Dos partidos antagónicos negociarán desde hoy el futuro y hasta la existencia misma del Estado belga. La Nueva Alianza Flamenca (N-VA), un partido conservador y abiertamente separatista, se alzó con cerca del 30% de los votos de Flandes. En Valonia, la otra gran región belga, los socialistas arrasaron con casi el 34% de los votos francófonos y la promesa de luchar por la pervivencia del Estado.

"Escribimos una nueva página en la historia", aseguró Bart de Wever, líder de la N-VA, arropado por la bandera europea y cientos de militantes. Su partido no existía hace una década, pero desde entonces ha logrado convencer a los electores de Flandes, la mitad norte y próspera del país, con gestos de calculada rebeldía ante los partidos tradicionales y una estructura federal que considera injusta. "Tiendo la mano a los francófonos" para "hacer lo más rápidamente posible reformas importantes", prometió.

Entre ellas está la transformación de la economía, pero, sobre todo, la de un Estado presa de tensiones territoriales que han derivado en la ingobernabilidad del país. El reparto de los impuestos entre regiones y el estatuto electoral y lingüístico del área de Bruselas centran un debate para el que los socialistas valones se sienten preparados.

"Nos han votado los ciudadanos que no quieren ver como enemigos a sus semejantes", aseguró Elio di Rupo, líder de la izquierda francófona, quien prometió "sentido de la responsabilidad" para acometer una "reforma del Estado". Una reforma "que muestre a toda Europa que somos capaces de superar nuestras diferencias internas y asumir nuestro rol de capital europea".

No está nada claro que Bélgica pueda satisfacer sus obligaciones comunitarias. Las negociaciones para formar Gobierno serán sin duda complejas y podrían dilatarse meses, mientras que la presidencia belga de la Unión Europea comenzará en menos de tres semanas. La identidad del primer ministro es todavía una incógnita. "Para mí, ser primer ministro no es importante", señaló sin despeinarse De Wever. "Si para los francófonos es importante, estoy dispuesto a hacer el sacrificio", aseguró, renunciando a un cargo ocupado por flamencos durante las últimas tres décadas.

El líder liberal francófono y actual ministro de Economía, Didier Reynders, consideró "problemático" el viraje de Flandes hacia el separatismo conservador, mientras que el verde Jean-Marc Nollet celebró "que De Wever nos tienda la mano". Eso sí, los francófonos quieren "ver qué guarda en la otra y cuál es en realidad su programa, porque ganar las elecciones es una cosa, y reconstruir el país, otra". El líder de la N-VA se esforzó en atender a las televisiones de sus vecinos del sur, a quienes pidió en un francés precario "que no tengan miedo, que tengan confianza en sí mismos para poder hacer reformas que serán buenas también para los francófonos".

Bajan los xenófobos


Los democristianos flamencos se conformaron con una segunda posición ante la "radicalización" del electorado que considera que "a partir de ahora no se puede gobernar sin la N-VA", en palabras de Yves Leterme, el primer ministro saliente. Los partidos más radicales y xenófobos de Flandes (Vlaams Belang y Lista Dedecker) también perdieron apoyo en favor de una N-VA que cree que Bélgica desaparecerá como país, pero que no puede permitirse que suceda de manera traumática. "Será una evolución", aseguró De Wever. "Hacia las regiones y hacia Europa", prometió.

Decidido a liquidar el Estado belga

Descrito como un "intelectual" por sus adversarios, sus votantes ven en él la alternativa a los partidos tradicionales y la extrema derecha populista. Bart de Wever, historiador de 39 años, confirmó su plaza en la primera fila de la política belga de los próximos cuatro años creando un espacio político inexistente hace una década. Conservador en lo económico y social, el líder de la N-VA propone la independencia de Flandes como punto principal de su programa electoral. Sin embargo, no pretende una "revolución, sino una evolución" de las estructuras institucionales hacia la liquidación del Estado belga, creado de manera artificial en 1830. De Wever fue más moderado que nunca, consciente de que su furia electoral requiere una gestión responsable ahora que su partido es decisivo. "Quiero tender puentes", prometió. 

Por DANIEL BASTEIRO Bruselas 13/06/2010 16:13 Actualizado: 14/06/2010 09:31
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Miércoles, 21 Abril 2010 06:33

Una ola xenófoba barre Estados Unidos

La Legislatura estatal de Arizona aprobó una versión final de lo que se considera el proyecto de ley más antiinmigrante del país: criminaliza a nivel estatal a todo indocumentado y permite a la policía local amplia discreción para detener a toda persona que sospechen es inmigrante sin papeles.
 
Con ello, sólo falta la decisión de la gobernadora republicana Jan Brewer, quien hasta el momento no ha expresado su opinión sobre la iniciativa. A partir de hoy Brewer cuenta con cinco días para anular la iniciativa con un veto, promulgarla o no hacer nada, en cuyo caso automáticamente se convierte en ley.
 
La iniciativa obliga a funcionarios y agencias estatales, incluida la policía, a aplicar las leyes federales de inmigración y tipifica como crimen la no obtención de documentos migratorios, o sea, no tener documentación legal. También criminaliza la contratación y la solicitud de trabajo de indocumentados y transportar o dar albergue a éstos. Pero el elemento más extremo, y más criticado por opositores, es la medida que obliga a la policía a interrogar a cualquier persona que considere potencialmente sospechosa de su estado legal migratorio.
 
La “zona cero”
 
Y ésta es sólo la iniciativa más reciente en Arizona, estado que se ha convertido en la “zona cero” de la guerra contra los inmigrantes en el país. El estado adoptó una ley en 2005 que criminaliza el tráfico de personas y otra en 2007 que prohíbe la contratación intencional de indocumentados. Los legisladores afirman que su intención es expulsar a los inmigrantes sin papeles y desincentivar su ingreso al estado. Se calcula que Arizona tiene medio millón de indocumentados y es el punto de cruce más activo para el flujo de personas sin papeles.
 
Los promotores afirman que esto es resultado de la falta de acción efectiva del gobierno federal para controlar las fronteras. El senador federal y ex candidato presidencial John McCain endosó ayer la iniciativa, y declaró que los habitantes de su estado “están frustrados y enojados”, ya que el gobierno federal no ha cumplido con “sus responsabilidades constitucionales para asegurar nuestras fronteras”.
 
Este comentario refleja el clima político, ya que antes McCain había repudiado este tipo de medidas por su carácter “antihispano”, y fue promotor de las medidas federales para una reforma migratoria integral. Ahora enfrenta el reto de un ultraconservador, quien lo critica por no hacer lo suficiente para asegurar la frontera en las elecciones primarias del Partido Republicano por la candidatura al Senado federal, lo que amenaza la reelección de veterano político.
 
La gobernadora republicana Brewer enfrenta las mismas fuerzas que McCain, al buscar su reelección este año, y se supone que no empleará su poder de veto para anular esta legislación. Su antecesora y ahora secretaria de Seguridad Interna del gobierno de Barack Obama, Janet Napolitano, sí desestimó iniciativas parecidas cuando era gobernadora, pero ahora todos culpan a Washington por no hacer lo suficiente en este rubro.
 
A la vez, McCain y su colega, el senador federal Jon Kyl, reiteraron su llamado al envío de tres mil integrantes de la Guardia Nacional a la frontera de Arizona con México, y por la construcción de más muros y mayores medidas para castigar a inmigrantes que cruzan la frontera sin documentos.
 
Organizaciones de inmigrantes, agrupaciones latinas, líderes religiosos y sindicalistas condenaron la legislación en Arizona y advirtieron que si es promulgada, todo latino o cualquier persona que las autoridades sospechen como posible “extranjero ilegal”, será sujeto a interrogatorio y arresto sólo por su apariencia.
 
El arzobispo de Los Angeles, cardenal Roger Mahoney, denunció que la Legislatura de Arizona ha aprobado “una de las leyes antiinmigrantes más retrógradas, mezquinas e inútiles del país”. Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros, pidió una expresión nacional de repudio “al odio e intolerancia que amenaza a nuestra comunidad”.
 
Danny Ortega, presidente de la junta del Consejo Nacional de la Raza, dijo que “Arizona ha sido incubadora de la legislación del odio” y advirtió que su impacto violará derechos civiles, derechos humanos y tal vez la Constitución, en entrevista con USA Today. El Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educación (Maldef) adelantó que retará la constitucionalidad de la ley ante los tribunales federales si llega a ser promulgada.
 
Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, advirtió que “esta legislación creará un clima de temor y pánico y sujetará a inocentes en Arizona a ser perfilados por su raza”.
 
Mientras tanto, en Nueva York se emitió ayer el veredicto contra un joven que mató a un ecuatoriano cuando, junto con amigos, salió a “cazar mexicanos” en el pueblo de Patchogue, en Long Island. El caso provocó ola de repudios a nivel nacional al enfocar el asunto en el incremento de crímenes de odio contra inmigrantes por todo el país, y ahora el Departamento de Justicia evalúa crímenes de odio a nivel nacional.
 
En noviembre de 2008, el inmigrante ecuatoriano Marcelo Lucero caminaba con un amigo cuando fueron enfrentados por unos siete jóvenes que buscaban “mexicanos” para golpear, lo cual culminó con el apuñalamiento mortal de Lucero. Ayer, Jeffrey Conroy, de 19 años, fue declarado culpable de homicidio imprudente como crimen de odio. Cuatro de sus compañeros han aceptado su culpabilidad en cargos de crímenes de odio, dos más están en espera de juicio. El juez determinará una condena de entre 8 y 25 años de prisión para Conroy. El veredicto causó inconformidad entre la comunidad inmigrante y activistas contra delitos de odio por no imputar al responsable un cargo más severo.

Por David Brooks *
* De La Jornada de México. Especial para Página/12.
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Miércoles, 04 Febrero 2009 05:25

Bajar la persiana frente a la crisis

La polémica cláusula de “compre nacional”, que forma parte del paquete de reactivación impulsado por el presidente Barack Obama, motivó ayer nuevas críticas de los principales socios comerciales de Estados Unidos. “El proteccionismo es una mala respuesta a la crisis internacional”, sostuvo la canciller alemana, Angela Merkel. La Comisión Europea advirtió que no se quedará con “los brazos cruzados” si la cláusula permanece en el texto final. Canadá, Francia e Italia también protestaron. Obama respondió anoche que Estados Unidos podría revisar esa medida y sostuvo que su país “no puede enviar un mensaje proteccionista”. Pese a las quejas, en Europa también está habiendo reacciones nacionalistas, como lo demuestran las “huelgas xenófobas” inglesas.

 

Uno de los artículos del plan estadounidense propone prohibir la compra de hierro o acero extranjeros para los proyectos de infraestructura financiados por el plan de estímulo, a menos que la oferta de acero estadounidense sea insuficiente o que su precio aumente la factura final en más de 25 por ciento. Esa disposición no pasó desapercibida en el extranjero, donde muchos la ven como una violación de las reglas de libre comercio. La cuestión es especialmente sensible en Alemania, primer exportador mundial, que cuenta con varios pesos pesado de la siderurgia mundial.

 

El proyecto se encuentra ahora en el Senado estadounidense, donde se enfrenta a la fuerte oposición de la minoría republicana. El líder de los demócratas en la Cámara baja, Steny Hoyer, justificó la preocupación de sus socios comerciales al reconocer que la versión que actualmente se revisa en el Senado fue más lejos que el proyecto de la Cámara baja, pero dijo que estaba seguro de que sería “tema de discusión” entre las dos cámaras después de que el proyecto del Senado sea aprobado.

 

Los europeos cuestionan el “proteccionismo” de Obama, pero la crisis está generando reacciones nacionalistas. En Inglaterra se están llevando adelante huelgas contra la contratación de trabajadores extranjeros. Unas 600 personas realizaron ayer un paro en la central eléctrica de Langage, cerca de Plymouth (sur de Inglaterra), al tiempo que se emprendieron acciones similares en otras cuatro plantas energéticas del país. Las movilizaciones, que ya han afectado a una veintena de instalaciones, estallaron después de que Total anunciase que la empresa italiana IREM se adjudicaba el contrato para construir una nueva unidad de procesado en Lindsey. Un centenar de italianos y portugueses trabajan actualmente en la planta, pero se espera que el próximo mes lleguen 300 obreros más, pues IREM quiere su propia fuerza laboral, integrada principalmente por mano de obra de esas dos nacionalidades.

 

Los trabajadores británicos han tildado de “escandalosa” la elección de empleados foráneos y han exigido al primer ministro británico, Gordon Brown, que cumpla su promesa hecha el pasado año de garantizar “empleos británicos para los trabajadores británicos”.

 

Desde el Ejecutivo, el ministro de Empresa, Peter Mandelson, abogó por no gastar energías en “la política de la xenofobia” para aprovecharlas mejor en la lucha contra la recesión económica. Ante las acusaciones de xenofobia, Derek Dimpson, líder del sindicato Unite, el más grande del país, respondió que “las acciones no oficiales que están teniendo lugar en todo el país no tienen que ver con raza o inmigración, sino con clase social”. Las huelgas, explicó Dimpson, giran en torno de “empleadores que explotan a los trabajadores independientemente de su nacionalidad recortando los sueldos y condiciones que, con dificultades, se han ganado”.

 

Entretanto, el diputado laborista John Mann echó más leña al fuego al proponer una moción parlamentaria “deplorando” la utilización de trabajadores foráneos en la refinería de Lindsey. La moción felicita a los sindicatos por “exponer esta explotación y la falta de igualdad de oportunidades para solicitar todos los trabajos”. Tanto el gobierno, opuesto a cualquier medida de tinte proteccionista en estos tiempos de desaceleración económica, como Total rechazan las acusaciones de discriminación e insisten en que no se ha incumplido la ley vigente.

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La huelga puntual que arrancara hace tres días en una refinería de Lincolnshire contra el empleo de trabajadores extranjeros ha acabado extendiéndose por la geografía británica como una mancha que sugiere ciertos tintes xenófobos. Miles de empleados de diversas plantas energéticas en Inglaterra, Gales y Escocia salían hoy a la calle para reclamar al Gobierno laborista la adopción de medidas proteccionistas que detengan la proliferación de contratos con compañías foráneas, un recurso que abarata los costes y suele traducirse en el empleo de mano de obra procedente sobre todo del este de Europa.

El núcleo de la protesta se centra en la promesa de Gordon Brown, al poco de asumir el cargo como primer ministro (junio 2007), asegurando que velaría por procurar "empleos británicos a los trabajadores británicos". Ese falso y populista compromiso -el gobierno no puede frenar el libre tránsito de trabajadores entre los países de la Unión Europea- ha acabado volviéndose en su contra en un contexto de crisis económica cuyas estadísticas de desempleo ya rozan los dos millones de personas (6,1% de la población activa). Y el mensaje ultraproteccionista, de tremendo calado entre las clases más golpeadas por la recesión, es explotado ahora más que nunca por la ultraderecha del Partido Nacional Británico (BNP, en sus siglas inglesas), que presenta claros visos racistas.

El origen de las protestas

La mecha de las movilizaciones prendía en la refinería de Lindsey (nordeste de Inglaterra) a raíz del contrato para la construcción de una planta de desulfurización que la empresa Total ha suscrito con el grupo italiano IREM. La población de la zona alega que los más de quinientos trabajadores contratados por esta última firma son italianos y portugueses venidos expresamente para acometer el proyecto, excluyendo a la mano de obra local que empieza a engrosar las abultadas cifras de paro. Los sindicatos británicos aducen que ese gesto obedece a motivos de ahorro, mientras que la firma implicada esgrime la carencia de trabajadores cualificados entre la oferta local. Total ha garantizado que la operación no entrañará "despidos directos" en su factoría, pero los obreros desconfían de la promesa.

"La nuestra no es una manifestación contra los trabajadores extranjeros, sino contra las compañías que discriminan a los trabajadores británicos", aseguraba Bobby Buird, dirigente del sindicato mayoritario, Unite, añadiendo que "reivindicar nuestro derecho al trabajo no es una lucha xenófoba". Algunos medios británicos, encabezados por The Times, apuntaban sin embargo la presencia del elementos del BNP en la trastienda de las protesta y reorientando su lemas contra la mano de obra foránea.

"Permanezcan en casa"

Como medida de precaución, los responsables de Total recomendaban hoy a los contratados extranjeros de su planta de Lindsey que permanecieran en sus viviendas, mientras un millar de trabajadores británicos se manifestaban pacíficamente y rodeados por un importante dispositivo de seguridad frente a la sede de la compañía reclamando al ejecutivo la protección de sus empleos. A esa consigna acabaron sumándose otros mil huelguistas en la proveedora de gas Milford Haven, al oeste de Gales, y centenares de empleados de seis grandes compañías energéticas escocesas, de una segunda refinería del nordeste de Inglaterra o de una estación eléctrica galesa, entre otros paros de ámbito más reducido. El comité de empresa de la planta nuclear de Sellafield (noroeste) también debatía hoy el apoyo a los huelguistas.

El suministro energético en las islas británicas está por el momento garantizado, aunque la protesta amenaza la ya precaria estabilidad del gobierno de Gordon Brown, situado 12 puntos por debajo de la oposición conservadora en las últimas encuestas. "Entiendo la ansiedad de la gente sobre sus trabajos. Nuestra acción se dirige a garantizar que puedan retenerlos, a ayudar a quienes pierden su empleo para que encuentren otro y a alentar la formación de los jóvenes. Ese es el modo correcto de encarar el problema", declaraba el primer ministro desde el Foro de Davos. Pero el hincapié que hizo Brown en la necesidad de evitar la tentación proteccionista difícilmente contribuirá a calmar los ánimos de unos huelguistas que han proclamado la globalización como su bestia negra.

PATRICIA TUBELLA | Londres 30/01/2009
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