La justicia británica se queda con las reservas de oro de Venezuela

Un juez sentenció que el gobierno de Maduro no podrá usar las 31 toneladas de oro que se encuentran en el Banco de Inglaterra 

El Banco Central del país bolivariano anunció que “apelará inmediatamente la absurda e insólita decisión de un tribunal inglés".

 

El juez británico Nigel Teare del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra, sentenció que las 31 toneladas de oro venezolano que se encuentran en el Banco de Inglaterra no pueden ser manejadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) ya que el “el gobierno de su Majestad reconoce a Guaidó en calidad de presidente constitucional interino de Venezuela”.

La justicia británica dictaminó entonces que quien tendrá acceso al oro en reclamación, valorado en cerca de 1.6 mil millones de dólares, será el “gobierno de Guaidó” a través de la “junta ad hoc del BCV” que designó en julio del 2019, pocos meses después de su autoproclamación.

El BCV anunció que “apelará inmediatamente la absurda e insólita decisión de un tribunal inglés que pretende privar al pueblo venezolano del oro tan urgentemente necesario para hacer frente a la pandemia de covid-19”.

La demanda por el oro por parte del BCV había iniciado a finales del 2018. El reconocimiento en enero del 2019 de Guaidó como “presidente encargado” por parte de Gran Bretaña, congeló la respuesta del gobierno británico a la demanda venezolana, algo que el gobierno de Nicolás Maduro denunció diplomáticamente en reiteradas oportunidades.

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, se refirió en su libro La habitación donde sucedió, una memoria de la Casa Blanca a esa decisión británica. Allí afirmó que el entonces ministro de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, estaba “encantado de cooperar” con Estados Unidos, “por ejemplo congelando los depósitos de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra”.

Bolton se refiere a esa decisión de inicio del 2019 como parte de los “pasos que ya estaban aplicando para presionar financieramente a Maduro”. En ese mismo párrafo, el ex asesor de Seguridad Nacional destaca como, en esos días, trabajaban para recrudecer las sanciones sobre la industria petrolera venezolana.

El BCV prosiguió durante el 2019 y 2020 en el intento de acceder a las reservas de oro. En mayo pasado realizó una demanda ante el Tribunal Comercial de Londres para que el Banco de Inglaterra entregue el oro venezolano. Allí no solamente fue expuesto el argumento legal, sino también humanitario: el monto del oro sería destinado para ir directamente al Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para hacer frente a la pandemia en el país.

La falta de respuesta del Banco de Inglaterra durante meses se debió a la zona gris diplomática construida hacia Venezuela. Mientras el gobierno inglés reconoció a Guaidó, su “embajadora”, Vanessa Neumann, fue recibida, pero sin las credenciales formales, una situación similar a la ocurrida en varios países de Europa y América Latina.

Así, mientras por un lado la política exterior apoyaba la política de gobierno paralelo en Venezuela, la situación legal no era clara, algo diferente al caso estadounidense donde fueron alineados en la misma política -con tensiones- la Casa Blanca, el Departamento de Estado, del Tesoro, y de Justicia. Esa situación de falta de claridad, sobre la cual el Banco de Inglaterra se amparaba para su falta de respuesta, fue despejada con la sentencia del día jueves.

Este fallo representa no solamente una pérdida para el BCV, sino que sienta a su vez un precedente para otros expedientes en una situación similar, como los 120 millones de dólares pertenecientes al BCV que se encuentran en el Deutsche Bank, o las numerosas cuentas congeladas en diferentes bancos.

Se abre entonces una nueva puerta para que se profundicen los mecanismos de robo de activos y bienes de Venezuela en el exterior, algo que ha venido sucediendo desde el inicio del reconocimiento estadounidense a Guaidó. El caso paradigmático es el de CITGO, la filial de PDVSA en Estados Unidos (EEUU) -valorada en 8 mil millones de dólares-, que fue embargada por el gobierno estadounidense en el 2019, y se encuentra actualmente bajo amenaza judicial de remate y desmembramiento para ser apropiada por una minera canadiense, Crystallex, o una petrolera estadounidense, ConocoPhillips.

Este proceso de despojo ha sido uno de los objetivos centrales contra Venezuela. El gobierno venezolano convocó, por ejemplo, en el mes de mayo al encargado de Negocios del Reino Unido en Venezuela para “presentarle protesta formal y exigir explicaciones ante la creación en su Cancillería de una Unidad para la Reconstrucción de Venezuela”.

De esta manera, mientras Guaidó perdió toda gravitación dentro del país, su mantenimiento artificial permite que avancen procesos de robo a la Nación. Esa política de piratería y bloqueo es parte de las divisiones de la oposición en el país. El sector que aún se mantiene alrededor de la estrategia del gobierno paralelo sostiene la necesidad de las sanciones y congelamiento de activos. Afirman, contra toda evidencia, que no afectan al conjunto de la población, sino únicamente al núcleo de poder del chavismo.

Otro sector en cambio, tanto político como de sectores económicos, se opone a la estrategia de asfixia y despojo progresivo. Ese sector es quien participará de las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, para las cuales ya se han anotado 89 partidos políticos.

Publicado enInternacional
Covid-19: Economía popular,  la solución y no el problema

Aprender a valorar lo supuestamente marginal en la economía cotidiana de nuestros entornos, lo muchas veces invisible y despreciado, a todas aquellas mujeres y hombres que no llenan pantallas, portadas y páginas interiores en las revistas de farándula, ni en los grandes medios de comunicación, es una lección que emana de la actual crisis. Cambiar nuestras valoraciones para que todo cambie.

Anormalidad, la palabra más diplomática que encontré para describir la actual situación. Y es que no es para menos, pero el avance de la pandemia del covid-19 ha alterado todas nuestras cotidianidades.
 
¿Qué significa entonces la anormalidad? Y lo más cercano que también encuentro para narrarla es el escenario de supuesta quietud inaguantable, por las y los clase media, que trabajamos incansablemente hasta agotar el ancho de banda, así como las provisiones que compramos para un mes, en 4 días. Todo ello a punta de teletrabajo, ver noticias, series y si acaso ver por la ventana para desdeñar por “irresponsable” a quien sale temprano y vuelve de noche.
 
¡Ah! Pero el momento de anormalidad también nos ha permitido notar todo aquello que es invisible y que se disfraza bajo un espectro de normalidad que se ha hecho natural en lo cotidiano. Si algo de bueno ha de tener esta quietud al interior de los hogares es, por supuesto, que podemos ver desde nuestras ventanas a quienes no pueden resguardarse y aburrirse en la cuarentena, sino que deben salir, y no por descarada desidia, sino por necesidad.

Si, me refiero a todos aquellos que ahora son protagonistas de las contundentes reclamaciones por garantías de alimentación durante la cuarentena, estos que eran invisibles antes; para el caso de Bogotá, el señor que le vende los cigarrillos al menudeo sobre la carrera décima, la señora de los jugos de naranja y arepa con huevos de la calle 72, el que vende frutas y verduras en las calles del barrio Lisboa en Suba, el reciclador que se lleva lo que para usted es desperdicio, el embolador del Centro Internacional, el que arregla las tapas de los tacones, la señora que cose los dobladillos, entre otros oficios que seguramente acuden a su memoria mientras lee este artículo.
 
Todos ellos y ellas, cuyo aporte a la sociedad ha sido ignorado, pero que ahora cobran un lugar fundamental también nuestra para la supervivencia. Al respecto quiero solo exponer tres casos, con la seguridad que habrán muchos más escapan a mi mirada.


El campesinado y la soberanía alimentaria


 
Nuestra dependencia de su faena diaria es proporcional al desprecio con que los ha asumido la clase dirigente, a la par de la misma sociedad urbana. Sin su cotidianidad asumida a pesar de la falta de apoyo y estímulos para una vida en dignidad, los urbanos no podríamos realizar nada de lo que acometemos cada día.
 
Según la encuesta de cultura política del Dane, aproximadamente el 30 por ciento de la población colombiana se autoreconoce como campesinos1, esto quiere decir que están lejos de ser una pequeña proporción. Ahora bien, ¿a qué hora se nos vino a olvidar la tercera parte de la población nacional? Y la fecha más reciente es clara: desde la apertura económica, a inicios de los años 90, cuando el establecimiento cedio nuestra soberanía alimentaria, lo que nos llevó, palabras más palabras menos, a depender de la producción externa, dejando de promover, incentivar y salvaguardar nuestra producción interna. Súmele a esto la cada vez mayor concentración de la tierra, lo que implica que haya muchos campesinos sin tierra por lo que no pueden producir ni siquiera para si mismos.
 
Así que, en un escenario pos covid-19, es fundamental que este grupo poblacional, no solo por nuestro afán de abastecimiento sino en retribución del trabajo que desempeñan para que hoy millones vayamos a la tienda de barrio por lo mínimo para saciar nuestra necesidad alimentaria, tenga un lugar preponderante en la política nacional, pero no para someterlos a la represión de la policía, sino para contestar ahora sí de manera positiva a sus reclamaciones: de su vida también depende la nuestra.


 
Vendedoras/es ambulantes


 
Contando con que la informalidad según el Dane (2020) asciende a un total de 47.7 por ciento de la mano de obra total del país2, y este es un grupo bastante representativo de eso que las cifras nombran con frialdad: informalidad. Sucede que estas personas abastecen no solo de cigarrillos, sino también de elementos de primera necesidad en los barrios populares y de clase media, por decir menos. Es decir, y como lo viene diciendo el profesor Cesar Giraldo, ellos, que entregan su vida a la sociedad ofreciendo bienes y servicios a muy bajo costo, pero de un valor inconmensurable y a cambio de muy poco. Son ellos quienes, siguiendo a Giraldo, subsidian el consumo de otro tanto de trabajadores formales, pero igualmente precarizados, a los que no les alcanza para lo mínimo. Ellos, quienes el pasado martes 24 de marzo –día que inició la medida de aislamiento obligatorio preventivo–, se fueron a hacer filas a las afueras del Palacio Liévano –en el caso de Bogotá– en busca de un mercado, lo que obtuvieron, además de la acostumbrada reacción de la policía, fue el repudio de la sociedad colombiana, aquella con algo de ahorros o con ingresos fijos, por “desconsiderados” e “irresponsables”.
 
Son ellos quienes aun siguen saliendo y rebuscándosela para vender lo que tienen guardado en la casa, son quienes van de todos modos a las centrales de abastecimiento, transportando hacia los barrios todo lo que necesitamos para sobrevivir. A ellos quiero agregar, aunque no pertenecen a la informalidad, pero si a la economía popular, a las y los tenderos que con preocupación, pero también con disciplina, han abierto sus tiendas todos los días –y lo seguirán haciendo– para que usted ahí sentado frente al dispositivo vaya con la seguridad de conseguir lo que necesite. ¿No le son cada vez más visible don Leo, doña Rosa, don Carlos …?


 
Recicladores/as de oficio


 
Por si no lo saben, las y los recicladores de nuestro país son la vanguardia en América en cuanto a la garantía de sus derechos, entre ellos el mínimo vital  (#IngresoMinimoVitalYA), el derecho al trabajo y el acceso cierto y seguro al material. Ellos, quienes gracias a sus reclamaciones y las órdenes de la Corte Constitucional, son prestadores del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. Pero eso es reciente porque desde hace más de cuatro generaciones de recicladores, con las denominaciones peyorativas que la sociedad les acuñó, recogieron parte significativa de su basura y no permitieron que fuera al relleno sanitario de sus ciudades, con lo cual se extendió la vida útil de los rellenos y, en consecuencia, aportaron al mejoramiento de la calidad del aire, entre otros.
 Actividad muy significativa hoy en ciudades como Bogotá y Medellín, que no dejan de salir de una emergencia ambiental para entrar en otra. Pero del mismo modo, en otras ciudades donde aportan en aspectos ambientales, pero además se organizan para prestar el servicio de aprovechamiento y con los recursos obtenidos sostienen a miles de familias que viven de este oficio. A ellos también nuestro reconocimiento por su importante labor.
 
Ahora, antes de cerrar este apartado de reconocimientos, dejaré por acá para abordarlo en otro escenario, el lugar que juegan nuestras madres, esposas, hermanas y compañeras que están encargándose seguramente de todo el mantenimiento del hogar y que, además, espero hayamos aprendido a valorar la importancia de las labores del cuidado. Que este tiempo de aislamiento de amigos, lo aprovechemos para acercarnos a nuestras familias y reflexionemos sobre el lugar de todos y todas en el desempeño de los odiosos trabajos de la casa. Por favor, no solo observemos.
 
Ante este panorama, y habiendo puesto la mirada sobre todos estos oficios invisibilizados por el ajetreo cotidiano, y en medio de una coyuntura que nos obliga a liminarnos bajo el supuesto de individualidad, es momento de reflexionar sobre las múltiples dependencias que tenemos de otros y otras, cuyo trabajo es y será cada vez más valioso para nuestra supervivencia. Cambian entonces las prioridades, las nuestras: las de la sociedad.
 
Y como ya hemos hablado lo suficiente sobre el ahora y lo inmediato, que no se nos agote el espacio para hablar del después y de lo estructural. Ahora, el primer paso será el reconocimiento de todas esas codependencias y sus protagonistas, y los pasos que siguen, el después, es pensar un nuevo modelo económico, una nueva estructura societal. Para ello seguiremos abriendo espacios de debate.
 
Que el aislamiento, como medida fundamental para la preservación de la vida, no sea un privilegio sino un derecho con garantías para todos y todas, y que lo que viene sea diferente y mucho mejor.

1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cultura/cultura-politica-encuesta#informacion-2019
2 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social
* Antropóloga. Investigadora del Grupo de Socioeconomía Instituciones y Desarrollo Gseid Universidad Nacional de Colombia. 

 

 

 

Para suscripción:

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=suscri

 

Publicado enEdición Nº269
Lunes, 29 Junio 2020 06:28

Cien días que sacuden a EU

Cien días que sacuden a EU

El pasado y el futuro se enfrentan en las calles, dentro de lo que es en los hechos un "Estado fallido" (uno que no puede o no quiere solucionar las necesidades básicas de su pueblo), donde un régimen con tintes neofascistas cada día más desesperado y, por tanto, más dispuesto a hacer lo antes impensable para mantener su poder se enfrenta con una ola novedosa de rebeldes y disidentes que buscan transformar, por fin, un sistema de violencia social, económica y política. O sea, el sistema estadunidense está (¿cómo evitar ese palabra sobreusada y casi eterna, "crisis"?) en un momento de implosión –algo que podría ser muy peligroso para todos más allá de las fronteras si resulta ser explosión– o de transformación.

Aun no se sabe cuál.

La defensa del pasado se coordina por un bully asustado en un búnker subterráneo en la Casa Blanca. El comandante de las fuerzas oscuras del pasado es responsable de más de 100 mil muertes evitables (mil de ellas de mexicanos en Estados Unidos) por su manejo criminal de la pandemia, de entre 20 y 40 millones de desempleados, de un aumento en los crímenes de odio racial, del aumento, según el FBI, de actos de terrorismo de agrupaciones de ultraderecha; de colocar a familias con niños en jaulas, de calificar a todos sus opositores como "traidores" al país (incluyendo su antecesor), de amenazar con reprimir con fuerzas militares a ciudadanos estadunidenses que se manifiestan en las calles, de acusar a los inmigrantes de todo el crimen, las violaciones, y ahora del Covid-19, desmantelar normas y medidas para protección del medio ambiente y la salud pública, y ni hablar de la destrucción de acuerdos y normas multilaterales. Es seguramente el único presidente que ha logrado que coincidan desde ex generales, incluyendo jefes del Estado Mayor, a figuras como Noam Chomsky y Angela Davis de que Trump es una amenaza a la democracia de Estados Unidos y la sobrevivencia del planeta, una amplísima gama de voces han concluido que es "el presidente más peligroso de la historia de Estados Unidos". Esa defensa del pasado de dominio blanco y lo más salvaje del capitalismo implica aplastar todas las fuerzas que rehúsen someterse, suprimiendo sus voces, amenazando represión o deportándolos del país. El presidente ha declarado a todos los que lo cuestionen o se atrevan a frenarlo como "enemigos del pueblo".

El rescate del futuro está ahora en las calles con un grito de basta ya (con 400 años de ecos) contra la violencia racista sistémica. Aunque las expresiones masivas en las calles que llevan más de un mes sin parar fueron detonadas por otro acto más de violencia racista oficial, el nuevo movimiento surge de años de organización por varios sectores que de repente se encuentran juntos en las calles. Y es que es una respuesta que evoluciona de un incidente más de violencia por la policía a uno contra la violencia de un sistema económico, político y social, construido desde sus orígenes sobre el sometimiento y explotación brutal violenta de esclavos africanos, de indígenas estadunidenses y después, hasta hoy día, de olas de inmigrantes de todo el mundo.

Es esa historia de violencia la que se modifica en estos días, hasta de manera física. No sólo se derriban símbolos de la historia racista e imperial, sino se ha obligado a instituciones de cúpula y de la élite a reconocer su complicidad histórica. Por ejemplo, en días recientes la Universidad de Princeton anunció que quitaría el nombre del presidente Woodrow Wilson de sus instalaciones y programas por su historia imperial y racista.

A mediados de marzo, se declaró oficialmente una emergencia nacional y Estados Unidos se convirtió en el epicentro de la pandemia mundial; como resultado de la tardía y caótica puesta en marcha de medidas de mitigación, se provocó una magna crisis económica, y hace un mes, un hombre afroestadunidense con una rodilla de un policia sobre su cuello articuló sus últimas palabras, "no puedo respirar". Son 100 días que han sacudido a Estados Unidos.

https://www.youtube.com/watch?v=JUnc3kl0DcA

https://www.youtube.com/watch?v=GG8LcqR1kqw

https://www.youtube.com/watch?v=216QGXho0ro

Publicado enInternacional
Domingo, 28 Junio 2020 07:33

¿Un país, dos rumbos?

Mercado callejero en Wuhan, China / Foto: Afp, Str

Los mercados populares chinos y las desavenencias en el PCCH.

Los intentos de recuperación económica pospandemia prometen resaltar algunas discrepancias en la cúpula de la República Popular. Una diferencia de enfoque mayor entre el presidente y el primer ministro asoma tras la reciente polémica en torno a la venta callejera.

La estrategia de salida del complicado momento que vive China está en el origen de algunas discrepancias en el Partido Comunista de China (Pcch), discrepancias que recientemente han salido a la luz pública y que, más allá de su temática puntual, revelan un pulso de mayor alcance tras bambalinas. Que haya diferentes sensibilidades en un partido como el Pcch, con más de 90 millones de militantes, es lo natural. Lo realmente impropio es el monolitismo. Y, aunque es tradición no evocar públicamente las diferencias internas, el ninguneo hacia los discrepantes, en los últimos años, ha equiparado todo ejercicio de disenso con la abierta deslealtad.

XI vs LI. 

El segundo mandato del presidente Xi Jinping se ha complicado: las tensiones comerciales y tecnológicas con Estados Unidos, la crisis en Hong Kong y los problemas con Taiwán, y ahora la pandemia y sus graves consecuencias económicas y sociales dibujan un mapa pletórico de desafíos. El abandono progresivo de las enseñanzas del denguismo (por Deng Xiaoping, líder máximo entre 1978 y 1989) hace que algunos teman el resurgir actualizado de los tópicos del maoísmo que llevaron al país a un atolladero en los sesenta y los setenta. Lo cierto es que Xi, el artífice del “marxismo del siglo XXI”, en palabras del director de la Escuela Central del Partido, He Yiting, abandera hoy en China un giro nacionalista claramente alejado de cualquier coqueteo liberal.

Por su parte, el primer ministro Li Keqiang no ha renegado nunca de sus credenciales pragmáticas. Ya en la primavera de 2012 avaló el informe China 2030, elaborado por el Consejo de Estado en común acuerdo con el Banco Mundial, que apuntaba a una aceleración de la convergencia estructural con las economías occidentales, algo que aún no se ha producido. Probablemente a su pesar, en sus años de mandato la economía siguió claramente otro rumbo.

Las diferencias han emergido a propósito de algo que podríamos considerar de menor importancia: la venta ambulante. Temeroso del avance del desempleo, Li, en una reciente visita a la provincia de Shandong, dio alas a la recuperación flexible de los mercados populares. En los años noventa, durante la reestructuración económica impulsada por Zhu Rongji, los mercados populares sirvieron de amortiguadores de problemas sociales y actuaron como dinamizadores de la economía. Como alguien ha recordado estos días, Jack Ma, el fundador de Alibaba, dio allí sus primeros pasos.

Para Li, su recuperación devolvería cierta capacidad de iniciativa a la gente y aportaría un apoyo significativo a la labor que pudiera desarrollarse en los poderes públicos, siempre temerosos de la inestabilidad. Por tanto, las autoridades locales deberían facilitar el resurgir de estos mercados, que en los últimos años prácticamente han desaparecido, superados por el comercio online. Pero el entorno del presidente Xi ha reaccionado con críticas a este planteamiento de Li, quien se habría ido de lengua al reconocer en la clausura de las sesiones anuales del macroparlamento que unos 600 millones de chinos tenían una renta media de 1.000 yuanes mensuales (141 mil dólares), un dato que el Buró de Estadísticas matizó después señalando que en ese contingente se incluía a los jubilados.

Recientemente, el Beijing Daily condenó sin paliativos el resurgir de los mercadillos y desautorizó a viva voz al primer ministro, algo totalmente inusual. Otros medios, como la televisión central, se han hecho eco de estas críticas insinuando que se trata de un paso atrás. En los lugares donde se habían autorizado los mercados nocturnos, se echó de nuevo el cierre.

CON LA MIRA EN EL CONGRESO. 

Frente al reconocimiento de Li de lo precario de la situación y las dificultades para alcanzar los objetivos establecidos, el entorno de Xi cierra filas y destaca la capacidad para enfrentarlas apelando a las grandes virtudes del partido y el país. Se corre el riesgo de que, por necesidades políticas, se llegue a proclamar la consecución de la muy ansiada “sociedad modestamente acomodada” y de la erradicación de la pobreza, en un contexto frágil que restaría credibilidad al anuncio. El caso es que mientras que Li se antoja más cercano a las inquietudes de la población –como demostró cuando se personó en Wuhan al inicio de la crisis pandémica y dio su apoyo al personal sanitario mientras Xi permanecía bien seguro en la capital–, la retórica presidencial parece inclinarse más por responder en clave ideológica.

Paradójicamente, la defensa de Li de los vendedores ambulantes les trae a algunos el recuerdo de los “hornos traseros” alentados por Mao durante el Gran Salto Adelante para acelerar la marcha de la economía. Aquello salió fatal.1 La situación ahora no es la de 1958, claro está. Y, dicen sus defensores, esta opción puede compensar la caída del Pbi (6,8 por ciento en el primer trimestre). Claro que no convertirá a China en la vanguardia tecnológica mundial, como desea, pero podría ayudarle a ganar tiempo. Para Xi, sin embargo, esto equivale a “perder la cara” con respecto a sus ambiciosos proyectos centrados en el desarrollo industrial, las grandes infraestructuras y el 5G. Va en dirección opuesta a su sueño. Es verdad que hoy Xi tiene en sus manos toda la fuerza del aparato del partido y del Estado y que controla incluso áreas que con anterioridad formaron parte del ámbito del primer ministro.

Las autoridades locales, más apegadas al terreno, se inclinan por el sí a los mercados; los jefes del partido, por el no. Y ello se produce a escasas semanas del cónclave de Beidaihe, en el que los máximos dirigentes se reunirán de modo informal para seguir midiendo los respectivos apoyos de cara al decisivo congreso que vivirá el partido en 2022.

  1.   En 1958 Mao animó a los campesinos a producir acero en pequeños hornos de fundición situados al fondo de las comunas agrarias. Dada la falta de conocimientos técnicos, la mayor parte de lo producido resultó completamente inútil y el gobierno debió discontinuar esa política (N del E).

Por Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China

26 junio, 2020

.

Publicado enInternacional
Sábado, 27 Junio 2020 06:53

Imaginarios para salir del desastre

Fuentes: Revista Anfibia - Ilustración Pablo Redondo

Conversación entre Angela Davis y Naomi Klein

 

Angela Davis y Naomi Klein reflexionan sobre la oportunidad que la crisis del coronavirus representa para movimientos sociales e izquierdas. Cruzan las instantáneas del presente con otros momentos fundamentales de la historia. Vuelven a pensar otro mundo posible basado en menos represión, más activismo, imaginación y perspectiva feminista.

Naomi Klein y Angela Davis se encontraron en una charla virtual organizada por The Rising Majority: “Coronavirus y construcción de un movimiento opositor”. Hubo más de 200 mil personas escuchando el vivo, en todo el planeta, en todos los horarios e idiomas, pero con una visión de mundo compartida. Hablaron de la crisis global, de la pandemia, de los feminismos, de los trabajos imprescindibles, del racismo, de las personas privadas de su libertad. Atravesadas por el acontecimiento reflexionaron sobre los desafíos que se vienen para los activismos y para la izquierda internacional en un escenario que nos impone la necesidad de desafiar los límites de la imaginación de lo posible. 

Angela Davis es activista antirracista, anticapitalista e histórica referente de las luchas afro en los Estados Unidos a gravés de las Panteras Negras. Es autora de Género, raza y clase y ¿Son obsoletas las prisiones? Naomi Klein es activista anticapitalista y ecologista, cineasta y periodista. Escribió No Logo y La doctrina del Shock. Modera la conversación la activista Thenkiwe Mcharris. 

THENJIWE MCHARRIS: Esta conversación intenta poner en común visiones transformadoras y nos invita a hablar de los cambios estructurales que necesitamos. ¿Qué nos dice esta crisis sobre el fracaso del capitalismo y sobre el riesgo de que el sistema aplique sus propias soluciones para afrontar el desastre?

NAOMI KLEIN: Esta es una crisis creada por el capitalismo. La pandemia misma es una expresión de nuestra guerra contra la naturaleza, de las enfermedades que vienen desde “lo salvaje” a la esfera humana porque nos estamos metiendo en ese plano de lo salvaje cada vez más. Estamos viendo cómo esta enfermedad se inserta en los sistemas inmunológicos débiles. Pero si tomamos distancia y ampliamos la perspectiva, vemos que nuestro sistema económico, dispuesto y construido en base a la voluntad de sacrificar la vida en beneficio de las ganancias, generó las condiciones previas para que esta crisis sea todavía más profunda, debilitando nuestro sistema inmune colectivo y generando las condiciones para que el virus se desarrolle de forma desenfrenada.

Esto se expresa de muchas maneras: a tavés de los sistemas médicos privados, en la denigración del trabajo de cuidado -al no brindar los equipos de protección adecuados-, y en la denigración de los trabajos de servicio: las personas que producen y entregan alimentos son tratadas como desechables. Todo ésto hace que el virus esté fuera de control. 

Además, tenemos el capitalismo del desastre. Vemos lo mismo de siempre: frente a tanto dolor y necesidad, el oportunismo corporativo no se pregunta cómo aportar soluciones sino cómo puede enriquecerse aún más. Algunos ejemplos son las regulaciones ambientales suspendidas en China y en Estados Unidos en nombre de ayudar a la economía, y el impuesto a la regulación financiera. Esta declaración de intenciones impulsa crisis encubiertas, son ataques explícitos a nuestras democracias ya débiles. Entonces vemos a un Viktor Orban en Hungría, a Jair Bolsonaro en Brasil, a Benjamin Netanyahu en Israel, a Trump en Estados Unidos… Son lo mismo. Todos usan la autoridad para obtener mayor poder de vigilancia. 

ANGELA DAVIS: Al escucharte, Naomi, pienso en lo que pasa en Palestina, en lo que pasa en Siria y en Kurdistán, pienso en las poblaciones que están expuestas a situaciones de represión como respuesta fallida al Coronavirus.

THENJIWE MCHARRIS: Angela, durante años nos hablaste del sistema carcelario. ¿Podemos pensar la coyuntura desde una perspectiva abolicionista?

ANGELA DAVIS: Al analizar el impacto y los intentos para mitigar el virus, se pensó en la situación de las personas forzadas a mentenerse encerradas. Hubo preocupación por quienes quedaron confinados en cruceros. Pero deberían preocuparnos -y más, incluso- las personas que están en prisión o en centros de detención de inmigrantes. Acá, en Estados Unidos, las personas quedan detenidas por un período de uno a seis meses, no más de un año. Sin embargo, en este contexto, una sentencia de tres meses puede significar la pena de muerte. Aquí muchas organizaciones -Critical Resistance, No New Jails, All Of Us or None, Transgender Gender-Variant & Intersex Justice Project- piden la liberación de prisionerxs. En Estados Unidos hay 2.3 millones de personas tras las rejas. Pedimos, en particular, la liberación de lxs ancianxs. Y considerando que la cárcel acelera el envejecimiento, hablamos de mayores de 50. Las apelaciones también piden la liberación de lxs niñxs que están en institutos para menores. 

Estaba leyendo un artículo de Mike Davisis en la “Jacobin”, donde menciona a la “corona-crisis” como un monstruo alimentado por el capitalismo. Dice que esta pandemia expande el argumento de que el capitalismo global parece biológicamente no sustentable por la ausencia de una infraestructura de salud pública global. Y afirma: “Tal infraestructura nunca existirá si los movimientos sociales no quiebran el poder de las grandes farmacéuticas y del sistema de salud privado”. La mirada abolicionista nos obliga a pensar de manera amplia y a recordar, por ejemplo, a aquellxs que no tienen casa. Incluso si se lleva a cabo la descarcelación de la cantidad de personas tras las rejas, muchxs sólo tendrán las calles como un lugar para refugiarse. Por lo tanto, también tenemos que pensar en el acceso a la vivienda y al alimento. Si Irán pudo liberar a 70 mil prisionerxs, es decir, un tercio de su población de detenidxs, los Estados Unidos deberían poder hacer lo mismo.

THENJIWE MCHARRIS: Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo saber qué es posible transformar? ¿Cuánto más tenemos que involucrarnos? 

NAOMI KLEIN: Se necesita de un gran compromiso. Recién estamos en la primera etapa de esta tremenda crisis. Una vez que reconocemos que estamos en una emergencia, el gran compromiso es posible. Ahora, por ejemplo: todos los que estamos compartiendo esta conversación seguramente pasamos nuestras vidas tratando de convencer al mundo de que el status quo nos llevaba al desastre. Estados Unidos no vio esta pandemia como una crisis. Lo dijo FOX News: que las personas mayores y las enfermas debían morir en silencio, en nombre del mercado. La única razón por la que ha habido una movilización de esta escala tiene que ver con los viajes geográficos que hizo virus, y que antes de golpear a Estados Unidos golpeó a sociedades con un tejido social más fuerte. Entonces tuvimos presidentes como el de China, y algunos del sur de Europa, que clausuraron sus economías para salvar vidas, y ésto venció las medidas de Trump que de alguna manera se vio obligado a tomar decisiones similares. La crisis abre el sentido de lo que es posible. 

Cuando escribí Doctrina del Shock, cité a Milton Friedman: “Solo un procedimiento real de crisis produce un cambio real, y cuando ocurre la crisis depende de las ideas que están por ahí”. Milton Friedman estaba enfocado en tener una infraestructura intelectual de preparación para desastres para la derecha, para las corporaciones, porque entendió que cuando el capitalismo produce su propia crisis y las injusticias del sistema quedan al descubierto, como sucedió durante la Gran Depresión, la izquierda tiene una gran oportunidad. Milton Friedman escribió una carta a Pinochet en los ´70, y le dijo: “Todo salió mal en su país, como en el mío en la década de 30, cuando la gente tuvo la idea de que podían hacer cosas buenas con el dinero de otras personas”. Entonces, en otras palabras, toda la estrategia que están desplegando para moverse tan rápido ante una crisis, para impulsar su lista de deseos es porque tienen miedo de que impulsemos la nuestra, tienen miedo de que exijamos exactamente aquello de lo que Angela ha estado hablando. Que vaciemos las cárceles, que exijamos casas para todxs, que digamos: “Esperá un minuto. ¿Ganaste 6 trillones de dólares? Podríamos tener un buen comienzo de un nuevo acuerdo verde con ese dinero”. Quiero decir, si podés pagarle a la gente para que se quede en casa, podés pagarle a la gente para que se vuelva a entrenar fuera del sector de los combustibles fósiles. Si las corporaciones están de rodillas pidiendo rescates, los sectores más contaminantes del planeta, compañías petroleras, compañías de gas, aerolíneas, compañías automotrices, de cruceros, significa que podemos tomar posesión de estos sectores, podemos bajarles un cambio si están en guerra con la vida en la tierra, podemos cuidar a sus trabajadores. Lo que necesitamos, para citar a mis colegas de The Leap, que es una organización que co-fundé, es patear puertas, abrirlas a la posibilidad radical tan a lo ancho y a lo largo como sea posible. 

En esta crisis nos encuentra en una mejor posición que la de 2008, cuando la economía mundial colapsó y teníamos claro que nos veíamos obligados a pagar para salvar a los banqueros. Ocupamos las plazas y dijimos: “¡No!”. Pero en ese momento no impulsamos nuestras alternativas radicales con el coraje y con la fuerza suficiente. Esto es lo que debemos hacer ahora. Estoy tan inspirada por los trabajadorxs de Amazon, Hole Foods, Instacard, GI y los enfermeros. Todos son trabajadores de la primera línea pero su trabajo es denigrado y, literalmente, tienen que usar bolsas de basura para protegerse del virus. Es que así es como el capitalismo los ve, como basura. Pero ellos están de pie: “No, no somos basura. Nosotros sostenemos al mundo”. Esa es la energía que necesitamos para construir. Tenemos que ejercitar nuestro derecho a parar, a retener esa fuerza de trabajo. Necesitamos abrir la puerta de una patada, ¡y mantenerla abierta! 

THENJIWE MCHARRIS: Debemos ser audaces y tener confianza pero también expandir la ronda de posibilidades en nuestra imaginación. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia un mayor nivel de demandas?

NAOMI KLEIN: Es una carrera contra el tiempo porque todavía no vimos sus peores ideas. La gente en Gaza nos dice que son un laboratorio para el resto del mundo. Hoy, en Bombay, fueron diagnosticados los primeros casos de Corona, en un barrio marginal. Eso es preocupante por lo que dice Ángela sobre la imposibilidad de las personas para aislarse cuando no tiene dónde hacerlo. ¿Qué respuesta da un estado carcelario? Sella el barrio pobre, lo convierte en Gaza. Salvo que estemos ahí diciendo: “¡No! Todos tienen derecho a una casa, hay muchos hoteles vacíos”. Creo que veremos peores instantáneas que las que estamos viendo ahora.

THENJIWE MCHARRIS: Y vos, Angela, ¿qué crees que esta crisis nos está pidiendo? 

ANGELA DAVIS: Estoy de acuerdo con Naomi: tenemos que pensar en las similitudes entre la década del 30 y ahora. Muchas personas se dan cuenta que el capitalismo no está preparado para responder a las necesidades de la gente y de otros seres de este planeta. El capitalismo global es responsable de la imposibilidad para abordar esta pandemia. También es responsable del gran número de personas en prisión, del alto costo de la atención médica, la vivienda y la educación. Las personas hoy tenemos la capacidad de darnos cuenta de que no tenía por qué ser así.

La crisis revela la naturaleza del capitalismo racial, el racismo dirigido contra asiático-estadounidenses, por seguir el ejemplo de… ¿cómo se llama el actual ocupante de la Casa Blanca? Estamos reconociendo y tenemos la capacidad de organizarnos contra el racismo de las instituciones, el racismo cotidiano. Y tenemos la capacidad de generar organización feminista, lo que podríamos llamar la organización feminista abolicionista, porque todas estas son cuestiones feministas. El racismo es una cuestión feminista, la falta de vivienda es una cuestión feminista, la abolición de las cárceles es una cuestión feminista. También deberíamos considerar que muchas de las personas que están en el centro de esta crisis, en la primera línea, son mujeres. Y quiero decir una cosa sobre la violencia de género y el abuso infantil: muchas mujeres están siendo forzadas a pasar las 24 horas del día con sus abusadores, siendo incapaces de conectarse con aquellos que han sido sus cuerdas de salvataje.

Deberíamos aprovechar ésto como una oportunidad para generar el tipo de organización que resalte el sentido de la necesidad de solidaridad internacional, y que tenga la capacidad de sacarnos de nuestro adormecimiento, de reconocer que podemos aceptar liderazgos de personas que se organizan en otras partes del mundo. 

(…)

NAOMI KLEIN: Mucho de lo que sé sobre el poder transformador de una crisis lo aprendí viviendo en Argentina, luego de la crisis económica del 2001, cuando tuvieron cinco presidentes en tres semanas y todo colapsó y la gente comenzó a construir algo nuevo en la multitud.  Una de las cosas que presencié y que realmente me cambió fue el movimiento de las fábricas que, siendo abandonadas por sus dueños, eran transformadas en cooperativas de trabajo. Eso es lo que reivindico cuando hablo de solidaridad internacional. También valoro lo que tenemos para aprender del movimiento por la soberanía alimentaria. 

También, hoy hay un nivel de organización digital increíble. Tenemos que defender también el derecho a tener internet, es un bien de uso público pero ahora está en manos de unas pocas grandes corporaciones. Cuando hablamos de respuestas represivas y autoritarias a la crisis eso incluye la capacidad de acallarnos cuando nos organizamos en plataformas de las corporaciones. Luchamos por derechos digitales reales como parte de la transformación que necesitamos. 

Recordemos un par de cosas de las que muchxs de nosotrxs nos estamos dando cuenta. Uno: nos extrañamos, aunque pasamos mucho tiempo frente a las pantallas. Cuando ésto pase, me gustaría pasar más tiempo en comunidad y construir una economía que valore, que eleve y que esté enraizada en la necesidad de cuidarnos entre todxs y cuidar el planeta. Es posible hacerlo, serán necesarias todas las herramientas que hemos mencionado, las huelgas de alquileres, las huelgas de deudas, tal vez incluso una huelga general. No creo que tenga un hashtag, así que tendremos que encontrar formas de organización que Silicon Valley no nos haya traído. Una de las cosas que más difíciles de esta crisis es tener un hijo de siete años y enseñarle a temer a la gente porque todxs tienen gérmenes, y eso es lo contrario a lo que trato de enseñarle.

Por Lucía Sbriller, Solana de la Torre | 27/06/2020 

Fuente: http://revistaanfibia.com/ensayo/imaginarios-salir-del-desastre/

Publicado enSociedad
Un orden mundial golpeado por la crisis de covid-19

Tras varios meses desde el inicio de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, todavía hoy existen muchas dudas sobre su comportamiento, su persistencia en el ambiente o si será o no estacional.

Otra pregunta es si se darán olas sucesivas de brotes epidemiológicos a lo largo de los próximos meses, como se están viendo aparecer en varios países como Singapur, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Alemania o, en China, específicamente en la capital Beijing, que ya ha ordenado estrictas medidas de contención para evitar su propagación, después de que la vida hubiera vuelto prácticamente a la normalidad desde hacía varias semanas. Tampoco se conocen las secuelas a largo plazo que puede dejar en el organismo de las personas infectadas y si la inmunidad adquirida a través del contagio permanecerá en el tiempo. Es también una incógnita saber cuándo aparecerá en el mercado una vacuna lo suficientemente eficaz y de precio asequible que se pueda fabricar masivamente para inmunizar a la población de manera que desaparezca el miedo a nuevos rebrotes epidémicos. Lo que sí queda claro es que la pandemia de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, se ha extendido por el mundo entero y está generando no sólo una crisis sanitaria de gran envergadura, sino también una crisis económica sin precedentes y otra de tipo geopolítico de consecuencias geoestratégicas.

La caótica respuesta global a la pandemia de coronavirus y la vacilación de la cooperación mundial han puesto a prueba el orden internacional. La mayoría de las naciones se han replegado sobre sí mismas, han fallado en la colaboración con otros países y han marginado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones multilaterales. La existencia de estos organismos no ha impedido que la mayoría de los estados hayan adoptado un enfoque unilateral, optando por posturas nacionalistas y populistas que han debilitado el apoyo público al internacionalismo liberal. El resultado ha sido una falta casi total de coherencia política global. En un sistema internacional basado en normas, las instituciones multilaterales son fundamentales para su funcionamiento, aunque, en este caso, parecen haber fracasado. Sin embargo, las instituciones internacionales no actúan de manera autónoma, sino que deben ser articuladas e impulsadas por sus estados miembros, que siguen siendo los que verdaderamente las gobiernan. La débil cooperación internacional es una elección, no una inevitabilidad ya que las instituciones multilaterales son lo que los estados y sus líderes hacen de ellas.

Un orden mundial estable es algo excepcional. Como indica Richard Haass, cuando uno surge tiende a aparecer después de una gran convulsión que crea tanto las condiciones como el deseo de algo nuevo. Requiere de una distribución estable del poder y de una amplia aceptación de las normas que rigen las relaciones internacionales. También necesita de una política hábil, ya que un orden no nace, se hace. No importa cuán maduras sean las condiciones de partida o fuerte el deseo inicial, mantenerlo exige de una diplomacia creativa, instituciones que funcionen y acciones efectivas para ajustarlo cuando las circunstancias cambian y reforzarlo cuando surgen desafíos. Y todos tienen sus fases de crecimiento, culmen, declive y ruptura final. Lo que está desapareciendo en realidad no es un orden internacional en singular, sino dos sistemas que coexistieron durante la mayor parte de la Guerra Fría: el construido alrededor de la bipolaridad EEUU-URSS, basado en un equilibrio militar y en la disuasión nuclear y otro, denominado liberal, controlado por las principales democracias occidentales y que se fortaleció durante el momento unipolar de la hegemonía estadounidense. Hoy ambos sistemas están desmontándose y en este proceso influyen tanto el resurgimiento de China como el ascenso de algunas potencias medias y de actores no estatales, el incremento de gobiernos y movimientos iliberales que ven al orden liberal como una amenaza a su autonomía y supervivencia, el cambio del contexto político y tecnológico, la falta de liderazgo o el fracaso de las instituciones y el intervencionismo equivocado.

En los meses transcurridos desde la aparición de la COVID-19, los analistas han diferido sobre el tipo de mundo que la pandemia dejará a su paso. Muchos argumentan que el mundo en el que estamos entrando será diferente del que existía antes; otros predicen que la pandemia provocará un nuevo orden mundial liderado por China; otros, por el contrario, creen que provocará la desaparición del liderazgo de dicho país. Algunos dicen que terminará con la globalización; otros esperan que marque el comienzo de una nueva era de cooperación global. Otros consideran que, a pesar de los mejores esfuerzos de Beijing y Washington, lo más probable es que China y EEUU salgan de esta crisis significativamente disminuidos y no surgirá una nueva Pax Sinica ni una renovada Pax Americana, sino que ambos poderes se debilitarán, en una deriva lenta pero constante hacia la anarquía internacional. Piensan que, sin un liderazgo mundial claro, en lugar del orden y la cooperación está tomando forma un nacionalismo desenfrenado que socavará el libre comercio y que conducirá a un cambio de régimen en diversos países. También están los que piensan que el mundo tras la pandemia no será tan distinto al que teníamos, no modificará la dirección por la que caminaba la historia mundial, sino que, más bien, la acelerará. Otros, en una visión realista de las Relaciones Internacionales, consideran que están moviéndose hacia la siguiente era global, la de la competencia y enfrentamiento entre las grandes potencias. Washington se estaría preparando para una lucha prolongada por el dominio de China, Rusia y otras potencias rivales. Este mundo fracturado ofrecerá poco espacio para el multilateralismo y la cooperación y surgirán los problemas de la anarquía: luchas hegemónicas, transiciones de poder, competencia por la seguridad, esferas de influencia y nacionalismo reaccionario. Pero este futuro no es inevitable, y ciertamente no es deseable ya que, según G. John Ikenberry, destruiría lo que queda de las instituciones globales en las que los gobiernos confían para abordar problemas comunes. Las democracias liberales descenderían aún más a la desunión y, por lo tanto, perderían su capacidad de dar forma a las reglas y normas globales y el mundo que surgiría del otro lado sería menos amigable con los valores occidentales como la apertura, el estado de derecho, los derechos humanos y la democracia liberal.

El poder económico y militar de China ha crecido en las últimas dos décadas junto a un deseo incrementado de influir fuera de sus fronteras de acuerdo con su ascenso como potencia global. En una dinámica de poder de transición clásica, China busca un papel más importante en el mundo, mientras que Estados Unidos lo abandona voluntariamente o, involuntariamente. El poder militar y económico de EEUU, punto de apoyo geopolítico sobre el que descansaba el orden internacional liberal, estaba ya siendo desafiado por China antes de la pandemia, tanto a nivel regional como global. Pero también por la propia administración Trump que, según el manifiesto firmado por un amplio grupo de expertos en Relaciones Internacionales estadounidenses, afirman estar alarmados por esos ataques del presidente a las instituciones internacionales y consideran que el sistema debería reformarse, pero no destruirse. Piensan que el orden global ciertamente necesita grandes cambios pero que las instituciones son mucho más difíciles de construir que de destruir y casi nadie se beneficiaría de un descenso al caos de un mundo sin instituciones efectivas que fomenten y organicen la cooperación. Los EEUU han sido incapaces de asentar su legitimidad y credibilidad ética, sus adversarios de ayer han vuelto a ser sus adversarios hoy, y sus aliados de ayer están desconcertados y no se sienten ya realmente aliados suyos. El gobierno de Trump se sumó a los problemas del orden al debilitar la estructura de sus aliados y deslegitimar sistemáticamente las instituciones multilaterales, un fracaso patente que no parece fácil de remediar, creando un vacío político y diplomático que China puede llenar. Ciertamente, el resultado ha sido un mundo cada vez más disfuncional y caótico. Es probable que la crisis actual refuerce tales tendencias. La rivalidad estratégica ahora definirá todo el espectro de la relación entre Estados Unidos y China, tanto a nivel militar, como económico, financiero, tecnológico e ideológico y configurará cada vez más las relaciones de Pekín y Washington con terceros países.

La salud pública mundial, aislada durante mucho tiempo de la rivalidad geopolítica y la demagogia nacionalista, se ha convertido de repente en un terreno de combate político, paralizando la respuesta del mundo a la pandemia. Se está criticando con severidad a China por su tardía respuesta a la hora de avisar al resto del mundo de la existencia del nuevo coronavirus y, también, por falsear los datos de contagio y fallecimientos. Sin pretender añadir o quitar responsabilidades, que hay que dirimir, es necesario analizar también cuántos otros países, y en contra de la evidencia científica, han minusvalorado la capacidad de contagio del virus cuando ya existían pruebas más que suficientes de su elevada tasa de transmisión y letalidad; cuántos gobiernos no han tomado las medidas pertinentes en el momento adecuado y han declarado en los medios de comunicación que no iba a tener esos efectos tan perniciosos en sus respectivos países, como si existieran barreras a la expansión de un virus. No son todos los que no han actuado con responsabilidad y eficacia, pero sin ser demasiado exhaustivos repasando un caso tras otro, basta con observar nuestro propio país que, mediante grandes dosis de desinformación cuando ya habían casos de contagio, permitió eventos sociales de diferente tipo que implicaban la acumulación de muchedumbres en un momento en el que el virus ya se había extendido a otros países como Corea del Sur, Singapur o bien Italia, país vecino, donde estaba causando estragos y se conocían los datos alarmantes. China tuvo que enfrentarse a la aparición de un virus desconocido y establecer las pautas de contención y tratamiento, otros países, sin embargo, ya tuvieron la información por adelantado, pero no actuaron correctamente. Con 60 decesos por cada 100.000 habitantes, España se encuentra en el tercer puesto de los países con más muertos por coronavirus por número de habitantes y sólo después de que el Ministerio de Sanidad revisara la serie histórica y rebajara el número de fallecidos. Son sólo los contabilizados oficialmente, pero otros análisis, como los realizados por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, llegan a la conclusión de que existe un 42% más que no aparecen en las estadísticas. Es difícil elevar una crítica a otros países con estos elementos sobre la mesa sin entonar el mea culpa.

La incompetencia de la respuesta ante la pandemia dada por EEUU, país con el número de contagios y fallecidos más elevado del mundo hoy, ha dañado su reputación, su poder blando. China, por otro lado, brindó ayuda, e inició una vigorosa propaganda, la “diplomacia de mascarilla”, en un intento de convertir la narrativa de sus errores iniciales en una respuesta positiva a la pandemia. Sin embargo, gran parte del esfuerzo de Beijing para restaurar su soft-power ha sido tratado con escepticismo en Europa y en otros lugares. En palabras de Joseph S. Nye, esto se debe a que “el poder blando se basa en la atracción” y “la mejor propaganda no es propaganda”. La narrativa imperante se basa en las reticencias que causa el ascenso de China y la posibilidad de que pueda inclinar el equilibrio de poder mundial a su favor y la desconfianza que genera su sistema político y su asertividad.
La pandemia y la respuesta a la misma parecen estar revelando y reforzando las características fundamentales de la geopolítica actual y mostrando sus vulnerabilidades. Los efectos de la pandemia han empezado a hacer más visible ciertos agentes de cambio a nivel geopolítico, fundamentales e interconectados, que ya estaban presentes antes de la pandemia como la regionalización y relocalización, produciendo el regreso de empresas y medios de producción a los países de origen desde China y otros países asiáticos para asegurar la cercanía y acceso de los bienes considerados estratégicos, evitando una dependencia crítica de otros estados. También se está favoreciendo el desacoplamiento, con el fin de separar a China del acceso a la tecnología occidental y cambiar a su favor el flujo global de mercancías y financiación. Pero estos comportamientos están creando una fractura interna en el bloque occidental, debido a que no todos los países están de acuerdo en conceder la exclusiva a Washington ya que, a causa de su actual comportamiento aislacionista e impredecible, no aseguraría su compromiso de protección y, sin embargo, le proporcionaría una herramienta más de presión y control sobre sus aliados y socios. Hasta cierto punto, esto es el resultado de lo que Fareed Zakaria describió como “el ascenso del resto”, como consecuencia de una disminución en la ventaja relativa de los Estados Unidos a pesar de que su fuerza económica y militar absoluta hubiera continuado creciendo. Pero es también algo más, ya que es el resultado de la vacilación de la voluntad estadounidense en la estrategia de cooperación con otros países, y no una disminución de su verdadera capacidad.

La crisis parece haber destruido gran parte de lo que quedaba de la relación entre EEUU y China. En Washington, cualquier retorno a un mundo de “compromiso estratégico” anterior a 2017 con Beijing ya no es políticamente sostenible. Un segundo mandato de Trump significará un mayor desacoplamiento y posiblemente un intento de contención y, si ganara las elecciones el candidato demócrata Joe Biden, tampoco parece que existirán grandes modificaciones en la situación ya que los sentimientos anti-China están enraizados ya en ambos partidos. Estados Unidos parece surgir de este período como una organización política más dividida en lugar de una más unida, como normalmente sería el caso después de una crisis nacional de esta magnitud. Como indica el politólogo estadounidense Graham Allison, la mayor amenaza para la posición de Estados Unidos en el mundo se encuentra en los fracasos del propio sistema político estadounidense. “El desafío decisivo para los estadounidenses de hoy es nada menos que reconstruir una democracia que funcione dentro de sus fronteras”. Esta fractura continua del establecimiento político estadounidense agrega una restricción adicional al liderazgo global de los EEUU que facilitaría el ascenso a la posición de liderazgo de China, pudiéndose entrar en la trampa de Tucídides que provocaría que la relación entre ambos países se volviera aún más conflictiva.

Al igual que con otros puntos de inflexión históricos, tres factores darán forma al futuro del orden global: cambios en la fuerza militar y económica relativa de las grandes potencias, cómo se percibirán esos cambios en todo el mundo y qué estrategias desplegarán las grandes potencias. En base a los tres factores, China y Estados Unidos tienen motivos para preocuparse por su influencia global en el mundo post-pandemia. La caída en picado de los índices económicos mundiales durante el confinamiento ha convencido a Estados y organizaciones internacionales de que la crisis económica será difícil y posiblemente duradera. Se está recuperando la figura del Estado como actor económico incluso en los países más liberales que están interviniendo con importantes planes económicos imprescindibles para proporcionar el impulso inicial que permita reactivar las economías nacionales. La pandemia también ha hecho más visible el ascenso tecnológico de China, y tanto su soft-power como la geopolítica de la tecnología podrían reforzar la imagen internacional de China, e incluso impulsar el cambio en la estructura de poder global imperante.

Es demasiado pronto para predecir cuándo y cómo terminará la crisis, ya que dependerá del grado en que las personas sigan las pautas de distanciamiento social y la higiene recomendada, la frecuencia e intensidad de los rebrotes epidémicos, la disponibilidad de pruebas rápidas, precisas y asequibles, medicamentos antivirales y una vacuna eficaz y fácil de obtener, así como del alcance del alivio económico proporcionado a individuos y empresas. Pero otros factores también intervendrán, añadiendo complejidad al análisis. La recuperación económica jugará un importante papel en el reposicionamiento de cada una de las grandes potencias y en el desplazamiento de los equilibrios de poder geopolíticos. Aquellas potencias que salgan de la pandemia con graves problemas económicos verán reducidas de manera drástica sus opciones estratégicas. Así, China estaría, en principio, mejor situada que EEUU, ya que ha salido de la pandemia con antelación y relativamente intacta, pero la intensificación de la regionalización y la desvinculación de los mercados más importantes del mundo, Europa y EEUU, le afectarán negativamente. A Estados Unidos, por su parte, le falta el deseo y sigue insistiendo en su política de “América primero”, un Trumpismo que se entiende mejor como un movimiento en contra del orden establecido de alcance transnacional.

El orden mundial ha sido golpeado en sus cimientos y, si la crisis actual hace que se llegue a la conclusión de que el multilateralismo está condenado y los políticos se convencen de la necesidad de provocar su desaparición, se estará preparando a la humanidad para calamidades aún más costosas. Si la crisis, en cambio, sirve como llamada de atención, como estímulo para hacer reformas e invertir en un sistema multilateral más efectivo, el mundo estará mucho mejor preparado cuando llegue la próxima crisis mundial.

El mundo que surgirá de la crisis posiblemente será todavía reconocible. Una disminución del liderazgo estadounidense, la potenciación del liderazgo chino, una cooperación mundial vacilante y discordia entre las grandes potencias, el desacoplamiento estratégico, el nacionalismo, la fragmentación y el colapso del orden global. Todo esto caracterizaba ya el entorno internacional antes de la aparición de la COVID-19, pero la pandemia los ha exacerbado y se convertirán en características aún más destacadas del mundo que está por venir. Pero aportando una pizca de optimismo, la pandemia también ofrece la oportunidad de revertir este curso y optar por un camino diferente: un esfuerzo de última oportunidad de ajuste y reforma para reclamar un proyecto que reconstruya un orden abierto, inclusivo y multilateral.

Por Rosa María Rodrigo Calvo | 23/06/2020

Por Rosa María Rodrigo Calvo es Licenciada en Estudios de Asia oriental y Máster en China Contemporánea y Relaciones Internacionales.

Publicado enInternacional
Desregulación, ayudas a multinacionales y récord de milmillonarios: las recetas de Trump para la pandemia

La administración Trump ha centrado los paquetes millonarios de rescate por la covid19 en las multinacionales y ha aprovechado la pandemia para desregular sectores como el energético. Mientras que 45 millones de personas han perdido su empleo en la pandemia, los milmillonarios han incrementado sus fortunas un 20%.

 

Donald Trump declaró el estado de emergencia ante la expansión del coronavirus en Estados Unidos el 13 de marzo. En estos 99 días, el paro (en cifras testimoniales en febrero) ha contagiado a 45 millones de personas y 120.000 estadounidenses han fallecido a causa de la covid-19. Entretanto, los milmillonarios han aumentado su fortuna en 584.000 millones de dólares (un 20% más) mientras que 29 nuevos nombres se han añadido a la lista, que pasa a tener 643 miembros.

Junto a esto, la administración Trump ha aprobado sotto voce reformas legales para desregular sectores como el energético o el industrial o atacar los derechos de los transexuales, y ha aprobado tres paquetes de ayudas dotados con más de dos billones de dólares (prepara un tercero de 3 billones), una cuantía que ha sido orientada hacia las grandes corporaciones en vez de a las familias y las pymes, en virtud de la vieja fórmula de Ronald Reagan: alimentemos las grandes bocas y que los pajarillos se coman las migajas. Varias organizaciones vinculan esta gestión política al hecho de que al menos siete ministerios clave de la administración Trump están en manos de exmiembros o antiguos lobistas de grandes corporaciones, que ahora hacen caja con la crisis.

Así lo denuncia Public Citizen, una organización con sede en Washington que investiga la labor de los lobbies y sus relaciones con el gobierno. El Departamento del Tesoro, clave en la gestión de los paquetes de ayuda por la covid-19, está en manos de Steven Mnuchin, que viene de Goldman Sachs; Comercio lo dirige Wilbur Ross, un banquero millonario con inversiones en las industrias textil, del carbón, el acero o la automoción; al frente de Salud está Diane Foley, exejecutiva de la industria farmacéutica y opuesta al derecho al aborto; el director de la Agencia de Protección Ambiental es Andrew Wheeler, un exlobista del carbón; Interior lo dirige Michaela Noble, exlobista del sector petrolero; Defensa, el general Mark Esper, que lo fue de Raytheon, una de las firmas contratistas de defensa militares más grandes de Estados Unidos; y la Comisión Federal de Comunicaciones la dirige el exabogado de Verizon Ajit Pai, defensor a ultranza de la desregulación.

Prácticamente todos ellos han estado envueltos en polémica en las últimas semanas. El caso más sonado ha rodeado a Mnuchin, al frente del Tesoro. Éste se ha negado ante el Congreso a dar la información de cómo se estaban repartiendo las cuantiosas ayudas públicas fijadas en los paquetes de emergencia de la covid-19. Las dudas se centran especialmente en los 700.000 millones de dólares supuestamente destinados a las pymes y que muchas asociaciones de empresarios dicen que no se están recibiendo. Mnuchin alegó ante el Congreso que no puede dar esa información porque, dijo, es "de los dueños" y "confidencial". Se ha ganado con eso una demanda del Centro para la Integridad Pública, una ONG que investiga "la democracia, los privilegios y el poder", según se autodefinen en su página web.

El gobierno está gastando miles de millones de dólares para afrontar el impacto económico de esta crisis y el público merece saber quiénes se están beneficiando de esas ayudas y quiénes no, puesto que la pandemia amenaza con empeorar la desigualdad de Estados Unidos", explica en un comunicado la directora de esta organización, Susan Smith Richardson, que denuncia que "el programa de cheques de ayuda se previó para ofrecer préstamos cancelables a pymes de menos de 500 empleados, sin embargo, varias compañías grandes, como Shake Shack y Ruth's Chris Steak House, han revelado que han recibido millones de dólares bajo ese programa mientras que numerosas pymes no lo han hecho".

Entretanto, cubriéndose con el espesor de la crisis del coronavirus, la administración Trump ha seguido desmontando la legislación ambiental, que está dejando al país con la estructura normativa que tenía incluso mucho antes de la era Obama. Según la cadena de radios públicas NPR, en las últimas semanas se han eliminado las regulaciones que afectaban a la eficiencia de los combustibles fósiles en coches y camiones, sobre contaminación del aire por la actividad de las centrales de energía y sobre la contaminación de aguas, y se están expandiendo las actividades de fracking en Alaska, todo ello con el visto bueno de la Agencia de Protección Ambiental y otros departamentos vinculados.

En Estados Unidos la Constitución no reconoce la salud como derecho fundamental, de manera que el acceso a la sanidad se realiza de manera general a través del contrato de trabajo, una de cuyas condiciones, además del salario, es el vínculo con una póliza médica privada. Pero con la crisis del coronavirus hay ya 45 millones de parados (y subiendo) en el país, de los que más de 25 millones habrían perdido su cobertura; éstos se suman a los más de 80 millones que o no tenían cobertura o la tenían muy mala. Ante esta situación, frente a la propuesta del senador Bernie Sanders de lanzar un plan de emergencia para implantar una sanidad gratuita y universal mientras dure la pandemia, el gobierno de Trump optó por repartir ayudas millonarias entre los hospitales y el sector de salud privado con el argumento de que es un sector esencial que no puede quebrar.

El resultado ha sido que estas empresas están llenando sus arcas al tiempo que a millones de estadounidenses se les limita el acceso a la salud en una situación crítica como la actual. El grupo United Health, la primera aseguradora médica del país, hizo en abril balance del primer trimestre del año: obtuvo 164 millones de dólares en beneficios, un 3,4% más que en el mismo período de 2019. La compañía admitió que la pandemia de la covid-19 está teniendo un "impacto mínimo" en sus objetivos y, de hecho, afirmó que el grupo "mantiene sus perspectivas de ganancias […] para todo el año en 2020".

En la misma línea, Public Citizen advierte en un comunicado de que "después de recibir un rescate de mil millones de dólares de fondos federales, la Corporación Estadounidense de Hospitales (HCA Healthcare, en inglés) está despidiendo o recortando el sueldo de decenas de miles de médicos y enfermeros mientras que su director general está perdiendo menos del 1 por ciento de su compensación anual". La HCA obtuvo 7.000 millones de dólares en beneficios en los últimos dos años.

No sólo la administración Trump está atacando y desreglando sectores productivos con la excusa o bajo la espesa crisis de la covid-19, también está haciendo lo mismo con la legislación que afecta a asuntos ideológicos. El último zarpazo llegó a finales de la semana pasada, cuando el gobierno liderado por el magnate neoyorkino desmanteló las políticas de Obama que prohibían a las compañías de seguros médicos privadas discriminar a los pacientes transgéneros y a las mujeres que buscaban abortos. Según el medio Político, la Casa Blanca trabajaba con denuedo a finales de abril en esta medida, justo cuando Estados Unidos sumaba cada día 30.000 nuevas infecciones por coronavirus.

En cuanto al nuevo paquete de ayudas, éste fue ya aprobado por la Cámara de los Diputados, de mayoría demócrata, el 15 de mayo, pero el Senado, cámara que controlan los republicanos, aún no han fijado la fecha de su debate y votación. La propuesta aprobada por la cámara baja fijó una dotación inicial de tres billones de dólares, pero los republicanos en el Senado quieren dejarlo en un billón, mientras que Trump apuesta por dos. En cualquier caso, el paquete salió de la Cámara de los Diputados lastrado por el voto en contra de más de una docena de demócratas progresistas, entre ellos, Pramila Jayapal, la promotora en esa cámara de el proyecto de sanidad pública gratuita y universal, que Bernie Sanders lidera en el Senado.

Jayapal explicó entonces en un comunicado que ese paquete de ayudas "no proporciona el suficiente alivio económico a las empresas, sobre todo las pymes, ni mantiene a los trabajadores en sus puestos de trabajo ni garantiza las nóminas. No podemos esperar a que la tasa de desempleo suba al 40% o 50%, lo que sucederá si no actuamos con audacia. Este es el nivel más alto de desempleo que hemos visto desde la Gran Depresión".

Además, la congresista denunció que el paquete de ayudas "tampoco garantiza una atención sanitaria asequible y accesible para todos. Más de 27 millones de personas han perdido su seguro médico porque perdieron su trabajo y se suman a los 87 millones de personas que ya estaban sin seguro o con seguro insuficiente. Ahora, más que nunca, la gente necesita saber que su acceso a la atención médica está garantizado". Si la propuesta ha salido así de una cámara demócrata no parece probable que los republicanos del Senado o la administración Trump vayan a mejorar mucho el enfoque hacia el sentido reclamado por Jayapal y el sector progresista demócrata.

Así que la red de seguridad social de los paquetes de ayudas se ha puesto, pero fundamentalmente por arriba, donde hacen negocio las grandes bocas de Reagan. Según el Instituto de Estudios sobre Políticas, los milmillonarios de Estados Unidos (aquéllos cuyas fortunas superan los mil millones de dólares) han incrementado su riqueza un 20% desde que empezó la pandemia; esto es, han acumulado 584.000 millones de dólares más. Ajenos a cualquier crisis, desde el 18 de marzo se han añadido a la lista de milmillonarios 29 nombres nuevos y ya componen ese club 643 nombres. Sus fortunas acumulan un total de 3,5 billones de dólares, es decir, siete veces el presupuesto de gasto de España de 2019.

Washington

22/06/2020 07:45 Actualizado: 22/06/2020 09:07

Por Manuel Ruiz Rico

Publicado enInternacional
El impuesto a los ricos como sentido común

Un fantasma recorre América Latina en forma de nuevo sentido común de época: los superricos deben aportar una parte de sus colosales recursos para afrontar la crítica situación económica y social que vivimos. Se trata de un consenso emergente nacido en medio de esta pandemia y que ha tomado forma de iniciativa tributaria en muchos países. Con gran variedad de términos y con especificidades legales propias de cada país, esta propuesta de política pública cuenta hoy en día con gran aceptación en la región.

En Chile, el impuesto a los más altos patrimonios es una iniciativa del Partido Comunista, y ya ha sido aprobada en el Congreso; en Argentina, se viene discutiendo desde hace semanas la propuesta del Frente de Todos del impuesto a las grandes fortunas, y está a las puertas de entrar a debate en la Cámara legislativa; en México, el subsecretario de América Latina ha propuesto públicamente una contribución extraordinaria que afectaría a los grandes patrimonios; también ha aparecido en Brasil como iniciativa en el Senado por parte del Partido de los Trabajadores; en Perú, se ha presentado como proyecto de ley en el Congreso; en Bolivia, lo ha expuesto el candidato presidencial por el MAS, Luis Arce.

Lo interesante de este fenómeno regional es que no está disociado de lo que piensa la gente. Es decir, no son propuestas legislativas sin base ciudadana. Y es por ello que tienen mayor fuerza y posibilidades para que sean plenamente implementadas.

Si observamos las tres últimas encuestas realizadas por el Celag en los pasados dos meses, en Argentina, Chile y México existe un gran acuerdo sobre esta temática: 1) en Argentina, 78 por ciento estaría de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas; 2) en Chile, este valor es de 72 por ciento; 3) en México, de 67 por ciento. En todos los casos observados hay, como mínimo, dos tercios de la ciudadanía que apoyan esta política pública. Y seguramente esto responde no sólo a un criterio de justicia sino también de eficiencia. Recuperar la economía también se logra gracias a este tipo de medidas que permiten poner a circular recursos ociosos, que en la mayoría de los casos no son utilizados para el buen desempeño económico, social y productivo de un país.

El impuesto a los superricos no es un hecho aislado en este nuevo tiempo. La explicación está en sintonía con la mayor demanda de más Estado en medio de esta pandemia. Según datos de las encuestas del Celag, en Argentina 90 por ciento cree que el Estado debe intervenir y estar presente en la economía; en Chile, 68 por ciento, y en México, 60 por ciento.

Como casi siempre ocurre en la Historia, cada idea o propuesta es fruto de sus circunstancias. Como ocurrió luego de la gran crisis de 1929 con la subida de los tipos impositivos marginales para las rentas más altas (tal como lo describe Piketty en Ideología y capital), ahora sucede algo similar: lo que hasta hace poco era una idea minoritaria, ahora se transforma en idea mayoritaria.

*Por Alfredo Serrano Mancill, doctor en economía, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.

Publicado enEconomía
Un mundo acelerado ¿Bipolaridad o nueva Guerra Fría?

Más que cambiar el mundo, la pandemia de covid-19 acelerará tendencias preexistentes en el plano global. Puede que estemos asistiendo a los inicios de un «bipolarismo entrópico» entre Estados Unidos y China. De esta relación depende parte del futuro global. Y América Latina no es la excepción en ese proceso.

 

Los principales expertos en relaciones internacionales parecen haber llegado a un consenso: más que cambiar el mundo, la pandemia de covid-19 acelerará tendencias preexistentes en el plano global. Los desacuerdos están en la intensidad, la velocidad y el alcance que puedan adquirir esas tendencias, así como también en la posibilidad de controlarlas en mayor o menor medida.

Para dar respuesta a estos interrogantes es preciso comprender dos características centrales del orden internacional actual, cuya configuración es previa a la pandemia, pero que con la emergencia del covid-19 quedaron evidencia e incluso tomaron mayor fuerza. Estas dos características están íntimamente vinculadas con dos procesos simultáneos de transformación en el poder global que tienen lugar en el siglo XXI y fueron oportunamente identificados por el académico estadounidense Joseph Nye en su libro The future of power publicado en 2011. La primera de las características se vincula con el carácter entrópico (desordenado) del mundo actual, naturalmente asociado al proceso de «difusión del poder», en tanto que la segunda se refiere a la bipolaridad emergente entre Estados Unidos y China, vinculada con el proceso de «transición del poder».

A la hora de describir la agenda y la distribución del poder en la política internacional, Nye recurre a una analogía muy gráfica y sugiere pensar en un ajedrez tridimensional, en el que es posible jugar tanto horizontal como verticalmente, con un tablero militar, otro económico y, por último, uno transnacional. Es justamente en el tablero transnacional donde el poder se vuelve difuso, la agenda se torna difícil de aprehender para cualquier actor y los Estados tienen poco o casi nulo control sobre las dinámicas que se generan. En este tablero se incluyen aquellas amenazas que trascienden la lógica estatal tradicional, tales como el crimen organizado, el terrorismo y los desafíos a la seguridad cibernética, entre otras. Al mismo tiempo se agregan nuevas amenazas como el cambio climático y las pandemias. La ampliación de este tablero y sus dinámicas puso claramente de manifiesto el carácter entrópico del mundo actual y mostró su peor rostro en 2020 mediante la rápida propagación por todo el globo del covid-19.

El Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) con sede en Basilea, advirtió a inicios de este año que los gobiernos, empresas, bancos, fondos de inversión y aseguradoras debían prepararse para afrontar la emergencia de los denominados «cisnes verdes», entendiendo a estos como eventos disruptivos vinculados a desequilibrios medioambientales, sociodemográficos y de salud ambiental, entre otros aspectos. En estos días, el BIS incluyó al covid-19 en la categoría de «cisne verde». El avistamiento de esta nueva especie promete ser más frecuente e impone nuevos desafíos para el mundo.

Tal como se destacó, el carácter entrópico resultante del proceso de difusión del poder no es la única característica relevante a considerar en el orden internacional actual: también es necesario prestar atención a la bipolaridad emergente. El vertiginoso ascenso de China en el escenario internacional y la identificación en el interior de Estados Unidos de que tal fenómeno representa una clara amenaza a su primacía global, colocan la co-evolución del vínculo entre Washington y Beijing en el centro de la escena de la política internacional. Esto fue así antes del covid-19, lo está siendo durante y lo será también en la pospandemia.

Además de su poderío económico y militar, ambos países son los únicos en el planeta que comparten simultáneamente la disputa por el liderazgo de la denominada Cuarta Revolución Industrial, también llamada «industria 4.0» (5G, inteligencia artificial, internet cuántica, automatización, etc). Asimismo, son los únicos actores en todo el globo que cuentan con recursos suficientes y capacidad para ofrecer bienes públicos globales e impulsar proyectos de alcance planetario (atlantismo versus Ruta de la Seda).

Tal como lo hemos señalado en otras oportunidades, estamos presenciando una nueva bipolaridad pero no una nueva Guerra Fría. La disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue una manifestación de un particular orden bipolar, más no el único posible. Son múltiples las diferencias entre aquel período y el actual, siendo una de las más importantes el alto grado interdependencia alcanzada. La relación entre Estados Unidos y China es probablemente hoy el vínculo bilateral más imbricado del mundo. Intentar hacer una cirugía allí -como pretende Trump- es algo sumamente difícil y complejo, además de altamente riesgoso. En 1945, lo único que unía a Estados Unidos y la Unión Soviética era el espanto del nazismo. Desaparecida esta amenaza, la Cortina de Hierro no fue inicialmente traumática ni costosa.

Otra gran diferencia radica en el hecho de que el mundo bipolar propio de la Guerra Fría estaba signado por un alto grado de certidumbre y, en consecuencia, por una menor complejidad, tanto en lo que refiere a las agendas como a los actores y sus dinámicas. Ya en las décadas de 1950 y 1960 las dos potencias tenían un control relativo sobre las dimensiones externas, en tanto que las esferas de influencia de cada actor estaban perfectamente delimitadas. Poco quedaba fuera de ellas.

Bipolarismo entrópico

El mundo de hoy es diferente. La crisis del covid-19 deja en evidencia un mundo desordenado y caótico, en el que la yuxtaposición de actores, agendas y dinámicas reflejan un inaudito grado de incertidumbre. Por otro lado, es posible identificar dos polos de poder estatal bien definidos, de cuya dinámica de cooperación o conflicto dependerá el manejo y el nivel de control de las tendencias globales disruptivas que emergen con cada vez mayor frecuencia. La combinación de ambas características nos permite advertir la configuración de un orden internacional signado por un «bipolarismo entrópico». A diferencia de la Guerra Fría, muchos aspectos de la compleja dinámica internacional actual desbordan a las potencias. Están lejos de tener el control sobre todo su entorno. Pero incluso en un mundo entrópico, existen dos actores estatales que tienen cada vez mayor influencia para cambiar resultados, modificar acciones y moldear las preferencias de otros actores.

Richard Haass advierte correctamente que buena parte de los mayores desafíos y amenazas que enfrenta el mundo en general y Estados Unidos en particular, son de carácter transnacional y van más allá de China y de la lógica estatal. Ahora bien, también es cierto que ninguna de las nuevas amenazas de un mundo entrópico pueden ser manejadas y controladas de manera efectiva sin el concurso de ambos poderes.

La cuestión del cambio climático constituye un claro ejemplo en este sentido. La falta de acuerdo entre las dos grandes potencias ha impedido el logro de cualquier avance sustantivo. En el futuro inmediato parece utópico pensar en un verdadero acuerdo político global sin el entendimiento de los dos grandes emisores de CO2. El tablero estatal está profundamente entrelazado con el transnacional. En otro plano, pero con la misma lógica, es posible apreciar la forma en la que esto se ha vuelto muy claro para las empresas multinacionales, que han comenzado a moverse cada vez más al ritmo de la geopolítica global. La relocalización productiva y la reorganización de las nuevas cadenas globales de valor ya no se enfocan solo en el tradicional análisis de costos laborales, logísticos y transaccionales, sino que también incluyen en la ecuación a los costos y riesgos derivados del entorno político. Los deseos de Washington y Beijing, así como los niveles de tensión bilateral, están en cualquier plan de negocios de toda firma multinacional.

En otras palabras, el proceso de difusión del poder y el desorden remiten a la mayor complejidad de las agendas, mientras que el proceso de transición del poder y la configuración de una dinámica bipolar remiten a los desafíos para gestionar las diferentes agendas. Es aquí en donde la relación bilateral entre Estados Unidos y China se torna clave y central para la evolución del orden internacional en un ambiente claramente entrópico.

Probablemente, uno de los principales desafíos inmediatos que enfrentará el mundo en la pospandemia sea el de evitar caer en la «trampa de Kindleberger». Charles Kindleberger, uno de los arquitectos intelectuales del Plan Marshall, sostuvo que la década desastrosa de 1930 se originó cuando Estados Unidos sustituyó al Reino Unido como la mayor potencia global pero no pudo asumir el rol del Reino Unido como proveedor de bienes públicos globales (liderazgo). Hoy, en un contexto global en crisis, no alcanza con que una potencia cumpla ese rol. Eso no es suficiente.

En los tiempos que corren, la relación sino-estadounidense es indispensable para gestionar y controlar la intensidad, la velocidad y el alcance del proceso de aceleración de los riesgos y desequilibrios globales. Estos desequilibrios pueden, de hecho, afectar seriamente a América Latina. La actual pandemia parece ser un primer gran test para un orden internacional impregnado por un «bipolarismo entrópico». Todavía no está claro que sucederá.

Publicado enInternacional
Venezuela 2020: autoritarismo político y pragmatismo económico

Las expectativas de una salida rápida del poder de Nicolás Maduro difundidas por la oposición se desvanecieron una vez más en Venezuela luego del «efecto Guaidó». Hoy el país asiste a una combinación de militarización autoritaria con un pragmatismo económico que llevó a una dolarización de hecho de la economía, que al tiempo que hizo «aparecer» nuevamente los productos en las tiendas y permitió reducir las tensiones sociales, es una nueva fuente de desigualdades. Entretanto, el coronavirus puede ser un factor de endurecimiento de los mecanismos de control social.

 

La oposición venezolana dio como un hecho que la debacle económica y la crisis humanitaria llevarían a masivas protestas de calle, las cuales, junto con la proclamación del líder opositor Juan Guaidó como «presidente encargado» y, más recientemente, con las sanciones y el bloqueo económico por parte de Estados Unidos, posibilitarían un cambio político. Pero esto no solo no ha ocurrido, sino que la oposición se encuentra debilitada, mientras el régimen encabezado por Nicolás Maduro ha logrado sobrevivir adaptándose a una de las peores crisis de la historia venezolana mediante la «liberalización» de la economía y el fortalecimiento de la represión y la militarización, ahora en el marco de la pandemia.

Crisis multidimensional, cambios económicos e incertidumbre política

El escenario venezolano de 2020 es sumamente complejo y cambiante. Se caracteriza por una gran incertidumbre, en el marco de la cual la crisis multidimensional de carácter económico, político, social y humanitario ha venido agravándose desde la llegada de Maduro al poder en 2013. A ello se suma la aplicación de sanciones económicas por parte de EEUU. Para enfrentar tal crisis, el gobierno ha desplegado desde fines de 2019 un nuevo discurso y ha implementado prácticas económicas que algunos economistas identifican como un «giro neoliberal». Su rasgo más significativo, pero no el único, es la acentuación de la dolarización, que venía dándose en la práctica, aunque en menor escala y de manera informal.

La nueva narrativa y el laissez faire económico de facto se apartaron más del proyecto discursivo de Hugo Chávez. Aunque estos no se plasmaron formalmente en una reforma económica, la dolarización, junto con la desregulación de los precios y la apertura hacia el sector privado, constituyó una válvula de escape que respondió a una estrategia de supervivencia política dirigida a ganar tiempo para desactivar las tensiones y aliviar la presión social, de forma de ejercer el control político y mantener el poder. «Gracias a Dios que existe la dolarización», llegó a decir el presidente, que la consideró una «bendición». No obstante, las recientes protestas e intentos de saqueo resultantes de una cada vez más crítica escasez de alimentos a raíz de la pandemia de covid-19 llevaron nuevamente al gobierno a tratar de regular los precios, esta vez en dólares, de los productos de la canasta básica y otros rubros.

En contra de la expectativa de la oposición, que consideraba estas transformaciones económicas atadas al cambio político, el escenario de este año no ha variado; por el contrario, la tendencia hacia el autoritarismo y el control militar se han acentuado. Dada la fragilidad económica y política del régimen, una estrategia para mantenerse en el poder ha sido establecer alianzas con el sector económico y el militar. Para sobrevivir a la crisis y al bloqueo económico, se «dejó hacer» en la economía, y para mantener el poder, se reprimió con más fuerza a los disidentes en un intento por desactivar los liderazgos políticos y las redes de influencia. Por otro lado, en contraste con la unidad de la oposición alrededor de Guaidó del primer semestre de 2019, en 2020 esta se encuentra más debilitada, dividida, desmovilizada y centrada en la búsqueda de soluciones individuales.

A partir de enero de 2019, la prensa internacional, EEUU, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima, entre otras instancias, dieron visibilidad a la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela a raíz del desconocimiento del segundo periodo presidencial de Maduro y del reconocimiento de Guaidó por más de medio centenar de países. Si bien a comienzos de 2020 otros conflictos regionales e internacionales desplazaron en importancia al caso venezolano, en plena crisis del covid-19 Venezuela volvió al primer plano debido al recrudecimiento de la crisis humanitaria, al embargo petrolero, al endurecimiento del bloqueo económico y, sobre todo, a estar en el medio de la disputa geopolítica entre EEUU y Rusia. Algunos analistas internacionales destacan que tal interés proviene del hecho de que Venezuela es considerada una amenaza a la paz y seguridad de la región y de algunos países del hemisferio occidental.

Mientras que los esfuerzos de los diferentes países y bloques que han reconocido a Guaidó y concuerdan en la necesidad de «una salida democrática, pacífica y electoral» para Venezuela no han rendido su fruto hasta el momento, la estrategia del gobierno de implementar algunos de los cambios económicos largamente demandados por la oposición, junto con la agudización de la represión y el control militar, parecen haberle servido para mantenerse en el poder. Se trata, sin embargo, de un equilibrio precario, pues los cambios económicos no han permitido superar la grave crisis humanitaria, que la comunidad internacional ha calificado de «emergencia humanitaria compleja»; además, hasta el momento, poco han beneficiado a los sectores populares, los más afectados por la crisis, quienes continúan dependiendo del sistema clientelar de bonos y bolsas de alimentación que el gobierno viene implementando desde hace años. Adicionalmente, estos cambios están contribuyendo a profundizar las diferencias sociales entre quienes pueden participar de una economía dolarizada y quienes no, al mismo tiempo que sirven para afianzar las lealtades de los sectores populares hacia al gobierno a través del control «biopolítico».

Pragmatismo económico: causas e impactos del giro ¿neoliberal?

Han pasado más de 20 años desde el arribo al poder de Chávez, quien propuso el proyecto bolivariano y, años más tarde, el denominado «socialismo del siglo xxi», con el fin de sustituir al modelo económico neoliberal. Sin embargo, ambos se han ido desdibujando debido a la inviabilidad del modelo económico rentista petrolero subyacente. A ello debe agregarse, según la oposición, la incapacidad gubernamental para reorientar la economía, el elevado gasto público y la corrupción y, según el gobierno, la «guerra económica» de EEUU y la caída de los precios del petróleo, los cuales recientemente se han desplomado aún más por la pandemia de covid-19. La crisis económica ha profundizado la crisis humanitaria a punto tal que el gobierno no es capaz de cubrir las necesidades de alimentación, salud y servicios básicos de una gran parte de la población.

El colapso de la actividad petrolera y la fuerte contracción de la industria manufacturera, de construcción y del sector privado han llevado a una gran fragilidad externa y a la caída brusca del pib: según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se contrajo 35% en 2019 y se contraerá 15% en 2020; otras fuentes, como Asdrúbal Oliveros, de la consultora y firma de investigación Ecoanalítica, pronostican 25% si se incluye el impacto del coronavirus. De acuerdo con Petróleos de Venezuela (PDVSA), la actividad petrolera experimentó un repunte el último trimestre de 2019, con un total de producción de 907.000 barriles diarios. Sin embargo, ello representa una disminución de 40% con respecto a la producción del año anterior; además, este crecimiento no se sostuvo en el primer trimestre del año 2020 pues la producción petrolera disminuyó a unos 700.000 barriles diarios en febrero. Los economistas y expertos petroleros estiman que el impacto del coronavirus, junto con las estrictas sanciones para exportar el petróleo, podría reducir la producción aún más debido a las severas limitaciones que existen en Venezuela para el almacenamiento del crudo. No solo han mermado los ingresos petroleros sino que también se han reducido, como resultado de la pandemia, los ingresos no petroleros formales e informales, así como los provenientes de remesas y minería.

En el contexto de la reducción de los precios internacionales del petróleo resultante de la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, que ha afectado más a Venezuela que a otros países debido a las sanciones y al bloqueo económico, el 19 de febrero de este año Maduro decretó la «emergencia energética», a los fines de «adoptar las medidas urgentes y necesarias para garantizar la seguridad energética y proteger a la industria de la agresión imperialista»1.

Adicionalmente, ante la imposibilidad de diversificar el aparato productivo, la estrategia del gobierno ha sido diversificar el extractivismo acelerando el megaproyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO), que abarca una extensión de 111.842 kilómetros cuadrados, lo que representa un poco más de 12% del territorio nacional. El AMO se ubica en una zona de gran diversidad biológica y cultural, rica en minerales como oro, diamantes y coltán, entre otros; se estima que participan unas 150 empresas provenientes de 35 países en su desarrollo. Dado que su explotación es relativamente reciente, del año 2017, y que no existen datos oficiales, se desconocen los niveles de producción y su aporte al PIB. Según algunos investigadores, gran parte de la regulación legal que rige la explotación minera en esta zona es violatoria de la Constitución, lo que facilita «una peligrosa vinculación entre intereses asociados a la minería ilegal y actores estatales»2. Entre las consecuencias del desarrollo del AMO se encuentran el reforzamiento del papel de las transnacionales y el control por parte de los militares sobre las áreas mineras, aunque esto no ha impedido la acción de «grupos irregulares».

La inflación, que a fines del año anterior mostraba una tendencia descendente, sigue ahora un rumbo incierto. En ausencia de datos fidedignos del Banco Central de Venezuela (BCV) para este año, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional estimó que la inflación acumulada en los primeros tres meses fue de 145,3%. A pesar de haberse cuasi estabilizado el valor del dólar con respecto al bolívar a comienzos del año, desde que el país entró en la cuarentena ordenada por Maduro a mediados de marzo se observa un aumento vertiginoso del valor de la moneda estadounidense, que de unos 74.000 bolívares por dólar pasó a 176.000 bolívares para el 29 de abril, según el BCV, lo que supone una variación de 237% en un mes y medio.

Frente al recrudecimiento de la crisis económica, en noviembre de 2019 el presidente Maduro aceptó públicamente la dolarización que ya se venía dando informalmente, señalando que «ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía». A raíz de estas declaraciones, se comenzaron a aplicar nuevas reglas de juego caracterizadas por el pragmatismo y la adaptación a la crisis. A la flexibilización cambiaria de facto, pues la legislación que la regula aún no se ha completado, se sumaron medidas como la eliminación de aranceles, la apertura hacia el sector privado, la eliminación de los controles de los precios de los productos y la comercialización del oro y del petróleo no solo por vías formales, sino también informales. Ecoanalítica ha señalado que, a fines de 2019, las transacciones en dólares se estimaban en 53%, y la encuestadora Datanálisis indicó que para 2020 estas podrían ascender a 70%, aunque es probable que esas cifras se reduzcan como consecuencia de la pandemia de covid-19.

Dado el éxodo de casi cinco millones de venezolanos en los últimos años ‒cerca de 20% de la población‒, las remesas en dólares han sido importantes para la precaria economía, aunque se espera que se reduzcan como resultado de la pandemia. Si bien una parte de la población pobre también tiene acceso a divisas como pago por los servicios que presta, la dolarización ha visibilizado aún más las diferencias sociales según la cuantía de divisas que cada grupo social maneja. El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, ha identificado tres grupos que se distinguen por su acceso diferencial a los dólares: 15% de la población que maneja divisas en cantidades mayores a 400 dólares mensuales, 35% que maneja dólares en menor cantidad como resultado de la dolarización de sus servicios, empleos u oficios, y 50% en situación precaria, que no tiene acceso al dólar3.

El nuevo régimen cambiario, junto con la liberación de los precios, estimuló el aumento de los precios de los productos no subsidiados, lo que creó mayor desigualdad en el acceso a alimentos, bienes y servicios entre los diferentes grupos sociales de la población. Quienes tienen suficientes dólares pueden acceder a los bienes de consumo no subsidiados por el gobierno, los cuales son escasos e incluyen artículos suntuarios y productos importados en establecimientos denominados «bodegones», donde se paga en divisas. También, los sectores de clase media y alta que poseen suficientes dólares pueden con mayor frecuencia paliar la escasez de algunos servicios básicos como el agua o las comunicaciones, entre otros, por vías alternas privatizadas. Además, perdura una injusta e histórica distribución de las redes de los servicios básicos que resulta del hecho de que algunas zonas pobres no están conectadas o están conectadas deficientemente a tales redes; por esta razón, la escasez de agua, luz y gas es mayor en los sectores populares. Por otro lado, dada la mayor visibilidad e impacto político de las protestas en la capital del país, el gobierno la ha privilegiado en el otorgamiento de los servicios básicos, en detrimento del interior del país.

En contraste con la minoría altamente dolarizada, quienes sobreviven con un salario básico tienen una capacidad de compra severamente menguada, aunque reciban bonos especiales del gobierno y productos subsidiados. Al referirse a estos sectores, Maduro señaló en una entrevista televisiva que a ellos «los salva la patria» mediante los bonos y las bolsas de alimentación (CLAP)4.

La flexibilización cambiaria ha reducido en el corto plazo las tensiones y la presión social vinculadas a la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes y ha contribuido al «apaciguamiento», sobre todo de los grupos sociales que tienen acceso a la economía dolarizada. En el caso de los sectores populares, ha contribuido al perfeccionamiento del control biopolítico, pues las necesarias divisas le sirven al gobierno para seguir alimentando, y también controlando políticamente, a una población cada vez más vulnerable mediante las prebendas de supervivencia ya mencionadas.

Por otra parte, tal como se deriva de la experiencia en otros países e incluso del propio caso venezolano, las sanciones económicas han agudizado la crisis, han llevado a los sectores pobres a una mayor dependencia del gobierno y podrían contribuir a afianzar la lealtad política progobierno de estos sectores y desmovilizarlos. Adicionalmente, proporcionan una excusa al gobierno para no asumir su responsabilidad en la crisis y, como veremos más adelante, no han producido los cambios políticos ansiados por la oposición.

Incertidumbre política: ¿«transición» o permanencia?

La propuesta para una «transición política» de Guaidó al proclamarse como presidente «encargado» contenía tres condiciones básicas: «cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres». Esta propuesta reavivó las esperanzas de la oposición por un cambio político. Sin embargo, estas expectativas no se cumplieron, por lo que al iniciarse esta nueva década se produjo un declive significativo del liderazgo político de Guaidó. Además, no se logró repetir las multitudinarias movilizaciones opositoras del primer semestre del año pasado, sea por el riesgo de la creciente represión policial, porque la oposición se ha debilitado y dividido, por el cansancio de no obtener los resultados esperados o porque el foco de la mayor parte de la población está puesto en la supervivencia. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) destacó que para febrero de este año las protestas habían descendido 51% en comparación con la misma fecha del año pasado.

Otro rasgo que viene agudizándose desde el segundo semestre de 2019 y que caracteriza el año 2020 es la fragmentación interna de los liderazgos políticos tanto de Guaidó como de Maduro, así como también el aumento significativo de un grupo que no se identifica ni con el chavismo ni con la oposición. Los resultados de las entrevistas a hogares realizadas por la empresa de estudio Delphos entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre de 2019 a escala nacional indican que tanto el apoyo al liderazgo político a Guaidó como el apoyo a Maduro han bajado en cada bloque: entre el 40% que se identifica como oposición, solo 24% apoya el liderazgo de Guaidó, y del 23% que se identifica con el chavismo, solo 14% apoya a Maduro5. Existe un tercer grupo de más de un tercio de la población entrevistada (36,3%) que no apoya ni al gobierno ni a la oposición, aunque esto no significa que no asuman una posición política en caso de darse elecciones.

Otra característica a destacar es la acentuación del centralismo y las instituciones paralelas. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que promovió el gobierno en 2017 tenía la función de redactar una nueva Constitución. No obstante, en los hechos utilizó sus facultades plenipotenciarias para asumir las funciones de la Asamblea Nacional en manos de la oposición, dado que esta fue declarada en «desacato» por el Tribunal Supremo de Justicia, afín al régimen. La ANC, que fue tildada de inconstitucional por la oposición, sigue vigente a pesar de que ya se cumplió el periodo asignado de dos años.

La reacción del gobierno frente a la Asamblea Nacional, que continuó sesionando y confrontando al gobierno a pesar de su desconocimiento por parte de Maduro, ha sido la represión y persecución de los diputados más influyentes, muchos de los cuales están presos o han huido del país; más recientemente, la represión se ha dirigido contra el entorno de Guaidó. Más aún, en enero de este año, fecha en que la Asamblea Nacional debía renovar su directiva, el gobierno promovió la división de los diputados opositores, lo que resultó en la elección de una directiva paralela que en la actualidad trata de competir y de restarle legitimidad a la directiva elegida por el grupo mayoritario de diputados de la oposición, que reeligió a Guaidó como presidente de la Asamblea. De esta forma, en 2020 en Venezuela se da la sorprendente situación de contar con dos presidentes del país, con dos parlamentos y con una ANC que supuestamente está por encima de todos los poderes públicos.

La creación de instituciones paralelas no es una práctica exclusiva de la oposición, sino que el propio régimen también la está utilizado para afianzarse en el poder. En ese proceso, el gobierno ha venido vulnerando la institucionalidad vigente para crear una nueva legitimidad que le sea favorable y le permita desactivar los últimos baluartes de poder en manos de la oposición.

Militarización y milicias

Otra tendencia del escenario político 2020 es la creciente subordinación de los criterios técnicos a los de seguridad y control por parte del Estado. Ello ha resultado en la creciente importancia de los militares, a los que se sigue transfiriendo tanto poder político, mediante el nombramiento de uniformados para los cargos de más alta jerarquía, como poder económico, a través de la gestión y el control de las actividades económicas más importantes, como la petrolera estatal, PDVSA, y el AMO. A fines de 2017, Maduro sustituyó a los gerentes técnicos civiles por militares y nombró a un general de la Fuerza Armada Bolivariana como ministro del Petróleo y presidente de PDVSA. Su gestión, que continuó hasta fines de abril de este año, ha sido evaluada negativamente por expertos petroleros, quienes aducen que su falta de experiencia llevó a cometer errores graves en las distintas fases del proceso de producción. La razón de los nombramientos militares, tal como lo expresó Maduro en la ANC en mayo de 2018, fue la construcción de «una PDVSA socialista» y el hecho de que, según él, los militares son «menos corruptos». No obstante, la razón implícita fue otorgar poder económico a los militares con el fin de ganar su confianza y apoyo para mantener el control político. No obstante, frente a la crisis de la falta de gasolina, el 27 de abril de este año, el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA (pues compartía ambos cargos) fue sustituido por dos civiles. Uno de ellos es el vicepresidente del área económica, Tareck El Aissami, quien fue nombrado ministro de Petróleo aunque tampoco es un experto en el área.

Maduro ha señalado reiteradamente que su gobierno se sustenta en la unión cívico-militar, cuya expresión es la Milicia Nacional Bolivariana, compuesta por voluntarios civiles en reserva, ex-militares y oficiales, y cuya misión es la «defensa de la patria». La milicia fue creada por el presidente Chávez en 2005; sin embargo, no fue hasta el 4 de febrero de este año cuando se hizo efectiva la Ley Constitucional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), que la incorporó como el quinto componente de ese cuerpo. Aunque las cifras no son muy confiables ni precisas, para este año el ministro de la Defensa estimó el número de milicianos en 2.300.000 y Maduro, en 3.700.000. Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, ha tildado a la Milicia como «la más poderosa arma política partidista» y destaca que, en vez de fortalecer a la Fuerza Armada Nacional, va a destruirla debido a la tendencia a sustituir a los soldados profesionales por milicianos6. La Milicia es la componente de la FANB con el mayor número de miembros, por lo que podría servir como contrapeso a las fuerzas armadas profesionalizadas en caso de que estas dejaran de apoyarlo; de nuevo, la lógica del régimen se despliega para mantener el poder «a toda costa».

Coronavirus

A todo esto se le suma la pandemia de covid-19. La grave crisis humanitaria, el precario sistema de salud, las críticas deficiencias de los servicios básicos de luz, agua y gas entre otros, la falta de recursos económicos y, sobre todo, la incapacidad del gobierno para hacer frente a los problemas anteriores hacen que el país sea especialmente vulnerable a la pandemia según los organismos internacionales La temprana cuarentena instalada en Venezuela puede considerarse un acierto del gobierno y, hasta el momento, parece estarse cumpliendo el objetivo pues las cifras de infectados son las más bajas de la región, si nos guiamos por las cifras oficiales. La información sobre el tema está sumamente controlada por el gobierno, que ha sancionado a aquellos periodistas y trabajadores de la salud que se salgan del reporte «oficial» diario sobre el número de contagiados, enfermos y fallecidos. Sin embargo, la cuarentena que se inició el 16 de marzo no ha resuelto el dilema que se le presenta a la población pobre, que no dispone de un empleo en el sector formal de la economía: ¿cómo resolver sus necesidades básicas, incluyendo la alimentación? Por otro lado, el gobierno ha implementado la medida de que toda persona que salga a la calle para actividades «necesarias» debe llevar mascarilla pero no las ha provisto, destacando que pueden elaborarse artesanalmente. Tampoco ha dicho nada sobre la grave deficiencia de agua, a pesar de que representa uno de los mayores obstáculos para seguir las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Algunos de los grupos más afectados por la falta de alimentos o por las carencias de luz, agua, gas y, recientemente, gasolina están saliendo a protestar, y en general son reprimidos por la Guardia Nacional que ha tomado las calles. El manejo del coronavirus se ha tornado autoritario y la pandemia ha servido para ejercer aún más control sobre la vida de los ciudadanos a través de los distintos cuerpos de seguridad del Estado.

Consideraciones finales

Los cambios económicos se dirigieron a incorporar algunas de las demandas de los grupos económicos con mayor poder y de una parte de la oposición más beligerante que se encarna en la clase media con mayor acceso a la economía dolarizada; su objetivo último fue desactivar las tensiones y evitar el cambio político deseado por la oposición. Paradójicamente, el cambio económico que la oposición vio como prerrequisito para un cambio político fue interpretado por el gobierno como una condición para lograr evitar este último. De esta forma, los cambios en la economía han tenido efectos divergentes para el gobierno y para la oposición: tal como esperaba el gobierno, han contribuido a bajar la presión social de un grupo importante de opositores y, por tanto, a ganar tiempo en el poder, pero no han logrado concretarse en el cambio político visionado por la oposición, la «salida» de Maduro.

A pesar de la creciente pérdida de apoyo popular, el gobierno se mantiene gracias al apoyo militar, pues ha logrado transformar la relación cívico-militar concebida por Chávez en una relación en la que los civiles están subordinados a los militares, quienes ejercen el control político y constituyen el principal sustento del régimen. Por ello, los analistas señalan que cualquier cambio político debería pasar por un acuerdo con los militares, más que por sanciones económicas o de otra índole.

Pero, en primer lugar, cualquier cambio político debe pasar por acuerdos entre la oposición y el gobierno, para lo cual es preciso definir quiénes son los interlocutores válidos de la oposición, dada su diversidad. No existen instancias articuladoras debido a la fragmentación de la oposición tras la crisis de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y al virtual fracaso de esfuerzos más recientes, como los del Frente Amplio (FA), que pretendía articular a los partidos políticos opositores y a la sociedad civil, y las Mesas de Diálogo Nacional de 2019. Por otro lado, Guaidó y su gabinete paralelo no representan en estos momentos a todos los sectores de la oposición.

En mayo de 2019, Noruega reinició esfuerzos exploratorios para entablar una posible mesa de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Si bien estos esfuerzos abrieron un espacio para encontrarse, hasta el momento no han tenido mayores resultados. La rigidez de la propuesta de una parte importante de la oposición, que sigue requiriendo, como condición sine qua non para negociar, la salida del poder de Maduro, junto con la acusación de que el diálogo forma parte de una manipulación del gobierno para ganar tiempo, contribuyó a que las iniciativas en marcha no avanzaran de manera significativa. También en esas fechas, la UE auspició el grupo de contacto internacional que viajó a Caracas para reunirse con todos «los actores nacionales relevantes» para evaluar la posibilidad de una «ruta electoral» negociada, enfatizando su compromiso político con una solución democrática a la actual crisis. Esta última propuesta fue apoyada por el Grupo de Lima, constituido originalmente en 2017 por representantes de 14 países con el objetivo de encontrar una salida pacífica a la crisis venezolana. La más reciente propuesta formulada por el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo ha sido el «Marco para la Transición Democrática y Pacífica en Venezuela», en el que se propone una transición política con un consejo de Estado que no incluiría ni a Maduro ni a Guaidó y que tendría como tarea convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias dentro de un año. A diferencia de las anteriores, esta última propuesta fue inmediatamente rechazada por el gobierno.

A pesar de que los esfuerzos anteriores no han logrado avanzar o avanzan muy lentamente, se han abierto nuevas vías de encuentro, tanto en el terreno político como en la sociedad civil. En enero y febrero de este año, se reunieron diputados de distintas tendencias políticas con el fin de elegir la lista para el Comité de Postulaciones y poder elegir al Consejo Nacional Electoral con miras a las elecciones legislativas que deberían llevarse a cabo este año. Desafortunadamente, este complejo proceso de acuerdos se paralizó al iniciarse la cuarentena por el coronavirus. En esta misma dirección, diversos actores políticos y sociales nacionales, entre los que se incluyen políticos, ONG y personalidades de la sociedad civil con diferentes tendencias ideológicas, se han agrupado en los últimos meses alrededor del «Diálogo Social» y, junto con la comunidad internacional, convergen en la necesidad de una especie de tregua a corto plazo para llegar a acuerdos que se estiman urgentes para enfrentar la crisis humanitaria; también coinciden en la necesidad de una salida electoral en el mediano y largo plazo.

La incertidumbre acerca de la duración y los efectos económicos y políticos de la pandemia hace difícil visualizar el futuro de estos últimos esfuerzos en el corto plazo. Además, la respuesta del gobierno podría depender del éxito o no que tenga en resolver la emergencia sanitaria, reactivar el aparato productivo y satisfacer necesidades básicas de la población, en una situación de grave crisis en la que los bonos y otros beneficios que otorga no son suficientes. (Uno de los desafíos será contener las protestas sociales que ya han comenzado a producirse debido a las dificultades para satisfacer las necesidades básicas). Un último interrogante que dejamos abierto es si tanto el gobierno como la oposición, que hasta el momento han mantenido posiciones antagónicas que implican la exclusión del «otro» y su consideración como el enemigo a derrotar, estarán dispuestos a establecer una «tregua humanitaria» ante el creciente descontento y las tensiones políticas que podrían alimentar estallidos sociales debido al agravamiento de la crisis humanitaria. ¿Cómo transformar al enemigo en adversario con quien puedan construirse acuerdos en el corto, mediano y largo plazo para enfrentar esta crisis económica, política y humanitaria y abrir una ruta electoral?

Publicado enInternacional
Página 1 de 375