El presidente de Perú plantea un referéndum para adelantar un año las elecciones

Para Vizcarra, el Parlamento desvirtuó las leyes de la reforma política y denegó la cuestión de confianza

 

 

El presidente peruano, Martín Vizcarra, usó el mensaje anual de Fiestas Patrias para encarar al Legislativo, que lidera la oposición fujimorista, luego de que la noche del jueves terminó de aprobar seis leyes de la reforma política propuesta por el Ejecutivo, pero modificándolas sustancialmente. El mandatario ha planteado como salida a la "crisis institucional" un referendum de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 28 de julio de 2020, y recortar el mandato del Congreso y el propio. Los comicios en Perú se realizan cada cinco años y estaban previstos para marzo o abril de 2021.

De acuerdo a una encuesta de abril del Instituto de Estudios Peruanos, un 70% de ciudadanos está de acuerdo con el cierre del Parlamento y un 84% desaprueba su desempeño.

La sociedad civil peruana ve, en particular desde julio de 2018, con mayor desconfianza el sistema de justicia y el Legislativo luego de las revelaciones de corrupción de una red llamada los Cuellos Blancos del Puerto, integrada por jueces, fiscales, empresarios, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y empresarios, algunos de ellos vinculados a políticos del partido fujimorista Fuerza Popular, que posee la mayoría en el Legislativo.

La primera semana de junio, Vizcarra solicitó al Congreso una cuestión de confianza como una forma de presionar a que ponga en debate proyectos de ley para contrarrestar la corrupción en la política, ya que dos de esas iniciativas implicaban reformas constitucionales, y si no se aprobaban antes del 26 de junio, no serían aplicables en las elecciones de 2021.

El jefe de Estado reemplazó en el cargo a Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018 y durante el período de PPK, el Congreso había rechazado la confianza en una ocasión. De acuerdo a la Constitución, si por segunda vez el Parlamento la denegaba a este Gobierno, el presidente podría cerrarlo y convocar unas nuevas elecciones legislativas.

El fujimorismo bloqueó en particular una ley que planteaba que un órgano autónomo decidiera el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Un congresista sentenciado a prisión este año por delitos cometidos cuando era comandante general del Ejército está prófugo por la demora del Parlamento en el levantamiento del fuero.

Asimismo, Fuerza Popular rechazó que en las elecciones de 2021 se aplicaran los criterios de paridad y alternancia en las listas al Parlamento, y solo aprobó un 40% de candidatas mujeres en las listas para 2021, y 50% dentro de diez años.

"El problema no es solo la demora, sino que las solicitudes de levantamiento de inmunidad vienen siendo rechazadas sin ningún sustento", cuestionó el presidente peruano en el hemiciclo al final de un mensaje de más de hora y media de duración.

"No hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de 'presidente, cierre el Congreso'", expresó, mientras los congresistas protestaban y sonaba la chicharra para intentar poner orden.

"Las reglas que tenemos hoy están quebradas e infiltradas de corrupción. ¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado", reclamó el mandatario.

"El Perú reclama a gritos un nuevo comienzo, con esta acción se reforzarán los cimientos de la República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir", manifestó.

Por Jacqueline Fowks

Lima 29 JUL 2019 - 01:56 CO

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Ecuador de Lenín Moreno es una tierra sin ley

Es casi inexplicable lo que acaba de ocurrir en Ecuador. Faltando apenas cuatro días para las elecciones, el Consejo Nacional Electoral del país sudamericano decidió que cada voto en blanco debería ser contado como si fueran tres votos y así aumentar exponencialmente las posibilidades de anular la inminente victoria de los candidatos de izquierda para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo responsable de los concursos de mérito y oposición para todas las autoridades de control como fiscales, jueces, contralor, etcétera.

Lenín Moreno convocó un referendo en abril de 2018 con el objetivo de destituir y nombrar a dedo a las más altas autoridades del país, incluyendo jueces y fiscales. Ese procedimiento es una violación al Estado de derecho, ya que está explícito en la Constitución vigente que esos cargos deben ser ocupados mediante concurso público de méritos y oposición. El objetivo era nombrar un personal próximo a Moreno que iniciara una persecución política al presidente Rafael Correa y a importantes miembros de su gabinete con el objetivo de matar políticamente la Revolución Ciudadana. La misión de observadores de la OEA indicó que ese referendo fue realizado sin el dictamen de la Corte Constitucional, lo que reafirma su inconstitucionalidad. Para estos gobiernos neoconservadores, que llegaron a las presidencias de los países liderados por proyectos de cuño popular, la implementación de un proyecto neoliberal sólo se puede lograr a partir del atropello a la legalidad con el apoyo de las empresas privadas de comunicación. Y eso se explicita en Ecuador de manera exageradamente vergonzosa.


Parte del plan de Moreno era convocar elecciones para que fuera la sociedad quien eligiera a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Lo que Moreno no se esperaba era que con una inmensa ventaja los candidatos de la izquierda estuvieran para ser electos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una función del Estado que permitirá frenar en cierta forma la persecución judicial contra la izquierda ecuatoriana. Y lo que todo indica es que usarán cualquier subterfugio ilegal, amoral e inconstitucional para no permitir que la voluntad de la gente sea una amenaza para sus planes.


Fue así que Moreno entregó la sede de Unasur, que es un edificio público y no es propiedad del Ecuador, a una universidad privada de sus aliados políticos, pisoteando acuerdos y leyes internacionales, con la certeza de que no enfrentarán a la justicia nacional ni internacional. Moreno ha entrado a la historia de la región con acciones reprochables. Así como desapareció Unasur, un organismo de integración regional indispensable para enfrentar el poder político y económico del Norte. Moreno también atropelló las negociaciones para un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Durante el proceso que avanzaba en firme, por obedecer órdenes de Estados Unidos suspendió la mesa y expulsó a los equipos negociadores. Jamás se había visto que un país garante y sede de las negociaciones para un acuerdo de paz actuara de esa manera. A partir de la suspensión se generó una grave crisis que ha postergado indefinidamente el fin del conflicto con los elenos.


Y qué decir del caso Julian Assange, en el que Moreno ha dicho públicamente que lo quiere entregar. Ha suspendido durante meses todos los derechos de que Assange gozaba como refugiado del Ecuador. Prohibió la visitas, acceso vía telefónica, al Internet, a libros, revistas etcétera. Assange está en una condición que emula a los detenidos ilegales por Estados Unidos en la base de Guantánamo. Su objetivo es forzar a que Assange se quiebre y salga de la embajada para ser detenido por el Reino Unido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado que el Ecuador no puede entregarlo y debe resguardar su integridad física.


En Ecuador no hay un Estado de Derecho y se ha transformado en una tierra sin ley.

Por Amauri Chamorro. Comunicólogo .

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Cuba: ¿Iguales de qué? La carta magna, el racismo y la no discriminación

El Anteproyecto de nueva Constitución que hoy se debate en Cuba a nivel popular, amplía la formulación legal del principio de igualdad. Este es un hecho de gran importancia.

El texto de 1976 proscribió la discriminación por motivo de raza, color, sexo u origen nacional. La reforma de 1992 prohibió además discriminar por creencias religiosas o “por cualquier otra razón lesiva a la dignidad humana”.


El nuevo proyecto recoge las anteriores y agrega “la no discriminación por género, identidad de género, orientación sexual, origen étnico y discapacidad.”


En este artículo comentaré solo un tema relacionado con la igualdad: discriminación racial. La razón es la siguiente: la forma de interpretar una discriminación, y de imaginar sus soluciones, ofrece luz sobre las causas y remedios de otras discriminaciones.


Existen varias estrategias para oponerse al racismo, pero quizás la primera de ellas sea reconocer su existencia e identificar sus mecanismos de reproducción.


En Cuba existen señales contradictorias sobre el tema.


La Revolución de 1959 combatió a fondo el racismo estructural e institucional. Sus principales líderes han tenido el antirracismo como tema recurrente. En su proceso proscribió la segregación, la discriminación y logró movilidad social, aumento de estándares de vida y acceso universal a bienes y servicios. Sin distinciones, los no blancos fueron beneficiados. Un activista negro lo ha dicho de este modo: “Fue entonces que para mí la Revolución cobró un sentido”.


No obstante, dos enfoques conflictivos han estado presentes en el discurso oficial.


Primero, la presentación del racismo como “vestigio”, que el presente contribuye a erradicar y que no reproduce.


Esa postura no comprende la base material de la reproducción del racismo, ni deja ver sus usos diferenciadores en la Cuba de hoy en el acceso a la propiedad, el recibo de remesas, o la preferencia en zonas pujantes de la economía, o cómo predisponen las tasas de deserción escolar y población carcelaria.


Segundo, el mestizaje es presentado como la negación de toda desigualdad con origen en la “raza”.


Según esa idea, somos mestizos: ni blancos ni negros. Cuba es un país donde “todo está mezclado”, en el que quien no tiene de congo tiene de carabalí; pero que también experimenta las diferencias entre blancos, mestizos y negros presentes en países con formación histórica similar, como Brasil o Colombia.


En Cuba existe mezcla, y “cubano” es una palabra comprehensiva de lo que somos, pero el mestizaje no es salvoconducto para negar diferencias y desigualdades racializadas. Incluso porque ellas son, también, resultado del propio racismo. En su proceso, este siempre acumula diferencias: establece fronteras de exclusión entre blancos y negros y fomenta divisiones entre la misma “raza”, que han demostrado tener gran persistencia.


El más reciente informe cubano al comité de la ONU para la eliminación de la discriminación racial reprodujo ambos lugares comunes. El texto asegura que el término “afrodescendiente” –con consenso en el movimiento global antirracista, más aún después de Durban– “es ajeno a nuestra realidad”.


El criterio aparece también en los servicios de estadísticas nacionales. Tal actitud ignora la producción intelectual cubana sobre el tema, y no apoya la causa antirracista, en lo que supone reconocer legitimidad al autorreconocimiento.


La posibilidad que la libertad ofrece de crear el carácter y la identidad propia de los sujetos ha sido siempre uno de sus contenidos más deseables. La identidad solo puede crearse a través de la participación. El autorreconocimiento supone participar políticamente, asumir identidades y expresar opiniones políticas en consecuencia.


La opinión política es protegida frente a la discriminación por el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada –aunque aún no ratificada– por Cuba. Lamentablemente, el artículo 40 del Anteproyecto no incluye a la opinión política entre las materias que prohíbe discriminar. Tampoco pone en plural el concepto “identidad”, que limita las identidades a la nacional y a la de género. Esas ausencias no facilitan participar con demandas legítimas de identidad en el espacio público cubano.


En Cuba está prohibida la discriminación, pero sus canales procesales no han sido muy efectivos. El informe citado reconoció, junto a estadísticas de avance igualitario y casos “aislados” de discriminación en empleos y programas de televisión, un solo caso en 2017 de acto tipificable como Delito contra el Derecho de Igualdad.


En consecuencia, es útil sugerir la incorporación de acciones de protección, tutela o amparo constitucional frente a la violación de derechos, cuya forma y alcances no aparecen especificados en el Anteproyecto.


El instrumento de protección permite reclamar derechos con procedimientos sencillos, que propicien inmediatez en el resultado, pero también tutelar resultados jurídicos que abarcan al grupo de personas amparadas por el mismo derecho.


Otra cuestión útil es potenciar el uso directo de la Constitución en tribunales, en reclamo del principio constitucional de igualdad, ante la ausencia de una ley específica contra las discriminaciones.


En la misma dirección, sería conveniente habilitar al Estado, desde el texto constitucional, para desplegar una institucionalidad especializada en el tema.


Podría tratarse de un órgano para la Promoción de la Igualdad, con obligación de rendir informes públicos, alertar sobre comportamientos estatales y privados sospechosos de discriminación, contribuir a perfilar la variable racial en los métodos de recolección de datos en censos y encuestas de hogar, y elaborar políticas públicas en conjunto con las instancias estatales encargadas y el movimiento antirracista desde la sociedad civil.


En Cuba no parece existir consenso en torno a la acción afirmativa, otra de las maneras de combatir la discriminación. Desde el Estado, el propio Raúl Castro ha defendido la promoción de personas negras y mestizas a cargos decisorios, pero sin asignar cuotas ni inscribir tal intención en normas. El Anteproyecto no menciona dicha posibilidad.


Popularmente se dice “que me lo den por mis méritos, no por ser negro” como si la frase solo pudiese ser virtuosa. Sin embargo, es parte de un sentido común que confía a la meritocracia la clave del ascenso social. Considerar el mérito personal como único requisito de entrada, por ejemplo, a puestos de trabajo, es una virtud cuando se exige dentro de una cultura igualitaria muy potente, con muchas garantías sociales e institucionales, y con muy altos niveles de igualdad social y cultural. En otros casos, la meritocracia es la justificación razonada de la exclusión, un pretexto para legar desigualdades entre generaciones.


Según Naciones Unidas, la acción afirmativa “es un conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas a corregir la situación del grupo al que están destinadas en un aspecto o varios de su vida social para alcanzar la igualdad”.


No se concede tal política por ser “negro”, sino por pertenecer a un grupo social que ha sido históricamente discriminado, y porque tal hecho ha arrojado consecuencias no elegidas por sus miembros sobre su presente.


En el mundo actual, informes internacionales registran acciones afirmativas con resultados positivos en salud, educación, trabajo y cultura.


En Brasil un número importante de universidades públicas prevén reserva de plazas para afrodescendientes, e instituciones privadas de educación superior conceden becas totales y parciales. Asimismo, se ha legislado activamente el tema en empleo, servicio público, cultura y acceso a la justicia.


En Colombia, el asesinato selectivo de líderes sociales afrodescendientes pretende destruir la histórica movilización política en el Pacífico colombiano, y violar sus derechos de tierra, territorio, identidad y propiedad colectiva, que habían conseguido inscribir como políticas de acción afirmativa en leyes como la 70 de 1993, llamada “de negritudes”.


Cuba cuenta con historial de acciones afirmativas: las leyes de nacionalización del trabajo que garantizaron a partir de los años 30 el 50 por ciento del empleo para cubanos, o el artículo 74 de la Constitución de 1940, para el acceso al trabajo de negros y mestizos. La primera tuvo un éxito incomparable respecto a la segunda.


Pero si la ley no es suficiente para combatir la discriminación, tampoco lo es la acción afirmativa por sí sola. Otro recurso puede contribuir: la educación. La ley inhibe y reprime, la acción afirmativa redistribuye oportunidades y recursos, y la educación puede prevenir conductas discriminatorias y promover saberes que razonen la tolerancia.


La escuela, si se enfoca en ello, puede contribuir a revalorizar identidades discriminadas, promover el cambio cultural, socavar estereotipos raciales y sexuales, e impulsar la aceptación de las diferencias.


Un mandato a la política educacional, con enfoque étnico-racial, plasmado en la Constitución, sería una ganancia. Por ejemplo, señalando la necesidad de incluir en los currículos materias de Historia General de África y de sus procesos actuales, y la historia del negro cubano, cuya enseñanza actual es muy deficitaria.


Existen otras estrategias para combatir la discriminación, pero estas son útiles. Por supuesto, no carecen de problemas. El principio a seguir puede ser este: mientras más recursos estén disponibles contra la discriminación, mejor. Se trata de conseguir igualdad no solo ante la ley ni solo de oportunidades, sino también igualdad en los resultados que podamos alcanzar con esfuerzo y con libertad. Nada que ver con imponer ser “idénticos”.


La defensa de la igualdad es la verdadera celebración de la diversidad. La Constitución puede contribuir mucho a ese empeño.
Julio César Guanche


es un jurista y filósofo político cubano, miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso, muy representativo de una nueva y brillante generación de intelectuales cubanos partidarios de una visión republicano-democrática del socialismo.

Por Julio César Guanche
26/08/2018

 

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Siete veces SÍ. Pero no hubo suficiente gente que lo dijera

Era un ejemplo de lo que debe ser la democracia participativa, una oportunidad para darle la voz de los votos a la ciudadanía en un tema tan importante como la lucha contra la corrupción.


El domingo 26 de agosto Colombia ha vivido una jornada especial, más de treinta y seis millones de ciudadanas y ciudadanos colombianos estaban convocados a votar en contra de la corrupción. Pero solamente lo hicieron algo más de once millones y medio de personas, apenas el treinta y dos por ciento. La desidia, la indiferencia, la poca confianza en las instituciones y las dudas sobre la validez de la consulta pueden haber sido algunas de las causas para que la democracia haya perdido el tren en el país con la democracia más antigua de América Latina.


Después de este día no servirá de nada quejarse, ahora tocará “tragar entero” todo lo que nos caiga encima. La tuvieron ahí, como el penalti para ganar la copa del mundo de la participación democrática, y Colombia ni siquiera saltó al campo. Se quedó en los vestuarios esperando que otras y otros hicieran las cosas, y así no habrá manera.


Tal vez pueda parecer un sinsentido que haya que promover una consulta popular para decir NO a la corrupción, que debería estar asumido que la corrupción no puede formar parte de una sociedad democrática, pero no es tan así y por eso se emplazó a la población a decir radicalmente en las urnas que no se acepta la podredumbre de lo público a manos de unos gobernantes que llevan décadas acostumbrados a hacer de la política su cortijo particular para el enriquecimiento ilícito.


Pero visto lo visto, a mucha gente (más de veinticuatro millones de personas que no han acudido a las urnas) le importa un carajo que la estafen, que la roben, que le exijan sacrificios mientras unos cuantos se lucran a su costa. Ha sido un fiasco en toda regla. La ciudadanía no ha ejercido como tal, ha agachado la cabeza, ha metido el rabo entre las piernas y ha dicho adiós a la transparencia, a la honestidad y por ende a la democracia.

En este mundo de memes y de imaginación digital, que parece difícil de llevar a la realidad para que se concreten las acciones, no faltan las referencias a esta debacle del gobierno de la mayoría por medio de un simple y sencillo ejercicio de votación. Uno de esos memes reza así: “Había una vez un país tan corrupto que se necesitaban más votos para tumbar la corrupción que para elegir presidente”.


Eso parece este país, un cuento. Una tragicomedia alrededor de una farsa en la que se culpa a la política y a los políticos de un guion del que tal vez sea más culpable el pueblo por su dejadez, su pasotismo, su “qué más da”. Un pueblo que se flagela para purgar las culpas pero sigue pecando y bajando a los infiernos por su pobreza de espíritu y su falta de compromiso social y político. Colombia parece una fábula escrita para seguir repitiendo los desastres, para mantener la violencia por encima de la paz, la corrupción antes que la honradez, la indiferencia por encima de la solidaridad o la sospecha por delante de la confianza.


Hasta el actual presidente, del que no queremos imaginar qué marcó en el tarjetón, pedía, al momento de ejercer su derecho al voto, unidad a la ciudadanía para combatir la corrupción porque ésta “no es una causa de color político”. Pero la población no le ha hecho caso.


Esta diatriba no va contra aquellas personas que han participado, independientemente de lo que hayan marcado en la papeleta, sino contra la ignorancia y la estulticia de quienes no han sabido ver la importancia de una consulta como la que ha tenido lugar hoy. Porque once millones y medio de colombianas y colombianos, más de los que votaron a favor del actual presidente, sí han creído que era posible combatir la corrupción y defender, de una u otra manera, la paz, la democracia y la posibilidad de cambio.


La llamada consulta anticorrupción nació de una propuesta de las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, quienes presentaron la iniciativa tras haber recogido más de cuatro millones y medio de firmas ciudadanas entre enero y julio de 2017. La propuesta había sido sancionada mediante decreto presidencial, después de ser aprobada unánimemente por la plenaria del Senado con ochenta y cuatro votos a favor y ninguno en contra. ¿Cómo puede ser que haya habido más compromiso entre la clase política, con todas sus falencias y corruptelas, que entre la ciudadanía?


Esta convocatoria ha supuesto la primera ocasión en que se realiza a nivel nacional una consulta popular desde que quedara legislada en la Constitución Política de 1991. Eran necesarios un mínimo de 12,1 millones de votos, un tercio del censo electoral, para que tuviera validez. Y cada una de las siete propuestas planteadas requería de seis millones ciento treinta mil papeletas con el “sí” para ser aprobada y convertirse en norma.


La consulta tenía siete preguntas en el tarjetón de votación que había que marcar con un “sí” o un “no” en cada una de ellas. Una era reducir el salario de congresistas de cuarenta a veinticinco salarios mínimos vigentes al mes (en 2018 es de $781.242,- pesos). Es decir, que se pide dejar a estos políticos con un salario mensual de “tan solo” diecinueve millones y medio de pesos.


En días anteriores a la votación, las redes virtuales se habían llenado de falsedades alrededor de la consulta buscando minar la participación y evitar su aprobación. Mentiras como que por cada voto las personas convocantes se llevarán cinco mil pesos, algo que no se da al ser una consulta llevada a cabo sin recursos del Estado, lo que no implica devolución de dinero.


A la legislación colombiana le faltan normas que permitan claramente, por ejemplo, que el Estado pueda dar por terminado un contrato de forma unilateral. Tampoco cuenta con mecanismos de control y sanción a la labor de las y los legisladores. No hay leyes estrictas que condenen a penas de cárcel a corruptos y que se les prohíba seguir contratando con el Estado.


Según un estudio de la Universidad Externado de Colombia, el país perdió por la corrupción, en el período 1991-2011, el 4 % del PIB. Eso supone un promedio de nueve billones de pesos por año (casi 3.000 millones de dólares al cambio actual).


Una vez más ha vuelto a ganar la abstención. Los siete mandatos, que en caso de haberse aprobado hubiesen sido de obligado cumplimiento por parte del Estado estableciendo su aplicación en el plazo máximo de un año, quedarán en los anales de la historia política, y tal vez jocosa, de este país.


De momento, ninguna de esas siete propuestas en forma de preguntas podrán cumplirse. La población no ha aprovechado la ocasión y la corrupción podrá seguir campando a sus anchas. Pero ojalá sea, como ha publicado Daniel Samper Ospina, el comienzo de un “silencioso movimiento ciudadano que se levantó sin ruido para pedir que el país cambie”. La maquinaría sigue siendo la gente, así que seguiremos apostándole a otra Colombia posible.

26AGO2018

J. Ignacio *"Iñaki" *Chaves G.

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Camino al matrimonio igualitario en Cuba

La Carta Magna modificará su artículo 68 en el que especifica el matrimonio entre un hombre y una mujer. El nuevo texto aprobado por los diputados reconoce la propiedad privada y saca la palabra “comunismo”.

 

La Asamblea Nacional de Cuba aprobó ayer el anteproyecto de reforma constitucional que reconoce la propiedad privada, saca la palabra “comunismo” de la Carta Magna y acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo. El anteproyecto será sometido ahora a consulta popular entre los próximos 13 de agosto y 15 de noviembre y, finalmente, tendrá que ser apoyado por un referéndum para el que aún no hay fecha.


Con el reconocimiento de la propiedad privada como una de las formas de propiedad y la promoción de la inversión extranjera, el nuevo texto reflejará los cambios económicos que vive el país a raíz de las moderadas reformas implementadas por Raúl Castro desde 2006. Estas medidas legalizaron negocios al margen del Estado en ciertos sectores como la hotelería, el transporte y otros servicios, a las que ha dado continuidad el presidente Miguel Díaz Canel tras asumir el poder en abril de este año.


Tras aprobarse el proyecto de nueva Constitución, Díaz Canel animó a la participación popular para que exprese libremente sus opiniones para, según dijo, que el texto refleje el hoy y el futuro de Cuba.
Más limitados son los cambios que la nueva Constitución impondrá en el ámbito político, donde, a pesar de quitar la palabra “comunismo”, explicita que se mantiene el “carácter socialista del sistema político y social” bajo el mando del Partido Comunista de Cuba como “fuerza dirigente superior del Estado y la sociedad”.


La Constitución también modificará su artículo 68, en el que se especifica que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, para reemplazarlo por una fórmula más amplia que habla de matrimonio entre dos personas, en respuesta a las demandas de la comunidad LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales). “Con esta propuesta de regulación constitucional, Cuba se sitúa entre los países de vanguardia, en el reconocimiento y la garantía de los Derechos Humanos”, expresó la diputada Mariela Castro, hija del ex presidente Raúl Castro, una de las principales promotoras del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI en la isla.


La medida no encontró rechazo en los legisladores, pero en la reunión de ayer la diputada Castro quiso que se ampliase el artículo y que no se restringiese la posibilidad de adoptar a los futuros matrimonios homosexuales, lo que generó un arduo debate de un par de horas. La parlamentaria propuso suprimir los párrafos en los cuales queda explícita la condición reproductiva del matrimonio. “Si se está diciendo que el matrimonio tiene fines reproductivos, entonces todas las familias cubanas han de tener garantizados por el Estado los derechos y vías para alcanzar estos fines”, afirmó Castro. “El matrimonio no es solamente para tener hijos, empieza con otros fines, porque quieren convivir y luego viene la reproducción. Lo que propongo es que todas las familias tengan los mismos derechos”, señaló la diputada y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).


“No hay razón alguna para negar el matrimonio a personas homosexuales, no hay razón alguna para limitar la felicidad de estas personas”, dijo, por su parte, la diputada Yolanda Ferrer. La legisladora Teresa Amarelle, presidenta de la oficial Federación de Mujeres Cubanas (FMC), a su turno, afirmó: “Que se quite que la unión del matrimonio sea exclusiva entre hombres y mujeres es un avance. Sobre el tema de la adopción, será un tema para el Código de Familia”. Finalmente, el acuerdo de los diputados fue aprobar el matrimonio igualitario y dejar el tema de las adopciones para la redacción del nuevo Código de Familia.


Al examinar los artículos que tratan sobre la protección de la familia, se hizo hincapié sobre la responsabilidad en el cuidado y atención a las personas de la tercera edad en Cuba, donde se ha producido un progresivo envejecimiento poblacional, uno de los grandes desafíos de la sociedad y el sistema estatal de salud.


En el ámbito institucional existen algunas modificaciones estructurales como la institución de la figura del presidente de la República, papel hasta ahora ejercido por el presidente del Consejo de Estado, que deberá asumir el cargo con menos de 60 años de edad y limitar su mandato a un máximo de una década (dos períodos de cinco años). Además, se creará el puesto de primer ministro -que se había eliminado con la aprobación de la Carta magna de 1976- para liderar el Consejo de Ministros, máximo órgano ejecutivo del Estado.


Otro de los cambios propuestos vino de mano de la diputada Daicar Saladrigas, del municipio de Camagüey (este), quien propuso cambiar el término “libertad de palabra” que figura en el anteproyecto por “libertad de expresión” al considerar éste más amplio, acorde con la realidad actual y reconocido por organismos internacionales. Los representantes de la comisión parlamentaria que elaboró el anteproyecto aceptaron la propuesta de la diputada, por lo que el cambio podría plasmarse en el documento final del ordenamiento supremo del país.


El proceso de debates en los barrios se realizará entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre. La fecha de inicio es simbólica porque coincide con el día que nació el ex presidente cubano, Fidel Castro, en 1926. Después de los debates populares se realizará un referéndum y tras ratificarse la nueva Carta Magna se abrirá un período de un año para modificar los Códigos Penal, de Familia y Civil y ponerlos en sintonía con el nuevo texto constitucional.

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China inaugura el cónclave que extenderá el poder de Xi Jinping

Por una vez, los números eran casi lo que menos importaba. Estaban allí: un objetivo de crecimiento del PIB en torno al 6,5% para este año y un aumento del presupuesto de Defensa superior al de 2017 y que ahora subirá un 8,1%, el mayor incremento en tres años. Pero en la inauguración este lunes de la sesión legislativa de la Asamblea Nacional Popular, la gran reunión anual de la jerarquía china, en el Gran Palacio del Pueblo, las protagonistas no eran las cifras que pronunciaba el primer ministro chino, Li Keqiang, al presentar los objetivos económicos del año. La atención se concentraba en el presidente Xi Jinping, para quien esta semana desaparecerán oficialmente los límites temporales a su mandato.


Sobre el inmenso podio en el escenario del Gran Salón, decorado con pancartas y banderas rojas, la importancia del líder más poderoso en China desde los tiempos de Mao podía apreciarse en todo tipo de detalles. Desde el estruendoso aplauso con el que fue recibido por los 2.980 diputados al cuidadoso recambio de su taza usada cada vez que se acababa su té (al resto de los líderes solo se les rellenaba con más agua caliente la taza que ya tenían).


Al menos catorce veces Li Keqiang invocó el nombre de Xi, su “pensamiento para una nueva era socialista con características chinas” o su título honorífico de “núcleo” del Partido. Un Li que a simple vista parece haber perdido peso, tanto física como figurativamente en el Ejecutivo, a medida que el que fuera su compañero de dupla gubernamental hace cinco años lo ha ido ganando.


Aunque normalmente el trabajo de la ANP se limita a aprobar sin especial debate y con abrumadoras mayorías las leyes que se les ponen delante, este año sus diputados tienen una misión especialmente importante: aprobar, en una votación el día 11, la reforma de la Constitución que eliminará el límite de dos mandatos de cinco años para el presidente. Un cambio al que el portavoz de la Asamblea Nacional, Zhang Yesui, restaba importancia este domingo en una rueda de prensa para afirmar que, simplemente, pretende armonizar el tiempo de permanencia en los tres cargos principales del máximo líder chino: jefe de Estado, presidente de la Comisión Militar Central y secretario general del Partido


Esa medida abre el camino para que Xi Jinping -tan seguro en el cargo, o tan aburrido, que a diferencia del resto de diputados no iba leyendo palabra por palabra el texto del discurso de su primer ministro- pueda quedarse en el poder más allá de 2023, cuando expirará su segundo mandato.


La reforma constitucional también incluye una serie de cláusulas que permitirán la creación de una nueva Comisión Nacional de Supervisión que, con el argumento de luchar contra la corrupción, tendrá amplios poderes de vigilancia sobre los ciudadanos. Este nuevo organismo, que tendrá competencias superiores a las de los propios fiscales, se desarrollará a partir de un proyecto de ley que se aprobará el martes 13.


Además de los cambios en la Constitución, los parlamentarios dedicarán también la segunda parte de la sesión, antes de que concluya el día 20, a aprobar una serie de nombramientos y reorganización en los cargos del gobierno.


Entre ellos se espera que se nombre como vicepresidente a Wang Qishan, el hombre que ha sido la mano derecha de Xi durante los últimos cinco años y que ha conducido con mano de hierro la Comisión Central para la Disciplina, el organismo que ha cesado o encarcelado a más de un millón y medio de funcionarios por cargos de corrupción.


Otro hombre de confianza de Xi, Liu He, podría quedar nombrado como viceprimer ministro con responsabilidad sobre la marcha de la economía, o presidente del Banco Central. Liu ha viajado a Washington la semana pasada para reunirse con las autoridades económicas de la Administración Trump y tratar de evitar un choque de trenes que pueda llevar a una guerra comercial, después de que la Casa Blanca haya anunciado nuevos aranceles al aluminio y al acero. Este domingo Zhang Yesui, advertía que “China no quiere una guerra comercial, pero si nuestros intereses se ven perjudicados, China no se quedará de brazos cruzados”.


En su discurso, Li no hizo ninguna referencia a ninguna de estas cuestiones, ni el inminente cambio constitucional ni la reorganización en el Gobierno. Tampoco hubo alusiones a la situación internacional, ni a sus roces con Estados Unidos en lo comercial, sobre Corea del Norte o sobre Taiwán. En su lugar, repitió los temas principales, sobre todo los económicos, que ya había expuesto Xi Jinping en su discurso de renovación de mandato durante el XIX Congreso del Partido Comunista de China el pasado octubre.


Además de aludir en varias ocasiones al “pensamiento de Xi Jinping para una Nueva Era de Socialismo con Características Chinas”, el primer ministro aludió a las “tres batallas críticas” de su Gobierno contra “los riesgos potenciales, la pobreza y la contaminación”.


En un sistema donde la importancia del Partido se encuentra por encima del Estado, y donde la estabilidad es el gran objetivo del gobierno, Li aseguró que Pekín continuará aplicando “el principio general de lograr el progreso mientras se garantiza la estabilidad, y considerar la estabilidad y el progreso como algo indivisible”. La lucha contra la pobreza, que el Gobierno se ha prometido eliminar en las áreas rurales para 2020, conseguirá sacar este año al menos a diez millones de personas de esta lacra.


En cuanto a la Defensa, el presupuesto de este año alcanzará 1.11 billones de yuanes, o 175.000 millones de dólares. Esto representa un aumento del 8,1% con respecto al año anterior, y un nuevo crecimiento del ritmo de gasto después de que el año pasado el alza se redujera al 7% . Este año se ha reducido el personal militar en 300.000 personas, parte de la reforma emprendida durante el mandato de Xi y que prevé reducir estas fuerzas para modernizarlas.

Por Macarena Vidal Liy
Pekín 5 MAR 2018 - 15:58 COT

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Los desafíos del décimo tercer año del gobierno de Evo Morales

Ampliar su legitimidad y crecer por encima del 4 por ciento representan los dos desafíos más importantes del presidente Evo Morales en un año que, como el mismo ha reconocido, será bastante duro.

 

Tras alcanzar en 2017 un rendimiento económico menor al proyectado -pero que no le quita al país su condición de líder en crecimiento de la región-, y de enfrentar una avalancha de conflictos políticos, con expresiones de resurgimiento de la violencia y el racismo, Evo Morales inicia este 22 de enero su décimo tercer año consecutivo como presidente de Bolivia –el más largo de la historia nacional-, con el objetivo de superar el 4% de crecimiento y, mucho más importante que lo anterior, de ampliar su legitimidad en la perspectiva de las elecciones de 2019.


Para lograr ambos objetivos, en un año que será decisivo en la construcción de relaciones de fuerza para el gobierno y la oposición, el titular del Estado Plurinacional estima continuar con el ambicioso plan de inversión que desde 2015 se ha propuesto ejecutar hasta 2020, estimado en unos 50.000 millones de dólares, para potenciar la economía nacional. Avanzar en la industrialización de los recursos naturales, mantener el ritmo en la construcción de carreteras, creación del empleo juvenil y la otorgación de servicios, donde los programas de acceso a agua potable y riego son esenciales, figuran en los planes gubernamentales.


En realidad, aunque los economistas partidarios de la escuela de Chicago se esfuerzan en desconocer y descalificar de manera más o menos sostenida, Bolivia ha conquistado por quinto año consecutivo el sitial de país con mayor crecimiento de la región sudamericana gracias a la dinámica de su demanda interna, lo que ha compensado los bajos precios de las materias primas. En 2018, Morales aspira que Bolivia sea la primera economía en crecimiento de toda América Latina.


Lo que no se conoce todavía es qué hará Evo Morales en el campo de lo político, donde parecen concentrarse los mayores problemas del gobierno. Desde el 21 de febrero de 2016, cuando la propuesta de modificar el artículo 168 de la Constitución fue derrotada por estrecho margen en un referéndum en el que la oposición, asesorada por Estados Unidos- basó su campaña en una estrategia de la mentira que tuvo como hilo conductor del relato a un inexistente hijo del Presidente, la iniciativa política –empleando similar estrategia y método- está de lado de las fuerzas que se oponen al proceso de cambio. Esto se nota, por ejemplo, en el uso político del nuevo Código del Sistema Penal que, a pesar de los problemas de redacción en varios de sus artículos-, expresa un paso adelante en la búsqueda de eliminar la retardación de justicia. La modificación parcial de su gabinete político apunta a resolver el vacío dejado por el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana en enero de 2017.


En realidad, la causa principal de las movilizaciones propiciadas por la oposición desde diciembre pasado es el rechazo a la candidatura de Morales en 2019, luego que el Tribunal Constitucional Plurinacional diera curso a un Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad contra cuatro artículos de la Constitución que limitan la aplicación del derecho preferente.


Las reacciones ante el fallo del TCP, al que la oposición rechaza por desconocer el resultado del referéndum del 21 de febrero, han sido duras y en las calles en un primer momento, aunque luego tomaron forma en la movilización, principalmente de médicos, contra el código penal. Pronunciamiento conjunto de una parte de la oposición, agresión contra varias instituciones del Estado en Santa Cruz, comunicado del Departamento de Estado de EEUU, intervención de una congresista cubano-americana en el Congreso de ese país, llamados a desatar la guerra en varios columnistas de los medios hegemónicos, resurgimiento de las acciones de racismo como en Santa Cruz y Beni, así como decir que “prefiero una dictadura de botas y no de ojotas” de parte de una diputada, representan apenas una rápida descripción de la tensa situación que Morales enfrentó desde diciembre.


Morales ha encontrado en las redes sociales su principal flaqueza y el arma que mejor emplea la oposición para atacar su gestión. La aseveración no está fuera de foco, en un país en que el predominio en el manejo de las redes sociales está principalmente en manos de los sectores no populares, a lo que coadyuva el papel de la mayor parte de los medios de comunicación, periodistas y analistas.


Lo que sí, la interpretación de Morales -que en realidad hace referencia al enorme impacto de la llamada Guerra de Cuarta Generación en la manipulación de la subjetividad de la gente-, se matiza al observar el fortalecimiento de las corrientes de ultraizquierda en los movimientos sociales que, como en la década de los 70 y 80, fueron un factor de desestabilización y caída de los gobiernos populares de Juan José Torres y Hernán Siles Suazo.


La explicación de este momento difícil, en el que la alta aprobación de Morales no condice con la intención de voto, aunque sigue en primer lugar en las preferencias si las elecciones fueran ahora, parece centrarse en la ausencia de trabajo político de sus flácidas organizaciones en la sociedad, que es donde se construye hegemonía, como señala el teórico italiano Antonio Gramsci y al que el vicepresidente Álvaro García Linera lo citó varias veces.

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Sábado, 21 Octubre 2017 07:04

Pacto entre Rajoy y el PSOE para Cataluña

Pacto entre Rajoy y el PSOE para Cataluña

El plan para abortar el proceso secesionista en Cataluña fija elecciones anticipadas para enero, según el acuerdo alcanzado entre el gobierno español de Mariano Rajoy y la oposición socialista en torno de las medidas que se adoptarán para intervenir en la norteña región al amparo del artículo 155 de la Constitución española.


Entretanto, el rey Felipe VI se mostró ayer convencido de que las “legítimas” instituciones democráticas españolas resolverán, dentro del respeto a la Constitución, el “inaceptable intento de secesión” de las autoridades de Cataluña, aseguró en la norteña Oviedo durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Felipe de Borbón dijo que el intento secesionista al que España tiene que hacer frente en la actualidad se solventará “ateniéndose a los valores y principios de la democracia parlamentaria en la que vivimos desde hace 39 años”, en alusión a la aprobación de la Constitución de 1978.


Entretanto, la hipotética fecha de las elecciones anticipadas se conoce un día antes de que el Ejecutivo central concrete las medidas excepcionales que adoptará para intervenir en la región, cuyo gobierno emprendió una vía de ruptura que amenaza con concretarse la próxima semana con una declaración unilateral formal de independencia por parte del Parlamento regional.


Desde Bruselas, Rajoy no quiso adelantar la actuación prevista pero dijo que contaba con el apoyo de todos sus socios de la Unión Europea (UE), tras justificar la intervención regional como una medida de “última instancia” ante la “situación límite” a la que los secesionistas llevaron a Cataluña “liquidando la ley”.


La ex ministra socialista Carmen Calvo, quien encabezó las negociaciones del Partido Socialista (PSOE) con el gobierno de Rajoy, había confirmado horas antes que el plan era convocar elecciones en enero, algo que también avalo Albert Rivera, el líder del partido liberal Ciudadanos. Sin embargo, el vocero del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, consideró “prematuro” anticipar ese escenario, consciente de las evidentes dificultades que se derivarán de una intervención inédita en democracia, que será resistida por el movimiento independentista catalán, con el gobierno del presidente Carles Puigdemont a la cabeza.


“El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tiene absolutamente claro desde el minuto uno que esto tiene que llevar a Cataluña a unas elecciones”, sostuvo antes Calvo en declaraciones al canal TVE. No obstante, Calvo añadió que hasta que se aprueben las medidas de intervenciónen el Senado, el presidente catalán, Puigdemont, todavía tienen en sus manos la posibilidad de convocar elecciones, algo que “le pedimos que haga”.


De lo contrario, la dirigente socialista respaldó la aplicación del artículo 155 de la Constitución que, según subrayó, “no tiene un carácter punitivo ni supone la suspensión de la autonomía de Cataluña”, sino que “tiene que ver con la reposición de la legalidad constitucional y estatutaria que rompieron los secesionistas”.


“Queremos que no se toquen las leyes de Cataluña, que Cataluña se siga sintiendo cómoda en su autogobierno y lo que queremos es llevar a la sociedad catalana a un espacio de normalidad que le permita hablar en las urnas”, remarcó. La intervención, calificada de “quirúrgica” por fuentes gubernamentales, pretende limitarse a la suspensión de competencias y sustitución de autoridades en las áreas donde se incumple la ley durante el tiempo de transición hacia los eventuales comicios.


La convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña era el objetivo que se planteaba como salida a la crisis desde que se empezó a estudiar la aplicación del polémico articulo 155, que permite al gobierno central tomar medidas excepcionales para obligar a una comunidad autónoma a cumplir sus obligaciones si no lo hace o está en juego el interés general.


Antes del referéndum del 1 de octubre, que los secesionistas celebraron pese a que que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional, el partido liberal Ciudadanos, que también apoya la intervención del gobierno de Rajoy, ya exigía actuar al amparo del artículo 155 con esa única finalidad, con el argumento de que era la “salida democrática” al conflicto.


No obstante, el Ejecutivo del Partido Popular (PP) evitó precipitar esta opción, debido a que este precepto constitucional nunca antes se aplicó en democracia y es visto como un ataque al autogobierno regional.


El escenario cambió después de que Puigdemont dijo el martes pasado desde la tribuna del parlamento regional que asumía el mandato del pueblo expresado en las urnas el 1º de octubre para declarar la independencia y, al mismo tiempo, lo suspendía.


Esa formulación, que generó confusión, motivó al Ejecutivo a hacer un requerimiento formal al presidente regional para que aclarara si había declarado la independencia de Cataluña, un acto que atenta contra el “interés general” de España, porque afecta la integridad territorial del Estado, y la soberanía nacional consagradas en la Constitución.
Al vencer el jueves pasado el plazo de ese requerimiento, Puigdemont envió una carta a Rajoy en la que sostuvo que el parlamento no había votado la secesión, pero amenazó con hacerlo si el gobierno español seguía negándose al diálogo y mantenía la represión.


El Ejecutivo español dio entonces el paso y puso en marcha el artículo 155, cuyas medidas concretas se conocerán hoy al finalizar el Consejo de Ministros extraordinario convocado por el presidente Rajoy.


Puigdemont tiene al menos una semana más para convocar él mismo elecciones dando marcha atrás a sus planes antes de que el Senado apruebe las medidas extraordinarias.


Pero el vicepresidente catalán Oriol Junqueras no parece dispuesto a apoyar esa decisión: “Mi posición es clarísima: convocar elecciones ahora no es la mejor manera de avanzar”, dijo ayer en una entrevista en Catalunya Radio.


A pesar de que existe división dentro del gobierno catalán la convocatoria a elecciones regionales anticipadas no parece ser tampoco una opción para los secesionistas, quienes en 2015 ya celebraron unos comicios “plebiscitarios” ante la imposibilidad de realizar un referéndum pactado sobre la independencia, lo que derivó en el actual plan de ruptura liderado por Puigdemont.

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La fiscal general de Venezuela contra la constituyente de Maduro

Luisa Ortega, presentó un recurso de nulidad contra la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro y profundizó su enfrentamiento con el Ejecutivo. El mandatario reiteró que el 30 de julio se votarán los asambleistas.

"Este recurso que estoy intentando es para defender la soberanía popular, la Constitución, la democracia participativa y protagónica, para defender a los venezolanos, porque aquí lo que está en juego es el país", declaró Ortega en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde presentó un pedido para que se anule la convocatoria a elegir asambleistas constituyentes el próximo 30 de julio.

La funcionaria sostuvo que el sistema propuesto por Maduro para elegir a los asambleístas es "inconstitucional". La última Constituyente en Venezuela, promovida en 1999 por el fallecido expresidente Hugo Chávez, fue convocada tras un referendo aprobatorio previo. La Constitución resultante también fue consultada en las urnas.

La convocatoria esta vez fue hecha directamente a la elección de los constituyentes, sin consulta popular previa. Además, se dispuso una elección sectorizada: los asambleistas serán 364 elegidos de forma territorial, ocho por los indígenas y 181 "sectoriales" (79 por los trabajadores; ocho por los campesinos y pescadores; cinco por los empresarios; 28 por los pensionados; cinco por las personas con discapacidad; 24 por los estudiantes, y 24 por los consejos comunales y comunas). La fiscal señaló que el proyecto de Maduro viola la "progresividad de los derechos humanos" porque el voto fue reducido a la "mínima expresión".

La nueva acción judicial profundiza aún más la fractura entre Ortega y el gobierno, que ya se había hecho manifiesta cuando la funcionaria denunció una "feroz represión" de las fuerzas de seguridad a las protestas opositoras, en las que murieron 66 personas en 70 días. Ortega llamó a la ciudadanía a sumarse a los recursos en el TSJ. "Pido a todos los habitantes de este país que rechacen la Constituyente y hacerse parte como terceros interesados", expresó.

Pese a las críticas a la iniciativa, el Poder Electoral abrió las postulaciones para la Constituyente y fijó las elecciones para el 30 de julio. Hoy Maduro reiteró que esa fecha es inamovible y lanzó una amenaza a quienes quieran entorpecer el proceso.

“Si algún día el pueblo de Venezuela amaneciera con alguna noticia de una conspiración, de un complot, para tratar de detener el proceso popular constituyente, que constitucionalmente está fijado para el 30 de julio, yo llamo a la unión cívico militar para derrotar en las calles la conspiración, el complot y el golpe de Estado que se pueda pretender contra este llamado constitucional”, dijo el mandatario en un acto realizado en el Teatro Teresa Carreño, en Caracas.

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Lunes, 03 Abril 2017 07:55

La metáfora del Congreso en llamas

La metáfora del Congreso en llamas

A inicios de la transición democrática paraguaya, tras 35 años de dictadura stronista, se sancionó una nueva Constitución (1992) a partir de una Asamblea Constituyente que representaba, aun con mayoría del partido colorado (122 de 198), un amplio y variado espectro ideológico. Dicha Carta Magna, en los albores de la primavera democrática, ha funcionado como un pacto social privilegiado y aun cuando ha sido violada -especialmente tras el golpe de estado de 2012- nunca ha podido reformarse. Y no por falta de intentos y proyectos.

Como todos los presidentes anteriores -con excepción de Raúl Cubas, quien presentó la renuncia ante su inminente destitución-, Horacio Cartes volvió al ruedo con intenciones reformistas, pero limitadas exclusivamente al punto más sensible para la historia política de ese país: la reelección presidencial. Para ello apeló, como antes había hecho su colega Duarte Frutos, a la figura de enmienda constitucional, que en este caso habilita un período más para el presidente y los gobernadores, elimina la prohibición para la candidatura de legisladores y debilita las atribuciones del Congreso.

Cartes, como su antecesor colorado, no contaba con mayoría en el Parlamento, pero fue un pasó allá e impulsó algo parecido a un “Senado paralelo” –compuesto por 25 senadores colorados, liberales y luguistas– que modificó los artículos necesarios para suprimir las atribuciones al presidente del Senado y disminuir la mayoría requerida para la aprobación de mociones. Así, el pasado viernes 31 de marzo, fue aprobada en la Cámara de senadores la controvertida enmienda

Lo insólito del proceso es el apoyo del Frente Guasú, un conglomerado de partidos de izquierda y centroizquierda liderado por el destituido presidente Fernando Lugo, quien desde hace varios meses vienen ensayando diversas formas políticas y jurídicas para participar nuevamente en la carrera presidencial de 2018. Alentado por recientes encuestas de intención de voto que lo colocan como “presidenciable”, ha trasgredido las mejoras tradiciones democráticas de la izquierda paraguaya que vendría a representar, al concretar un pacto con el cartismo y comprometer los votos de senadores del Frente Guasú para la aprobación de la enmienda constitucional a través de medios reñidos con la legalidad.

Inmediatamente después de aprobada la enmienda, en la tarde del viernes, se desencadenó una enérgica manifestación de protesta en las plazas contiguas al edificio del Congreso. La brutal represión de la policía dio lugar a una espiral de violencia que arrojó a numerosos heridos, entre ellos jóvenes y mujeres, legisladores y dirigentes políticos que acompañaban la protesta. Un centenar de manifestantes lograron irrumpir en el edificio del Congreso –en un momento en que se replegaron las fuerzas policiales–, y, algunos de ellos, quemaron muebles y con ello provocaron un incendio que fue propagándose rápidamente por todo el edificio.

La policía detuvo a más de 200 personas quienes denunciaron maltratos y golpes. En la madrugada del sábado, un grupo de policías ingresaron a la fuerza en el local partidario del PLRA –muy alejado del lugar donde se desarrolló la protesta– y disparando a las personas que estaban realizando una vigilia en el sitio, dieron muerte a un joven militante del partido liberal, Rodrigo Quintana de 25 años. Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del lugar no dejan lugar a dudas de que lo ocurrido fue un asesinato a sangre fría, una ejecución extrajudicial. El presidente Cartes se limitó a destituir al ministro del Interior y al jefe de Policía, eludiendo toda responsabilidad.

Lejos de apelar a la figura de “vándalos” –empleada por el gobierno y sus aliados luguistas en sus comunicados, con el fin de deslegitimar a los manifestantes–, es preciso poner en funcionamiento otras teorías. Las especulaciones son infinitas, pero el principio suele ser otro: la violencia de las clases dominantes ocurre mucho antes que la de las clases subalternas, quienes en general reaccionan frente a estas.

Las imágenes del Congreso en llamas son, quizás, las que mejor narran el sentido profundo de los sucesos. En rigor, son la metáfora más potente de una sociedad que reclama una nueva clase política y un nuevo pacto social. La “derecha” y cierta “izquierda” se han dado la mano para favorecer intereses absolutamente mezquinos. O mejor, tal vez la izquierda luguista tendió una alfombra roja para la reelección de Cartes y la consolidación de su neoliberalismo autoritario. En tanto, la ciudadanía mira entre desconcertada, apática y violenta.

Los escenarios futuros están en proceso. La enmienda puede aprobarse en la Cámara de Diputados –donde el cartismo cuanta con amplia mayoría– y el Tribunal Superior de Justicia Electoral llamar a referéndum. O quedar nuevamente en un cajón. Mientras se escriben estas líneas se instaló una carpa de resistencia ciudadana en la Plaza de Armas. La embajada de EE.UU. también se ha hecho oír. No quiere más incendios ni conflicto social y, poco a poco, tampoco a Horacio Cartes.

 

Por Lorena Soler y Charles Quevedo, coordinadores del Grupo de Trabajo de Clacso Intelectuales y Política.

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