazas de las cuales se les dificulta hablar.

El quedate en casa deja a los niños maltratados ante una sobrecarga emocional de miedo a la muerte, amenaza y soledad. Al encierro en su ambiente adverso y nocivo se suma la falta de contacto social presencial que les permitía salir a refugiarse en la casa de un amigo, hablar con algún compañero en la escuela, confiar en un vecino o hasta escaparse por un rato. Apoyos sociales necesarios para encontrar alivio a sus sufrimientos.

Para la humanidad, comunicarse es una necesidad básica. Los niños y jóvenes usan las redes para compartir sus vivencias, construyen en las plataformas comunidades que tienen valor de relación, se sienten conectados, identificados con otros similares a ellos y les ayuda a darse cuenta de lo que les sucede.

En la línea de apoyo y contención [email protected] que llevo adelante los niños dicen:

Tengo 10 años, mi papá no me deja ser feliz me maltrata mucho”

“Ojalá no me dé el Koronabiruz”

“Alguien ahí para hablar... me siento muy solo”

“Tengo mucho miedo, lo admito que me llegue el virus, no quiero salir de mi casa, pero acá es peor. Salvame por un demonio, Dios de la Corona”

“Yo fui abusada físicamente y es peor ahora estoy en cuarentena”

“Para mi la cuarentena fué como tocar fondo derocas cuando me di cuenta que estar en el colegio era mejor que estar en casa”

“Cuando el infierno y la casa se usan en la misma oración se que algunos mounstros son reales”

“Abuselinesos gracias por conversar conmigo, estas palabras me ayudaron a calmarme un poco. Aunque sea por la pantalla, me ayudó un montón.”

“ Voy a usar mi mascara de oso”.

Muchos han logrado confiar en las líneas de ayuda, en sus maestros, tutores, vecinos, algún amigo y es este colectivo social el que tienen más posibilidades de apoyar, guiar y contener a estos niños para que puedan comenzar a procesar la adversidad.

Para que los hechos adquieran sentido es necesario convertirlos en un relato, poder representar los acontecimientos y sentimientos. Esta representación debe tejerse entre el mundo interno del que padece y la empatía del externo social.

Es la participación ciudadana la que puede ir al rescate de los factores yoicos protectores en estos niños y jóvenes y darles un valor de relación que les permita salir del aislamiento promoviendo el juego, la escritura, la creación de videos, la vida imaginativa.

La presencia o ausencia de resiliencia (la capacidad de superar circunstancias traumáticas) es la dinámica entre la posibilidad de reconocer los propios estados mentales (autoconocimiento y autorreflexión) y el apoyo social que sentimos cuando somos pensados y comprendidos por otros.

Si como sociedad no estamos disponibles y empáticos para estos niños, los estamos dejando en el mismo lugar de sufrimiento, asediados por esta nueva realidad y las ansiedades que genera, sumado al terror de estar en sus casas en mano de los abusadores.

Mirta Itlman es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA) IPA y miembro del Comité de Psicoanalistas en la Comunidad. FEPAL.

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Viernes, 17 Abril 2020 06:22

El jabón

El jabón

Cuando Boaventura de Sousa Santos (bit.ly/3dLVeBk) cerraba sus reflexiones en tiempos de coronavirus apelando a la "sociología de las ausencias", subrayando la necesidad de "tener en cuenta las sombras que crea la visibi-lidad (de la pandemia)" y apuntando a laextrema vulnerabilidad al virus de los miles de refugiados detenidos en campos de internamiento en Grecia que hu-yen de las guerras en Medio Oriente –como Moría (bit.ly/3b4l2Hb), un espacio construido para 3 mil personas habitado por más de 20 mil (bit.ly/2VhqEXY) donde, subrayaba el autor de Una epistemología del sur, "hay un grifo de agua para mil 300 personas y falta jabón"−, un verdadero abismo negro se me estaba abriendo en la cabeza.

En un papelito, en medio de una tormenta cognitiva, anoté cantinfleando un poco las posibles posibilidades:

  1. "Las crisis inexorablemente cambian las maneras en que miramos las cosas".
  1. "En la pandemia, pensar en cosas peores es simplemente una estrategia de sobrevivencia".
  1. "A veces una cosa inevitablemente lleva a la otra".

Como muchos, ya llevaba días, mirando diferente a una simple barra de jabón, según la ciencia "el mejor arma en nuestras manos en contra del Covid-19": las membranas de lípidos del virus se disuelven y éste se cae como un castillo de naipes (bit.ly/3dYBhrh).

Me acordé incluso –cantinfleando mentalmente un poco más− de algo de lo que ya no me acordaba, de mis tiempos de hacer el jabón casero en colectivo (“tú le sigues dando vueltas y yo voy por unas caguamas”).

Pero las palabras "campo" y "jabón" eran la mezcla que detonó todo (el jabón y la nitroglicerina al final van de la mano, basta mirar cualquier libro de química orgánica). Esperen tantito, ahorita va, fruto de una mente desesperada e infectada tal vez con el mismo virus(¡sic!) que la de –por ejemplo− Robert Fisk que por un lado con rigor y puntualidad censura usos y abusos de analogías a la Segunda Guerra Mundial −como ahora apuntando a una verdadera infección del lenguaje a causa de esto, "que aísla el significado, destruye la semántica y trivializa la crisis" (bit.ly/3aImSxh−,) pero que, por otro, solito no puede escribir, casi, un texto sin invocarla (aquí igualito).

No eran sólo más reportes del campo de Moria y sus condiciones de falta de higiene desesperadas, donde las recomendaciones básicas en la pandemia –lavarse las manos con frecuencia y mantener la distancia social− son imposibles de seguir y donde el brote del virus "tendrá consecuencias inimaginables" (bit.ly/39XXz96), o las historias de los verdaderos campos de concentración de Trump (bit.ly/3b7Ue8W), donde ya hace meses los migrantes, niños incluidos –que ahora suplican ser deportados por el temor de morir del Covid-19 (bit.ly/2UXLrAC)−, no tenían acceso a un cepillo, pasta de dientes o jabón ( nyti.ms/2XpVNv9).

En un juicio, demandada por asociaciones de derechos humanos, la administración trumpista argumentó que "no tenía ninguna obligación a darles el jabón a los detenidos" (bit.ly/3a5StYH), una política adrede de "ser lo más cruel posible" con fines "disuasivos".

Era sobre todo –allí les va−, entre una lavada de manos y otra, la voz de mi abuela que tras salvarse de un campo de concentración nazi, terminó en trabajos forzados en una granja en el norte del "Reich de mil años" −que acabó durando 13−, contando cómo sus patrones alemanes a veces les daban el jabón... "hecho de humanos, prisioneros de los campos, víctimas del Holocausto".

"Lo tirábamos de inmediato. Era fácil de diferenciar del normal. Daba poca espuma y, en vez hundirse, flotaba en el agua...".

Lo de "mirar diferente a una simple barra de jabón" llegaba en mi mente a un clímax.

Presente en múltiples testimonios y reportes −incluso en evidencias durante los procesos en Nüremberg−, la historia de la producción del "jabón de humanos" durante la Segunda Guerra Mundial resultó ser más bien una leyenda urbana difundida por los propios nazis (bit.ly/2RAGI5S). Si bien hace unos años se determinó que una muestra del "jabón nazi" fue hecha de grasa humana (bit.ly/3b874E2), confirmando versiones de su producción limitada en el Instituto Anatómico en Danzig (Gdańsk), éste podría ser más bien un subproducto de preparación de muestras anatómicas, usado a lo mucho para el aseo interno (bit.ly/2JZkuq4).

Aun así y siguiendo un rato más con lo de “pensar en cosas peores –Holocausto et al...− como estrategia de sobrevivencia”, me imaginé que por algún azar unas barras de éstas podrían llegar a las manos de mi abuela (al final era en la misma costa del Báltico).

Pero para que el jabón flote –he aquí mi "experiencia" de productor del jabón artesanal−, basta inducirle unas microburbujas de aire. No es indicativo que esté hecho de otro tipo de grasa (humana). En fin.

Lo que sí es cierto, bien apunta Federico Finchelstein al margen del manejo de la pandemia por las derechas mundiales, los nazis −como hoy los Kaczyński, los Le Pen o los Trump en cuanto a los refugiados− acusaron primero a sus víctimas de portar "enfermedades peligrosas" creando luego adrede condiciones artificiales e insalubres en guetos y campos donde éstas se enfermaron y propagaron dolencias (bit.ly/3b6m0Tp).

Allí −vista por un prisma de una simple barra de jabón− yace, como anotaba De Sousa Santos, nuestra "Europa invisible": oscura, cruel, indiferente (y nuestros "Estados Unidos invisibles"); allí sí, "una cosa inevitablemente lleva a la otra".

*Periodista polaco

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La violencia silenciosa que arrecia en el campo colombiano en medio de la pandemia

 El alto el fuego del ELN rebaja las estadísticas, pero el conflicto entre grupos armados no se detiene y se disparan las amenazas contra exguerrilleros

En pocas horas en Colombia murieron ocho disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, un militar falleció en un combate con otra columna que se separó de los acuerdos de paz, una banda de paramilitares amenazó a un periodista y el partido político nacido del grupo insurgente, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, denunció la indefensión ante estas organizaciones de los excombatientes que abandonaron las armas. Fue allí, en el municipio de Argelia, ubicado en el departamento suroccidental del Cauca, donde en los últimos días se intensificaron los combates entre un sector de las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las Fuerzas Armadas informaron este miércoles de que “ocho terroristas murieron al enfrentarse con las unidades militares” mientras trataban de contener esos enfrentamientos, que se enmarcan en la lucha por el control de una ruta del narcotráfico.

Estos son los episodios violentos más recientes conocidos en Colombia, que hace frente a la emergencia sanitaria del coronavirus -que ha dejado 130 muertos y más de 3.000 infectados- con una estricta cuarentena y el cierre de las fronteras. Sin embargo, la violencia en el campo, en un país eminentemente rural que acaba de salir de un conflicto armado de más de medio siglo, no se detiene. Y ahora es más silenciosa porque todos los ojos están centrados en la pandemia. El partido FARC deploró a través de un comunicado que “en medio de la crisis [...] hay grupos que, con una lectura equivocada del momento, no dan tregua con sus actos, agudizan los temores y la zozobra que actualmente se vive en las comunidades”. Argelia fue el último escenario de una persecución consolidada por parte de las bandas criminales: “Rechazamos el señalamiento y la declaración como objetivo militar de los dirigentes de las organizaciones sociales y de los militantes de nuestro partido y reincorporados”, señala un comunicado.

El abismo entre campo y ciudad y la escasa presencia de las autoridades en algunos territorios no supone una novedad en Colombia. Pero en estas circunstancias hace saltar las alarmas de los expertos. Lo explica Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. “El país está concentrado en el coronavirus, las Fuerzas Armadas están en acuartelamiento esperando una crisis del coronavirus, pero el país se sigue incendiando. Y la otra parte de la respuesta es que en datos, en números, en estadísticas no se ve, porque el ELN paró la actividad y los enfrentamientos entre grupos no se cuentan, porque es cuando se ataca la fuerza pública”.

El ELN es la última organización guerrillera aún activa en Colombia, aunque se disputa el control del tráfico de droga con otras bandas. Esto es, aunque a finales de marzo declarara un alto el fuego unilateral con el Estado, sus actividades siguen pese a que haya suspendido los ataques a las fuerzas militares. “Si viene el ELN y declara un cese unilateral al fuego, ellos siguen enfrentándose a otros grupos, siguen expandiéndose, aunque hayan parado la actividad frente al Ejército, la guerra sigue, con las disidencias y los paramilitares”, continúa Ávila.

El procurador, Fernando Carrillo, se pronunció públicamente a propósito del caso del Cauca. “Sobre la situación en Argelia, hacemos un llamado a la fuerza pública colombiana para garantizar la protección efectiva, la vida e integridad personal de los reincorporados en el marco de la implementación del acuerdo final”, afirmó. La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas se sumó al llamamiento, solicitando “protección inmediata tanto de reincorporados de las FARC como de las comunidades que están padeciendo el control violento de grupos armados en la zona”.

A eso se añaden los ataques sistemáticos a los líderes sociales y las preocupaciones por la compleja implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016. Entonces se acabó una guerra, pero no la violencia. El jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, manifestó que la necesidad de redoblar los esfuerzos ante la epidemia de covid-19. “Tenemos la obligación colectiva de seguir garantizando el progreso en la implementación del acuerdo de paz. La paz en Colombia no puede ser una víctima de la pandemia”, señaló el martes. “La violencia en contra de excombatientes se ha mantenido a pesar de la cuarentena nacional. Desde la publicación del informe [a principios de marzo] otros tres excombatientes han sido asesinados, para un total de 195 desde la firma del acuerdo de paz”. Así las cosas, Ruiz Massieu considera que “así como diferentes sectores en Colombia se están uniendo para enfrentar la pandemia, es necesario que todos los sectores se unan para poner fin a la epidemia de violencia contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y excombatientes”.

México - 16 abr 2020 - 03:03 COT

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Amenaza EU a Maduro con una transición "peligrosa" y "brusca"

Insiste Elliot Abrams con la propuesta de elecciones

El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, advirtió al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que si no acepta una "transición" pactada con la oposición, ésta ocurrirá igualmente, pero será más "peligrosa" y "brusca". Hasta el cierre de esta edición, el gobierno bolivariano no había respondido aún a la amenaza.

"Si el régimen decide trágicamente que va a subyugar, que va a reprimir más, probablemente esté haciendo que la transición sea igual de probable, pero más peligrosa y brusca", aseveró Abrams en una entrevista con el grupo Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Abrams se refería así a la más reciente propuesta política de Estados Unidos para instaurar un gobierno de emergencia en Venezuela: celebrar elecciones en las que no participen como candidatos ni Maduro ni el autoproclamado "presidente encargado" y líder de la oposición Juan Guaidó.

Si la iniciativa no sale adelante, "se verá más presión de Estados Unidos y creo que de otros sobre este régimen. Es posible presionar más a un régimen y al mismo tiempo brindar más asistencia al pueblo venezolano. Y eso es lo que queremos hacer. También es lo que Juan Guaidó quiere hacer. Es lo que la Unión Europea quiere hacer", destacó Abrams.

Subrayó que Washington sabe que Mauduro rechazará la propuesta y argumentó que en realidad no iba dirigida a él, sino a otros cargos del régimen y a miembros de las fuerzas armadas.

"Está dirigida, como he dicho antes, al chavismo, al ejército, al régimen, al gobierno, a la gente que decide: Este país necesita salir de esta crisis horrible", afirmó.

En cualquier caso, Abrams argumentó que el plan del Departamento de Estado estadunidense no es absoluto, sino que es una propuesta y puede ajustarse a las necesidades políticas del país e indicó la posibilidad de que el Consejo de Estado que gobernaría en la transición incluya al presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno; al jefe del ejército, Vladimir Padrino López, o al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

“Hay un millón de variaciones… Los venezolanos podrían decir, bueno, queremos cambiar esto porque creemos que funciona mejor para nosotros en nuestra negociación. Está bien. Quiero decir, aquí la cuestión es que si cambias una palabra en la propuesta estadounidense no sucede una catástrofe. El punto es que este es un camino hacia la democracia y el levantamiento de las sanciones estadunidenses”, sostuvo.

 

Crisis humanitaria

 

De su lado, el subsecretario de Estado estadunidense para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, ha abogado por la distribución de alimentos y medicamentos en Venezuela sin contar con la colaboración del gobierno de Maduro.

"La gente de Venezuela necesita desesperadamente alimentos y medicinas. Permitan que la Organización de Naciones Unidas y las ONG internacionales lo distribuyan en función de la necesidad, no de la política", publicó Kozak en su cuenta en Twitter.

El 23 de febrero de 2019, un cargamento de supuesta ayuda humanitaria iba a ingresar a Venezuela desde Colombia y Curazao, encabezado por Guaidó, en un intento para asumir como presidente del país en un golpe de Estado, pero las fuerzas armadas lo impidieron por ser un acto ilegal de invasión.

"Estados Unidos ha contribuido y seguirá contribuyendo, pero nadie debería confiar en Maduro para la distribución", añadió el diplomático estadunidense.

Venezuela, con nueve muertes y 175 casos confirmados de coronavirus, ha declarado una "cuarentena social" y pedido ayuda a la Organización Panamericana de la Salud para luchar contra el Covid-19.

Guaidó ha acusado al gobierno de Maduro de mentir sobre el impacto del coronavirus y asegura que hay muchos más casos por lo que, a su juicio, la nación caribeña es especialmente vulnerable ante la pandemia por la crisis humanitaria que sufre desde hace años.

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Ana Güezmes, Representante de ONU Mujeres en Colombia

12 mujeres han sido asesinadas durante la cuarentena en Colombia. Ana Güezmes, Representante de ONU Mujeres en el país andino, habla sobre los impactos de la pandemia en las mujeres

Entre el 20 de marzo y el 4 de abril, 12 mujeres fueron asesinadas en Colombia. La cuarentena obligatoria para evitar la propagación del coronavirus no ha detenido la pandemia de los feminicidios. Mientras el país se estremece con el número creciente de fallecidos por Covid-19, no ocurre lo mismo con los asesinatos de mujeres y la violencia sexual que sufren. En lo que va del 2020, en el país andino han sido asesinadas 37 mujeres, pero durante los días de aislamiento, al tener a los victimarios en casa, las llamadas de auxilio se han incrementado un 79%. Durante el aislamiento obligatorio, la Fiscalía ha recibido 578 llamadas, de las cuales 132 han sido denuncias de violencia intrafamiliar y 55 de violencia sexual.

Ana Güezmes, médica, especialista en salud pública y Representante de ONU Mujeres en Colombia, habla de la violencia de género en la pandemia, de los aprendizajes que han dejado otras epidemias y de cómo las mujeres están en la primera línea de respuesta a la Covid-19.

Pregunta: ¿Cuáles son las principales implicaciones tiene la pandemia en las mujeres en Colombia?

Respuesta: Las epidemias de la historia siempre nos han señalado que hay impactos diferenciales y también fortalezas en relación con las mujeres. El gran aprendizaje de lo vivido con la del ébola, entre 2014 y 2016, o la del zika, entre 2015 y 2016, es que las respuestas a las epidemias tienen que incluir el enfoque de género desde el inicio. Esto porque los impactos de las epidemias acentúan las desigualdades de género y el riesgo de violencia se incrementa en espacios de aislamiento.

P: ¿Cómo afectará esta pandemia de forma particular a las mujeres?

R: Otra crisis, la del 2008, ya no sanitaria sino financiera, nos indicó que hay que tener protección reforzada para que los impactos económicos no generen aún más vulnerabilidad a las mujeres, que son las que se ubican mayormente en el sector informal de la economía o en el trabajo no pagado, en el ámbito doméstico o en sectores de la economía que se verán afectados por el confinamiento. En Colombia, tres de cada 10 mujeres no tienen ingreso propio en contraste con uno de cada 10 hombres. El llamado es a adoptar mecanismos de compensación para las mujeres y medidas de subsistencia. También, que se mantengan los presupuestos, que ya eran muy bajitos en materia de género.

P: ¿Y qué fortalezas tienen las mujeres en este contexto?

R: Las mujeres son imprescindibles en la lucha contra el brote. En América Latina representan el 74 por ciento de las empleadas en el sector social y sanitario. Sabemos que son las lideresas, defensoras comunitarias, las primeras líneas en servicios básicos, en los supermercados, farmacias, en el aseo, están en la primera línea de respuesta. Sin embargo, muy poco en los puestos de decisión. En el caso de Colombia hemos visto el liderazgo de las alcaldesas de Bogotá y de Santa Marta, el de la vicepresidenta, pero en cierto sentido en toda la región el liderazgo en la toma de decisiones está en manos de los hombres.

P: Entonces también están en la primera línea del riesgo…

R: No solo médicas y enfermeras, también el 90% de las personas que hacen limpieza en los hospitales son mujeres. Yo hago un llamado a que en los aplausos y reconocimientos las incluyamos también a ellas que están en la cadena más baja de la economía, ganan menos sueldo y muchas veces son las que tienen mayor riesgo laboral y social. Así como es importante que las comisarías y que los sistemas de investigación funcionen para atender la violencia de género en la pandemia, también que se les aseguren los equipos de protección a todas estas mujeres que están en primera línea. Por otro lado, ellas asumen una gran carga en costos físicos y emocionales. No olvidemos que muchas de ellas luego regresan a la casa a realizar el trabajo doméstico.

P: El confinamiento de millones de personas ha sido la particularidad de esta pandemia y aumenta el miedo de las mujeres.

R: El aislamiento tiene un efecto mayor para las mujeres. El último reporte de la línea de atención 155 mostró un incremento de un 50 % en las denuncias de violencia de género en Colombia y la experiencia de países que llevan varios meses de cuarentena como China es que se ha triplicado el número de denuncias de violencia por parte de la pareja. En Colombia tres de cada 10 mujeres reportan violencia por parte de su pareja. De otro lado, el 77% de la violencia sexual que se denuncia ocurre en la vivienda y normalmente el agresor es una persona cercana. El hogar no es un espacio seguro para las mujeres y las niñas.

P: ¿Qué medidas deberían tomar los Gobiernos para evitar que se exacerbe durante la cuarentena?

R: Es importante que los servicios de atención a la violencia sean considerados esenciales. En el caso de Colombia, el Ministerio de Justicia expidió el decreto 460 para garantizar que las comisarías de familia continúen trabajando; la Consejería para la Mujer ha preparado un memorándum para que haya prevención y atención en lo local; y se ha generado una línea de denuncia donde la fiscalía pone como prioridad el riesgo feminicida. Se busca que todo el plan de contingencia realmente dé una respuesta a la pandemia de la Covid-19 pero también a esta otra pandemia que es más silenciosa y con altos niveles de impunidad. También llamamos la atención sobre servicios esenciales vinculados a salud reproductiva y para mujeres gestantes. Lo que hemos visto en otras epidemias es que la saturación de los sistemas de salud hace que se limiten otros servicios claves para las mujeres.

P: Ya hay casos de feminicidios. ¿Qué pasa con la respuesta?

R: La activación de la alerta debe tener una respuesta de emergencia. Recomendamos que las medidas cautelares que tienen las mujeres se amplíen de forma automática durante toda la cuarentena, como lo hacen Argentina y Uruguay. Significa que las mujeres que ya tenían medidas de protección no tengan que asistir a las comisarías. Hemos reiterado también que se tienen que fortalecer las redes de respuesta de centros de refugio y casas temporales. Hay algunas iniciativas locales, pero a todas luces son insuficientes. Se está intentando algo al adaptar hoteles como espacios temporales de refugio no solamente para mujeres víctimas de violencia sino también para mujeres en situación de calle. También hay que dotar con equipos de protección a las personas que trabajan en las comisarías que a veces no tienen internet o datos de celular. Y finalmente, que las personas que atiendan las líneas de COVID-19 y de seguridad estén informados de cómo atender situaciones de violencia.

P: Otra particularidad en Colombia es el ataque a líderes sociales en sus casas. ¿Cuál es la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos en la cuarentena?

R: Efectivamente este es un año donde estamos especialmente preocupadas por los asesinatos de líderes y lideresas. Sabemos que hay control territorial (de grupos armados en algunas regiones) y eso genera una amplia vulnerabilidad de las defensoras. Debido a esta pandemia alertamos por cuatro tipos de violencia: la familiar y sexual; la explotación sexual, que afecta especialmente a migrantes y trabajadoras informales que al perder sus fuentes de ingreso pueden entrar en las redes de explotación; la tercera es el tráfico, que se exacerba con el cierre de fronteras; y una cuarta es la violencia cibernética. Pero en Colombia existe una quinta y es el riesgo para las defensoras de la vida, la paz y el territorio.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 07 abr 2020 - 11:50 COT

 

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