(De izq. a der): Diana Sánchez, Lida Núñez y Alirio Uribe

Bogotá, marzo 5 de 2020. Tres grandes plataformas de derechos humanos colombianas, no gubernamentales, con amplia incidencia en los ámbitos nacionales e internacionales, se reunieron el 5 de marzo en rueda de prensa, para brindar su análisis y respaldo a los informes del Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh)


El informe de la Oacnudh*, entregado en Ginebra –Suiza– el 4 de marzo, analizó la situación de derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, para lo cual realizó 1.151 misiones en terreno, 376 actividades de capacitación y fortalecimiento a instituciones del Estado y a la sociedad civil, y realizó seguimiento a 250 casos de presuntas violaciones de derechos humanos.

El Relator Especial de la ONU, Michel Forst, también presentó su informe** en Ginebra. Primero efectuó una visita oficial a Colombia del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018 por invitación del Gobierno con el propósito de determinar si en Colombia las personas defensoras están seguras y empoderadas para promover y defender los derechos humanos y si el Gobierno garantiza el ejercicio de la defensa y promoción de los derechos humanos en un entorno seguro y propicio. Como su visita fue al inicio del mandato Duque, decidió volver a finales de 2019 para observar avances, momento en el cual el gobierno dilató su visita e impidió su entrada, como el mismo Michel Forst confirmó recientemente en medios de comunicación.


¿Por qué la ONU realizó estos informes de manera simultánea?

Dentro de la ONU existe el Consejo de Derechos Humanos, órgano subsidiario que depende de la Asamblea General y el cual dentro de sus Procedimientos Especiales tiene que realizar la formulación de recomendaciones, para lo cual se escoge un relator, en el caso colombiano tal responsabilidad recayó en Michel Forst quie cumple su función a título personal y no recibe sueldo ni retribución financiera, procedimiento así determinado para garantizar su carácter independiente.

Por otro lado, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) es un departamento del organismo multilateral que se deriva de la Secretaría de la ONU, cuya oficina en Colombia fue creada en 1997. Tiene entre sus funciones: denunciar de manera objetiva las violaciones de derechos humanos. Para el caso de Colombia, tiene, además, la misión de verificar la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc. También apoya a los relatores de forma logística y técnica en las visitas que realizan a cualquier país.

Camila Zuluaga, abogada del área de Incidencia Internacional de la Comisión Colombiana de Juristas, explicó que “entre la composición, sesiones y comportamiento del Consejo de Derechos Humanos, se realizan 3 reuniones anuales: marzo, junio y septiembre. La primera de este año fue la que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, el pasado 4 de marzo”. En estas sesiones fue donde se presentaron el informe temático del Relator sobre Derechos Humanos, Michel Forst y el informe anual de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Análisis de los informes

“Las recomendaciones que hacen estos informes son de carácter estructural y ahí es donde el Gobierno se molesta y dice que se están metiendo en la soberanía del país, porque el país solo toma medidas de protección y seguridad –como las que ejecuta la Unidad Nacional de Protección”– comentó Diana Sánchez, miembro de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu), plataforma conformada por 281 organizaciones de derechos humanos.

Por ejemplo, continúa Diana en su intervención, recomendaciones como la Implementación del Acuerdo de Paz, no es ninguna injerencia porque el Acuerdo tiene el apoyo y reconocimiento de la Comunidad Internacional y del sistema de la ONU. Otra recomendación estructural que molesta es que la protección de defensores humanos sea una política pública en el país, como implementar la Comisión Nacional de Garantías establecida en el Acuerdo de Paz, que busca crear una política pública del desmantelamiento del crimen organizado, especialmente del paramilitarismo o neo paramilitarismo.

“Esa Comisión sí iría a buscar de fondo las raíces del problema, quiénes serían los financiadores y las relaciones de agentes de Estado con el crimen. El Gobierno ha tenido 3 citaciones con la Comisión, por presiones nacionales e internacionales, pero no las ha puesto en marcha”, finalizó Diana Sánchez.

Acerca de las declaraciones del presidente Iván Duque, que consideró el informe de la Oacnudh como: “una intromisión a la soberanía del país”, Alirio Uribe, miembro de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Pcdhdd), comentó: “Carlos Holmes Trujillo y la Michelle Bachelet renovaron el pasado 31 de Octubre de 2019 el mandato de la Oficina por 3 años más, es decir, el Estado colombiano se acoge a esto y están todos los parámetros del por qué esa oficina funciona en Colombia, y por lo tanto es absurdo que el presidente Duque y la canciller Claudia Blum digan que la Oficina se está extralimitando cuando realmente el mandato es específico y preciso en todas las funciones de asesoría y asistencia técnica en materia normativa y de políticas públicas”.

El informe recomienda a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que se debería priorizar el enfoque preventivo y la intervención temprana sobre la adopción de medidas de protección temporales, individuales y reactivas, las cuales no responden a las causas estructurales que inciden en estos ataques.

“El informe valora lo que hace la UNP pero pone de presente que el año pasado se asesinaron 6 defensores de derechos humanos en áreas rurales de Cauca, Chocó, Nariño y Risaralda, que estaban con protección. También señala la necesidad de que haya sistemas de protección colectiva, y al gobierno no le gusta que se diga que solamente el 0,22 por ciento del presupuesto de protección se destine a protección colectiva”, comentó Alirio Uribe

Por último, Lida Núñez, miembro de La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación Internacional para la Paz y la Democracia en Colombia, agregó: “Los dos informes recomiendan, en síntesis, que el Estado cumpla con las funciones constitucionales que tiene el país. Por ejemplo, lo plantea en los asuntos relacionados a la Policía, y es que en Colombia no es un organismo militar, es un organismo civil, eso está claro, entonces ¿por qué depende del Ministerio de defensa? Revisen eso porque tal vez esta institución debería estar en el Ministerio del Interior, para que la Policía pueda cumplir con su mandato constitucional. Y tendríamos que revisar por qué éste, un órgano civil, en particular el Esmad, tiene capacidad letal”.

Las tres organizaciones respaldaron la labor de la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en un comunicado resaltaron que: “Instamos al Gobierno a que atienda las recomendaciones contenidos en el informe, pues de esta manera se contribuirá a enfrentar la creciente violencia en el país, y se adoptarán medidas verdaderamente efectivas para garantizar los derechos humanos de la población”.

A estos informes, con su énfasis en la grave situación de violencia e irrespeto a los derechos humanos que caracteriza a Colombia, debe sumársele el informe*** hecho público también el 4 de marzo por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), en el que anota: “La paz es todavía esquiva en muchos territorios de Colombia. En 2019 hubo 352 víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonal, más de 25.300 personas desplazadas masivamente y 218 agresiones a la Misión Médica”.

* Ver informe Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2019 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/118/22/PDF/G1011822.pdf?OpenElement

** Ver informe El Relator Especial de la ONU, Michel Forst, 2018: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_43_51_Add.1_S.pdf

*** Informe Comité Internacional de la Cruz Roja 2019:
https://drive.google.com/drive/folders/1jEsRXGr23F3p3Zi7Bnvm3kjUt1osT1ZC

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“Aquí estoy firme y en recuperación”, profe Sara Fernández

Desde su lecho de convalecencia, estimulada por las múltiples voces de apoyo recibidas luego del apuñalamiento de que fue objeto, Sara Fernández, docente y secretaria de la Asociación de profesores de la U. de A., en mensaje enviado vía WhastApp el jueves 5 de marzo, comentó: “Hola y aquí estoy de nuevo, no les voy a dar el gusto de que me vean ausente, aquí estoy firme y en recuperación, dolor aquí y dolor allá, pero inoxidable ante la adversidad. El tratamiento va firme, ya sonrió o nunca he dejado de sonreír. Estoy bien y en unos días saldré caminando altiva y activa. Siempre Sara, la profe”.

A su vez la Universidad de Antioquia compartió un video por su canal de Youtube donde la profesora habla de su recuperación: "Yo amo la Universidad. Me salvé para luchar hasta el final, que la Universidad se respete, se financie y se mantenga viva porque es patrimonio de todos". También hace un llamado al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, para que "retire al Esmad de la Universidad”.

La profesora Sara Fernández, docente de la Universidad de Antioquia y secretaria de Asoproudea, fue atacada con arma blanca a las 2 de la mañana del día 4 de marzo en su residencia, apuñalamiento que afectó uno de sus pulmones. La Asociación a la que pertenece, junto a otras organizaciones del claustro, fueron amenazadas dos días antes (2 de marzo) a través de un panfleto por las Autodefensas Gaitanistas, estructura paramilitar que en su página oficial negó la autoría del mismo.

El atentado contra su vida reafirma una vez más, y prolonga, lo confirmado por el reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), organización que documentó 108 casos de asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia a lo largo del 2019.

El informe, a su vez, cuestionó la violencia con que procede el Esmad al momento de reprimir la protesta social. Dice sobre el particular: “algunos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) no cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza. Previamente, el ACNUDH había explícitamente expresado su preocupación con respecto a los procedimientos de intervención del ESMAD. El ACNUDH documentó una presunta privación arbitraria de la vida de un estudiante de 18 años en Bogotá, cometida por un agente del ESMAD armado con un rifle de calibre 12 cargado con munición del tipo 'beanbag'". Como puede deducirse, se alude claramente a la muerte del estudiante Dilan Cruz.

Como podrá recordarse, el informe de la delegación de la oficina de derechos humanos de la ONU en Colombia despertó el rechazo del gobierno nacional, desnudando el distanciamiento reinante el Gobierno y el organismo multilateral en concepción, control, verificación, garantías, justicia, etcétera, en el tema de los derechos humanos y el uso de la violencia por parte del Estado.

Precisamente, el uso de la violencia “legal” por parte del Estado, esta vez a través del Esmad, y la incursión de este cuerpo represivo en el principal claustro universitario de Antioquia y Medellín, su capital, acción que contó con el aval del alcalde de la ciudad, despertó una agria polémica aún sin resolución producto de la cual llegaron las amenazas al centro de estudio, dirigida en particular contra una docena de estudiantes y organizaciones de diverso carácter. El apuñalamiento de la profesora queda enmarcado en esta coyuntura. ¿Casualidad? ¿Atentado disfrazado de robo?

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El relator de la ONU para defensores de derechos humanos, Michel Forst

El relator especial concluye que Colombia sigue siendo el país con más defensores asesinados en América Latina

Colombia sigue siendo el país de América Latina donde se asesinan a más defensores de derechos humanos, “y las amenazas se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad”, asegura el relator especial de la ONU Michel Forst. El riesgo, además, ha aumentado en los tres años transcurridos desde la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Esas crudas conclusiones, que presentó este miércoles en su informe al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, han aumentado la ya elevada tensión entre el Gobierno de Iván Duque y Naciones Unidas.

Las personas en mayor riesgo son los líderes sociales “que defienden los derechos humanos en zonas rurales, en particular el acuerdo de paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medioambiente, frente a los intereses de actores estatales y no estatales, como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder”, señala el informe. También apunta que carecen de un reconocimiento público positivo, y a pesar de las declaraciones en las que Duque valora su papel, “otros actores estatales y no estatales” los deslegitiman y criminalizan. Según el documento, los dirigentes políticos y funcionarios públicos, entre otros, estigmatizan a los activistas al tratarlos como “guerrilleros”, “terroristas”, “antidesarrollos” o “informantes”.

En un nuevo episodio de la encendida polémica que lo enfrenta a distintas oficinas de Naciones Unidas, el Gobierno rechazó “tajantemente estas graves e irresponsables afirmaciones”, pues asegura que Forst “no aporta suficiente sustento fáctico para soportarlas” y “desconoce información proporcionada por el Estado durante su visita”, de manera que sus observaciones “no reflejan fidedignamente la situación actual del país”.

Las conclusiones de Forst, formalmente el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, se conocen apenas un día después de que la ministra del Interior, Alicia Arango, representante de los sectores más afines al expresidente Álvaro Uribe en el Gabinete, desató una nueva polémica al afirmar que en Colombia “mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos”. Una declaración que fue ampliamente interpretada como una manera de minimizar el problema del persistente asesinato de líderes sociales. Un total de 323 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, a finales de 2016, de acuerdo con el informe.

La escalada de violencia contra los defensores de derechos humanos no ha tenido tregua. Al menos una treintena fueron asesinados entre enero y febrero y, en lo que va de este año, la Alta Comisionada de la ONU ha recibido 40 denuncias por asesinatos contra líderes sociales. En la tarde de este miércoles, por ejemplo, se conoció que fue asesinado en Cali un escolta de Leyner Palacios, un reconocido líder social. Amenazado de muerte por sus denuncias, Palacios ya se había tenido que desplazar a comienzos de año de su natal Bojayá.

La desmovilización de la extinta guerrilla de las FARC, hoy desarmada y convertida en un partido político, no trajo una presencia integral del Estado en las zonas que antes estaban bajo su control. En muchas regiones, los grupos armados ilegales –que incluyen a la guerrilla del ELN, disidencias que se apartaron del proceso de paz o bandas narcotraficantes– han copado el vacío. “Las personas defensoras que se oponen al control de estos grupos o a sus intereses defendiendo los derechos humanos y los acuerdos de paz, y en particular la sustitución de cultivos de coca, se han convertido en el blanco de los ataques”, advierte el relator. En esos entornos difíciles carecen de la protección efectiva del Estado. “El retraso y falta de determinación política y de designación de fondos suficientes” para implementar el acuerdo de paz “es sin duda una de las causas estructurales clave que mantienen la situación de riesgo de los defensores”, apunta.

“En vez de enfrentarse con el relator, el Gobierno debería fijar sus recomendaciones, como la de reafirmar su compromiso con el acuerdo de paz, priorizar su implementación, dotarlo de los recursos necesarios para ello y fortalecer los mecanismos de protección para personas defensoras”, ha manifestado Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, durante el espacio de comentarios en la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

El relator visitó Colombia a finales de 2018, tres meses después de la posesión de Duque. Su documento se presenta una semana después de que el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, retratara la deteriorada situación de violencia en en el país. Ante esas observaciones, los sectores más radicales del Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Uribe, redoblaron sus ataques a la ONU e incluso pidieron expulsar la oficina de Bachelet. El propio Duque, que suele cultivar un perfil más moderado con respecto a su partido, consideró “una intromisión a la soberanía de Colombia” la sugerencia que contenía de acercar la policía a la órbita del Ministerio del Interior.

El informe de este miércoles ya venía precedido de controversia, pues Forst insinuó en declaraciones a medios colombianos que no pudo concretar una segunda visita, prevista para mediados del año pasado, por distintas trabas a su labor. Su enlace era el entonces consejero presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa, un abogado cercano a Duque que fue elegido fiscal general de la nación. Ahora es, precisamente, el encargado de investigar los incesantes asesinatos de líderes sociales que han despertado el hastío de una sociedad ansiosa por pasar la página de la violencia.

La Cruz Roja confirma deterioro de la situación humanitaria

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lo advirtió durante el 2019 y ahora, en el balance anual de la organización, lo confirma: “la situación humanitaria en Colombia se ha deteriorado”. Así lo subrayó Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR, quien explicó que en 2019 hubo un aumento de víctimas de artefactos explosivos y minas antipersona, persistió el desplazamiento forzado y se incrementó la práctica del confinamiento de poblaciones y los ataques a las misiones médicas, entre otros fenómenos que dificultan la vida de los campesinos en algunas regiones de Colombia.

“Nuestros equipos documentaron el año pasado 987 violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y otras normas humanitarias. La mayoría fueron graves hechos como amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores. La población civil sigue sufriendo las peores consecuencias del conflicto y la violencia armada y hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, las víctimas guardan silencio por temor a represalias. Vivir sin miedo es una deuda pendiente para Colombia”, dijo Harnisch.

Una de las mayores preocupaciones es que el uso de artefactos explosivos y minas antipersona causó una víctima diaria durante el año pasado. De acuerdo con sus cifras, se registraron 352 víctimas, de las cuales 159 corresponde a civiles. En 2018 fueron 220 las víctimas. El agravante es que los grupos armados que se han instalado en los lugares a los que no ha llegado el Estado tras el acuerdo de paz recurren al uso de explosivos improvisados de detonación controlada y no advierten a las comunidades.

Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas, durante el 2019 estos ataques produjeron el desplazamiento de 25.000 personas y el confinamiento de otras 27.600. Esta última es una práctica que se observó en regiones como Chocó, en el occidente de Colombia. “Hubo una ligera disminución del desplazamiento pero un aumento del confinamiento, lo que evidencia una profundización del conflicto armado”.

El CICR afirma que en Colombia existen al menos cinco conflictos armados no internacionales. “Uno entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en El Catatumbo (frontera colombo-venezolana); el segundo entre el Gobierno y el ELN; otro entre el Gobierno y EPL; el cuarto, entre el Gobierno contra el grupo paramilitar Clan del Golfo; y el quinto, entre el Gobierno y las tres exestructuras del bloque oriental de las FARC que no se sumaron al proceso de paz”, explicó el delegado.

La fragmentación y existencia de tantos grupos hace que la situación humanitaria sea más compleja que en 2018. En ese contexto el CICR documentó 93 nuevos casos de desaparición. “Lamentablemente la desaparición no es un fenómeno de la historia pasada sino del presente”, agregó Harnisch sobre uno de los fenómenos que arrastra el país. Las estimaciones de Medicina Legal hablan de hasta 200.000 desaparecidos.

Bogotá - 04 Mar 2020 - 18:24COT

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Atacan a Sara Fernández, profesora de la Universidad de Antioquia

La profesora Sara Fernández, docente de la Universidad de Antioquia y secretaria de la Asociación de Profesores (Asoproudea), fue atacada con arma blanca a las 2 de la mañana del día 4 de marzo en su residencia, apuñelamiento que afectó uno de sus pulmones. La Asociación a la que pertenece, junto a otras organizaciones del claustro, fueron amenazadas dos días antes (2 de marzo) a través de un panfleto por las Autodefensas Gaitanistas, estructura paramilitar que en su página oficial negó la autoría del mismo.

Según el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el sospechoso del ataque fue capturado, e identificado como un “niño de 13 años habitante de calle, entra por su balcón, a hurtar y la hiere”. Después actualizó la información comentando que Medicina Legal identificó al sospechoso y confirmó que no era menor edad y fue llevado a la URI para ser interrogado. 

En declaraciones anteriores, y ante la situación que vive la Universidad de Antioquia, y que requieren de espacios de diálogo permanente con todos los claustros que integran la misma, el Alcalde optó por la confrontación, atizando la inestabilidad que sobrelleva la Universidad y estimulando –sin que sea su propósito pero sí su resultado– la actuación de estructuras paramilitares que desde años atrás han pretendido el ataque de toda voz crítica en el centro de estudios. Como es obvio, en su labor, docentes y estudiantes tienen la obligación de opinar y actuar en pro del buen funcionamiento de su Universidad, así como del país todo, y ello debe hacerse en espacios plurales, sin señalamientos ni, mucho menos, uso de la violencia.

Winston Gallego, miembro de la Corporación Jurídica Libertad, una organización no gubernamental de Derechos Humanos y representante de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, en entrevista con El Espectador dijo "El ataque nos preocupa y más aún que la Alcaldía siga manteniendo la estigmatización de la comunidad estudiantil. Creemos que es urgente y necesario que el alcalde haga un pronunciamiento de respaldo a los líderes sociales y a la comunidad de universitarios donde reivindique su labor"

A la actitud del Alcalde de la ciudad, se suma la reciente declaración de la Ministra del Interior, Alicia Arango, quien expresó: "Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de DD. HH”.

¿Quién está detrás de estos ataques sistemáticos a defensores de derechos humanos y líderes sociales? El Estado lo niega, pero todos los arroyos se dirigen hacia el río madre.

Felipe Martínez en el artículo –“Ríos de sangre inundan el país”– publicado en desdeabajo el pasado 6 de junio, identificó lo siguiente:

Los principales patrones de violencia contra defensores de Derechos Humanos son: “1) Represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; 2) Criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; 3) Ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado como parte del fenómeno conocido como los “falsos positivos”; 4) Ejecuciones por paramilitares con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y 5) Fuerza excesiva utilizada contra defensores de derechos humanos en el contexto de protestas sociales, especialmente a manos de los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad)”.

El ataque contra la docente Sara Fernández tiene todos los síntomas de un atentado contra su vida, disfrazado de intento de robo. Como en los demás casos de ataques contra líderes sociales y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, que la impunidad no prime.

 

Lea el artículo de Felipe Martínez en extenso aquí:
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36976-rios-de-sangre-inundan-el-pais.html

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Tras 17 años de la masacre, los muertos vuelven. Bojayá. Recorridos por la tierra herida

Los cuerpos de las víctimas de la masacre de Bojayá regresaron a su territorio tras un largo proceso de identificación. Entre el 11 y el 18 de noviembre de 2019 fueron entregados 100 ataúdes. 17 años después, no están todos. Hoy Bojayá permanece como una tierra herida, en la que el horror la inundó y seguirá inundándola ante el inminente riesgo de una nueva masacre. La muerte no se fue, aún duele y dolerá, porque los grupos armados nunca se fueron.

 

Es horrible. Se ha dicho una vez tras otra. No hay duda. Esta es la tierra del dolor de unos y de la avaricia de otros, ¿cuántas veces lo habrán dicho en estos 17 años? ¿qué son 17 años? Una cifra. Ojalá fuera eso, sólo una cifra. Pero el 2 de mayo de 2002 ocurrió ese momento en el que una pipeta lanzada por las Farc, en un fuego cruzado con los paramilitares de las AUC, explotó en la iglesia de Bellavista, donde se había refugiado la población, e hizo que esta masacre se escuchará más allá del dolor de pueblos que venían sufriendo la violencia desde 1984 cuando las Farc llegó a sus territorios y se encrudeció cuando los paramilitares, en diciembre de 1996, llegaron para quedarse.

Domingo Chalá, quien siempre ejerció como sepulturero en Bellavista, cuenta como desde los años 90, a orillas del río Atrato los cuerpos flotaban, aparecían y nadie podía tocarlos, si no querían correr la misma suerte. De esta barbarie no hay ni siquiera cifras, no se habla de ella, solo queda el horror, su dolor y los recuerdos de cómo los paramilitares a quien montaban en su embarcación “rumbo al cielo”, jamás se le volvía a ver. Asesinatos. Torturas. Desapariciones. Desplazamientos forzados. Amenazas. Robos de motores, víveres y combustible. Bloqueo económico. La violencia no tiene fin y las comunidades lo denunciaron en la “Declaración por la vida y la paz” el 12 de septiembre de 1999. Hoy, febrero de 2020, la situación sigue siendo alarmante.

 

 

Por algo se dice, que algún día el Estado deberá reconocer esta larga memoria de la violencia en el Chocó.

Tratando de responder a la pregunta, ¿cuándo es el tiempo de enterrar a los muertos?, el 11 de noviembre del 2019, llegaron 100 ataúdes custodiados desde Medellín hasta el aeropuerto de Vigía del Fuerte (Antioquia), para ser entregados a la comunidad. De esos 100 ataúdes, 78 contienen los restos óseos de las víctimas identificadas; 8 están vacíos pero con nombres, representan los que aún están desparecidos; 9 son de los bebés en gestación, y uno que se dice que nació en la iglesia, todos ellos, también murieron; 1 ataúd más contiene el cuerpo de un niño entre 4 y 8 años que no ha podido ser identificado; 2 más, son las 2 entregas simbólicas que se realizaron; y los 2 últimos contienen los restos óseos que no han podido ser identificados por el momento, es la fosa nº75. En total, 100 ataúdes, a los que hay que sumar una cifra que nadie se ha atrevido a pronunciar. Que nadie se atreve a reconocer. ¿Cuántos son los muertos en Bojayá desde la década de los ochenta hasta hoy? Tendemos a olvidar los muertos de una masacre con la siguiente, como si el pasado se borrara y no reclamara justicia.

La identificación de urgencia de los cuerpos, realizada aquellos días de la masacre, y que llevó a enterrarlos como pudieron en fosas comunes, se fue complementando con las necropsias realizadas a partir de las exhumaciones que desde el 2002 y hasta el 2004 la Fiscalía realizó. Si bien, todo fue tomando su tiempo, y ya no hay dudas de que esos cuerpos no fueron bien identificados, ni estudiados, ni individualizados, ni siquiera tuvieron un digno entierro. Si la vida no importa, ¿cómo va a importar la muerte? Lo que quedó evidenciado, cuando en noviembre del 2016, la Fiscalía presentó su informe a la comunidad. ¿Cómo murieron sus familiares? y ¿dónde está cada parte de su cuerpo? no fue debidamente resuelto en todos los casos.

 

Dicen que la armonía es ese orden de la vida que vincula a cada quien a su tierra. Entonces, ¿qué sucede cuando no es tu tierra donde yace tu cuerpo?, ¿cuándo no hay tumba donde llorar?, ¿cuándo tu cuerpo se mezcló con el de otro, y otro, y otro?

El tiempo siguió pasando, mientras la comunidad exigía un trato digno a sus muertos, para al menos poder enterrarlos en tumbas con sus nombres y no en fosas comunes, mezclados. Pero, no fue hasta que el Comunicado 062 de los llamados Acuerdos de Paz de La Habana, habilitó el camino para que el CTI de la Fiscalía volviese a Bojayá. Y así en el 2017 el mismo topógrafo que participó en las diligencias del 2002 marcó los cuatro puntos de cada una de las fosas para comenzar a exhumar y enviar los cuerpos encontrados para su identificación al Instituto Nacional de Medicina Legal (Inmlcf).

Dos largos años después, los muertos volvieron a su tierra en dos helicópteros de la ONU. Así fue como llegaron esos 100 ataúdes de ese tamaño en el que ningún cuerpo recién muerto cabría, pero sí nuestros huesos apilados, juntos, uno al lado del otro. En color blanco los ataúdes con los bebés, niños y niñas; y en marrón los jóvenes y adultos.

Respetando las tradiciones, los cofres recorrieron su territorio herido. La primera parada fue en Bellavista Viejo, donde explotó la pipeta. Allí, uno a uno de los ataúdes descendieron de la barca y fueron entregados a sus familias. El reencuentro se hizo tacto y reposaron sobre sus manos. En fila los fueron llevando hasta el interior de la iglesia. Coincidiendo en el dolor fueron caminando, dejando a su lado izquierdo y derecho las ruinas del pueblo donde la naturaleza es la única que rebosa de vida. Para 23 ataúdes la siguiente parada fue Pogue. Allí, en su tierra natal, fueron velados durante una noche.

 

Alabar es cantar a los muertos, despedirlos

 

Esa noche los ataúdes reposaron en el altar que la comunidad había construido para la ocasión, respetando con el cariño que todo muerto merece, su ansiada despedida. Porque alabar es acompañarlos en el paso del alma al mundo de los ancestros, para no condenarlos a deambular entre los vivos. Alabar es dolerse públicamente por el dolor del otro, por el dolor compartido. Por ello, las alabadoras cantaron desde que estos cuerpos regresaron a Bojayá, y así transcurrió el viaje hasta Pogue. Llovió. Salió el sol. Y siguió lloviendo. Y ellas siguieron cantando.

Amanecer cantando. Velándolos. La comunidad preparó comida. Juegos de dominó y cartas. Conversaciones. Tinto a base de maíz. Dolor y mucha tristeza. Porque no importa que hayan pasado 17 años, el dolor está. Y ese dolor y miedo sigue presente porque la violencia de los grupos armados no ha cesado. Por eso es que las comunidades emberas de los alrededores están confinadas, y desde el 31 de diciembre de 2019, con la llegada de más de 300 paramilitares a sus tierras, Pogue también. De hecho, actualmente, el Eln y los grupos paramilitares de las Agc son los que ejercen el control territorial en las cuencas de los ríos Opogadó, Napipi y Bojayá. Nadie lo desconoce.

Al día siguiente, tras la velación, navegando por el río Bojayá estos 23 cofres volvieron a Bellavista para ser enterrados.

Se dice que conversar es volver visible lo oculto, correr el velo del silencio, por eso, antes de proceder al entierro en Bellavista Nuevo, fue requerimiento cumplir con el protocolo de entrega, y durante cinco días los equipos de la Fiscalía y de Inmlcf dieron las explicaciones científico técnicas a cada uno de los familiares, acompañados por los y las sabedoras de la comunidad, quienes guiaron espiritualmente el proceso.

La noche del 17 al 18 fue la última velación. Un altar de madera recién construido fue el lugar de su última despedida. Allí, reposaron junto a la cruces de las fosas en las que permanecieron tantos años. Pero antes de la velación, en la mañana, tuvo lugar el acto político se esperaba al presidente Iván Duque, quien nunca llegó, pero llegaron otras instituciones y embajadas a emitir sus discursos. Sólo para la ocasión, justo para las palabras ante micrófono. Y antes de que fuesen enterrados los muertos ya no estaban en Bellavista, igual que los grandes medios de comunicación. Curiosamente, o premeditadamente, ningún delegado de las instituciones oficiales nombró la palabra Justicia, parece ser que en entornos con tanta barbarie y violencia, uno debe acostumbrarse a que la justicia no se contemple ni a corto, ni a mediano plazo.

 

 

El Comité de Víctimas tomó la palabra, para expresar los desafíos que tienen por delante. Este no es el fin, insistieron. Y por su parte la Diócesis de Quibdó leyó la última Carta Abierta escrita al Presidente en la que alertó y denunció la situación actual de violencia, así como la inminente posibilidad de una nueva masacre. La carta fue firmada por el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Cocomacia, Fedeorewa, Mesa Indígena del Chocó y la Diócesis de Quibdó: “[…] hoy las Farc-Ep han salido del territorio, ante la falta de implementación, el Eln ha copado estos espacios, se ha fortalecido militarmente y ha incrementado sus agresiones a la población civil” […] (hacen) “presencia en los centros poblados especialmente los paramilitares quienes exhiben su poderío militar en armas y hombres, siendo evidente que su abastecimiento lo hacen abiertamente por el río Atrato en embarcaciones tipo botes y pangas, en algunos casos centenares de combatientes. Todo esto bajo la mirada impávida del control de la Fuerza Pública, en el Bajo y Medio Atrato”. El 21 de abril del 2004 ya habían dirigido otra Carta Abierta al entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, denunciando la sistemática violación a los derechos humanos. Y días antes de que ocurriera la masacre también habían advertido del inminente peligro. Pero, nadie parece escucharles.

Por la noche, con la fuerza de la tradición, las alabadoras no dejaron de cantar. De compartir el dolor. E igual que en Pogue, se jugó a las cartas y al dominó. Pasadas las tres, las cuatro, las cinco de la mañana, el sentimiento se hizo cada vez más presente. Amaneció, y con la luz del día comenzó la eucaristía. Al terminar, cada familia recibió el ataúd de su ser querido para enterrarlo en el mausoleo. Y en esos momentos fue cuando el dolor rasgó los cuerpos que lloraban por sus víctimas. Es el doloroso instante en el que la lápida reposa sobre el ataúd. Y sin haber terminado el novenario, asesinaron a dos personas, sus cuerpos aparecieron en el río Bojayá. Ojalá ahora puedan descansar en paz. Aunque sean los muertos, porque a los vivos, la muerte acecha.
Las masacres son irreparables, y pareciera que no van a dejar de suceder

Sin embargo, muchos titulares y consignas de aquellos días de noviembre aludían al cierre del duelo, al punto final. Pero, ¿se puede, cuando el riesgo de una nueva masacre es tan inminente? Pocos medios hicieron entonces eco de la última Carta Abierta en la que se alertaba de este riesgo, hasta que en diciembre saltó a la prensa la llegada de cientos de paramilitares a Pogue, Corazón de Jesús, la Loma de Bojayá y Cuía. Y ya hacía tiempo que los grupos paramilitares se habían tomado la región de Bahía Solano, Carmen del Darién, Domingodó, Riosucio o el Golfo de Urabá. Nadie lo desconoce. ¿Cuáles son los intereses territoriales en la región?

Mientras, la solución aportada por el Estado ha sido, por lo general, enviar más Ejército. A pesar de que las organizaciones en su Carta Abierta alertaron de la complicidad de las Fuerzas Armadas con el paramilitarismo. Y de hecho, el Tribunal Administrativo del Chocó en el 2019 profirió una sentencia condenatoria al Estado por omitir su función de proteger a la población el día de la masacre. Entonces, ¿cómo va a ser esta la solución?

Dicen que a la violencia uno se acostumbra, pero más bien se sobrevive a ella, porque está demasiado presente. Así, en Bojayá, los cortes de luz son frecuentes, dada la elevada corrupción y venta del Acpm que llega a las comunidades para sus plantas municipales. No hay buenas instalaciones hospitalarias y muchos pueblos no tienen acueducto que funcione. Moverse por el río es demasiado costoso. Estudiar, para los jóvenes, es un privilegio que requiere irse. Apenas hay oportunidades de trabajo y vivir del campo es cada día más difícil. Los desplazamientos forzados son muy elevados y no dejan de suceder. La pesca se redujo y el nivel de contaminación de los ríos es alarmante por la presencia, entre otros, de la minería ilegal. La lista de violencias sigue en uno de los territorios más majestuosos en cuanto a naturaleza se conoce.

Y mientras tanto, entregaron 100 ataúdes. Cumplieron con el derecho de algunos familiares a enterrar a sus muertos. Solo de algunos. ¿Qué sucede con las otras víctimas, las de antes de la masacre?, y ¿con las que vendrán después?, ¿qué sucede con esos cuerpos que no podrán ser recuperados del río y con aquellos que nadie quiere exhumar? De hecho, el mismo Domingo Chalá recuerda cada uno de los cuerpos recuperados del río que ha enterrado en ese mismo cementerio donde exhumaron a las víctimas de la masacre. Allí siguen. Sin identificar. Esperando ser exhumados y sus familiares esperando que lleguen. Al final diera la sensación que siempre hay desigualdad, hasta en el trato dado a nuestros muertos.

¿Cuáles son los intereses estatales que llevan a priorizar una entrega y no otra? Demasiadas preguntas ausentes del debate político y cuyas respuestas son una acusación a la impunidad que todo proceso, falsamente transicional arrastra, cuando la violencia no cesa.

* Vea nuestro especial sobre Bojayá en www.entrelazando.com

Publicado enColombia
Tras 17 años de la masacre, los muertos vuelven. Bojayá. Recorridos por la tierra herida

Los cuerpos de las víctimas de la masacre de Bojayá regresaron a su territorio tras un largo proceso de identificación. Entre el 11 y el 18 de noviembre de 2019 fueron entregados 100 ataúdes. 17 años después, no están todos. Hoy Bojayá permanece como una tierra herida, en la que el horror la inundó y seguirá inundándola ante el inminente riesgo de una nueva masacre. La muerte no se fue, aún duele y dolerá, porque los grupos armados nunca se fueron.

 

Es horrible. Se ha dicho una vez tras otra. No hay duda. Esta es la tierra del dolor de unos y de la avaricia de otros, ¿cuántas veces lo habrán dicho en estos 17 años? ¿qué son 17 años? Una cifra. Ojalá fuera eso, sólo una cifra. Pero el 2 de mayo de 2002 ocurrió ese momento en el que una pipeta lanzada por las Farc, en un fuego cruzado con los paramilitares de las AUC, explotó en la iglesia de Bellavista, donde se había refugiado la población, e hizo que esta masacre se escuchará más allá del dolor de pueblos que venían sufriendo la violencia desde 1984 cuando las Farc llegó a sus territorios y se encrudeció cuando los paramilitares, en diciembre de 1996, llegaron para quedarse.

Domingo Chalá, quien siempre ejerció como sepulturero en Bellavista, cuenta como desde los años 90, a orillas del río Atrato los cuerpos flotaban, aparecían y nadie podía tocarlos, si no querían correr la misma suerte. De esta barbarie no hay ni siquiera cifras, no se habla de ella, solo queda el horror, su dolor y los recuerdos de cómo los paramilitares a quien montaban en su embarcación “rumbo al cielo”, jamás se le volvía a ver. Asesinatos. Torturas. Desapariciones. Desplazamientos forzados. Amenazas. Robos de motores, víveres y combustible. Bloqueo económico. La violencia no tiene fin y las comunidades lo denunciaron en la “Declaración por la vida y la paz” el 12 de septiembre de 1999. Hoy, febrero de 2020, la situación sigue siendo alarmante.

 

 

Por algo se dice, que algún día el Estado deberá reconocer esta larga memoria de la violencia en el Chocó.

Tratando de responder a la pregunta, ¿cuándo es el tiempo de enterrar a los muertos?, el 11 de noviembre del 2019, llegaron 100 ataúdes custodiados desde Medellín hasta el aeropuerto de Vigía del Fuerte (Antioquia), para ser entregados a la comunidad. De esos 100 ataúdes, 78 contienen los restos óseos de las víctimas identificadas; 8 están vacíos pero con nombres, representan los que aún están desparecidos; 9 son de los bebés en gestación, y uno que se dice que nació en la iglesia, todos ellos, también murieron; 1 ataúd más contiene el cuerpo de un niño entre 4 y 8 años que no ha podido ser identificado; 2 más, son las 2 entregas simbólicas que se realizaron; y los 2 últimos contienen los restos óseos que no han podido ser identificados por el momento, es la fosa nº75. En total, 100 ataúdes, a los que hay que sumar una cifra que nadie se ha atrevido a pronunciar. Que nadie se atreve a reconocer. ¿Cuántos son los muertos en Bojayá desde la década de los ochenta hasta hoy? Tendemos a olvidar los muertos de una masacre con la siguiente, como si el pasado se borrara y no reclamara justicia.

La identificación de urgencia de los cuerpos, realizada aquellos días de la masacre, y que llevó a enterrarlos como pudieron en fosas comunes, se fue complementando con las necropsias realizadas a partir de las exhumaciones que desde el 2002 y hasta el 2004 la Fiscalía realizó. Si bien, todo fue tomando su tiempo, y ya no hay dudas de que esos cuerpos no fueron bien identificados, ni estudiados, ni individualizados, ni siquiera tuvieron un digno entierro. Si la vida no importa, ¿cómo va a importar la muerte? Lo que quedó evidenciado, cuando en noviembre del 2016, la Fiscalía presentó su informe a la comunidad. ¿Cómo murieron sus familiares? y ¿dónde está cada parte de su cuerpo? no fue debidamente resuelto en todos los casos.

 

Dicen que la armonía es ese orden de la vida que vincula a cada quien a su tierra. Entonces, ¿qué sucede cuando no es tu tierra donde yace tu cuerpo?, ¿cuándo no hay tumba donde llorar?, ¿cuándo tu cuerpo se mezcló con el de otro, y otro, y otro?

El tiempo siguió pasando, mientras la comunidad exigía un trato digno a sus muertos, para al menos poder enterrarlos en tumbas con sus nombres y no en fosas comunes, mezclados. Pero, no fue hasta que el Comunicado 062 de los llamados Acuerdos de Paz de La Habana, habilitó el camino para que el CTI de la Fiscalía volviese a Bojayá. Y así en el 2017 el mismo topógrafo que participó en las diligencias del 2002 marcó los cuatro puntos de cada una de las fosas para comenzar a exhumar y enviar los cuerpos encontrados para su identificación al Instituto Nacional de Medicina Legal (Inmlcf).

Dos largos años después, los muertos volvieron a su tierra en dos helicópteros de la ONU. Así fue como llegaron esos 100 ataúdes de ese tamaño en el que ningún cuerpo recién muerto cabría, pero sí nuestros huesos apilados, juntos, uno al lado del otro. En color blanco los ataúdes con los bebés, niños y niñas; y en marrón los jóvenes y adultos.

Respetando las tradiciones, los cofres recorrieron su territorio herido. La primera parada fue en Bellavista Viejo, donde explotó la pipeta. Allí, uno a uno de los ataúdes descendieron de la barca y fueron entregados a sus familias. El reencuentro se hizo tacto y reposaron sobre sus manos. En fila los fueron llevando hasta el interior de la iglesia. Coincidiendo en el dolor fueron caminando, dejando a su lado izquierdo y derecho las ruinas del pueblo donde la naturaleza es la única que rebosa de vida. Para 23 ataúdes la siguiente parada fue Pogue. Allí, en su tierra natal, fueron velados durante una noche.

 

Alabar es cantar a los muertos, despedirlos

 

Esa noche los ataúdes reposaron en el altar que la comunidad había construido para la ocasión, respetando con el cariño que todo muerto merece, su ansiada despedida. Porque alabar es acompañarlos en el paso del alma al mundo de los ancestros, para no condenarlos a deambular entre los vivos. Alabar es dolerse públicamente por el dolor del otro, por el dolor compartido. Por ello, las alabadoras cantaron desde que estos cuerpos regresaron a Bojayá, y así transcurrió el viaje hasta Pogue. Llovió. Salió el sol. Y siguió lloviendo. Y ellas siguieron cantando.

Amanecer cantando. Velándolos. La comunidad preparó comida. Juegos de dominó y cartas. Conversaciones. Tinto a base de maíz. Dolor y mucha tristeza. Porque no importa que hayan pasado 17 años, el dolor está. Y ese dolor y miedo sigue presente porque la violencia de los grupos armados no ha cesado. Por eso es que las comunidades emberas de los alrededores están confinadas, y desde el 31 de diciembre de 2019, con la llegada de más de 300 paramilitares a sus tierras, Pogue también. De hecho, actualmente, el Eln y los grupos paramilitares de las Agc son los que ejercen el control territorial en las cuencas de los ríos Opogadó, Napipi y Bojayá. Nadie lo desconoce.

Al día siguiente, tras la velación, navegando por el río Bojayá estos 23 cofres volvieron a Bellavista para ser enterrados.

Se dice que conversar es volver visible lo oculto, correr el velo del silencio, por eso, antes de proceder al entierro en Bellavista Nuevo, fue requerimiento cumplir con el protocolo de entrega, y durante cinco días los equipos de la Fiscalía y de Inmlcf dieron las explicaciones científico técnicas a cada uno de los familiares, acompañados por los y las sabedoras de la comunidad, quienes guiaron espiritualmente el proceso.

La noche del 17 al 18 fue la última velación. Un altar de madera recién construido fue el lugar de su última despedida. Allí, reposaron junto a la cruces de las fosas en las que permanecieron tantos años. Pero antes de la velación, en la mañana, tuvo lugar el acto político se esperaba al presidente Iván Duque, quien nunca llegó, pero llegaron otras instituciones y embajadas a emitir sus discursos. Sólo para la ocasión, justo para las palabras ante micrófono. Y antes de que fuesen enterrados los muertos ya no estaban en Bellavista, igual que los grandes medios de comunicación. Curiosamente, o premeditadamente, ningún delegado de las instituciones oficiales nombró la palabra Justicia, parece ser que en entornos con tanta barbarie y violencia, uno debe acostumbrarse a que la justicia no se contemple ni a corto, ni a mediano plazo.

 

 

El Comité de Víctimas tomó la palabra, para expresar los desafíos que tienen por delante. Este no es el fin, insistieron. Y por su parte la Diócesis de Quibdó leyó la última Carta Abierta escrita al Presidente en la que alertó y denunció la situación actual de violencia, así como la inminente posibilidad de una nueva masacre. La carta fue firmada por el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, Cocomacia, Fedeorewa, Mesa Indígena del Chocó y la Diócesis de Quibdó: “[…] hoy las Farc-Ep han salido del territorio, ante la falta de implementación, el Eln ha copado estos espacios, se ha fortalecido militarmente y ha incrementado sus agresiones a la población civil” […] (hacen) “presencia en los centros poblados especialmente los paramilitares quienes exhiben su poderío militar en armas y hombres, siendo evidente que su abastecimiento lo hacen abiertamente por el río Atrato en embarcaciones tipo botes y pangas, en algunos casos centenares de combatientes. Todo esto bajo la mirada impávida del control de la Fuerza Pública, en el Bajo y Medio Atrato”. El 21 de abril del 2004 ya habían dirigido otra Carta Abierta al entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, denunciando la sistemática violación a los derechos humanos. Y días antes de que ocurriera la masacre también habían advertido del inminente peligro. Pero, nadie parece escucharles.

Por la noche, con la fuerza de la tradición, las alabadoras no dejaron de cantar. De compartir el dolor. E igual que en Pogue, se jugó a las cartas y al dominó. Pasadas las tres, las cuatro, las cinco de la mañana, el sentimiento se hizo cada vez más presente. Amaneció, y con la luz del día comenzó la eucaristía. Al terminar, cada familia recibió el ataúd de su ser querido para enterrarlo en el mausoleo. Y en esos momentos fue cuando el dolor rasgó los cuerpos que lloraban por sus víctimas. Es el doloroso instante en el que la lápida reposa sobre el ataúd. Y sin haber terminado el novenario, asesinaron a dos personas, sus cuerpos aparecieron en el río Bojayá. Ojalá ahora puedan descansar en paz. Aunque sean los muertos, porque a los vivos, la muerte acecha.
Las masacres son irreparables, y pareciera que no van a dejar de suceder

Sin embargo, muchos titulares y consignas de aquellos días de noviembre aludían al cierre del duelo, al punto final. Pero, ¿se puede, cuando el riesgo de una nueva masacre es tan inminente? Pocos medios hicieron entonces eco de la última Carta Abierta en la que se alertaba de este riesgo, hasta que en diciembre saltó a la prensa la llegada de cientos de paramilitares a Pogue, Corazón de Jesús, la Loma de Bojayá y Cuía. Y ya hacía tiempo que los grupos paramilitares se habían tomado la región de Bahía Solano, Carmen del Darién, Domingodó, Riosucio o el Golfo de Urabá. Nadie lo desconoce. ¿Cuáles son los intereses territoriales en la región?

Mientras, la solución aportada por el Estado ha sido, por lo general, enviar más Ejército. A pesar de que las organizaciones en su Carta Abierta alertaron de la complicidad de las Fuerzas Armadas con el paramilitarismo. Y de hecho, el Tribunal Administrativo del Chocó en el 2019 profirió una sentencia condenatoria al Estado por omitir su función de proteger a la población el día de la masacre. Entonces, ¿cómo va a ser esta la solución?

Dicen que a la violencia uno se acostumbra, pero más bien se sobrevive a ella, porque está demasiado presente. Así, en Bojayá, los cortes de luz son frecuentes, dada la elevada corrupción y venta del Acpm que llega a las comunidades para sus plantas municipales. No hay buenas instalaciones hospitalarias y muchos pueblos no tienen acueducto que funcione. Moverse por el río es demasiado costoso. Estudiar, para los jóvenes, es un privilegio que requiere irse. Apenas hay oportunidades de trabajo y vivir del campo es cada día más difícil. Los desplazamientos forzados son muy elevados y no dejan de suceder. La pesca se redujo y el nivel de contaminación de los ríos es alarmante por la presencia, entre otros, de la minería ilegal. La lista de violencias sigue en uno de los territorios más majestuosos en cuanto a naturaleza se conoce.

Y mientras tanto, entregaron 100 ataúdes. Cumplieron con el derecho de algunos familiares a enterrar a sus muertos. Solo de algunos. ¿Qué sucede con las otras víctimas, las de antes de la masacre?, y ¿con las que vendrán después?, ¿qué sucede con esos cuerpos que no podrán ser recuperados del río y con aquellos que nadie quiere exhumar? De hecho, el mismo Domingo Chalá recuerda cada uno de los cuerpos recuperados del río que ha enterrado en ese mismo cementerio donde exhumaron a las víctimas de la masacre. Allí siguen. Sin identificar. Esperando ser exhumados y sus familiares esperando que lleguen. Al final diera la sensación que siempre hay desigualdad, hasta en el trato dado a nuestros muertos.

¿Cuáles son los intereses estatales que llevan a priorizar una entrega y no otra? Demasiadas preguntas ausentes del debate político y cuyas respuestas son una acusación a la impunidad que todo proceso, falsamente transicional arrastra, cuando la violencia no cesa.

* Vea nuestro especial sobre Bojayá en www.entrelazando.com

Publicado enEdición Nº265
Piñera: “No es solo la voluntad de los hombres de abusar, sino también la de las mujeres de ser abusadas”

El presidente de Chile se enreda a seis días del 8M con una polémica declaración sobre la violencia machista

A seis días de marcha por el Día Internacional de la Mujer, la primera de una serie de movilizaciones programadas para marzo en medio de las revueltas sociales, el presidente Sebastián Piñera se ha echado encima al movimiento feminista chileno. En una ceremonia donde promulgaba esta mañana la Ley Gabriela, una importante normativa que considerará feminicidio a todo asesinato de una mujer por razón de género, el mandatario ejemplificó: “A veces, no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas”. Acompañado por su esposa, Cecilia Morel, y la ministra de la Mujer, Isabel Plá, el presidente continuó: “Tenemos que corregir al que abusa y también tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra. Y que la sociedad entera la va a ayudar y respaldar en denunciar y en evitar que esos hechos sigan ocurriendo”.

En un país donde en 2019 se produjeron 62 feminicidios y solo este año ya han ocurrido seis, de acuerdo a la Red Chilena de Violencia contra las Mujeres, la condena a las palabras del presidente fue transversal. “Piñera no puede evitar que la misoginia se le escape por los poros y enlode su intento de cooptación”, acusó la Coordinadora Feminista 8M, que representa a diversas agrupaciones y colectivos de mujeres que el domingo saldrán a marchar y que desde este lunes realizan distintas acciones en todo Chile. “La culpa no es ni nunca ha sido nuestra. La culpa es de quienes nos abusan y violentan y de la institucionalidad que los ampara. Es el Estado, los jueces, los pacos [carabineros] y el presidente”, escribió la coordinadora en las redes sociales, en referencia a la letra de Un violador en tu camino, el himno global contra la violencia sexual hacia las mujeres, compuesto por el colectivo chileno Lastesis.

La propia ministra Plá, que este martes será interpelada en el Congreso, tuvo que aclarar los dichos de Piñera: “El presidente lo que ha querido decir no ha tenido que ver nunca con responsabilizar a las mujeres. Ha dicho que las mujeres de nuestro país deben saber que cuando denuncian van a contar con el apoyo de la sociedad y de las instituciones y de los poderes del Estado”. Luego, fue el propio mandatario el que debió salir a precisar sus palabras: “Quiero ser muy claro: la posición de nuestro Gobierno es tolerancia cero contra todo tipo de violencia y abuso contra las mujeres. Por eso llamo a las mujeres a denunciar de inmediato cualquier riesgo o cualquier amenaza contra su integridad o su vida”.

No es la primera vez que a Piñera se le acusa de machista. En 2011, en su primer mandato (2010-2014), en una clausura de una cumbre en México indicó: “¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un político y una dama? Cuando el político dice que ‘sí’, quiere decir ‘tal vez’; cuando dice ‘tal vez’, quiere decir que ‘no’, y cuando dice que ‘no’, no es político. Cuando una dama dice que ‘no’, quiere decir ‘tal vez’; cuando dice ‘tal vez’, quiere decir que ‘sí’, y cuando dice que ‘sí’, no es dama”, indicó el chileno en la clausura de la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en la localidad de Tuxtla. Nuevamente, sus palabras fueron ampliamente condenadas en Chile, sobre todo por el movimiento feminista.

En junio de 2017, en medio de la última campaña presidencial, en una actividad en la ciudad de Linares, a unos 300 kilómetros al sur de Santiago, nuevamente intentó realizar un chiste aludiendo al acoso hacia las mujeres: “Bueno muchachos, me acaban de sugerir un juego muy entretenido. Es muy sencillo: todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas, y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos. ¿Qué les parece muchachos?”, expresó Piñera, para luego cerrar la actividad y despedirse de los asistentes.

Los dichos fueron condenados desde diferentes sectores y provocaron la reacción de la presidenta Michelle Bachelet, que gobernaba en su segundo mandato (2014-2018): “Una violación es expresión de la mayor violencia contra las mujeres. Bromear con eso es despreciarnos a todas y no es aceptable”, escribió la socialista. Hace tres años, acosado por las críticas, Piñera se excusó: “Me disculpo por una mala broma que no afecta mi aprecio y respeto por todas las mujeres. Lamento el aprovechamiento político que ha generado”. Posteriormente, su comando difundió un vídeo de su esposa: “Sebastián ya pidió disculpas. Las chilenas saben del compromiso que él tuvo y seguirá teniendo por el avance de sus derechos”.

En los últimos años, la élite chilena ha enfrentado diversos episodios machistas. A fines de 2016, en una cena de la Agrupación de Exportadores de Manufacturas, Asexma, la asociación de empresarios regaló una muñeca hinchable al ministro de Economía de Bachelet, Luis Felipe Céspedes. La figura estaba desnuda y tenía un cartel tapándole la boca donde se podía leer: “Para estimular la economía”. En el escenario, junto a Céspedes, se hallaban dos dirigentes destacados del centroizquierda, que celebraron con risas el episodio: el exsecretario general de la OEA José Miguel Insulza y el senador y excandidato presidencial Alejandro Guillier. Ante la polémica, los involucrados, incluida la gremial Asexma, tuvieron que ofrecer disculpas públicas.

Piñera no eligió esta vez el mejor momento. El próximo domingo se espera que se repitan las multitudinarias marchas del 8M de 2019, cuando medio millón de chilenas salieron a las calles para protestar contra la violencia machista. Este año habrá un componente político adicional, porque Chile debate la paridad de género en el proceso constituyente. El 26 de abril próximo, Chile definirá en un plebiscito si reemplazará la Constitución de Pinochet de 1980 y, de hacerlo, el órgano que estará encargado de redactar una nueva Carta Fundamental.

Santiago de Chile - 02 Mar 2020 - 16:40COT

Publicado enSociedad
El caso Assange y la muerte del periodismo

Terminó la primera etapa del juicio por la extradición del fundador de WikiLeaks. Si el gobierno norteamericano logra su cometido, Julián Assange podría ser condenado a 175 años de prisión por haber informado al mundo sobre las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos de civiles y los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos. La condena sería un claro mensaje mafioso a todos los periodistas que se atrevan a denunciar al poder.

“Cuatro países democráticos unieron fuerzas (Estados Unidos, Ecuador, Suecia y el Reino Unido) para aprovechar su poder y retratar a un hombre como un monstruo para que luego pudiera ser quemado en la hoguera sin que nadie protestara. El caso es un gran escándalo y representa el fracaso del Estado de derecho occidental. Si Julian Assange es condenado, condenarán a muerte a la libertad de prensa”, aseguró en una reciente entrevista publicada por eldiario.es, Nils Melzer, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1).

Esta semana terminó la primera etapa del juicio por el pedido de extradición que el gobierno de los Estados Unidos hizo sobre Julián Assange. Como estaba previsto, la jueza Vanessa Baraitser dictaminó el fin a esta primera parte que será retomada el 18 de mayo.

Mientras espera el desenlace del juicio, Assange deberá continuar en la cárcel de Belmarsh, una prisión de máxima seguridad que es conocida como “El Guatánamo británico” (en alusión a la centro de detención ilegal que Estados Unidos mantiene en territorio usurpado a Cuba).

En Belmarsh, Assange permanece en condición de aislamiento y con derecho solo a dos visitas sociales al mes, puede ver la luz del sol solamente una hora por día, no interactúa con otros detenidos y es sometido a toda clase de humillaciones y torturas psicológicas.

Cabe recordar que hasta abril del 2019 el fundador de WikiLeaks permanecía como refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres pero, a pesar de que Assange había obtenido la ciudadanía ecuatoriana, de que la embajada es considerado territorio soberano de ese país y de que la Constitución de Ecuador prohíbe extraditar a sus ciudadanos, el presidente Lenín Moreno autorizó que las fuerzas de seguridad británicas entraran a la sede diplomática y se llevaran por la fuerza al periodista.

En una reciente entrevista realizada por Contexto, el ex cónsul de Ecuador en Londres, Fidel Narváez aseguró: “La entrega de Julian Assange constituye la mayor vergüenza diplomática en la historia de mi país. Es un hecho canallesco que quebranta toda norma internacional y la propia constitución ecuatoriana. Empezando por el principio de no devolución, que es sagrado para el derecho de asilo y de refugio. Un asilado no puede ser entregado si hay riesgo sobre su vida y su libertad persiste, y en el caso de Julian Assange esto era más evidente que nunca”.

“En Estados Unidos ya se había develado que había cargos secretos esperando por Julian, lo cual era la razón misma del asilo. Más que un arresto, aquello fue un secuestro. La policía británica ingresó y tuvo que arrastrar a Julian por la fuerza para poder sacarlo. Él, correctamente, se rehusó a salir. No olvidemos que Julian Assange es también ecuatoriano. La constitución ecuatoriana prohíbe la extradición de los ecuatorianos. Prohíbe, además, el ingreso de fuerzas extranjeras a nuestro territorio y la Embajada es jurisdicción ecuatoriana”, sostuvo y agregó: “La entrega de Julian no fue una acción del Ecuador para resolver un problema. Fue un acto criminal, coordinado con mucha antelación con los norteamericanos y con los británicos”.    

Narváez remarcó que la entrega de Assange por parte del gobierno ecuatoriano refleja “el vergonzoso servilismo de Lenín Moreno frente a los Estados Unidos” (2).

Estados Unidos acusa al fundador de WikiLeaks de haber cometido 18 delitos y por ese motivo requiere la extradición. Si Assange llega a las Cortes norteamericanas podría ser condenado a 175 años de prisión. Sería la primera vez que un periodista es juzgado con la llamada “Ley de Espionaje” de Estados Unidos (de 1917).

El gobierno norteamericano, el Poder Judicial británico y los medios de comunicación que responden a esos intereses quieren justificar la persecución, acoso, tortura y el posible encarcelamiento de por vida de Assange al mostrarlo falsamente como un hacker que habría realizado espionaje y robado información que podría haber afectado a la seguridad nacional de Estados Unidos.

La realidad es otra. Assange fue y es perseguido, acosado, torturado y posiblemente sea condenado por haber hecho una tarea periodística: buscar información, recabarla, analizarla y hacerla pública.

El fundador de WikiLeaks podría ser condenado a 175 años por haber denunciado los crímenes de guerra, las violaciones a los derechos humanos y las torturas que Estados Unidos cometió en Afganistán, Irak y en la cárcel clandestina de Guantánamo.

Con la publicación de miles de cables (que Assange no robó ni hackeó, solo permitió que se hicieran públicos desde su plataforma), el creador de WikiLeaks confirmó el entramado que el gobierno norteamericano y sus agencias de inteligencia (en especial la CIA) tejen para golpear a todos los gobiernos y líderes populares que se oponen a sus políticas imperiales.

En la citada entrevista publicada por eldiario.es, Nils Melzer aseguró que “Julian Assange destapó la tortura, él mismo ha sido torturado y podría ser torturado hasta morir en Estados Unidos”.

La extradición y la brutal sentencia no serían contra Assange, sino contra todo el periodismo. Conformarían la reafirmación de un mensaje mafioso que el poder en Estados Unidos envía a todos los periodistas que se atrevan a denunciarlo. La libertad de prensa y la libertad expresión morirían con la confirmación de esta condena.

Notas:

(1) Entrevista a Nils Meizer. Los detalles del caso Assange, según el investigador de la ONU: «Cuatro países se han coordinado para quemarle en la hoguera sin que nadie proteste» (https://www.eldiario.es/internacional/Relator-ONU-Julian-Assange-condenado_0_999500818.html)

(2) Fidel Narváez: “Assange es perseguido por haber publicado los crímenes de guerra, el espionaje y la invasión a la privacidad que hizo Estados Unidos” (https://www.diariocontexto.com.ar/2020/02/16/fidel-narvaez-assange-es-perseguido-por-haber-publicado-crimenes-de-guerra-espionaje-e-invasion-a-la-privacidad-hechos-por-los-estados-unidos/)

 03/03/2020 

Publicado enSociedad
https://psicologiajuridicaforense.wordpress.com/tag/tratamiento-psicologico-para-violadores/

El debate en Colombia frente a la pena que deben tener los violadores de menores de edad es álgido y refiere a una discusión jurídica compleja y un debate que la sociedad debe dar más allá de lo visceral, ¿violando el sentido de la pena lograrán controlar a los violadores de menores?

 

El 11 de diciembre del 2019, el Proyecto de Acto Legislativo con radicado Senado: 21/19, Cámara: 001/19 y Acumulado 047/19, surtió el segundo debate en el Senado para completar así los cuatro debates (dos en Cámara y dos en Senado) en la vigencia 2019, lo que permite seguir su trámite para la vigencia 2020.

El proyecto conocido como “condena perpetua a violadores”, cruza por eventos de tanto impacto como el de Yuliana Samboní, y la ola de opinión en su favor. Se pretende modificar el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable. El texto aprobado fue el siguiente: “De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”. “Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado”.

Se resalta que el tipo penal descrito tiene que ver con el Homicidio Doloso, el acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir sobre niño, niña o adolescente. No únicamente sobre el acceso carnal (conocido como violación).

La discusión no es nueva. Es la tercera vez que se presenta un proyecto en este sentido: La primera, buscaba convocar a un referéndum para imponer la prisión perpetua por delitos contra menores, fue sancionado y entró en vigencia por medio de la Ley 1327 de 2009, pero fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-397/10, por vicios de forma.

La segunda vez se radicó el Acto legislativo 55/17, el primero de agosto de 2017, y tras un debate fue retirado el 29 de noviembre del mismo año.

 

Aristas del debate

 

Esa es la historia del trámite legislativo hasta hoy, pero el debate tiene dos aristas. La primera, la del clamor mediático pulsado por hechos llenos de dolor y que ha llevado incluso a propuestas de pena de muerte a violadores, aprovechada sin pudor por políticos; la segunda, desde la academia, bajo elementos rigurosos de política criminal.

Necesario advertir que el Estado, si bien debe interpretar la opinión ciudadana, tiene la obligación de hacer análisis profundos y apartarse del amarillismo de los medios que hacen de una noticia un boom de presión con fines non sanctos propios de alguna ideología política.

La Comisión Asesora para la Política Criminal, adscrita al Consejo Superior de Política Criminal, integrada por expertos particulares y orientada por los principios de independencia académica, pluralismo, equidad, confianza y uso de metodologías diversas, creada por el Decreto 2055 de 2014, emitió su concepto el 18 de mayo de 2019 sobre la pena de prisión perpetua.

Dijo la Comisión: “En los últimos años se ha pretendido recurrir a la pena de prisión perpetua para castigar a quienes cometan delitos graves en contra de los niños, las niñas y los adolescentes, afirmando que se trata de una medida idónea para protegerlos de este tipo de agresiones. El argumento se basa, principalmente, en el artículo 44 de la Constitución Política, según el cual “los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás”, de tal manera que los niños tendrían derecho a que sus agresores sean castigados de forma permanente. No obstante, en primer lugar, estas propuestas incumplen los requisitos previstos para la política criminal, por parte de la Corte Constitucional en la sentencia T-762 de 2015, según la cual, esta debe: (i) tener un carácter preventivo; (ii) respetar el uso del derecho penal como última ratio; (iii) respetar el principio de la libertad personal, de forma estricta y reforzada; (iv) buscar como fin primordial la efectiva resocialización de los condenados; (v) las medidas de aseguramiento privativas de la libertad deben ser excepcionales; (vi) ser coherente; (vii) estar sustentada en elementos empíricos; (viii) ser sostenible; (ix) hacer una medición de costos en derechos económicos; y, finalmente, (x) proteger los derechos humanos de los presos”.

Le asiste razón a la Comisión Asesora. Explicamos algunos de sus argumentos:

 

Los fines de la pena

 

De conformidad con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”. Igualmente, el Código Nacional Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), en su artículo 10, menciona la función resocializadora de la pena.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia C-656 de 1996, señaló que:

“La resocialización, concebida como garantía y centrada en la órbita de la autonomía del individuo, no consiste en la imposición estatal de un esquema prefijado de valores, sino en la creación de las bases de un auto desarrollo libre y, en todo caso, como disposición de los medios y de las condiciones que impidan que la persona vea empeorado, a consecuencia de la intervención penal, su estado general y sus opciones de resocialización. De esta manera, como garantía material del individuo, la función resocializadora promovida por el Estado, encuentra su límite en la autonomía de la persona. Esta función no puede operar a costa de ella. El aspecto negativo de la misma se convierte entonces en el aspecto decisivo: la idea de resocialización se opone, ante todo, a penas y condiciones de cumplimiento que sean en esencia, por su duración o por sus consecuencias desocializadoras. / La dignidad humana, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad humana, son entonces los marcos para la interpretación de todas las medidas con vocación resocializadora”.

Esta posición de la Alta Corte corresponde a la defensa de la Dignidad Humana, establecida en el artículo 1ro de la Constitución Política en el marco del Estado Social de Derecho, y en el artículo 5to de la misma que establece la primacía de los derechos inalienables de la persona, y en ese orden de ideas, la modificación al artículo 34 de la Constitución Política se torna inconstitucional.

 

Derecho a la igualdad

 

La exposición de motivos del proyecto de Acto Legislativo manipula el concepto al desconocer el principio de proporcionalidad de la pena y el valor del bien jurídico tutelado. Tal como lo hiciera el legislativo con la Ley 40 de 1993, luego del secuestro del ex-embajador en Estados Unidos Francisco “Pacho” Santos, que impuso una pena de hasta 40 años para este tipo de delito, muy a pesar de que el Código Penal, Ley 100 de 1980, establecía como pena máxima para el homicidio 15 años de prisión. La propuesta generó el siguiente dilema: ¿Es el bien jurídico libertad más importante que el bien jurídico vida? La respuesta no puede ser más sencilla: sin vida no hay libertad. Es el bien jurídico primigenio por excelencia. No obstante, la presión social llevó a incrementar entonces la pena para el homicidio a 40 años. Sin argumentos de fondo, se legisló sin juicio académico ni política criminal.

En este orden de ideas, tendríamos entonces la siguiente pregunta: ¿Si el acceso carnal violento sobre menor ostentase la pena de prisión perpetua, el homicidio en menor, no podría tener la misma pena como lo establece el proyecto, sino que debe imponerse la pena de muerte? En la lógica populista, éste sería el siguiente paso.

El Proyecto en discusión dista de tener en su motivación un análisis acertado frente al principio de proporcionalidad y el derecho a la Igualdad, y por el contrario emerge violatorio de la normatividad constitucional.

 

Derecho a la libertad

 

Plasmado en el articulado de la carta magna, pero fundamentalmente en los artículos 13 y 28 de la misma, es considerado otro derecho inalienable, que establece además la prohibición de las penas imprescriptibles en Colombia. ¿Y qué es la pena de prisión perpetua?

Nuevamente el proyecto intenta romper con la estructura constitucional propia del Estado de Derecho al pretender imponer una sanción que, para justificarse, posibilita su revisión luego de cumplidos 25 años de cumplimiento de la misma.

 

¿Sirve la pena de prisión en esta clase de delitos?

 

Mucho se ha escrito sobre la razón por la cual un hombre o una mujer, viola a un(a) menor. La psicología ha esbozado las pulsiones como soporte de tal acción. Todo ser humano tiene pulsiones, pero conforme a su entorno, unos y otros manejan niveles frente a los mismos.

No estamos entonces frente a una acción cuyo reproche social sea equivalente al de un homicidio perpetrado por un sicario con fines económicos. No. Estamos frente a un sujeto al que la cárcel debe brindar la posibilidad de modificar su conducta y adaptarse a un esquema social.

Si como lo afirma la literatura estamos frente a un tema que debe ser tratado clínicamente, ¿por qué se acude a la simple exclusión del sujeto de la sociedad, sin posibilidad alguna de resocialización?
Ahora bien, bajo el supuesto de que el Legislativo, de la mano del Ejecutivo, impulsen la aprobación y sanción de la Ley en busca de mejorar los impresionantes índices de impopularidad que cargan, la misma pasará a control constitucional, y es probable que la Corte Constitucional la encuentre inconstitucional tal como alguna vez ya lo hiciera la Corte Suprema de Justicia bajo la vigencia de la Constitución Política de 1886 (lejana del Estado de Derecho). Si no soportó el debate constitucional otrora, es impensable que hoy lo logre.

Definitivamente, y a pesar de lo aberrante de este delito, no es la prisión perpetua la solución.

* Abogado.

 

Publicado enEdición Nº265
https://psicologiajuridicaforense.wordpress.com/tag/tratamiento-psicologico-para-violadores/

El debate en Colombia frente a la pena que deben tener los violadores de menores de edad es álgido y refiere a una discusión jurídica compleja y un debate que la sociedad debe dar más allá de lo visceral, ¿violando el sentido de la pena lograrán controlar a los violadores de menores?

 

El 11 de diciembre del 2019, el Proyecto de Acto Legislativo con radicado Senado: 21/19, Cámara: 001/19 y Acumulado 047/19, surtió el segundo debate en el Senado para completar así los cuatro debates (dos en Cámara y dos en Senado) en la vigencia 2019, lo que permite seguir su trámite para la vigencia 2020.

El proyecto conocido como “condena perpetua a violadores”, cruza por eventos de tanto impacto como el de Yuliana Samboní, y la ola de opinión en su favor. Se pretende modificar el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable. El texto aprobado fue el siguiente: “De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”. “Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado”.

Se resalta que el tipo penal descrito tiene que ver con el Homicidio Doloso, el acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir sobre niño, niña o adolescente. No únicamente sobre el acceso carnal (conocido como violación).

La discusión no es nueva. Es la tercera vez que se presenta un proyecto en este sentido: La primera, buscaba convocar a un referéndum para imponer la prisión perpetua por delitos contra menores, fue sancionado y entró en vigencia por medio de la Ley 1327 de 2009, pero fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-397/10, por vicios de forma.

La segunda vez se radicó el Acto legislativo 55/17, el primero de agosto de 2017, y tras un debate fue retirado el 29 de noviembre del mismo año.

 

Aristas del debate

 

Esa es la historia del trámite legislativo hasta hoy, pero el debate tiene dos aristas. La primera, la del clamor mediático pulsado por hechos llenos de dolor y que ha llevado incluso a propuestas de pena de muerte a violadores, aprovechada sin pudor por políticos; la segunda, desde la academia, bajo elementos rigurosos de política criminal.

Necesario advertir que el Estado, si bien debe interpretar la opinión ciudadana, tiene la obligación de hacer análisis profundos y apartarse del amarillismo de los medios que hacen de una noticia un boom de presión con fines non sanctos propios de alguna ideología política.

La Comisión Asesora para la Política Criminal, adscrita al Consejo Superior de Política Criminal, integrada por expertos particulares y orientada por los principios de independencia académica, pluralismo, equidad, confianza y uso de metodologías diversas, creada por el Decreto 2055 de 2014, emitió su concepto el 18 de mayo de 2019 sobre la pena de prisión perpetua.

Dijo la Comisión: “En los últimos años se ha pretendido recurrir a la pena de prisión perpetua para castigar a quienes cometan delitos graves en contra de los niños, las niñas y los adolescentes, afirmando que se trata de una medida idónea para protegerlos de este tipo de agresiones. El argumento se basa, principalmente, en el artículo 44 de la Constitución Política, según el cual “los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás”, de tal manera que los niños tendrían derecho a que sus agresores sean castigados de forma permanente. No obstante, en primer lugar, estas propuestas incumplen los requisitos previstos para la política criminal, por parte de la Corte Constitucional en la sentencia T-762 de 2015, según la cual, esta debe: (i) tener un carácter preventivo; (ii) respetar el uso del derecho penal como última ratio; (iii) respetar el principio de la libertad personal, de forma estricta y reforzada; (iv) buscar como fin primordial la efectiva resocialización de los condenados; (v) las medidas de aseguramiento privativas de la libertad deben ser excepcionales; (vi) ser coherente; (vii) estar sustentada en elementos empíricos; (viii) ser sostenible; (ix) hacer una medición de costos en derechos económicos; y, finalmente, (x) proteger los derechos humanos de los presos”.

Le asiste razón a la Comisión Asesora. Explicamos algunos de sus argumentos:

 

Los fines de la pena

 

De conformidad con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”. Igualmente, el Código Nacional Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), en su artículo 10, menciona la función resocializadora de la pena.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia C-656 de 1996, señaló que:

“La resocialización, concebida como garantía y centrada en la órbita de la autonomía del individuo, no consiste en la imposición estatal de un esquema prefijado de valores, sino en la creación de las bases de un auto desarrollo libre y, en todo caso, como disposición de los medios y de las condiciones que impidan que la persona vea empeorado, a consecuencia de la intervención penal, su estado general y sus opciones de resocialización. De esta manera, como garantía material del individuo, la función resocializadora promovida por el Estado, encuentra su límite en la autonomía de la persona. Esta función no puede operar a costa de ella. El aspecto negativo de la misma se convierte entonces en el aspecto decisivo: la idea de resocialización se opone, ante todo, a penas y condiciones de cumplimiento que sean en esencia, por su duración o por sus consecuencias desocializadoras. / La dignidad humana, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad humana, son entonces los marcos para la interpretación de todas las medidas con vocación resocializadora”.

Esta posición de la Alta Corte corresponde a la defensa de la Dignidad Humana, establecida en el artículo 1ro de la Constitución Política en el marco del Estado Social de Derecho, y en el artículo 5to de la misma que establece la primacía de los derechos inalienables de la persona, y en ese orden de ideas, la modificación al artículo 34 de la Constitución Política se torna inconstitucional.

 

Derecho a la igualdad

 

La exposición de motivos del proyecto de Acto Legislativo manipula el concepto al desconocer el principio de proporcionalidad de la pena y el valor del bien jurídico tutelado. Tal como lo hiciera el legislativo con la Ley 40 de 1993, luego del secuestro del ex-embajador en Estados Unidos Francisco “Pacho” Santos, que impuso una pena de hasta 40 años para este tipo de delito, muy a pesar de que el Código Penal, Ley 100 de 1980, establecía como pena máxima para el homicidio 15 años de prisión. La propuesta generó el siguiente dilema: ¿Es el bien jurídico libertad más importante que el bien jurídico vida? La respuesta no puede ser más sencilla: sin vida no hay libertad. Es el bien jurídico primigenio por excelencia. No obstante, la presión social llevó a incrementar entonces la pena para el homicidio a 40 años. Sin argumentos de fondo, se legisló sin juicio académico ni política criminal.

En este orden de ideas, tendríamos entonces la siguiente pregunta: ¿Si el acceso carnal violento sobre menor ostentase la pena de prisión perpetua, el homicidio en menor, no podría tener la misma pena como lo establece el proyecto, sino que debe imponerse la pena de muerte? En la lógica populista, éste sería el siguiente paso.

El Proyecto en discusión dista de tener en su motivación un análisis acertado frente al principio de proporcionalidad y el derecho a la Igualdad, y por el contrario emerge violatorio de la normatividad constitucional.

 

Derecho a la libertad

 

Plasmado en el articulado de la carta magna, pero fundamentalmente en los artículos 13 y 28 de la misma, es considerado otro derecho inalienable, que establece además la prohibición de las penas imprescriptibles en Colombia. ¿Y qué es la pena de prisión perpetua?

Nuevamente el proyecto intenta romper con la estructura constitucional propia del Estado de Derecho al pretender imponer una sanción que, para justificarse, posibilita su revisión luego de cumplidos 25 años de cumplimiento de la misma.

 

¿Sirve la pena de prisión en esta clase de delitos?

 

Mucho se ha escrito sobre la razón por la cual un hombre o una mujer, viola a un(a) menor. La psicología ha esbozado las pulsiones como soporte de tal acción. Todo ser humano tiene pulsiones, pero conforme a su entorno, unos y otros manejan niveles frente a los mismos.

No estamos entonces frente a una acción cuyo reproche social sea equivalente al de un homicidio perpetrado por un sicario con fines económicos. No. Estamos frente a un sujeto al que la cárcel debe brindar la posibilidad de modificar su conducta y adaptarse a un esquema social.

Si como lo afirma la literatura estamos frente a un tema que debe ser tratado clínicamente, ¿por qué se acude a la simple exclusión del sujeto de la sociedad, sin posibilidad alguna de resocialización?
Ahora bien, bajo el supuesto de que el Legislativo, de la mano del Ejecutivo, impulsen la aprobación y sanción de la Ley en busca de mejorar los impresionantes índices de impopularidad que cargan, la misma pasará a control constitucional, y es probable que la Corte Constitucional la encuentre inconstitucional tal como alguna vez ya lo hiciera la Corte Suprema de Justicia bajo la vigencia de la Constitución Política de 1886 (lejana del Estado de Derecho). Si no soportó el debate constitucional otrora, es impensable que hoy lo logre.

Definitivamente, y a pesar de lo aberrante de este delito, no es la prisión perpetua la solución.

* Abogado.

 

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