Alrededor de 2.000 personas están en situación de calle en Uruguay / Foto: Leónidas Martínez

Un seminario realizado en Montevideo esta semana obligó a trazar un mapa de los sin techo en la región. Invisibles e ignorados por algunos gobiernos, perseguidos y asesinados por otros o, en el mejor de los casos, empoderados e involucrados en la toma de decisiones. Desde esas perspectivas tan distintas surgen políticas a imitar y repudiar.

En Colombia, a los habitantes de la calle los matan de madrugada, la mayoría de las veces, la policía. Según el Ministerio de Derechos Humanos de Brasil, en tres años hubo 2.700 violaciones a los derechos humanos contra “os moradores de rua”. Hasta no hace tanto, en Paraguay, los niños de la calle o “pirañitas” eran detenidos con autorización judicial por la policía, torturados y hasta desaparecidos. Los relatos surgen de militantes y técnicos que trabajan en los seis países que integran la Red Calle Latinoamericana –Costa Rica, Colombia, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay– reunidos el martes y miércoles en un seminario internacional.

Pedro Cabrera –doctor en sociología y uno de los consultores contratado por la red para evaluar las políticas públicas destinadas a esta población–, arrancó diciendo que los seis países son “enormemente distintos. Mientras que en Uruguay son poco más de 3 millones y las personas en situación de calle unas 2 mil, en Brasil son alrededor de 215 millones, y sin techo, no sabemos”. En Paraguay, por otra parte, “distinguir a personas en situación de calle de las decenas de miles que se encuentran viviendo bajo chapa de zinc y cartón es un ejercicio verdaderamente complicado, y cuando digo bajo chapa de zinc y cartón, hablo del centro de Asunción, enfrente al Congreso, acampando en la Plaza de Armas”.

En todos los países de la red, la Iglesia fue el primer actor que trabajó con esta población, “y en la década del 90 el Estado, gradualmente, empezó a asumir sus responsabilidades, sobre todo en las grandes ciudades, en general capitales”, cuenta el doctor en antropología, también consultor de la red, Santiago Bachiller. Y en los seis países los programas para personas en situación de calle partieron de los ministerios de Salud y sólo en algunos casos viraron hacia enfoques más estructurales a través de los ministerios de Desarrollo Social. Pero en todos los casos, y pese a que los ministerios de Salud sean de los más presentes, “los programas sanitarios, en general, y los de salud mental y de adicciones, en particular, brillan por su ausencia o son insuficientes”, plantea Bachiller.

 

TECHO Y TRABAJO

 

Sin embargo, los ministerios de Trabajo estuvieron directamente “ausentes en las reuniones que hicimos en los seis países; eso ya es muy sintomático de los problemas de interinstitucionalidad y de que ciertas dependencias no se terminan de hacer responsables de sus funciones”, señala Bachiller, algo que ocurre en cierta medida también con los ministerios de Vivienda.

“En el caso uruguayo, el Mides actúa en aislamiento y no logra que otras dependencias estatales asuman sus responsabilidades. Lo que se escucha en el Mides es que si se trata de un asunto de pobres, automáticamente se lo cargan a ellos”, plantea el antropólogo.

Para Natalia Pintado –encargada del equipo móvil de la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle–, es “un retroceso” que tanto las diferentes instituciones del Estado como la sociedad vean al Mides como el único responsable de velar por los derechos de las personas en situación de calle. Pero además, a su equipo le preocupa que esa misma lógica se esté reproduciendo a la interna del ministerio. “El manto ‘calle’ impide que otros servicios actúen”, por ejemplo cuando alguien que está en situación de calle llega al ministerio y automáticamente es derivado al equipo móvil, “como si no pudieran hacer una consulta como cualquier otro ciudadano”.

Bachiller plantea que “está la idea de que el sujeto se desenganchó de la estructura social”, y sin embargo no hay una política de reinserción: “Se los toma como sujetos pasivos, pero la gente se gana la vida por sus propios medios. Empecemos por reconocer las estrategias de subsistencia cotidiana, porque si fuera por el Estado, se morirían. En el mejor de los casos hay un dispositivo que los saca temporalmente de la situación de calle, pero que no propone soluciones a una vida, en general, precaria”.

Más tarde, en diálogo con Brecha, Cabrera se preguntará y se responderá: “¿Por qué sale la gente de la calle? Porque consigue ingresos regulares. Pero si la red de atención no tiene claro cómo reconectarla con el mundo del trabajo, la gente se va a quedar ahí embolsada, en una especie de complejo burocrático-asistencial. No digo que sea lo que pasa en los países de la red, que están muy lejos de crear un aparato con centros, instituciones y recursos, porque en algunos lados directamente no hay nada”.

 

REPRESIÓN Y MOVILIZACIÓN

 

Si desde Colombia las organizaciones sociales denuncian que la policía ejecuta una operación “limpieza”, que no es otra cosa que una masacre con un saldo de 4.176 muertos en los últimos diez años (véase “Los ‘ñeros’ que faltan”), Costa Rica “ha sido el único sitio donde hemos tenido uniformados de la policía que trabajaban con personas en situación de calle y sabían cómo hacer un trabajo policial de corte mediador de conflictos”, plantea Cabrera.

Pero en Paraguay –“el país con menos políticas para gente en situación de calle”, dice Cabrera–, la represión estuvo dirigida incluso a los niños. Aunque la cosa haya empezado a cambiar en la última década, Jorge Luis Amarilla –funcionario del Ministerio de Niñez y Adolescencia de Paraguay– cuenta que “en 2008 la solución que tenía el Estado para los niños en situación de calle era la tortura: picana eléctrica, la cabeza en el inodoro, asfixia. Cuando empezamos a intervenir en las comisarías, la cosa empezó a mermar, pero en algunos casos nosotros fuimos también detenidos”.

De vuelta en Costa Rica, donde “la existencia de redes a nivel local es muy intensa y muy real”, este país aparece como ejemplo o excepción: “Entienden que la gente que hoy está en la gestión se va a ir y si se quiere que las políticas perduren, es necesario que se les dé lugar a los movimientos sociales”, alega Bachiller, algo similar a lo que ocurre en Brasil, donde existen organizaciones integradas por personas en situación de calle que presionan y promueven un enfoque de derechos, además de tener voz en la discusión pública sobre su propia realidad. En los términos de Samuel Rodrigues –del Movimento Nacional da População de Rua–, “nosotros tenemos una activa participación en este tipo de encuentros”, desliza, a diferencia de lo que ocurrió el martes y el miércoles dentro de las paredes del salón Rojo del Edificio Mercosur, frente a la rambla del Parque Rodó (véase recuadro “Con las personas, no para las personas”).

Para Cabrera es complicado pensar en la “experiencia de internacionalidad que supone una organización de varios países para poner este tema en la agenda política”, porque “la historia de cada país y los impactos más recientes a nivel económico, la demografía, el nivel social” dejaron una huella que marca una impronta. Sin embargo, también indica que “las vidas sin techo han sido históricamente vidas sin derechos. Y lo siguen siendo. Lo que hemos visto en los países de la red no es muy diferente a lo que se puede ver en Bruselas, Roma, Madrid o Nueva York”.

 

AUSENTES Y MIGRANTES

 

Argentina es uno de los grandes ausentes, dicen los consultores del proyecto. Bachiller –argentino–, aclara que su país “se negó a participar de la red”, y es además un ejemplo de los diferentes criterios que se usan para definir lo que se entiende por “situación de calle” y por lo tanto construir una cifra o establecer su dimensión: el conteo “les viene dando mil personas, más allá de las coyunturas. Ni siquiera incluyen a los que están en un refugio. La situación es tan absurda que aquellos que duermen en una parada de colectivo no son contabilizados” porque se interpreta que si hay un techo, no hay situación de calle. Mientras, “a las organizaciones sociales que realizan su propio conteo les da que hay más de 5 mil personas”, apunta el porteño.

Cuando varios de los académicos y militantes hacen énfasis en que la solución primera pasa por el acceso a la vivienda –por ejemplo Leonardo Moreno Núñez, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, de Chile, plantea que el problema es que la vivienda es cada vez más un bien de cambio, una mercancía más, en lugar de un bien de uso–, Bachiller acota que en los años del kirchnerismo, en Argentina se construyeron más de 900 mil viviendas –“no hay precedentes en la historia de mi país de algo similar”–, y sin embargo el déficit habitacional se incrementó, al igual que los conflictos por el acceso a la tierra: “Ahí está la diferencia entre construir viviendas y construir ciudad. Hubo una política que pensó en construir viviendas sin regular el mercado de suelos, lo que generó mayor cantidad de desplazados”. En Paraguay “el peso del déficit habitacional es bestial”, sostiene Cabrera y agrega que esos campamentos informales que se han instalado en la plaza frente al Congreso son alimentados –entre tantos– por poblaciones indígenas que han huido de sus tierras desplazados por el avance del cultivo de soja.

Venezuela, el otro ausente, no sólo tiene algunos problemas en su propia casa, sino que también los tiene puertas afuera. En el mundo, los extranjeros en situación de calle suelen ser los más vulnerables de esta expresión de máxima vulneración, y en Colombia y el norte de Brasil la cantidad de venezolanos en calle es alarmante. “La capacidad de captación y de retirada de la calle de los dispositivos de albergues operan con mayor eficacia sobre los nacionales. Y cuando la gente que está en la calle habla una lengua extranjera, ahí sí que es complicado”, plantea Cabrera.

En Uruguay “no es que no haya, pero afortunadamente no tiene ese carácter masivo y no tenemos por qué lidiar todavía con ese reto”, considera este sociólogo, a lo que Bachiller agrega: “De los países que conforman la red, el que tiene mayor tasa de inmigración es Costa Rica, y ahí sí tienen un problema con los inmigrantes nicaragüenses. Las estadísticas todavía no muestran que en Uruguay tenga un impacto demasiado importante, pero que en este momento no tengan este problema no quiere decir que no lo vayan a tener”. Cuando Bachiller hizo la investigación de su tesis de doctorado –entre 2004 y 2008 en la plaza Ópera, de Madrid–, los inmigrantes en España no eran una porción significativa de la población de calle: ahora son más del 60 por ciento de los que están a la intemperie.

Lo cierto es que el fenómeno se viene arrimando. Durante su intervención, Natalia Pintado advierte que la población con la que trabajan en el equipo móvil del Mides también la integran “personas que escapan de redes de tráfico e inmigrantes recién llegados al país”, y que “últimamente esta es la mayor dificultad que estamos encontrando, porque no estamos preparados para atender las problemáticas que tiene una persona que recién llega al país”.

Si bien en el Mides no cuentan con datos sistematizados sobre la cantidad de inmigrantes en situación de calle y su nacionalidad, indican que se percibe su presencia en los refugios y que, como el tema de la migración en general, este es un fenómeno relativamente nuevo en Uruguay.

 

POR CASA

 

Si se compara a la población uruguaya que duerme a la intemperie con la que asiste a los refugios, la primera es más masculina, joven, lleva más tiempo en la calle, en mayor medida por problemas vinculares y adicciones, mientras que en los refugios la calle se dio como resultado de problemas de salud mental. A la intemperie se encuentran personas con menor cantidad de años de escolarización, pero que trabajan más y reciben más ayuda de los vecinos. A su vez, 47 por ciento son ex presos, frente a un 24 por ciento de los que asisten a los refugios.

Con base en una encuesta realizada a ex usuarios de los refugios del Mides –“algunos cientos que pudimos encontrar porque son muy difíciles de ubicar”, aclara Juan Pablo Labat, director de Evaluación y Monitoreo del Mides–, más del 75 por ciento se refiere a aspectos positivos, como el aumento de los ingresos, el logro de un subsidio de alquiler, la recomposición de vínculos, la finalización de un tratamiento de salud. La mayoría dice, sin embargo, que logró salir del refugio por su propia cuenta.

Según las consideraciones preliminares del estudio que dio a conocer Labat, la gran mayoría reside en una vivienda –aunque dos de cada tres lo hacen en la casa de alguien más–, pero un 10 por ciento se encuentra en un hospital, una cárcel, una iglesia o volvió a un refugio o a la calle. Los empleos a los que han accedido son en gran medida precarios: trabajan como vendedores ambulantes, cuidacoches o en mantenimiento y limpieza.

“Si empezamos a sumar, tenemos medio millón de personas que tienen algún tipo de riesgo de estar en situación de calle”, aunque “el más alto es para aquellos que egresan de cárceles, del Inisa y de instituciones psiquiátricas”, plantea Labat, y agrega: “Estamos planteando la desinstitucionalización –el cierre de los manicomios, por ejemplo–, pero vemos que la gente en la práctica se está reinstitucionalizando”, al apelar a un refugio.

“No deberían producirse desinstitucionalizaciones sin saber el destino de las personas, sí que se garantice que el que sale, sale a algún sitio razonablemente digno”, plantea Cabrera. Y Bachiller advierte que “ustedes pueden llegar a tener un problema grave a futuro con toda esta lógica de desmanicomialización, porque a priori es una política progresista, pero si no es acompañada con recursos específicos, va a aumentar la población de calle, y al haber personas con problemas de salud mental, la intervención va a ser mucho más compleja y escandalosamente mediática”.

“Es importante que seamos honestos y asumamos que hay personas que van a requerir del apoyo de por vida del Estado… o de alguien”, y sin embargo, “muchas veces pensamos las políticas como transitorias”, plantea Pintado. Además, concluye que el hecho de que no se haya logrado trabajar con otros ministerios, desde otros enfoques, generó la saturación de los refugios, o dicho de otro modo, una falta de espacio para todos los que acuden al servicio. Eso, a su vez, derivó en el “desarrollo de argumentos meritocráticos” para asignar un cupo, y que los que no pueden sostener un proceso pierdan su lugar: “Aparece la idea de que no hicieron un buen uso y de alguna forma terminamos castigándolos. Por eso hoy dije que intentamos trabajar desde una perspectiva de derechos, porque si bien logramos facilitar el acceso de la población a muchas prestaciones, a veces también terminamos revulnerando”.

Pintado cree que “se necesita generar otro tipo de oferta además del centro nocturno y pensar qué pasa con las personas durante el día”. Comprender que “si bien reivindicamos el trabajo sobre el vínculo, eso tiene su límite. Es necesario también mejorar la distribución del gasto” y asegurar aspectos que tienen que ver con “la materialidad”, como lo es una vivienda.

 


Brasil y sus movimientos sociales

 

Con las personas, no para las personas

 

La experiencia de Brasil está marcada por colectivos sociales que luchan para que los habitantes de la calle participen directamente en los procesos que los involucran. Es decir, una mirada de las políticas públicas desde un enfoque de derechos. “Hay que invitarlos a conversar y garantir que esas personas intervengan como controladores de la política pública, no como objetos de esa política”, resumió a Brecha Samuel Rodrigues, en representación del Movimento Nacional da População de Rua. Así es como en ese país las personas en situación de calle y los clasificadores participan de comités y reuniones periódicas como observadores, sugieren estrategias y proponen instrumentos desde sus experiencias personales. También encabezan movilizaciones de calle con otras poblaciones vulnerables como las prostitutas o los sin tierra. A algunos, la militancia les ha permitido ser contratados en proyectos sociales, abriéndoles el camino al mundo del trabajo y a la superación del estigma de vagabundos o mendigos que les ha dejado la rua.

Desde el Movimento Nacional da População de Rua se definen a sí mismos como una forma de organización de hombres y mujeres en situación de calle, con un fuerte trabajo de voluntarios, todos comprometidos con la lucha por una sociedad justa e igualitaria. Y entre sus tantas banderas, priorizan un aspecto importante: contribuir a la construcción de una cultura que entienda la vivienda como la principal puerta de salida de la calle.

“Las personas pudieron superar su situación cuando de hecho tuvieron una vivienda”, coincidió a su turno María Cristina Bove, de la Pastoral Nacional do Povo da Rua. Este colectivo social brasileño trabaja por la emancipación y el empoderamiento de la población de calle desde las ideas de la teología de la liberación, mezcladas con la pedagogía del oprimido del brasileño Paulo Freire. Persiguen una transformación social estructural, “no desde una visión de la caridad o la misericordia, sino entendiendo la vida de la gente de la calle y los clasificadores como actores sociales”.

Como movimiento han ido más allá de su eslogan “Chega de omissão! Queremos habitação!”, y han realizado acciones concretas, sobre todo en la ciudad de Belo Horizonte. Han trabajado mano a mano con los grupos de personas que viven bajo los numerosos viaductos que tiene la capital y los han acompañado durante los desalojos: “Concretamente en 11 lugares pudimos ayudarlos a que se organizaran durante el proceso y conseguimos vivienda para todos ellos”. También han construido dos bloques de viviendas y están atentos a los terrenos baldíos o los inmuebles ociosos, lo que les permitió, entre otras cosas, conseguir un edificio de 17 pisos –con 160 apartamentos– luego de 13 años de espera. “Hoy están todos en sus casas”, resumió Bove ante los presentes, no sin antes recordar otra de las principales consignas de su colectivo social: “Nadie está en la calle porque quiere”.

 


 

Violencia institucional y muerte en Colombia

 

Los “ñeros” que faltan

 

Los homicidios de habitantes de la calle fueron 4.176, cometidos en Colombia entre los años 2007 y 2017, según una investigación de la Ong Temblores titulada Los nunca nadie. La cifra –obtenida a partir del registro de la policía nacional y la fiscalía de ese país–, muestra un crecimiento de los homicidios al borde de la masacre y sólo en el último año se contabilizaron 582 casos. El 80 por ciento de las muertes ocurrieron en la vía pública durante los días domingo y sábado, sobre todo por la madrugada. La ciudad más violenta es Bogotá, con 1.175 homicidios del total de muertes. “Cuando se dedican a hacer limpieza, más de un loco se desaparece”, opina Ernesto, uno de los cientos de testimonios recogidos en la calle por los investigadores de Temblores.

“Uno de los grandes perpetradores de los homicidios es la policía”, sentenció en Montevideo el abogado e integrante de la Ong Alejandro Lanz, y agregó: “forma parte de una violencia sistemática y selectiva: creemos que a los habitantes de calle los matan por ser habitantes de calle”. Dedicados a tres áreas –“sexo, drogas y paz”–, Temblores trabaja por el reconocimiento de los habitantes de la calle, pero también de la población Lgtbi, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas, víctimas de violencia policial y personas privadas de libertad.

Pero antes de la investigación Los nunca nadie estuvo el informe Destapando la olla. En mayo de 2016, más de 3 mil agentes de la fuerza pública intervinieron la zona del Bronx y expulsaron a toda la población que vivía allí. Conocida como “la olla” más grande de Bogotá, se construyó luego de haber hecho un desalojo similar en otro famoso vecindario llamado El Cartucho. “El operativo fue ordenado por la alcaldía de Enrique Peñalosa”, el actual alcalde de Bogotá, dijo Lanz, el mismo que en agosto de 2016 pronunciara las felices palabras: “Tampoco hay que hacerle fácil la vida a los habitantes de calle”.

Los desalojados del Bronx fueron a parar a la salida de un enorme caño de la ciudad, en donde en agosto de ese año se presentó una crisis humanitaria: las compuertas se abrieron y unas 500 personas fueron arrastradas por el repentino caudal de agua, de nuevo durante la madrugada. Desde Temblores siguieron el proceso, lo documentaron y a partir de testimonios de los sin techo reafirmaron que la apertura de las compuertas fue una acción premeditada por las autoridades del distrito. “No lo hemos podido probar, pero todavía estamos pidiéndole al Estado que investigue el proceso”. Han realizado varios pedidos de acceso de información al gobierno, pero aún continúan sin respuestas.

Aunque desde la Ong denuncien incansablemente las violencias institucionales más comunes hacia los habitantes de la calle (ataques a la vida y la integridad física, indocumentación, violencia psicológica), y hasta tengan a algunos policías identificados (dos de los más peligrosos son el Cara de Papa y el Topo Gigio), el nivel de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos en situación de calle es muy bajo y no denuncian la violencia policial por miedo a las represalias. Las amenazas son básicamente dos: la primera es llevarlos a la Unidad Permanente de Justicia (Upj), una suerte de centro transitorio donde la policía está habilitada para conducir a los habitantes que se encuentran en “alto grado de exaltación”, parámetro ambiguo que se convierte en una excusa perfecta para llevar allí a usuarios de drogas, trabajadoras sexuales y habitantes de calle, relata Lanz. La segunda amenaza es “cargarlos” con drogas, para luego inculparlos y detenerlos.

“Nosotros no podemos acusar directamente al Estado de la comisión de estos crímenes que están sucediendo porque no tenemos las pruebas necesarias, no hay procesos de denuncias efectivos y acceso a la justicia. Pero sí podemos responsabilizar políticamente a los discursos que ha traído esta alcaldía (la de Peñalosa) y que ha sido nefasta para los habitantes de calle”, dijo Lanz el miércoles en el edificio Mercosur.

Estas no son sólo cifras, dijo el joven abogado, son historias de violencia, de discriminación y de negación sistemática de derechos que merecen ser contadas para hacer memoria, “una memoria que desde las calles ha transformado a la sociedad colombiana en guerra”. “Sólo a través de esta memoria y la resistencia colectiva lograremos que algún día ningún ciudadano sea registrado como un ‘nunca nadie’, que cada historia de violencia sea denunciada, que quienes matan a los ciudadanos habitantes de calle no queden impunes y que a los ‘ñeros’ se les reconozca su dignidad. Sólo así lograremos que ser habitantes de calle no sea una sentencia de muerte”, concluyó.

 


 

Niños de la calle y drogas

 

Pantalón cortito

 

A partir de los años 2012 y 2013 se comenzó a ver menos niños en las calles de Montevideo, en gran parte por el impacto de las políticas universales y focalizadas sobre esa población, resumió Marcelo Rossal, antropólogo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación durante el seminario de Red Calle.

“Comenzaron a estar más cuidados, incluso por sus propias familias”, opinó Rossal. Hubo un cambio, agregó el antropólogo, y las madres que antes pedían en las calles con sus hijos, ahora ya no querían ser vistas: “Evidentemente había un sentir de que cierto apoyo del Estado podía empañarse si las veían. Era algo malo hacer pedir en la calle a sus niños o pedir ellas mismas”. Antes, en 2010, “los niños apenas podían caminar y ya estaban pidiendo monedas para sustentar a sus familias”, explicó el autor del libro De calles, trancas y botones (2011), que junto al también antropólogo Ricardo Fraiman recogieron muchas de esas trayectorias.

Por otro lado, observaron que los mismos niños que habían iniciado la vida en la calle a los 8 o 9 años, los encontraron de nuevo ya con 14 o 15 años, y con “una vida más consolidada” en la ciudad. Utilizaban de manera pragmática los programas de calle y los instrumentos que instituciones como el Inau les ofrecían, también el vínculo con los educadores para acercarse a la institución; “los tomaron como forma de reducir sus propios daños, de rescatarse, para sobrellevar la violencia del Estado o de particulares, muchas veces las ganas de bañarse, el hambre o el querer dejar de consumir ciertas sustancias”. También comenzaron a aparecer otras instituciones evangélicas como Remar o Beraca, que “si bien se podían ver como que los explotaban, eran un ámbito de refugio, literal y simbólico”, “estaban protegidos del castigo posible que les pudieran dar agentes del sistema penal o por deudas en el mercado de la pasta base”.

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Bienvenido al “club de las buenas prácticas”

El segundo gobierno de Santos llega a su final y una de sus obseciones, el ingreso de Colombia a la Ocde, parece que no será concretado. Después de largos trámites y exigencias cumplidas por el alto gobierno, aún falta más para que el país pueda “medirse con los mejores”, como dice Santos. Hasta ahora, el ingreso a esta institución no ha significado mejora alguna para las poblaciones de países como México –que ingresó en 1999– y Chile –2010–. ¿Por qué tanta obsesión con el tema? ¿Qué intereses ocultos hay tras bambalinas?


Fundada a inicios de los sesentas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –Ocde– recoge el espíritu del Plan Marshall que en su momento buscaba recuperar la economía de las naciones europeas tras la desgracia de la guerra. Como integrantes ahora cuenta con 35 Estados, y suma un presupuesto anual que supera los 370 millones de euros. La Ocde alberga países que comparten el crecimiento económico según los principios de las sociedades de mercado, es decir, neoliberales, defendiendo intereses de sus centros financieros y mercados. Responde como un blindaje en el orden del proceso de globalización económica imperante.

 

Según dicen sus impulsores, es un foro para el diálogo y trabajo cooperativo cuya finalidad explicita es “compartir experiencias y buscar soluciones a problemas comunes”. En esa medida es un espacio para el intercambio constante de información en pro de “armonizar” políticas económicas y sociales para su coordinación a nivel internacional. De manera permanente, a su vez, este organismo publica informes con pronósticos de tendencias económicas para cada uno de los países que la integran, los que clasifica en estándares internacionales, los mismos que inciden en la cooperación fiscal por medio de convenios entre las naciones, y que establecen un modelo para las negociaciones bilaterales donde le asignan “el derecho fundamental de impuesto al país que origina la inversión de capital, es decir del país de la residencia en lugar de aquel en el que realiza la inversión”. Es claro el sentido del enunciado: aplica la retención en los centros de producción del capital, de manera que en un país donde sólo exportamos hortalizas, flores y café, su beneficio será mínimo. Los negocios circulan globalmente sin mayor beneficio regional, lo que da más vida al mercado global corporativo.

 

Hacen fila y olvidan la soberanía

 

En mayo de 2013 fue aprobada la invitación de adhesión a nuestro país junto con Letonia, que en 2016 fue aceptada de manera plena. En los últimos años lograron ser incorporados como miembros Israel, Eslovenia y Estonia. En la misma carrera de alistamiento que Colombia están Costa Rica y Lituania. Sin embargo, países con gran envergadura económica como Rusia, tras la crisis de Crimea en 2014 y la disputa geopolítica que sobrelleva con Estados Unidos y sus aliados europeos, renunció a vincularse a este grupo, Potencias como China e India no han mostrado interés; Brasil, la potencia suramericana, así como Argentina, tampoco la integran, aunque en meses recientes los gauchos han mostrado interés por esta organización. Quizás ven la necesidad de fortalecer su economía nacional antes de estar atados a compromisos con países con mayor músculo económico e industrial.

 

Nuestro país

 

La Ocde afirma que Colombia posee una economía con solidez y con alguna resistencia a la caída de precios de las materias primas, o en lenguaje menos entramado que el capital internacional puede invertir acá con cierta garantía por la estabilidad del mercado. Advierten en la necesidad que tiene el país de ajustarse a la caída de los precios del petróleo que inciden en los montos del gasto público. Proponen aumentar el recaudo incluyendo nuevos productos gravados y más personas a tributar, e incluir productivamente con mayor intensidad la mano de obra femenina en todas las esferas. Pues si bien ya están vinculadas se requiere ampliar aún más su participación en el mundo laboral.

 

La representante de Colombia ante este organismo, Catalina Crane Arango, anunciaba con euforia a los medios de comunicación que las “recomendaciones” apuntaban a la gobernanza con transparencia, y mejorar educación, infraestructura, impuestos y desarrollo financiero. “Recomendaciones” todas ellas derivadas de 23 comités que propusieron más de doscientas reformas, ajustes, “modernizaciones” de instituciones, etcétera, las mismas que fueron atendidas rápidamente por el gobierno colombiano. Posteriormente, en reunión entre el presidente Santos y el secretario general de la Ocde Ángel Gurría, informaron que los últimos comités por aprobar en Colombia, son: empleo, comercio, trabajo y asuntos sociales. Dificultades que demuestran las inocultables carencias del Estado colombiano frente a la protección social; por ejemplo, fue evidente la mella producida por Human Right Watch que denunció la situación de los niños wayúu y también la presión de la CUT por el monto del salario mínimo, inferior al de otros seis países de nuestra región.

 

Las medidas ya tomadas, para lograr la admisión en la Ocde, implican una debilidad institucional, por ejemplo, al eliminar la presencia de los ministros en las consejos de empresas estatales, lo que reduce la autonomía real de las mismas y su potencialidad; asimismo demandan fortalecer la independencia de las superintendencias en la protección legal para la circulación de mercados y establecer un régimen de responsabilidad corporativa.

 

Además, la entrada del capital extranjero se opone a negocios de fuerte monopolio estatal como, por ejemplo, el alcohol, mercado que ahora debería abrirse. Si así sucede con un sector tan consolidado como éste, ¿qué será de los demás? También exigen modernizar la explotación extractivista con políticas nacionales para la gestión de productos químicos, promover las energías renovables, eficiencia energética y la gestión integral de residuos sólidos.

 

Pero como si todo lo cedido fuera poco, ahora nuevas objeciones aparecen para doblegar más al país ante el deseado y pretendido ingreso: grandes empresas manufactureras, farmacéuticas y el Consejo Empresarial Internacional de EE.UU insisten en que Colombia debe ajustar en otras tres áreas: ponerle fin, en el curso de dos meses, al programa de chatarrización de camiones –y no dos años como propone el gobierno Santos–; actualizar las leyes de autor y propiedad intelectual, y revisar puntos sobre la venta de medicamentos y derechos de patentes. Todo a favor de las farmacéuticas estadounidenses que señalan que “Las barreras comerciales restringen el acceso al mercado y son inconsistentes con los compromisos internacionales de Colombia y los principios básicos de la Ocde”. En síntesis, es una penitencia mayor la demandada por el capital global para el ingreso del país al club de los neoliberales plenos.

 

¿Cuál es el lugar de Colombia?

 

En el fondo este organismo entiende al país dentro del contexto latinoamericano, caracterizado por la baja productividad y abundante vulnerabilidad social, donde existe baja confianza en las instituciones. Temen que la nación colombiana esté quebrada e institucionalmente debilitada, propensa a desordenes populares.

 

Dentro de los factores de desarrollo por los cuales consideran a nuestro país rezagado, está la educación, con un sistema sin innovación, pues, por ejemplo, el rendimiento está por debajo de la media aritmética de los países miembros. En este ítem demandan estimular la formación de estudiantes preparados para el mundo laboral. Exigencia no casual, ya que el 30 por ciento de las empresas nacionales identifican la mano de obra nacional como un obstáculo para el crecimiento productivo; al mismo tiempo, el 60 por ciento de estudiantes en la educación secundaria no cuenta con conocimientos y habilidades básicas para participar del mercado laboral formal. Los flojos esfuerzos de Colombia la más educada, de no vivirse un cambio sustancial en el presupuesto del ramo, continuarán arrojando resultados mediocres. Lejos está la inversión nacional de la aprobada por Chile, que alcanza al doble, y mucho más de la aporbada por Brasil que representa 30 veces más. Y a pesar de la propaganda sobre las obras de movilidad, para la Ocde nuestro país conserva una deficiencia en la infraestructura que implica incrementos en los costos de transporte de materia prima y mercancías, lo que perjudica al capital.

 

Pese a todo esto, el afán de quienes detentan el poder en nuestro país no ceja en proceder de acuerdo a lo exigido por este “club de buenas prácticas”, de lo cual da cuenta la reforma tributaria de 2016, con el supuesto propósito de reducir la desigualdad e incrementar la productividad –al reducir la carga impositiva sobre inversión y no prolongar el impuesto al patrimonio neto sobre las empresas.

 

El gobierno también acepta dejar de depender de ingresos petroleros, para lo cual proseguirá ampliando la base tributaria –incluyendo más personales naturales y jurídicas–; a su vez retoma el tema de la reforma pensional –para reducir parte de los privilegios de las mesadas más altas y permitir pensiones por debajo del salario mínimo legal. De igual manera, modificaría el promedio pensional, pasando de referenciar una media de diez años a una de quince, afectando negativamente el monto de la pensión. Sin mencionar el interés de igualar la edad de pensión entre mujeres y hombres. También valora la posibilidad de reformar de nuevo el tema del IVA, para la totalidad de productos al 18 por ciento, e incluir nuevas productos y mercancías.

 

Pero, ¿qué ganan quienes detentan el poder con todo esto? Tal vez es la excusa para “modernizar” su Estado, aplicando un conjunto de reformas como condición para “mejorar” la economía nacional y, con ella, el empleo y otros rubros; tal vez para motivar la inversión de nuevos capitales globales, llevando al país hacia nuevos campos del extractivismo; o, tal vez, el simple gusto de saltar a la burocracia mundial de parte de quien se abrogó el Premio Nobel. O todas juntas.

 

Cualquiera sea la razón, lo cierto es que con este conjunto de concesiones el capital internacional encuentra un Estado más dócil y manejable ante el conjunto de sus necesidades para continuar concentrándose.

Llegados a este punto, el papel que le queda al Estado colombiano será la de contener socialmente con programas de asistencialismo, para que la explotación sea más expedita y, claro, de ser necesario, contener por la fuerza.

Bienvenidos, pues –como tal vez escuchemos en los próximos meses– al “club de las buenas prácticas”, donde la risa será para el capital internacional y el llanto para las mayorías nacionales.

Publicado enEdición Nº244
Martes, 24 Enero 2017 16:56

¿Para dónde va la salud en Colombia?

¿Para dónde va la salud en Colombia?

En el marco del inicio de un nuevo año, donde se suelen hacer balances y establecer perspectivas, vale la pena reflexionar sobre cuáles son las posibles tendencias del sector salud en la actual coyuntura nacional.

 

Para acercarse a la realidad que caracteriza a la salud en nuestro país, debe tenerse como referencia dos aspectos claves de la coyuntura. Por un lado, recordar que se cumplen dos años de la expedición de la Ley 1751 de 2015, conocida como Ley Estatutaria en Salud, lo que a su vez establece que se cumple el plazo para la reglamentación de algunos de sus componentes. De otro lado, están los acuerdos suscritos entre el Gobierno y las Farc, en los cuales aunque la salud no fue un eje central, sí dejo estipulados aspectos en esta materia que pueden influir en su tendencia.

 

Crisis crónica

 

La situación del sector ha mantenido una tendencia marcada en los últimos años, sin mayor modificación, en medio de un debate en el cual los sectores gubernamentales sostienen que no hay crisis, mientras muchos sectores políticos, académicos, gremiales y sociales se pronuncian, una y otra vez, denunciando aspectos de esta crisis y demandando su solución.

 

Desde la óptica del Ministro de Salud, lo que sucede es que “hay una tendencia de muchos sectores de la opinión, incluido el periodismo, de negar el progreso”1, razón por la cual para Gaviria el sector ha tenido avances muy loables, solo que no se reconocen.

 

No podemos desconocer algunos avances del Ministerio del ramo: cobertura de aseguramiento en salud de casi al 100 por ciento de la población; concreción de la orden de la Corte Constitucional de la interrupción voluntaria de embarazo (IVE); imposición del precio al fármaco Imatinib (medicamento anticancerígeno, quitándole a la casa farmacéutica este privilegio); contención de las aspersiones con glifosato para el control de cultivos de drogas ilícitas.

 

Como puede verse, son avances puntuales, no estructurales, los que contrastados con las necesidades, sufrimientos y caos cotidiano que se vive en el sector, terminan como elementos marginales que no rompen la constante de incumplimiento de su función social central: garantizar y proteger la salud de la población.

 

Y es que no son de poca monta los problemas del sector, algunos de ellos relacionados con la corrupción –que ha desviado enormes recursos públicos de salud para intereses particulares–, el deterioro de la red pública hospitalaria, la situación de precariedad laboral de los trabajadores del sector, los atropellos y violaciones cotidianas al derecho a la salud que sufren los pacientes, etcétera.

 

Muchos sectores expresan que hay una crisis del sector. Por ejemplo, el propio gremio de empresarios agremiado en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) así lo reconoce, sosteniendo que “no hay duda que el sector de la salud vive desde hace años una crisis para la cual no se ha planteado una solución estructural”2, ubicando eso sí, que la crisis es principalmente de orden financiero.

 

Según la Andi la cartera vencida crece de manera acelerada, llevando en muchas regiones a un déficit en la prestación en los servicios. Según la Encuesta de Cartera de las empresas afiliadas a las cuatro Cámaras de la Salud de la Andi, a junio de 2016, las acreencias eran de $3.1 billones, de los cuales $1.6 billones correspondían a cartera vencida3.

 

Por su parte la Asociación de Clínicas y Hospitales de Colombia (Achc) planteó que la cartera del primer semestre de 2016 de sus instituciones, tanto públicas como privadas, ascendió a $7.1 billones4. Por su parte, para la Superintendencia de Salud el déficit en el sector es de $5.5 billones5.

 

En medio de esta situación se han liquidado varias EPS, entre ellas y en el último periodo Caprecom y Saludcoop y se está en proceso de venta de Cafesalud. Así mismo, 33 instituciones tienen medida de intervención por parte de la Superintendencia de Salud.

 

La propuesta de la Andi para superar esta crisis es que los recursos del cuatro por mil en las transacciones bancarias pasen al sector salud. Propuesta que no es nueva, planteada antes por sectores sociales y comunitarios, pero sin visto bueno en la Casa de Nariño.

 

Otros gremios, como los profesionales de la salud, también expresan esta crisis. Es el caso de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (Scare) que ha manifestado su preocupación ante la crisis financiera y de servicio del sector salud, que compromete de manera grave la calidad en la atención a los pacientes y el derecho al trabajo digno de los profesionales de la salud6.

 

O como lo expresan los sectores sociales reunidos en la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud (Mnds) que “han sido muchos años, 21 para ser exactos, en los que hemos sido testigos de cómo la estructura del sistema de salud en Colombia ha venido ‘adecuándose’ para mejorar las condiciones del negocio de la salud para unos pocos a costa del sufrimiento de muchos...La crisis de la salud no sólo es el resultado de ineficiencia y mala gestión, es una crisis creada para mejorar las condiciones y ganancias de las grandes empresas”7.

 

Declaraciones que evidencian, unas y otras, que el debate sobre la crisis del sector sigue vigente, que las miradas frente a su situación son diversas, e igualmente las salidas propuestas; pero lo que si se acepta por todos es que hay una profunda deslegitimación social del sistema de salud y que esto es una bomba social cocinada por largos años, evidenciando la cronicidad de los problemas y su no adecuado enfrentamiento.

 

Lo que dejan los acuerdos de La Habana en salud

 

En La Habana no discutieron como punto central el tema de la salud y por tanto en los Acuerdos no hay un análisis crítico del sector, ni una reflexión sobre las posibles alternativas para el posacuerdo en esta materia.

 

Pero en tanto los acuerdos colocaron acento en las condiciones de vida y bienestar para la población campesina y los excombatientes, allí sí aparecen temas relacionados con la salud.

 

En este sentido, en el punto de la política de reforma rural integral se habla de la configuración de un Plan Nacional de Salud Rural que implica su construcción de forma participativa y con enfoque diferencial; el fortalecimiento de la infraestructura y el desarrollo tecnológico en salud con mayor oportunidad y pertinencia; un modelo de salud pública para zonas dispersas basado en la prevención, que llegue a hogares y lugares de trabajo con un enfoque diferencial con énfasis en niñez y mujer gestante, y un proceso de seguimiento y evaluación de su implementación.

 

Igualmente, en este punto de política de reforma rural integral, se habla de la creación de un Sistema de Seguridad Alimentaria con Consejos de Alimentación y Nutrición; programas contra el hambre y desnutrición de cobertura nacional con énfasis en población vulnerable; promoción de mercados locales y regionales que acerquen al productor y al consumidor; y campañas orientadas a la producción y consumo de alimentos con un alto contenido nutricional.

 

En el punto del fin del conflicto, se habla de salud integral, atención psicosocial y salud mental a excombatientes, víctimas y comunidades en zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) y se acuerda que los y las excombatientes entraran a ser parte de los asegurados a través del régimen subsidiado.

 

En el punto de solución al problema de las drogas ilícitas, se ubica un abordaje integral a la problemática de la producción, transformación, comercialización y consumo de drogas y la creación de un Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas con enfoques de derechos humanos, salud pública, diferencial, participativo, basado en la evidencia, que incluye la creación de un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas.

 

En el punto de víctimas, se define la ampliación de la cobertura pública mediante el aumento de centros locales de atención y unidades móviles para sitios lejanos, a fin de mejorar la calidad de la atención psicosocial y en salud mental para la recuperación emocional de las víctimas de manera diferencial y medidas de recuperación emocional a nivel individual y colectivo.

 

Así las cosas, a través de los acuerdos de La Habana la salud puede marchar en otra dirección; asunto que así podría ser de cumplirse la propuesta de una mayor participación y democratización en el país, sostenida en los Acuerdos, y por esta vía avanzar en la configuración de una política de salud rural que funde las bases para configurar un nuevo sistema y un nuevo modelo de atención en salud en el país, permitiendo atender de manera adecuada a las víctimas, y garantizando el derecho a la salud como condición indispensable para la paz.

 

Pacto nacional por la salud

 

La tendencia del sector salud en los próximos años, si va a seguir dependiendo de las medidas que tomen los gobiernos de orientación neoliberal, como han sido hasta ahora, mantendrá su rumbo de negocio y de incremento de la crisis, expresada en problemas de atención, de salud pública y financieros.

 

Esta tendencia se ratifica con medidas como la de vender Cafesalud o la liquidación de EPS e IPS, política constante en los últimos años, que en nada resuelven los problemas estructurales del sector8.

 

De igual manera, con reglamentaciones de la Ley Estatutaria en Salud, como la dada por la Resolución 1328 “por la cual se establece el procedimiento de acceso, reporte de prescripción, garantía del suministro, verificación, control, pago y análisis de la información de servicios y tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC y se dictan otras disposiciones”, la cual, al decir de los integrantes de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, “lesiona gravemente la autonomía médica y limita la formulación y el acceso a medicamentos y tecnologías para los pacientes”9, con lo cual se mantiene la lógica de un paquete limitado de acceso a bienes y servicios, que es un aspecto estructurante de los modelos de aseguramiento privado en salud, como el colombiano.

 

Las esperanzas cifradas en la Ley Estatutaria en Salud para que se diesen los cambios necesarios para configurar una nueva política de salud garante del derecho a la salud, pasados dos años, muestran sus escasas posibilidades.

 

Con los diálogos entre la insurgencia y el Gobierno, se ha tenido la esperanza que se discutan y abran los caminos para que temas vitales de lo social, como es el caso de la salud, puedan ser discutidos a fondo y transformados. Las posibilidades de una asamblea nacional constituyente o de otro mecanismo para un pacto nacional deben seguir siendo presionados desde estos escenarios.

 

Desde hace muchos años, sectores sociales, comunitarios, académicos y gremiales, hemos hablado de la necesidad de un pacto social en el país que genere los acuerdos necesarios para ir en otra dirección; mecanismo a través del cual posiblemente podría enfrentarse el triángulo de poder que ha alimentado la salud como negocio: Gobierno, Congreso de la república y empresarios de las EPS10.

 

Esto ha sido recientemente planteado por Horacio Serpa, actual presidente del partido liberal, quien ha dicho que “se debe avanzar un gran pacto nacional por la salud para adelantar una reforma estructural que sea liderada por el Gobierno que llegue a la Casa de Nariño en 21018”11.

 

El pacto debe ser entre el conjunto de la sociedad, no entre las elites, para poder ir en una dirección adecuada a las demandas y necesidades de salud de la gente. Estaría por verse si hay las condiciones de correlaciones de poder para lograr un pacto en estas condiciones. Por ahora lo único claro es que para los sectores proclives a la salud como derecho no queda más camino que la movilización, la lucha, la denuncia y la presentación de propuestas, para lograr que la salud en Colombia vaya en la dirección de derechos y no de negocio.

 


 

* Profesor Departamento de Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia
1 Alejandro Gaviria: “Llevo la contraria a los mercaderes de la inmortalidad, la Iglesia y la industria farmacéutica”. El País. Edición digital 27 de diciembre de 2016. http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/26/colombia/1482786967_462812.html
2 Carta de la Andi dirigida al Senado de la República, a varios Ministros y al Director de Planeación Nacional. 30 de noviembre de 2016.
3 Ídem.
4 Achc. Comunicado de Prensa. Noviembre 23 de 2016. http://achc.org.co/documentos/prensa/Boletin%20ACHC%20-%20Deudas%20superan%207%20billones.pdf
5 Superintendencia Nacional de Salud. Informe seguimiento Indicadores de Permanencia. Decreto 2702 de 2014. Número 1. Mayo de 2016. https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/SupervisionRiesgos/EstadisticasEPSRegimenSubsidiado/9.%20INFORME%20SEGUIMIENTO%20INDICADORES%20DE%20PERMANENCIA_DICIEMBRE%202015.pdf
6 Scare. Carta dirigida al Ministro de Salud y Protección Social. 21 de diciembre de 2016.
Dice Scare que “la carencia de recursos en el sistema, ha conllevado a la intervención de varias instituciones por parte de las autoridades administrativas, ausencia de insumos, cierre de servicios en Hospitales y Clínicas y al incumplimiento en el pago de acreencias a quienes prestan los servicios de salud; lo cual ha puesto en riesgo la seguridad de los pacientes y ha causado, en términos generales, tanto una negativa en la prestación de servicios, como una sobreocupación de la capacidad instalada en las diferentes IPS, impidiendo que se brinde una atención adecuada y de calidad”.
7 Mnds. Comunicado: “La crisis de la salud: una crisis creada para mejorar las ganancias para EPS y multinacionales extranjeras a costa de la salud de la gente”. Agosto 17 2016.
8 Ver “¿Liquidar los hospitales públicos es la opción?”, periódico desdeabajo julio de 2016, https://www.desdeabajo.info/ediciones/29369-liquidar-los-hospitales-publicos-es-la-opcion.html
9 Mnds. Comunicado: “La crisis de la salud: una crisis creada para mejorar las ganancias para EPS y multinacionales extranjeras a costa de la salud de la gente”. Agosto 17 2016.
10 Torres-Tovar Mauricio. El triángulo de poder en salud en Colombia. Semanario virtual Caja de Herramientas. Edición N° 00378 – Semana del 22 al 28 de Noviembre de 2013. http://viva.org.co/cajavirtual/svc0378/articulo08.html
11 Caracol radio. Partido Liberal pide pacto nacional para reformar sistema de salud. Edición 5 de enero de 2017. http://caracol.com.co/m/radio/2017/01/05/politica/1483639091_306922.html

Publicado enEdición Nº231
Lunes, 28 Noviembre 2016 14:53

“Los límites del progresismo”

“Los límites del progresismo”

Los progresismos se consolidaron en el gobierno luego de una década de convulsiones sociales en América Latina: el Caracazo en Venezuela (1989), Inty Raymi en Ecuador (1990), o la Guerra del gas en Bolivia (2003), para citar tres ejemplos. ¿Por qué estos movimientos poderosos creyeron que la opción liberal de la democracia representativa era la solución? Esta es la pregunta que el texto Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo de Raúl Zibechi y Decio Machado, busca desentrañar para encontrar las razones por las cuales potentes rebeliones terminaron reconducidas hacia la gestión de lo estatal.

 

Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo, este texto desnuda los límites políticos, ideológicos y económicos de los llamados gobiernos progresistas, caso Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil que profundizaron el extractivismo en America Latina la última década.

 

En principio, Zibechi considera que en Marx nunca, jamás, se dice que el mundo se puede cambiar desde arriba, desde el Estado. “Somos de los que pensamos que el mundo se cambia desde abajo y que desde arriba sólo se reproduce lo que hay. Y si lo que hay es extractivismo, eso es lo que sigue habiendo”, afirma.

 

El límite político e ideológico de estos gobiernos fue considerar que la clave de la transición de un Estado a otro tipo de Estado consiste en la llegada de nuevos sectores sociales (populares) a los más altos cargos de la administración, como se repitió incesantemente desde el púlpito progresista.

 

Zibechi y Machado afirman que pensar que esos altos cargos están procesando la transición hacia un nuevo Estado, sin tomar en cuenta que muy probablemente sean los núcleos de una nueva clase en el poder (o una nueva burocracia), es tirar por la borda toda la experiencia histórica de las revoluciones del siglo XX. Aquí radica el principal problema ideológico irresuelto de los progresismos: la formación (en su seno) de una nueva burguesía rentista nacida de abajo, “o sea de la capa superior de los movimientos y organizaciones sociales y, en paralelo, la congelación y profundización de la cultura rentista”, antes que el desarrollo de un nuevo tipo de sociedad “socialista”.

 

¿Por qué los movimientos sociales que dieron paso al llamado progresismo creyeron que la opción liberal de la democracia representativa era la solución? Esta es la pregunta que el texto busca desentrañar para encontrar las razones por las cuales potentes rebeliones terminaron reconducidas hacia la gestión de lo estatal, como si lo electoral fuera la salida natural para recomponer las crisis en curso, dicen Zibechi y Machado, es decir, explicar el reposicionamiento del estado y el cierre de los ciclos de luchas que caracterizan los gobiernos progresistas.

 

En el ejercicio gubernamental, los progresismos desarrollaron aspectos comunes: fortalecimiento/reposicionamiento de los Estados, aplicación de políticas sociales redistributivas, profundización del modelo extractivo de producción y exportación de commodities, como base de la economía. Por otra parte, ese modelo extractivo basado en la minería, hidrocarburos y soya, fue la base de la gestión populista, es decir de la legitimidad política y social de los progresismos.

 

Aquí ancla el análisis económico nodal del texto: el progresismo fue incapaz de transformar la estructura productiva y profundizó el modelo extractivo y su principal error fue no tocar a las elites que concentran la riqueza. Este hecho adquiere relevancia a la hora de considerar y pensar la permanencia de la desigualdad en América Latina, acrecentada este último período. El libro contiene datos precisos para demostrar que la desigualdad social, antes que disminuir, aumentó en la región.

 

Más aún, ante la actual crisis económica mundial y la subsiguiente caída abismal de los precios de las materias primas, ¿Qué respuestas nos plantea el progresismo que no deriven en incrementar el (mismo) extractivismo?, preguntan los autores. Ninguna.

 

En estos límites, nuevos movimientos sociales ya están jugando un papel en la deslegitimación de este modelo extractivo, observan Zibechi y Machado, en las distintas movilizaciones sociales que empiezan a inundar las diversas geografías de América Latina.

 

En suma, sostienen que la recomposición estatista progresista fue un paso atrás en las luchas sociales de América Latina. Aquí la entrevista al periodista e investigador uruguayo.

 

P. ¿Por qué el título del libro Cambiar el mundo desde arriba?
R.Z. Porque somos de los que pensamos que el mundo se cambia desde abajo y que desde arriba sólo se reproduce lo que hay. Y si lo que hay es extractivismo, eso es lo que sigue habiendo. Si el mundo cambia abajo, y si el arriba se convierte en obstáculo, hay que “romper el cascarón”, como dice el Manifiesto Comunista. En Marx nunca, jamás, se dice que el mundo se puede cambiar desde arriba, desde el Estado.

 

P. En los antecedentes de los gobiernos progresistas se encuentran un conjunto de movilizaciones sociales que pusieron en jaque al estado neoliberal. Están los movimientos indígenas en el Ecuador, los zapatistas en México, la Guerra del agua y del gas en Bolivia, movilizaciones populares en Argentina y Paraguay. En este marco, ¿qué importancia tiene el Caracazo y qué características tuvo este movimiento donde el pueblo/masa/nación tuvo un rol importante. El Chavismo fue su desarrollo o su neutralización?
R.Z. El Caracazo fue el primer gran movimiento del período neoliberal que nadie convocó y nadie dirigió. Pero a la vez fue el primer levantamiento popular, una verdadera insurrección, en contra del nuevo modelo, y fue exitoso porque sentó las bases para la deslegitimación del pacto de Punto Fijo sobre el que descansaba la gobernabilidad desde el fin de la dictadura de Pérez Jiménez.
El chavismo fue las dos cosas a la vez, y ahí su potencia pero también su dramatismo. Quiso empujar el proceso hacia un fin determinado (el socialismo del siglo XXI) pero al hacerlo lo empezó a encuadrar en ese proyecto, y al hacerlo lo vanguardiza y por lo tanto lo domestica. Pero el principal problema no es ese, de ahí se puede salir. El problema es la formación de una nueva burguesía rentistas nacida de abajo, o sea de la capa superior de los movimientos y organizaciones sociales y, en paralelo, la congelación y profundización de la cultura rentista.

 

P. Si uno observa el cuadro de situación político anterior a los progresismos resalta la cantidad de movimientos populares de resistencia contra el neoliberalismo. ¿Por qué estos movimientos poderosos quedaron neutralizados? ¿Esto no tiene que ver también con la vieja idea reformista que permea la memoria política de las masas en América Latina, la manera populista de encarar la negociación con el estado en AL, de convulsión/estabilización?
R.Z. Puede ser. Pero además hay una débil ruptura con la cultura política tradicional en las izquierdas, que abreva en esa idea de convulsión/estabilización a través del voto. Esto aparece adobado, además de caudillismo, estatismo, y por supuesto de la vieja cultura paternalista heredada de la hacienda y la iglesia. No es nada fácil romper con esto. Una cultura no cambia más que en tiempos largos, no lo hace gradualmente sino a través de turbulencias. La cultura capitalista, hoy lo sabemos aunque antes se podía intuir, nació como consecuencia de una turbulencia apocalíptica, como lo fue la peste negra que se llevó en un par de años la mitad de la población de Europa. Ese impacto dejó huellas muy profundas, en la economía, en la cultura, en la política, y crea las condiciones para la aparición del capitalismo [...].

 

P. Qué son y cómo caracterizar los gobiernos progresistas que dominaron la escena política la última década. Por qué “fin de ciclo”. ¿Por qué la profundización de extractivismo es uno de sus componentes esenciales para la reproducción de su legitimidad?
R.Z. Son gobiernos que se dicen a sí mismos de izquierda o progresistas, aunque algunos intelectuales les llaman posneoliberales. Dicen que llegaron para reducir la pobreza y la desigualdad y promover el crecimiento con distribución de renta. Todo es falso. La pobreza cayó porque había un ciclo de alza de las economías y la desigualdad nunca disminuyó si se toma en cuenta la acumulación del 1 por ciento y no los ingresos salariales de las diversas escalas. Eso quiere decir que la oligarquía cruceña siguió acumulando en grandes proporciones, pero también crecieron otros sectores, lo que contribuyó a crear el espejismo de que se podía mejorar la pobreza sin tocar la riqueza.

 

Si tuviera que definirlos, digo que son gobiernos que administran el modelo capitalista en su fase financiera, o sea eso que llamamos extractivismo o “Acumulación por desposesión”. La única diferencia con el período anterior es que ya no hacen falta las privatizaciones porque la acumulación se da en otros sectores. Otra consecuencia es que profundizaron el capitalismo a través de la inclusión por el consumo.

 

P. ¿El aumento de los precios de las materias primas fue perjudicial para el continente? Esta es una idea que contrasta con el sentido común generado por el progresismo durante la última década.
R.Z. Que te paguen más algo que estás vendiendo no puede ser malo. El problema es qué hacés con eso. Vos vendés papas y quinua en el mercado y ganás muchos más. Bien. Pero si te lo gastás en una tele plasma, en un coche de lujo y en viajar, cuando vuelven a pagarte una miseria estás en el mismo lugar. Otra cosa es si esa ganancia la invertís en mejorar tu casa, en la educación de tus hijos, o en colocar un negocio familiar. Ahí estás abriendo un abanico que te pude mover del lugar que tenías.

 

Eso es lo que ha hecho el progresismo: gastarse todo en el carro de lujo. Hubo cosas muy buenas, como los teleféricos de La Paz que realmente le cambian cosas a la gente, porque destinaba horas y horas al transporte. Pero el empleo sigue siendo precario y mal pago, y así con la mayor parte de las cosas.

 

P. Thompson dice que las clases son porque luchan, no luchan porque son. En esa línea, sostienen que la llegada de nuevas clases populares al poder con el progresismo no es la garantía de ningún socialismo. ¿Por qué este debate no se ha desarrollado en AL. ¿Al progresismo habría que anotarle el rasgo de la desideologización también, de la falta de debate sobre los grandes temas que caracterizaron al marxismo?
R.Z. A los que forman parte de esa nueva burguesía emergente no les interesa visibilizarse sino pasar como luchadores o gestores del proceso de cambio. No admiten el espejo. Y a los intelectuales les pasa algo muy particular, o forman parte de la derecha o han sido comprados y tienen muy buenos ingresos, de más de 5.000 dólares, que ya no les permiten ser críticos. La crítica al poder siempre implica precariedad y bajos ingresos, como le sucedía a Marx. Pero ahora nadie quiere ganar 500 dólares al mes, aspiran a ganar diez veces más, tener coches, empleada doméstica, viajar a todo el mundo, y así.

 

P. Afirman en el libro que el principal error de los gobiernos progresistas fue no tocar a las elites que concentran la riqueza, no hacer reformas estructurales y profundizar el modelo extractivo. ¿Puede explicar esto en cifras? ¿No se luchó contra la desigualdad?
R.Z. En Brasil y en Uruguay, que es donde se han hecho mediciones, el 1 por ciento gana lo mismo o más que antes, no pierde nada y todo indica que ahora con la crisis la brecha se amplió aún más. No tocaron la riqueza porque gobernaron con los ricos, con las multinacionales brasileñas en Brasil, con el agronegocio y las mineras en todo el continente. Lo más que han hecho es incrustarse en esa burguesía a partir de negocios más que turbios, como ahora se destapa en Brasil y como siempre fue en Venezuela donde los cuadros bolivarianos tienen acceso privilegiado a la renta petrolera.

 

P. ¿Por qué el extractivismo genera una sociedad sin sujeto?
R.Z. ¿Cuál era el sujeto de la vieja minería en Bolivia? Los trabajadores de las minas, que vivían en grandes campamentos de miles de mineros, en lugares apartados y en condiciones muy duras tanto en su trabajo en el socavón como en la vida cotidiana. Por eso dormían, como se decía, con el fusil por la almohada, porque ahí estaban los milicos y los patrones para reprimirlos. Eran el sujeto natural del modo de producción.

 

Ahora, ¿Cuál es el sujeto en los campos de soja o en la megaminería multinacional? Son emprendimientos que casi no necesitan trabajadores, la minería ahora funciona como las plataformas petroleras, emplean muy poca gente y de modo rotativo, en lugares distantes y casi sin contacto entre ellos. Los camiones que recogen el mineral de cobre en Chuquicamata no tienen choferes, son a control remoto. Los sujetos estaban vinculados al modo de producción pero ahora los sujetos que nacen son externos a la producción, como las mujeres víctimas de feminicidios que están muy relacionados con el extractivismo, los afectados ambientales, los precarios urbanos, y así, ninguno está en la producción.

 

P. Y se vino la crisis económica por la abrupta caída de los precios de los commodities que ha desnudado los límites de la economía de los gobiernos progresistas, al mismo tiempo se observa una recomposición de los movimientos sociales, “como síntoma de las grietas abiertas entre gobiernos y sociedades”. ¿Puede ampliar este cuadro de situación de recomposición de la sociedad en movimiento?
R.Z. Aquella sociedad en movimiento dejó de estarlo y los viejos movimientos ya no serán los mismos. Es otra etapa. Lo que estamos viendo ahora, desde junio de 2013 en Brasil, es algo nuevo, completamente nuevo. Tanto que aún no tenemos las palabras para nombrarlo.

 

¿De dónde venimos? De una fenomenal cooptación de los movimientos. Primero del período neoliberal, cuando se crearon los modos de cooptación de las mujeres, los indígenas, los sectores populares, etcétera, a través de instituciones nuevas por arriba para integrar a la elite, y de políticas focalizadas para controlar la pobreza. Pero esa bolsa se descosió por abajo, porque la crisis fue tan potente que no pudo contener a tantos pobres.

 

Después vino la cooptación progresista, mucho más sólida y abarcativa, integró no sólo dirigentes sino movimientos enteros, hizo políticas sociales mucho más amplias pero no reconoció derechos universales, y realizó muchas obras. Pero el modelo extractivo sumado a la caída de los precios, están empezando a filtrar nuevas protestas que ya no pueden contener. Aquí podemos decir que la vanguardia son las mujeres, porque el modelo actual genera feminicidios que ya no son la violencia machista tradicional sino un genocidio contra los que sobran en este modelo, y una parte de ellas son mujeres. El modelo se sostiene con la proliferación de servicios armados, desde militares y policías hasta guardias privados, lo que ha multiplicado la población en armas, donde se reclutan los violadores y asesinos.

 

Otro sector, igualmente contestatario, son los jóvenes, porque al igual que las mujeres no tienen futuro en este tipo de sociedad, más que como vendedores a 800 bolivianos por mes, de lunes a lunes, 11 horas por día. Es igual que el feminicidio: esto ya no es explotación por extracción de plusvalía, sino esclavitud- O sea, acá sólo podés ser guardia armado o esclava/esclavo, y empiezan a rebelarse a ese destino.

 

P. En este contexto: ¿Qué respuestas plantea ante la crisis económica y política que vive América Latina, que supere el extractivismo y nos plantee nuevos tipos de sociedad?
R.Z. Pero para superar el modelo extractivo hay que derrotar al 1 por ciento y a sus aliados, los medios concentrados, los políticos de derecha y de izquierda, y los milicos. Hay que desalojarlos del Estado, desarmarlos de sus medios y de sus armas, pero además hay que derrotarlos culturalmente, y eso pasa por romper con la cultura consumista que despolitiza y nos hace conservadores. No se llega al mundo nuevo en carro y hablando por iphone, se llega sólo si asumimos una forma de vida muy austera y estando dispuestos a poner el cuerpo en el intento. Así y todo, nada es seguro.

 

P. Afirman que “la recomposición estatista progresista fue un paso atrás y que el punto de referencia debe ser siempre el grado más alto alcanzado por la lucha social y nunca aquello que es posible conseguir. Lo posible es siempre el Estado, el partido, las instituciones existentes” como parte de la cultura política predominante. ¿Es posible tener otras referencias de transformación que no sea el estado y los partidos?
R.Z. Tenemos toda una historia de vida y de luchas de los sectores populares que apuntan en otra dirección que no es ni el Estado ni los partidos. Si no revivimos esa historia, la que va de Túpac Katari a los mineros y los campesinos, que desarticularon el colonialismo y el gamonalismo, hicieron la revolución del 52 y deslegitimaron el neoliberalismo, si no revivimos ese estilo de vida, que va mucho más allá de una política, entonces no estamos en condiciones de seguir en esto.

 

Entre nosotros se fue imponiendo una cultura de lo fácil, facilismo le llaman en Venezuela a la cultura del no trabajo, de la renta. En todos los marxismos hasta ahora, el socialismo era fruto del trabajo, no del reparto de la renta. Porque el reparto se puede hacer una vez, vos te reapropiás de la tierra una vez, después hay que trabajarla. Lo mismo con las fábricas, con todo. Entonces, estamos ante una cultura que no valora el trabajo, y es por lo tanto funcional al capitalismo actual. Se valora lo que se consume, la marca, la ostentación de la moda, de lo nuevo, pero no se valora el trabajo. En la política, es igual, se valora el cargo, el destaque, por eso los progresistas aparecen en los mismos lugares que los burgueses y ostentando. Eso es pan para hoy y hambre para mañana.

Publicado enEdición Nº230
El diálogo entre las ciencias y las disciplinas

 

La discusión aquí resumida, es parte integral del debate que su autor propone en su más reciente libro: Complejidad de las ciencias sociales. Y de otras ciencias y disciplinas. Una reflexión de punta que abre un debate entre científicos y académicos de las más diversas procedencias. Pero que también debe permear a los movimientos sociales, si de verdad pretender cambiar el entorno donde se sitúan, que es parte del mundo que, producto de la revolución tecnocientífica en marcha, vive una compleja y dinámica transformación.

 

 

Un problema

 

La interdisciplinariedad parece ser una palabra de moda, o un llamado al entendimiento. Pero la verdad es que hay más confusión que claridad al respecto. Literalmente, la interdisciplinariedad es un representante del búho de Minerva que emprende su vuelo cuando ya cae la tarde.

 

Tres términos contiguos, pero diferentes, tres enfoques distintos pero un mismo espíritu de familia: la inter, la trans, y la multidisciplinariedad. Originarias en realidad en los años 60 del siglo XX, se trata de la expresión de una crisis, a saber: la crisis de la disciplinariedad y la disciplinarización de las ciencias y el conocimiento.

 

 

Modernidad y ciencia

 

En verdad, la historia de la modernidad es la historia misma de la división, clasificación y especialización de las ciencias y las disciplinas. Una vez hecho el tránsito del Renacimiento hacia la Modernidad son creadas las Academias –La Royal Academy of Sciences, en Inglaterra; la Académie Française des Sciences, en París; die Preussische Akademie der Wissensshaften, en Prusia–, y con estas se avanza hacia la consolidación de una organización social del conocimiento. Ulteriormente, el conocimiento considerado como oficial, y el que no lo es.


La Modernidad es el triunfo de la física en primer lugar. Y a la luz o a la sombra de ella, tiene lugar el nacimiento de las ciencias sociales y humanas, las cuales debían ser “ciencias” en analogía a la mecánica clásica que había alcanzado su epítome con la obra de I. Newton. En realidad, en perspectiva histórica, se trató de la emergencia de una nueva forma de comprender en general a la realidad, al mundo y a la sociedad, en sus diferentes niveles y escalas.

 

La historia subsiguiente fue al mismo tiempo la de una verdadera eclosión de ciencias, disciplinas, saberes y prácticas que continuó hasta la segunda mitad del siglo XX, y el proceso de división, clasificación especialización y sub-especialización del conocimiento en general. La modernidad terminó sabiendo mucho, demasiado de cada vez menos.

 

 

El problema de la interdisciplinariedad

 

De manera atávica, se considera entre la mayoría de académicos, científicos y gestores del conocimiento que existe interdisciplinariedad cuando, por ejemplo, la física dialoga con la química, o cuando las matemáticas interactúan con la computación. Exactamente en el mismo sentido, se cree que hay interdisciplinariedad cuando la geografía interactúa con la política, o las relaciones internacionales con la psicología o los temas urbanísticos, por ejemplo. Como si la interdisciplinariedad consistiera en el diálogo y el trabajo al interior de familias de ciencias; las ciencias físicas y naturales de un lado, y las ciencias sociales y humanas de otro. Se trata, en ambos casos, de crasos errores.

 

La verdadera interdisciplinariedad sucede cuando existe un cruce de familias y de tradiciones. Específicamente, cuando la sociología dialoga con las matemáticas, o la física con la política, o acaso también la antropología con la bioquímica, o incluso cuando la economía dialoga con la termodinámica, por ejemplo.


En otras palabras, la auténtica interdisciplinariedad tiene lugar por fuera de los lugares de confort de las propias ciencias sociales y humanas, o del otro lado, del lado de las ciencias exactas y positivas. Cuando el diálogo se cierra al interior de una familia dada, no hay verdadero aprendizaje, y por consiguiente, los retos y desafíos son bajos. Por el contrario, la verdadera interdisciplinariedad implica la capacidad de prender otros lenguajes, otros enfoques, otras metodologías y técnicas que los habituales al interior de cada familia de ciencias y disciplinas.

 

 

Ciencias y artes, ciencias y humanidades

 

La complejidad del mundo consiste en una pluralidad de enfoques, significaciones y perspectivas. En numerosas ocasiones no existen convergencias entre esos enfoques o significaciones y en numerosas ocasiones, las divergencias se acentúan con tonos y modos singulares.

 

El reto de los académicos, científicos e investigadores consiste en que el mundo entero nos quepa en la cabeza. Una expresión que se dice fácil pero es endemoniadamente difícil de llevar a cabo. Así las cosas, la interdisciplinariedad consiste en la posibilidad de que haya cruces y puentes entre comprensiones diferentes provenientes, de un lado, de las ciencias exactas, y de otra parte de las ciencia sociales y humanas. Pero en ambas confluencias, debe ser igualmente posible un espacio común para las humanidades y las artes.

 

Esta idea consiste sencillamente en dos consideraciones. De un lado, se trata de evitar el cientificismo, en toda la línea de la palabra. Y de otra parte, se trata de reconocer que el proceso de aprendizaje no conoce límites ni fronteras, y que la vida es posible de tantas formas como sea imaginable y siempre, adicionalmente, de forma imprevista.

 

El conocimiento del mundo y de la realidad implica absolutamente la idea –altamente difícil– según la cual existen y son necesarios distintos tipos de conocimientos, así: conocimientos útiles, aplicados, experimentales, fundamentales, pero también conocimientos que son esencialmente inútiles o sin ninguna utilidad inmediata. Y sí, hay campos ‘inútiles’, tales como la música, la poesía, las matemáticas puras o la filosofía, por ejemplo.

 

Al fin y al cabo, las redes del conocimiento son análogas a las de la vida misma. De esta suerte, de la misma forma como en ecología se llegó a comprender que no existe absolutamente ninguna especie clave, sino, por el contrario, lo más adecuado consiste en identificar especies sombrilla, en el mismo sentido, en la esfera social o del conocimiento ninguna disciplina o ciencia es más fundamental que otra, y ciertamente no cuando queremos alcanzar un cuadro completo de la realidad y el universo.

 

En la naturaleza no existen jerarquías. Concomitantemente, no existen tampoco, contra toda la tradición occidental desde la Grecia antigua, ninguna forma de conocimiento que sea verdadera a priori sobre todas las demás. El fundamento de la vida es plural: la biodiversidad –consistente en diversidad genética, diversidad biológica y diversidad cultural–. Pues bien, en el mismo sentido, la interdisciplinariedad es el reconocimiento explícito de que los saberes y las prácticas, por ejemplo, existen al mismo nivel que las ciencias y las disciplinas.

 

 

Coda final

 

Es cierto: lo que emerge de las líneas anteriores tiene consecuencias éticas, sociales y políticas. Algunos desempeñan una función en la sociedad. Pero no más que eso. Nadie, absolutamente nadie es mejor que otros, y todos coexisten en la multiplicidad de redes y nexos que van conformando según las necesidades. Una nueva democracia debe ser posible. Al fin y al cabo la organización (lógica o metodológica) del conocimiento no es un fenómeno ajeno a la propia organización social del conocimiento.

 

Una nota final: la interdisciplinariedad es en realidad un buen intento, epistemológico y social. Pero es insuficiente. La verdad es que recientemente han surgido ciencias (¡en plural!) que se fundan a partir de problemas de frontera. Estas son genéricamente llamadas ciencias de frontera. A título descriptivo, algunas de estas ciencias son: las ciencias cognitivas, las ciencias del espacio, las ciencias de la tierra, la ciencias de la salud, las ciencias de la vida, las ciencias de materiales, las ciencias de la complejidad.

 

Pero esta ya es otra historia.

 

 

*Profesor Titular Universidad del Rosario

 

 Informes del Libro: Transv 22 N 53D-42. Int 102    Tel: 345 18 08 / 217 89 92 (Bogotà)

                            Carrera 48 N 59-52 Of. 105      Tel: 291 09 69 ( Medellìn)

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado enEdición Nº226
Orquestando una paz justa para los de abajo

Si se resume, la dirección de orquesta cumpliría la función de coordinar un grupo heterogéneo, polifónico, múltiple y dificultado en sí mismo para guiarse y unificarse musicalmente. Podría decirse, concisamente, que la interpretación múltiple de voces e instrumentos requiere de alguien que marque el carácter del tiempo, el compás, el pulso, el ritmo y el bajo continuo en la interpretación orquestada de una obra; su ritmo adecuado y acople requiere, pues, de quién guie las polifonías hacia líneas melódicas que puedan ser armónicas en su conjunto.

 

¿La figura indicada para ello? El director de orquesta. Al menos ese parece ser el método hasta ahora utilizado. De la figura del director de orquesta puede reconstruirse su formación en el siglo 19, su consolidación en el 20 y antecedentes en el instante mismo en que se dio la primera interpretación musical múltiple, momento en el que alguien debió marcar el inicio.

 

Pero, ¿qué modo tomaría esta dirección si los músicos a orquestar son los mismos autores de la partitura? Tamaño conflicto. No sirve el canón, no abrevia mucho el director ¿Y cuando la música a orquestar es una democracia popular y una paz con vocación de poder, cuya composición no está terminada?

 

¡Alto! volvamos a empezar... Tenemos a tres concertinos en esta orquestación de una paz social justa para los de abajo: a Clamor Social, que marca un línea melódica entre organizaciones civiles por la paz, con carácter social más que político; al frente de partidos y profesionales políticos Frente Amplio por la paz, la Democracia y la Justicia Social y, por último, a la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, plataforma de organizaciones agrarias, campesinas, afros e indígenas que agrupa a sectores de los sujetos más subalternos del campo.

 

El pasado 10 de julio nos adentramos en un primer ensayo convocado para la interpretación de esta obra; la cita tomó escenario en la ciudad de Bogotá "el seminario-taller por la unidad y la paz", con el objetivo de "avanzar en la articulación y confluencia de iniciativas, plataformas y procesos ciudadanos, sociales y populares de cara al fortalecimiento del movimiento social y político por la paz [...]".

 

Con discusiones en torno al carácter y alcances del movimiento, a las formas y mecanismos de participación y acción, a sus estrategias, instrumentos, espacios de coordinación, así como sobre los escenarios de acción política y social, los referentes programáticos y la agenda electoral para 2015, concluyó la discusión con un avance mínimo en acuerdos frente a la unidad política, sin articulación de agendas ni apuestas profundas de unidad en la acción para el corto plazo. La discusión merece tiempo y los ritmos de la articulación están aún marcados por una ambigua unidad de principios y horizontes comunes, bien que necesaria, no suficiente aún para orquestar una paz social de múltiples sujetos con vocación de poder y autogobierno.

 

Hacia una paz con múltiples llaves y de concierto popular

 

Es que no hay paz sin cambio, sin poder para los de abajo. Así es, sí, uno de los puntos comunes en las tres plataformas para la composición de esta paz social, disonante con la paz de una sola llave, agenda y marco jurídico del gobierno nacional. Los acuerdos del seminario-taller sobre el carácter de esta música para rebeldes y revolucionarios, demócratas y luchadoras por la paz social, buscan, por ahora, acompasar las múltiples voces de dignidad, soberanía, justicia social y democracia, de quienes han sido negados como sujetos políticos. Por ello la ruta inmediata para los tres concertinos se encaminó hacia la formulación de un ideario de unidad –sin mención alguna sobre algún accionario de unidad–.

 

Para las tres plataformas, la paz es un referente en disputa, un significante a ser llenado con la iniciativa popular, ¿cómo promover, movilizar, construir o reconstruir aquel sujeto? ¿Cómo converger en una música que sea síntesis de los cantos particulares? Esta parece ser la pregunta clave de la obra en ciernes, pero la interpretación hecha por los concertinos, en su presente inmediato, no logra armonía hacia una paz con vocación de poder desde abajo: en espiral o caracol.

 

La partitura está por componerse. La orquestación requiere dirección táctica oportuna, intrépida, colectiva y creativa, la que no cabe en las manos de uno solo de los intérpretes y tampoco en el grito sin compás de sus secciones instrumentales. Falta dirección, pero su carácter no ha de ser ni única ni exclusiva ni individual o particular.

 

Una democracia de base, con fondo económico y societal, no surgirá de un buen director ni de una partitura barroca, clásica o romántica, por heróica o quijotesca que la misma sea. Esta música está siendo interpretada desde todos los rincones del país y entona cantos de paz justa para los de abajo; la partitura que congrega está por hacerse y no solo falta el grito más vivaz o la mayor virtuosidad, sino, además, la multiplicidad asamblearia de campos y ciudades que destemple la tonalidad militar del Estado empresarial y autoritario.

 

Como ha ocurrido en otras coyunturas, durante el ensayo ya sostenido muchas discusiones no se dieron en clave de articulación y, en algún sentido las intervenciones de los distintos procesos no pasaron de la promoción de agendas particulares.

 

Aplazar discusiones con la razón de la diferencia y de la necesaria unidad de comunes, si bien mantiene la articulación política en un tono medio –acorde sonoro característico de la tensión de fuerzas desfavorable al campo popular–, también manifiesta que la música para una paz social, democrática, de vida digna y soberanía popular, se halla atemperada por la situación defensiva en la iniciativa anticapitalista.

 

Hacia un vivace para
los movimientos sociales

 

"No se puede agrupar al movimiento
político y social por la paz, en el accionar
de una sola de las plataformas".

 

Con este canto de reconocimiento a la multiplicidad de la orquesta, la obra se abre a la posibilidad de aguzar ritmos para disputar la hegemonía y acrecentar los tiempos de las prácticas anticapitalistas como utopías de presente. Posibilidad, también, para interpretar esas múltiples voces e instrumentos, con cadencia hacia utopías de poder alternativo, estatal, contra-estatal, popular o democrático; o bien, para seguir en el mismo fraseo marcado por las inercias del medio político moderno que a veces jugamos a reproducir las orquestas de izquierda: sea ello electorerismo, demagogia, clientelismo, corrupción o instrumentalización y suplantación de los sujetos.

 

Según las discusiones y contrapunteos de este ensayo, se requiere, en principio, la reconstrucción de ese sujeto de cambio a través de un método democrático que se ubique sobre coordenadas locales hacia otras nacionales e internacionales; requiere tanto así de principios democráticos, pedagógicos y comunicativos para la política, como también de la articulación de los mandatos y propuestas que desde las regiones y los distintos sectores se han construido o reconstruido; significa, además, distinguir la paz más allá del final de la guerra contrainsurgente pero más acá de la mesa en Cuba.

 

Esta orquesta busca prioritariamente una dirección común en la forma de un referente nacional legítimo, como interlocutor para disputar la coyuntura de cambio y sentar las bases de una sociedad, régimen político y modo de vida democrático, digno, popular y soberano- ¿Cómo empoderar aquel sujeto?, ¿qué programa de país lo moviliza?, ¿cómo representarlo?, ¿qué modo de vida se está disputando ahora y cuáles son sus reivindicaciones básicas necesarias? Preguntas urgentes para futuros ensayos ya que en el ahora inmediato es preciso mapear la situación de los movimientos que están en negociación de pliegos, y promover su convergencia y canto.

 

Otros de los comunes en el horizonte mediato son el fortalecimiento de la movilización social, la insistencia en los ceses bilaterales y multilaterales, en el diálogo con las otras insurgencias y en el desescalamiento del conflicto; asimismo, la ubicación de la centralidad de las víctimas en la paz, la visibilización de la agenda social y el rechazo al Plan Nacional de Desarrollo.

 

En el ensayo concertado, la participación electoral en octubre próximo fue uno de los puntos atónicos en la discusión. Si se pretende una articulación política en ese terreno, la cuestión resultó bastante escueta. Por ello la conclusión es programar la discusión de nuevo y, por ahora, actuar en el modo de cada plataforma, proceso, colectivo u organización; eso sí, sobre criterios comunes en torno a la paz, la vida digna, la justicia social, la democracia y la soberanía popular.

 

Queda entonces en la agenda: i) la realización de un encuentro nacional para discutir sobre fortalezas y debilidades de cada plataforma y movimiento; ii) formular una agenda de acción y movilización común; iii) realizar un encuentro de comunicación alternativa para definir criterios de unidad en torno a la acción política comunicativa; iv) construir un ideario de unidad como proyecto alternativo de vida digna, justicia social, soberanía popular y democracia y, v) fortalecer el bloque internacional de apoyo al proceso de paz.

 

Se está orquestando, así, una paz con vocación de cambio en medio de disonantes inercias. Para hacer la paz se necesita, claro, del poder común, pero ¿es momento para prescindir de lo que nos separa?, ¿no nos priva ello de una socialización profunda de las experiencias y apuestas de cada compositor, aún a riesgo de la autodestrucción política creativa?

Publicado enEdición Nº 216
Democracia vendida: ¿cuentas o cuentos políticos?

Una verdad cruda y dura: la política electoral en Colombia está privatizada, restringiendo la democracia –en su forma– a grupos y sectores sociales cada vez más comprimidos. Una campaña electoral, demanda inmensos recursos, que solamente pueden ser garantizados por los grupos económicos, las familias que convirtieron esta actividad en empresa, las mafias y el mismo Gobierno.

 

Una nueva coyuntura electoral marca los tiempos y los ritmos de la acción política institucional y formal en Colombia. Como ha sucedido por décadas, y hasta ahora, las maquinarias políticas tradicionales, aceitadas con miles de millones, son desplegadas por doquier, enturbiando sin rubor alguno la "democracia del proceso democrático".

 

El 'aceite' fluye por montones: sus proveedores son los grupos económicos, grandes o medianos, las familias que han hecho de lo electoral una empresa, las mafias de distinto orden, y desde el mismo Gobierno. Con este manejo, donde la relación incestuosa entre política formal –electoral– y la economía queda al descubierto, valores que son reclamados y difundidos sin ningún asidero real, como la equidad, la transparencia, la igualdad, la justicia, quedan como simple "saludo a la bandera".

 

De esta manera, el modelo de financiamiento político de las campañas electorales sirve como un buen indicador para medir la calidad democrática en el juego político formal, y la supuesta independencia entre esta forma de la política y el poder económico.

 

Realidad que quieren matizar con reglamentos. En nuestro país existen al respecto normas, que restringen y condicionan el financiamiento de los partidos y candidatos para garantizar, teóricamente, la equidad entre los protagonistas políticos, al igual que la transparencia en los procesos electorales.

 

Marco legal de financiación y gastos

 

Una campaña electoral es definida en la ley a través de una lista de gastos autorizados:

 

Gastos de administración, de oficina y adquisiciones, inversión en material y publicaciones, actos públicos, servicio de transporte, gastos de capacitación e investigación política, gastos judiciales y de rendición de cuentas, gastos de propaganda electoral, costos financieros y "otros gastos".

 

Colombia cuenta con un sistema mixto que permite a los partidos y candidatos recurrir a ingresos de origen público y privado con el fin de financiar las cada vez más costosas campañas electorales, cuyos topes legales alcanzan los $20.309.227.598 por candidato para la primera vuelta presidencial y los $30.188.000.000 por partido para el Senado, es decir, $675.000.000 por candidato. Debido a su alto costo y con el objeto 'democratizador' del acceso a uno de los pilares del Estado –el legislativo–, el financiamiento público otorga una base financiera a las organizaciones políticas menos proclives a captar fondos de origen privado, constituyéndose en una de las herramientas claves para fomentar la diversidad política y social en el gobierno.

 

Las mecánica establecida limita por porcentajes los ingresos de origen privado (ver el cuadro) con el objetivo de restringir su influencia sobre la política formal. Para asegurar la transparencia en el proceso, desde el año 2011, a través de la ley 1475, los candidatos están obligados a declarar sus cuentas de campañas y difundirlas en el programa "Cuentas claras", buscando que los electores puedan ejercer su derecho al voto con conocimiento de causa. No obstante, a pesar de todas estas medidas, es evidente que este bonito marco legal no es suficiente para garantizar su propósito. ¿Por qué?

 

 

 

Entidades de control

 

Uno de los aspectos más preocupantes, a la hora de operativizar el marco legal, es la debilidad de las entidades encargadas de controlar el financiamiento de las campañas y de sancionar los comportamientos indebidos. En efecto, la Misión de Observación Electoral (MOE) demostró que el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano principal de control a nivel nacional, no tiene ni las capacidades humanas ni técnicas o financieras para asumir su rol. Además, esta institución, cuyos miembros son nombrados por los mismos partidos políticos que supuestamente debería controlar, está cuestionada por su nula independencia y su efectiva inoperatividad.


La mayor dificultad del trabajo del CNE, es el seguimiento a las cuentas presentadas por los propios partidos, lo que significa, principalmente, dos aspectos graves: por un lado, que su trabajo es siempre a posteriori, es decir, sin posibilidades de invalidar las elecciones por inconsistencias financieras o, por lo menos, advertir a los ciudadanía, previo a la elecciones, de violación de las normas establecidas por parte de unos y otros candidatos. Por otro lado, el CNE cuenta con pocos medios para verificar la exactitud de las cuentas presentadas por las distintas campañas electorales.

 

Con estos antecedentes, parece imposible realizar un análisis exhaustivo y un seguimiento al financiamiento político por vías formales. Las cuentas declaradas representan –seguramente– sólo una parte de la realidad financiera de las campañas. Sin embargo, sin pensar en la parte sumergida del iceberg financiero de los partidos, con la sola aplicación de la ley (o la punta del iceberg para seguir con la metáfora) las autoridades podrían sentar las bases de una competencia equitativa en el acceso al gobierno, punto de partida necesario para la aplicación de un efectivo modelo de democracia representativa.

 

Financiamiento privado: un filtro contra la renovación política

 

Uno de los factores de distorsión en la disputa electoral reside, en buena parte, en el desequilibrio del modelo "mixto" a favor de los aportes privados que anula o debilita fuertemente el impacto democrático de los aportes públicos.

 

Si bien, para las elecciones presidenciales la financiación estatal es notable. Por ejemplo en 2014, todos los candidatos –con excepción de Óscar Iván Zuluaga que ya llegaba al tope con el financiamiento privado– recibieron un aporte estatal previo de $7.560.527.862.00 pesos. Al final de las elecciones, con la reposición de votos, el Estado figura como el primer financiador. Por lo tanto los aportes privados fueron los que distinguieron los candidatos en las urnas. Extraña coincidencia. Los candidatos vencedores en la primera vuelta fueron los mismos que llegaron hasta sus topes legales con la financiación privada.

 

Para la misma elección, el crédito financiero fue la única fuente de recursos no públicos declarados por el presidente Santos, con un valor de $6.668.053.212.000 de pesos, y este mismo recurso fue la mayor fuente de financiación para el candidato Óscar Iván Zuluagua, con un crédito de 16 mil millones, otorgados por Bancolombia.

 

Si sumamos al total recepcionado las donaciones de particulares, el contraste entre quienes recibieron financiamiento privado y los que no lo obtuvieron, se torna más visible. Por ejemplo, el marco del sistema mixto (en su fervor para la equidad entre la diferentes formaciones políticas) permitió al Centro Democrático recibir y gastar alrededor de dos veces más (según los datos oficiales) para su campaña que el Polo Democrático, cuyo único modo de financiación fue el sector público, a parte de los recursos de la misma organización.

 

Las conclusiones son aún más desalentadoras cuando analizamos el panorama a nivel regional y legislativo. Los fondos públicos en realidad son casi inexistentes, mientras que los privados constituyen casi la única fuente de recursos para los partidos. De esta manera, la financiación por donaciones de particulares llegó a niveles muy altos durante las últimas elecciones para la Cámara, como sucedió en Santander, donde el partido Opción Ciudadana recibió $1.159.200.000 de pesos de particulares, o en Antioquia donde el Centro Democrático recibió oficialmente $887.661.894 de pesos por este medio.

 

Aunque muy elevadas en ciertos casos, las donaciones de particulares son reguladas teóricamente, bajo un marco de porcentajes que las limita, de manera muy irregular, con topes a veces muy altos y otros muy bajos, según las regiones. Sin embargo, esta norma queda anulada en la práctica, pues no hay límites para el autofinanciamiento. La mayoría de los candidatos elegidos a la Cámara financian gran parte de sus campañas –nada baratas por demás– como por ejemplo los candidatos del Partido Conservador para el Atlántico que aportaron $1.161.566.907 pesos, o el Partido de la U en Córdoba cuyos candidatos autofinanciaron $1.008.831.500 pesos.

 

Estos elementos analizados del periodo electoral 2014, ilustran los mecanismos mediante los cuales el poder económico aprovecha la dinámica electoral, pues para los candidatos los ingresos privados les garantizan presencia y visibilidad en la batalla electoral para acceder a las altas esferas políticas. Para los donantes privados: bancos, empresarios, o familias poderosas, estas "alianzas" les deja el campo libre para interferir sobre las campañas, o según sus intereses privados, sobre los contenidos del debate y las figuras que sobresalen en el escenario político. Si sus candidatos salen elegidos, pronto recuperarán lo invertido a través de distintos contratos y nombramientos, es decir, el juego electoral es, en efecto, una empresa económica, y como tal opera: ¿cuánto invierto?, ¿cuánto recupero? El máximo nivel y potencialidad de esta inversión fue concretada por los paramilitares, hace pocos años, por los paramilitares por todo el país.

 

El opaco velo que cubre los procesos de créditos representa otro aspecto inquietante en el juego electoral. Con financiamientos privados en su mayoría, no debe extrañar que su racionalidad impuesta a sus candidatos se corresponda con sus propios intereses. En este sentido, en una lógica de seguridad, los bancos prestan recursos a priori sobre la base de los recursos del que pide crédito y a quienes consideren que sí obtendrán un máximo de votos, asegurando el reembolso de lo prestado vía reposición de votos. Este mecanismo produce, entonces, un freno mayor para el financiamiento de candidatos, y de nuevas fuerzas políticas, que inician la carrera hacia el acceso al gobierno y la posible renovación de la clase política. Además, esto embrolla las cuentas: tratando de un crédito sobre la base de los recursos del candidato ¿No debería ser contabilizado y limitado bajo la norma de los aportes propios?

 

El apoyo de los medios de comunicación masiva

 

Los medios de comunicación también juegan un rol clave en la distorsión de las campañas. La publicidad electoral es la medida principal del gasto de campaña (representa 60,40% de los gastos) y es la causa principal del crecimiento de los costos. Esta desigualdad se profundiza al no existir ningún marco que garantice la difusión equitativa de las diversas propuestas políticas. En este sentido, los medios de comunicación dominantes tienen total libertad para manejar los espacios publicitarios en la disputa política y favorecer al candidato o a las propuestas políticas que responden a sus intereses, es decir, los intereses de los grandes grupos económicos.

 

Normalización de la corrupción y del clientelismo

 

El "dejar hacer" en la disputa electoral, es el resultado de la debilidad de las instancias de control y la ausencia de real arbitraje estatal en este aspecto. Las carreras electorales llevan a las campañas políticas a priorizar una búsqueda desenfrenada del dinero. Estas dinámicas no solamente favorecen, casi mecánicamente, a las élites, sino que propician un campo apto para prácticas corruptas y clientelistas o lo que la ley quizás admite como estos "otros gastos" que hacen la política real.

 

Esta dinámica, donde las mafias de distinto orden cuentan con todo el espacio para incidir, poder que es más notorio en las periferias de las grandes ciudades o en los municipios de segundo orden, amplia el riesgo, bien conocido en Colombia, de la compra del voto, del voto bajo amenaza, del relleno de urnas y, si esto no basta, del sencillo relleno de urnas. Clientelismo y compra de voto que anula el debate programático que deberían provocar las distintas campañas, haciendo de las mismas un proceso de politización social y de estímulo al control ciudadano de aquellas personas que finalmente son elegidas para algún cargo público.

 

¿Democracia representativa... ¿de quién?

 

Una mirada sobre los mecanismos de financiamiento en Colombia es rica en enseñanzas respecto a las lógicas políticas imperantes, probando una vez más el abandono del Estado en su papel de arbitraje. Este "dejar hacer" traducido por la falta de cumplimiento de las leyes aprobadas, de control y sanción, y de oferta de los recursos necesarios al funcionamiento de la democracia representativa, reproduce mecánicamente el sempiterno control del Estado. Es decir, reduce o anula los espacios para la emergencia de nuevos y renovadores liderazgos políticos. El dinero que aceita las campañas, substituye las decisiones políticas y el debate de ideas, para solo dejar espacio a la decepción y la amargura de los que un día creyeron en la democracia formal.

 

Esta triste constatación no debe llevar a la resignación. De lo aquí relacionado queda claro que aunque los grupos dominantes y las élites han "vampirizado" toda la política formal, existe en ello una gran responsabilidad estatal, al dejar el campo libre para que así suceda. Es urgente, entonces, que el financiamiento político del debate electoral sea objeto en esa coyuntura de una discusión popular masiva para buscar renovar –si es que vale la pena salvar este modelo político de democracia representativa– un marco legal que así lo propicie y garantice.

 

Los cuadros que acompañan este artículo cuentas de campañas de los candidatos a la presidencia en 2014 que presentaron al CNE a través del sitio Cuentas Claras.

Publicado enEdición Nº 214
La administración social de la sexualidad y las religiosidades en América Latina

El libro, "La administración social de la sexualidad y las religiosidades en América Latina", reúne y articula tres ensayos significativos para asumir la actividad política popular en América Latina.

En la introducción el autor examina la permanencia de la derecha política latinoamericana como dato permanente de su sensibilidad cultural. Los dos siguientes, Economía libidinal y Religiosidades se ocupan de introducir una discusión acerca de los marcos categoriales e imaginarios que permean y obstaculizan las prácticas populares. El énfasis está puesto en el carácter constitutivo de lo político (economía, sexualidad, existencia cotidiana) y la crítica de su 'naturalidad' ideológica. La propuesta incluye la transformación, en un mismo y complejo movimiento emancipador, de subjetividades (espíritu personal y colectivo) y de lógicas que hacen de las instituciones instrumentos de discriminación y dominación.

 

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Jueves, 24 Octubre 2013 11:11

Pasado y vigencia de las luchas sociales

Pasado y vigencia de las luchas sociales

Entre los territorios más nombrados de Bogotá, con eco sobre todo el país, está el de Ciudad Bolívar. En éste, como en otras periferias urbanas, persiste la ausencia de trabajo digno –lo que transforma al rebusque, de solución temporal a regla para sobrevivir–, la minería destruye sus montañas y reduce el paisaje a un triste espectáculo de arenas movidas y cimas peladas, cuencas y microcuencas viven un lento pero persistente proceso destructivo y de muerte, y las miles de familias desplazadas que sin tregua continúan asentándose en él experimentan en carne propia que entre la democracia de palabra y la de hecho existe un gran trecho.

 

En esta parte de la ciudad, como en otras localidades donde se concentran los negados de siempre, a pesar de todo lo que ofrecen quienes detentan el poder desde siempre, se percibe con facilidad que la ciudad ha sido planeada desde hace décadas por unos pocos, de acuerdo a sus intereses y su modelo de control y dominio.

 

        

La localidad, algunas organizaciones...

 

El caso de Ciudad Bolívar es resultado de la injusticia hecha modelo territorial. Millares de historias de vida entrecruzadas por el conflicto social y armado, que a pesar de sus pesares se han tejido en forma de organización comunitaria, resistencia al miedo y a la exclusión. Senda de memoria y presente que tiene como resonancia el Paro Cívico local de 1993, donde la creatividad popular y la dignidad de sus habitantes desencadenaron logros y aire renovado tras las esperanzas de una vida mejor, sellando nuevas agendas de lucha las que incluso hoy se retoman y marcan un horizonte en el devenir del activismo local.

 

Horizonte hoy señalado y marcado por en procesos de articulación barrial, donde las comunidades parten de la dura realidad que viven para pronunciarse, organizarse y emplazar a los gobiernos de turno, amplificadora condición que toma cuerpo, por ejemplo, en la Mesa Técnica del barrio La Estancia y en el Comité de Vida Digna. El primero, proceso organizativo comunal que desde hace varios años encamina la lucha por mejores condiciones de vida de un importante sector de la Localidad 19 de Bogotá, con temas como vivienda, cultura, deporte, y la inversión prioritaria para la población que vive en zonas de alto riesgo. El segundo, Comité con agendas como recuperación integral de quebradas, soberanía alimentaria, movilidad, vías, espacios públicos, titulación de predios, educación y cultura.

 

Esfuerzo organizativo y reivindicativo que se vio fortalecido en los pasados meses de agosto y septiembre, en el marco del paro nacional agrario, al concretarse la coordinación de las nueve veredas que son parte de esta Localidad, coordinación que fortaleció los lasos de unidad, defensa del territorio rural, de la producción campesina y oposición férrea a la expansión del basurero Doña Juana, este último aspecto ratificado en la encuesta aplicada por el colectivo Vida Digna a los pobladores de Mochuelo Bajo.

 

Encuesta en la cual, de los 472 preguntados(as) por el principal problema de la localidad, 209 de estos que el mismo es el basurero Doña Juana; para enfatizar que las comunidades de Ciudad Bolívar desconocen cualquier actor que pretenda imponer la continuidad de megaproyectos de muerte.

 

La esperanza

 

Escenarios comunitarios valiosos que defienden el territorio, la vida, el agua, el alimento, lo público, al campesinado, al joven y las comunidades, abriendo camino entre los obstáculos del formalismo institucional, la cooptación, la paquidermia en la inversión estatal y la acción de las llamadas "fuerzas oscuras".

 

Como diría Antonio García respecto a los comuneros "no conocían a Rousseau, ni a Montesquieu... pero lo cierto es que dieron una batalla decisiva contra el absolutismo que obligaron al soberano a pactar y compartir con ellos su soberanía". De igual manera, las organizaciones comunitarias de esta parte del territorio distrital pueden allanar la unidad social y de acción, así como la unidad de gobierno y la unidad política en contravía del sectarismo y grupismo que debilita los logros del movimiento social, ganando la iniciativa por medio de la cual se puede emplazar al gobierno local y distrital para que escuchen y apliquen las agendas comunitarias, soporte de un gobierno de verdad participativo y democrático.

 

Proceso de liderazgo comunitario inaplazable, que requiere de su expansión geográfica y social, donde las agendas conjuntas se articulen con procesos distritales y nacionales que redunden en el emplazamiento de las fuerzas de dominación que mantienen la injusticia y la desigualdad en el territorio nacional.

 


 

 

Recuadro


Los impactos que genera la industria extractiva dentro del Parque Industrial y Minero*

 

Aire. La explotación minera produce sustancias tales como material particulado, gases de combustión (monóxidos y dióxidos de carbono, producto del tipo de material empleado, además los diferentes tipos de hornos (Hoffman, fuego dormido, Colmena y Árabe) generan contaminantes que se mezclan con el aire creando un factor de riesgo para la salud de trabajadores y habitantes de la zona.

Los productos contaminantes que generan este tipo de industrias son: oxido de carbono, de azufre, vapores, material particulado y olores desagradables.

Agua. Debido a que la mayoría de las industrias se encuentran fuera del perímetro de servicio público de alcantarillado, las aguas residuales provenientes de las unidades sanitarias, cocinas , etc., son dispuestas en pozos sépticos o a las quebradas cercanas: quebrada Trompeta, Caño Grande, etcétera.

Tan solo 8 de las industrias visitadas cuentan con pozo séptico, el resto realizan vertimiento directo a las quebradas.
Suelo. Las actividades industriales como tal siempre ocasionan un impacto en la medida en que se le da un cambio al uso del suelo. En esta clase de industria –debido al uso de aceites y combustibles para el funcionamiento y lubricación de la maquinaria– se presentan derrames.

En la actividad de descapote y extracción del material las características del suelo tienen un proceso de cambio.
Existe deterioro de vías de acceso por circulación de vehículos pesados afectando el aire por la presencia de partículas y de ruido para los trabajadores y personas que habitan en esta zona

Población. Existe una población expuesta determinada por los trabajadores, y algunas familias que habitan como celadores o como habitantes vecinos expuestos 24 horas continuas.

Los terrenos prácticamente son de uso industrial, de transformación de arcilla (ladrilleras); se observa cercas naturales (quebradas y bosques), zonas de invasión en las partes altas, algunos de los habitantes no aceptan la presencia de las ladrilleras y lo viven como una amenaza a la salud.

Fauna y flora. Se observa la presencia de bosques de eucaliptos que según refieren los industriales fueron sembrados por ellos hace más o menos 20 años; hay alteraciones generales en detrimento del ecosistema principalmente de las especies nativas de la zona. Existe un área demarcada por cada una de estas, sin algunas tienen cercas vivas. Presencia de perros en las diferentes industriales los cuales actúan como celadores del predio.

Salud. Se desconoce qué tipo de enfermedades prevalentes se presenta en los trabajadores expuestos; refieren que los trabajadores están inscritos a una ARS y algunos al régimen contributivo y cada uno es libre de elegir su EPS. El Hospital Vista Hermosa genera un programa de seguimiento en programas de bioseguridad, seguridad industrial e higiene.

*Tomado de (Evaluación de los impactos generados por el Parque Industrial Minero) Hospital Vista Hermosa.

 


 

 

Recuadro 2


Clasificación por tipo de unidades extractivas y transformadoras de arcilla en las localidades 4, 5, 18 y 19 del Distrito Capital

 

TipoHornoProducciónEmpleo por horno
Zonas donde se presenta
Costo en millones de pesos
Chircal artesanalFuego dormido< 600 tamaño4 - 5Molinos del sur< 10
Chircal mecanizadoÁrabe

600 - 2.500 Ton / año

7 - 15Mochuelo< 25
Pequeña industriaColmena - baúl600 - 2.500
Ton / año 
16 - 25San Cristóbal100 - 150
Mediana industriaHoffman5.000 - 10.00026 - 40Usme, Mochuelo, Soacha250 - 350
Gran industriaTúnel60.000- 120.000> 40Usme, Soacha2.000 - 4.000
Publicado enEdición N°196
Mercados deben ser gobernados con objetivos sociales: Correa

"La desigualdad no es por falta de recursos, sino por sistemas perversos y excluyentes"

 

Santiago, 26 de octubre. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó hoy que "vencer la pobreza es un imperativo moral más que un desafío técnico", y advirtió que para erradicarla "los mercados deben ser gobernados en función de objetivos sociales, garantizando la supremacía del ser humano sobre el capital.

 

"Es una vergüenza que América Latina continúe con estos niveles de desigualdad no por falta de recursos, sino a causa de sistemas perversos y excluyentes", expresó durante una conferencia magistral pronunciada en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo regional de la Organización de Naciones Unidas que tiene su sede en la capital chilena.

 

Correa sugirió que los organismos internacionales eliminen el concepto de ingreso per cápita como parámetro del progreso de las naciones y lo sustituyan por un indicador que mida los logros en la reducción de la pobreza.

 

Para erradicarla, agregó el gobernante, sería necesario aplicar cuatro medidas generales, con las cuales se dejaría atrás el criterio de que la eliminación de ese flagelo socioeconómico se logra sólo con el crecimiento del producto interno bruto y en su lugar se adoptaría un parámetro sobre el mejoramiento de la distribución del ingreso.

 

La primera sería establecer un sistema impositivo más justo, por medio del cual los más ricos paguen tasas mayores de impuestos. La segunda sería formular un gasto público que garantice a los individuos la igualdad de derechos. En tercer lugar se necesitan acciones para lograr el gobierno de los mercados en función de objetivos sociales. Por último se requiere adecuar la distribución de lo que llamó "el acervo (el haber) social, tanto público como privado".

 

El gobernante, ex funcionario del Banco Mundial que llegó al poder en 2006 con un proyecto político que denominó el "socialismo del siglo XXI", aseveró que la ausencia de control sobre los mercados es la causa de "la crisis mundial que estamos viviendo, enfrentando y sufriendo".

 

Correa, quien efectúa una visita de Estado a Chile de tres días, dijo que desde que asumió la presidencia su país ha logrado bajar el índice de medición de la desigualad (conocido como Gini) de 0.55 a 0.47 unidades, como resultado de acciones como la reglamentación del "salario digno", la aplicación de una reforma fiscal –implica un aumento de la inversión social de cuatro a 11 por ciento– y el acceso universal a la educación pública gratuita y de calidad.

 

En Quito, mientras tanto, el Ministerio de Hacienda envió al Congreso un proyecto de reforma tributaria que crea impuestos para la banca privada destinados a financiar el aumento de los subsidios para los pobres.

 

La "ley de redistribución del gasto social" plantea un impuesto de 3 por ciento sobre los ingresos gravables de las institucioines financieras y una nueva tasa de 0.25 por ciento mensual sobre sus activos en el exterior, que podría elevarse a 0.35 si los bienes se localizan en "paraísos fiscales".

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