Sábado, 23 Mayo 2020 06:37

La verdad sobre los transgénicos

La verdad sobre los transgénicos

Para saber lo que pasa realmente con los cultivos transgénicos, qué efectos tienen sobre la salud y el ambiente, quién gana y quién pierde, hay que dejar de lado la propaganda de las empresas y aprender de la experiencia real en los países que llevan más de dos décadas plantándolos. Para ello, el Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur, publicado en mayo 2020, es una herramienta imprescindible (http://www.biodiversidadla.org/ Atlas).

Es un trabajo bien documentado, que recoge numerosos textos y material gráfico, compuesto a partir de investigaciones, experiencias y testimonios de primera mano de organizaciones en cada país de la región, en una colaboración entre académicos e investigadores, organizaciones campesinas, ambientalistas y locales. En sus 22 capítulos cubre desde aspectos científicos hasta temas ambientales, de salud y económicos. También presenta alternativas desde las comunidades y organizaciones populares. La coordinación del trabajo estuvo a cargo de Lucía Vicente, Carolina Acevedo y Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad, Argentina, con el apoyo de Darío Aranda en la sistematización de talleres presenciales realizados en Paraguay en 2019.

Más allá del Cono Sur, es una herramienta de aprendizaje para todas y todos, estemos donde estemos, porque, pese a que casi ha pasado un cuarto de siglo, solamente 11 países concentran 99 por ciento de la siembra de transgénicos en el mundo y cinco naciones de esa región –Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia– están entre ellos. Brasil y Argentina tienen las mayores áreas sembradas a escala global, siguiendo a Estados Unidos, que ocupa el primer puesto.

Más de dos décadas de siembra transgénica han tenido efectos devastadores en la contaminación de aguas y suelos. Hay zonas del río Paraná en las que los lodos de su cauce tienen más glifosato que una plantación de soya. La avalancha de siembras provocó una auténtica epidemia de enfermedades graves en las poblaciones aledañas a las plantaciones, que multiplicaron las cifras de cáncer y abortos espontáneos en zonas rurales y centros periurbanos, pero la contaminación llega incluso a ciudades alejadas de las plantaciones, donde muestras en orina de niñas y niños, así como en leche materna, también mostraron residuos de agrotóxicos.

Los culpables y quienes se beneficiaron son muy pocos. Es ampliamente conocido que las semillas de todos los cultivos transgénicos en el globo están en manos de poquísimas trasnacionales. Actualmente sólo son cuatro, luego de las fusiones en años recientes: Bayer (que compró Monsanto); Syngenta (propiedad de ChemChina); Corteva (fusión de DuPont-Pioneer y Dow Agrisciences) y Basf. Esta última compró parte del negocio transgénico de las anteriores para dejar contentas a las autoridades antimonopolios. Antes eran seis que controlaban todo el mercado global de transgénicos y las autoridades de varios países consideraron, correctamente, que tenían control oligopólico. Condicionaron las fusiones a que vendieran de parte de sus negocios –lo cual favoreció a Basf, que antes tenía menos presencia en transgénicos. Paradójicamente, de seis pasaron a cuatro megaempresas y las autoridades de competencia tan tranquilas.

El Atlas desenreda y revela los nombres locales bajo los que operan estas grandes empresas y cuáles otras trasnacionales completan las cadenas de producción, almacenamiento y exportación, ya que la devastación masiva de salud y naturaleza ha sido principalmente para exportar forraje para cerdos y otros animales en cría industrial en Europa y China. Explica también cómo han ido logrado regulaciones nacionales e internacionales en su favor, incluso infiltrando las propias comisiones de bioseguridad, que nunca los fiscalizaron realmente.

Un aspecto menos conocido que el Atlas muestra en detalle es que la producción transgénica causó una enorme concentración de tierra, con una importante reducción de establecimientos agrícolas, llegando a desaparecer hasta 40 por ciento en algunos rubros y países. El aumento del uso de agrotóxicos creció en forma nunca vista en la historia de la agricultura, Brasil pasó a ser el país con mayor uso de agroquímicos en el planeta. Los promotores de la agricultura industrial suelen decir que el modelo ya existía, y no fue por los transgénicos. Pero el hecho de que más de 90 por ciento de las semillas transgénicas sean tolerantes a agroquímicos permitió dos fenómenos altamente nocivos: aplicar agrotóxicos en grandes volúmenes, porque la semilla sembrada no moría, lo cual creó decenas de diferentes malezas resistentes a los químicos y, por tanto, se aplicó cada vez más veneno. Complementariamente, las empresas rurales buscaron áreas de siembra cada vez más extensas para mecanizar el laboreo y generalizar la fumigación aérea, engullendo o desplazando por la fuerza otras actividades. Asesinatos, represión y persecución a quienes defienden sus territorios y naturaleza marcaron todo el proceso.

El Atlas no sólo documenta el desastre. También recoge y presenta las muchas formas de resistencia y creación, las propuestas y alternativas desde lo legal hasta lo territorial que los pueblos han ido construyendo. Gracias a las y los que han compartido tanta experiencia http://www.biodiversidadla.org/ Atlas

Por Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

Martes, 19 Mayo 2020 06:44

Oda al glifosato

Oda al glifosato

Esta oda será cada vez más cantada en el mundo, a pesar de que la mayoría de los lectores jamás en su vida haya oído la palabra glifosato. No será, como veremos, un canto agradable. El glifosato es un agente industrial de muerte que está cada vez más cerca de la vida de todo ser humano, especialmente en estos tiempos de pandemia. El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo en agricultura, silvicultura, jardinería e incluso en actividades domésticas. El glifosato es un invento químico, que se comercializó por primera vez en la década de 1970 por la compañía Monsanto, con el nombre de Roundup.

Desde entonces y hasta 2014 el planeta había sido fumigado por más de 8 mil 600 millones de kilogramos de este plaguicida. Este compuesto penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos. Por tanto, está en lo que comemos, en el agua que bebemos y en nuestros propios cuerpos. Su principal uso es en los cultivos transgénicos de maíz, soya y algodón que hoy existen en millones de hectáreas.

A pesar de ser utilizado durante casi medio siglo, el glifosato fue considerado un plaguicida no peligroso. Esta situación se vio favorecida por una exitosa campaña de propaganda por parte de las compañías productoras y por la ausencia de estudios científicos que lo desmintieran.

Hoy esto ha cambiado radicalmente. En la última década las voces de alarma de las organizaciones civiles defensoras del ambiente, la salud y los derechos humanos impulsaron numerosas investigaciones críticas. Hoy, la quinta edición de la Antología toxicológica del glifosato, de E. Martín Rossi (2020) ofrece una lista de ¡mil 108 artículos científicos que dan fe de los efectos nocivos del plaguicida! Por ello, el glifosato ha sido prohibido o restringido en Austria, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Tailandia, Bermudas, Sri Lanka y algunas regiones de España, Argentina y Nueva Zelanda.

Una síntesis de los impactos de este exterminador de las malezas que compiten con los cultivos transgénicos es la siguiente. El glifosato genera encefalopatías, autismo, parkinsonismo, malformaciones y diversos tipos de cáncer, además de afectar los sistemas endocrino, reproductivo, inmunitario, digestivo, hepático, renal, nervioso y cardiovascular de las personas. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras una extensiva revisión de la literatura científica, decidió clasificar al glifosato como probablemente cancerígeno para los humanos. Además, el glifosato resulta tóxico para diferentes especies de crustáceos, moluscos, oligoquetos, algas, hongos, fitoplancton y zooplancton, anfibios, tortugas, arácnidos, aves, mamíferos y, lo más preocupante, a insectos benéficos y polinizadores como abejas, coleópteros y colibríes. Un nuevo reporte del Instituto Ramazzini de Italia (www.glyphosatestudy.org) reveló, además, que el glifosato debilita el sistema inmunitario de los seres humanos por tres vías (por el cáncer NHL, porque destruye una enzima esencial y porque modifica la biota intestinal), y deja desprotegidos a los individuos contra infecciones como el Covid-19.

¿Y en México? En el país la lucha contra el glifosato apenas se inicia. El contubernio de los gobiernos neoliberales con las grandes compañías no sólo biotecnológicas permitió el uso y sobreuso de plaguicidas, de tal suerte que hoy aún están permitidos 140, de los cuales 111 están catalogados como altamente peligrosos en el resto del mundo (ver el libro Los plaguicidas altamente peligrosos en México, coordinado por Fernando Bejarano, 2017). De gran impacto fue el descubrir que hay ¡glifosato en las tortillas! (y otros productos elaborados con maíz importado), según un estudio de las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana de 2017, confirmado un año después por el Health Research Institute en los productos de Maseca. También se ha probado que hay glifosato en los cuerpos de los habitantes de muchas comunidades rurales, incluyendo niños y adolescentes. Ello llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir una recomendación a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras dependencias para hacer un diagnóstico de la contaminación por plaguicidas; revisar y actualizar las normas oficiales mexicanas, y prohibir en forma progresiva los plaguicidas considerados altamente peligrosos.

El primer paso se ha dado. Las autoridades ambientales bloquearon la importación de 67 mil toneladas de glifosato de 15 compañías. Lo anterior ha provocado ya reacciones diversas. Al igual que el petróleo, las carnes, el excusado, los autos, la Coca-Cola y los celulares, el glifosato es ya un icono de esta tragedia planetaria llamada modernidad, la misma que hoy vive un escenario catastrófico. Cantemos sobre el glifosato denunciando sus impactos sobre la salud humana y la salud del planeta. Es necesario y urgente.

Por Víctor M. Toledo, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

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Política agroalimentaria para un mundo saqueado

Hay un debate relevante planteado sobre la agricultura que tiene posibilidades (o no) de alimentar a un mundo sobrepoblado. Y hay fundamentalmente dos modelos que se contraponen con modalidades intermedias: la agroindustria global, heredera de la revolución verde del siglo pasado, y la agroecología, con un enfoque sistémico integrador y diverso.

Sobre esto, una reflexión previa. La biología, que es la ciencia de la vida, se acerca a la naturaleza desde distintas ópticas. De modo integrador y sistémico, analizando la naturaleza como una sutil red de relaciones complejas que implican tanto componentes vivos como inertes y su interacción con la energía solar que activa el funcionamiento de la biosfera. O de modo no integrador sino reduccionista, como hace la biotecnología, que se aplica, como si fuese una ingeniería, a corregir, recombinar y reprogramar los componentes genéticos de la vida para crear organismos mas eficaces y útiles al servicio de la humanidad.

En base a estos enfoques en el análisis y estudio de la vida (biología o biotecnología), podemos decir que se llega a prácticas agronómicas bien diferentes.

En Agricultura, los biotecnólogos moleculares experimentan con formas de modificar la información génica de los cultivos insertando genes o, editando genomas. El objetivo es conseguir cultivos más nutritivos, o que resistan a herbicidas, plagas, bacterias y hongos. Se asume que todo gira alrededor del organismo cultivado. El éxito del sistema es altamente dependiente de insumos externos como energía, fertilizantes y fitosanitarios con un uso pautado y efectos muy predecibles, usando al suelo como soporte de la actividad o prescindiendo de él.  Es una agricultura basada en el control. Mientras que una agricultura basada en una aproximación ecológica desarrolla un manejo que aprovecha los recursos endógenos del sistema: agua, suelo y diversidad, reduciendo así la dependencia de insumos y energía externa. El control es menor al ser el sistema y su manejo más complejos, pero es menos dependiente de insumos y preserva los servicios ecosistémicos. Éstos servicios son recursos o procesos de los ecosistemas naturales que nos benefician, como agua potable limpia; o procesos como la descomposición de desechos.

La agroecología aplicaría este modelo, añadiéndole el elemento social imprescindible, siendo los agricultores depositarios y corresponsables de la diversidad cultivada. En contraposición, la agricultura industrial derivada de la revolución verde y su versión más biotecnológica basada en la aplicación de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG), priman la producción y el control, considerando los alimentos como mercancías.

Añadamos que los derechos de propiedad intelectual que se aplican sobre semillas, especialmente las modificadas genéticamente por biotecnología, suponen también una limitación al uso y gestión de un recurso básico para los agricultores, que es la diversidad cultivada, necesaria para asegurar el derecho a la alimentación.

Son de suma importancia en el uso de OGMs los marcos normativos. Y estos marcos, surgen de la aplicación de distintas políticas nacionales e internacionales, no sujetas a control ciudadano. En especial, aquellas políticas relacionadas con la existencia y aplicación de Tratados de Libre Comercio. Siendo esto así, resulta evidente que el debate sobre el papel de las plantas transgénicas en agricultura trasciende ampliamente el marco de las disciplinas biológicas, de la investigación, de la I+D y de una supuesta neutralidad científica, ya que tienen consecuencias que van mas allá. Esta es una de sus perniciosas derivadas.

Al respecto, hay que decir que la ciencia es un sistema potente de generación de conocimiento. Pero no es neutral. Entre otras causas porque no lo es su financiación, ni las reglas que operan en la comercialización de sus derivados, o la aplicación de derechos de propiedad intelectual, como las patentes. Rigen por encima, las reglas de mercado.  Reglas que se aplican a la agricultura y la producción de alimentos. Y cuando entra el mercado, sale fuera la soberanía alimentaria de los pueblos.

El modelo de producción agrícola industrial regido por un mercado global donde los productos agrícolas viajan miles de kilómetros desde sus lugares de producción a los de consumo, tiene una insostenible huella de carbono, y, aunque el coste económico y ambiental no se considera, lo pagamos todos. Grandes superficies de cultivo a nivel mundial y dependientes de gran cantidad de insumos, -la mayoría monocultivos-, son las que tienen más valor de mercado para el desarrollo de semillas transgénicas. Esto implica alejarse de la sostenibilidad de los ecosistemas agrarios. Se han hecho estimaciones sobre la inversión necesaria para poner una planta transgénica en cultivo comercial y suponía una inversión de 136 millones de dólares y unos 13 años, en un cálculo hecho para el periodo entre 2008 y 2012. Estos datos son bastante elocuentes respecto a los intereses que mueve.

Son varios los cultivos transgénicos que llevan tiempo en producción por lo que se puede ver lo que ha supuesto su introducción. Sirva de ejemplo el cultivo de la soja. Los principales productores son EEUU, Brasil y Argentina y el porcentaje de plantación proveniente de semilla transgénica es del 90% o superior. El 75% de la producción mundial se dedica al forraje animal, a pesar que se sabe que las dietas basadas en ingesta de proteína animal son perniciosas por la huella hídrica y el uso de suelo requerido por caloría consumida. Este modelo favorece la destrucción de grandes superficies del Bosque Atlántico y de la Amazonía brasileña. La intensificación de su cultivo ha producido deterioro de suelos, disminución de la cantidad y calidad del agua, y efectos negativos evidentes en biodiversidad. Además, han aparecido malezas resistentes al glifosato y se han desarrollado variedades transgénicas con resistencias a más de un herbicida. Ninguno de estos efectos es aceptable, si asumimos que necesitamos una agricultura resiliente y que nos permita contrarrestar las emisiones de GEI causantes del cambio climático, además de alimentarnos.

Si metemos en la ecuación cuestiones socioeconómicas y siguiendo con la soja, se constata que las explotaciones dedicadas a su producción, en Norte y Sudamérica, son mayoritariamente de escala industrial propiciándose una concentración de la tierra en menos manos. Esto ha desplazado a los pequeños y medianos propietarios. En relación al empleo, en algunas regiones argentinas se estima que la conversión a la soja ha destruido cuatro de cada cinco trabajos agrícolas (ver informe de 2014 de WWF «El crecimiento de la soja, impacto y soluciones» y citas en él contenidas). Transcurridos 6 años de ese informe, el deterioro de ecosistemas y de empleo es mayor.

Hay quien piensa que los transgénicos no son el principal problema, lo son quienes ostentan el control de su uso y hacen negocios con los OGM. Admitir esto es un primer paso. El siguiente es constatar el poder del oligopolio que concentra la producción de material vegetal de reproducción, y el sistema de patentes que rige y controla la industria biotecnológica. Añadamos los diferentes tratados comerciales firmados al amparo del proceso de globalización desde los 90 del siglo pasado.

Si un investigador decidiera por su cuenta, poner a libre disposición del mundo, plantones de fresas transgénicas con frutos de textura mejorada, sería muy improbable que lo consiguiera. La razón es el empleo de ideas, métodos y materiales que otros han patentado internacionalmente, de manera que, aunque permitan investigar y publicar en el tema, si el desarrollo logrado pretende entrar en producción, aparecerá la reclamación de los derechos de propiedad. Tendría que negociar y pagar a obtentores de varias patentes, desde las metodológicas hasta las que tienen que ver con el empleo de los genes. Se tiene patentado el uso de todas sus aplicaciones prácticas conocidas.

También se patenta la naturaleza. Se ha permitido patentar semillas como si fueran un invento, una nueva máquina. Las semillas cultivadas, además de seres vivos, son un recurso renovable, como el agua y el suelo. Los tres son imprescindibles para la producción de alimentos. Desde el punto de vista de su gestión, las semillas cultivadas encajan en la categoría de bienes comunes, tal como se refiere a ellos la premio Nobel de Economía 2009, Elinor Oström. No son ni del estado ni del mercado, y su custodia y protección son necesarias. Tienen en común con el agua, que son un recurso que fluye en el tiempo y en el espacio. Las semillas de uso agrícola, algunas cultivadas miles de años por generaciones de campesinos, ofrecen diversidad de especies y variedades como resultado de las decisiones de los agricultores al seleccionar semillas para el siguiente cultivo, además de cruces genéticos fortuitos, de los procesos de adaptación de los cultivos a manejos y condiciones ambientales locales, intercambios, etc. Esta agro-biodiversidad está en grave peligro por un efecto colateral de la revolución verde del siglo pasado que concentró sus esfuerzos en muy pocos cultivos y variedades que desplazaron muchas de esas especies y variedades tradicionales al ser menos productivas cuando los insumos no son limitantes o por no tener mercado suficiente. Y ahí es donde operan los OGM.

Con todas estas consideraciones ¿qué modelo de agricultura promoveremos? Urge que, desde la responsabilidad política no se hurte este debate fundamental.

Por Carmen Molina Cañadas | 02/05/2020 

Fuente: https://blogs.publico.es/ecologismo-de-emergencia/2020/05/01/politica-agroalimentaria-para-un-mundo-saqueado/

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Sábado, 25 Abril 2020 06:35

Gestando la próxima pandemia

La cría industrial de animales en confinamiento (avícola, porcina, bovina) es una verdadera fábrica de epidemias animales y humanas. Grandes concentraciones de animales, hacinados, genéticamente uniformes, con sistemas inmunológicos debilitados, a los que se administran continuamente antibióticos, por lo que, según la OMS, son la principal causa de generar resistencia a antibióticos a escala global

Esta pandemia ha causado la caída de muchos velos que ocultaban mecanismos perversos del sistema capitalista globalizado.

Uno de los velos que se ha hecho pedazos, dejando al descubierto una fétida realidad, es el rol del sistema alimentario agroindustrial, principal factor de producción de epidemias en décadas recientes.

La cría industrial de animales en confinamiento (avícola, porcina, bovina) es una verdadera fábrica de epidemias animales y humanas. Grandes concentraciones de animales, hacinados, genéticamente uniformes, con sistemas inmunológicos debilitados, a los que se administran continuamente antibióticos, por lo que, según la OMS, son la principal causa de generar resistencia a antibióticos a escala global. Un perfecto caldo de cultivo para producir mutaciones de virus más letales y bacterias multirresistentes a los antibióticos, que con los tratados de libre comercio se distribuyen por todo el globo.

El biólogo Rob Wallace, autor del libro Big farms make big flu, documenta este proceso analizando los brotes de nuevos virus de origen animal, las gripes aviar y porcina, ébola, zika, VIH y otros. Gran parte se originó en criaderos, otros en animales silvestres, como el nuevo coronavirus que proviene de murciélagos. Estudios recientes indican que no llegó directamente a los humanos, sino hubo intermediarios. El secuenciamiento genómico señala pangolines, pequeños mamíferos asiáticos. Podrían haber sido otros, por ejemplo, los megacriaderos de cerdos que existen en Hubei, provincia de la que Wuhan es capital. Grain compiló datos al respecto (https://tinyurl.com/ybdvmegz).

Al tiempo que se detecta el Covid-19, los grandes criaderos de cerdos en China son devastados por otro virus que afecta y mata a millones de cerdos: la peste porcina africana, que afortunadamente no ha mutado aún en virus infeccioso para humanos, pero crece por China y Europa ( https://tinyurl.com/y9f98atd ).

La relación entre ganadería industrial y epidemias-pandemias va más allá de los grandes criaderos. Como explico en otro artículo (Desinformémonos, https://tinyurl.com/ydenks9z), hay causas concomitantes: la cría masiva de animales confluye con la destrucción de hábitats naturales y de biodiversidad, que hubieran funcionado como barreras de contención de la expansión de virus en poblaciones de animales silvestres.

Los principales responsables de esta destrucción de ecosistemas son el sistema alimentario agroindustrial en su conjunto, el crecimiento urbano descontrolado y el avance de megaproyectos para servicio de los anteriores, como minería, carreteras y corredores comerciales, como por ejemplo el Corredor Transístmico.

El sistema alimentario agroindustrial juega el papel principal: según la FAO, la causa mayoritaria de deforestación en el mundo es la expansión de la frontera agropecuaria industrial. En América Latina causa 70 por ciento de la deforestación, y en Brasil hasta 80 por ciento.

De toda la tierra agrícola del planeta, 78 por ciento (!) se usa para la industria pecuaria a gran escala: sea para pasturas o siembra de forrajes. Más de 60 por ciento de cereales que se siembran globalmente son para alimentar animales en confinamiento (Grupo ETC, https://tinyurl.com/y7lszo4n).

En cada paso de la cadena alimentaria agroindustrial, 4-5 grandes trasnacionales dominan más de 50 por ciento del mercado global. (Ver Tecno-fusiones comestibles, mapa del poder corporativo en la cadena alimentaria, Grupo ETC, 2020 https://tinyurl.com/y8bwd6k3).

Por ejemplo, solamente tres empresas (Tyson, EW Group y Hendrix) controlan toda la venta de genética avícola en el planeta. Otras tres la mitad de toda la genética porcina. Y unas pocas más la genética bovina. Esto causa una enorme uniformidad genética en los criaderos, que facilita la trasmisión y mutación de virus.

Igual sucede con las empresas del comercio mundial de commodities agrícolas (granos y oleaginosas), controlado casi en totalidad por seis empresas: Cargill, Cofco, ADM, Bunge, Wilmar International y Louis Dreyfus Co, que comercian los forrajes que van a la cría industrial de animales, principalmente soya y maíz transgénico.

Las mayores procesadoras de carne avícola, porcícola y vacuna son actualmente JBS, Tyson Foods, Cargill, WH Group-Smithfield y NH Foods. WH Group, de China, es la mayor empresa porcícola del globo y domina en América del Norte, dueña de Granjas Carroll, donde se originó la gripe porcina.

Es significativo el caso de Cargill, que siendo la mayor empresa global de comercio de commodities agrícolas pasó de proveer forrajes a ser además criadora, siendo la tercer compañía mundial de cárnicos (aves, cerdos, vacas).

Pese a los desastres que está causando la pandemia de Covid-19, esas empresas siguen sus actividades, gestando la próxima pandemia, que podría incluso ocurrir mientras la actual sigue activa.

Es hora de terminar con este sistema agroalimentario absurdo y dañino, que solamente beneficia a las corporaciones. Es el principal factor de cambio climático y pese a utilizar de 70 a 80 por ciento de la tierra, agua y combustibles de uso agrícola, sólo alimentan a 30 por ciento de la población mundial (ETC Group, https://tinyurl.com/yxv3dz8s).

Por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

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Viernes, 03 Abril 2020 06:27

Mucha tierra en pocas manos

Mucha tierra en pocas manos

Avance de cultivos transgénicos e injusta distribución de la tierra son caras del mismo modelo.

En las últimas tres décadas desaparecieron miles de establecimientos agropecuarios (los más pequeños) y un puñado de hacendados controla cada vez más hectáreas. Una deuda eterna: la redistribución de tierras.

En el Cono Sur se desarrolla una reforma agraria, pero al revés: donde unos pocos tienen mucho y donde muchos no tienen casi nada. Es la situación de la tierra en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En los últimos veinte años, agronegocio transgénico mediante, se agravó el problema. Detalle: ningún gobierno, de ningún signo político, cuestionó en los hechos esta injusticia fundamente del continente. El avance territorial empresario conlleva represión y asesinatos. La Vía Campesina exige reforma agraria popular.

En Argentina desapareció el 41 por ciento de las explotaciones agropecuarias en sólo treinta años (entre 1988 y 2018). Se trata de 169.000 chacras, según datos oficiales del último Censo Nacional Agropecuario (CNA). Al mismo tiempo aumentó la superficie promedio de las fincas. Pasó de 469 hectáreas a 690 hectáreas. También se confirma la tendencia de mucha tierra en pocas manos: el 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla el 36,4 por ciento de la tierra. Mientras que el 55 por ciento de las explotaciones (de menos de 100 hectáreas) cuenta con solo el 2,2 por ciento de la tierra.

En Paraguay, entre 1991 y 2008, desaparecieron 18.300 fincas. Al mismo tiempo que aumentó la superficie cultivada en siete millones de hectáreas (de 24 millones a 31). Según estudios de la organización paraguaya Base-Is (Investigaciones Sociales), la agricultura campesina representa el 91 por ciento de las fincas pero cuenta con sólo el seis por ciento de la superficie. En el otro extremo, el agronegocio abarca el tres por ciento de las fincas, pero controla el 85 por ciento de la tierra del país.

En Bolivia la injusta distribución de la tierra tiene directa relación con las regiones. La Fundación Tierra, en base a datos oficiales, afirma que en el altiplano y valles se encuentran el 83 por ciento de las UPA (Unidades de Producción Agropecuaria), la enorme mayoría son de base campesina-indígena. En esas regiones está el 38 por ciento de la superficie cultivada del país. Por otro lado, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra se ubica el 16 por ciento de las unidades productivas, que abarcan el 62 por ciento de la tierra cultivada del país.

En Uruguay desapareció el 40 por ciento de las explotaciones de menos de 20 hectáreas y el 31 por ciento de las explotaciones menores a 100 hectáreas. Mientras que aumentaron un cuatro por ciento las explotaciones de más de 2500 hectáreas. Sucedió en el periodo 2000-2011 e implicó la desaparición de 12.241 chacras.

Pablo Galeano, de las organización Redes-Amigos de la Tierra Uruguay, confirma que la causa de la desaparición de fincas es el avance del agronegocio. En paralelo existe un proceso por el cual cada vez más productores abandonaron la gestión de sus campos para arrendar a pooles (grupo de empresarios) de siembra. De este modo, quien era productor pasó a convertirse en rentista. El mismo fenómeno se dio en Argentina, Paraguay y Bolivia.

En Brasil el censo agropecuario de 2017 mostró que el número de establecimientos se redujo, con apropiación territorial por parte de los grandes propietarios. En Brasil existen 5.072.152 establecimientos agrícolas, en 350.253.329 hectáreas. En comparación con el censo de 2006 esta superficie creció en 16,5 millones de hectáreas, a pesar de la desaparición de 103.484 unidades productivas. Brasil cuenta con 3287 fincas que controlan el 47,5 por ciento de la tierra cultivada (166 millones de hectáreas).

 Avance territorial

Argentina contaba con 6,6 millones de hectáreas con soja (convencional) en 1996. Y llegó al pico máximo de 20,5 millones hectáreas de soja transgénica en 2015. El maíz pasó de 4,1 millones de hectáreas en 1996 a 6,9 millones en 2015. En Paraguay se pasó de 1,1 millones de hectáreas con soja en 1997 a 3,4 en 2018. El maíz también se multiplicó: de 356.600 hectáreas en 1997 se llegó a un millón en 2016. En Bolivia se pasó de 200.000 hectáreas con soja en 1990 a 1,2 millones en 2017. Por su parte, Uruguay pasó de 9000 hectáreas con soja en el año 2000 a 1,1 millones en 2018. A fines de la década del 90 Brasil contaba con tres millones de hectáreas declaradas. En la cosecha 2019 llegó a 36 millones de hectáreas.

El agronegocio avanzó sobre nuevas áreas, que estaban en manos de campesinos, indígenas, agricultores familiares. Zonas que eran de producción diversificada, con cuidado del monte nativo.

En Argentina los territorios campesinos indígenas más afectados por el avance transgénico están ubicados en las provincias del llamado Gran Chaco Americano: Formosa, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, y partes de Córdoba, San Luis, Santa Fe y Catamarca.

El informe oficial “Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina”, de 2013, señala un piso de 9,3 millones de hectáreas en conflicto.

En Bolivia el avance del modelo sojero se dio fundamentalmente en Santa Cruz de la Sierra. Ese departamento es desde hace tres décadas el mayor centro de la economía boliviana, donde la agroindustria es una de las actividades más importantes. Entre 1990 y 2010 la superficie cosechada se expandió más de seis veces, pasó de 143.372 hectáreas a 922.115 hectáreas.

En Paraguay se avanzó sobre los territorios campesinos e indígenas de los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa. Región de los pueblos Avá y Mbyá Guaraní principalmente.

En Brasil la primera fase de avance transgénico fue desde el sur hacia el oeste y el norte del país. Especialmente desde Río Grande do Sul hasta Mato Grosso, Goiás y Bahía. El proyecto actual de agronegocio, en su segunda fase, apunta a la región de «Matopiba”, 73 millones de hectáreas que incluye los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, entre otros.

Violencia

En las últimas décadas se repitieron hechos de criminalización, violencia y represiones en todos los países donde está presente el extractivismo. La ONG internacional Global Witness realiza informes sobre el asesinato de activistas defensores de la tierra y el medio ambiente. En 2017 contabilizaron la muerte de 201 personas, la mayoría en América Latina, considerada por la ONG como la «región más peligrosa del mundo para las y los defensores» del ambiente. Sólo en Brasil se registraron ese año 57 personas.

El agronegocio avanzó con violencia: en algunos casos con paramilitares y poderes políticos y judicial cómplices, en otros con el abandono del Estado. Un caso emblemático es la llamada «Masacre de Curuguaty», en Paraguay. Es la matanza del 15 de junio de 2012, donde fueron asesinados once campesinos y seis policías, en el marco de un desalojo irregular.

La masacre ocurrió en la finca llamada Marina Kue, departamento de Curuguaty, a 300 kilómetros de Asunción, donde jueces, fiscales y policías ejecutaron un operativo irregular para expulsar a 60 campesinos que ocupaban la tierra. De acuerdo a investigaciones de organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, la actuación de jueces, fiscales y la policía estuvo marcada por la irregularidad, la ilegalidad y la violación de protocolos de actuación, situación documentada en el «Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue»1. Incluso se confirmaron violaciones de garantías elementales de detenidos y hasta la ejecución extrajudicial de siete campesinos.

La masacre fue utilizada por la clase propietaria del país para ejecutar un golpe de Estado parlamentario contra el entonces presidente Fernando Lugo.

Once campesinos permanecieron injustamente presos durante seis años. Hasta julio de 2018, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la condena.

La organización Base-Is explica que la criminalización en Paraguay se encuentra entre las más altas de los países de la región. Entre 2013 y 2018 se identificaron 512 campesinos y campesinas imputadas, 413 detenciones y 50 condenados2.

Un hecho histórico de violencia en Brasil sucedió el 17 de Abril de 1996, cuando 20 miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) fueron asesinados por la policía militar del estado de Pará. La organización internacional Vía Campesina respondió con acciones de solidaridad y exigencia de justicia, movilizó a comunidades campesinas en todo el mundo. Y declaró el 17 de abril como el “Día Internacional de la Lucha Campesina” para mantener viva en la memoria y denunciar la criminalización.

En 2017 se contabilizaron en Brasil 28 asesinatos de personas que resisten el avance del agronegocio. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT –organización referente en todo lo referido al estudio de la lucha rural–), en 2017 se contabilizaron 1124 casos de violencia contra ocupaciones y tierras campesinas. Con 118.000 familias afectadas3.

La violencia contra campesinos, indígenas y activistas socioambientales se incrementó luego del golpe de estado parlamentario con Dilma Rousseff (2016).

La deuda eterna

La Vía Campesina es el movimiento internacional que nuclea a productores familiares, campesinos, indígenas, pescadores artesanales y trabajadores de la tierra. Desde su nacimiento una de sus banderas principales fue la reforma agraria. El documento publicado en su sitio “El nuevo llamado a la reforma agraria en el siglo XXI” (de junio de 2019) hace un repaso histórico de las distintas particularidades de la lucha por la tierra en los últimos treinta años. Recuerda que el Banco Mundial y distintos gobiernos impulsaron “reformas agrarias” que tenían como fin la mercantilización de la tierra y, finalmente, la entrega de esas parcelas a grandes empresas.

También señala que un punto de inflexión se dio en 2016, en la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria realizada en Marabá (Brasil). El documento final de ese encuentro advirtió sobre los peligros de una “creciente alianza nacional e internacional entre las industrias extractivas y la agroindustria, el capital internacional, los gobiernos y, cada vez más, los medios masivos de comunicación”.

Se concluyó que “ya no es posible crear alianzas entre los campesinos y el capital doméstico a favor de una reforma agraria clásica” (como se creía en décadas pasadas). La Vía Campesina llamó a “una reforma agraria popular, no sólo para los campesinos sin tierra” sino también para los sectores populares urbanos, “ambos son víctimas del acaparamiento de tierras y el desplazamiento provocados por el capital especulativo”. Detalló que la especulación inmobiliaria en la ciudad, los altos precios de alquileres y viviendas, son parte también de un modelo que prioriza el dinero por sobre los derechos humanos.

“La nueva propuesta es por una alianza política entre los trabajadores del campo y la ciudad (…) En el campo, éstos son los campesinos, las familias agricultoras, los trabajadores sin tierra, los pueblos originarios, los pastores, los pescadores artesanales y otros pequeños productores de alimentos. En la ciudad, éstos son los habitantes de las barriadas y las favelas, cuya población sigue aumentando como parte del rápido crecimiento de las periferias urbanas”, señala La Vía Campesina.

La reforma agraria popular no es solo entrega de tierras. Se trata de realizarla con participación protagónica de los sectores involucrados. Debe contemplar, según los movimientos campesinos, comercio justo, créditos flexibles, seguros para las cosechas, educación, infraestructura rural, acceso democrático al agua y a las semillas, entre otros aspectos. El marco global de la reforma agraria es la soberanía alimentaria, que implica el territorio para producir alimentos para el pueblo y no para producir commodities para exportación.

Por Darío Aranda | 03/04/2020

Este artículo es parte del proyecto Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur realizado con el apoyo de Misereor.

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#AtlasOGMConoSur | En las últimas décadas desaparecieron miles de establecimientos agropecuarios y un puñado de hacendados controla cada vez más hectáreas. Una deuda eterna: la redistribución de tierras.

#AtlasOGMConoSur | En Argentina desapareció el 41% de las explotaciones agropecuarias en treinta años (entre 1988 y 2018). Se trata de 169.000 chacras, según datos oficiales del último CNA.

#AtlasOGMConoSur | En las últimas décadas se repitieron hechos de criminalización, violencia y represiones en todos los países donde está presente el extractivismo.

#AtlasOGMConoSur | La reforma agraria popular no es solo entrega de tierras, debe contemplar, comercio justo, créditos flexibles, educación, infraestructura rural, entre otros aspectos.

Referencias:

[1] – http://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2017/03/Informe-de-DDHH-sobre-el-caso-Marina-Kue.pdf

[2] – Abel Irala (2018). El “Delito” de la Oposición a los Agronegocios. Paraguay.

[3] –  Informe Conflicto en el Campo 2017. CPT, 2018 – www.cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/4371-conflitos-no-campo-brasil-2017

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Mucha-tierra-en-pocas-manos

Publicado enInternacional
“El negocio agroalimentario pondría en riesgo millones de vidas”. Entrevista a Rob Wallace

El coronavirus tiene al mundo en estado de shock. Pero, en lugar de combatir las causas estructurales de la pandemia, el Gobierno se centra en medidas de emergencia. Conversamos con Rob Wallace (biólogo evolutivo) sobre los riesgos de la COVID-19, la responsabilidad del negocio agroalimentario y las soluciones sostenibles para combatir las enfermedades infecciosas. La entrevista la realizó Yaak Pabst.

¿Cuán peligroso es el nuevo coronavirus?

Depende del momento en que se encuentre el brote local de COVID-19: en la fase inicial, en el pico o en fase tardía. También depende de lo buena que sea la respuesta sanitaria de tu región y su demografía, depende de tu edad, de si estás en riesgo inmunológico o de tu salud, en general. Por plantear una posibilidad que hace imposible el diagnóstico: ¿tu inmunogenética, la genética subyacente a tu respuesta inmunitaria, se alinea con el virus?

Así, pues, ¿todo este barullo con el virus es una simple táctica para asustar?

Ciertamente, no. Al principio del brote en Wuhan, la COVID-19 estaba en una tasa de letalidad de entre el 2 y el 4%. Fuera de Wuhan, la tasa parece caer al 1%, o a menos, pero también parece alcanzar el máximo en otros sitios, aquí y allí, incluyendo a lugares como Italia y Estados Unidos. Su alcance no parece muy grande en comparación con, por ejemplo, el del síndrome respiratorio agudo grave (10%), la gripe de 1918 (5-20%), la “gripe aviar” H5N1 (60%) o, en algunos lugares, el Ébola (90%). Pero, ciertamente, supera al de la gripe estacional (0,1%). Sin embargo, el peligro no es sólo una cuestión de letalidad. Tenemos que luchar contra la denominada penetrancia o tasa de ataque comunitario: en cuánta de la población mundial ha penetrado el brote.

¿Podrías ser más concreto?

La red global de viajes está en un nivel récord de conectividad. Sin vacunas o antivíricos específicos para los coronavirus ni, en este momento, ninguna inmunidad colectiva contra el virus, incluso una cepa de sólo el 1% de mortalidad puede suponer un peligro considerable. Con un período de incubación de más de dos semanas y pruebas cada vez mayores de que se da algún tipo de transmisión antes de contraer la enfermedad —antes de saber que estamos infectados—, probablemente pocos lugares estarían libres de infección. Si la COVID-19 registra, digamos, una letalidad del 1% en el proceso de infección de cuatro mil millones de personas, eso serían cuarenta millones de muertos. Una proporción pequeña de un número grande puede seguir siendo un número grande.

Ésas son cifras estremecedoras para un patógeno supuestamente menos virulento...

Sin duda, y estamos solamente en el comienzo del brote. Es importante comprender que muchas infecciones nuevas pueden cambiar en el transcurso de la epidemia. Se puede atenuar la infecciosidad, la virulencia o ambas. Pero, por otra parte, otros brotes aumentan en virulencia. La primera ola de pandemia gripal de la primavera de 1918 fue una infección relativamente leve. Fueron la segunda y la tercera olas, de invierno de ese año y de 1919, las que mataron a millones de personas.

Pero los escépticos con la pandemia argumentan que el coronavirus ha infectado y matado a menos pacientes que la típica gripe estacional. ¿Qué piensas de eso?

Sería el primero en celebrar que este brote se quedara en nada. Pero esos esfuerzos por negar el posible peligro de la COVID-19 citando otras enfermedades mortales, especialmente la gripe, es un recurso retórico para presentar la preocupación por el coronavirus como fuera de lugar.

Así que la comparación con la gripe estacional cojea...

Tiene poco sentido comparar dos patógenos en fases distintas de sus curvas epidémicas. Sí, la gripe estacional infecta a muchos millones de personas a escala mundial y mata, según cálculos de la OMS, a más de 650.000 personas al año. Sin embargo, la COVID-19 no ha hecho más que empezar su trayecto epidemiológico. Y, a diferencia de la gripe, no tenemos vacuna ni inmunidad colectiva para ralentizar la infección y proteger a las poblaciones más vulnerables.

Aun cuando la comparación es confundente, ambas enfermedades corresponden a virus, incluso a un grupo específico: los virus ARN. Ambas pueden causar enfermedad. Ambas afectan a la boca y la garganta y, a veces, también a los pulmones. Ambas son muy contagiosas.

Ésas son similitudes superficiales, que soslayan una parte decisiva en la comparación de ambos patógenos. Sabemos mucho sobre la dinámica de la gripe. Sabemos muy poco de la COVID-19. Está llena de interrogantes. De hecho, muchas cosas de la COVID-19 son incognoscibles hasta que el brote se desarrolla plenamente. Al mismo tiempo, es importante comprender que no se trata de COVID-19 versus gripe. Se trata de COVID-19 y gripe. La aparición de múltiples infecciones susceptibles de convertirse en pandémicas y atacar conjuntamente a poblaciones debería ser la preocupación central.

Has estado investigando las epidemias y sus causas durante varios años. En tu libro Big Farms Make Big Flu (Las grandes granjas producen grandes gripes) intentas establecer esas relaciones entre agricultura industrial, agricultura ecológica y epidemiología viral. ¿Cuáles son tus descubrimientos?

El verdadero peligro de cada nuevo brote es la incapacidad o —mejor dicho— la negación oportunista a comprender cada nueva COVID-19 como un incidente no aislado. El incremento de la aparición de virus está estrechamente vinculado a la producción alimentaria y los beneficios de las empresas multinacionales. Cualquiera que pretenda entender por qué los virus son cada vez más peligrosos debe investigar el modelo industrial de agricultura y, más concretamente, de la producción de ganado. Actualmente, pocos Estados y pocos científicos están preparados para ello. Todo lo contrario. Cuando surgen nuevos brotes, los Gobiernos, medios de comunicación e incluso la mayor parte del establishment médico están tan centrados en cada emergencia individual que soslayan las causas estructurales que están convirtiendo, uno tras otro, a múltiples patógenos marginales en una repentina celebridad mundial.

¿De quién es la culpa?

He dicho que de la agricultura industrial, pero hay que ampliar el foco. El capital encabeza, a escala mundial, la apropiación de los últimos bosques primigenios y de las tierras cultivadas por pequeños propietarios. Esas inversiones implican deforestación y desarrollo, que conducen a la aparición de enfermedades. La diversidad funcional y la complejidad que representan esas enormes extensiones de tierra se están simplificando de tal modo que patógenos previamente encerrados se están esparciendo sobre el ganado y las comunidades humanas locales. En suma, habría que considerar como principales focos de enfermedades a los centros de capital, lugares como Londres, Nueva York y Hong Kong.

¿Para qué enfermedades es ése el caso?

En este momento, no hay patógenos independientes del capital. Incluso los más remotos están afectados por éste, aunque sea distalmente. El Ébola, el Zika, los coronavirus, la fiebre amarilla otra vez, una miríada de gripes aviares y la peste porcina africana están entre los muchos patógenos que hacen su camino desde los interiores más remotos hasta los nudos periurbanos, capitales regionales y, últimamente, las redes globales de viajes. Desde los murciélagos de fruta en el Congo hasta matar en pocas semanas a la gente que toma el sol en Miami.

¿Cuál es el papel de las empresas multinacionales en este proceso?

En este momento, el planeta Tierra es el planeta Granja, tanto en biomasa como en tierra utilizada. El negocio agroalimentario está intentando monopolizar el mercado alimentario. La práctica totalidad del proyecto neoliberal se centra en apoyar los esfuerzos de empresas sitas en los países más industrializados por robar la tierra y los recursos de los países más débiles. Como resultado de ello, muchos de esos nuevos patógenos, que antes las ecologías de bosques largamente evolucionados mantenían bajo control, ahora brotan libremente y amenazan al mundo entero.

¿Qué efectos tienen en esto los métodos de producción del negocio agroalimentario?

La agricultura guiada por el capital que sustituye a las ecologías naturales ofrece los medios precisos para que los patógenos pueden evolucionar hasta convertirse en los fenotipos más virulentos e infecciosos. No podrías diseñar un sistema mejor para engendrar enfermedades mortales.

¿Por qué?

El aumento del monocultivo genético de los animales domésticos elimina cualquier cortafuegos inmunitario que pueda haber para frenar la transmisión. Tamaños y densidades de población mayores facilitan mayores tasas de transmisión. Esas condiciones de masificación debilitan la respuesta inmunitaria. Alta producción, un componente de cualquier producción industrial, proporciona constantemente suministro renovado de material propenso, el combustible para la evolución del virus. En otras palabras, el negocio agroalimentario está tan centrado en los beneficios que la selección de un virus capaz de matar a mil millones de personas se trata como un riesgo que vale la pena correr.

¡¿Qué?!

Esas empresas sólo pueden externalizar sobre cualquier otro los costes de sus operaciones epidemiológicamente temerarias. Desde los propios animales hasta los consumidores, los agricultores, las ecologías locales y los Gobiernos de todos los ámbitos. Los daños son tan grandes que, si tuviéramos que devolver esos costes a los balances de las empresas, el negocio agroalimentario, tal y como lo conocemos, se acabaría para siempre. Ninguna empresa podría soportar los costes de los daños que provoca.

En muchos medios de comunicación se dice que el punto de arranque del coronavirus está en un “mercado alimentario exótico” en Wuhan. ¿Es eso cierto?

Sí y no. Hay pruebas espaciales a favor de esa idea. El rastreo de infecciones relacionadas nos lleva al mercado mayorista de mariscos de Wuhan, donde se vendían animales salvajes. El muestreo ecológico parece ubicar en el extremo occidental el lugar donde se capturaba a los animales salvajes. Pero ¿cuán atrás y con cuánta amplitud deberíamos investigar? ¿Cuándo comenzó exactamente la situación de emergencia, en realidad? El poner el foco en el mercado soslaya los orígenes de la agricultura silvestre fuera de las zonas interiores y su creciente capitalización. En conjunto, y en China, los alimentos silvestres se están convirtiendo en un sector económico más formalizado. Pero su relación con la agricultura industrial va más allá del hecho de compartir la fuente de ingresos. A medida que la producción industrial —porcina, aviar y similares— se expande hacia los bosques primigenios, ejerce presión sobre los operadores de alimentos silvestres para adentrarse más en el bosque en busca de poblaciones de recursos, lo que incrementa el punto de contacto con, y la propagación de, nuevos patógenos, incluyendo a la COVID-19.

La COVID-19 no es el primer virus desarrollado en China que el Gobierno intenta ocultar.

Así es, pero eso no es ninguna excepción china. Los EE UU y Europa también han servido de zonas de impacto para nuevas gripes, recientemente las H5N2 y HRNx, y sus multinacionales y proxies neocoloniales provocaron la aparición del Ébola en África occidental y del Zika en Brasil. Los funcionarios de la salud pública estadounidenses encubrieron al negocio agroalimentario durante los brotes de H1N1 (2009) y H5N2.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado ahora “emergencia sanitaria internacional”. ¿Es correcto ese paso?

Sí. El peligro de un patógeno así es que las autoridades sanitarias no sean capaces de comprender la distribución del riesgo estadístico. No tenemos ni idea de cómo puede responder el patógeno. En cuestión de semanas pasamos de un brote en un mercado a infecciones expandidas por todo el mundo. El patógeno podría agotarse. Eso sería genial. Pero no sabemos si eso pasará. Una preparación mejor aumentaría la probabilidad de reducir la velocidad de fuga del patógeno.

La declaración de la OMS también es parte de lo que llamo teatro pandémico. Las organizaciones internacionales han muerto ante la inacción. Me viene a la memoria la Liga de Naciones. Las organizaciones de Naciones Unidas siempre andan preocupadas por su relevancia, poder y financiación. Pero ese accionismo también puede converger con la preparación y prevención actuales que el mundo necesita para interrumpir las cadenas de transmisión de la COVID-19.

La reestructuración neoliberal del sistema de asistencia sanitaria ha empeorado tanto la investigación como la asistencia general a los pacientes, por ejemplo, en los hospitales. ¿Qué diferencias podría marcar un sistema sanitario mejor financiado para combatir el virus?

Existe la terrible pero reveladora historia del empleado de una empresa de productos sanitarios que, tras regresar de China con síntomas similares a la gripe, hizo lo correcto, por su familia y su comunidad, y solicitó a un hospital local que le hiciera la prueba de COVID-19. Le preocupaba que la mínima reforma sanitaria de Obama no cubriera el coste de las pruebas. Y tenía razón. De repente se encontró con una deuda de 3.270 dólares. Una reivindicación estadounidense podría ser la promulgación de una orden de emergencia que estipule que, durante el brote de una pandemia, todas las facturas médicas relacionadas con las pruebas de infección y el tratamiento tras un positivo las pague la Administración federal. Queremos animar a la gente a que busque ayuda, en lugar de esconderse —e infectar a otros— porque no puede permitirse pagar el tratamiento. La solución evidente es un servicio nacional de salud —plenamente dotado y equipado para lidiar con este tipo de emergencias de ámbito comunitario— para que no surja nunca el ridículo problema de que se desincentive la cooperación comunitaria.

Tan pronto como se descubre el virus en un país, los Gobiernos reaccionan con medidas autoritarias y punitivas, tales como la cuarentena obligatoria de regiones y ciudades enteras. ¿Están justificadas esas drásticas medidas?

Utilizar un brote para probar lo último en control autocrático tras el brote es capitalismo del desastre descarrilado. Desde el punto de vista de la salud pública, preferiría equivocarme por exceso de confianza y compasión, que son variables epidemiológicas importantes. Sin ellas, las Administraciones pierden el apoyo de la población. El sentido de la solidaridad y el respeto común son decisivos para obtener la cooperación que necesitamos para sobrevivir juntos a esas amenazas. Las cuarentenas autoimpuestas con el correspondiente apoyo de controles por parte de brigadas vecinales entrenadas, camiones de suministro alimentario puerta a puerta, permisos de trabajo y seguro de desempleo pueden producir ese tipo de cooperación, todos estamos unidos en esto.

Como quizá sepas, en Alemania, con Alianza por Alemania (AfD) tenemos de facto un partido nazi en el parlamento, con 94 escaños. La ultraderecha nazi y otros grupos, junto a políticos de AfD, utilizan la crisis del coronavirus para su agitación. Difunden informes falsos sobre el virus y exigen más medidas autoritarias al Gobierno: restricción de vuelos y suspensión de entradas de migrantes, cierre de fronteras y cuarentenas forzadas...

La prohibición de viajar y el cierre de fronteras son exigencias con las que la extrema derecha quiere racializar lo que ahora son enfermedades globales. Esto, por supuesto, es un sinsentido. En este momento, como el virus está a punto de propagarse por todas partes, lo razonable es trabajar en el desarrollo del tipo de resistencia de la salud pública en que no importe quién muestre una infección y tengamos los medios para tratarle y cuidarle. Por supuesto, detengamos en primer lugar el robo de tierra al pueblo en el extranjero que provoca los éxodos y podremos evitar la aparición de patógenos.

¿Cuáles serían los cambios sostenibles?

Para reducir la aparición de nuevos brotes de virus, la producción de alimentos tiene que cambiar radicalmente. La autonomía agrícola y un sector público robusto pueden contener los trinquetes ecológicos y las infecciones desbocadas. Introducir diversidad en el ganado y los cultivos —y la resilvestración estratégica— tanto a escala de explotaciones como regional. Permitir a los animales destinados a la alimentación que se reproduzcan in situ, para que transmitan las inmunidades que están probadas. Conectar la producción justa con la circulación justa. Ayudar a la producción agroecológica subvencionando los programas de apoyo a precios y compra por parte de los consumidores. Defender estos experimentos tanto de las obligaciones que impone la economía neoliberal a individuos y comunidades por igual y de la amenaza de la represión dirigida por el capital.

¿Qué llamamiento deberían hacer los socialistas ante la dinámica de incremento de brotes de enfermedades?

El negocio agroalimentario como modo de reproducción social debe acabar para siempre, aunque sólo sea por razones de salud pública. La producción de alimentos altamente capitalizada depende de prácticas que ponen en peligro a la totalidad de la humanidad, en este caso contribuyendo a desatar una nueva pandemia letal. Deberíamos exigir la socialización de los sistemas alimentarios, de tal manera que, en primer lugar, patógenos tan peligrosos como éste no aparezcan. Eso requerirá, en primer lugar, la reintegración de la producción alimentaria en las necesidades de las comunidades rurales y prácticas agroecológicas que protejan al medio ambiente y a los agricultores, ya que cultivan nuestros alimentos. En términos generales, debemos reparar la grieta metabólica que separa a nuestras ecologías de nuestras economías. En resumidas cuentas, tenemos un planeta que ganar.

Por Rob Wallace 

Biólogo evolutivo. Es autor de 'Big Farms Make Big Flu' (Las grandes granjas producen grandes gripes)

28/03/2020

Fuente:

Marx21, 11 de marzo de 2020, https://www.marx21.de/coronavirus-agribusiness-would-risk-millions-of-deaths/

Traducción:

Daniel Escribano

Publicado enSociedad
  Foto: Paula Cruz

 «El Gigante Agroalimentario mantiene su necedad mientras los niños y adolescentes desde Entre Ríos (Paraná, Argentina) hasta Jalisco (México) y los pueblos campesinos de América Latina son fumigados. Sin estas niñas y niños, sin semillas y sin producción campesina nuestro futuro está siendo fumigado».

Los gigantes agroalimentarios se multiplican en América Latina dejando a su paso destrucción y desolación en el continente para la población en general, mermando la vida rural y campesina, el medio ambiente y la salud de grandes poblaciones. Así sucede desde Chile o Argentina hasta México, pasando por Paraguay, Perú, Ecuador y Centroamérica. El que no es “líder” es “potencia” agroindustrial.

Estos impulsos oficiales se recrudecen con la firma de Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea, Estados Unidos o multilaterales como el TPP-11 (Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica) que impactan todas las esferas de la vida pública de los países imponiendo procesos y disposiciones legales en muchos sectores, incluido el agropecuario.

En el acuerdo entre la UE y México se dispone la cooperación en el sector agropecuario donde “Las Partes se comprometen a fomentar el desarrollo y la cooperación en el sector agrícola, agroindustrial y rural” y “Las disposiciones para armonizar las normas y las medidas sanitarias, fitosanitarias y medioambientales, con vistas a facilitar los intercambios comerciales, teniendo en cuenta la legislación en vigor en esos ámbitos para las dos Partes y de conformidad con las normas de la OMC”. En el T-MEC acuerdan “la importancia de alentar la innovación agrícola y facilitar el comercio de productos de la biotecnología agrícola” lo que se traduce en producción de mercancías agropecuarias ajenas por completo a alimentar a la población.

La serie de adecuaciones legales se apegan a las normas internacionales de la producción agropecuaria, pero son normas que homogenizan la producción industrial de alimentos en cualquier parte del mundo: desregularizan la propiedad social de la tierra y la acaparan por compra, renta, invasión, desalojo, contaminación; rodeándola de agroindustria o quitándole el agua. Establecen normativas de privatización de las semillas según los estándares de UPOV y reservorios para marginar y folclorizar la agricultura campesina. Todos mecanismos de control de productos y procesos bajo pretexto de la inocuidad y la estandarización.

En Jalisco, México, los campesinos enfrentarán las consecuencias de la recién aprobada “Ley Agroalimentaria del estado de Jalisco”. Ésta plantea “Asegurar al estado de Jalisco un abasto agroalimentario nutritivo, suficiente y de calidad”; “prevención fitozoosanitaria y el fomento de la inocuidad agroalimentaria”; “implementar los instrumentos, mecanismos y regulaciones necesarias para contar con un sistema promotor y clasificador de las calidades de los productos del sector agroalimentario”; “ejecutar en cualquier tiempo y lugar, las diligencias necesarias para la práctica de inspecciones, verificaciones y certificaciones de establecimientos, instalaciones, productos, procesos y servicios en materia agroalimentaria para comprobar el cumplimiento de esta Ley y las disposiciones técnicas que de ella deriven”.

En septiembre de 2011 Cristina Fernández, entonces presidenta de Argentina, pregonaba a los medios de comunicación que “Argentina es ya un líder mundial agroalimentario capaz de producir alimentos para 400 millones de personas”. Argentina cuenta con unos cuarenta millones de habitantes y vive desde entonces una profunda crisis económica y alimentaria. Ella se refería a la producción y exportación de soja, biodiesel, maíz, aceite de girasol, trigo, ajo, jugos de manzana y de limón, entre otros productos de producción industrial que afectan el empleo y benefician a unas cuantas industrias del agronegocio.

La pérdida de variedad y calidad de la alimentación rápidamente se pierde en las regiones donde invade el sistema agroindustrial. En Jalisco, su “innovadora” disposición legal se orienta al control de plagas siendo que por sus monocultivos es la propia agroindustria la generadora de resistencia y propagación de plagas. Dicha ley establece instancias en las que están plenamente presentes las empresas y el sector público, sin considerar de ninguna manera al sector campesino y ciudadano. Abre la puerta a contratos y convenios con instancias educativas y de capacitación de las mismas empresas que producen y comercializan agroquímicos y semillas patentadas con el pretexto de promover “buenas prácticas en el manejo de agroinsumos” ligadas al control de sus plagas, pero muy ajenas a la producción real de alimentos sanos y libres de contaminantes químicos agrotóxicos.

Tal ley de sanidad no considera la emergencia ambiental, alimentaria y de salud que ya provocó el “Gigante Agroalimentario” en la región. El gobernador, secretarios y políticos en turno continúan embebidos con los falsos números de las exportaciones, sin considerar que esos ingresos son insuficientes para enfrentar la emergencia multifactorial. Entretanto los niños en las poblaciones cercanas a regiones agroindustriales son intoxicados por múltiples venenos con alarmantes síntomas. Capacitadores corporativos les enseñan a usar, como cosa de gracia, los trajes “de astronauta” para el buen uso de agrotóxicos violando toda su esfera de derechos a la salud, a un ambiente sano y el respeto a toda su emocionalidad.

Simultáneamente se pretende aprobar la “Ley Federal de Variedades Vegetales”, algo que la Red en Defensa del Maíz califica de “grave intento de privatizar, acaparar semillas comerciales y no comerciales en general, y criminalizar las semillas campesinas en agravio contra la soberanía alimentaria” ya que pretende “asegurar la propiedad intelectual de las transnacionales semilleras”.

“La reforma propuesta es explícita en adherirse a los planteamientos de lo que se conoce como Acta de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) en su versión 91, que ya es parte sustancial de todos los tratados de libre comercio puesto que con ella las empresas semilleras buscan monopolizar la producción y comercialización de las semillas. Se prepara entonces el arribo del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy rebautizado T-MEC, un acuerdo que se hizo a espaldas de campesinas y campesinos y sin consultar a nadie”.

Con estas y otras leyes se corre el peligro de dejar en la “ilegalidad” todas las prácticas agrícolas tradicionales y agroecológicas que producen alimentos sanos, nutritivos y diversos en todas las regiones.

Dicen los miembros de la Red Agroecológica de Loja, Ecuador, en su cartilla “Nuevas leyes de sanidad e inocuidad, ¿Promover o devastar el sistema alimentario local?” elaborada para analizar comunitariamente la ley orgánica de sanidad agropecuaria aprobada en junio de 2017 tras la firma del TLC entre Ecuador y la Unión Europea. “Esta andanada de acuerdos y leyes hechos para cumplir los intereses de las empresas transnacionales pretenden promover una sola forma de producir alimentos sin pensar en la población y manteniendo el sistema productivo agroindustrial que genera altísimos niveles de calentamiento global, contaminación y graves efectos en la salud”, que en esta región afecta la ancestral producción artesanal de lácteos y ganado.

En cualquier país estas políticas provocan las mismas emergencias de salud, contaminación y ataque a la vida campesina y rural.

“Con esta ley se pretende imponer requisitos que se deben cumplir para sacar a vender semillas y productos alimenticios en el mercado. A esto se suma la prohibición de usar insumos no registrados y no autorizados. Se ponen trabas para el desposte de animales y el transporte a los mercados locales para la venta”. Imponen “participar en programas obligatorios de uso de pesticidas y agrotóxicos en cultivos (Art. 22 y 25), a pretexto de prevención, control o erradicación de plagas y enfermedades”.

“Avanza un modelo de agricultura industrial, de monocultivos y monocrianzas de animales, basada en semillas certificadas, fertilizantes, pesticidas, alimentos balanceados, antibióticos y vacunas”.

Pero subsiste la agricultura campesina diversa, en pequeñas propiedades con un bajo uso de insumos comerciales, practicando una agricultura diversificada, con tendencia a una agricultura ecológica e integral con insumos producidos y mejorados en la propia finca.

En los pueblos y comunidades hay principios básicos, como la agricultura, que guían las decisiones, y son siempre la posibilidad de construir una forma de vida y convivencia que se va corrigiendo en la práctica o el camino, con la asamblea y la experiencia.

Históricamente se ha insistido en que los campesinos modifiquen sus cultivos en función de los intereses de las grandes industrias. Así vastas regiones se convirtieron en productoras de monocultivos.

Se ha buscado desenraizarles imponiendo las condiciones para usar su mano de obra en el agronegocio y otras industrias. Muchas políticas proponen sacar a los habitantes del campo, y ya no incluirlos en los sectores productivos agrícola o industrial sino mandarlos directamente al sector servicios —definitivamente desconectados de las actividades relacionadas con sus tierras y territorios, prisioneros en el ámbito de la especulación del ecoturismo, el folklor, los servicios ambientales; proveedores de insumos para las industrias (minera, petrolera, construcción) según los planes de manejo y programas oficiales-empresariales, ajenos a las actividades y decisiones comunitarias. Y que sólo quede en el campo la producción automatizada.

En Jalisco, en las asambleas y talleres regionales contra la agroindustria y las afectaciones ambientales y a favor de la agroecología se dice: “sólo queremos vivir bien y que se reconozca lo que es nuestro, nuestra tierra y nuestro trabajo”. “Desde hace cientos de años llegaron los hombres de empresa con el fin de progresar ellos mismos a costa del trabajo y la riqueza de los pueblos campesinos e indígenas. Y no han cesado de imponer su dominio. Pero los pueblos se han levantado siempre y han buscado sembrar la tierra como lo hicieron sus padres y de esa forma han trasmitido su sabiduría y han logrado resistir”.

El movimiento Basta es Basta en Argentina (que surgió ante el hecho de que 700 mil niños y adolescentes de escuelas rurales corren riesgo por las fumigaciones con agroquímicos sin control en los campos aledaños a los centros educativos, frente a una agroindustria que fumiga escuelas y comunidades rurales), denuncia: “en dos años obtuvimos cinco sentencias judiciales que ampararon nuestras escuelas rurales y permitieron discutir si queremos una provincia envenenada o producir alimentos sanos para nuestro pueblo. Sin embargo, el gobierno en vez de fomentar una transición para los productores ahogados por un modelo agotado apeló contra los derechos humanos y ambientales […] en vez de escuchar un reclamo razonable, justo y con respaldo científico y propuestas de solución, nos obligó a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para defender nuestra salud y nuestro territorio”.

En diciembre de 2019 el movimiento denunció: “ante un probable decreto por parte del gobernador Bordet que disminuye las distancias de fumigaciones con agrotóxicos a 100 metros las terrestres y a 200 metros las aéreas contrariando el fallo del Supremo Tribunal de Justicia que ordena alejar las pulverizaciones a mil metros y 3 mil metros respectivamente de cada escuela rural de Entre Ríos, desde la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos: ¡Basta es Basta! advertimos: señor gobernador, los intereses de niños, niñas y adolescentes son considerados superiores por tratados internacionales supraconstitucionales”.

El Gigante Agroalimentario mantiene su necedad mientras los niños y adolescentes desde Entre Ríos (Paraná, Argentina) hasta Jalisco (México) y los pueblos campesinos de América Latina son fumigados. Sin estas niñas y niños, sin semillas y sin producción campesina nuestro futuro está siendo fumigado.

Pero la Vía Campesina, organizaciones, ejidos, comunidades y municipios de toda América Latina comienzan a declararse agroecológicos. 

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Publicado enEconomía
Sábado, 15 Febrero 2020 06:35

Nuevo asalto corporativo a la alimentación

Nuevo asalto corporativo a la alimentación

Se está gestando un ataque en varios frentes por parte de las mayores trasnacionales de los agronegocios –junto con las de informática y otras– para apropiarse de la decisión global sobre políticas agrícolas y alimentarias. El intento es reconfigurar el sistema de gobierno internacional –actualmente basado en agencias públicas y de Naciones Unidas, como la FAO– y de investigación agrícola para crear instituciones globales manejadas por y dependientes de las transnacionales, pero desde donde se pretende instaurar políticas públicas para todos los países. O sea, políticas que nos afectan a todos y todas, que definen la calidad, cantidad y condiciones de acceso a los alimentos, en desmedro de las redes campesinas, que son las que producen la mayoría del alimento que consume 70 por ciento de la población mundial, y de la posibilidad de definir nuestra propia alimentación.

Se trata de tres iniciativas internacionales que vinculan los temas de gobierno, nuevas tecnologías e investigación agrícola: una Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios, a realizarse en 2021, una propuesta para establecer un concejo digital internacional de agricultura y alimentación y una propuesta de "unificación" de los centros de investigación agrícola pública internacionales (sistema Cgiar) bajo una sola mesa directiva global, en función de intereses corporativos. Son iniciativas digitadas por trasnacionales y filantrocapitalistas, como la Fundación Bill y Melinda Gates. El nuevo informe The next agribussiness takeover, del Grupo ETC, analiza estas propuestas y su contexto ( https://tinyurl.com/wbf25tg).

Paradójicamente, se presentan como iniciativas "públicas", por el involucramiento de actores de Naciones Unidas o gobiernos, pero lo que subyace son estrategias para sabotear el multilateralismo, evitar la supervisión pública y, sobre todo, evitar que organizaciones campesinas, indígenas, de derecho a la alimentación y otras puedan opinar y actuar sobre estos procesos.

Por ejemplo, la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios fue anunciada en 2019 por Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, desde su sede en Nueva York, afirmando paralelamente que se realizará en colaboración con el Foro Económico Mundial (Foro de Davos), donde se reúnen las trasnacionales y los más ricos del mundo. La FAO y otras agencias multilaterales de la ONU no fueron consultadas, sino posteriormente.

Se podría creer que una cumbre convocada por el secretario general es una cumbre de Naciones Unidas. Pero esto no es así, como tampoco lo son las cumbres del Clima o de los Océanos, realizadas antes en Nueva York. Son anunciadas desde un cargo público y usando las instalaciones de Naciones Unidas, pero con actores privados. Quién participa y cómo, depende de las posibilidades económicas que se tenga para llegar allí, o que alguno de los financiadores, filantrocapitalistas o empresas, solvente el gasto. La dinámica, decisiones y declaraciones son decididas por esos organizadores.

En las agencias de la ONU, como la FAO en el caso de agricultura y alimentación, todos los países miembros deben participar, cada uno con un voto, y para ello se debe garantizar desde la ONU la participación de los países pobres. Dentro de esos organismos hay mecanismos para que los grupos afectados participen en las negociaciones. En el caso del Comité Mundial por la Seguridad Alimentaria, que reúne a todas las agencias de Naciones Unidas relacionadas con el tema, se formó un Mecanismo de la Sociedad Civil, que se autoorganiza para discutir los temas en negociación y garantizar se expresen las posiciones, especialmente de las organizaciones campesinas e indígenas.

Sería ingenuo creer que esto alcanza para que haya participación igualitaria de los países y las empresas siempre han intervenido, cabildeado y presionado dentro de Naciones Unidas de todas formas. No obstante, la propuesta ahora viene directamente desde los centros de poder de las trasnacionales, en este caso a través de la Iniciativa de Sistemas Alimentarios del Foro de Davos, y es parte de una estrategia global para garantizar que sean las propias empresas las que definan las políticas públicas.

La intención es asegurar las mejores condiciones en todo el mundo para desplegar la "agricultura 4.0", es decir, agricultura industrial dependiente de alta tecnología, desde cultivos transgénicos y semillas corporativas hasta sistemas digitalizados en producción y comercio, todo controlado por las trasnacionales de agronegocios y las plataformas digitales con las que están aliadas (Ver La insostenible agricultura 4.0, https://tinyurl.com/qt2emkt).

Como una forma de afianzar esto, Guterres nombró enviada especial para la Cumbre de Sistemas Alimentarios a Agnes Kalibata, presidenta de AGRA (Alianza para la Revolución Verde en África), iniciativa para devastar ese continente con agricultura industrial y transgénica, promovida por la Fundación Gates.

El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, que reúne a miles de organizaciones campesinas y de la sociedad civil que han interpelado a las cumbres de la Alimentación desde 1996, lanzó una carta pública de protesta –aún abierta a firmas– exigiendo al secretario general de la ONU que separe a Kalibata del cargo y cuestionando la forma de organización de esta nueva cumbre (https://tinyurl.com/vr22583).

* Investigadora del Grupo ETC

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Varias mujeres trabajan en una empresa de producción de flores en la población de El Rosal, departamento de Cundinamarca (Colombia) EFE

El 10% de las flores que se venden en España provienen de Colombia, productor mundial de rosas en condiciones de explotación y con graves consecuencias para el medio ambiente

A nadie sorprenderá saber que la venta de flores se dispara entre los días 11 y 14 de febrero o que las ventas de ramos por Internet se multiplican por 20. El Día de los Enamorados concentra alrededor del 8% del total del negocio anual de la floristería española. El día de Sant Jordi es otro pico del consumo de un bien que, pese al simbolismo que lo asocia al amor y las muestras de afecto, genera un reguero de consecuencias socioambientales semejante a cualquier otro oficio del modelo del agronegocio orientado a la exportación masiva.

De Colombia, el segundo país exportador de flores a nivel internacional, proceden alrededor del 10% de las flores que llegan a España, y que suponen un jugoso negocio de 106 millones de euros anuales. La floricultura ocupa en ese país 6.700 hectáreas, de las un 73% se ubican en la Sabana cercana a Bogotá, en el departamento de Cundinamarca. Los defensores del sector subrayan que da empleo a unas 130.000 personas, en su mayor parte mujeres; pero la industria de las flores supone también sobreexplotación laboral, daños a la salud de las trabajadoras y graves consecuencias ambientales.

"El impacto es bien complicado. Sacan el agua del río, del humedal, de lo que haya, para la industria floricultora; y eso va apocando el agua para los cultivos de papa, zanahoria, del agro; entonces, eso es muy perjudicial para la Sabana, y también para la población", resume María (nombre ficticio), una trabajadora del sector.

Según el estudio hídrico de la entidad estatal Ingeominas, el sector florícola consume unos 54,8 millones de metros cuadrados de agua por año, frente a los 10,7 millones que abastecen para el consumo humano a los tres municipios que concentran la producción de flores: Funza, Madrid y Subachoque. Así, la industria agroexportadora de flores compite directamente con la producción de alimentos, y pone en riesgo la soberanía alimentaria en la región.

María conoce de primera mano los impactos sobre la salud de quienes trabajan en los invernaderos: "Los agroquímicos causan intoxicaciones y, a largo plazo, afectan a los pulmones, provocan hongos y enfermedades dermatológicas, en función del contacto que uno tenga con esos químicos". Como sucede con cualquier oficio del agronegocio, la floricultura requiere el empleo masivo de productos químicos (plaguicidas, fumigantes y fertilizantes) vendidos por grandes transnacionales como Syngenta o Bayer, las mismas que controlan la fase de distribución.

El uso y abuso de agrotóxicos generó una intoxicación masiva en la empresa Aposentos en 2003, cuando 374 trabajadoras y trabajadores tuvieron que ser llevados al hospital por ingerir sustancias tóxicas. Después de aquello, y en gran parte gracias a la presión de consumidores en países europeos y en los Estados Unidos, algunas sustancias tóxicas dejaron de utilizarse; pero se sustituyeron por otras que no han sido testadas y las medidas de seguridad laboral no son fiscalizadas.

El trabajo en los invernaderos también genera enfermedades asociadas a los movimientos repetitivos, en posiciones incómodas y sometidas a altas temperaturas. "Las cortadoras de flores sufren dolencias como el síndrome del túnel carpiano, el espolón calcáneo y el manguito rotador. También hay enfermedades psicológicas porque el hecho de estar tan presionado, a la gente le estresa, y a veces sufren depresión", explica María. En los picos de demanda, las operarias se ven forzadas a realizar jornadas por encima de las doce e incluso las quince horas diarias, y cortar 400 flores por hora, lo que requiere un ritmo de trabajo frenético. La consecuencia lógica de realizar un movimiento tan repetitivo durante 12, 14 o 16 horas diarias es la pérdida de movilidad y fuerza en la mano.

Esto tiene que ver con la aguda estacionalidad del negocio, que se concentra en fechas señaladas como San Valentín y Sant Jordi. Dar cuenta de esa demanda implica someter a una gran presión a las trabajadoras; y son otras trabajadoras, las supervisoras, las que deben asegurarse de que se alcanza ese rendimiento: "Uno generalmente anda presionando a la persona para que cumpla con las labores semanales, diarias, por horas; eso de cansar a la gente hace que la gente se enferme de estrés y de depresión", afirma María. "Esa es la labor de un supervisor, revisar que el trabajo está bien hecho y exigir que se cumpla con el trabajo", matiza Inés, que también prefiere ocultar su identidad; ella trabaja desde hace dos décadas como supervisora en los invernaderos de la Sabana de Bogotá.

"Funciona como una maquila"

"Una entraba a las seis de la mañana pero no sabía cuándo iba a salir", así que llega un momento en que "ya los oficios de la casa se atrasan un poco más, ya uno descuida un poquito más a los hijos", cuenta una trabajadora entrevistada para el informe Las mujeres en la industria colombiana de las flores, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

"La industria funciona como una maquila: se trate del textil, de nuevas tecnologías o de las flores, la lógica es la misma: producir al máximo con el menor coste posible; y eso lleva a niveles tremendos de explotación", afirma Erika González, autora del citado informe. Además, añade la investigadora, "se tiende a la subcontratación para evitar toda responsabilidad; o, si se hace contrato, es cada vez más precario; entre otras consecuencias, esto deja a muchas trabajadoras por fuera del acceso a una jubilación.

Como en toda maquila, el trabajo está feminizado. Ellas cultivan, recogen, cortan las flores y hacen los ramos, mientras los hombres son empleados en tareas mejor pagadas, como el mantenimiento de infraestructuras. "Emplear a mujeres asegura el empresario mayores niveles de explotación: la mayor parte son mujeres cabeza de hogar, es decir, de sus ingresos depende el sostenimiento de sus familias, y eso les genera una dependencia muy alta de estos empleos", asegura González.

Y añade otro factor que perpetúa un sistema de explotación en el que se tocan la esfera del trabajo formal y la del trabajo reproductivo: "Este tipo de trabajo, con jornadas extensísimas y que además no saben cuándo van a salir, provoca mucha angustia a estas mujeres, que no pueden hacerse cargo de las tareas de cuidado y crianza; las que quedan a cargo de los hijos suelen ser las hijas mayores, que muchas veces se ven obligadas a dejar de estudiar".

Quienes deciden organizarse para reivindicar mejoras laborales, se exponen a pagar un alto precio. Desde que comenzó 2020 y hasta el 5 de febrero, 28 líderes sociales han sido asesinados en un país que cada año se encuentra entre los más peligrosos para defensores de la tierra, sindicalistas y periodistas.

Por todo ello, quienes conocen desde dentro el sector florícola en Colombia no celebran el día de San Valentín: en su lugar, el 14 de febrero conmemoran el Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores de las Flores, en el que reivindican formas de vida más justas y sustentables para ellas y para sus territorios. "Debemos visibilizar que, si compras un ramo de rosas, por hablar de un producto que viene en gran parte de Colombia, esas rosas llevan una parte de agua que no pudo usarse para producir alimentos, de agroquímicos que afectaron la salud de la mujer que las cultivó; de sobreexplotación laboral. Tal vez después de saber todo esto, podamos pensar alternativas para mostrar afecto, cariño o lo que se quiera mostrar ese día", reflexiona Erika González.

En la campaña Tras las flores, que en 2019 promovieron las y los activistas de la Sabana de Bogotá, pedían a los consumidores "buscar otras formas de celebración que sean sostenibles, tanto con el entorno como con las personas, para evitar perpetuar las lógicas de desigualdad". Así lo resume González: "Debemos interesarnos por quién y cómo se produce algo; y después, vemos si seguimos pensando que regalar rosas por San Valentín es una buena idea".

Por Nazaret Castro

13/02/2020 - 21:43h

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Deforestación al Amazonas. El cáncer en nuestro pulmón verde
 Publicamos de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 

La región amazónica representa una esperanza verde que conserva la mayor biodiversidad del planeta. Es nuestra fuente de oxígeno para el mundo ante el cambio climático. Pero año tras año la deforestación hace trizas miles de hectáreas de selva virgen. El panorama no solo es aterrador, dentro de poco será irremediable. La agricultura y la ganadería son las actividades que más amenazan a toda esta región. Aquí el reporte más actual.

El proyecto “Monitoreo de la Amazonia Andina” es un portal web https://maaproject.org/es/ que tiene como iniciativa observar los problemas que atentan contra la conservación amazónica. Para monitorear la deforestación de las cuenca amazónica en tiempo casi real –un vasto territorio que comprende las naciones de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia– utiliza la tecnología satelital. Desde su lanzamiento en el 2015, la organización Conservación Amazónica ha publicado decenas de informes sobre los principales casos de deforestación.

 

 

La conclusión es alarmante: durante los últimos 17 años se han perdido 4.2 millones de hectáreas de bosques andinos amazónicos. Una tendencia creciente desde el año 2006, con grandes picos en los últimos dos años. Es decir, no se ha hecho nada para detener esta constante y el proceso se ha acelerado. En efecto, el año pasado registró el mayor nivel de pérdida anual registrada (426 mil hectáreas), más del doble que en 2006. Perú es el país que registra la mayor pérdida anual, le siguen Colombia y Ecuador. Sin embargo, en el 2017 Colombia superó a Perú con un nuevo máximo histórico anual de 214.7 mil hectáreas. Lo que refleja que en la Amazonía colombiana se ha presentado un auge de deforestación en los últimos dos años.

 

Desangre ecológico

 

Durante los últimos 17 años (2001-2017) se perdió cerca de 4.2 millones de hectáreas de bosques andinos amazónicos. Por distribución y/o afectación, de este total el 50 por ciento corresponde a Perú (2.1 millones), 41 por ciento a Colombia (1.7 millones) y el 9 restante a Ecuador (359 mil). En el presente análisis relacionado no se incluyó Bolivia. La gran mayoría de los eventos de pérdida de bosque –74 por ciento– son de pequeña escala (menos de 5 hectáreas), y el 24 por ciento de mediana escala (5-100 hectáreas), y únicamente el 2 por ciento de gran escala (>100 hectáreas).

Los factores ligados a esta dramática realidad son: Agricultura en cultivos de pequeña y gran escala (palma aceitera y cacao, entre otros), ganadería, minería aurífera, caminos forestales y carreteras. La deforestación por agricultura de pequeña y mediana escala es mucho más común y difícil de documentar en su totalidad. Los cultivos principales son dedicados al cacao, papaya, maíz y arroz.  De manera adicional, la agricultura de pequeña escala es posiblemente un factor determinante en los incendios que degradan la Amazonía durante la intensa temporada seca. El cultivo de coca ilícita es otra causa de deforestación en algunas zonas de Perú y Colombia. La deforestación minera se ha intensificado durante los últimos siete años, con mayor gravedad por minería aurífera en la Amazonía peruana sur, en donde se estima la deforestación histórica de más de 95.7 mil hectáreas .

 

También contribuyen a este desastre la tala de bosques para la construcción de caminos forestales, particularmente por facilitar el acceso humano y sus actividades agrícolas, ganaderas, mineras y forestales. Aparecen, adicionalmente, las represas hidroeléctricas, con tres represas hidroeléctricas construidas en Brasil. Documentado está la pérdida de 36,100 hectáreas de bosques asociadas a inundaciones producidas por dos represas (Santo Antônio y Jirau) en el río Madeira, cerca la frontera con Bolivia. Por explotación de hidrocarburos, tanto petróleo como gas, se ha documentado la deforestación directa de 169 hectáreas para infraestructura petrolera, con una deforestación adicional indirecta de 248 hectáreas que corresponden a la colonización a lo largo de una carretera que se construyó con fines de extracción petrolera.

Nuestros bosques tropicales de la Amazonía, secuestran enormes cantidades de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero que conlleva al cambio climático. No solo estamos acabando con la Amazonia sino con nuestra condición superviviente, dependiente de estos ecosistemas. Pero la ceguera de la “modernización” sigue avanzando con colonización y la explotación.

“Modernos” a pesar de la realidad, así como los fumadores saben que sus prácticas los condenan a la muerte y no abandonan el vicio, condenando su propia existencia. Pero para nuestro caso como especie, hacia nuestra extinción.

 

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