Independencia de Cataluña. No hay solución

Vamos hacia una nueva fase del conflicto; será mucho más dolorosa. Decenas de presos políticos, recorte de libertades en toda España, frustración y miedo serán la tónica cotidiana, con momentos puntuales de seminsurrección.

Seis de diciembre de 2018. Décimo aniversario del asesinato de Alexis Grigoropoulos a manos de un policía. Como cada año, miles de jóvenes se manifiestan y protagonizan durísimos disturbios contra la policía en Exarjia, el barrio ateniense donde mataron a Alexis. Cuando la marcha entra en el barrio prenden las barricadas. Las han erigido varias horas antes de que empiece la manifestación. Todos los accesos a Exarjia están bloqueados menos uno, para que la manifestación pueda entrar. Se bloquea después. En la calle Andrea Metaxa hay un coche volcado ardiendo; estaba abandonado y lo habían aparcado allí días antes. En Trikoupi han montado un andamio de dos pisos que tiene sacos de cemento en la base. En Ikonomou hay decenas de neumáticos atravesados por dos cables de acero fijados a los edificios. Parece que cada calle compite por la mejor decoración, como en Fiesta Mayor. No son barricadas hechas con lo primero que encuentran a mano.

Aunque desde fuera los encapuchados parecen una masa, la multitud está formada por grupos de diez o quince personas. Cada grupo tiene un nombre en clave, lo gritan continuamente cada vez que se mueven para no perderse. Aunque la mayoría van de negro de los pies a la cabeza, muchos grupos llevan distintivos en el brazo para identificarse entre sí. Pasamontañas, cascos y máscaras antigás. Cada grupo tiene varias cajas con decenas de molotovs cerca de su barricada. Dos chavales con barras de acero custodian cada punto de abastecimiento. Los encapuchados cogen un molotov en cada mano, se acercan a la barricada, los lanzan por turnos y el grupo entero retrocede unos metros. Siempre hay dos o tres vigilando los laterales. Tiran piedras o botellas de plástico rellenas de gasolina y pequeños Campingaz a los que han fijado petardos con cinta americana.

El follón dura horas, pero todo el mundo sabe que, tarde o temprano, la policía logrará entrar al barrio. Lo hace a base de lacrimógenos, granadas flash, cañones de agua. Cuando consiguen romper las barricadas, entran en tromba por todas las calles a la vez. Da miedo. Aunque parezca increíble, cuando la policía accede al centro del barrio, miles de encapuchados se han esfumado. Los policías miran con desconfianza hacia los portales. Saben que están allí, pero ¿dónde? Desde algunas azoteas caen los últimos molotov, la policía realiza un par de detenciones a chavales despistados que no han sabido dónde meterse.

Lo que acabo de describir es un disturbio organizado. Lo de Catalunya estos días es un estallido de rabia. Muy duro, como se vio en Urquinaona el viernes 18 de octubre, pero completamente diferente a una estrategia decidida y planificada por colectivos bien organizados. Llevo una semana preguntándome si los periodistas y los policías que aseguran circunspectos que en Catalunya nos hallamos ante “el estallido de violencia más grave protagonizado por profesionales de la violencia” se lo creen. Me pregunto si lo dicen porque nunca han visto ni han investigado lo que pasa en otros lugares o si quieren engañar para justificar la brutalidad policial.

La diferencia entre lo que ves en la calle y lo que dicen por la tele es uno de los factores que ha azuzado el fuego esta semana. Miles de personas han grabado con el móvil lo que les pasaba a sus amigas; no tenían nada que ver con lo que luego les contaban los medios.

PARADOJAS IRRESOLUBLES

Esa distancia con el relato mediático ahonda la brecha. Una brecha que ya no se puede coser. Catalunya y España se han separado. Son países diferentes. Da igual si te sientes español, catalán, catalán y español o mediopensionista: las realidades políticas de ambos territorios son completamente diferentes y negarlo no sirve de nada. Yo no soy independentista, nunca lo he sido. Pero eso no me impide ver la realidad. España y Catalunya piensan diferente respecto a la autodeterminación, la sentencia del Procés, las medidas políticas necesarias, las soluciones posibles, la represión y la representación política. Son escenarios construidos por oposición que no dialogan entre sí porque son incompatibles. La mitad de Catalunya no es independentista, me dirán. Pero incluso esa mitad contempla como posibles propuestas que en España son marginales. Catalunya y España no se han separado porque en Catalunya todo el mundo sea ‘indepe’ y en España todos sean fachas, sino porque lo que en Catalunya podría ser un consenso de mínimos —referéndum de autodeterminación, proceso constituyente, federalismo— en España no es ni planteable.

Constatar esto no implica vislumbrar una solución. Es más, probablemente ha llegado el momento de reconocer que no hay solución. En Catalunya hay un amplio consenso a favor del derecho a decidir, pero eso da igual: el Estado no lo va a permitir. Punto. No es porque lo diga la ley, eso es completamente secundario. Es porque la correlación de fuerzas es claramente favorable al Estado, que puede permitirse manifestaciones gigantescas, huelgas generales, disturbios y tsunamis sin que ello suponga la quiebra del contrato social fuera de Catalunya. Es más, cuanto más dura sea la represión contra el independentismo, mayor cohesión política suscitará el gobierno de turno.

Aquí radica la paradoja irresoluble: la única forma de ejercer la autodeterminación sería cambiando España. Y esto nos plantea a su vez otras dos paradojas irresolubles. Una: si Podemos, IU y Más País ponen ahí el acento, si de verdad prometen lo que querrían prometer, nunca ganarán las elecciones. Sería un gesto inútil. Dos: pedir a los independentistas que se centren en cambiar España antes de cambiar Catalunya es pedirles que dejen de ser independentistas. No va a pasar.

Vamos hacia una nueva fase del conflicto; será mucho más dolorosa. Decenas de presos políticos, recorte de libertades en toda España, frustración y miedo serán la tónica cotidiana, con momentos puntuales de seminsurrección. Influjo, reflujo y pocos cambios reales. Me gustaría ser más optimista, pero el mundo es una mierda. España y Catalunya también.

Por Hibai Arbide Aza

2019-10-29 10:02

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 Manifestantes iraquíes, el pasado viernes cerca de la sede central del gobierno, en el centro de Bagdad (Irak). En vídeo, imágenes de las protestas. EFE | EPV

Cerca de 80 personas han muerto en Ias manifestaciones de Irak desde que se reanudaron el viernes y al menos 230 durante el mes de octubre

Miles de estudiantes universitarios y de secundaria se han unido este lunes a las protestas antigubernamentales que sacuden Irak, desafiando las advertencias de las autoridades. El primer ministro, Adel Abdelmahdi, ha respondido intensificando la presencia de las fuerzas de seguridad en las calles y decretando un toque de queda en la capital, Bagdad, de medianoche a seis de la mañana “hasta nuevo aviso”. La medida se produce después de los últimos cuatro días de manifestaciones que las autoridades no han logrado acallar ni con promesas de reformas, ni con una controvertida respuesta policial que dejado casi 80 muertos desde el pasado viernes (y 230 en lo que va de mes) en todo el país.

“El pueblo quiere la caída del régimen”, corean varios centenares de estudiantes de diversos centros por las calles del barrio de Al Mansur, repitiendo el lema que popularizaron las revueltas de la primavera árabe. Con todas las diferencias que los analistas quieran encontrar, hay factores concurrentes: una población muy joven (el 60 % de los 39 millones de iraquíes tiene menos de 25 años) y una enorme frustración ante la falta de expectativas de futuro en un país que es el tercer exportador de petróleo del mundo.

Más allá de los eslóganes, los chavales tienen claras sus reclamaciones. “Para obtener una buena puntuación en la Selectividad, nuestros padres tienen que pagarnos clases particulares porque la enseñanza que recibimos es muy mala”, explica Fedek. “Incluso con notas altas, no te aseguras plaza en la carrera que te gusta y estudies lo que estudies, sin enchufe no encuentras trabajo”, apunta Safa. Ambas tienen 17 años y les gustaría hacer Medicina.

La huelga, asegura Mohamed Beshar, es indefinida. A sus 16 años, tiene claro que quiere estudiar Farmacia para poder abrir una botica y no depender del providencial trabajo en la administración. Ni a él ni a los compañeros que le acompañan les impresiona la amenaza del primer ministro de “sancionar con severidad a cualquiera que pierda días de trabajo o de clase”.

“¿Para qué queremos la educación, si no tenemos futuro? Incluso si perdemos el curso, habremos ganado 50 años”, defienden con una seriedad impropia de su edad. Aunque sus profesores no les han dado permiso para manifestarse, dicen que sus padres lo aprueban porque también “quieren que cambie el sistema político”. La indignación con las elites gobernantes se basa en cifras: desde el derribo de Sadam Husein en 2003, la corrupción se ha tragado 400.000 millones de euros, dos veces el producto interior bruto de Irak, según datos oficiales.

Frente a los jóvenes estudiantes, sorprende ver tres vehículos militares cargados de soldados y una tanqueta. Varias colegialas de uniforme se hacen fotos con ellos, que sonríen complacidos. Alguno incluso ondea un banderín con la enseña nacional, convertida en símbolo de una protesta que intenta dejar atrás el sectarismo.

“Estamos aquí para proteger a quienes se manifiestan”, declara a este diario el responsable del destacamento. “Nuestro corazón está con ellos”, asegura. Pero el ambiente festivo es engañoso. Sólo unas calles más al sur, las fuerzas de seguridad impiden el acceso a la plaza de Al Nisur (Las Águilas) y han rodeado con vallas el monumento que le da nombre para evitar que los estudiantes más jóvenes y, sobre todo, las estudiantas, la conviertan en una Tahrir bis ante el peligro que supone para ellos acudir a la plaza de la Independencia.

Allí, los manifestantes agradecen el apoyo de los estudiantes. “Significa mucho para nosotros, especialmente después de que el sábado por la noche la policía amenazara con desalojarnos por la fuerza”, afirma Monzer, un obrero en paro que asegura no haber podido cursar más allá del bachillerato por falta de recursos. Los grupos de universitarios se asoman por el sur bajo el monumento que conmemora el nacimiento de la República de Irak. Es el extremo más alejado del puente de Al Yumhuriya (La República), desde donde los antidisturbios disparan granadas aturdidoras y gases lacrimógenos para impedir el paso de los indignados hacia la Zona Verde, emblema de la desconexión de los gobernantes con la sociedad.

“El toque de queda sólo va a provocar que las protestas se extiendan por toda la ciudad como ya ocurrió en la primera semana de octubre”, lamenta un diplomático europeo en medio de las cábalas sobre cuánto más va a durar Abdelmahdi al frente del Gobierno. Otros temen que facilite el desalojo de Tahrir.

Es difícil calcular cuántos manifestantes hay en la plaza porque su número aumenta a lo largo del día, aunque la mayoría se va a casa a dormir. Los más experimentados llevan cuatro noches acampados bajo los soportales de las calles adyacentes y están dispuestos a seguir “lo que haga falta”. Una red de solidaridad formada por madres y abuelas se ocupa de llevarles agua y comida, sin arredrarse ante las continuas detonaciones. Las mascarillas que reparten los voluntarios no evitan el intenso picor que produce el gas lacrimógeno, según los manifestantes “caducado en 2014”.

Por Ángeles Espinosa

Bagdad (ENVIADA ESPECIAL) 28 OCT 201

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Domingo, 27 Octubre 2019 14:43

La guerra no para en el Catatumbo

La guerra no para en el Catatumbo

Catatumbo es una de las regiones más peligrosas para quienes trabajan en favor de las comunidades. La guerra que se vive no da tregua a una población civil que sufre desplazamientos, ejecuciones, desapariciones, secuestros, violencia sexual, reclutamiento infantil, minas antipersonales, amenazas, asesinato de defensores de derechos humanos y líderes sociales. Los datos escalofriantes son resultado de una disputa por el control del territorio y sobre las comunidades.

 

La región del Catatumbo está en Norte de Santander y limita con Venezuela. La componen once municipios: Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Allí habitan 295.000 personas, de las cuales un cuarto vive en Ocaña, el municipio más grande y el más próspero. Pues en todos los demás, más del 45 por ciento de su población vive con necesidades básicas insatisfechas según los últimos datos de entidades gubernamentales. En el 92 por ciento de la región no existen títulos formales sobre la tierra, y numerosos campesinos trabajan en ellas sin titulación de propiedad. Entre una y dos personas de cada diez vive en condiciones de pobreza extrema, y la falta de carreteras adecuadas dificulta aún más la comercialización y venta de los productos campesinos.

El informe presentado por Human Rights Watch es resultado de más de 80 entrevistas a un amplio espectro de actores. La mayoría tuvieron lugar en la zona durante una visita realizada en abril del presente año. Recoge testimonios escritos y entrevistas con familiares de víctimas, testigos, funcionarios, autoridades religiosas y líderes sociales alrededor de 23 hechos violentos ocurridos entre diciembre de 2017 y abril de 2019, los mismos que involucran la muerte de 38 personas; según sostienen familiares y testigos todos eran civiles. Muchos de los entrevistados expresaron su temor a sufrir represalias y accedieron a dialogar manteniendo el anonimato.

En ocho casos analizados por Human Rights Watch, grupos armados mataron a civiles tras acusarlos de cooperar con otros grupos o con la fuerza pública, o por negarse a sumarse a sus filas. Según la información recopilada por la organización internacional, son frecuentes los secuestros de civiles para interrogarlos sobre su presunta cooperación con otros grupos armados, como la quema de pertenencias o cultivos después de negarse a cooperar con algún grupo. También tuvo acceso a testimonios sobre 14 casos de familias desplazadas, obligadas a ello porque un grupo armado presionaba a un miembro adulto para que se sumara a sus filas.

Las cifras

Las cifras sobre la crítica situación en el Catatumbo son contundentes. Indican que más de 40.000 personas han sido desplazadas de sus hogares desde 2017, la mayoría durante el 2018. Con 231 personas asesinadas en 2018, la tasa anual de homicidios en el Catatumbo supera en tres veces la nacional. Y los datos preliminares indican que entre enero a junio del presente año van 114 personas asesinadas. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, la cantidad de personas desaparecidas aumentó de 11 en 2016 a 16 en 2017, y a 24 en 2018. La Unidad de Víctimas reportó siete desapariciones en 2017 vinculadas con el conflicto armado y otras seis en 2018. Por su parte la Fiscalía General de la Nación indica que desde 2017, hasta abril del presente año, van 17 procesos abiertos sobre reclutamiento de menores, a lo que se suma el grave problema del trabajo infantil en las grandes plantaciones de coca. Y la Fiscalía tiene a cargo 189 procesos en el mismo periodo, sobre presuntas “desapariciones forzadas” cometidas en la región. Desde enero de 2017 a mayo de 2019, se han reportado violaciones sexuales y otros actos de violencia sexual contra 37 víctimas.

En 2019 van en la región cuatro “desplazamientos masivos”, definidos por el derecho colombiano como aquellos que involucran 50 o más personas, o 10 o más familias en un solo incidente causado por violencia armada. Desplazamientos ocurridos en los municipios de Teorama, San Calixto, El Tarra, Hacarí y Playa de Belén, que afectaron a más de 800 personas. Según la fiscalía, dos miembros de grupos armados han sido imputados, pero no hay condenas y 483 procesos continúan pendientes.

En otro tópico del conflicto armado que cubre esta parte del país, desde 2017 cuatro personas murieron y 65 resultaron heridas por minas antipersonales. La fuerza pública retiró al menos 92 dispositivos explosivos y destruyó al menos 55 minas terrestres entre octubre de 2018 y abril de 2019. Desde 2017 hasta abril del presente, van más de 770 procesos abiertos por homicidios cometidos en alguno de los municipios en cuestión. Sólo se han dictado 61 condenas. La tasa de homicidio mantiene su creciente, desde los 112 en 2015 –con el entonces cese al fuego decretado por las Farc–; en el año en curso se reportan 231. Grupos armados han asesinado a nueve defensores de derechos humanos y líderes sociales desde 2017, según la Fiscalía.

La cantidad total de abusos probablemente sea mayor, debido a que en muchos casos nunca se denuncian por temor a represalias. Además, los exiliados venezolanos enfrentan barreras específicas para denunciar. Inmigrantes que viven en todas las áreas urbanas más importantes del Catatumbo, como Tibú, Ocaña, El Tarra, Ábrego, Convención y Sardinata. En 2018, 19 venezolanos fueron asesinados en el Catatumbo, según información de la Policía, en 2017 el informe reportada 5 casos.

De acuerdo al informe, el Catatumbo es un escenario de guerra debido al enfrentamiento entre el Eln y Epl, con acciones armadas desde comienzos de 2018. Ahora reaparece la presencia de disidencias de las Farc.

El motor de la guerra es la coca. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2017 cerca de 28.200 hectáreas estaban destinadas a este cultivo. Por ejemplo, entre todos los municipios colombianos, Tibú presentaba la segunda mayor superficie destinada a cultivo de coca.

En la región, algunas de sus áreas también son fuente importante de producción petrolera, y en ellas el Eln ha perpetrado ataques.

Los actores armados

Según el informe, desde 1970 el Eln está con efectivos en esta región. El Frente de Guerra Nororiental actualmente tiene presencia en la zona con al menos 400 integrantes. Por su parte, el Epl mantiene dispersos cerca de 200 combatientes en todo el departamento del Norte de Santander.

Hasta el Acuerdo de paz, las principales unidades de las Farc que tenían presencia activa eran del Frente 33; a comienzos de 2018 un grupo de ex miembros pertenecientes en su mayoría a este frente crearon un nuevo grupo armado. Estas disidencias tienen presencia en diversos municipios como Tibú, El Tarra, Sardinata y Convención, y sumarían al menos 70 miembros.

La momentánea desmovilización del frente 33 de las Farc dejó un vacío en la región, lo que propició la intensificaron de las tensiones por el control territorial y rutas de narcotráfico. Esta nueva realidd, motivó al Epl a desplazarse hacia zonas como El Carmen, Convención y Teorama, ocupadas por el Eln; la inexperiencia de los mandos que sucedieron a Megateo tras su muerte, tal vez explican tal decisión, como la misma incapacidad para aguantar los ataques del Eln, ante lo cual decidieron retirarse y evitar más combates. A comienzos de 2019 los enfrentamientos entre ambos grupos se redujeron de manera ostencible.

En octubre de 2018, el gobierno colombiano incorporó la “Fuerza de Despliegue Rápido No. 3” (Fudra) con el fin de llevar 5.600 militares más al Catatumbo. La nueva fuerza se sumó a la Trigésima Brigada del Ejército, el Batallón de Ingenieros No. 30 “José Alberto Salazar Arana” y a la Fuerza de Tarea Vulcano, una unidad militar especial que opera desde 2011 y cuenta con 4.000 miembros.

La presencia del ejército, ha implicado también violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, entre 2006 y 2008, soldados participaron en ejecuciones extrajudiciales. De hecho, el general Villegas, actual comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, enfrenta una investigación penal por “falsos positivos”. Con corte al mes de mayo de 2018, había aproximadamente 800 policías en el Catatumbo en áreas urbanas, donde suelen estar atrincherados en sus estaciones.

Precisamente fue en esta región, en concreto en el municipio de Convención, el 22 de abril de 2019, donde un miembro del Ejército mató a Dimar Torres, un miembro desmovilizado de las Farc, asesinato que se intentó encubrir con las declaraciones del mismo Ministro de Defensa.

La difícil situación de los nacionales que habitan esta parte del país, ahora también la sobrellevan gran cantidad de venezolanos que obligados por la situación económica de su país se han ubicado en ella con el propósito de lograr una mejor cotidianidad, nuevos pobladores que también quedan atrapados en las lógicas bèlicas. La incapacidad del Estado colombiano para la atención de las víctimas y la administración de justicia, propicia que la impunidad y la zozobra se impongan en una población silenciada por el miedo.

La guerra no se ha ido, se instala en regiones de nuestra basta geografía como la costa caucana, Arauca, Córdoba y el Catatumbo. Las balas seguirán cayendo sobre inocentes en esta indolente Colombia.

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Domingo, 27 Octubre 2019 11:58

Una estudiante perdida en la ciudad

Mural en la Universidad Pedagógica por los estudiantes y profesores desaparecidos.

Nací y crecí en Bogotá, sin embargo, parte de mi historia se teje con el devenir de otras regiones. Mi abuela materna llegó al suroriente bogotano y se asentó en las faldas de los cerros, en el momento en que la ciudad comenzaba a expandirse hacia la montaña, y los y las pobladoras se resistían a perder su origen campesino.

Provenía de Arbeláez, y después de contraer matrimonio con un hombre andariego, decidieron establecerse allí y levantar su “casa lote”, en ese mirador altivo que es el barrio La Victoria. Por ese entonces mi abuela y muchas mujeres mantenían una dualidad identitaria, que implicaba ser trabajadoras de las casas y empresas de la urbe, al tiempo que sostenían tradiciones campesinas, como sembrar parte de su alimentación y lavar en el río.

Allá en esos cerros me perdí una vez. La muerte me llevó consigo, la vi de frente dos veces y tuve que deambular casi tres años, espiritual y físicamente. Decidí irme de la ciudad para habitar territorios “menos adversos” y así alejarme del dolor que me dejó la pérdida de mi padre, cuyo corazón no pudo latir más, y la de tres compañeros de la Universidad Pedagógica, a quienes el conflicto político y armado que persiste en este país asesinó vilmente.

Todo comenzó un fatídico 24 de marzo, cuando no sé qué cosa horrible estalló en la casa de un amigo. Ese día, tres sombras se cruzaron por mis pies mientras caminaba a la parada del bu s que me llevaría al hospital Cardio Infantil, al otro extremo de la ciudad, para visitar a mi padre. Fue él quien me dijo que la universidad estaba en las noticias y que seguro yo conocía a “esos chicos”.

Sí los conocía. Eran compañeros de clase y de sueños. Acabábamos de salir de un paro universitario que le había devuelto al movimiento estudiantil su capacidad de convulsión y sincronía. Eran días de regocijo por la victoria ante la derrota de la Ley 30 y por el auge de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), que le demostraba al país la importancia de la defensa unitaria de lo público.
Éramos jóvenes, activos, brillantes, con esperanzas… y nos arrebataron la vida. Oscar, Daniel y Lisaida soñaron con una Universidad para todos y todas, eran comprometidos políticamente con su tiempo, críticos y solidarios. Asesinándolos nos mataron a todos un poco.

A Osquítar lo besé en la mejilla un día antes de su muerte y extrañamente lo vi más alto y con rostro adusto, él que siempre era alegre, tan joven y curioso, apenitas si me dijo algo, y yo sólo respondí con un “nos vemos”. Mucho después entendí que esa era la cara que le estaba plantando a la muerte.

El disímil de la vida. Ese espíritu poderoso que ella representa me confrontó y entonces no quise hablarle, no quise creerle, negué tanto su presencia que solamente hasta hoy mis compañeros aparecen en mi palabra, en este texto y en mi lectura en voz alta.

Dos meses después, un 24 de mayo, la muerte me buscó de nuevo. Llegué a mi casa y subí al cuarto donde tenía el computador que había recuperado de una casa de empeño para continuar con la escritura de mi tesis, una sobre las feministas de los 70. El techo no era techo, sino una suerte de cristales que se ponen para que la luz atraviese, cuando la infraestructura tiene que acomodarse a las adversidades del espacio; así que era un techo, un piso y una ventana.

Cuando miré hacia arriba, todavía con la pesadez de que algo me hacía triste, vi como una sombra oscura sobrevoló la terraza y se hizo notar con el sonido del viento, el cual traía las faldas de la muerte en su lamento.

Bajé al cuarto que habíamos acomodado para mi papá, y estando él en el hospital aproveché para recostarme en su cama y cerré los ojos. Sin saber cuánto tiempo pasó, pero con la seguridad de que no estaba dormida sino divagando en las aguas del inconsciente y el ensueño, vi como una calavera con vestidos negros transparentes sobrevoló mi cuerpo y me levantó de la cama, me llevó a empujones al otro cuarto donde un ser pequeño y con barba me esperaba burlesco; era miedo y repulsión lo que yo sentía por este ser, mientras él me animaba a enfrentarlo, y me golpeaba los flancos, como cuando alguien te busca el lado flaco para hundir sus nudillos y tratas de cubrirlo con lo que te queda del cuerpo, con movimientos indecisos para actuar entre el protegerte y responder. No podía responderle, este sujeto me anudaba la garganta. Solo quería que se fuera, sacarlo de la casa y expulsar su macabra presencia.
Unos meses antes, el hijo de un amigo de mi papá, fallecido años atrás, llegó a la casa porque había soñado que su padre y el mío estaban juntos. Me pareció escalofriante, y tal vez desde ahí supe que la muerte urdía su camino, pero no pude detenerle. Nada es lo suficientemente contundente como para agujerearle la obstinación a la muerte, así que ella nos da claves y nos pierde.

La noche en que esas presencias revoloteaban en la casa a su antojo, mi mamá soñó con el mismo sujeto. Él le disparó tres veces a mi padre en el pecho y no permitió socorro alguno. Mi madre, aunque extrañada, no me contó su sueño sino hasta el día del entierro. Ahí yo ya estaba capturada, mi mente y mi alma joven sin una sola brújula para recobrar el sentido, para significar que el universo entrega y recoge lo suyo, y que nuestra humanidad imberbe no sabe qué responder ante eso, que necesita más espíritu.

Cremado el cuerpo y habiendo vuelto mi madre y yo a las labores de la vida, pasamos donde una tía, quien nos ofreció pollo asado y tinto; antes de sentarnos a la mesa decidimos recostarnos un poquito, así que vimos que mi papá ascendía por un camino que terminaba en una fuente. El ogro pequeño y barbudo lo esperaba, y la cara de mi padre se resignaba ante el encuentro.

Mi madre y yo solemos ver esas cosas, solemos llamarnos con la mente porque ella tiene su distancia de rescate hacia mí, más que calculada. Su magia es la mía y yo heredé con gusto su capacidad de ver cosas que después resultan ciertas.

Así pues, lo que se perdió por un tiempo fue mi masculinidad y mi posibilidad de dialogar con ella. La ciudad no necesitaba una mujer perdida porque su ritmo requiere razones y decisiones tomadas en fracciones de segundo, o un poquito más y se te va la vida. Yo necesitaba parsimonia y entendimiento. Si no me hubiera perdido como lo hice ante la muerte, no tendría esta magia y este absurdo que me permite encontrarme cada tanto, habitando Bogotá nuevamente, desde hace más o menos siete años.

Todavía no piso la Universidad, la merodeo, pero no entro. Todavía me enrarecen los hospitales y el barrio que por última vez vio mi padre. Sin embargo, mi corazón conversa con el suyo cada tanto, y mantenemos esta relación de protección y acompañamiento que solo me puede brindar él, porque mi padre físico y mis compañeros, están muertos y sepultados, siempre.

 

* Decirle a una mujer que es una perdida es decirle que ha incumplido con todo lo que se esperaba de ella, así que nosotras queremos reivindicar ese perderse de las mujeres, porque han fracturado el molde patriarcal que las acecha. En Relatos de Mujeres Perdidas presentaremos tres historias, en tres tiempos y tres territorios del país: la selva, la ciudad y el páramo, donde las tonalidades del conflicto armado se han sentido en distintos niveles.
Estas narrativas están hiladas como un tritono disonante y subversivo. Esa figura musical se ha considerado siniestra desde el Medioevo, y las mujeres que aquí tejen sus historias, se han hecho cada vez más feministas y más siniestras. En sus historias perdidas encontraron algo de conexión con su identidad y potencia, así que aquí está la segunda entrega.
Ver primer relato en: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/37821-una-investigadora-perdida-en-la-amazonia.html

 

 

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Domingo, 27 Octubre 2019 05:49

Nueva jornada de protestas en Barcelona

Manifestantes catalanes independentistas marchan el sábado en Barcelona.Foto Ap

Madrid. El movimiento independentista catalán se volvió a movilizar contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que dicto penas hasta de 13 años de cárcel a nueve de los principales dirigentes políticos que impulsaron la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017.

Unas 350 mil personas, según la Guardia Urbana, se volcaron a las calles en Barcelona con pancartas que decían: "Libertad".

Al finalizar la concentración hubo enfrentamientos, cuando jóvenes separatistas intentabaron llegar a la jefatura superior de policía de la Vía Laietana.

Los manifestantes mantuvieron su exigenia de libertad inmediata para sus dirigentes, y que puedan regresar al país los otros líderes que huyeron para evadir al tribunal español, entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont, quien capitaneó el proceso fallido de secesión.

Se demandó respeto al derecho a la autodeterminación y se cantaron las habituales consignas contra el Estado español, la policía y los medios de comunicación.

El propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, se puso al frente de la protesta para advertir una vez más que "la autodeterminación no tiene retorno".

Torra, además, se reunió con representantes de 800 municipios catalanes, todos separatistas, para insistir en que su camino hacia la secesión es imparable e inminente.

"Nuestro compromiso con la autodeterminación ya no tiene retorno. El rechazo a la represión y a la sentencia debe ser implacable. Pero no es suficiente: ahora más que nunca no podemos desfallecer, pues estamos en un momento clave. Sólo juntos tendremos la fuerza suficiente para acabar lo que empezamos."

Miles se movilizan con Vox

En Madrid, el partido de extrema derecha Vox organizó un encuentro multitudinario en la Plaza de Colón, donde acudieron miles de personas al llamado de defender la "unidad de España" y pasar a la ofensiva contra el secesionismo catalán, con reiterados mensajes a favor de encarcelar a todos los dirigentes políticos nacionalistas y hasta de proscribir a los partidos que defiendan la independencia.

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Alexander Parra era el coordinador de un espacio de reincorporación de excombatientes de las Farc.

Es el primer caso ocurrido en un campamento resguardado por las fuerzas de seguridad. El partido que surgió tras la entrega de armas de la guerrilla asegura que fue un crimen electoral

Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC han sido asesinados 158 excombatientes, pero este jueves por la noche se produjo un caso que ha alarmado especialmente a las autoridades colombianas. Por primera vez fue asesinado un hombre dentro de un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), como se conoce a las zonas donde los excombatientes realizan su proceso de reinserción. Estos espacios son resguardados por la policía y el Ejército colombianos.

El asesinato de Alexander Parra ocurrió en su casa, ubicada en el ETCR de Mesetas (en el departamento de Meta, centro del país), hasta la cual llegaron hombres encapuchados que le dispararon varias veces frente a su esposa. Esta zona es particularmente simbólica porque fue aquí donde se celebró el acto en el que las FARC dejaron de ser una organización armada y oficializaron su transición a partido político.

Sobre la medianoche del jueves, el presidente colombiano, Iván Duque, condenó lo ocurrido. “He ordenado a las autoridades avanzar rápidamente con las investigaciones que permitan la captura de los autores de este repudiable crimen. Nuestra solidaridad con sus familiares”, dijo el mandatario que dio instrucciones al Alto Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, para que se desplazara a la zona junto a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Duque ordenó también al Ejército y a la Policía reforzar todos los otros Espacios Territoriales que existen en el país.

Después de un consejo de seguridad en la zona, Archila anunció algunas medidas como la designación de seis investigadores del Cuerpo Técnico de la Policía y dos fiscales para esclarecer el crimen. “El Ejército nacional y la policía ya implementaron una burbuja coordinada de inteligencia para detectar y afectar las disidencias lideradas por alias Calarcá, Romaña y el Zarco y así como para resolver este caso es particular”, agregó el consejero. En esa zona operan varios grupos integrados por disidentes que se apartaron del proceso de paz. Archila, sin embargo, no adelantó información sobre los posibles autores del homicidio.

Parra estaba casado con Luz Marina Giraldo, candidata por el partido Farc al concejo municipal de Mesetas en las elecciones que se celebran este domingo en el país y era uno de los hombres más queridos de la zona, según relatan otros integrantes del ETCR. “Una cara visible y un hombre amable con todos”, comentaron. Para el partido Farc, "este es un crimen en el marco de la campaña electoral. ¿Quién lo realizó? Eso les corresponde a las autoridades competentes. Vemos una campaña de desmonte de los acuerdos y de estrategia de aniquilamiento del partido Farc. Responsabilizamos al Gobierno por la falta de garantías de seguridad y en cuanto a nuestra participación política como lo indica el acuerdo de paz", dijo Pastor Alape, delegado de la formación política.

Las reacciones al asesinato fueron inmediatas. “Alexander fue un hombre comprometido con la paz y su pérdida será sentida por quienes trabajábamos con él. Toda mi solidaridad para su familia y la comunidad de Mesetas”, dijo Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU en Colombia. El partido Farc también hizo un llamamiento a los organismos internacionales a estar alerta ante el proceso. “Exigimos al Gobierno de Iván Duque garantías y acciones reales de compromiso con la paz y lo acordado”, escribió Rodrigo Londoño, presidente de la formación política, conocido como Timochenko cuando era líder de la guerrilla. La Comisión de Paz del Senado fue citada para discutir la situación el próximo miércoles.

El consejero para la Estabilización, Emilio Archila aseguró que el Gobierno ya está actuando. "Los conocía a ambos. Anoche [por la noche del jueves] estuve hablando con Luz Marina; ayer llegaron los investigadores y reforzamos las medidas de seguridad de ella y del Espacio”, dijo Archila que esta mañana se ha trasladado hasta Mesetas. “No puede ser que quienes estén tratando de atravesar entre los colombianos y la paz nos vayan a amedrentar”, agregó.

Cinco ataques a Espacios

Las zonas donde viven algunos de los excombatientes se fueron transformando de campamentos de concentración para la entrega de las armas en poblados que se conocen como ETCR y cuentan con un dispositivo especial de seguridad compuesto por cercos policiales y del Ejército. Hay 24 en todo el país y en ellos residen 3.100 de los 13.057 exguerrilleros en proceso de reinserción. Sin embargo, desde agosto dejaron de existir jurídicamente y esto generó temor entre los excombatientes, que se sienten en un limbo y creen que esto haya podido debilitar los anillos de seguridad. El Gobierno de Iván Duque aseguró que estos espacios entran en un período de transición de dos años, tiempo durante el cual se mantendrán la provisión de servicios, alimentos, atención en salud y esquemas de seguridad colectiva.

El informe de la Misión de Verificación entregado por el secretario general de Naciones Unidas señaló que se habían presentado cinco ataques cerca de los espacios de reincorporación desde la firma de los acuerdos en 2016. “Lo cual subraya la importancia de que se apruebe un decreto que normalice lo que ha sido una presencia eficaz de la fuerza pública alrededor de esos espacios y que, al mismo tiempo, se adopten urgentemente medidas de seguridad integrales para los aproximadamente 8.000 excombatientes que viven fuera de esos espacios, en particular en las nuevas áreas rurales y urbanas”. El documento también hace un llamamiento a las fuerzas de seguridad para lograr que se mantenga la confianza de las comunidades locales.

La preocupación por el asesinato de excombatientes ha ido creciendo y así se expresó en Naciones Unidas. “Al ritmo actual, el número de asesinatos en 2019 superará los 64 asesinatos reportados en 2018”, asegura el informe de la Misión de Verificación.

Sobre esto, Pastor Alape, delegado del partido Farc, dijo que la seguridad no puede tener un enfoque exclusivamente militarista. "De nada sirve un soldado en el territorio cuando desde la institucionalidad se está promoviendo la polarización y se está estigmatizando a sectores políticos de la sociedad colombiana”, dijo.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 25 OCT 2019 - 17:56 COT

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Violaciones y desapariciones, la represión oculta en Chile

 Después de las protestas del domingo hubo 2.138 personas detenidas, entre ellas 243 niños, niñas y adolescentes y 407 mujeres. Nueve de ellas fueron desnudadas en actos policiales.

 Primero fueron los golpes, las humillaciones y las amenazas, pero en las últimas horas las torturas y violaciones de mujeres en Chile se convirtieron en una realidad. El estado de excepción que implementó el gobierno de Sebastián Piñera trajo las prácticas de la dictadura, también respecto a las desapariciones. Muchas de las mujeres que han sido detenidas hasta el momento se encuentran desaparecidas. Además, las apresadas en Santiago de Chile fueron desnudadas delante del personal masculino, manoseadas en sus genitales y “les han metido la punta del fusil en la vagina mientras las amenazaban con violarlas y asesinarlas”, tal como surge de los testimonios recogidos por compañeras de detención. 

La Comisión de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) expresó su preocupación por denuncias hechas al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre violencia sexual, desnudamientos forzados y torturas en el contexto de las detenciones de manifestantes. "Chile debe investigar y sancionar estos hechos con diligencia, así como la actuación policial y militar en las que se habría hecho uso desproporcionado de la fuerza contra civiles. El uso de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad", expresó la CIDH.

En primera persona

El pasado sábado Pamela Maldonado, de 31 años, estaba junto a su padre y algunos vecinos en medio del caceroleo, a pocos metros de su departamento en la comuna de Santiago. De pronto una turba de fuerzas especiales rodeó a su padre. Eran más de diez, lo acorralaron en un círculo y empezaron a patearlo, describió El Desconcierto.cl

-Les pedí que por favor pararan, porque mi papá es diabético; tiene sesenta años y lo podían matar, pero me empujaron con los escudos y no pude alcanzarlo -recuerda. A Pamela, entre codazos, la azotaron contra una pared, mientras no podía ver qué pasaba adentro del carro policial. Ella les gritó que dónde se llevaban a su padre y le contestaron que a la Tercera Comisaría de Santiago. Recuerda que un carabinero de apellido Gallardo -que se logra ver en unos de los videos que grabó- le enterró el puño en la espalda y también la metió al furgón. 

Adentro vio como su padre estaba con la nariz ensangrentada. Apenas podía respirar. Pamela quedó en shock. También pudo ver a otros detenidos, golpeados, en muy malas condiciones. Un segundo policía le puso esposas a su padre y las apretó de manera intencional. Rumbo a la comisaría un carabinero comenzó a provocar a los detenidos, gritando contra los mapuches, “que odiaba a los comunistas” e incluso amenazó a Pamela con agredirla sexualmente.

– ¡A ver si te gusta por el culo! –le dijo para asustarla.

A esas alturas ella no podía creer los que estaba pasando, solo abrazó a su padre para que no volvieran a golpearlo.

-Después subieron a un tipo ensangrentado que gritaba por el dolor de riñones, en la constatación de lesiones supimos que era VIH positivo. En un momento pedí que me dejaran limpiarle la cara a mi papá con una botella de agua, ellos lo hicieron, pero lo ahogaban con la mezcla de agua y sangre. Era una tortura -recuerda nerviosa. Después de pasar por el consultorio para la constatación de lesiones, los llevaron hasta la Tercera Comisaría de Santiago.

Una vez en la celda vio cómo carabineros traía a un fotógrafo, ya lo habían herido, pero lo volvieron a golpear y solo se detuvieron por la intervención de un abogado del INDH. Los encerraron en celdas improvisadas, les negaron las frazadas, pasaron frío, y debieron soportar burlas de los mismos carabineros al reclamar por los baños inundados y llenos de heces. A las 12:30 de la noche los soltaron. Con la poca ropa que les quedaba caminaron desde la calle San Martín hasta su hogar. Es de no creer, y lo que sigue será una demanda. No podemos permitir que esto siga pasando, lo que nos hicieron es completamente ilegal -dice Pamela antes de terminar la entrevista con ese medio chileno.

 

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El orgullo de resistir copó las calles de Chile

Con las calles tomadas y las universidades cerradas, las centrales obreras declararon un paro general de 48 horas para sumar fuerza a la protesta, que desafía a la represióncomo quieras .

 

 La cordillera se tiñe de atardecer como si se sonrojora cuando los minutos empiezan a descontar hacia el toque de queda. Parece inclinada de vergüenza sobre La Alameda, parece que buscara el abrazo de los miles de manifestantes que desbordan esa avenida central de Santiago de Chile, radiantes de orgullo por resistir en la calle frente a los carros de asalto, las fuerzas policiales y militares que exhiben las armas largas, las gafas que les borran la cara y los gases lacrimógenos para amedrentar a quienes no se amedrentan porque se organizan. Todo el día hubo asambleas en universidades, en la puerta de los ministerios, en la calle, en los centros de estudiantes, en los sindicatos. Se discute al mismo tiempo que se toma la calle, se organizan cuidados colectivos al mismo tiempo que se desafía al miedo. Se declara una huelga general de 48 horas al mismo tiempo que la huelga se desenvuelve de muchas maneras, al mismo tiempo, siempre en la calle.

Las escuelas públicas cerradas, las privadas libradas a su arbitrio. Las universidades cerradas por decisión de sus autoridades, para evitar que se conviertan en ratoneras ahora que el “Estado de Emergencia” permite a las fuerzas armadas entrar a sus claustros para reprimir o apresar, docentes, no docentes y estudiantes. Las calles tomadas desde el mediodía desde hace cinco días. En Concepción, una de las ciudades más golpeadas por la represión, ayer a la tarde se agitó una fiesta electrónica contra el toque de queda. En los barrios populares del sur de Santiago se bailó la cueca. En todos lados sonaron cacerolas y las bicicletas jaquearon el transporte público.

Aunque algunos gremios ya realizaron jornadas de paro -los portuarios de Valparaiso, por ejemplo-, la Central Única de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) junto a la articulación Unidad Social en la que participan otras organizaciones sociales declaró una huelga de 48 horas que comienza hoy y que prepara una movilización masiva desde Plaza Italia hasta la estación Los Héroes a partir de las 10.30 de la mañana. La revuelta agita a Chile que no puede terminar de contar a sus muertos y muertas. La Fiscalía Nacional ha entregado la identificación de 7 de los 15 que reconoce, 8 cuerpos más fueron encontrados calcinados en una fábrica y un supermercado. En la región metropolitana, además, hay tres denuncias formales de abuso sexual por parte de uniformados a detenidas. La desnudez forzada parece ser una práctica recurrente de las fuerzas represivas.

No sólo Santiago está ensangrentada y sin embargo, la calle no se abandona. El miedo cambió de bando, dicen las paredes y eso es una vibración que sacude más que los terremotos y una demanda más clara que el agua de deshielo que baja de las altas cumbres: bajen las armas.

Camilo Piñeros, estudiante de medicina de 6to año, es parte de la auto organización de profesionales y estudiantes de la salud para atender personas heridas que saben que van a llegar porque ya se contaron por centenas desde el viernes pasado. “Nos dividimos en en macro regiones: oriente, poniente, norte y sur, ubicamos lugares de acopio de materiales de primeros auxilios y estamos conectades -con e, sí, que aquí es regla entre estudiantes- por whatsapp”. Ahora que se acerca la hora en que las armas tienen permiso gubernamental para disparar esperan con calma porque saben cómo responder en caso de emergencia.

En la Plaza Italia, centro neurálgico de Santiago, hay jóvenes y viejas, trabajadoras formales y trabajadores informales, dirigentes sindicales, amas de casa, docentes de todos los niveles, estudiantes, artistas, padres, hijes. Una incontable cantidad de pañuelos verdes feministas y otro tanto de los amarillos, los que dicen “No + AFP” -denunciando el saqueo de la jubilación privada. Hay, sobre todo, una rebeldía que no se calma ni con las balas, ni las muertes que se lloran colectivamente, ni con los gases que nunca dejan de picar en la garganta. La decisión es certera y fue tomada en asambleas y en la propia calle sin ningún planteo orgánico: esto no se va a detener hasta que los milicos y “los pacos” (carabineros) no se vayan de la calle. Está pintado en cada pared de esta inmensa ciudad y anda de boca en boca. Con las armas en la calle no hay nada que hablar con las instituciones y mucho que movilizar para sacudirlas.

“Me vine con mi hija de 9 porque ella estaba asustada. Asustada de los milicos, asustada de los gases, con pesadillas. Van cinco días de movilización y la traje para que no tenga miedo. Porque pueblo que lucha no teme, y ahí está, contenta con su silbato”, dice Camila que es enfermera y ayer participó de la asamblea frente al ministerio de Salud que siguió con la movilización de profesionales y estudiantes del sector hacia Plaza Italia. A su lado, cuatro estudiantes del último año de obstetricia con los delantales blancos que usan en sus prácticas, ninguna tiene más de 24; todas están endeudadas, calculan, hasta el 2040. Pero ahora quieren hablar de otra cosa, quieren hablar del colapso del sistema de salud. “El 80 por ciento de la población usa la salud pública pero la inversión no alcanza ni para cubrir al 30 por ciento. Los hospitales no pueden colapsar ahora con les herides porque los hospitales están colapsados hace tiempo. Tenemos que hospitalizar en pasillos, no hay especialistas; donde debería haber 20 profesionales hay 10... Eso es violencia estructural, no se trata de los famosos 30 pesos, se trata de 45 años de políticas económicas neoliberales que se llevan nuestro dinero al sector privado para después fugarlo”. Esa es la descripción de Iara, Camila, Paula y Evelyn del funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Pensión, un lento saqueo a toda la población “para después cobrar una jubilación ínfima”, insiste Iara.

Evasión popular

Faltan 17 minutos para el toque de queda y desde los barrios altos, esos que aquí se llaman “pijos” porque es donde las casas son amplias y los autos también -como las deudas-, centenares de bicicletas bajan por la avenida Providencia. “Evade”, dicen los carteles que llevan pegados en los manubrios. Es una palabra clave que también se pinta sobre las paredes y en lo que queda de los vidrios de las paradas de los colectivos –“las micros”- sobre La Alameda. Fue lo que empezaron a hacer hace más de una semana les estudiantes de escuelas secundarias, evadir el aumento del metro saltando por encima de los molinetes. Una acción directa que detonó este “¡Chile despertó!” que no deja de corearse.

Y es que evadir es la primera acción de libertad que imaginan quienes entran en la manga de vacas hacia la expropiación de su tiempo y sus saberes por más de la mitad de la vida que significa estudiar en este país. Hay que tener mucho dinero para hacer desde una tecnicatura, terciaria o carrera profesional sin contraer un Crédito con Aval del Estado que pague los estudios y que se devolverá cuando se empiecen a cobrar los primeros sueldos. “Yo soy profesor de Educación Física, me recibí en 2014, tuve que pedir 6 millones para estudiar, voy a terminar pagando 20, al paso que voy, será en 2036”. Porque aunque Álvaro Barrientos quisiera adelantar cuotas de su CAE, apenas si puede sostener la vida cotidiana sin contraer otras deudas. Está sentado en una plaza en la comuna de Providencia, aunque se aproxima la militarización de la ciudad que viene sucediendo desde hace cinco noches, hay un micrófono abierto y una banda tocando, centenares de personas en el pasto, niñes que juegan con las cacerolas de las protestas y una sensación que no se parece en nada a la furia sino más bien a otra palabra que también anda de cartel en grafiti: dignidad.

Vonni Basualdo, joven estudiante de pedagogía en matemática, sentada en la misma plaza que se ocupó porque “les vecines” también se organizaron por whatsapp después de encontrarse en la calle para recuperarla, asiente. “Es contra la precariedad de la vida y a favor de la dignidad. Esto no se termina. Que saquen los milicos y después igual va a estar difícil, porque el pueblo cada vez está más informado, saben que hay problemas estructurales: la educación, la salud, las AFP y ya no queremos más parches.”

Asambleas instituyentes

Javiera Manzi es vocera de la Coordinadora Feminista 8M, parte de la organización del paro transnacional que modificó los 8 de marzo desde 2017. Ayer, fue protagonista de dos asambleas, la primera, de la Coordinadora. La segunda, en la Federación de Estudiantes de Chile, convocó a más de 60 organizaciones sociales, sindicatos, mapuche, feministas, territoriales. Ahí, como en cada asamblea de las que se vienen organizando por sectores o por territorios, se pusieron en común las evaluaciones de lo actuado y la imaginación de lo por venir. “La violencia se expresa de manera diferenciada sobre nuestros cuerpos de mujeres y disidencias, nuestra lucha es anticapitalista y antipatriarcal y queremos que nuestras demandas estén en primera línea. Nosotras hicimos la primera huelga feminista este año y fue la movilización más masiva desde la dictadura. Juntarnos con otras organizaciones es una necesidad ahora porque no es momento de cerrarse sino de abrirse. Las asambleas son instituyentes de una autoridad que fundamos juntes y por ese camino es que queremos seguir transitando”, dice agitada entre el final de una actividad, el sonido de las cacerolas de fondo y otra asamblea en su barrio que también la espera.

¿Qué sigue después de estas movilizaciones, de esta insurrección que no parece poder calmarse con medidas o con “parches”, como le dicen los estudiantes al resultado de las movilizaciones de 2011 por la reforma educativa? “Necesitamos una Asamblea Constituyente porque la Constitución actual es una trampa neoliberal, un entramado jurídico que obstaculiza las reformas que necesitamos en Chile”, dice Benjamín Núñez, estudiante de Derecho, apenas terminada la asamblea tripartita de la Universidad de Chile donde participaron funcionarios/as, estudiantes, no docentes y trabajadores y trabajadoras a honorarios -un equivalente a monotributistas- que en la UdeCH son más de 10 mil. “Pero no puede ser una asamblea con representantes de partidos políticos, tiene que ser una gran discusión política abierta, un cabildo abierto para que todos y todas podamos diseñar el territorio que queremos”

El movimiento en la calle es autoconvocado pero no está acéfalo, hace sonar cacerolas pero no le faltan palabras; es urgente pero tiene el tiempo que precisa para detener la vida cotidiana y poner ahí la cuña de la desobediencia. Los plazos que pone la calle están expresados en las paredes y con esa poesía propia de la revuelta dice: “Hasta que valga la pena vivir”.

Publicado enCrisis Chile
Lunes, 21 Octubre 2019 16:16

Al rojo vivo. ¿Por qué en el Cauca?

Al rojo vivo. ¿Por qué en el Cauca?

Entre el anhelo social comunitario de justicia y vida digna, y un Estado inclinado por una pax incierta que recurre a formas de control y de guerra que se creían superadas, el departamento del Cauca está sometido a diversos conflictos económicos, ambientales, territoriales, militares, en creciente, y su población mayoritaria desgastada por la desidia estatal. ¿Se impondrá la voluntad y el sueño comunitario o logrará el status quo prolongar su dominio?

 

El río Cauca recorre de sur a norte buena parte de la geografía de Colombia, desde el nudo donde nacen sus cordilleras y ríos más grandes hasta su unión con el río Magdalena, cuando se acercan a su desembocadura en el Caribe. Por esas cuencas y entre el nudo de montañas que se conocen como el Macizo colombiano, se dio el repoblamiento de la región cuando llegaron colonizadores en busca del oro y de las mejores tierras.


En una historia de cinco siglos los pueblos originarios fueron desplazados de las mesetas y valles hacia las montañas, y los sobrevivientes de las matanzas y del hambre fueron obligados a replegarse a las parte alta y pendiente de las cordilleras. Los descendientes de los encomenderos, se repartieron dominios y ejercieron como señores en sus feudos hasta que sus herederos, acostumbrados a la renta fácil, fueron decayendo y vendiendo a pedazos a los indios a nuevos terratenientes o a los lavadores de activos de las bonanzas ilegales del siglo XX. Es una historia cruzada o entrelazada con la de los buscadores de oro que llegaron desde el Atrato y el Cauca antioqueño al norte de lo que hoy es el Cauca. Los aventureros del Dorado llegaron con miles de esclavos secuestrados por portugueses y españoles en las costas de África y se fueron apoderando del valle interandino, en donde formaron, primero, feudos de las llamadas “encomiendas” y luego de la Independencia de España se renombraron las haciendas, antecedente de la gran propiedad en el norte del Cauca.


Un tiempo pasado pero que está presente. El Cauca de hoy heredó de esa historia una maraña de conflictos no resueltos que se entrelazan con la historia de insurgencias, contrainsurgencias, paramilitares y narcoparamilitares, con las nuevas formas de disputa por los territorios en la cual entran en acción otros actores llegados con la agroindustria, la expansión minero-energética y el narcotráfico.


Es más visible la violencia pero más trascendental la resistencia


El Cauca de hoy es conocido por noticias contradictorias. La mayor alarma es por ocupar el primer lugar en asesinato de lideres y lideresas sociales, en amenazas y recomposición de la violencia armada después de la firma de los acuerdos de paz en 2016. Pero al mismo tiempo el Cauca es visible por la fortaleza de organización social en su diversidad.


No solo es un departamento triétnico y rural sino que también esta repartido poblacional y territorialmente por partes iguales entre campesinos (28%), indígenas (24%), negros (26%) y mestizos urbanos (22%). Ocupa, al lado de los departamentos del Chocó y La Guajira, los primeros lugares en pobreza, desigualdad, necesidades básicas insatisfechas y en indicadores de violencia, pero también en organización social y capacidad de resistencia a los impactos de guerras y formas de exclusión y discriminación.


En años recientes, e incluso en el actual, ha llamado la atención el impacto de las protestas indígenas, que bajo el nombre de Minga, unen fuerzas y capacidades con campesinos y comunidades negras para exigir derechos territoriales y fundamentales, a través de movilizaciones y bloqueos de la vía Panamericana que comunica el suroccidente hacia Nariño y el Valle. El Consejo Regional Indigna del Cauca, (Cric), y la organización de Autoridades Indígenas (Aico), lideran la mayor concentración de cabildos indígenas del país y son referente en el conjunto del movimiento indígena en Colombia.

 

 


Como parte de esta dinámica composición poblacional, en el Norte del Cauca se encuentra uno de los procesos más dinámicos de organización de las comunidades negras con liderazgos de significación nacional. Esta región, integrada con los municipios del sur del Valle, con Cali, Buenaventura y el Pacífico medio, tiene la concentración poblacional negra, afrodescendiente, de mayor peso en Colombia. La defensa de derechos, identidad y culturas se sustenta en fuertes organizaciones y en los procesos de defensa y construcción de consejos comunitarios negros en las zonas rurales (1).


También los campesinos ocupan un lugar importante por su organización, por ser el Cauca un departamento mayoritariamente rural en población y Producto Bruto Interno y por tener en Colombia, junto a Nariño y Boyacá, la mayor presencia de minifundistas y pequeños productores campesinos. No sólo hay organizaciones campesinas importantes como Fensuagro, Cima, Anuc y el Consejo Nacional Agrario, sino siete asociaciones para la formación de Zonas de Reserva Campesina, una red activa de juntas comunales y un fuerte proceso asociativo agroalimentario.


Conflictividades armadas y reordenamiento violento del territorio


En el Cauca están ubicados dos de los más grandes campamentos de excombatientes de las Farc que firmaron el pacto de paz; sucede ahora como ocurrió 30 años atrás con la ubicación de los campamentos finales de las guerrillas del M-19 y del Movimiento Guerrillero Indígena Quintín Lame. Desde su nacimiento en 1964 las Farc estuvieron en el Cauca y al momento de los pactos de paz y la dejación de armas operaban seis de sus frentes con un radio de influencia en 26 de los 42 municipios del departamento. Sus columnas y frentes tenían su retaguardia en la alta montaña y en la selva, pero su presencia se ubicó hasta el final cerca de cabeceras urbanas importantes, y a solo una hora de Cali (2).


El desmonte de la organización armada, desde la firma de los Acuerdos de Paz y la dejación efectiva de las armas en abril de 2017, tiene un gran impacto en la región no solo por desaparecer un ejército guerrillero sino por los cambios en los negocios que servían para su sostenimiento, en especial por rentas y seguridad derivadas de cultivos de coca y marihuana, y de la minería del oro.


Con el desarme de esta guerrilla se aceleró el reposicionamiento de grupos armados que venia dándose desde 2015 cuando se hizo evidente la posibilidad de un acuerdo final en La Habana. El Eln amplió su presencia desde sus baluartes en el sur del departamento hacia el norte, por las dos cordilleras. Movieron los frentes Manuel Vázquez y José María Becerra y las compañías Milton Hernández y Camilo Cienfuegos.


En todos los frentes de las Farc quedaron milicianos al margen de la dejación de armas, así como pequeños grupos residuales con mandos bajos que buscaron reinstalarse en las relaciones con los narcotraficantes y en el cobro de supuesta seguridad a pequeños cultivadores y mineros. A la altura de septiembre de 2019 estos grupos han llegado a estabilizar áreas de control y se distribuyen unos en los municipios de Suárez, Buenos Aires y hacia el Pacífico, y otros en la parte baja de la Cordillera Central.


El negocio de la cocaína en el Cauca supera los 200 millones de dólares al año, que se quedan en más del 95 por ciento en el lavado de activos en el exterior y en los circuitos financieros, pero el 0,5 por ciento que llega al territorio es suficientemente atractivo como para desatar luchas sangrientas por su control. Así lo indican las cifras de cultivos: En 2016 la Onudoc registró 12.600 hectáreas de cultivos de coca en territorio caucano, concentrados en los municipios de Argelia y el Tambo; en 2018 esa cifra ascendió a 22.000 has y según el informe de la DEA de marzo de 2019 la expansión llega a 31.000 has ubicando al Cauca como el tercer productor de base de coca con un potencial de exportación de 300 toneladas métricas de cocaína, las cuales salen por las rutas del Pacifico que van paralelas a los ríos Micay y Naya.


Detrás de estas rentas han llegado varios grupos, entre ellos pequeños destacamentos del Epl –que entran por Jamundí–, agentes financiadores de carteles mexicanos que vienen a asegurar continuidad y calidad de los envíos, emisarios del Clan del Golfo (AGC) y sicarios de narcotraficantes de otras regiones. Entre ellos se desataron fuertes enfrentamientos en 2017 y 2018 en los que ganaron terreno los rearmados desde residuos de las Farc, quienes lograron mayor control en la parte norte de la Cordillera Occidental y hacia el Pacifico por el rio Naya. El Eln neutralizó competidores en El Tambo, Guapi y parte de Argelia. La disputa por las rentas y seguridad impuesta se desató en el norte del Cauca en los municipios de Caloto, Corinto, Miranda y Toribio.


Los protagonistas de la nueva violencia en zonas de marihuana son los pequeños grupos residuales que ajustaron cuentas entre sí y retomaron viejas practicas para imponer por el terror el control sobre los pequeños cultivadores. En los municipios y veredas clave para la producción y tráfico de la marihuana las mayores tensiones se dan por la resistencia de pequeños cultivadores indígenas y campesinos a someterse a las órdenes y cobros de los nuevos grupos armados. En los territorios indígenas las autoridades han proscrito el porte de armas y toda actividad de narcotráfico colocándose en antagonismo abierto con narcoparamilitares y grupos residuales ex Farc.


El otro es otro cuento


La conflictividad violenta por el oro tiene más complejidades que el narcotráfico, dada la pugna de intereses entre compañías legales, con comunidades mineras sobre todo afrodescendientes, con autoridades locales relacionadas con el manejo de regalías y ordenamiento territorial, mafias políticas, grupos de sicarios y nuevos grupos armados ilegales. Los mayores productores legales e ilegales de oro están en Suárez, Buenos Aires, Quilichao, López, Timbiquí y Guapi. Y algo en el sur, en Mercaderes y Almaguer. La mayoría de los títulos mineros están en el sur y norte del departamento; es también allá en donde se pelean a tiros la explotación mecanizada en los principales ríos.
La disputa por el oro golpea a los mineros artesanales y tradicionales que son presionados a entregar sus unidades a medianas y grandes empresas; los traficantes de títulos acompañan marrullas jurídicas con amenazas y las multinacionales ponen su huella con solicitud de titulación desde el sur del departamento hasta las zonas más prometedoras que son territorio de comunidades negras. La intimidación y la violencia directa recurre, en mayor medida, al sicariato que a los servicios de grupos armados organizados.


Los conflictos territoriales: tierra, agua y ambiente


Hasta los años setenta del siglo XX los conflictos por tierra y recursos naturales en el Cauca enfrentaron a indígenas y campesinos con terratenientes rentistas. Ese conflicto se resolvió en parte con la revolución agraria pacífica de los cabildos y la ampliación territorial de los resguardos y, por otra parte, por la expansión acelerada de la agroindustria de la caña en el norte plano, y de la industria forestal en las planicies interandinas. Pero en el siglo XXI el conflicto territorial va acrecentándose por la instalación de grandes industrias militarmente protegidas y por la continuidad de acaparamiento de tierras dedicadas a la caña para azúcar y etanol.


La comunidades negras, ahora más organizadas que nunca, reclaman territorio para consejos comunitarios y sus poblados, al tiempo que los pueblos indígenas, reducidos al minifundio en tierras de altas pendientes, no ven otra alternativa que buscar tierras ancestrales y de las viejas haciendas en la parte plana. Desde hace tres décadas los pueblos étnicos reclaman recuperar la madre tierra y gobernantes y poderosos grupos agroindustriales piden seguridad privada o estatal para enfrentarlos (3).


Durante los años noventa y primera década del siglo XXI los paramilitares cumplieron el papel de fuerza privada de contención a las demandas campesinas y étnicas, emplazando en el Cauca una alianza múltiple entre paramilitares, empresarios legales violentos, narcotraficantes y fuerza pública (4). Durante el quinquenio 1999-2004 controlaron alcaldías y pusieron gobiernos como declaró el jefe paramilitar HH en audiencia pública ante los tribunales de Justica y Paz. Esa historia cambió a raíz de la desmovilización del Bloque Calima, pero en los últimos dos años parece que se reactivan tácticas de amenazas aprendidas en esas escuelas y ahora animadas para atemorizar poblaciones y líderes.


En el posacuerdo de paz se despiertan expectativas y respuestas violentas


Desde la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre de 2016, los diversos sectores sociales del Cauca se movilizaron para reclamar derechos ahora respaldados en compromisos en reforma rural integral, sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, garantías políticas y de seguridad en los territorios, reincorporación de excombatientes y garantías de verdad, justicia y reparación a las víctimas y a la sociedad. Más de 31.000 líderes/as acudieron al proceso de elaboración de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial; los pueblos indígenas y comunidades afro se organizaron para facilitar la implementación del “Capitulo Étnico” del acuerdo de La Habana.


Pero ante toda la movilización por la implementación de los Acuerdos de Paz en el Cauca y la búsqueda de una paz más completa, la respuesta del Gobierno fue y sigue siendo lenta o nula. Las comunidades y sus líderes han encontrado, por un lado, la recomposición de grupos armados y de mafias narcotraficantes y narcoparamilitares, la proliferación de sicarios al servicio de negocios legales e ilegales y, por otro, el desinterés del gobierno en llegar con recursos de inversión extraordinarios para ganarle la última batalla a la violencia armada residual, al narcotráfico y sus mafias. A la fecha, y no obstante la formulación de 22 planes de desarrollo territorial y tres de alcance intermunicipal, no hay recursos nuevos y sólo se muestran inversiones marginales de infraestructura de vieja programación.


En lo relativo a la sustitución concertada y reconversión económica de zonas cocaleras, la decidía gubernamental ha sido escandalosa desde que se firmaron los acuerdos. El gobierno le dejó el campo libre al narcotráfico, a pesar de que más de 20.000 familias cocaleras acudieron a firmar los pactos de sustitución. Solo quinientas familias fueron vinculadas realmente en 4 acuerdos colectivos de sustitución voluntaria firmados desde 2017. En Argelia se desconoció el plan propuesto por todas las comunidades y en El Tambo sólo se atendió una vereda. El resultado estaba anunciado: la incapacidad de respuesta del Gobierno colocó a las comunidades frente a la presión económica y las amenazas de muerte de los narcotraficantes. “O me vende la pasta o negociamos con la viuda” volvieron a decir los agentes armados y desarmados de los narcotraficantes alebrestados por la ausencia del Estado social y la continuidad de las rutas y bonanzas de la demanda externa. La trampa quedó armada: ante la ausencia del Estado crecieron los cultivos y el narcotráfico y ante el peligro de la droga y las exigencias de la DEA y la CIA lo que sigue es la erradicación forzada con aspersión aérea con agrotóxicos y otros venenos.


El Gobierno define como prioridad de seguridad el combate al Eln y a los grupos residuales no desmovilizados, la seguridad de la infraestructura y para las grandes empresas y coloca en tercer plano la seguridad humana y de las poblaciones en mayor riesgo. Aunque se predica la acción integral con inversión social y presencia de la fuerza pública, en la práctica lo que se anuncia ante cualquier crisis o masacre es la asignación de nuevos batallones. La nueva estrategia de seguridad y defensa identifica en el Cauca como grandes amenazas a los jefes de grupos armados y carteles transnacionales y convierte a los municipios con situación critica de violencia en campo de operaciones de guerra en los cuales la población civil queda atrapada entre las armas ilegales y las armas del Estado.

 


Las cifras de asesinatos y amenazas en clave de disputa territorial


En la lista de 169 líderes/as sociales asesinados en el Cauca desde enero de 2016 a septiembre de 2019, se observa que el 45 por ciento ocurren asociados a conflictos territoriales, 14 por ciento en contextos de cultivos ilícitos o de disputas por territorios y rutas frente a narcotraficantes de cocaína, 25 por ciento en conflictos alrededor de la marihuana y 16 por ciento asociados con la minería del oro. En ese total de asesinatos 44 por ciento corresponde a lideres/as indígenas, 33 por ciento campesinos, 9 por ciento afros, 6 por ciento sindicalistas y 8 por ciento lideres/as cívicos urbanos.
En cuanto a los presuntos autores materiales de los homicidios se tiene que el 78 por ciento son sicarios sin grupo de pertenencia conocido, 13 por ciento narcoparamilitares, 5 por ciento agentes de la Fuerza Pública, 2 por ciento residuales ex Farc y 2 por ciento Eln.


¿Qué pensar cuando todo el aparato del Estado dice que la clave para la protección de los lideres sociales es la guerra concentrada en disidentes o residuales y en el Eln?

La persistencia de agresiones contra comunidades y líderes/as va de la mano con la militarización y la resistencia


Es larga la lista de factores o variables que emergen cuando se intenta explicar el por qué en el Cauca se presentan hoy las mayores cifras de asesinato y amenazas de líderes y de lo aquí dicho se desprenden algunas. Pero tal vez la jerarquía de determinantes o el orden de causalidades tiene que ver con que la disputa por territorios para grandes negocios choca con la resistencia de comunidades organizadas que quieren construir planes de vida endógenos, desde sus culturas, identidades y autonomías. En el posacuerdo y la construcción de una transición al posconflicto, chocan las fuerzas sociales que quieren una paz democrática, justa y redistributiva con los que quieren una pax con statu quo para ampliar la acumulación violenta en economías legales e ilegales y la concentración de tierras para macroproyectos agroindustriales y minero energéticos. En ese choque interviene la violencia fragmentada de grupos rearmados con residuos de las Farc, pequeñas fracciones herederas de los paramilitares del Bloque Calima y sicarios al servicio del narcotráfico y otros negocios.


Poco ayuda a la seguridad humana de las poblaciones la actual estrategia de las Fuerzas Armadas de escalar la confrontación militar con operaciones de ocupación territorial, como las anunciadas con tres nuevos batallones en el Norte del Cauca. Se militarizan territorios y se confinan y desplazan familias y comunidades a nombre de una nueva guerra. Se omite la aplicación de estrategias efectivas para neutralizar la cooptación de agentes del Estado y de la misma Fuerza Pública por parte de intereses privados y del tráfico de marihuana o de insumos para la cocaína. Muchos hechos indican que la estrategia de las Fuerzas Armadas vuelve con todos sus bemoles a los diagnósticos de guerra del siglo pasado, y a las estrategias de consolidación territorial orientadas por el Plan Colombia. No hay una visión de posconflicto ni una estrategia de garantía a la implementación de los Acuerdos de Paz.
Algunos expertos y defensores de derechos humanos en el Cauca, afirman que no faltan efectivos pues lo que falta es innovar en doctrinas y orientarse hacia la seguridad ciudadana y humana y al combate efectivo para desestructurar a los nuevos grupos y neutralizar al Eln. Parece que la estrategia de seguridad se orientara por una nueva doctrina de seguridad del Estado, y hacia la creación de zonas especiales con estados de excepción, en lugar de una gran alianza con la gente para la garantía de seguridad y derechos humanos.


 

1. La región pacífico es la tercera cuarta parte del territorio (municipios de Guapi, Timbiquí y López del Micay). En su mayoría es zona selvática y de reserva forestal que se traslapa con consejos comunitarios de población negra que vive dispersa en la rivera de los ríos y en las cabeceras municipales. Ver el libro sobre zonas de reserva forestal en http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2016/09/ambiente-y-derechos-etnicos-vs-cultivos-prohibidos-libro-web-indepaz.pdf
2. Bloque Occidental “Alfonso Cano”, tenia tres columnas móviles (Arturo Ruiz, Jacobo Arenas Y Miller Perdomo) y los Frentes 6, 8, 9 29, 30 y 60. La mayor presencia era en los municipios del Norte del Cauca, en las Cordilleras Central y Occidental, y en el sur con fuerte presencia en Argelia y municipios vecinos.
3. Aproximadamente un 63 por ciento de los territorios indígenas del Cauca (unas 300.000 hectáreas) tienen carácter netamente conservacionista, 46.000 hectáreas de las cuales están traslapadas con parques naturales nacionales y casi 6.000 hectáreas corresponden a sus zonas de amortiguación. Unas 83.000 hectáreas corresponden a páramos, sitios sagrados y zonas de importancia vital para la conservación del agua y la biodiversidad; el resto a zonas de vocación forestal protectora.
4. CNMH, El Bloque Calima de las AUC. En http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/de/noticias/noticias-cmh/el-bloque-calima-cometio-119-masacres-entre-1999-y-2004

*Presidente de INDEPAZ
CamilogonzáEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Presidente de Indepaz. Agosto de 2019.

 Un autobús en llamas, en el centro de Santiago de Chile, durante las protestas. CLAUDIO REYES AFP

El estado de emergencia implica algunas restricciones a la libertad de locomoción y reunión por un máximo de 15 días, que pueden ser prorrogables, en ese caso con autorización del Congreso Nacional, y deja en manos del militar asignado la seguridad de las zonas bajo las que rige la medida.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó en las primeras horas de este sábado el estado de emergencia en Santiago, tras las numerosas protestas desatadas en la capital contra la subida del precio del billete del metro.

"Frente a los graves y reiterados ataques y atentados contra las estaciones y las instalaciones del metro de Santiago, contra el orden público y la seguridad ciudadana (...) he decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco, y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en la región Metropolitana", dijo el mandatario.

Piñera compareció ante la prensa en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, y explicó que el objetivo de esta medida es volver a recuperar la normalidad que se ha visto seriamente afectada este viernes en las calles de la capital chilena por protestas, disturbios, barricadas, incendios y saqueos.

"El objetivo de este estado de emergencia es muy simple pero muy profundo: asegurar el orden público, la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados y por sobre todo garantizar los derechos de todos", señaló el presidente.

Entre la tarde y la noche las protestas se han recrudecido en Santiago en numerosos puntos de la urbe, donde se han saqueado locales comerciales e incendiado estaciones de metro y algunos autobuses del transporte público.

"Nuestros compatriotas que se han visto seriamente complicados por la acción de verdaderos delincuentes que no respetan a nada ni a nadie, que están dispuestos a destruir una institución tan necesaria como es el metro y que además no respetan los derechos ni las libertades de sus compatriotas", agregó el jefe del Ejecutivo chileno.

Recalcó, además, que el Gobierno ya había invocado la ley de Seguridad del Estado a lo largo de la jornada del viernes para que la Justicia persiga a todos los involucrados en los disturbios acaecidos.

Piñera confirmó también la designación del general de división Javier Iturriaga del Campo como jefe de la defensa nacional mientras dure el estado de emergencia. El artículo 42 de la Constitución chilena establece que en caso de estado de emergencia por grave alteración del orden público "las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la defensa nacional que designe el presidente" y asumirá atribuciones y deberes.

La capital chilena vivió este viernes una jornada de graves altercados por las protestas ciudadanas por el aumento del precio del billete de metro, que derivaron en incendios en varios puntos de la ciudad, barricadas, saqueos y graves destrozos de mobiliario urbano y de la red de suburbano.

Militares en la calle

Así lo confirmó el general de división Javier Iturriaga del Campo, designado como jefe de la Defensa Nacional por el presidente chileno, Sebastián Piñera, después de que el mandatario decretase el estado de emergencia en la provincia de Santiago -que alberga la mayor parte de las comunas de la Región Metropolitana (RM)-, en la provincia Chacabuco y en las comuna de Puente Alto y San Bernardo, sectores todos pertenecientes a

"Las fuerzas policiales siguen ejerciendo sus tareas de patrullaje y control de los servicios de vía pública y control de aquellos sectores que fueron afectados. Las fuerzas militares van a salir ya en este momento a patrullar la ciudad en aquellos sectores más conflictivos", dijo Iturriaga del Campo en rueda de prensa.

El militar, que en virtud de su nombramiento se hace cargo de la seguridad de los sectores en los que rige el estado de emergencia, destacó que su intención es "recuperar la normalidad a la mayor brevedad" posible y pidió a la gente que se fuera a sus casas.

"He asumido el control y el mando de las fuerzas militares y las fuerzas de orden y seguridad (...) y estamos mandatados para evitar que se sigan cometiendo desmanes y destrozos en la ciudad y, lo más importante, recuperar a la brevedad los derechos y las libertades de las personas para que puedan seguir ejerciendo su vida con normalidad", agregó.

El estado de emergencia implica algunas restricciones a la libertad de locomoción y reunión por un máximo de 15 días, que pueden ser prorrogables, en ese caso con autorización del Congreso Nacional, y deja en manos del militar asignado la seguridad de las zonas bajo las que rige la medida.

En ese sentido, el general de división del Ejército de Chile descartó por el momento que se vaya a decretar el toque de queda en estos lugares y explicó que el mando de Carabineros está ahora bajo la autoridad militar.

santigo de chile

19/10/2019 09:29 Actualizado: 19/10/2019 10:59

efe

Publicado enCrisis Chile