La policía es irrelevante para la seguridad ciudadana

¿Tiene la policía actualmente el derecho a matar? Por supuesto. En Estados Unidos la policía ha matado al menos a 12.600 personas desde 2005 hasta 2019. En ese periodo, tres policías en total han ido a la cárcel por homicidio sin que los recursos hayan afectado a la condena. Es menos que una décima parte del 1%, pero se puede redondear fácilmente a cero.

 

Las recientes protestas, catalizadas por el asesinato de George Floyd en Minneapolis, piden el fin de la violencia policial racista. Con sus acciones, los manifestantes también han ido más allá de los debates obsoletos del pasado reciente acerca de la vigilancia policial. Recortar la financiación de la policía, disolverla o abolirla: gente que jamás había escuchado estas ideas en debates sobre la policía ahora las tienen en cuenta muy en serio.

Estos avances en el debate sobre la policía no habrían sido posibles sin los manifestantes, que se han mantenido firmes a pesar de haber sido golpeados y haber sufrido abusos policiales en cada rincón de EE UU. Pero lo importante de esto no es hacer avanzar el debate. Lo importante de esto es la vida y la muerte. Para que la policía deje de asesinar gente —1.000 personas cada año— serán necesarios cambios en el sistema. Los manifestantes serán recordados en el futuro sólo si los cambios conseguidos son los correctos.

Los programas de reforma solo tendrán éxito si parten de la premisa de que la institución policial ha perdido su legitimidad social, que jamás ha merecido. Las reformas que den por hecha la legitimidad de la policía, aunque pidan más cámaras incorporadas en el uniforme, mejor supervisión, un personal con más diversidad racial o más procedimientos legales contra los asesinos dentro de la policía, no van a funcionar.

Cuando la policía sea vista como una institución ilegítima estaremos en el camino correcto. Como sostiene Mariame Kaba en The New York Times, no estaría mal ejecutar un recorte del 50% en los presupuestos de la policía y dejar que la lógica de la austeridad haga el resto, como ha sucedido con otras partes del sector público.

Pero un recorte del 50% se puede regatear hasta el 10%, y el 10% hasta el 2%, mientras la policía y sus defensores puedan seguir relacionando la seguridad ciudadana con la vigilancia policial. La reacción contra la idea de abolir la policía como algo “poco realista políticamente” debido a la seguridad ciudadana ha empezado en el ámbito local, donde se está debatiendo este tema. El objetivo debe ser abolir una profesión que tiene el derecho legal a acabar con la vida (y a mentirte mientras tú estás obligado a decir la verdad).

¿Tiene la policía actualmente el derecho a matar? Por supuesto. Partiendo de estimaciones prudentes y de datos oficiales, el escritor Lee Camp calcula que la policía ha matado a una media de 900 personas al año. En otras palabras, al menos 12.600 personas desde 2005 hasta 2019. En ese periodo, tres policías en total han ido a la cárcel por homicidio sin que los recursos hayan afectado a la condena. Es menos que una décima parte del 1%, pero se puede redondear fácilmente a cero.

Por encima de todo, hay que retirarle a la policía su licencia para matar. Todavía existe debido a una mística —ayudada por los omnipresentes programas televisivos, libros y películas de policías— basada en tres ideas: la idea de que los policías son valientes porque su trabajo es peligroso, la idea de que mantienen protegida a la sociedad, y el hecho de que puedes llamarles en caso de emergencia.

¿Valentía? Sí, ser policía es el decimosexto trabajo más peligroso en EE UU, por detrás de los leñadores, pescadores, pilotos, techadores, recogedores de basura, camioneros, granjeros, trabajadores del metal, trabajadores de la construcción, paisajistas, operadores de la red eléctrica, jardineros, trabajadores del campo, ayudantes de obra y supervisores directos de mecánicos, instaladores y reparadores. Pero ningún trabajador en ninguno de los 15 empleos más peligrosos tiene la opción de matar cuando se sienten subjetivamente en peligro. La policía sí.

¿Seguridad? Proporcionar seguridad a la sociedad no es una función especial de la policía. En The End Of Policing, de Alex Vitale, éste cita al criminólogo David Bayley en su libro Police for the future, en el que Bayley consideraba este hecho como “uno de los secretos mejor guardados de la vida moderna. Los expertos lo saben, la policía lo sabe, pero el público no lo sabe”. Sabemos desde hace 50 años que la policía no ayuda a la seguridad ciudadana. El antropólogo francés Didier Fassin, en su libro de 2013 La fuerza del orden, cita el experimento de Kansas City en los años 70:

“Este estudio sin precedentes, único en su tiempo, comparó tres zonas de la ciudad: en la primera, brigadas “reactivas” limitaron su actividad a responder a las llamadas de los residentes; en la segunda, de carácter “proactivo”, como mínimo doblaron el tiempo que pasaban patrullando; en la tercera, que servía como zona “de control”, siguieron con su mezcla de actividades previa. Los resultados de todo un año de operaciones y mediciones parecían idénticos: ni ataques a personas, tanto agresiones como amenazas, ni agresiones sexuales ni atracos, ni ataques a la propiedad, tanto robos como daño a vehículos, variaron de manera significativa como resultado de los diferentes sistemas empleados; de manera similar, la percepción sobre los crímenes o la sensación de inseguridad expresada por residentes y dueños de negocios no mostró variaciones entre las zonas, ni tampoco el nivel de satisfacción con la policía; y resultó que en los tres casos, el 60% del tiempo de los agentes se gastaba en actividades que no estaban relacionadas directamente con hacer cumplir la ley, incluyendo un cuarto del tiempo que no mostraba relación alguna con el trabajo policial… En definitiva, era evidente que las patrullas usadas de manera preventiva no tenían efecto sobre la actividad criminal, tanto en términos de delitos registrados por el cuerpo de policía como desde el punto de vista de la “percepción de riesgo” de los residentes”.

Los resultados fueron pasados por alto: la policía siguió patrullando las siguientes cinco décadas. Fassin, que como parte de su estudio pasó tiempo con la policía de París, hizo sus propios cálculos sobre en qué empleaban el tiempo: “En mi experiencia, el tiempo empleado en responder llamadas representaba aproximadamente el 10% del total del turno; era raro que subiera hasta el 20% (cinco llamadas por equipo cada noche era un máximo que raramente se alcanzaba), mientras el resto del tiempo se dedicaba a patrullas aleatorias y al registro administrativo de la actividad desarrollada”.

¿Piensas que lo de París es una anomalía? Piénsalo otra vez:

“Una serie de estudios llevados a cabo en EE UU revelan que los agentes en patrulla dedicaban entre el 30 y el 40% de su tiempo a responder a llamadas (una media de cinco llamadas en una hora por equipo en distintas ciudades) de las cuales solo entre un 7 y un 10% están relacionadas de alguna manera con delitos o crímenes, y entre el 40 y el 50% de su jornada laboral en patrullaje aleatorio y papeleo, con el resto del tiempo dedicado a varias tareas”.

Así describe Fassin el trabajo cotidiano del grupo de policías a los que estudiaba:
“Mientras patrullan por calles tranquilas y vecindarios pacíficos, los policías esperan llamadas ocasionales que casi siempre terminan no teniendo ningún sentido, tanto porque están relacionadas con errores o bulos, o porque los equipos llegan demasiado tarde o echan a perder el caso por su torpeza o porque no hay causa para ningún interrogatorio o arresto”.

Fassin cita a un criminólogo de Ontario, Richard Ericson, que descubrió en 1982 que la policía pasa 76 minutos en un turno de ocho horas respondiendo a llamadas, con la opinión de que “la presencia de agentes de policía se ha convertido en un fin en sí mismo”.De modo que la policía tiene el decimosexto trabajo más peligroso, y es irrelevante para la seguridad ciudadana, pero la sociedad necesita alguien a quien llamar en caso de emergencia. Este rol puede cubrirse por trabajadores civiles formados, que tendrán que aprender a resolver problemas sociales diarios sin una licencia para matar, una dirección que podría tomar Minneapolis dada la promesa de los concejales municipales de disolver la policía en la ciudad.

El año pasado, los periódicos canadienses Globe y Mail informaron sobre un cuerpo policial en el Yukon que no llevaba armas y que no podía presentar acusaciones. Algunas ciudades tienen servicios de protección del menor que trabajan para proteger niños, con mayores o menores grados de intrusión. Los trabajadores sociales pueden recibir formación para intervenir en conflictos domésticos y en situaciones conflictivas abiertas relacionadas con la salud mental. Se pueden presentar en equipos para proteger su propia seguridad, como en otras profesiones.

Hay propuestas detalladas para que la responsabilidad sobre la seguridad recaiga en manos de la comunidad: Olúfẹ́mi O. Táíwò describe una en Dissent Magazine; Zach Norris reenfoca este asunto en su nuevo libro We Keep Us Safe; y Ejeris Dixon y Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha describen enfoques comunitarios sobre seguridad en su obra colectiva Beyond Survival: Strategies and Stories from the Transformative Justice Movement.

También debería haber reformas culturales. Boots Riley propone echar a los asesores militares y policiales, que funcionan como censores del Estado, de las producciones de cine y televisión. El movimiento #MeToo condujo a la creación de un puesto de coordinador de relaciones íntimas en la producción de películas para asegurar que las escenas de sexo fueran filmadas sin explotación sexista. Los estudios pueden ser responsables con este movimiento si reducen drásticamente la producción de programas de policías mientras echan a los censores de los programas que permanecieran. Esto podría tener su efecto al reducir la mística y la veneración a la policía.

Los defensores de la policía pueden argumentar que se darían pérdidas económicas como resultado de la abolición. Algunos cuerpos policiales viven de lo que obtienen a través de los decomisos, multas y sanciones, lo que permite mantener bajos los impuestos mientras la vida de los pobres es miserable. En general, no obstante, estas medidas ahorrarían dinero.

En un primer momento, buena parte del dinero ahorrado al recortar el gasto policial debería ir dirigido a facilitar la transición de aquellas personas en funciones policiales hacia otros trabajos. Las pensiones son un mecanismo para sacar a los policías de sus funciones por cualquier motivo, y las organizaciones de policías las usan de hecho muy generosamente. Pero dar una pensión indefinida a los policías, aunque salvara vidas, haría que no quedaran recursos disponibles para la seguridad ciudadana. En su lugar, los gobiernos pueden desarrollar programas de retiro y formación (los valientes policías pueden optar a formarse para alguno de los 15 empleos más peligrosos), como hacen con otros trabajadores que son despedidos.

En el periodo de vigencia de los actuales convenios colectivos, los policías podrían recibir dinero para prepararse para otros trabajos o simplemente para quedarse en casa, algo caro a corto plazo, pero que salvaría miles de vidas. Tras ese periodo inicial, los cientos de miles de millones de dólares que se gastan en vigilancia policial podrían redirigirse a crear y fortalecer los servicios públicos. Las posibilidades solo se verían limitadas por la cantidad de millones que podrían sacarse de la policía. Los trabajadores sociales, desde luego, son sólidos candidatos para esta reasignación de fondos, así como el transporte público y otros servicios básicos gratuitos (especialmente, en EE UU, la atención sanitaria).

Los datos criminológicos nos han dicho desde hace décadas que la policía es irrelevante para la seguridad ciudadana. Los investigadores británicos Richard Wilkinson y Kate Pickett, en su ensayo clásico de 2009 Desigualdad: un análisis de la (in)felicidad colectiva, muestran que una buena parte de los problemas sociales, incluyendo la violencia, tienen una fuerte correlación con la desigualdad. Su obra también muestra diferentes opciones para alcanzar la igualdad: altos salarios en el sector privado (como en Japón) o altos impuestos y redistribución (como en el norte de Europa). En EE UU, todas las opciones a favor de una mayor igualdad han sido bloqueadas por los ricos que –como Martin Gilens y Benjamin Page dejan claro en su importante estudio de 2014- han capturado la política. Un auténtico Green New Deal haría más por la seguridad ciudadana que cualquier reforma policial concebible que no se basara en el abolicionismo.

Este artículo ha sido editado por Globetrotter, un Proyecto del Independent Media Institute. Justin Podur es un escritor que vive en Toronto y colaborador de Globetrotter. Puedes encontrarle en su página podur.org y en su cuenta de Twitter @justinpodur. Es profesor en la facultad de Estudios Ambientales de la Universidad de York. Es autor de la novela Siegebreakers.

Por Justin Podur

Tradución: Diego Sanz Paratcha

25 jun 2020 06:00

Artículo original: https://zcomm.org/znetarticle/policing-is-irrelevant-for-public-safety/

Traducido para El Salto por Diego Sanz Paratcha.


En Estados Unidos se debate la abolición de la policía

La petición de abolir la policía hasta hace poco tiempo parecía imposible, pero hoy se discute gracias a la presión popular. Las premisas de dicho movimiento pueden ser igual de válidas para todos aquellos territorios que se atrevan a soñar con otras formas de garantizar la seguridad de la gente.

El asesinato del afroamericano George Floyd ha visibilizado una discusión que hace décadas mantienen personas y grupos en Estados Unidos: la imposibilidad de la reforma a la brutalidad policial y, por lo tanto, la necesidad de acabar con la policía. Dichas discusiones se han dado ya hace varias décadas, reactivándose recientemente luego de motines populares provocados por sucesivos asesinatos de afroamericanos. Intentando apagar la rabia, el Estado ha construido un discurso de revisar la actuación de sus servidores, sin embargo, pasa el tiempo y las intenciones gubernamentales poco cambian la realidad.

No extraña que sean justamente las y los afroamericanos quienes hayan liderado estas discusiones y que el legado de la esclavitud en el país del norte defina fuertemente la política actual; ya Angela Davis ha planteado que si la pena de muerte existe aún en el siglo XXI es por la naturalización del asesinato de esclavos que buscaron liberarse siglos atrás. Así mismo, las ideas abolicionistas vienen del movimiento que buscó acabar de raíz con esa condición de propiedad de hombres blancos sobre negros. Por eso, entre otras cosas, es que los y las descendientes del pueblo esclavizado recuperan la misma noción de abolir, porque ya saben que hay momentos de la humanidad en que hay que empezar de nuevo para respetar la vida.

Buena parte del movimiento abolicionista actual justifica sus ideas en que desde hace años se dieron una tras otra comisión de investigación con resultados insuficientes para frenar los asesinatos causados por policías; sucesivamente se determinó promover reeducación incluyendo políticas antisegregacionistas, incluir cámaras corporales en procedimientos, alentar al ingreso de afroamericanos a las unidades e integrar el cuerpo policial con las comunidades. Todo eso se intentó hace años en Minneapolis, donde asesinaron a Floyd, y a pesar de ello la impunidad se mantuvo. Los policías asesinos saben que en los juzgados tienen pocas opciones de perder, y en parte porque su figura de autoridad es respaldada por una opinión mayoritaria que justifica la necesidad de ellos, con el fin de garantizar la seguridad; gran sofisma sobre el que se justifica la violencia institucional.

Sin embargo, organizaciones como el proyecto NIA plantean dejar de usar a la policía para enfrentar la inseguridad, volviéndola obsoleta con otras medidas: trasladar los recursos que se pierden en ese cuerpo armado, reinvirtiéndolos en salud, educación, vivienda y en general bienestar social. De hacerse esto cada vez habrá menos necesidad de policía y por lo tanto a largo plazo será obsoleta. Pero no solo allí está la apuesta; muchos discuten la necesidad de contratar en cambio a trabajadores del cuidado que reciban los salarios que ahora tienen asesinos policiales, de tal forma que puedan no solo intervenir cuando sea necesario sino prevenir al identificar problemas dentro de las comunidades.

Resultado de este activismo por años ha logrado que en las manifestaciones de las recientes semanas se visibilice el lema “Defund the police” que justamente recoge una de las propuestas del movimiento abolicionista: desfinanciar a la policía. Parte de este llamado viene del interior del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan), quienes denuncian que el incremento del presupuesto a la policía lo único que ha garantizado es más represión y asesinatos por parte de este cuerpo armado. Solo para entender esto, hay que reconocer como en los Estados Unidos hay días que la policía mata a más personas que las que en un año son asesinadas por estos cuerpos en otros países; por ejemplo, en los primeros 24 días del 2015 la policía de ese país mató a más personas que las asesinadas por la policía en Inglaterra y Gales en 25 años.

El llamado a la desfinanciación también ha sido hecho por otras comunidades; la American Friends Service Committee (Comité de servicios de los amigos americanos), organización religiosa que promueve la no violencia en ese país, lideró una petición a la que se unieron más de 5000 personas con este propósito. Su secretaria general afirmó que: «Esta no es una cuestión política. Esta no es una pregunta presupuestaria. Esta es una pregunta moral… el alma de nuestra nación está profundamente herida, y este momento nos ruega que tomemos medidas valientes… Nuestra fe nos llama a decir la verdad al poder y desafiar a las instituciones culpables hasta que las vidas de nuestros hermanas y hermanos negros, marrones e indígenas sean igualmente valorados”.

Mientras cientos de activistas en las calles de Chicago, Seattle, Boston o Nueva York siguen proponiendo que el problema no es transformar la policía sino acabar con la idea de vigilancia, y con ello acabar la necesidad de policía, ya en Minneapolis el consejo de la ciudad tomó la decisión de desmantelar y abolir la policía a largo plazo. Aun no es nítido cuáles son los pasos que tomarán para seguir esta decisión, pero se asegura que buscarán un modelo de seguridad distinta y que esto se discutirá con la comunidad. Frente a esto, el presidente Trump twitteó: “La ley y el orden, no desfinanciar ni abolir la policía. Los radicales izquierdistas demócratas se han vuelto locos”.

El tiempo dirá si dicho desmantelamiento en Minneapolis se hace realidad; por ahora, es suficiente con documentar que una petición que hasta hace pocas décadas parecía imposible hoy se discute gracias a la presión popular. Las premisas de dicho movimiento pueden ser igual de válidas para aquellos territorios que se atrevan a soñar con otras formas de garantizar la seguridad: desarmar, desmontar, abolir… solidarizarse.

Por Oscar Vargas | Rebelión. 25/06/2020

Publicado originalmente en el periódico argentino Virginia Bolten.

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Los camuflajes de la muerte en la verdadera pandemia

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se dirige nuevamente al país y al mundo para compartirle los hechos que siguen revelando una política criminal del Estado colombiano y su tolerancia y connivencia con todos los procesos criminales que vienen del pasado.

La matanza de colombianos de a pie, inconformes y/o vulnerables, comenzó hace muchas décadas. La fuerza armada del Estado se consideró con licencia para matar durante mucho tiempo, apoyándose solamente en la calificación de las víctimas como enemigos del poder de turno. Con el paso del tiempo, los Estados Unidos le enseñaron   a los gobiernos colombianos, secretamente, a meter en la guerra a la población civil, no sólo como objetivo militar, que ya lo era en sus capas pobres e inconformes, sino también como combatientes, en forma de paramilitares o brazos armados clandestinos del Estado; esto ocurrió en 1962 con la misión a Colombia del General norteamericano  William Yarborough y sus directrices secretas, para que así el Estado no cargara con todo el peso del deterioro moral e ilegitimidad de su imagen y con una condena universal. Cuando el paramilitarismo comenzó a estar en la mira de algunos jueces, el Estado se empeñó en hacerlo desaparecer mediáticamente y acuñó el nombre de BACRIM o Bandas Criminales, llevando a la sociedad a creer que todo era problema de delincuencia común. Cuando los Acuerdos de Paz impidieron llamar guerrilleros a todas las víctimas de ejecuciones y desapariciones, la muerte de los líderes sociales y de los sectores inconformes o “desechables” comenzó a atribuirse a violencia intrafamiliar, a problemas de linderos entre vecinos, a picaduras de culebras o a peleas entre borrachos. En general, las falsas razones se han impuesto contra el conocimiento de poblaciones enteras que callan la verdad por temor al asesinato o al estigma.

Las muertes violentas perpetradas por el paramilitarismo, el cual continúa controlando nuestra zona de San José de Apartadó, han buscado últimamente formas de camuflaje que desafían el saber del campesinado del entorno. En el caserío de San José, fue palpable el silencio que rodeó la ejecución del joven Rafael Antonio Guerra el pasado 12 de mayo, en el paraje Caño Seco de la vereda Alto Bonito. Según el comentario que circula entre los pobladores de San José, la familia tuvo que camuflar el crimen bajo la versión de una “muerte por picadura de culebra”, para que se permitiera pasar el ataúd por el centro urbano. La última ejecución, ocurrida el pasado domingo 7 de junio, está siendo leída por muchos pobladores como efecto de “las borracheras dominicales” o de “peleas entre colegas” o conflictos entre los mismos paramilitares. Los medios no hablan de diligencias judiciales en estos casos ni se refieren al contexto de completo control de la zona por las estructuras paramilitares. Los medios locales y regionales, en lugar de ayudar a esclarecer los hechos, han ayudado siempre a difundir versiones de camuflaje que favorecen los intereses del sector político dominante, intereses que a veces se proyectan en la necesidad de eliminar a sus mismos servidores paramilitares, cuando éstos se sienten cansados o decepcionados en su misión asesina y manifiestan deseos de abandonar las filas criminales, o se enfrentan entre los mismos paramilitares por los recursos que incluyen el mercado de drogas alucinógenas. Versiones de las últimas muertes apuntan en algunas de estas direcciones.

Nuestra Comunidad quiere dejar constancia de los siguientes hechos:

·         El domingo 10 de mayo de 2020 los paramilitares permitieron y promovieron la celebración de la fiesta de la madre en la vereda La Unión, con gran consumo de licor, desconociendo las normas de control de la pandemia.

·         El sábado 16 de mayo de 2020, nuevamente los paramilitares autorizaron e impulsaron la celebración de la fiesta de la madre en la vereda La Resbalosa, con abundante consumo de licor.

·         El jueves 4 de junio de 2020 fue visto nuevamente en la finca del Señor Muñoz, en la vereda La Esperanza, un grupo de paramilitares armados con armas largas y uniformados. Ya varias veces antes nuestra Comunidad había sorprendido, fotografiado y filmado a los miembros de ese grupo paramilitar en el mismo sitio y los miembros del Senado de la República pudieron examinar los videos, pero eso no ha traído ninguna medida de represión o contención, menos de enjuiciamiento y sanción, a esa estructura paramilitar. En varias ocasiones, posteriormente, se les ha sorprendido en la misma finca, armados y uniformados, sin que ninguna institución haya hecho absolutamente nada para investigarlos y enjuiciarlos.

·         El viernes 5 de junio de 2020, tuvo lugar una convocatoria de paramilitares en la vereda Playa Larga. En dicha reunión, a la cual acudieron al menos 50 paramilitares, se insistió en la necesidad de controlar más fuertemente a la  población de la zona cercana a San José, donde hay personas que deben ser eliminadas.

·         El sábado 6 de junio de 2020 unidades de la Brigada XVII del ejército llegaron a la vereda La Unión e ingresaron a un establecimiento público donde consumieron licor. Cuando su mando fue interrogado por pobladores de La Unión para que explicara por qué el ejército no combate a los paramilitares, respondió que no los combatían porque después, cuando ellos estuvieran de licencia, los podrían atacar. Dicho oficial afirmó que asumiría el mando de la base de San José a partir del 15 de junio.

·         El domingo 7 de Junio de 2020, hacia las 20:00 horas, en la vereda La Victoria de San José de Apartadó, un grupo de paramilitares asesinó al joven JESÚS ALBERTO MUÑOZ YEPEZ, de 35 años, apodado “El Tato”, residente del e barrio Policarpa de Apartadó, e hirió a una joven llamada Leidy quien lo acompañaba y estaba embarazada y es prima del jovenYeminson Borja Jaramillo, asesinado el 7 de  julio de 2019 en la vereda aledaña de La Balsa, por paramilitares que controlan esa ruta y someten a la población civil a sus órdenes mediante amenazas y ejecuciones. Varias versiones circulan sobre los móviles de este crimen, incluyendo la que presenta a la víctima como activo del paramilitarismo que se encontraba en retirada, mereciendo por ello la pena de muerte. El silencio permisivo y cómplice de las autoridades, acompañado por el silencio temeroso de la población del entorno, configura el mecanismo monstruoso de la total impunidad reinante.

·         El viernes 12 de junio de 2020, los paramilitares convocaron a las juntas de acción comunal en la vereda Mulatos Medio, en el recinto de la escuela recién construida en el lindero de la Aldea de Paz de nuestra Comunidad. En dicha reunión participó un líder político paramilitar, quien impartió normas a los pobladores. Ya nuestra Comunidad había presentido que esa construcción, motivada en ofertas del gobierno, iba a servir para eventos políticos y para fiestas y consumo de licor, todo como sabotaje a los principios de nuestra Comunidad de Paz, fuera de utilizar los espacios de nuestra aldea para sus reuniones.

·         El domingo 14 de junio de 2020, la junta comunal de la vereda Arenas Altas organizó en la escuela veredal, que es terreno de nuestra Comunidad de Paz, una fiesta con consumo de licor, violando todas las normas de aislamiento vigentes, derivando en riñas y heridos. Uno de los paramilitares organizadores fue John Edinson Góez, alias “El Pollo”.

·          El miércoles 17 de junio de 2020, A partir de los controles de seguridad que realiza la población civil de San José de Apartadó en la vereda La Balsa para evitar la expansión del coronavirus (Covid-19) se está organizando desde allí el cómo restringir la libre movilidad de nuestra Comunidad, supuestamente con el decir que los extranjeros van a entrar y a traer el virus, por lo que ya se comenta que: allí están ingresando gente de otros lugares violando la cuarentena Nacional y este es un caso que debe pasar a las autoridades porque si llega a haber un enfermo por el virus es culpa de la Comunidad de Paz. Como Comunidad de Paz rechazamos dichas acusaciones pues no es responsabilidad de nuestra Comunidad de Paz evitar que se infecte la población, más cuando toda la gente de la zona está bajando al casco urbano diariamente sin ninguna medida de protección. Son el mismo paramilitarismo y la fuerza pública los que están llevando el riesgo de contagiar a la población porque son los que más patrullan la región, además frecuentan lugares públicos de San José y sus veredas a tomar licor y ahora se quiere responsabilizar a nuestra Comunidad como culpable, cuando somos los únicos en la zona que mejor hemos manejado una cuarentena autónoma, por lo que no será nuestra responsabilidad ni la de nuestros acompañantes nacionales e internacionales; si llegase  haber un contagio con el virus covid-19 en la zona, la responsabilidad es de las mismas autoridades competentes por que no se ha tomado una verdadera medida necesaria de precaución para garantizar que cada día no hayan más contagiados  en la Región de Urabá, la misma fuerza pública es la que más tiene contagiados en Urabá, además está  la libre movilidad del paramilitarismo que le ha permitido ejercer mayor control sobre la población civil, pues se están transitando por carreteras y caminos desde la Región de Urabá hasta el chocó y otros lugares del país sin restricción  alguna.   

En las diversas veredas del corregimiento de San José nuestra Comunidad de Paz sigue comprobando la presencia de estructuras de control paramilitar de la población a través de personas o familias espías denominadas “puntos”, los cuales informan permanentemente a los jefes paramilitares de la zona sobre los movimientos y pensamientos de los pobladores, mientras, los mandos “paras” se movilizan libremente por el territorio portando armas y a través de los “puntos” imparten normas a los pobladores, los convocan a reuniones y les cobran impuestos ilegales, amenazándolos de muerte si no se muestran sumisos a sus órdenes y a su dominio. Ninguna institución del Estado ha demostrado controlar esa estructura criminal, la cual está detrás de las amenazas de muerte y de las ejecuciones, hoy camufladas bajo causas ficticias.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo siguen nuestro proceso y nos animan moralmente a defender nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Junio 22 de 2020

Publicado enColombia
¿Edwin Dagua, autoridad indígena de Huellas Caloto asesinado en vano?

"¿Cuál es el direccionamiento de nuestras autoridades a la guardia indígena frente a grupos armados?"

Los Kiwe Thegnas (Guardias Indígenas) se han pronunciando con dolor, valentía y frustración a partir de la Audiencia de juzgamiento y armonización realizada ayer 16 de junio de 2020, en el resguardo indígena de Huellas Caloto. Acá compartimos esa reacción y sus preguntas, así como la noticia de Comunicaciones CRIC al respecto.

Dados los hechos a partir de la captura de 7 personas que confiesan su participación en el asesinato de un comunero de Huellas;
Dado el transcurrir y los resultados de la audiencia mencionada;
Dados los hechos graves que se suman a muchos otros que se vienen presentando en diversos territorios indígenas del Cauca;
¿Podría asumirse que la guardia indígena y quienes arriesgan y entregan sus vidas en defensa del territorio, del proceso organizativo y de sus comunidades -haciéndole frente a la ocupación delincuencial, del narcotráfico y de toda clase de actores armados y no armados vinculados al despojo-; estarían siendo un estorbo a negociaciones y acuerdos entre algunas autoridades indígenas y estos actores que causan desarmonía, terror y muerte?

¿Cómo es posible que las armas con las que se intimida, amenaza, somete y asesina sean ofrecidas y entregadas a un tercero como prenda para convocar un diálogo con estos actores armados?

¿Si el diálogo se iniciara, les devolverían las armas con las que delinquen y asesinan?

Brilló por su ausencia durante la audiencia, un verdadero análisis de contexto que, sin lugar a dudas, tendría que empezar por la guerra en la que se está sumiendo el territorio y que tiene como telón de fondo el narcotráfico. Es, para decir lo menos, sorprendente que estos asuntos no se hayan abordado. Sin este análisis resulta incomprensible el accionar de los asesinos en estos territorios ancestrales:

¿Cuáles son las razones o intereses detrás de que estos temas de fondo no se aborden? ¿cuáles son las razones para que el CRIC no tenga una posición política clara frente al narcotráfico como la reclamó en su momento Sath Tama Kiwe?.

Ante estos y otros hechos, es obvio asumir que si las comunidades organizadas, el proceso como un todo incluidas sus autoridades a partir de mandatos asamblearios no asume con la guardia la defensa digna y consciente de sus territorios y lucha ancestral, el resultado inminente es la consolidación de la ocupación y reclutamiento a sangre y fuego de estos territorios y luchas por parte de actores armados al servicio del negocio y de la política integral del narcotráfico. Las preguntas que hacen y se hacen los Kiwe Thegnas no pueden ser ignoradas en esta hora de vida o muerte para una de las luchas más ejemplares, sabias y valientes de las y los hijos de la Madre Tierra. No es un Problema de indígenas en el Cauca. Si este proceso cae, ¿qué puede esperarse del resto del país? ¡Así No! ¡Ya Basta! Pueblos en Camino

 


 

El futuro de los Kiwe Thegnas frente al control territorial en el norte del Cauca

 

Con profundo dolor, tristeza, temor, indignación, preocupación e incertidumbre compartimos la palabra de Lxs Kiwe Thegnas de Huellas Caloto. Aquí preguntas concretas de las cuales depende la vida misma en los territorios

 

Se llevó a cabo la asamblea extraordinaria en el resguardo indígena de Huellas Caloto con los 7 disidentes de las FARC EP, columna móvil delincuencial Dagoberto Ramos, dando un veredicto final de: tres (3) disidentes condenados a patio prestado y cuatro (4) de ellos entregados a sus familias para que sigan matando guardias y autoridades.

 

Hoy surge una gran preocupación dentro del ejercicio de guardia indígena y nos hacemos las siguientes preguntas:

 

¿Cuál es el direccionamiento de nuestras autoridades a la guardia indígena frente a grupos armados?

 

¿Hay que dejar las armas para luego canjearlos con guardias y autoridades que detengan?

 

¿En dónde queda la muerte del gobernador Satwesx, EDWIN DAGUA IPIA, asesinado por el mismo grupo en el mismo resguardo?

 

¿Dónde queda la muerte de los 11 guardias asesinados y de la Autoridad Neejwesx Cristina Bautista?

 

¿Por qué no se destruyen las armas?

 

¿Será que están llegando a acuerdos con los delincuentes, mientras la guardia da su vida por un territorio libre de actores armados?

 

Hoy queremos hacer reflexión porque todo se ha convertido en protagonismo, hablan duro los mediadores políticos de control territorial pero ¿será que ellos son los que recorren el territorio o mandan a los más bobos a la guerra para que mueran por ellos?.

 

Lo argumentamos porque todas las acciones que se realizan en el marco del control territorial las realiza la guardia indígena pero no se les tiene en cuenta para nada, –les da lo mismo el guardia que piensa, que siente, que quiere, y que opina.

 

Hoy caímos en la estrategia del gobierno cuando decía que no había necesidad de gastar un tiro en un indígena porque ellos solos se acabarían, y hoy vemos que ese dicho se está haciendo realidad.

 

Hoy desde el posicionamiento del sentir y el actuar de la guardia indígena le decimos a los grupos armados que nuestra lucha continuará contra subestructura delincuencial, porque la muerte de nuestros compañeros guardia y nuestras autoridades no quedarán en vano. Si en verdad piensan en la defensa del pueblo, es hora que empiecen a reflexionar y a pensar si es conveniente seguirnos matando porque estamos dispuestos, nuestro territorio lo tiene que gobernar nuestras comunidades, NO los grupos armados así nuestros líderes continúen cargando sillas para el guadual a negociar.

 

Como guerreros milenarios NO estamos en contra de nuestras autoridades, al contrario los apoyamos y base sus orientaciones tratamos de llevar el control territorial, pero si estamos en contra del direccionamiento que les dan, hoy hablan duro los asesores, pero no son ellos los que enfrentan el control territorial.

 

A las comunidades y familias debemos sentarnos a reflexionar para ¿dónde va esta situación?

 

¿Quién estará ganando esta lucha milenaria?

 

¿La guardia, los grupos armados, la fuerza pública, ACIN, el CRIC, la ONIC? ¿O EL GOBIERNO?…… somos nosotros los que vivimos y sufrimos a diario la guerra, las muertes, amenazas y señalamientos, por lo tanto somos nosotros los que conjuntamente debemos plantear la ruta del buen vivir de nuestros hijos e hijas.

 

Somos guerreros milenarios”

Kiwe Thegnas Huellas Caloto

Junio 17 de 2020

Publicado enColombia
Las muertes de líderes sociales en Colombia durante el confinamiento

1.- La Paz y su Incertidumbre

El 26 de septiembre de 2016 se firmó oficialmente el Acuerdo de Paz entre una de las guerrillas más antiguas de América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno de Juan Manuel Santos en representación del Estado Colombiano. No alcanzó el raitng de un partido de la selección de futbol, pero en los televisores, mucha gente siguió el evento entusiasmada, nostálgica. La ciudad de Cartagena de Indias fue sede de este primer momento para la Paz. Alrededor de cuatro años de intensas negociaciones en Oslo y La Habana culminaron en un hecho histórico que generó reacciones encontradas en el país del vallenato, la cumbia y la chirimía.

Recuerdo que el 2 de octubre de 2016, fecha del plebiscito nacional para consultar si el pueblo colombiano respaldaba la Paz, yo me encontraba en un Consejo Comunitario (jurisdicción Afrodescendiente en Colombia) del departamento del Cesar en la Costa caribeña. En ese momento visitaba a la familia de Campeón, apodo cariñoso con el que se le conocía a Nestor Martínez en su pueblo, quien varias veces me ofreció amablemente su casa; así pude conocer de cerca la realidad que viven los líderes sociales en la Costa. Ademas me compartió sus ideas profundas en torno a la lucha política, es decir, los sueños por defender su tierra, mientras escuchábamos la música de Diomedes Díaz, compartíamos el tinto mañanero o la viuda de pescado bocachico.

Su muerte no figura en el numeral de los muertos durante esta Paz enlutada, porque fue asesinado el 11 de septiembre de 2016, aunque sí forma parte de esa lista de líderes asesinados que, como una elipse infinita, pareciera no tener inicio ni fin en este país. Él era afrodescendiente y vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC).

A pesar del dolor por su muerte y el coraje por el nivel de impunidad e injusticia, o tal vez precisamente por ello, ese día, la familia de Campeón salió a votar por el Sí a la Paz. Así pasó prácticamente en todos los sectores rurales que vivieron y aún viven la guerra en sus territorios, en sus cuerpos. Sin embargo, al final de la jornada de este segundo momento, un contundente abstencionismo, y el triunfo del No, principalmente en las ciudades, se tradujeron en uno de los primeros golpes políticos al Acuerdo de Paz. La campaña mediática aplicada por los detractores del proceso de paz sustentada en mentiras y encabezada por el senador Álvaro Uribe Vélez del Centro Democrático (CD), días previos al ejercicio, cosechó sus primeros frutos.

2.- Los asesinatos en medio de la Paz

En esta esquina del planeta, Macondo, donde ahora vivo, hermoso rincón de mangos, yuca, malanga y platanares, Corazón del Mundo según los Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, las comunidades campesinas, pescadoras, afrodescendientes e indígenas, con su sabiduría y picardía ancestral, bromean, “maman gallo” como dicen acá, en referencia al partido político del actual presidente de Colombia: “ No joda, el CD es el partido de las tres mentiras porque ni es partido, tampoco es de centro y mucho menos es democrático; es la voz autoritaria de Uribe…”

Con el triunfo en 2018 de Iván Duque, fiel representante del uribismo y con la abierta decisión de “hacer trizas el Acuerdo de Paz”1, rápidamente se encendieron las alarmas en el seno del movimiento social en todo el país. La memoria viva de las décadas recientes, esa memoria de quienes han nacido, crecido y sobrevivido a la guerra en todo Colombia, no estaba equivocada en leer el destino próximo que se avecinaba; cual campesinos en víspera de siembra que avizoran en las cabañuelas del cielo, se pronosticó una sequía prolongada para el cultivo de la Paz.

El proyecto PACIFISTA!, medio de información alternativo enfocado en contenidos sobre los derechos humanos y la construcción de paz en Colombia, ha hecho esa tediosa,valiosa y nada sencilla tarea de dar seguimiento al asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP que se acogieron a los Acuerdos; lo viene haciendo juiciosamente desde el 1 de diciembre de 2016 fecha en que entró en vigor el tercer momento importante de los mismos, su implementación, es decir, dar paso a su materialización, hacer que la palabra firmada se hiciera realidad para todo el pueblo colombiano. Así, PACIFISTA! afirma que, paradójicamente, al día de hoy, suman 293 los colombianos y colombianas que en el contexto de la implementación de los Acuerdos de Paz, han perdido la vida en este nueva era que prometía garantizar la vida y la felicidad.2

3.- La otra pandemia en Colombia

El 25 de marzo del presente año, marcó el inicio del confinamiento obligatorio en Colombia y sus efectos represivos ya han sido denunciados por víctimas de atropellos por parte de las fuerzas del Estado en plena cuarentena. Dos ejemplos bastan para evidenciar que las salidas autoritarias para enfrentar la pandemia resultan mal para los mismos de siempre, sobre todo en lugares del mundo donde la violencia estatal ha sido documentada. El caso del operativo de desalojo en Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar en la capital de país3, cinturón de miseria de la Nevera, como se le conoce popularmente a Bogotá, es sólo una muestra de las dramáticas historias de familias de escasos recursos que en plena contingencia sanitaria son desalojadas de sus viviendas; hechos que se replican en otros lugares de la capital. Y el caso denunciado de racismo registrado en el municipio de Puerto Tejada cerca de la ciudad de Cali, donde Anderson Arboleda, afrodescendiente de 24 años de edad, falleció el 22 de mayo luego de una brutal golpiza, a manos de la policía, por incumplir el confinamiento4.

La pandemia por el Coronavirus y la serie de decretos oficiales de cuarentena obligatoria emitidos por el gobierno de Colombia no han sido obstáculo para que los agravios en contra de la vida de mujeres y hombres que representan liderazgos sociales a lo largo y ancho de Colombia continúen perpetrándose. Por el contrario, las denuncias de amenazas y hechos de sangre demuestran que, dentro de este confinamiento obligatorio, las y los líderes sociales así como [email protected] defensor@s de derechos humanos se encuentran hoy más vulnerables a las agresiones en sus territorios por parte de nuevas formas de paramilitarismo – estructuras que siempre son negadas por el gobierno de Duque. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante el confinamiento obligatorio, han sido asesinados y asesinadas: 49 líderes sociales y [email protected] de derechos humanos, 5 familiares de líderes sociales y [email protected] de derechos humanos; y 6 excombatientes de las FARC-EP.5

Desde antes de la coyuntura en torno al Covid 19, el gobierno colombiano venía negando la sistematicidad de los asesinatos en mención, declarando que no existe un patrón a seguir que pueda dar cuenta de un exterminio de líderes sociales en curso, la Ministra del Interior, Alicia Arango, interpelada por esta situación, se atrevió a señalar que en Colombia morían más gentes por robo de celular que defensores de derechos humanos.6

No obstante, un informe publicado en octubre de 2018 en Bogotá por el CINEP y el IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia, entre otros organismos de derechos humanos7, concluye que “las víctimas presentan unas características comunes determinadas por sus cualidades y sus luchas” (CINEP, et. al., 2018:210) además de que “en general, las víctimas de violaciones al derecho a la vida llevaban a cabo ejercicios de poder contra-hegemónico en el ámbito local que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de grupos económicos, empresas o personas que son consideradas por el Estado y la sociedad como inscritos en la legalidad.”(Ídem:211)

4.- Edwin Acosta, asesinado durante el confinamiento obligatorio por defender la Vida y el Territorio

El pasado 26 de mayo, Edwin Emiro Acosta Ochoa, líder social y agrominero del Sur del Departamento de Bolívar, fue asesinado en su domicilio frente a su familia cuando cumplía la cuarentena en el municipio de Tiquisio. A su hogar, en el corregimiento de Mina Seca, tres paramilitares llegaron preguntando por él y abrieron fuego sobre el miembro de la Asociación Agrominera de Tiquisio y accionista de la Sociedad de Economía Mixta Ambiental Agropecuaria y Minera (SEMAAM). Al igual que Campeón, Edwin Acosta pensaba colectivamente y era parte de un proceso organizativo en territorio, de esos donde se enfrenta concretamente el modelo minero energético hegemónico, tal como lo señala el informe del CINEP antes citado; su Asociación y SEMAAM también forman parte de la CISBCSC. Cuál Crónica de una muerte anunciada, la SEMAAN venía denunciando, mucho antes del suceso, la presencia de grupos paramilitares en su territorio amedrentando y reclutando jóvenes de sus comunidades frente a la complacencia del Ejército Colombiano que también hace presencia en su territorio. Mientras se escribe este texto las denuncias continúan llegando no sólo de Tiquisio, sino de otros proceso colectivos que forman parte de la CISBCSC.8

La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC), es un entramado de procesos organizativos que, cual chinchorro, tejen una red que desafía la realidad trágica que ha querido imponer el régimen económico neoliberal hegemónico. Entre sus pilares como organización se encuentran: el derecho a la vida digna y a la permanencia en el territorio; plantear la recuperación y el fortalecimiento de la economía campesina. La organización ha enfrentado directamente la megaminería, los monocultivos de palma aceitera (africana), la ganadería extensiva, el fracking y proyectos de infraestructura que privilegian el tránsito de mercancías por sobre el Río Magdalena y el complejo cenagoso de la región; también, ha reivindicado las identidades culturales como pescadores, agromineros, campesinos, afrodescendientes y la defensa y exigencia de sus derechos humanos. Su propósito inicial en el sur del departamento de Bolívar, se extendió al centro y sur del Cesar y hoy también congrega a organizaciones de familias pescadoras y campesinas ubicadas en municipios al sur de Magdalena y al sur del departamento de Norte de Santander. “Al paso que vamos tendremos que llamarla Comisión de los Sures”, dicen en las asambleas sus integrantes en alusión a este hecho. Todos estos procesos conviven y habitan un territorio que trasciende las fronteras jurisdiccionales trazadas por el estado colombiano y poseen una cultura compartida en un sancocho de identidades en lo que se denomina la región del Magdalena Medio.

Alfredo Molano Bravo, fue un intelectual que dedicó su vida a caminar las trochas campesinas recuperando la voz de protagonistas de experiencias concretas como las que describimos aquí y logró construir una de las mejores crónicas del Conflicto Armado en Colombia. En un reciente conversatorio virtual en su memoria, organizado por el departamento de Sociología de la Universidad Nacional, Gloria Inés Restrepo nos recordaba las herencias que él nos legó a quienes creemos que la sociología debe comprometerse y tomar partido como acto ético, estar al lado de los personajes que no hacen parte del Establecimiento, narrar esas pequeñas grandes historias de la gente que queda en el anonimato9. En medio de la avalancha de información que hoy satura nuestros dispositivos móviles y medios masivos de comunicación, se requiere una máquina contra el olvido como la de Cien años de soledad. Es urgente alzar la voz fuerte y contundente en torno a la doble invisibilización de la otra pandemia de Colombia, más añeja y con secuelas en la vida comunitaria de muchas más personas. Ninguna de estas muertes es aislada, tenemos que sacar del frío conteo estadístico esas historias que luchan por la vida en medio de la muerte; he aquí un humilde homenaje a Edwin Acosta, Nestor Martínez, los liberadores y liberadoras de la Madre Tierra en el Cauca y los cientos de víctimas de este genocidio en ciernes.

1 NoticiasUnoColombia] (2017, Mayo 7), Fernando Londoño y Alejandro Ordóñez prometen volver trizas el acuerdo de paz [archivo de video) recuperado de https://youtu.be/vIRJK2d84-8

2 PACIFISTA!(2020). #NiUnMuertoMás. Colombia. Recuperado de https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/

3 Colombia Informa (2020).Altos de la Estancia: los desalojos no se detienen con la pandemia. Colombia. Recuperado de http://www.colombiainforma.info/altos-de-la-estancia-los-desalojos-no-se-detienen-con-la-pandemia/

4 BBC Mundo (2020). Anderson Arboleda: la muerte de un joven negro tras una presunta golpiza policial que desató un debate sobre el racismo en Colombia. Noticias América Latina. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52914249

5 Indepaz(2020) #PazAlLiderazgoSocial. Registro permanente desde el 1 de enero de 2020. Colombia. Recuperado de http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/

6 RT en Español (2020) “»Mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de DD.HH.»: La insólita comparación de la ministra de Interior de Colombia”. Recuperado de https://actualidad.rt.com/actualidad/344864-mueren-personas-robo-celulares-defensores

7 CINEP, IERPI-UN, et. al. (2018) ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuetrdo. Bogotá, Recuperado de https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/cuales-son-los-patrones-asesinatos-de-lideres-sociales-en-el-post-acuerdo/

8[1]CISBCSC(2020) “Acción urgente: inminente riesgo de masacre y desplazamiento masivo”. Comunicado de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, archivo PDF circulado por redes sociales, 2 de junio. Colombia.

9[1]Departamento de Sociología (2020) “Homenaje a Alfredo Molano Bravo”. Universidad Nacional de Colombia , Conversatorio virtual por Facebook Live, recuperado de https://www.facebook.com/DepartamentodeSociologiaUNAL/videos/305090303988322/

* Maestro en Desarrollo Rural, mexicano radicado en Colombia

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En repudio al racismo, miles de personas marcharon ayer en el centro de Atlanta convocadas por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color.Foto Ap

Cae el orgullo de ser estadunidense, según sondeo // Forense determina que el caso de Brooks fue homicidio

 

Nueva York. Comienza la cuarta semana de protestas por la violencia racista oficial en Estados Unidos nutrida por más casos de abusos de fuerza policiaca, lo que ha profundizado el debate sobre reformas y ha creado una emergente crisis dentro de las filas de seguridad pública, mientras –entre la pandemia del Covid-19 y la pandemia del racismo– los estadunidenses ya no están tan orgullosos de su país.

La jefa de la policía de Atlanta, Erika Shields –una reformadora–, entregó su renuncia horas después de que uno de sus policías asesinó a Rayshard Brooks, otro afroestadunidense, el viernes pasado. El servicio forense del condado donde se ubica esa ciudad determinó la noche del domingo que la muerte de Brooks fue homicidio causado por dos balazos que policías blancos le dieron por la espalda. El lunes, la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, anunció una serie de reformas inmediatas sobre el uso de fuerza por policías.

Mientras, la Casa Blanca dejó saber que el presidente Donald Trump firmará una orden ejecutiva, posiblemente hoy, sobre el tema de abuso policiaco, pero reiterando su apoyo a "la ley y el orden", aunque obviamente procediendo bajo presión de la opinión pública que de manera mayoritaria apoya el grito masivo en las calles.

Por su parte, legisladores demócratas se preparan para aprobar en la Cámara de Representantes –donde tienen mayoría– un proyecto de ley que incluye una serie de reformas a la conducta policiaca, entre ellas mayor rendimiento de cuentas, pero es improbable que prospere en el Senado, bajo control republicano, y menos que sea promulgado en ley por el presidente.

El casi abanderado demócrata para la presidencia, Joe Biden, se encuentra bajo presión para anunciar propuestas más ambiciosas que su sugerencia de incrementar –justo contrario a una de las demandas de los manifestantes– el gasto federal para la policía por 300 millones de dólares para impulsar mayores controles.

En Nueva York, el comisionado de policía, Dermot Shea, anunció de manera sorpresiva que la unidad anticrimen violento compuesta por unos 600 agentes de policía y responsable de la mayoría de casos de uso de fuerza letal, será desmantelada.

Estas son sólo algunas de las promesas de reforma en respuesta a la ola de protestas que siguen sacudiendo al país, pero líderes de derechos civiles, historiadores y diversos protagonistas de este movimiento critican que este debate sobre reformas no es nuevo ni suficiente.

Como para ilustrar eso, en las últimas semanas y meses, jefes de varios departamentos de policía han sido despedidos o han renunciado, entre ellos, hace hace unos días, el de Louisville, Kentucky; y, en los últimos meses, en Chicago y Baltimore, entre otros, adonde llegaron para reformar esos departamentos después de severos abusos de fuerza e impunidad.

A su vez, algunos policías señalan que a veces ellos son los chivos expiatorios de los políticos que giran las órdenes que ellos cumplen, sólo para después ser acusados de abusos. “No nos traten como animales… Los legisladores nos han abandonado”, chilló Pat Lynch, jefe del gremio de policías en Nueva York hace unos días.

Ante esto, está creciendo el coro entre manifestantes con la nueva consigna de "desfinanciar a la policía" o hasta abolir los departamentos de policía para sustituirlos con otro tipo de protección de seguridad pública.

El concejo municipal de Minneapolis ya aprobó la medida de disolver su departamento de policía y en otras ciudades, incluidas Nueva York y Los Ángeles, se está contemplando reducir los presupuestos de la policía y trasladar esos fondos a programas sociales.

Críticos han señalado que esos presupuestos se han multiplicado en años recientes, junto con el sistema penal que encarcela a más gente que cualquier otro país del mundo, que se ha militarizado la policía con la compra de equipo de guerra y estrategias de "ocupación" de comunidades, mucho de ello justificado en las últimas dos décadas como parte de la lucha antiterrorista, y antes de eso como parte de la "guerra" contra las drogas.

El presupuesto del departamento de policía de Nueva York es de 6 mil millones de dólares, lo cual lo colocaría como el número 33 de los gastadores militares en el planeta, calculó Public Citizen.

A la vez, algunos están subrayando que la violencia policiaca es sólo una expresión del racismo sistémico en Estados Unidos, y que una solución tiene que abordar la violencia de las injusticias económicas y sociales contra minorías que prevalecen en el país.

“Nunca hemos sido testigos de manifestaciones sostenidas de estas dimensiones y tan diversas… eso es lo que le está dando mucha esperanza a la gente. Antes, muchos, en respuesta a la consigna ‘las vidas negras valen’, preguntaban ‘¿no deberíamos decir que todas las vidas valen?’ Pero finalmente están entendiendo que mientras la gente afroestadunidense es tratada de esta manera, mientras continúe la violencia del racismo tal como está, entonces nadie está seguro”, comentó la veterana luchadora de liberación afroestadunidense y derechos civiles Angela Davis en entrevista con The Guardian.

Quizá por todo esto, el "orgullo nacional" de los estadunidenses se desplomó a su nivel más bajo. Según la encuesta de Gallup, el nivel de orgullo de ser estadunidense sufrió un declive de 7 puntos a sólo un 63 por ciento comparado con el año pasado, para llegar a su nivel más bajo desde que la encuestadora empezó a registrar esta opinión en 2001.

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Sandra Cartasso

Valeria Carbone, especialista en estudios sobre la sociedad norteamericana

La historiadora explica las causas detrás del asesinato de George Floyd, repasa los acontecimientos que le sucedieron y analiza las contradicciones de la supuesta democracia norteamericana. El racismo estructural y sus desigualdades.

 

El 25 de mayo último George Floyd fue asesinado en el vecindario de Powderhorn, en la ciudad de Mineápolis, Minesota, Estados Unidos, a manos de un agente policial. En diálogo con Página/12, Valeria Carbone --historiadora, secretaria de redacción de la revista “Huellas de Estados Unidos: Estudios, perspectivas y debates desde América Latina” y autora de “Una historia del movimiento negro estadounidense en la era posderechos civiles (1968-1988)”--, analiza los últimos hechos en un país desigual, signado por la violencia institucional.

--En estos días fue George Floyd en Mineápolis, Minesota, como en 2014 fue Michael Brown en Ferguson, Missouri, y la lista sigue. ¿Cuánto de estructural y cíclico hay en estos sucesos de violencia policial?

--Lo que estamos viendo es bronca; no es solamente un reclamo, es bronca y frustración contenida. Es darse cuenta de que a pesar de que se salga a la calle, hay cosas que no van a cambiar. Creo que se combinan un montón de cuestiones diferentes; no hay cuestiones monocausales. Hay aspectos que tienen que ver con la sociedad norteamericana, que tiene un problema de racismo estructural innegable y un problema enorme de brutalidad y violencia policial. Ésta se ha visto acentuada en las últimas dos décadas, producto también de cuestiones contextuales que tienen que ver los ataques terroristas a las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Ahí vimos una innegable militarización de las fuerzas de seguridad. Vemos a la policía en las calles con un nivel de militarización que no se condice con las protestas domésticas. Luego, si uno se remite a las protestas de la década del ‘60 y piensa en la reacción de la policía en ese momento, claramente la cosa no cambió. Hay un comportamiento estructural que tiene que ver con que la protesta social es en sí misma una manifestación en contra de cómo funciona un sistema. En estos momentos particulares vemos una suerte de conjunción o de convergencia de un episodio de violencia policial, con un alto componente de racismo, en un contexto de crisis económica y pandemia en donde además la gente que se manifiesta por cuestiones clasistas.

--¿Por qué clasistas?

--Porque lo de George Floyd no es solamente un problema racial. Se origina por la detención de un hombre que además de tener una determinada identidad racial tenía una determinada identidad de clase. Todo empieza porque supuestamente él trato de hacer pasar un billete de veinte dólares falso en un comercio. Y entonces surgen un montón de preguntas. Primero, si lo hizo sabiendo, pudo haber sido porque probablemente fuera el único dinero que tenía; segundo, la reacción del comerciante de llamar a la policía en vez de pedirle otro billete... Lo mismo sucede con la percepción de los saqueos y la violencia, que suceden en un contexto de crisis económica y de pandemia en la cual la gente no tiene trabajo, en donde los índices de desempleo aumentaron el doble en un mes, y en donde además la gente que se ve más afectada por el desempleo es al mismo tiempo la gente que ha estado más expuesta a la pandemia. Son los mismos colectivos de siempre, los afroestadounidenses y los latinos, que son los que siguen sosteniendo la economía. Entonces se genera un caldo de cultivo en el que estas protestas son cíclicas, porque esto pasa también cíclicamente, y explotó en un momento en el cual los episodios de violencia policial hacia los afroestadounidenses se venían sucediendo y viralizando.

--El Departamento de Seguridad Pública de Minnesota calificó a las protestas como una situación de “guerra urbana”. ¿Hay una intención de militarizar la crisis? ¿Es una manera de justificar políticas represivas y al mismo tiempo apuntalar a Donald Trump, a tan poco de las elecciones generales?

--Esto también es histórico. Si uno observa la década del ’60 --la referencia más clásica y que está surgiendo mucho en los medios--, esta forma de estigmatizar la protesta social cuando se torna violenta no es solamente en este caso particular. Es un clásico. Es una excusa para reprimir, por eso también el gobierno apela mucho a esta caracterización de la violencia. En este caso lo que se está viendo --sobre todo los últimos días, y acá es muy interesante también el rol que juegan las redes sociales--, es una narrativa particular. Ciertos medios masivos de comunicación ponen la lente en un solo lugar. Y cuando analizamos quién origina esa violencia vemos que es más complicado. Lo que se observa es que hay momentos en los cuales las protestas se tornan muy violentas pero, ¿por qué? Porque la policía lo incita, porque también las instituciones necesitan de esa narrativa.

--De alguna manera la política plantea y recurre a un círculo vicioso...

--Si el motivo de las protestas es la violencia policial, y la policía sigue respondiendo con represión, si los políticos se paran desde un lugar en el que aparentemente no pueden solucionar nada, a pesar de que son quienes dan las órdenes a la policía, ¿cómo se frena esto? Si en el contexto de protestas contra la violencia institucional y brutalidad policial las instituciones responden con violencia y brutalidad policial estamos en un círculo del que no podemos salir. A todo esto se suma un presidente como Donald Trump, que tiene un discurso incendiario, violento, y que apunta a que la respuesta a la protesta por represión y brutalidad policial sea más violencia y brutalidad policial.

--¿Cambió algo a partir de la presidencia de Barack Obama?

--Más allá de lo que uno pueda analizar del gobierno de Obama en cuestiones económicas y política exterior, la presidencia de Obama tuvo un impacto cultural como no había tenido ninguna otra presidencia por lo menos del siglo xx, del siglo XXI incluso, pero también me parece que pone la solución de un problema en un lugar complicado. Le estamos poniendo el problema de la solución del racismo a la víctima y no al victimario; ¿por qué pensamos que un presidente negro va a llegar a la Casa Blanca y que eso ya me va a implicar una solución, cuando los 43 presidentes anteriores no hicieron sino reforzar ese problema de racismo estructural? Algo semejante sucede ahora. Estamos poniendo el problema de la solución en los activistas o los militantes, suponiendo que tienen que ser pacíficos, en lugar de ver de dónde surge la violencia original. Es un clásico tornar el victimario en víctima y la víctima en victimario. Andrew Mark Cuomo, el gobernador de Nueva York y la estrella más reciente de la política norteamericana, días atrás decía que él estaba de acuerdo con las protestas, que el movimiento Black Lives Matter y que la gente que se está manifestando tienen razón en protestar.

--¿Pero?

--Pero quien tiene la prerrogativa para para hacer algo en función de las protestas y de lo que pasa a nivel de racismo estructural y de la militarización de las calles es el gobernador del Estado. Incluso, en el caso puntual de Nueva York, de resolver, en lugar de reforzar, lo que ha sucedido con el sistema del denominado complejo industrial carcelario, en el cual los afroestadounidenses y latinos tienen una proporción muchísimo mayor de terminar presos que otros sectores por el mismo delito. ¿Entonces, qué rol tienen los políticos, que hoy parece que se ponen por arriba? Y esto atraviesa a demócratas y republicanos. Parece que aceptan que hay un problema estructural pero la posición mayoritaria es que la situación es muy difícil de modificar. En este sentido, ¿qué puede hacer el colectivo afroestadounidense? Dicen que ya intentaron todo, que intentaron arrodillarse en los partidos de fútbol americano, intentaron componiendo canciones de rap, se pusieron remeras con hashtags, protestaron en forma pacífica... ¿Qué queda por hacer?

--¿Por qué habla de “racismo estructural”?

--Porque en Estados Unidos el racismo estructural es una forma de organización social. Ser negro en Estados Unidos está dado por un conjunto de estructuras sociales y económicas de subordinación racionalizadas y justificadas por una ideología de supremacía de la raza blanca. Históricamente, el significado de la realidad concreta de la raza fue un producto de la dominación de clase; al mismo tiempo que se inventa la raza blanca dominante se inventa la raza negra dominada; una no puede existir sin la otra. Pero al mismo tiempo, retomando una frase de un historiador norteamericano, para los afroestadounidenses la raza pasó a ser un lugar de resistencia. Creo que la sociedad se piensa en términos raciales, donde hay una raza blanca y una negra, y que fue eso lo que estructuró la sociedad no solamente en el período de la esclavitud sino en el período de la segregación racial, de una época de la que no estamos muy lejos. El período de la esclavitud fue seguido de un período de segregación racial. Entonces lo que vemos es que el sistema se reinventó a sí mismo, porque la idea es sostener esto, es que sobreviva a pesar de los cambios del sistema, porque probablemente las leyes no pueden fácilmente modificar comportamientos que están arraigados desde lo cultural. Después del fin legal de la segregación racial, mucha gente, e incluso muchos liberales y progresistas, se preguntaban en relación a la población afroestadounidense: “¿y ahora qué más quieren? Si ya tienen el derecho al voto, bueno, vayan y voten”. ¿Pero esto se solucionar con una votación?

--Y más a la luz de los candidatos presidenciales en vísperas de las elecciones de noviembre próximo...

--Joe Biden, el candidato demócrata, no necesariamente se ha caracterizado por ser una persona progresista. En la década del ‘60 se opuso a la integración educativa y a la integración racial en las escuelas. El mismo que hace unos días declaró que había que tirarles a las piernas... Además de todo esto, desde 1913 se están sancionando leyes que expresamente dificultan el ejercicio del derecho al voto y cuyas disposiciones atentan mayormente contra colectivos de minorías étnicas, raciales y de clase. Para votar en Texas, por ejemplo, antes alcanzaba con presentar el registro de conducir. Ahora es necesario sacar una tarjeta de identificación especial para votar; pero esa tarjeta se tramita en una ciudad que está a cinco horas de tu casa porque no hay otro centro para hacerlo; como si fuera poco, para sacarla hay pagar 200 dólares. Sí, votar podés, pero te meten estas disposiciones y entonces se entrecruza todo. Es un sistema que te da y te quita al mismo tiempo.

--Una de las hijas de George Floyd publicó en redes sociales que su padre había cambiado el mundo. ¿Cree que algo se modificará a partir de ahora?

--Estos hechos son cíclicos y recurrentes pero eso no significa que la protesta social no pueda cambiar las cosas. De hecho me parece que la situación en la que estamos ahora y el estallido también tienen que ver con eso. Esto es un detonante; no es otra cosa. Es un detonante de una cuestión cíclica, histórica, que tiene cuestiones estructurales detrás. Y creo que son estos momentos de quiebres en la historia los que marcan un cambio, que van a marcar un cambio. No creo que las cosas vayan a cambiar radicalmente pero hubo otros momentos en los cuales procesos de movilización extensos han cambiado las cosas. El Movimiento por los Derechos Civiles, por ejemplo. Entonces me parece que la protesta social es lo que hace cambiar el proceso histórico, más que las instituciones, porque es la gente la que demanda un cambio institucional en este caso. Y me parece que las cosas van a cambiar en tanto y en cuanto sigamos aceptando la validez de estas protestas. Me parece que los movimientos sociales existen para controlar a las instituciones y para exigirles a esas mismas instituciones que sigan sus procesos de cambio y de expansión de derechos. La historia de los negros en los Estados Unidos es una historia de lucha y resistencia; si no fuese por la lucha sostenida de este colectivo nada hubiese cambiado.

--En Estados Unidos, al igual que en muchos otros países, las minorías sufren el coronavirus de forma particular: tienen más probabilidades de perder su trabajo, más probabilidades de infectarse y un desarrollo más grave de la enfermedad. ¿Por qué?

--De alguna manera estamos hablando de lo mismo. Tenemos el dato y sabemos que son los más afectados por la pandemia y por la crisis económica. Ahora, ¿por qué? No es que se enfermen o se mueran más porque sean más biológicamente proclives sino que hay una cuestión de clase en el medio que los hace más proclives, porque son los que siguieron sosteniendo la economía, porque son las personas más empleadas en el sector servicios --y acá no solamente hablo de los afroestadounidenses sino también de los latinos en Estados Unidos, que son también los primeros en ser despedidos en cualquier escala jerárquica laboral. Y ahí me parece que hay una cuestión de clase y hay que empezar a preguntarse cómo se entrecruza todo esto. Hay que empezar a pensar el rol de las mujeres afroestadounidenses, que son las más afectadas en todo esto. Las mujeres afroestadounidenses representan uno de los sectores más empleados en el sector salud; un componente enorme de las enfermeras que trabajan en el sector salud pertenece a este grupo poblacional. Son los que están más expuestos porque son los que siguieron trabajando, porque los sectores en los cuales desempeñan sus funciones fueron los más afectados por la cuarentena y la pandemia. Y además tenemos estos polos explosivos de enfermedad, que son las cárceles, en donde los afroestadounidenses y los latinos son una amplia mayoría en relación a los índices poblacionales en general. Lo que hace de Floyd un caso particular es que, además, compendiaba un montón de estos problemas. Hace poco, cuando le hicieron la autopsia, se conoció que él además se había infectado de coronavirus antes de ser asesinado. Floyd es un símbolo de todo esto; una persona con problemas de empleo, que le había pasado algo particular por su situación de clase, que además había estado enferma, y que sufrió lo que sufren muchos afroestadounidenses en la calle. Y que los afroestadounidenses de clase baja también son más proclives a tener estos problemas, pero no quita que haya afroestadounidenses de otras clases sociales que no les pase esto. Creo que lo que está pasando ahora en Estados Unidos es que están explotando otra vez todas las contradicciones de la supuesta democracia norteamericana.

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Domingo, 14 Junio 2020 06:33

La revuelta contra el Estado policial

Pintada en la Avenida 16, en las inmediaciones de la Casa Blanca, Washington DC / Foto: Afp, Tasos Katopodis

Reducir la Policía, el reclamo de las protestas estadounidenses.

Por más de dos décadas Estados Unidos multiplicó sus “fuerzas del orden”, las dotó de equipo militar y dio respuesta policíaca a casi cualquier problema social. Ahora, la combinación explosiva de pandemia, desempleo, racismo y brutalidad represiva reabre el debate sobre la reforma de la seguridad.

 

Desde Washington

La muerte de afroamericanos a manos de agentes policiales es un hecho repetido en Estados Unidos, y los juicios habitualmente concluyen con la exoneración de los encausados. Por ello, muchos de los participantes de la revuelta que por estos días estremece el país se mantienen enfocados en el enjuiciamiento de los cuatro policías involucrados en la muerte de George Floyd.

Pero la masificación inédita de las protestas ha instalado el debate sobre propuestas más generales y, en cierto modo, más radicales, que van desde la desfinanciación hasta la abolición de la Policía. Quienes proponen la abolición promueven una idea casi sin antecedentes y sin muchos detalles prácticos, que ahora es utilizada por Donald Trump para proclamar que los “extremistas” dejarán el país en manos de la delincuencia irrestricta.

La desfinanciación es una propuesta más detallada y consiste, básicamente, en reasignar los recursos que ahora se vuelcan en la Policía a distintos servicios sociales, para que se encarguen de problemas en los que la Policía no debería estar involucrada y, frecuentemente, sí lo está. Ese es muchas veces el caso de la delincuencia juvenil, la violencia doméstica y la drogadicción. Un fortalecimiento de los servicios de asistentes sociales, consejería psicológica, intervención en conflictos, tratamiento de los drogadictos, construcción de refugios y facilidades para adquirir viviendas quitaría a la Policía de situaciones en las que la prevención es más necesaria que la represión.

El reclamo ha sido recogido esta semana por el Consejo Municipal de Mineápolis, que el domingo 7 prometió desmantelar el actual Departamento de Policía de la ciudad. El alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio, se oponía hasta la semana pasada a considerar un redireccionamiento de los fondos de los uniformados bajo su mando. Tras la permanencia de las protestas en la calle, anunció que, pensándolo bien, ahora sí está dispuesto a hacerlo. Algo similar dijo a comienzos de mes su par de Los Ángeles, Eric Garcetti, que prometió un recorte de 150 millones de dólares al gasto policial de su ciudad.

LA POLICIALIZACIÓN. 

En Estados Unidos hay casi 18 mil agencias policiales. Desde la del municipio o condado hasta las de cada uno de los 50 estados, más distritos federales y otros territorios, más las federales, como el conocido Buró Federal de Investigaciones (Fbi), y los contingentes policiales que trabajan para una maraña de agencias del gobierno federal.

Desde los ataques terroristas en setiembre de 2001, la policialización de la sociedad estadounidense ha crecido a razón de unos 2.500 agentes añadidos cada año. Tan sólo del lado civil del gobierno federal hay unos 132 mil agentes policiales, mientras que las unidades de investigación y Policía militar incluyen unos 2 mil agentes en la fuerza aérea, 1.200 en la Policía naval, 900 agentes en la división criminal del Ejército y más 40 mil miembros de la Guardia Costera, una fuerza que opera como Policía en los ríos, lagos y océanos del país.

A todo ello puede sumarse la multiplicación y presencia ubicua de las cámaras de seguridad, que nos vigilan a todos en sitios públicos y de otros. Y la proliferación de los vigilantes privados, que, con uniformes parapoliciales, custodian los bancos, tiendas, centros comerciales, escuelas y universidades, y los que sin uniforme sirven de guardaespaldas armados de quienes pueden pagarlos.

LA MILICALIZACIÓN DE LA POLICIALIZACIÓN. 

En 1990 el Congreso aprobó el Programa 1033 del Departamento de Defensa. El Pentágono ha distribuido a través de él y entre las Policías de todo el país excedentes de equipos militares que incluyen tanquetas blindadas, transportes de personal diseñados y fabricados para resistir minas en Afganistán o Irak, fusiles de asalto, uniformes y cascos de combate, y millones de balas.

Entre 1997 y 2014 –fechas de los datos disponibles más recientes– el Pentágono distribuyó pertrechos por 5.100 millones de dólares a unas 8 mil agencias policiales. Casi un tercio de los equipos era material nuevo, y el ramo de transferencia más común fue la munición. Hasta setiembre de 2014 las Policías de más de 20 distritos escolares habían recibido material militar mediante el Programa 1033.

Casi dos décadas de intervenciones continuadas en Afganistán, Irak y otros escenarios en todo el planeta han dejado 2,7 millones de veteranos y veteranas de guerra. Muchos de ellos, al retornar a Estados Unidos, a veces después de varias asignaciones en teatros bélicos, hallan empleo en las agencias policiales o en las compañías de vigilancia privadas. Y algunos pocos encuentran su hogar en las milicias de supremacía blanca, o entre los paramilitares que se aprestan para sobrevivir al colapso de la civilización.

Estos ingredientes han sazonado la labor de la Policía en Estados Unidos y la han hecho propensa al uso de la fuerza excesiva, al despliegue de armamento, chalecos antibala, cascos, y guantes y rodilleras de combate. Las comisarías se han convertido en minifortalezas rodeadas de muros, y dentro de ellas los agentes, apartados de la comunidad, aguardan la llamada para salir en incursión por los barrios donde ellos no viven y donde la población los ve como extraños.

COPSDurante los últimos 32 años, una de las series de más alta audiencia televisiva en Estados Unidos ha sido Cops. Esta semana, cuando apenas se han apagado las fogatas y millones de estadounidenses claman por cambios radicales en la Policía, Paramount anunció que no reanudará el show, como estaba programado para el 15 de junio.

 

Cops y sus imitaciones han mostrado miles de intervenciones policiales en casos de drogas, violencia doméstica, robos, prostitución, tráfico humano, homicidios y todo tipo de malandrería. Los agentes policiales, con bala en la recámara de pistolas y fusiles, revientan puertas y ventanas, irrumpen en residencias de sospechosos, esposan gente, apabullan y arrastran o golpean a los detenidos, particularmente de noche y en medio de ladridos de perros policía.

Como, en general, la criminalidad de los pobres coincide con que estos son en su mayoría negros o latinos, las escenas del reality show abundan en redadas, allanamientos y capturas de negros o latinos, sin que poco o nunca se vea a los estafadores, a los financistas que vacían cajas de ahorro, a los inversionistas de malabarismos bancarios o a los ejecutivos de empresas que las han llevado a la bancarrota.

La cadena Fox, que en años recientes se ha convertido en una máquina de propaganda del presidente, Donald Trump, inicia cada noche su informativo con cuatro o cinco noticias de crímenes que, sorpresa, habitualmente ocurren en los “barrios malos” y entre “gente de color”. Arraigada en el racismo de siglos y regada con la abundancia de estas escenas, en la mente de los estadounidenses que no viven en esos barrios se ha nutrido la asociación entre “negro” o “latino” y “crimen”, acompañada por la noción de que contra esos “elementos” se justifica el uso de una fuerza policial abrumadora, estremecedora, aplastante.

CRIMEN Y CASTIGO. 

Los índices de delitos contra la propiedad en Estados Unidos han estado disminuyendo desde 1990, al igual que la tasa de homicidios cometidos por afroamericanos. Pero desde 1971, cuando el entonces presidente, Richard Nixon, lanzó una “guerra contra las drogas”, la población de cárceles y prisiones federales, estatales y de condado subió de unas 400 mil personas a más de 2,3 millones.

Con el 5 por ciento de la población mundial, Estados Unidos tiene ahora el 25 por ciento de la población carcelaria mundial. A esto ha contribuido un fenómeno complementario al crecimiento y expansión de la Policía: las leyes sobre sentencias y el funcionamiento de los tribunales. Desde 1993, un número creciente de estados ha adoptado leyes que estipulan sentencias mínimas identificadas por la expresión “three strikes you’re out”, que viene del béisbol y significa más o menos “la tercera es la vencida”. Bajo estas leyes, los jueces están obligados a imponer las penas máximas a quienes reincidan tres veces en delitos similares, aun cuando se trate de delitos no violentos. Una de cada cinco personas tras las rejas está allí por delitos de droga no violentos.

En Estados Unidos, cuando una persona es detenida, la fiscalía habitualmente la encausa por más de un delito, desde los menores hasta los de más gravedad que puedan encontrarse. Con los tribunales sobrecargados de trabajo, los encausados que son más pobres y no pueden pagar una defensa eficaz en general reciben el consejo de la defensoría de oficio de que se declaren culpables del delito que acarrea la sentencia más baja. Cumplida la sentencia, miles, millones de personas –¡oh, sorpresa!, en su mayoría negros, latinos y pobres– salen de prisión con las lecciones que allí se aprenden y con un historial criminal que saldrá a luz cuando luego busquen empleo.

Los blancos son el 64 por ciento de la población de Estados Unidos, pero son el 30 por ciento de los reclusos en cárceles y prisiones. Los negros son el 12 por ciento de los estadounidenses y los latinos, el 16, pero son el 33 y el 23 por ciento de los enrejados, respectivamente.

COYUNTURA. 

La pandemia de covid-19, el índice de desempleo más alto desde la Gran Depresión de la década de 1930 y la muerte de un afroamericano bajo la rodilla de un policía blanco levantaron en todo el país protestas sin precedentes. No sólo por el número de manifestantes, sino por la concurrencia masiva de latinos y blancos a lo que, hasta ahora, había sido mayormente una queja de los negros.

La revuelta ha estremecido al Estado policial, especialmente después de que Trump sacó a la calle contingentes sin identificación de sus unidades y destacamentos de la Guardia Nacional y el Ejército federal. Las protestas han llevado a las autoridades de varias ciudades y estados a prohibir, de inmediato, el uso del chokehold, una técnica que consiste en el estrangulamiento controlado del detenido, que le impide respirar y, según como se aplique, también obstruye el flujo de sangre al cerebro.

La crisis también ha puesto en el debate nacional el papel que desempeñan los gremios de policías, cuyos contratos estipulan que los prontuarios de agentes que cometan infracciones se mantengan reservados. De esa manera, los abusadores siguen empleados o, en ausencia de un registro nacional de antecedentes, los despedidos de una agencia policial pueden encontrar empleo en otras.

Los gremios y la Orden Fraternal de la Policía –una especie de cofradía que es la mayor asociación de agentes policiales del mundo– defienden, además, la noción de “inmunidad calificada”. Básicamente, esta es una doctrina legal en la que tú no puedes demandar a un agente por comportamiento irregular, a menos que otro tribunal de la misma zona del país haya tratado un caso estrictamente idéntico al tuyo y haya dictaminado que la acción policial fue ilegal.

El jefe de la Policía de Mineápolis, Medaria Arradondo, en línea con lo prometido por el Consejo Municipal, anunció este miércoles 10 la cancelación de negociaciones con el gremio policial de la ciudad donde murió George Floyd. Pero los sindicatos policiales de otras ciudades –que suelen recibir cuantiosas donaciones para defender a agentes acusados de abusos– han salido a anunciar que contratarán a los policías ahora sancionados por los abusos ocurridos durante las protestas.

La reforma policial de Camden

En el debate de estos días ha surgido como prueba de laboratorio lo ocurrido en Camden, una ciudad de unos 77 mil habitantes en el estado de Nueva Jersey. Allí, en 2012, la tasa de homicidios era de 87 por cada 100 mil residentes, esto es, un 50 por ciento mayor que la tasa de homicidios en Baltimore (Maryland), que es la más alta entre las de las ciudades grandes del país.

Ahora bien, el año pasado la tasa de homicidios en Camden fue casi dos tercios más baja que en 2012. El primer paso en la reforma realizada allí consistió en la disolución del gremio policial mediante el desbande de la fuerza en 2013. Por entonces, gracias al convenio colectivo, el costo anual promedio del agente policial era de 182.168 dólares, lo que permitía a la ciudad emplear apenas a 175 policías.

Con el despido de todos los policías antes agremiados y la recontratación de muchos de ellos como empleados del condado, el costo promedio por agente bajó a 99.605 dólares. En un par de años, la fuerza policial creció a más de 400 agentes, es decir, poco más de 50 por cada 10 mil residentes, lo que es casi el triple del promedio nacional en ciudades de tamaño similar. Se invirtieron recursos en la instrucción de los policías, el establecimiento claro de normas para el manejo de conflictos y los protocolos de toma de responsabilidades que antes estaban vedados por el convenio colectivo.

Otro aspecto de la reforma en Camden fue una función policial más vinculada a los barrios, a las comunidades. Se apostó a la participación de la ciudadanía en la prevención o manejo de los delitos menores, en sustitución de una intervención de la fuerza para cualquier problema secundario

Por Jorge A. Bañales

12 junio, 2020

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¿Cuál es la razón de la presencia abierta de tropas de los Estados Unidos en Colombia?

En un anuncio dado, no por el gobierno colombiano sino por la embajada de EEUU, nos enteramos de la presencia de tropas de élite gringas en el país, supuestamente para apoyar en la lucha antidrogas. El 1 de junio llegó al país una misión de 53 militares que integran una brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés), para apoyar labores de "lucha contra el narcotráfico" que se "centrarán principalmente" en las "Zonas Futuro". 

Surgen, entonces, variadas hipótesis e interrogantes acerca del por qué y el para qué de su presencia. La tan promocionada y fracasada guerra contra las drogas ¿qué intereses esconde? Y en esa guerra, ¿cuál es el enemigo real? ¿Esta decisión del gobierno colombiano permite un ahondamiento de la narcotización de las relaciones bilaterales?, ¿se relaciona este envío de tropas con el mutuo interés de EE.UU y Colombia con respecto a Venezuela?

Ricardo Vargas, investigador independiente, analista del tema de drogas, nos compartió su análisis crítico sobre la presencia de las tropas norteamericanas en Colombia. Pedro Arenas, investigador y dirigente social, nos explicó y brindó un panorama más amplio de la situación que viven los campesinos, como sus líderes defensores de derechos humanos, en medio de los operativos de erradicación forzada y violenta, en estos días de cuarentena. Y Alirio Uribe, abogado del colectivo CAJAR describió con detalle la tutela interpuesta para frenar una consulta malintencionada por parte del gobierno, que pretende lograr la aspersión con glifosato sin la debida participación de las comunidades afectadas. Alirio Uribe también habló sobre lo decidido por el Juzgado segundo administrativo de Pasto en relación a esta tutela.

Vea el informe ¿Cuál es la razón de la presencia abierta de tropas de los Estados Unidos en Colombia?, en la segunda emisión del informativo La vacuna, un antídoto contra la desinformación.

https://www.youtube.com/watch?v=qxjgtqjOx04&t=182s

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Coctel peligroso: implicaciones territoriales de la pandemia.

Grandes ríos de tinta han corrido para caracterizar los distintos impactos del covid-19 en el contexto colombiano. Sin embargo, estos escritos, aunque desarrollan en parte el problema pierden de vista que no solo se trata de las consecuencias en la esfera económica sino de las implicaciones territoriales de la pandemia en un contexto de violencia y aparente consolidación de un proceso de paz.

En un esfuerzo de desnaturalizar la violencia, romper con el ciclo de indiferencia e ignorancia, organizaciones como la FIP y Codhes han realizado estudios para ilustrar en qué términos llega la pandemia a los territorios PDET, en los cuales aún se viven dinámicas de conflicto y construcción de paz en medio de la emergencia sanitaria.

En los informes se demuestra que en los territorios ha crecido la violencia: se ha incrementado el asesinato de líderes sociales y desplazados[1].

Parece ser que la situación ha empeorado. Según la FIP, el impacto humanitario se incrementa, al aumentarse el desplazamiento forzado, en municipios PDET este aumento corresponde al 25% y en los municipios PNIS es de 56%. (Juan Carlos Garzón Vergara, Prada et al., 2020, p. 9) Algunos grupos armados ilegales han dado tregua a sus acciones criminales, mientras otros las han diversificado. Este es el caso del ELN. (ELN, 2020)

Por otro lado, los líderes sociales o el motor de la paz territorial, en términos de Carolina Naranjo Escobar se encuentran hoy por hoy en mayor riesgo[2]. Al respecto la FIB menciona que factores de riesgo como la restricción de movilidad, vuelta a rutina aumenta la posibilidad de predecir su ubicación, y, por tanto, su vulnerabilidad[3].

Aquellos más afectados por el covid-19 son las poblaciones más vulnerables, pues la oportuna decisión de las autoridades y la capacidad del sistema de salud es deficiente. El sistema de salud colombiano no tiene la capacidad para proveer con el servicio a todo el territorio.

Lo anterior se evidencia en la amazonica[4], Tumaco, dur del Tolima, Buenaventura, Costa Caribe donde la infraestructura hospitalaria es precaria, falta de seguridad alimentaria, la pobreza y los derechos de acceso a agua potable para consumo y riego de pancoger no están garantizados sobre todo en los dos últimos.(Codhes, 2020) Asimismo, el covid-19, desplazó a la virtualidad y en un segundo plano proyectos relativos a la implementación de paz en los territorios que están ralentizados. [5]

A pesar de que se trate del mismo virus, este afecta de forma diferenciada. Las implicaciones de la pandemia son distintas en las zonas más integradas por la globalización que en las periferias donde la infraestructura hospitalaria es precaria. De ahí que los eventos catastróficos del covid-19 puedan intensificarse en los territorios.

Así pues, puede afirmarse que la pandemia no ha construido problemas de la nada, en cambio, ha revelado que el avance en términos de paz como lo señala el instituto Kroc es un avance formal más no real o material. Con el covid-19 quedan en evidencia las vulnerabilidades, inequidades y desigualdad que persiste en los territorios. La paz se tambalea y la reparación colectiva no ha llegado. Así, en los territorios está concurriendo: violencia, miseria y pandemia.

 

[1] Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), en el 2020, en Chocó y Nariño: 944 personas que pertenecen al Consejo Comunitario El Progreso han tenido que desplazarse

[2] El clan del golfo amenazó el pasado 17 de marzo a los líderes de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), en Tumaco. (CODHES, 2020)

[3] “al menos el 60% de los asesinatos de líderes en 2019 ocurrieron en sus viviendas o en las inmediaciones de ellas” (Juan Carlos Garzón Vergara, Prada et al., 2020, p. 10)

[4] “Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las comunidades de 178 de los 775 resguardos del país —que suman 85.000 familias— están en riesgo debido a la pandemia” (Cárdenas & Montoya, 2020)

[5] Entre los espacios que se han suspendido debido al COVID-19, son:Foro Plan de Desarrollo, Taller elaboración y creación de proyectos con mujeres victimas, Escuela de Género, Escuela de Construcción de Paz (GIZ), Comités de Veedurías PDET, Mesa de diálogo y saberes de Sujetos de Reparación Colectiva(CODHES, 2020)

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La falta de regulación internacional sobre el material antidisturbios fomenta abusos como los de EEUU

"Las armas menos letales no están muy reguladas a nivel nacional e internacional y eso las convierte en un muy buen negocio para los productores y muy fácil de adquirir en grandes cantidades", señalan desde Amnistía Internacional 

 

Justin Howell, de 20 años, participaba en una manifestación en Austin, Texas, cuando la policía disparó sus escopetas del calibre 12 modificadas para descargar pequeños sacos de tela rellenos de perdigones. Uno de aquellos saquitos le dio en la cabeza. Cayó al suelo. Un grupo de manifestantes lo levantó y lo intentó llevar hacia los agentes para pedir ayuda. Delante del todo, una médica voluntaria con los brazos en alto intenta abrir camino y llamar la atención de la policía. La ven, pero responden con una nueva ráfaga de disparos. Howell está grave. Tiene una fractura en el cráneo y daño cerebral.

Las protestas contra el racismo de EEUU están dejando varias imágenes polémicas sobre la utilización del material antidisturbios. Este armamento se ha cobrado varias víctimas mortales por todo el mundo, pero la falta de regulación nacional e internacional ha fomentado su uso y abuso en muchos países. Un día antes del incidente de Howell, Brad Ayala, de 16 años, estaba alejado de la multitud manifestante en la misma ciudad cuando cayó desplomado tras recibir el impacto en la cabeza de las escopetas policiales. También tiene fractura de cráneo y daño cerebral.

"Las armas menos letales [conocidas hace años como armas no letales] no están muy controladas. No hay mucha regulación a nivel nacional e internacional. Eso lo convierte en un muy buen negocio para los productores y muy fácil de adquirir en grandes cantidades para las fuerzas de seguridad sin el escrutinio de las organizaciones de derechos humanos", sostiene Ara Marcen Naval, exdirectora adjunta de control de armas y derechos humanos de Amnistía Internacional en una reciente investigación de la organización sobre el uso del gas lacrimógeno.

La organización Physicians for Human Rights sostiene en uno de sus informes (2018) que "mientras el armamento antidisturbios puede teóricamente ofrecer una opción de uso reducido de la fuerza, en la práctica –y quizá por la suposición de que son siempre menos letales–, a menudo se utilizan las armas de una forma indiscriminada y sin haber gastado primero el resto de opciones pacíficas". "Esto se debe, en gran parte, a la falta de pruebas antes de su uso, a una formación insuficiente, a la falta de regulaciones y a mecanismos pobres de rendición de cuentas".

Isabel Mendoza, portavoz del equipo de comercio de armas de Amnistía Internacional recuerda que el uso del gas lacrimógeno está prohibido en conflictos armados, pero que se permite a nivel interno por parte de las fuerzas de seguridad: "Por eso creemos que debe haber una clara limitación o restricción sobre su uso".

En las protestas de EEUU de estos días también se ha visto un abuso del gas lacrimógeno y ciudades como Seattle han prohibido su uso durante los próximos 30 días tras hacerse público que se utilizaron para disolver manifestaciones pacíficas.

En Filadelfia, los agentes utilizaron botes de gas lacrimógeno contra los manifestantes que estaban bloqueando la autopista. Una vez que estos quedaron atrapados y sin salida en lo alto de una colina, la policía siguió disparando.

"El primer paso que necesitamos es una clasificación clara de estos instrumentos como armas y eso tendría que estar estandarizado en todos los tipos de intercambios comerciales", sostiene en la investigación de Amnistía Internacional Anna Feigenbaum, autora del libro ‘Gas lacrimógeno: de los campos de batalla de la Primera guerra Mundial a las calles de hoy’. "También debería haber un requisito legal de etiquetar todos los botes de gas lacrimógeno no solo con el lugar de procedencia, sino también con los ingredientes y componentes. Es una regulación básica para la comida y no hay ninguna razón para que no sea una regulación en las armas menos letales", añade.

Marcen Naval opta por "poner un sistema de licencias que vigile cómo se utilizan estas armas, de modo que cuando haya ejemplos de que se han utilizado para graves violaciones de derechos humanos, que se suspenda esa transacción". "Cuando hay un país que utiliza las armas para dispersar manifestaciones pacíficas, pedimos a los Estados productores que paralicen ese comercio de forma inmediata", añade. Isabel mENDOZA

"Hay un creciente consenso entre expertos legales de que algunos usos del gas lacrimógeno pueden constituir actos de tortura o maltrato", señala la investigación de Amnistía Internacional, la cual ha detectado 80 casos de uso indebido del gas en 22 países diferentes. "Amnistía ha documentado numerosos casos de grave dolor y sufrimiento causado por el gas, así como situaciones en las que su uso es claramente punitivo. Con esto en mente, nuestra conclusión es que en estas instancias el uso del gas lacrimógeno constituye tortura bajo la legislación internacional", añade.

Los relatores especiales de la ONU sobre los derechos de reunión y asociación pacífica, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y sobre ejecuciones sumarias, arbitrarias o extrajudiciales advirtieron este miércoles en un comunicado que "disparar gases lacrimógenos y golpear a manifestantes pacíficos no los silencia, solo reafirma la urgencia de la lucha por la reforma policial y justicia racial en EEUU". El texto señala que hay "centenares de vídeos" que ponen de manifiesto "el uso injustificado por parte de la policía de porras, gases lacrimógenos y pelotas de goma para dispersar a manifestantes pacíficos".

"Desafortunadamente, los mecanismos internacionales no han seguido el ritmo del rápido desarrollo de las tecnologías y técnicas antidisturbios. Los estándares internacionales que abordan este uso de armamento son muy limitados y no hay limitaciones sobre el tipo de armas que se puede utilizar en manifestaciones o sobre la producción y comercio de las armas antidisturbios", señala el informe de 2018 de Physicians for Human Rights (PHR). No ha sido hasta este año que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR) ha publicado una guía con recomendaciones sobre el uso de armas menos letales en la policía.

"La falta de regulaciones se ve exacerbada por los estándares poco desarrollados sobre cómo controlar las protestas; como aislar pequeños grupos violentos sin recurrir al uso de la fuerza indiscriminada; cómo prevenir la escalada y la confrontación entre los manifestantes y la policía; y cómo mitigar cualquier daño o perjuicio cuando es necesario usar la fuerza", añade el informe de PHR.

En su guía, la OHCHR recuerda: "El armamento menos letal y equipamiento relacionado también puede matar o provocar heridas graves, especialmente cuando no se utilizan por personal formado de acuerdo con las especificaciones, los principios generales del uso de la fuerza o de acuerdo con la legislación de derechos humanos". "Además, muertes extrajudiciales y actos de tortura u otras formas de castigo cruel, inhumano o degradante han sido perpetrados utilizando armas menos letales y algunos equipos relacionados", añade el organismo de la ONU.

Por Javier Biosca Azcoiti

11/06/2020 - 22:15h

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