Lunes, 25 Noviembre 2019 06:53

Los tuertos y los ciegos

Los tuertos y los ciegos

Los tuertos de Sebastián Piñera, como legítimamente podemos llamar a las 217 (algunas fuentes hablan de 300) personas con traumas oculares severos por acción directa y deliberada de la fuerza pública chilena, serán un karma quemante de los muchos que el aún presidente de Chile cargará hasta la tumba, y en la memoria histórica. Como los maestros socialistas desorejados por nuestros fanáticos cristeros, o las manos de esclavos del rey Leopoldo II en el Congo un siglo atrás, esa mutilación punitiva quintaesencia los acontecimientos en curso en la nación austral: impedir que la gente vea.

Tal subproducto represivo de elocuencia metafórica representa una parte mínima del daño humano que causan hoy las fuerzas públicas en varios países de América Latina, obedeciendo a gobiernos deslegitimados pero muy peligrosos en Haití, Ecuador, Bolivia, Chile, Nicaragua y ahora Colombia. Allí se han de-satado grandes protestas contra la política económica, la falsa democracia, la desigualdad, el golpismo, la violencia contra indios, mujeres, estudiantes y trabajadores. Visto globalmente, estamos ante una guerra contra las sociedades, una guerra permanente, si bien en latencia en la mayoría de las naciones. La modalidad robocópica para aplastar marchas pacíficas o no tanto, cortejos fúnebres, campamentos y bloqueos se repite en todo el mundo. En Barcelona la policía tiene su propia cuenta de ojos rotos. Israel lleva 300 ojos de palestinos, aunque en un lapso de años. Las mismas gaseadas, palizas y balaceadas se han visto en Moscú, Londres, Teherán, y se ven en París, Gaza, Hong Kong y dondequiera que asomen la cabeza el descontento popular, la defensa territorial y la resistencia comunitaria.

Los poderes planetarios lo saben. En la actual fase de brutalidad capitalista han decidido asumir el costo de la violencia institucional, el terrorismo de Estado, la represión, la cárcel, la tortura y el asesinato. Del mismo modo han determinado no arredrarse ante el cambio climático, del cual son causantes y beneficiarios principales. It’s a Brave New World, eso los movimientos de protesta lo tienen claro, aunque no necesariamente los analistas convencidos de que el bando de los buenos va ganando, que el despertar de los pueblos será definitivo, que nada detendrá al progresismo; incluso los hay que polarizan sin autocrítica el propio campo popular con posturas patriarcales y autoritarias en Bolivia, Venezuela y México. Los árbitros internacionales (ONU, OEA) son inútiles o cómplices.

Quizá debamos eludir por lo pronto la dicotomía victoria-derrota. La idea de victoria propició la caída del gobierno en Bolivia y empobrece el debate en blanco y negro, como ocurre en México entre chairos y fifís; no distinguen matices o colores. No que estén a salvo los Trump y Bolsonaro, aunque sigan lejos de haber perdido. Menos a salvo están los pueblos. No han ganado, ni siquiera donde parecen haberlo hecho últimamente. Recordemos el error de lectura que impidió prever el desenlace de la Primavera Árabe, la cual, excepto Túnez, reforzó el autoritarismo, y terminó como desastre nacional en Libia, Yemen y Siria.

El momento latinoamericano está escalando. Puesto que los gobiernos no pueden evitar que la gente vea lo que viene sucediendo, deciden nublarle los ojos con lágrimas dolorosas, o lastimarles la visión. Si los movimientos son festivos, resolvieron violarles y matarles la risa, como ilustra el crimen policiaco cometido en Chile contra Daniela Carrasco, La Mimo. No son "excesos", son mensajes.

Este autoritarismo criminal cuenta con sus fuerzas armadas en todos los casos, y con aliados que creímos apagados: las peores expresiones de racismo, clasismo, fanatismo religioso, vandalismo de derecha, feminicidios, violencias contra mujeres, estudiantes, gays, migrantes, líderes comunitarios. La represión es directriz para los gobiernos, de Standing Rock a La Paz, de Palestina a Rojava. Una guerra verdadera. Nos quieren ciegos, y tienen tecnología y estrategias para lograrlo.

Reaccionan contra los amenazantes despertares de las mujeres y los indígenas en particular: la saña que les aplican en las Américas habla también de un despertar de las intolerancias y odios que parecían adormecidos, controlados por cierta civilidad legal. La reacción, la derecha y el fascismo tienen bases, recursos y ningún pudor.

"Las lógicas de control y regulación de los cuerpos se profundizan durante los estados de emergencia", declara una investigadora lesbofeminista chilena. O como lo pone el cineasta Costa Gavras: "El fascismo está volviendo de manera muy popular, nadie entiende por qué". Se ha vuelto más popular que los derechos humanos.

Si no prevalecen los acuerdos democráticos pacíficos, habrá dolor y castigo contra los heroísmos catárticos, incluso fotogénicos. La represión que nos quita un ojo bien puede privarnos del otro.

Es momento de no permitirnos ceguera alguna. El urgente cambio sistémico necesita ser a fondo, o la oscuridad seguirá creciendo.

American curios

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Represión en Bolivia: "Como animales, como perdices nos cazan"

La CIDH investiga la masacre de Senkata en El Alto

En El Alto siguen los bloqueos porque las muertes son demasiadas. Página/12 fue testigo de los desgarradores testimonios de las víctimas de la represión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

“Como a animales, como a perros, como a perdices; así nos cazan”, dice Ixalta Aliva golpeando sus manos contra el delantal que protege el plateado de su pollera. De uno de sus bolsillos saca una fotocopia, el documento de identidad de un niño de 15, Jesús Aruhiza, hospitalizado con la mandíbula destruida por una bala. “¿Somos animales?”, insiste en preguntar como si clamara al mismo cielo desde donde, dicen innumerables testimonios, llovieron balas el 19 de noviembre en Senkata, en El Alto, ahí donde los pies se enredan en los residuos de alambre y hollín que dejan las gomas quemadas, ahí donde, contra toda propaganda que insiste en que ya no quedan bloqueos en el cordón urbano de La Paz, hay bloqueo porque las muertes son demasiadas, porque a menos de 20 metros de donde las cholas se reúnen, hay un joven que esta siendo velado en su cajón blanco. Falleció el sábado a la noche, acaba de sumarse a una lista que no termina de cerrarse.

A esa misma hora en que terminaba la vida de Milton David Centeno Geronda, 24 años; en el centro de La Paz, el pleno de la Asamblea Legislativa pasaba a un cuarto intermedio después de aprobar la ley que fija las próximas elecciones para el 22 de enero y de no llegar a ningún acuerdo en torno a la ley de garantías propuesta por la bancada mayoritaria del MAS para que cesen las persecuciones, se repare a las víctimas de la represión y se derogue el decreto firmado por la presidenta autoproclama Jeanine Áñez que otorga inmunidad a las fuerzas armadas y de seguridad para reprimir y hasta comprar armamentos. En la televisión, sobre todo en el canal oficial, no dejaba de repetirse la canción de Víctor Jara que en Chile le grita en la cara a la crueldad neoliberal “el derecho de vivir en paz” y que aquí en esta zona, a 3600 metros sobre el nivel del mar, parece una orden de silencio y obedencia. “Esa ley nunca la voy a promulgar”, amenazó por twiter Áñez para dejar clara la proscripción .

Un mar de casas sin revocar que se ven desde los teleféricos que cruzan el cielo de La Paz separan al centro del Alto. Las cumbres nevadas del Illi Mani y el Chacaltaia son centinelas de esa profusión de edificios que trepan las laderas de la olla paceña. Una vez arriba, el tránsito se encastra como si autos, camiones y minibuses fueran piezas de un juego imposible. Hay colas inmensas frente a la destilería de Senkata, van en busca de combustible para abastecer a las otras enormes filas que desde el sábado a la noche recorren cuadras y cuadras hasta las estaciones de servicio; también de garrafas domésticas. Varias vías de la avenida de seis carriles que lleva al corazón de Senkata están cubiertas de escombros y restos de barricadas. El último tramo hasta donde vecinos y vecinas están movilizándose hay que hacerlo a pie. De las pasarelas que cruzan de un lado al otro de la avenida cuelgan muñecos como espantapájaros descabezados, están ahí para denunciar la masacre que cuenta diez muertes oficiales, una cantidad indeterminada de personas desaparecidas y 540 heridas, algunas graves. En total, en todo Bolivia, desde que Jeanine Añez usurpó el poder ejecutivo, se cuentan, según la Defensoría del Pueblo, 870 personas heridas. Están ahí para que las vea la delegación de la CIDH, que por la tarde llegará a Senkata.

Una sola muerte numerosa

Milton David Centeno, sus restos, está dentro de un cajón blanco cubierto de flores. Sólo su mamá custodiaba el féretro el domingo en la mañana, se la ve pequeña en un rincón, con su pollera desplegada sobre una silla y un mantón negro cubriendo el gorro de lana que la abriga. Mira directo a los ojos cuando se le habla, no llora, al menos no va a llorar mientras la rabia la anime. “Un solo hijito tenía, otra hija; iba a la universidad, toda la vida para que él fuera”, dice Claudina Geronda Huanca. “Le sacaron una bala de bronce de la cabeza, iba a ser profesional” y en la repetición de ese futuro que no será, aparecen las lágrimas.

Desde la sala contigua, los olores de la cocina se mezclan con los crisantemos, la cebolla morada, el maíz que hierve, el cilantro, el arroz. Para quienes vengan a despedir a este muchacho que estaba en tercer año de Derecho, el primer universitario de su familia, el primero entre sus ancestros que se remontan por siglos en estas tierras, habrá comida. Así es la tradición y se va a cumplir cuando la sala se llene de sombreros negros, de prendedores floridos, de las galas que cholas y cholos le ofrecen a los muertos. Sobre aguayos abiertos, en el piso, también hay comida como ofrenda para compartir: maíz inflado en uno y Aptapi -quesillo- con tunta -esos papines que se congelan, se entierran y después se cuecen- en el otro.

Desde la calle, llegan las voces del “cabildo” donde se aprueba temprano, entre unas trescientas personas, sostener el bloqueo; sobre todo para que no se borren las huellas de las balas de las defensas de cemento que dividen la autopista, para el que el Banco de Comercio no vuelva a pintar las paredes donde quedó la sangre derramada de David Posto Cuzzi, que el 19 de noviembre había ido a renegociar dos deudas que tenía en ese banco junto a su compañera, Wendy Colqui. O la de Calixto Guanaco Aguilar, que todavía está internado pero ya se declaró su muerte cerebral producto de una bala que se le incrustó en la cabeza cuando intentó ayudar a alguien más. Los rastros de esas historias que por la tarde, una por una, iban a doler otra vez cuando fueran relatadas frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no pueden borrarse. Y por eso el camino para el presidente de la comisión, Pablo Abrao, tampoco fue fácil.

La decisión de moverse a El Alto de la CIDH fue como recoger el guante de la provocación que habían sufrido quienes habían ido a testimoniar el sábado a un hotel del sur de La Paz, un hotel 5 estrellas cercado por manifestantes de los Comités Cívicos que insultaron a los organismos de Derechos Humanos -como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Asociación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas en América Latina, entre otros- y a familiares y personas heridas en la masacre de Senkata. “Estamos tan cansadas, yo soy de las más jóvenes y tengo más de 70; nunca me imaginé que iba a ver otro golpe”, dice Ruth Llanos, de Asofam y se deja abrazar por David Inca, de la Apdh que dejará frente a Pablo Abrao los testimonios que hablan de torturas, implantación de pruebas y hasta difamación de las personas fallecidas por “ebrias o terroristas”. “Áñez se bañó con sangre de los pobres”, dice el vocero de la Apdh, y concluye: “Peor que a animales, así nos tratan”.

Ni las imágenes del sábado frente al hotel Casagrande, tampoco las del medio millar de personas que se reunieron en la capilla San Francisco de Asís para aportar testimonios y pruebas salieron en la televisión. En los carteles escritos a mano que levantaban las personas se pedía “prensa internacional”; se pedía en verdad, la urgente necesidad de dejar de ser invisibles. En la televisión boliviana, en cambio, se veía la marcha que, a la misma hora, protagonizaron seguidores y seguidoras de Waldo Albarracín, rector de la Universidad de San Andrés, que convocó a través de redes sociales a marchar para que no se vayan los militares de las calles y que no haya ley de garantías.

¿Cómo evitar que no vuelva al cuerpo la llegada de la CIDH a la Argentina cuando desde las radios se instigaba a maltratar a quienes querían denunciar las violaciones a los Derechos Humanos por parte del Terrorismo de Estado en 1979? ¿Cómo no pensar, cada vez que se habla de disparos desde helicópteros --porque el relato es desesperado y se insiste con vehemencia—en la masacre de Napalpí, cuando 200 indígenas fueron asesinados en el Chaco Argentino, acribillades desde aviones a mitad del siglo pasado? Lo que se vive en Bolivia, en algunas regiones de Bolivia que se pretende invisibilizar, no es de ahora, son heridas antiguas que siguen supurando. “Somos indígenas el 80 por ciento de la población ¿quién tiene que gobernar? Nosotros. Hay que demandar a España para que se lleve los restos que nos dejó”, gritó Henry Contreras Roca, y avivó ya no la bronca sino un odio que las balas, que todavía se ven sobre ese territorio desértico y lastimado por los escombros, no hacen más que avivar.

La muerta viva

 “La Áñez disque transitoria pero vino a matarnos: a mi marido una bala le destrozó el corazón”, dijo María Cristina Quispe, compañera de Juan José Tenorio Mamani, 23, mecánico cerrajero. “Le entró por la espalda cuando estaba arrastrando a un herido”, soltó frente a Abrao, ubicado bajo el altar de la capilla y se puso a llorar. Su cabeza cubierta de negro, sus demandas firmes: que se vaya Áñez, que se vaya el ministro de gobierno, Arturo Trujillo, que haya “Justicia Internacional porque acá no va a haber”. Pablo Quispe Mamani, 24; Antonio Rolan Quispe Ticona, tenía 25, tres minutos antes de morir por herida de bala estaba almorzando con la mamá. Cristian Condori, 23; Clemente Mamani Santander, 23; Edwin Jamachi Paniagua, 20. Cada uno tuvo sus minutos de duelo colectivo en la memoria de quienes los nombraban y relataban lo que sabían de sus muertes. Todos heridos de bala.

Y sin embargo, no alcanzó. Cuando le tocó el turno a Betina Gutierrez el silencio fue creciendo como una marea que busca la luna. “Yo soy una muerta viva, soy la testigo que sobrevivió. Yo estaba ahí en el bloqueo, no éramos ni 50. Me quedé cuando vi venir los tanques porque pensé que nos iban a hablar. Pero no, empezaron a disparar, sin una advertencia. Yo ví caer heridos a la mitad y luchamos para que no se lleven los cuerpos adentro de estación de Senkata. Ví a una niña con un disparo en la cara, no sé donde está esa niña. Ví a una señora de pollera herida y la quise arrastrar pero no pude porque era gordita. Me la sacaron de la mano y la metieron adentro. Pero me llevé un montón de cascos, para que no mientan. Y acá los tengo”, dijo y los puso sobre el aguayo que cubría las mesas de madera donde les integrantes de la CIDH tomaban notas. Betina tiene un niño autista, pidió protección para él y para ella; pero no de la policía. Pablo Abrao fue informado de la extrema debilidad que tiene esta mujer en momentos de persecución como el que se describió durante toda la sesión.

Las noticias que se relevan en la televisión hablan del levantamiento de los bloqueos en todo el territorio boliviano. En Senkata eso se desmiente. En el centro de La Paz, les seguidores de Albarracín denuncian el levantamiento de los bloqueos del MAS como una estrategia para fortalecerse. El cuarto intermedio para seguir discutiendo la ley de garantías se termina hoy lunes. Mientras, la televisión habla de paz y usurpa la voz de les cantantes que en Chile tomaron la letra de Victor Jara para defender la vida digna que reclaman.

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Aprueban en Bolivia proyecto de nuevas elecciones presidenciales

La Paz. La ley para anular los comicios del 20 de octubre y convocar a nuevas elecciones estaba lavada y planchada. El Senado boliviano la aprobó por unanimidad porque fue resultado de largos días de negociaciones. Salvo algunas minucias técnicas, no hubo debate sobre la ley, sino sobre un tema irreconciliable: golpe de Estado versus gobierno de transición democrática.

El Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales sería aprobada horas más tarde, con la misma celeridad, en la Cámara de Diputados.

La ley establece que los comicios se celebrarán 120 días después de la elección de las nuevas autoridades electorales, mismas que deben ser elegidas en un máximo de 20 días.

Una vez en sus cargos, los vocales del Tribunal Supremo Electoral tendrán 48 horas para hacer pública la fecha de los comicios. La ley también establece que al menos dos de los vocales deben ser indígenas y tres de ellas mujeres.

Igualmente, se actualizará y saneará el padrón electoral.

Este domingo se espera la promulgación de la ley por la presidenta de facto Jeanine Áñez.

La crisis boliviana, sin embargo, es mayor que un acuerdo parlamentario que, por lo demás, tardará tres semanas en ofrecer su primer resultado: el nombramiento de los vocales electorales.

El Movimiento al Socialismo cuenta con dos tercios en la Asamblea Legislativa (suma de las cámaras de diputados y senadores). Pero su máximo líder está en el exilio, su número dos fue apresado el jueves y muchas de sus figuras están fuera del país, refugiadas en la embajada mexicana o escondidas porque temen ser encarceladas.

Volvamos al Senado. En papel de vocero oficioso de Áñez, Óscar Ortiz (Unidad Demócrata, Santa Cruz), habló de un gobierno de transición democrática que va a garantizar una participación política absolutamente libre.

Adriana Salvatierra, quien era presidenta del Senado hasta la renuncia del presidente Evo Morales y fue presionada para renunciar, le respondió que no puede llamarse gobierno de transición a uno que expulsa ciudadanos, genera 31 muertos, 780 heridos, mil detenidos y que acusa a periodistas de sedición.

No hubo aplausos para uno ni para otro, sólo cuando se anunció la presencia de representantes de la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas y la iglesia, mediadores en la crisis, y cuando la ley fue aprobada en lo general.

La senadora Sonia Chiri, también del MAS, recordó que existió la amenaza de cerrar la Asamblea y convocar a elecciones vía decreto.

Quizá el gobierno de facto calculó que usar ese camino fortalecería la idea del golpe de Estado y optó por la negociación con la mayoría legislativa del MAS.

Todavía hoy, se quejaron senadores del MAS, son acosados y perseguidos. Sus adversarios les respondieron que ellos fueron perseguidos durante 13 años. Los dos bandos se acusaron mutuamente del incendio de casas de legisladores, de secuestros y otras linduras.

El punto es la pacificación del país. Los bandos en conflicto, por un lado el partido del asilado presidente Evo Morales y sus bases aliadas, y por el otro el gobierno de facto con sus partidos y sus cívicos, usan la expresión aunque cada uno la entienda a su manera.

Choque en Cochabamba

El gobierno de facto trata de convencer a los bolivianos de que todo se encamina a la normalidad, vía acuerdos con las organizaciones sociales movilizadas. Del otro bando, circulan condenas a los líderes que se han tomado la foto con Áñez e informaciones sobre nuevos bloqueos, sobre acuerdos de pueblos enteros que deciden mantener sus bloqueos o comenzarlos.

Las señales que daban lugar a cierto optimismo (la ley electoral, el salvoconducto a los hijos de Evo Morales, que partieron a Argentina) se toparon con la cruda realidad de la confrontación.

Mientras senadores y diputados votaban, en Cochabamba pobladores se enfrentaban con militares que custodiaban camiones rumbo al basurero de la ciudad. La agencia Ap reportó ocho militares retenidos.

La calle frente al hotel donde se hospedan funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –muy cerca de la embajada de México– fue escenario de confrontaciones entre cívicos enemigos de Morales y los partidarios del asilado.

Gerardo García no está solo. Decimos desde acá, desde la clandestinidad, hermano, no te vamos a dejar solo, dice Gualberto Arispe, secretario de comunicación del MAS, en un video que circula en las redes, en referencia al segundo de a bordo del partido de Evo Morales.

Quieren hacer ver como si no pasara nada en nuestro país, afirma Arispe.

Al menos lo intentan.

Casi 85 por ciento del país ya está pacificado, pero faltan sectores que no quieren colaborar, se ufanó Arturo Murillo, ministro interino de Gobierno.

No quieren colaborar, por ejemplo, los campesinos de 20 provincias de La Paz y de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, que se reunieron con el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.

El funcionario les concedió ocho de nueve demandas, pero no la novena que es la destitución de Arturo Murillo, quien ha asumido la responsabilidad del operativo en Senkata, que se saldó con la muerte de ocho pobladores.

El resto de las demandas, que el gobierno de facto ofreció cumplir, fueron: abrogación del decreto que libera de responsabilidad penal a los militares y repliegue de los mismos; elecciones antes del 22 de enero; libertad de los detenidos durante las protestas; fin a la persecución de dirigentes; indemnización a las familias de los asesinados y atención a los heridos; respeto a la wiphala y castigo a los policías que le prendieron fuego; además de dar continuidad a las acciones del plan Evo cumple.

Los dirigentes firmaron, pero con una advertencia: si no les cumplen la novena demanda y destituyen a Murillo, seguirán los bloqueos.

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 Participantes en una protesta contra el gobierno de Sebastián Piñera en Antofagasta, Chile, el pasado jueves.Foto Afp

En tres sendos artículos expuse el papel primordial del litio como mineral geopolítico: (https://bit.ly/2OcWsLg), (https://bit.ly/35t0p43) y (https://bit.ly/2XKF3wr ).

El especialista en petróleo y geopolítica F. William Engdahl exhibe la confrontación de Estados Unidos y China por el litio que explica los disturbios en Chile y el golpe en Bolivia: las tensiones de Estados Unidos y China por los planes económicos chinos probablemente también incluyan contrarrestar la influencia de China para controlar las principales reservas estratégicas de litio (https://bit.ly/2se0afb).

Según Engdahl, la demanda de litio es enorme en China, en la Unión Europea y en Estados Unidos cuando desarrolla su propia geopolítica nada disímbola al control del petróleo. China domina el nuevo Gran Juego global para el control del litio cuando las entidades chinas controlan casi la mitad de la producción global de litio y 60 por ciento de la capacidad de producción de baterías eléctricas.

Para Pekín, el litio es una prioridad estratégica (https://bit.ly/2pKXiFD) cuando, según Goldman Sachs –que califica el carbonato de litio como la nueva gasolina–, China podría suministrar 60 por ciento de los carros eléctricos en el planeta.

La rivalidad de China y Estados Unidos alcanzó a Australia y Chile, donde prevalece la minera del oro blanco Albemarle de Estados Unidos. Hoy el mayor productor de litio del mundo, la australiana Talison Lithium Inc., es controlada por la empresa china Tianqi, que maneja más de 46 por ciento de la producción mundial del litio.

La empresa minera china CAMC Engineering Co. opera una amplia planta en Bolivia para producir cloruro de potasio, debajo de cuya extracción se encuentra la más extensa conocida reserva de litio en el mundo en el Salar de Uyuni. Ya en 2014, Linyi Dake Trade de China había construido una planta piloto de batería a base de litio en el mismo lugar (https://bit.ly/2Od2HP2).

Nueve meses antes del litio-golpe, el presidente Evo Morales apadrinó la asociación estratégica de Xinjiang TBEA Group Co. Ltd. de China (con 49 por ciento) y la empresa estatal de litio boliviana (YLB), por 2 mil 300 millones de dólares (https://reut.rs/2qHevjz).

Engdahl teme que el gobierno golpista de extrema derecha-evangelista de Bolivia anule los acuerdos de litio con las empresas chinas.

Engdahl comenta que “la cancelación de la Cumbre de la APEC el 16 de noviembre (…) cobra otro significado” cuando, además de la reunión bilateral entre Trump y el mandarín Xi, estaba considerada para realizar acuerdos comerciales esenciales entre China y Chile: el mandarín Xi “planeaba ser acompañado por una delegación de 150 (sic) líderes empresariales”, en la que destacan el reforzamiento de la exportación del cobre chileno que se ha desplomado a la mitad en una década (https://bit.ly/2QLmwPl), así como la participación de Pekín en la explotación del litio en Chile, que puede constituir el objetivo de las intervenciones de Estados Unidos pese al neoliberalismo pinochetista del acorralado presidente Sebastián Piñera.

Los alienígenas a los que hizo alusión la esposa de Piñera, en relación a la ola de las masivas protestas de millennials, pueden formar parte de las revoluciones de color incitadas por Estados Unidos para impedir la explotación del litio chileno por China, cuya empresa Tianqi está asociada a la chilena SQM.

Justamente abordé al respecto que “tampoco es improbable, desde el punto de vista geopolítico –círculos cercanos a la presidencia chilena afirman que los disturbios y la desestabilización son orquestados desde el extranjero y con objetivos muy precisos–, que a manos foráneas, que siempre se han entrometido en Chile, no les convenga la reunión bilateral de Trump con Xi, reunión que quizá sirva para anunciar su acuerdo comercial que daría un respiro a la economía global” (https://bit.ly/2ribXbG).

Por cierto, en 2017 se registró un incremento sustancial de acuerdos para la explotación del litio global, en los que México (¿Sonora?) aparece con 5 por ciento de los contratos en la fase aciaga del itamita neoliberal Luis Videgaray, quien manejaba a su antojo los recursos inalienables del país

(https://bit.ly/35szFAQ).

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Pánico y desinformación. Primero en Cali, luego en Bogotá

Noviembre 22, tras una noche de cacerolazos que con el característico sonido metálico de las ollas, cucharas y palos fueron cubriendo las sombras que surgen tras el ocultamiento del sol, la ciudad despierta con la inquietud e inseguridad de lo que pudiera suceder a lo largo de un día que también debiera ser de denuncias y protestas contra el mal gobierno, uno que además no tiene personalidad y está sometido a su protector y creador, así como a las demandas de los grandes grupos económicos, tanto nacionales como internacionales.

La inconformidad social demanda que así sea, pero además la confianza despertada por la alegría y masividad de las protestas del día anterior brinda la fuerza necesaria para que las voces de exigencia se extiendan a lo largo y ancho del territorio sabanero. Fuerza, voces y denuncias, que también debieran estar presentes a lo largo del país.

 

La jornada

 

El reloj no alcanza a marcar más allá de las 7 am cuando ya es evidente que en diferentes estaciones del transporte público, como Molinos, Tintal, Terreros, y Usme, portal de Las Américas, las gentes hacen sentir su inconformidad contra el tipo de vida que le depara la actual sociedad y el gobierno que ahora soportan. En Patio Bonito y en sectores de Ciudad Bolívar tomaban forma saqueos sobre almacenes de cadena, como Surtimax y Ara; sobre la Autopista Sur se llevaban a cabo bloqueos. Al mismo tiempo, estaciones de Transmilenio ubicadas en el centro de la ciudad son atacadas por grupos no identificados.

Transcurren las horas y la tensión gana cuerpo sobre la capital del país. El transporte público comienza a sentirse disminuido, realidad agravada tras cada hora y que se incrementará hasta prácticamente desaparecer apenas iniciando la tarde. ¿Respuesta adecuada de quienes administran el sistema –ante una amenaza real de exponer la vida de quienes aborden el servicio– o manipulación de una inseguridad creada de manera artificial para someter a la ciudadanía a extensas jornadas de caminata y así despertar repudio contra la protesta social, la genuina, que aún no termina por tomar forma por parte alguna?

Con las primeras horas de la tarde también llegan los rumores sobre grupos de pobladores robando, y con ello la amenaza de toque de queda, la que en primera instancia queda reducida a ley seca a partir de las 12 m y hasta las 6 am del sábado;
al tiempo que grupos de activistas empiezan a desplazarse para concurrir al cacerolazo citado para las 4:30 en la Plaza de Bolívar, de la cual son desalojados por el Esmad con disparos de gases lacrimógenos, todo esto a pesar que simplemente estaban allí armados de ollas y actitud pacífica para expresar su descontento por el régimen económico y su política neoliberal, así como el gobierno que las aplica dispuesto cada vez más al servicio de los grupos corporativos dominantes en Colombia.

Mientras esto sucede en esta parte de la ciudad, en sectores del sur la refriega no se detiene, aunque sostenida por pequeños grupos de pobladores; en ningún momento alcanza a percibirse una actitud organizada de los mismos. Paralelo a esto, por el norte, occidente, sur y oriente de la urbe, numerosos grupos de trabajadores/as se desplazan a pie hacia sus casas; entre estos, quienes caminan por las troncales de Transmilenio lo hacen ocupando sus carriles, y los pocos buses que aún circulan quedan bloqueados al ritmo de los transeúntes.

Para esta hora –5-6 pm– el rumor de toque de queda gana más intensidad, así como el eco de supuestos salteadores de viviendas que en grupos ponen en peligro la vida y pertenencias de los pobres, ya que tales rumores provienen de barrios del sur de la capital.

Soportada sobre esta realidad, en gran parte especulación y pánico creado por una política de terror orquestada desde los grupos de poder, a las 6:30 pm toda la ciudad queda bajo toque de queda por regir a partir de las 9 pm; desde las 8 pm en las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. En Soacha y Fusagasugá se mantiene igual disposición vigente en esos municipios desde el día anterior.

A esta hora ya es claro que el establecimiento, así como décadas atrás creó el paramilitarismo como instrumento de control social –bajo el terror del fusil y la motosierra– ahora implementa la confrontación de pueblo contra pueblo, a través de reales o ficticios copamientos y hurtos de residencias. Su efecto inmediato: centenares de pobladores, armados de palos y machetes aguardan al filo de sus apartamentos y casas, haciendo guardia a lo largo de la noche y la amanecida, a los que no han de llegar los supuestos maleantes. Mientras tanto el poder descansa a todo dar.

El control extendido sobre las ciudades también llega a las fronteras con el cierre de las que nos separan de Venezuela y Ecuador. Según el parecer oficial, todo el país está bajo riesgo de ‘no se sabe que’.

Como mensaje de seguridad sobre la atemorizada población nacional, pero sobre todo de Bogotá y Cali, quedan en disposición unidades del Ejército Nacional para que refuercen los operativos policiales. Sin duda, no hay mejor mecanismo de control que el miedo, aunque sea inducido.

Ante el anuncio de toque de queda los caminantes aceleran su paso y los pocos vehículos de transporte público que prestan su servicio, en particular los que aún no son parte de Transmilenio, recortan sus rutas, pareciendo cada vez más circulares, y hacen su agosto en noviembre.

La noche prolonga sus sombras y en multitud de barrios sus pobladores empiezan a sonar cacerolas.

En mensaje televisivo, el inquilino de la Casa de Nariño anuncia que la semana que entra citará reunión para un diálogo nacional. El Comando de Paro tiene la tarea de no dejar dilatar, como siempre hace el poder, acuerdo alguno, y concretar de inmediato reformas que le hagan sentir al poblador común y corriente, al que estuvo sometido a largas caminatas para llegar a su sitio de trabajo o para regresar desde el mismo a casa, así como a quienes perdieron una noche de sueño esperando a quien no habría de llegar, que la lucha aun es moza pero que los logros pueden ya palparse, aprestándose de esta manera para la intensa jornada de confrontación social que vendrá con el 2020.

 

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Me escribe una compañera que tuvo que irse de Bolivia. Es perseguida junto a su compañero a quien, le dijeron, lo buscan para “liquidarlo”. Desde antes que Evo Morales fuera forzado a renunciar comenzó a circular una lista de nombres; su aplicación se aceleró una a partir de ese momento. Fue Arturo Murillo, ministro del gobierno de facto, quien se encargó de ponerlo negro sobre blanco: habló de “cazar” a tres dirigentes, luego de perseguir parlamentarios acusados de “sedición” y “subversión”. La ministra de comunicación Roxana Lizárraga señaló a “periodistas y pseudoperiodistas”, y el jueves el canal Telesur fue sacado de los televisores bolivianos.

La estrategia de descabezamiento y persecución es parte de la arquitectura del golpe de Estado que se mueve según una serie de pasos previstos. El primero, fue forzar la renuncia de Evo y Álvaro García Linera. El segundo, construir un gobierno de facto, materializado a partir de la autoproclamación de Jeanine Añez. El tercero, iniciado desde antes y profundizado en estos días, es el de la persecución de dirigentes, junto con el inicio de las represiones militarizadas. Esto último fue anunciado con el decreto para eximir de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas y una partida adicional de cuatro mil ochocientos millones de dólares.

El cuarto paso es el que está en desarrollo sin haberse concretado aún, la convocatoria a elecciones generales, para lo cual se deben nombrar nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Electorales Departamentales. Este es el punto de mayor complejidad para quienes están al frente del golpe de Estado. El nombramiento de autoridades del TSE debe pasar por el poder legislativo, donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene los dos tercios. El gobierno de facto y los poderes reales tras el golpe buscan forzar el acuerdo con el MAS para que acepten la convocatoria electoral según sus condiciones. Eso significa lograr que el MAS reconozca a Añez como presidenta, imponer las autoridades electorales, y, en simultáneo proscribir a Evo. Esto último ya comenzó con el “inicio del proceso de investigación” que anunció el Fiscal General Juan Lanchipa.

El quinto y último paso será la elección como tal. No existe aún acuerdo dentro del bloque golpista acerca de la fecha. Fernando Camacho afirmó que el plazo para la contienda es hasta el 19 de enero -el 20 culminaría el mandato de Evo- mientras que otras voces ya han planteado que no existen condiciones para lograr la elección en enero. Este punto es central en la estructura del golpe de Estado que desde el inicio se presentó como democrático y así fue respaldado por el presidente Donald Trump y su administración, por el secretario de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro y por la Unión Europea.

Pero la ficción democrática que encubre el golpe requiere la convocatoria a elecciones. Añez se presentó desde el primer momento como presidenta interina y la misma OEA, que niega que haya existido un “quebrantamiento institucional” -como sí pidió, por ejemplo, Uruguay que sea incorporado en la última resolución- urge al gobierno de facto y a los actores políticos que logren esa convocatoria. Lo que debaten los golpistas, sin acuerdo interno hasta el momento, es sobre los tiempos y condiciones para esas elecciones. Buscan garantizar la proscripción de Evo Morales, algunos sostienen realizar lo mismo con el MAS, y, a su vez, tener un TSE bajo control.

Mientras eso sucede, la persecución se profundiza, las represiones policiales y militares han asesinado a más de treinta personas, el dolor y la rabia crecen. Ante eso existen resistencias en las calles y en el poder legislativo que avanzan de conjunto, aunque no necesariamente de forma coordinada. El MAS, ya lo ha anunciado, trabaja para lograr la salida electoral en las condiciones menos desfavorables. ¿Podrá? Varios parlamentarios están bajo amenaza en un contexto de impunidad golpista absoluta que ha llegado, como se vio, a autoproclamar sin quorum y perseguir hasta a los muertos.  

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La CIDH ratificó que hay violaciones a los derechos humanos en Chile

Al menos 22 muertos, miles de heridos y todo tipo de maltratos a detenidos

Para la entidad, existen denuncias y testimonios contundentes de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que cuenta con "testimonios y denuncias muy claras" que documentan las violaciones a los derechos humanos en Chile. El secretario ejecutivo de la comisión, el brasileño Paulo Abrão, señaló que las denuncias recaen sobre miembros de Carabineros. Desde el inicio de las protestas el 18 de octubre, la CIDH contabiliza al menos 22 muertos, miles de heridos y todo tipo de maltratos a detenidos.

"Sí, hay violaciones a los derechos humanos. Hay denuncias y testimonios muy claros en ese sentido", expresó Paulo Abrão en declaraciones a la prensa. El secretario de la CIDH sostuvo que están "recopilando toda esa información en este momento, y las propias autoridades del país han reconocido abusos cometidos por las fuerzas de seguridad". 

En tanto, destacó que ahora "lo importante es verificar si estos abusos respondieron a un tipo de patrón, cuál fue su escala y su alcance, y qué se debe hacer en esa instancia para intentar reparar todas estas situaciones".

Abrão precisó que la misión, que lleva adelante una visita técnica en el país desde el 18 de noviembre, buscará "sistematizar toda esa información, analizarla, contrastar con los estándares latinoamericanos de derechos humanos a los cuales Chile tiene la obligación de cumplimiento”. La última vez que el organismo realizó una visita a Chile fue en 1974, en plena dictadura de Augusto Pinochet. 

A lo largo de un mes, se acumularon denuncias sobre violaciones a los derechos humanos contra agentes del Estado, como aplicación de torturas, detenciones ilegales, disparos contra civiles indefensos y todo tipo de abusos y maltratos. Esas denuncias también están siendo investigadas por una comisión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

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El paro (movilización) del 21 y sus necesarios ecos

Una campaña de miedo. En vísperas de la realización del paro(movilización) nacional convocado en Colombia para el 21 de noviembre, el gobierno de Iván Duque amedrenta e intimida a quienes tomarán las calles del país para confrontar las propuestas de reformas laboral y pensional (que por el momento están congeladas, hasta que los ánimos de la región se calmen), así como contra el asesinato de liderazgos sociales en todo el territorio nacional, el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, la propuesta de regularización de la protesta social, entre otros temas que afectan al conjunto nacional.

Las “no violencias” del poder en Colombia

Un discurso doble, como es el Gobierno. Aunque el discurso del poder es el de “garantizar la protesta social” –siempre y cuando transcurra “sin violencia”–, el actuar del mismo es completamente manipulador y violento, proceder evidente en: utilización de los medios masivos de comunicación para presentar programas “objetivos” que evidencian un discurso de estigmatización y criminalización de la protesta, los cuales llegan a tachar de mentirosos a quienes se movilizan o de terroristas a quienes ocultan su rostro en las jornadas de protestas; la orden de acuartelamiento que dio el comando de las Fuerzas Militares que terminaría con la militarización de las calles de diferentes ciudades del país; la noticia de detención de 800 kilos de explosivos en el municipio de Villagarzón, Putumayo y su amañada relación con la jornada del 21 de noviembre; el retiro de publicidad y la generación de multas a quienes estén repartiendo información alusiva al paro; la difusión de cadenas de Whatsapp que generan el pánico y llaman a armarse para proteger propiedades; la consolidación de un discurso anticomunista y del enemigo interno que plantea la filtración de las marchas de grupos enviados por el gobierno venezolano y que siguen los lineamientos del Foro de Sao Paulo; la legitimación de grupos ultraderechistas de choque, entre otros.

A estos actos manipuladores y violentos debe sumarse la noticia más reciente: los allanamientos llevados a cabo el 19 de noviembre en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali por parte de la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía en contra de estudiantes, activistas, medios de comunicación alternativos y sindicatos.

Allanamientos para intimidar

Mediante mecanismos irregulares, cuerpos del Estado ingresaron a las casas y oficinas de diferentes personas y organizaciones sociales. Sin presentar las órdenes de allanamiento o presentar identificaciones de quienes ingresaban a los predios, agentes de policía incautaron elementos legales como pinturas, camisetas, gorras, banderas, libros, afiches y comunicados convocando al paro, entre otros objetos personales como celulares, computadoras y discos duros.

En la ciudad de Bogotá fueron 27 los casos de allanamiento registrados en 15 localidades, entre ellas Teusaquillo, Kennedy, Puente Aranda, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha. Dentro de las órdenes de allanamiento se expresaban supuestos delitos como "terrorismo y fabricación, tráfico o porte de armas o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos".

Dos personas fueron capturadas en estos hechos y presentados ante la opinión pública como terroristas, atizando la doctrina militar que ve a los activistas sociales como enemigos internos. Andrés Palacios, estudiante de último semestre de antropología de la Universidad Nacional, mostrado en medios como “alias chiqui”, es un joven que apoya espacios de educación popular como la Escuela Sol del Sur y las caracolas educativas en temas comunicativos; participa, así mismo, en espacios con indígenas Nasa del norte del Cauca. La otra persona capturada es Julián Duarte, licenciado en ciencias sociales de la Universidad Distrital, empleado de la Secretaría de Integración Social del Distrito, acompañando comunidades de Usme y Sumapaz, también tallerista en pre-universitarios, que entre su labor social también ha participado del festival de la memoria de la Universidad Pedagógica Nacional.

Algunas de las organizaciones y colectivos afectados por estos hechos fueron: Ciudad en Movimiento, el colectivo de agitación gráfica Puro Veneno, Pirotecnia, Congreso de los Pueblos, Grupo Estudiantil Anarquista, colectivo Degénero. Vale la pena decir que en la ciudad de Medellín fueron allanadas las casas de tres estudiantes del Instituto Tecnológico Metropolitano y la sede del sindicado de la Asociación de institutores de Antioquia –Adida. Asimismo, en el Valle del Cauca fueron allanadas las casas de estudiantes y un docente de la Universidad del Valle, estudiantes de la universidad Javeriana de Cali y la del secretario político de la Juventud Comunista Colombiana.

Ni los medios y artistas se salvaron. En la ciudad de Bogotá fue allanada la sede de la revista de cultura alternativa Cartel Urbano, a la que ingresaron alrededor de 12 agentes de policía que revisaron hasta los libros contables de la revista. Con otro modus operandi la revista Cerosetenta de la Universidad de los Andes fue hostigada por el Centro Cibernético de la Policía Nacional quienes les enviaron una carta para desmontar de su sitio web el “Manual 070 de autoprotección contra el Esmad”. De la misma manera miembros del colectivo La Otra Danza fueron víctimas de un allanamiento a las 3:00 de la mañana; también fueron hostigados integrantes del colectivo artístico Puro Veneno, que participaron en la realización del grafiti en el que aparecían los oficiales (activos y retirados) Juan Carlos Barrera, Adolfo León Hernández, Mario Montoya Uribe, Nicacio de Jesús Martínez y Marcos Evangelista en cuyos periodos sucedieron casos de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos.

El mundo está que arde

Estamos en un periodo de álgidas luchas sociales en todo el planeta y el poder en Colombia lo sabe, razón por la cual trata de intimidar a la ciudadanía para evitar un desborde. A medida que avanza el descontento social la represión se agudiza y esto lo debemos tener claro para próximas movilizaciones. Diferentes países encendidos son muestra de ello: en Hong Kong la policía advirtió que utilizará fuego real si los estudiantes de la Universidad Politécnica de Hong Kong utilizan “armas letales” en defensa de la Universidad. En Iraq van alrededor de 250 muertos y 8.000 heridos en un mes de protestas. El Estado de Israel asesinó al menos a 24 palestinos y dejó 70 heridos en la última ofensiva contra la Franja de Gaza. En Bolivia, luego del golpe de Estado se han registrado 24 asesinatos, 9 de ellos sucedidos, además de ciento quince heridos, en la denominada masacre de Cochabamba. Sus asesinos y victimarios fueron librados de responsabilidad penal por participar en “los operativos para el restablecimiento del orden interno”.

De igual manera el caso de mutilaciones en Chile es alarmante, evidencia de un modus operandi de las fuerzas militares y de policía para la represión de la protesta social. Tras 15 días de movilizaciones se reportaron 170 traumas oculares por lo cual quedaron parcialmente ciegas 157 personas.

La situación es álgida en el mundo y nuestro país parece no quedarse atrás. Estamos a pocas horas de la jornada de paro nacional y el deseo nacional, de los excluidos y negados, es que los resultados de los días por venir no sean desalentadores para la protesta social, sino que sirvan como motor para comenzar un proceso de articulación nacional que escuche y aprenda del sentir nacional, y que así por fin empecemos a construir los cimentos para materializar vida digna para el conjunto del pueblo colombiano.

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 Soldados vigilan la planta de llenado de gas del estado Senkata, en El Alto, La Paz.Foto Ap

El "litio-golpe" militar/ policiaco/mediático, con bendición de EU y su vulgar instrumento de la OEA, obliga a retroceder en el túnel del tiempo a Bolivia de "Evo al Medio-Evo" (https://bit.ly/37eiWmu), mientras la fiebre del metal cunde en Sonora y en Alemania, donde penetró Tesla, asentada en Silicon Valley, para promover los vehículos eléctricos, sin contar los celulares inteligentes y laptops.

Según el ranking de Mining Technology, el primer depósito mundial de litio del “ top ten (cinco son de la anglosajona Australia)” se encuentra en Bacadéhuachi (https://bit.ly/2NYlJbX): sierra alta de Sonora, a 275 kms al oriente de Hermosillo, capital de Sonora, y a 98 kms de La Mora, donde ocurrió la carnicería de mormones de la familia LeBaron (https://bit.ly/2QBGAUh).

"Proyecto Litio de Sonora" es desarrollado por una asociación conjunta de la británica Cadence Minerals (70 por ciento) y la canadiense Bacanora Minerals (30 por ciento). Se trata de una "operación a cielo abierto" en dos fases: la primera, con capacidad de producción de 17 mil 500 toneladas al año de carbonato de litio, por 420 millones de dólares; y la segunda,duplicará la capacidad de producción a 35 mil toneladas anuales.

La mina sonorense cuenta con una reserva de carbonato de litio por 300 años (sic). Se ha construido una planta piloto de litio en Hermosillo, según Forbes, que señala su destinación al noreste asiático: Japón/Sudcorea/China, donde se concentra 95 por ciento del consumo.

Otros analistas arguyen que la producción "podría servir al mercado de Norteamérica (sic) debido a la proximidad"(https://bit.ly/2QyOZaP).

Forbes explaya la identidad de sus inversionistas cuando "por el momento, la mayor parte del capital proviene de Gran Bretaña". Pareciera que las trasnacionales anglosajonas de GB/Canadá se han especializado en la minería mexicana, en particular en el nuevo "Proyecto Litio de Sonora" que tiene un valor de mil 253 millones de dólares y está integrado por 10 zonas, que cubren 100 mil hectáreas, concesionadas a las mineras anglosajonas MSB (filial de Bacanora), Mexilit (70 por ciento de Bacanora y 30 por ciento de Cadence).

¿Ya no hay empresas mexicanas en México, ya no se diga en mixtas privadas/estatales?

¿Cuánto litio existirá en México?

Según un reporte de la Secretaría de Economía en la etapa aciaga del entreguista Ildefonso Guajardo –que operó y firmó el ignominioso T-MEC que daña los intereses de México de la Internet, del sector agrícola y del farmacéutico, sin contar el sector automotriz– existen tres yacimientos en etapa de exploración en Baja California (Cierro Prieto), por Pan American Lithium, en San Luis Potosí/Zacatecas y Sonora.

Llama la atención el supino entreguismo de la kakistocracia de Calderón y Videgaray/Peña que obsequiaron las minas de toda índole de México cuando se vaticinan sus mejores tiempos históricos.

Pues parece que los gobiernos entreguistas neoliberales de México carecen de la cultura del litio, la cual abunda en la mente creativa de Elon Musk, quien ya penetró Berlín para construir los carros eléctricos de Tesla, lo cual ha sacudido el otrora mercado inexpugnable de automóviles de ensueño en Alemania (https://bit.ly/37kbWV2).

A quienes no le den la importancia que merece la "geopolítica del litio" desde México hasta Bolivia, cabe instruirles que los carros eléctricos de Tesla modelo S requieren 45 kilogramos del "oro blanco".

Tesla ha construido una "giga-fábrica" en Nevada (EU) para producir baterías de litio iónico y ahora penetra en forma sorprendente el mercado alemán.

Para Der Spiegel, el arribo de Tesla constituye "una humillación para la industria automotriz alemana" y sus portentosos automóviles convencionales Mercedes/BMW/Volkswagen/Audi que pueden quedar enterrados por el litio.

Alemania, que ostenta una de las óptimas culturas ambientales del planeta, ha registrado en forma exponencial su nueva dotación de carros eléctricos que alcanzó 52 mil 882 hasta octubre.

Tesla va también por el mercado de Shanghái y sus acciones bursátiles se incrementaron al día siguiente del "litio-golpe" en Bolivia.

Tesla se escribe con "l" de litio.

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Miércoles, 20 Noviembre 2019 06:28

Se multiplican la represión y el caos en Bolivia

Militares usaron helicópteros, vehículos blindados y gases contra simpatizantes del exiliado presidente Evo Morales, quienes bloqueaban un depósito de combustible en El Alto; el saldo fue de tres muertos y 30 heridos. En La Paz se realizó nueva marcha para exigir que renuncie la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez. Desde México, el líder aymara emitió un mensaje al pueblo boliviano: ‘‘Este es un gobierno de facto, no de transición, que reprime y mata. Es tiempo de dictadura y debemos mantenernos unidos’’. Foto Ap. Arturo Cano, enviado

La Paz. En la televisión, los noticieros celebraron en grande. La pantalla dividida mostraba, del lado izquierdo, un convoy de pipas de combustibles ingresando a esta capital, escoltado por vehículos policiales; del otro, escenas de lo que las conductoras llamaban "enfrentamientos". Se ufanaban en la explicación: la necesidad de traer gasolina y gas a la ciudad capital había generado el "choque". Una locutora admitía: "Para el desbloqueo, los policías han usado agentes químicos, ha existido gasificación".

La "gasificación" fueron balas, helicópteros, vehículos blindados y militares disparando sobre los habitantes de la ciudad conurbada de El Alto, en la zona conocida como Senkata, donde los seguidores del exiliado presidente Evo Morales mantenían un bloqueo en un depósito de combustibles.

La Defensoría del Pueblo confirmaría más tarde la muerte de tres personas, así como más de 30 heridos. La primera víctima fue Dayvi Posto Cusi, de 31 años.

Mientras sus compañeros recibían balas y gases en El Alto, en La Paz se realizaba la enésima marcha con la exigencia de la renuncia de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez y el retorno de "el Evo", como le llaman sus partidarios.

Los frentes se multiplicaban: represión en las calles, marchas de respaldo a Morales, negociaciones entre la mayoría legislativa del Movimiento al Socialismo y las fuerzas minoritarias, desabasto y especulación que han mandado al cielo los precios de productos de primera necesidad.

Y en medio de todo eso, Áñez, como personaje de utilería. Ella ha dedicado buena parte de su tiempo en estos días a tomar protesta a los miembros de su gabinete. Como se le acabaron los cargos que se repartieron entre los partidos minoritarios –los ganones fueron Carlos Mesa, ex candidato, y el ultraderechista Luis Fernando Camacho– ha comenzado a tomar juramento a funcionarios de segundo nivel. Algunos de ellos, para demostrar que Dios ha vuelto al palacio de gobierno, han rendido protesta con la señal de la cruz en los labios.

Por los discursos a la hora de los actos protocolarios, parecería que se preparan para un gobierno de larga duración, aunque por ley deben convocar a elecciones a la de ya, pues el plazo vence el 22 de enero de 2020.

Entrada la tarde, a unos pasos de las tanquetas, los diputados del MAS –que viven bajo acoso y han sido abiertamente amenazados con cárcel por los autores del golpe– ofrecieron brevísima rueda de prensa.

Aunque el mundo entero ha visto los cuerpos de los caídos en las protestas en Cochabamba y otros lugares del país, las televisoras mostraron ayer escenas de ataúdes llenos de ropa, sugiriendo que no murió nadie. La versión de los golpistas ha sido, sin que hayan concluido los estudios periciales, que los muertos no cayeron por balas de policías ni militares. Que se mataron entre ellos, vaya.

Todo, pese a que la propia Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo llevan el siguiente conteo desde que el presidente Morales salió del país: 27 muertos y más de 400 heridos.

La cruz y la tanqueta

Las calles que confluyen en la Plaza Murillo, epicentro del poder político boliviano, están llenas de rejas y barricadas. Sobre una de esas rejas hay un cartel que ordena: “No te canses de orar por Bolivia… Dios es bueno y Bolivia está en sus manos”.

La fe moverá montañas pero necesita una ayudadita. A unos pasos del cartel había una tanqueta del ejército, rodeada de militares. Varios vehículos similares completaban el escenario en la misma plaza y las calles adyacentes.

"Es la primera vez que vemos tanquetas aquí", dijo un empleado de la Asamblea Legislativa.

Los policías antimotines, que en los días pasados se hicieron cargo de mantener a raya a los manifestantes, fueron desplazados a un segundo sitio.

Entre dos de las tanquetas está la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde ayer los legisladores el MAS, partido del exiliado presidente Evo Morales, se reunieron durante largas horas, entre ellos y con las fuerzas de la minoritaria oposición.

"Vamos a cumplir con la patria bajo la luz de la constitución", sostuvo la diputada Betty Yañiquez, y cedió la palabra al legislador Henry Cabrera, quien informó que el MAS actuará de manera responsable, que se decidió "reconsiderar la directiva de la Cámara de Diputados" y reiniciar el trabajo legislativo que ahora está suspendido.

El anuncio central es que hay un principio de acuerdo para que ambas cámaras, de senadores y diputados, que tendría como fin "seleccionar y elegir a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral, hombres y mujeres notables que no tengan ningún partido político, a fin que puedan representar al pueblo boliviano y tengan la alta responsabilidad de llevar adelante las próximas elecciones".

El diputado Cabrera dijo también que los vocales de ese nuevo tribunal tendrían "un plazo máximo de 48 horas para convocar a elecciones" en el país.

Los legisladores del MAS suspendieron previamente una sesión convocada para ayer, en la que pretendían, según la prensa local, rechazar la renuncia de Evo Morales. En aras del diálogo y de encontrar una salida, argumentaron, al tiempo que llamaron a los militares a replegarse.

No les hicieron ningún caso, y este día tres nombres más se sumaron a la lista de nombres que se puede leer en un altar colocado en el vestíbulo de la sede legislativa.

Tras la represión en El Alto, un grupo de personas prendió fuego a la casa de la alcaldesa del lugar, opositora a Morales, mientras en diversas partes del país se anunciaban nuevos bloqueos y marchas hacia La Paz.

La Cámara de Diputados fue convocada para este miércoles por la tarde, pero esta crisis rebasa con mucho los muros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Desde México, el presidente Evo Morales –fue obligado a renunciar y su renuncia no surte efecto en tanto el Legislativo no la acepte– respondió a los hechos de este día con un mensaje al "pueblo boliviano": “Este es un gobierno de facto y no de transición. Con represión, están matando a nuestros hermanos bolivianos. Es un gobierno de traición a la patria… En tiempo de dictadura, debemos mantenernos unidos”.

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