Viernes, 03 Abril 2020 06:27

Mucha tierra en pocas manos

Mucha tierra en pocas manos

Avance de cultivos transgénicos e injusta distribución de la tierra son caras del mismo modelo.

En las últimas tres décadas desaparecieron miles de establecimientos agropecuarios (los más pequeños) y un puñado de hacendados controla cada vez más hectáreas. Una deuda eterna: la redistribución de tierras.

En el Cono Sur se desarrolla una reforma agraria, pero al revés: donde unos pocos tienen mucho y donde muchos no tienen casi nada. Es la situación de la tierra en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En los últimos veinte años, agronegocio transgénico mediante, se agravó el problema. Detalle: ningún gobierno, de ningún signo político, cuestionó en los hechos esta injusticia fundamente del continente. El avance territorial empresario conlleva represión y asesinatos. La Vía Campesina exige reforma agraria popular.

En Argentina desapareció el 41 por ciento de las explotaciones agropecuarias en sólo treinta años (entre 1988 y 2018). Se trata de 169.000 chacras, según datos oficiales del último Censo Nacional Agropecuario (CNA). Al mismo tiempo aumentó la superficie promedio de las fincas. Pasó de 469 hectáreas a 690 hectáreas. También se confirma la tendencia de mucha tierra en pocas manos: el 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla el 36,4 por ciento de la tierra. Mientras que el 55 por ciento de las explotaciones (de menos de 100 hectáreas) cuenta con solo el 2,2 por ciento de la tierra.

En Paraguay, entre 1991 y 2008, desaparecieron 18.300 fincas. Al mismo tiempo que aumentó la superficie cultivada en siete millones de hectáreas (de 24 millones a 31). Según estudios de la organización paraguaya Base-Is (Investigaciones Sociales), la agricultura campesina representa el 91 por ciento de las fincas pero cuenta con sólo el seis por ciento de la superficie. En el otro extremo, el agronegocio abarca el tres por ciento de las fincas, pero controla el 85 por ciento de la tierra del país.

En Bolivia la injusta distribución de la tierra tiene directa relación con las regiones. La Fundación Tierra, en base a datos oficiales, afirma que en el altiplano y valles se encuentran el 83 por ciento de las UPA (Unidades de Producción Agropecuaria), la enorme mayoría son de base campesina-indígena. En esas regiones está el 38 por ciento de la superficie cultivada del país. Por otro lado, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra se ubica el 16 por ciento de las unidades productivas, que abarcan el 62 por ciento de la tierra cultivada del país.

En Uruguay desapareció el 40 por ciento de las explotaciones de menos de 20 hectáreas y el 31 por ciento de las explotaciones menores a 100 hectáreas. Mientras que aumentaron un cuatro por ciento las explotaciones de más de 2500 hectáreas. Sucedió en el periodo 2000-2011 e implicó la desaparición de 12.241 chacras.

Pablo Galeano, de las organización Redes-Amigos de la Tierra Uruguay, confirma que la causa de la desaparición de fincas es el avance del agronegocio. En paralelo existe un proceso por el cual cada vez más productores abandonaron la gestión de sus campos para arrendar a pooles (grupo de empresarios) de siembra. De este modo, quien era productor pasó a convertirse en rentista. El mismo fenómeno se dio en Argentina, Paraguay y Bolivia.

En Brasil el censo agropecuario de 2017 mostró que el número de establecimientos se redujo, con apropiación territorial por parte de los grandes propietarios. En Brasil existen 5.072.152 establecimientos agrícolas, en 350.253.329 hectáreas. En comparación con el censo de 2006 esta superficie creció en 16,5 millones de hectáreas, a pesar de la desaparición de 103.484 unidades productivas. Brasil cuenta con 3287 fincas que controlan el 47,5 por ciento de la tierra cultivada (166 millones de hectáreas).

 Avance territorial

Argentina contaba con 6,6 millones de hectáreas con soja (convencional) en 1996. Y llegó al pico máximo de 20,5 millones hectáreas de soja transgénica en 2015. El maíz pasó de 4,1 millones de hectáreas en 1996 a 6,9 millones en 2015. En Paraguay se pasó de 1,1 millones de hectáreas con soja en 1997 a 3,4 en 2018. El maíz también se multiplicó: de 356.600 hectáreas en 1997 se llegó a un millón en 2016. En Bolivia se pasó de 200.000 hectáreas con soja en 1990 a 1,2 millones en 2017. Por su parte, Uruguay pasó de 9000 hectáreas con soja en el año 2000 a 1,1 millones en 2018. A fines de la década del 90 Brasil contaba con tres millones de hectáreas declaradas. En la cosecha 2019 llegó a 36 millones de hectáreas.

El agronegocio avanzó sobre nuevas áreas, que estaban en manos de campesinos, indígenas, agricultores familiares. Zonas que eran de producción diversificada, con cuidado del monte nativo.

En Argentina los territorios campesinos indígenas más afectados por el avance transgénico están ubicados en las provincias del llamado Gran Chaco Americano: Formosa, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, y partes de Córdoba, San Luis, Santa Fe y Catamarca.

El informe oficial “Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina”, de 2013, señala un piso de 9,3 millones de hectáreas en conflicto.

En Bolivia el avance del modelo sojero se dio fundamentalmente en Santa Cruz de la Sierra. Ese departamento es desde hace tres décadas el mayor centro de la economía boliviana, donde la agroindustria es una de las actividades más importantes. Entre 1990 y 2010 la superficie cosechada se expandió más de seis veces, pasó de 143.372 hectáreas a 922.115 hectáreas.

En Paraguay se avanzó sobre los territorios campesinos e indígenas de los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa. Región de los pueblos Avá y Mbyá Guaraní principalmente.

En Brasil la primera fase de avance transgénico fue desde el sur hacia el oeste y el norte del país. Especialmente desde Río Grande do Sul hasta Mato Grosso, Goiás y Bahía. El proyecto actual de agronegocio, en su segunda fase, apunta a la región de «Matopiba”, 73 millones de hectáreas que incluye los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, entre otros.

Violencia

En las últimas décadas se repitieron hechos de criminalización, violencia y represiones en todos los países donde está presente el extractivismo. La ONG internacional Global Witness realiza informes sobre el asesinato de activistas defensores de la tierra y el medio ambiente. En 2017 contabilizaron la muerte de 201 personas, la mayoría en América Latina, considerada por la ONG como la «región más peligrosa del mundo para las y los defensores» del ambiente. Sólo en Brasil se registraron ese año 57 personas.

El agronegocio avanzó con violencia: en algunos casos con paramilitares y poderes políticos y judicial cómplices, en otros con el abandono del Estado. Un caso emblemático es la llamada «Masacre de Curuguaty», en Paraguay. Es la matanza del 15 de junio de 2012, donde fueron asesinados once campesinos y seis policías, en el marco de un desalojo irregular.

La masacre ocurrió en la finca llamada Marina Kue, departamento de Curuguaty, a 300 kilómetros de Asunción, donde jueces, fiscales y policías ejecutaron un operativo irregular para expulsar a 60 campesinos que ocupaban la tierra. De acuerdo a investigaciones de organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, la actuación de jueces, fiscales y la policía estuvo marcada por la irregularidad, la ilegalidad y la violación de protocolos de actuación, situación documentada en el «Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue»1. Incluso se confirmaron violaciones de garantías elementales de detenidos y hasta la ejecución extrajudicial de siete campesinos.

La masacre fue utilizada por la clase propietaria del país para ejecutar un golpe de Estado parlamentario contra el entonces presidente Fernando Lugo.

Once campesinos permanecieron injustamente presos durante seis años. Hasta julio de 2018, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la condena.

La organización Base-Is explica que la criminalización en Paraguay se encuentra entre las más altas de los países de la región. Entre 2013 y 2018 se identificaron 512 campesinos y campesinas imputadas, 413 detenciones y 50 condenados2.

Un hecho histórico de violencia en Brasil sucedió el 17 de Abril de 1996, cuando 20 miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) fueron asesinados por la policía militar del estado de Pará. La organización internacional Vía Campesina respondió con acciones de solidaridad y exigencia de justicia, movilizó a comunidades campesinas en todo el mundo. Y declaró el 17 de abril como el “Día Internacional de la Lucha Campesina” para mantener viva en la memoria y denunciar la criminalización.

En 2017 se contabilizaron en Brasil 28 asesinatos de personas que resisten el avance del agronegocio. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT –organización referente en todo lo referido al estudio de la lucha rural–), en 2017 se contabilizaron 1124 casos de violencia contra ocupaciones y tierras campesinas. Con 118.000 familias afectadas3.

La violencia contra campesinos, indígenas y activistas socioambientales se incrementó luego del golpe de estado parlamentario con Dilma Rousseff (2016).

La deuda eterna

La Vía Campesina es el movimiento internacional que nuclea a productores familiares, campesinos, indígenas, pescadores artesanales y trabajadores de la tierra. Desde su nacimiento una de sus banderas principales fue la reforma agraria. El documento publicado en su sitio “El nuevo llamado a la reforma agraria en el siglo XXI” (de junio de 2019) hace un repaso histórico de las distintas particularidades de la lucha por la tierra en los últimos treinta años. Recuerda que el Banco Mundial y distintos gobiernos impulsaron “reformas agrarias” que tenían como fin la mercantilización de la tierra y, finalmente, la entrega de esas parcelas a grandes empresas.

También señala que un punto de inflexión se dio en 2016, en la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria realizada en Marabá (Brasil). El documento final de ese encuentro advirtió sobre los peligros de una “creciente alianza nacional e internacional entre las industrias extractivas y la agroindustria, el capital internacional, los gobiernos y, cada vez más, los medios masivos de comunicación”.

Se concluyó que “ya no es posible crear alianzas entre los campesinos y el capital doméstico a favor de una reforma agraria clásica” (como se creía en décadas pasadas). La Vía Campesina llamó a “una reforma agraria popular, no sólo para los campesinos sin tierra” sino también para los sectores populares urbanos, “ambos son víctimas del acaparamiento de tierras y el desplazamiento provocados por el capital especulativo”. Detalló que la especulación inmobiliaria en la ciudad, los altos precios de alquileres y viviendas, son parte también de un modelo que prioriza el dinero por sobre los derechos humanos.

“La nueva propuesta es por una alianza política entre los trabajadores del campo y la ciudad (…) En el campo, éstos son los campesinos, las familias agricultoras, los trabajadores sin tierra, los pueblos originarios, los pastores, los pescadores artesanales y otros pequeños productores de alimentos. En la ciudad, éstos son los habitantes de las barriadas y las favelas, cuya población sigue aumentando como parte del rápido crecimiento de las periferias urbanas”, señala La Vía Campesina.

La reforma agraria popular no es solo entrega de tierras. Se trata de realizarla con participación protagónica de los sectores involucrados. Debe contemplar, según los movimientos campesinos, comercio justo, créditos flexibles, seguros para las cosechas, educación, infraestructura rural, acceso democrático al agua y a las semillas, entre otros aspectos. El marco global de la reforma agraria es la soberanía alimentaria, que implica el territorio para producir alimentos para el pueblo y no para producir commodities para exportación.

Por Darío Aranda | 03/04/2020

Este artículo es parte del proyecto Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur realizado con el apoyo de Misereor.

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#AtlasOGMConoSur | En las últimas décadas desaparecieron miles de establecimientos agropecuarios y un puñado de hacendados controla cada vez más hectáreas. Una deuda eterna: la redistribución de tierras.

#AtlasOGMConoSur | En Argentina desapareció el 41% de las explotaciones agropecuarias en treinta años (entre 1988 y 2018). Se trata de 169.000 chacras, según datos oficiales del último CNA.

#AtlasOGMConoSur | En las últimas décadas se repitieron hechos de criminalización, violencia y represiones en todos los países donde está presente el extractivismo.

#AtlasOGMConoSur | La reforma agraria popular no es solo entrega de tierras, debe contemplar, comercio justo, créditos flexibles, educación, infraestructura rural, entre otros aspectos.

Referencias:

[1] – http://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2017/03/Informe-de-DDHH-sobre-el-caso-Marina-Kue.pdf

[2] – Abel Irala (2018). El “Delito” de la Oposición a los Agronegocios. Paraguay.

[3] –  Informe Conflicto en el Campo 2017. CPT, 2018 – www.cptnacional.org.br/publicacoes-2/destaque/4371-conflitos-no-campo-brasil-2017

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Mucha-tierra-en-pocas-manos

Publicado enInternacional
“El negocio agroalimentario pondría en riesgo millones de vidas”. Entrevista a Rob Wallace

El coronavirus tiene al mundo en estado de shock. Pero, en lugar de combatir las causas estructurales de la pandemia, el Gobierno se centra en medidas de emergencia. Conversamos con Rob Wallace (biólogo evolutivo) sobre los riesgos de la COVID-19, la responsabilidad del negocio agroalimentario y las soluciones sostenibles para combatir las enfermedades infecciosas. La entrevista la realizó Yaak Pabst.

¿Cuán peligroso es el nuevo coronavirus?

Depende del momento en que se encuentre el brote local de COVID-19: en la fase inicial, en el pico o en fase tardía. También depende de lo buena que sea la respuesta sanitaria de tu región y su demografía, depende de tu edad, de si estás en riesgo inmunológico o de tu salud, en general. Por plantear una posibilidad que hace imposible el diagnóstico: ¿tu inmunogenética, la genética subyacente a tu respuesta inmunitaria, se alinea con el virus?

Así, pues, ¿todo este barullo con el virus es una simple táctica para asustar?

Ciertamente, no. Al principio del brote en Wuhan, la COVID-19 estaba en una tasa de letalidad de entre el 2 y el 4%. Fuera de Wuhan, la tasa parece caer al 1%, o a menos, pero también parece alcanzar el máximo en otros sitios, aquí y allí, incluyendo a lugares como Italia y Estados Unidos. Su alcance no parece muy grande en comparación con, por ejemplo, el del síndrome respiratorio agudo grave (10%), la gripe de 1918 (5-20%), la “gripe aviar” H5N1 (60%) o, en algunos lugares, el Ébola (90%). Pero, ciertamente, supera al de la gripe estacional (0,1%). Sin embargo, el peligro no es sólo una cuestión de letalidad. Tenemos que luchar contra la denominada penetrancia o tasa de ataque comunitario: en cuánta de la población mundial ha penetrado el brote.

¿Podrías ser más concreto?

La red global de viajes está en un nivel récord de conectividad. Sin vacunas o antivíricos específicos para los coronavirus ni, en este momento, ninguna inmunidad colectiva contra el virus, incluso una cepa de sólo el 1% de mortalidad puede suponer un peligro considerable. Con un período de incubación de más de dos semanas y pruebas cada vez mayores de que se da algún tipo de transmisión antes de contraer la enfermedad —antes de saber que estamos infectados—, probablemente pocos lugares estarían libres de infección. Si la COVID-19 registra, digamos, una letalidad del 1% en el proceso de infección de cuatro mil millones de personas, eso serían cuarenta millones de muertos. Una proporción pequeña de un número grande puede seguir siendo un número grande.

Ésas son cifras estremecedoras para un patógeno supuestamente menos virulento...

Sin duda, y estamos solamente en el comienzo del brote. Es importante comprender que muchas infecciones nuevas pueden cambiar en el transcurso de la epidemia. Se puede atenuar la infecciosidad, la virulencia o ambas. Pero, por otra parte, otros brotes aumentan en virulencia. La primera ola de pandemia gripal de la primavera de 1918 fue una infección relativamente leve. Fueron la segunda y la tercera olas, de invierno de ese año y de 1919, las que mataron a millones de personas.

Pero los escépticos con la pandemia argumentan que el coronavirus ha infectado y matado a menos pacientes que la típica gripe estacional. ¿Qué piensas de eso?

Sería el primero en celebrar que este brote se quedara en nada. Pero esos esfuerzos por negar el posible peligro de la COVID-19 citando otras enfermedades mortales, especialmente la gripe, es un recurso retórico para presentar la preocupación por el coronavirus como fuera de lugar.

Así que la comparación con la gripe estacional cojea...

Tiene poco sentido comparar dos patógenos en fases distintas de sus curvas epidémicas. Sí, la gripe estacional infecta a muchos millones de personas a escala mundial y mata, según cálculos de la OMS, a más de 650.000 personas al año. Sin embargo, la COVID-19 no ha hecho más que empezar su trayecto epidemiológico. Y, a diferencia de la gripe, no tenemos vacuna ni inmunidad colectiva para ralentizar la infección y proteger a las poblaciones más vulnerables.

Aun cuando la comparación es confundente, ambas enfermedades corresponden a virus, incluso a un grupo específico: los virus ARN. Ambas pueden causar enfermedad. Ambas afectan a la boca y la garganta y, a veces, también a los pulmones. Ambas son muy contagiosas.

Ésas son similitudes superficiales, que soslayan una parte decisiva en la comparación de ambos patógenos. Sabemos mucho sobre la dinámica de la gripe. Sabemos muy poco de la COVID-19. Está llena de interrogantes. De hecho, muchas cosas de la COVID-19 son incognoscibles hasta que el brote se desarrolla plenamente. Al mismo tiempo, es importante comprender que no se trata de COVID-19 versus gripe. Se trata de COVID-19 y gripe. La aparición de múltiples infecciones susceptibles de convertirse en pandémicas y atacar conjuntamente a poblaciones debería ser la preocupación central.

Has estado investigando las epidemias y sus causas durante varios años. En tu libro Big Farms Make Big Flu (Las grandes granjas producen grandes gripes) intentas establecer esas relaciones entre agricultura industrial, agricultura ecológica y epidemiología viral. ¿Cuáles son tus descubrimientos?

El verdadero peligro de cada nuevo brote es la incapacidad o —mejor dicho— la negación oportunista a comprender cada nueva COVID-19 como un incidente no aislado. El incremento de la aparición de virus está estrechamente vinculado a la producción alimentaria y los beneficios de las empresas multinacionales. Cualquiera que pretenda entender por qué los virus son cada vez más peligrosos debe investigar el modelo industrial de agricultura y, más concretamente, de la producción de ganado. Actualmente, pocos Estados y pocos científicos están preparados para ello. Todo lo contrario. Cuando surgen nuevos brotes, los Gobiernos, medios de comunicación e incluso la mayor parte del establishment médico están tan centrados en cada emergencia individual que soslayan las causas estructurales que están convirtiendo, uno tras otro, a múltiples patógenos marginales en una repentina celebridad mundial.

¿De quién es la culpa?

He dicho que de la agricultura industrial, pero hay que ampliar el foco. El capital encabeza, a escala mundial, la apropiación de los últimos bosques primigenios y de las tierras cultivadas por pequeños propietarios. Esas inversiones implican deforestación y desarrollo, que conducen a la aparición de enfermedades. La diversidad funcional y la complejidad que representan esas enormes extensiones de tierra se están simplificando de tal modo que patógenos previamente encerrados se están esparciendo sobre el ganado y las comunidades humanas locales. En suma, habría que considerar como principales focos de enfermedades a los centros de capital, lugares como Londres, Nueva York y Hong Kong.

¿Para qué enfermedades es ése el caso?

En este momento, no hay patógenos independientes del capital. Incluso los más remotos están afectados por éste, aunque sea distalmente. El Ébola, el Zika, los coronavirus, la fiebre amarilla otra vez, una miríada de gripes aviares y la peste porcina africana están entre los muchos patógenos que hacen su camino desde los interiores más remotos hasta los nudos periurbanos, capitales regionales y, últimamente, las redes globales de viajes. Desde los murciélagos de fruta en el Congo hasta matar en pocas semanas a la gente que toma el sol en Miami.

¿Cuál es el papel de las empresas multinacionales en este proceso?

En este momento, el planeta Tierra es el planeta Granja, tanto en biomasa como en tierra utilizada. El negocio agroalimentario está intentando monopolizar el mercado alimentario. La práctica totalidad del proyecto neoliberal se centra en apoyar los esfuerzos de empresas sitas en los países más industrializados por robar la tierra y los recursos de los países más débiles. Como resultado de ello, muchos de esos nuevos patógenos, que antes las ecologías de bosques largamente evolucionados mantenían bajo control, ahora brotan libremente y amenazan al mundo entero.

¿Qué efectos tienen en esto los métodos de producción del negocio agroalimentario?

La agricultura guiada por el capital que sustituye a las ecologías naturales ofrece los medios precisos para que los patógenos pueden evolucionar hasta convertirse en los fenotipos más virulentos e infecciosos. No podrías diseñar un sistema mejor para engendrar enfermedades mortales.

¿Por qué?

El aumento del monocultivo genético de los animales domésticos elimina cualquier cortafuegos inmunitario que pueda haber para frenar la transmisión. Tamaños y densidades de población mayores facilitan mayores tasas de transmisión. Esas condiciones de masificación debilitan la respuesta inmunitaria. Alta producción, un componente de cualquier producción industrial, proporciona constantemente suministro renovado de material propenso, el combustible para la evolución del virus. En otras palabras, el negocio agroalimentario está tan centrado en los beneficios que la selección de un virus capaz de matar a mil millones de personas se trata como un riesgo que vale la pena correr.

¡¿Qué?!

Esas empresas sólo pueden externalizar sobre cualquier otro los costes de sus operaciones epidemiológicamente temerarias. Desde los propios animales hasta los consumidores, los agricultores, las ecologías locales y los Gobiernos de todos los ámbitos. Los daños son tan grandes que, si tuviéramos que devolver esos costes a los balances de las empresas, el negocio agroalimentario, tal y como lo conocemos, se acabaría para siempre. Ninguna empresa podría soportar los costes de los daños que provoca.

En muchos medios de comunicación se dice que el punto de arranque del coronavirus está en un “mercado alimentario exótico” en Wuhan. ¿Es eso cierto?

Sí y no. Hay pruebas espaciales a favor de esa idea. El rastreo de infecciones relacionadas nos lleva al mercado mayorista de mariscos de Wuhan, donde se vendían animales salvajes. El muestreo ecológico parece ubicar en el extremo occidental el lugar donde se capturaba a los animales salvajes. Pero ¿cuán atrás y con cuánta amplitud deberíamos investigar? ¿Cuándo comenzó exactamente la situación de emergencia, en realidad? El poner el foco en el mercado soslaya los orígenes de la agricultura silvestre fuera de las zonas interiores y su creciente capitalización. En conjunto, y en China, los alimentos silvestres se están convirtiendo en un sector económico más formalizado. Pero su relación con la agricultura industrial va más allá del hecho de compartir la fuente de ingresos. A medida que la producción industrial —porcina, aviar y similares— se expande hacia los bosques primigenios, ejerce presión sobre los operadores de alimentos silvestres para adentrarse más en el bosque en busca de poblaciones de recursos, lo que incrementa el punto de contacto con, y la propagación de, nuevos patógenos, incluyendo a la COVID-19.

La COVID-19 no es el primer virus desarrollado en China que el Gobierno intenta ocultar.

Así es, pero eso no es ninguna excepción china. Los EE UU y Europa también han servido de zonas de impacto para nuevas gripes, recientemente las H5N2 y HRNx, y sus multinacionales y proxies neocoloniales provocaron la aparición del Ébola en África occidental y del Zika en Brasil. Los funcionarios de la salud pública estadounidenses encubrieron al negocio agroalimentario durante los brotes de H1N1 (2009) y H5N2.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado ahora “emergencia sanitaria internacional”. ¿Es correcto ese paso?

Sí. El peligro de un patógeno así es que las autoridades sanitarias no sean capaces de comprender la distribución del riesgo estadístico. No tenemos ni idea de cómo puede responder el patógeno. En cuestión de semanas pasamos de un brote en un mercado a infecciones expandidas por todo el mundo. El patógeno podría agotarse. Eso sería genial. Pero no sabemos si eso pasará. Una preparación mejor aumentaría la probabilidad de reducir la velocidad de fuga del patógeno.

La declaración de la OMS también es parte de lo que llamo teatro pandémico. Las organizaciones internacionales han muerto ante la inacción. Me viene a la memoria la Liga de Naciones. Las organizaciones de Naciones Unidas siempre andan preocupadas por su relevancia, poder y financiación. Pero ese accionismo también puede converger con la preparación y prevención actuales que el mundo necesita para interrumpir las cadenas de transmisión de la COVID-19.

La reestructuración neoliberal del sistema de asistencia sanitaria ha empeorado tanto la investigación como la asistencia general a los pacientes, por ejemplo, en los hospitales. ¿Qué diferencias podría marcar un sistema sanitario mejor financiado para combatir el virus?

Existe la terrible pero reveladora historia del empleado de una empresa de productos sanitarios que, tras regresar de China con síntomas similares a la gripe, hizo lo correcto, por su familia y su comunidad, y solicitó a un hospital local que le hiciera la prueba de COVID-19. Le preocupaba que la mínima reforma sanitaria de Obama no cubriera el coste de las pruebas. Y tenía razón. De repente se encontró con una deuda de 3.270 dólares. Una reivindicación estadounidense podría ser la promulgación de una orden de emergencia que estipule que, durante el brote de una pandemia, todas las facturas médicas relacionadas con las pruebas de infección y el tratamiento tras un positivo las pague la Administración federal. Queremos animar a la gente a que busque ayuda, en lugar de esconderse —e infectar a otros— porque no puede permitirse pagar el tratamiento. La solución evidente es un servicio nacional de salud —plenamente dotado y equipado para lidiar con este tipo de emergencias de ámbito comunitario— para que no surja nunca el ridículo problema de que se desincentive la cooperación comunitaria.

Tan pronto como se descubre el virus en un país, los Gobiernos reaccionan con medidas autoritarias y punitivas, tales como la cuarentena obligatoria de regiones y ciudades enteras. ¿Están justificadas esas drásticas medidas?

Utilizar un brote para probar lo último en control autocrático tras el brote es capitalismo del desastre descarrilado. Desde el punto de vista de la salud pública, preferiría equivocarme por exceso de confianza y compasión, que son variables epidemiológicas importantes. Sin ellas, las Administraciones pierden el apoyo de la población. El sentido de la solidaridad y el respeto común son decisivos para obtener la cooperación que necesitamos para sobrevivir juntos a esas amenazas. Las cuarentenas autoimpuestas con el correspondiente apoyo de controles por parte de brigadas vecinales entrenadas, camiones de suministro alimentario puerta a puerta, permisos de trabajo y seguro de desempleo pueden producir ese tipo de cooperación, todos estamos unidos en esto.

Como quizá sepas, en Alemania, con Alianza por Alemania (AfD) tenemos de facto un partido nazi en el parlamento, con 94 escaños. La ultraderecha nazi y otros grupos, junto a políticos de AfD, utilizan la crisis del coronavirus para su agitación. Difunden informes falsos sobre el virus y exigen más medidas autoritarias al Gobierno: restricción de vuelos y suspensión de entradas de migrantes, cierre de fronteras y cuarentenas forzadas...

La prohibición de viajar y el cierre de fronteras son exigencias con las que la extrema derecha quiere racializar lo que ahora son enfermedades globales. Esto, por supuesto, es un sinsentido. En este momento, como el virus está a punto de propagarse por todas partes, lo razonable es trabajar en el desarrollo del tipo de resistencia de la salud pública en que no importe quién muestre una infección y tengamos los medios para tratarle y cuidarle. Por supuesto, detengamos en primer lugar el robo de tierra al pueblo en el extranjero que provoca los éxodos y podremos evitar la aparición de patógenos.

¿Cuáles serían los cambios sostenibles?

Para reducir la aparición de nuevos brotes de virus, la producción de alimentos tiene que cambiar radicalmente. La autonomía agrícola y un sector público robusto pueden contener los trinquetes ecológicos y las infecciones desbocadas. Introducir diversidad en el ganado y los cultivos —y la resilvestración estratégica— tanto a escala de explotaciones como regional. Permitir a los animales destinados a la alimentación que se reproduzcan in situ, para que transmitan las inmunidades que están probadas. Conectar la producción justa con la circulación justa. Ayudar a la producción agroecológica subvencionando los programas de apoyo a precios y compra por parte de los consumidores. Defender estos experimentos tanto de las obligaciones que impone la economía neoliberal a individuos y comunidades por igual y de la amenaza de la represión dirigida por el capital.

¿Qué llamamiento deberían hacer los socialistas ante la dinámica de incremento de brotes de enfermedades?

El negocio agroalimentario como modo de reproducción social debe acabar para siempre, aunque sólo sea por razones de salud pública. La producción de alimentos altamente capitalizada depende de prácticas que ponen en peligro a la totalidad de la humanidad, en este caso contribuyendo a desatar una nueva pandemia letal. Deberíamos exigir la socialización de los sistemas alimentarios, de tal manera que, en primer lugar, patógenos tan peligrosos como éste no aparezcan. Eso requerirá, en primer lugar, la reintegración de la producción alimentaria en las necesidades de las comunidades rurales y prácticas agroecológicas que protejan al medio ambiente y a los agricultores, ya que cultivan nuestros alimentos. En términos generales, debemos reparar la grieta metabólica que separa a nuestras ecologías de nuestras economías. En resumidas cuentas, tenemos un planeta que ganar.

Por Rob Wallace 

Biólogo evolutivo. Es autor de 'Big Farms Make Big Flu' (Las grandes granjas producen grandes gripes)

28/03/2020

Fuente:

Marx21, 11 de marzo de 2020, https://www.marx21.de/coronavirus-agribusiness-would-risk-millions-of-deaths/

Traducción:

Daniel Escribano

Publicado enSociedad
  Foto: Paula Cruz

 «El Gigante Agroalimentario mantiene su necedad mientras los niños y adolescentes desde Entre Ríos (Paraná, Argentina) hasta Jalisco (México) y los pueblos campesinos de América Latina son fumigados. Sin estas niñas y niños, sin semillas y sin producción campesina nuestro futuro está siendo fumigado».

Los gigantes agroalimentarios se multiplican en América Latina dejando a su paso destrucción y desolación en el continente para la población en general, mermando la vida rural y campesina, el medio ambiente y la salud de grandes poblaciones. Así sucede desde Chile o Argentina hasta México, pasando por Paraguay, Perú, Ecuador y Centroamérica. El que no es “líder” es “potencia” agroindustrial.

Estos impulsos oficiales se recrudecen con la firma de Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea, Estados Unidos o multilaterales como el TPP-11 (Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica) que impactan todas las esferas de la vida pública de los países imponiendo procesos y disposiciones legales en muchos sectores, incluido el agropecuario.

En el acuerdo entre la UE y México se dispone la cooperación en el sector agropecuario donde “Las Partes se comprometen a fomentar el desarrollo y la cooperación en el sector agrícola, agroindustrial y rural” y “Las disposiciones para armonizar las normas y las medidas sanitarias, fitosanitarias y medioambientales, con vistas a facilitar los intercambios comerciales, teniendo en cuenta la legislación en vigor en esos ámbitos para las dos Partes y de conformidad con las normas de la OMC”. En el T-MEC acuerdan “la importancia de alentar la innovación agrícola y facilitar el comercio de productos de la biotecnología agrícola” lo que se traduce en producción de mercancías agropecuarias ajenas por completo a alimentar a la población.

La serie de adecuaciones legales se apegan a las normas internacionales de la producción agropecuaria, pero son normas que homogenizan la producción industrial de alimentos en cualquier parte del mundo: desregularizan la propiedad social de la tierra y la acaparan por compra, renta, invasión, desalojo, contaminación; rodeándola de agroindustria o quitándole el agua. Establecen normativas de privatización de las semillas según los estándares de UPOV y reservorios para marginar y folclorizar la agricultura campesina. Todos mecanismos de control de productos y procesos bajo pretexto de la inocuidad y la estandarización.

En Jalisco, México, los campesinos enfrentarán las consecuencias de la recién aprobada “Ley Agroalimentaria del estado de Jalisco”. Ésta plantea “Asegurar al estado de Jalisco un abasto agroalimentario nutritivo, suficiente y de calidad”; “prevención fitozoosanitaria y el fomento de la inocuidad agroalimentaria”; “implementar los instrumentos, mecanismos y regulaciones necesarias para contar con un sistema promotor y clasificador de las calidades de los productos del sector agroalimentario”; “ejecutar en cualquier tiempo y lugar, las diligencias necesarias para la práctica de inspecciones, verificaciones y certificaciones de establecimientos, instalaciones, productos, procesos y servicios en materia agroalimentaria para comprobar el cumplimiento de esta Ley y las disposiciones técnicas que de ella deriven”.

En septiembre de 2011 Cristina Fernández, entonces presidenta de Argentina, pregonaba a los medios de comunicación que “Argentina es ya un líder mundial agroalimentario capaz de producir alimentos para 400 millones de personas”. Argentina cuenta con unos cuarenta millones de habitantes y vive desde entonces una profunda crisis económica y alimentaria. Ella se refería a la producción y exportación de soja, biodiesel, maíz, aceite de girasol, trigo, ajo, jugos de manzana y de limón, entre otros productos de producción industrial que afectan el empleo y benefician a unas cuantas industrias del agronegocio.

La pérdida de variedad y calidad de la alimentación rápidamente se pierde en las regiones donde invade el sistema agroindustrial. En Jalisco, su “innovadora” disposición legal se orienta al control de plagas siendo que por sus monocultivos es la propia agroindustria la generadora de resistencia y propagación de plagas. Dicha ley establece instancias en las que están plenamente presentes las empresas y el sector público, sin considerar de ninguna manera al sector campesino y ciudadano. Abre la puerta a contratos y convenios con instancias educativas y de capacitación de las mismas empresas que producen y comercializan agroquímicos y semillas patentadas con el pretexto de promover “buenas prácticas en el manejo de agroinsumos” ligadas al control de sus plagas, pero muy ajenas a la producción real de alimentos sanos y libres de contaminantes químicos agrotóxicos.

Tal ley de sanidad no considera la emergencia ambiental, alimentaria y de salud que ya provocó el “Gigante Agroalimentario” en la región. El gobernador, secretarios y políticos en turno continúan embebidos con los falsos números de las exportaciones, sin considerar que esos ingresos son insuficientes para enfrentar la emergencia multifactorial. Entretanto los niños en las poblaciones cercanas a regiones agroindustriales son intoxicados por múltiples venenos con alarmantes síntomas. Capacitadores corporativos les enseñan a usar, como cosa de gracia, los trajes “de astronauta” para el buen uso de agrotóxicos violando toda su esfera de derechos a la salud, a un ambiente sano y el respeto a toda su emocionalidad.

Simultáneamente se pretende aprobar la “Ley Federal de Variedades Vegetales”, algo que la Red en Defensa del Maíz califica de “grave intento de privatizar, acaparar semillas comerciales y no comerciales en general, y criminalizar las semillas campesinas en agravio contra la soberanía alimentaria” ya que pretende “asegurar la propiedad intelectual de las transnacionales semilleras”.

“La reforma propuesta es explícita en adherirse a los planteamientos de lo que se conoce como Acta de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) en su versión 91, que ya es parte sustancial de todos los tratados de libre comercio puesto que con ella las empresas semilleras buscan monopolizar la producción y comercialización de las semillas. Se prepara entonces el arribo del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy rebautizado T-MEC, un acuerdo que se hizo a espaldas de campesinas y campesinos y sin consultar a nadie”.

Con estas y otras leyes se corre el peligro de dejar en la “ilegalidad” todas las prácticas agrícolas tradicionales y agroecológicas que producen alimentos sanos, nutritivos y diversos en todas las regiones.

Dicen los miembros de la Red Agroecológica de Loja, Ecuador, en su cartilla “Nuevas leyes de sanidad e inocuidad, ¿Promover o devastar el sistema alimentario local?” elaborada para analizar comunitariamente la ley orgánica de sanidad agropecuaria aprobada en junio de 2017 tras la firma del TLC entre Ecuador y la Unión Europea. “Esta andanada de acuerdos y leyes hechos para cumplir los intereses de las empresas transnacionales pretenden promover una sola forma de producir alimentos sin pensar en la población y manteniendo el sistema productivo agroindustrial que genera altísimos niveles de calentamiento global, contaminación y graves efectos en la salud”, que en esta región afecta la ancestral producción artesanal de lácteos y ganado.

En cualquier país estas políticas provocan las mismas emergencias de salud, contaminación y ataque a la vida campesina y rural.

“Con esta ley se pretende imponer requisitos que se deben cumplir para sacar a vender semillas y productos alimenticios en el mercado. A esto se suma la prohibición de usar insumos no registrados y no autorizados. Se ponen trabas para el desposte de animales y el transporte a los mercados locales para la venta”. Imponen “participar en programas obligatorios de uso de pesticidas y agrotóxicos en cultivos (Art. 22 y 25), a pretexto de prevención, control o erradicación de plagas y enfermedades”.

“Avanza un modelo de agricultura industrial, de monocultivos y monocrianzas de animales, basada en semillas certificadas, fertilizantes, pesticidas, alimentos balanceados, antibióticos y vacunas”.

Pero subsiste la agricultura campesina diversa, en pequeñas propiedades con un bajo uso de insumos comerciales, practicando una agricultura diversificada, con tendencia a una agricultura ecológica e integral con insumos producidos y mejorados en la propia finca.

En los pueblos y comunidades hay principios básicos, como la agricultura, que guían las decisiones, y son siempre la posibilidad de construir una forma de vida y convivencia que se va corrigiendo en la práctica o el camino, con la asamblea y la experiencia.

Históricamente se ha insistido en que los campesinos modifiquen sus cultivos en función de los intereses de las grandes industrias. Así vastas regiones se convirtieron en productoras de monocultivos.

Se ha buscado desenraizarles imponiendo las condiciones para usar su mano de obra en el agronegocio y otras industrias. Muchas políticas proponen sacar a los habitantes del campo, y ya no incluirlos en los sectores productivos agrícola o industrial sino mandarlos directamente al sector servicios —definitivamente desconectados de las actividades relacionadas con sus tierras y territorios, prisioneros en el ámbito de la especulación del ecoturismo, el folklor, los servicios ambientales; proveedores de insumos para las industrias (minera, petrolera, construcción) según los planes de manejo y programas oficiales-empresariales, ajenos a las actividades y decisiones comunitarias. Y que sólo quede en el campo la producción automatizada.

En Jalisco, en las asambleas y talleres regionales contra la agroindustria y las afectaciones ambientales y a favor de la agroecología se dice: “sólo queremos vivir bien y que se reconozca lo que es nuestro, nuestra tierra y nuestro trabajo”. “Desde hace cientos de años llegaron los hombres de empresa con el fin de progresar ellos mismos a costa del trabajo y la riqueza de los pueblos campesinos e indígenas. Y no han cesado de imponer su dominio. Pero los pueblos se han levantado siempre y han buscado sembrar la tierra como lo hicieron sus padres y de esa forma han trasmitido su sabiduría y han logrado resistir”.

El movimiento Basta es Basta en Argentina (que surgió ante el hecho de que 700 mil niños y adolescentes de escuelas rurales corren riesgo por las fumigaciones con agroquímicos sin control en los campos aledaños a los centros educativos, frente a una agroindustria que fumiga escuelas y comunidades rurales), denuncia: “en dos años obtuvimos cinco sentencias judiciales que ampararon nuestras escuelas rurales y permitieron discutir si queremos una provincia envenenada o producir alimentos sanos para nuestro pueblo. Sin embargo, el gobierno en vez de fomentar una transición para los productores ahogados por un modelo agotado apeló contra los derechos humanos y ambientales […] en vez de escuchar un reclamo razonable, justo y con respaldo científico y propuestas de solución, nos obligó a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para defender nuestra salud y nuestro territorio”.

En diciembre de 2019 el movimiento denunció: “ante un probable decreto por parte del gobernador Bordet que disminuye las distancias de fumigaciones con agrotóxicos a 100 metros las terrestres y a 200 metros las aéreas contrariando el fallo del Supremo Tribunal de Justicia que ordena alejar las pulverizaciones a mil metros y 3 mil metros respectivamente de cada escuela rural de Entre Ríos, desde la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos: ¡Basta es Basta! advertimos: señor gobernador, los intereses de niños, niñas y adolescentes son considerados superiores por tratados internacionales supraconstitucionales”.

El Gigante Agroalimentario mantiene su necedad mientras los niños y adolescentes desde Entre Ríos (Paraná, Argentina) hasta Jalisco (México) y los pueblos campesinos de América Latina son fumigados. Sin estas niñas y niños, sin semillas y sin producción campesina nuestro futuro está siendo fumigado.

Pero la Vía Campesina, organizaciones, ejidos, comunidades y municipios de toda América Latina comienzan a declararse agroecológicos. 

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Sábado, 15 Febrero 2020 06:35

Nuevo asalto corporativo a la alimentación

Nuevo asalto corporativo a la alimentación

Se está gestando un ataque en varios frentes por parte de las mayores trasnacionales de los agronegocios –junto con las de informática y otras– para apropiarse de la decisión global sobre políticas agrícolas y alimentarias. El intento es reconfigurar el sistema de gobierno internacional –actualmente basado en agencias públicas y de Naciones Unidas, como la FAO– y de investigación agrícola para crear instituciones globales manejadas por y dependientes de las transnacionales, pero desde donde se pretende instaurar políticas públicas para todos los países. O sea, políticas que nos afectan a todos y todas, que definen la calidad, cantidad y condiciones de acceso a los alimentos, en desmedro de las redes campesinas, que son las que producen la mayoría del alimento que consume 70 por ciento de la población mundial, y de la posibilidad de definir nuestra propia alimentación.

Se trata de tres iniciativas internacionales que vinculan los temas de gobierno, nuevas tecnologías e investigación agrícola: una Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios, a realizarse en 2021, una propuesta para establecer un concejo digital internacional de agricultura y alimentación y una propuesta de "unificación" de los centros de investigación agrícola pública internacionales (sistema Cgiar) bajo una sola mesa directiva global, en función de intereses corporativos. Son iniciativas digitadas por trasnacionales y filantrocapitalistas, como la Fundación Bill y Melinda Gates. El nuevo informe The next agribussiness takeover, del Grupo ETC, analiza estas propuestas y su contexto ( https://tinyurl.com/wbf25tg).

Paradójicamente, se presentan como iniciativas "públicas", por el involucramiento de actores de Naciones Unidas o gobiernos, pero lo que subyace son estrategias para sabotear el multilateralismo, evitar la supervisión pública y, sobre todo, evitar que organizaciones campesinas, indígenas, de derecho a la alimentación y otras puedan opinar y actuar sobre estos procesos.

Por ejemplo, la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios fue anunciada en 2019 por Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, desde su sede en Nueva York, afirmando paralelamente que se realizará en colaboración con el Foro Económico Mundial (Foro de Davos), donde se reúnen las trasnacionales y los más ricos del mundo. La FAO y otras agencias multilaterales de la ONU no fueron consultadas, sino posteriormente.

Se podría creer que una cumbre convocada por el secretario general es una cumbre de Naciones Unidas. Pero esto no es así, como tampoco lo son las cumbres del Clima o de los Océanos, realizadas antes en Nueva York. Son anunciadas desde un cargo público y usando las instalaciones de Naciones Unidas, pero con actores privados. Quién participa y cómo, depende de las posibilidades económicas que se tenga para llegar allí, o que alguno de los financiadores, filantrocapitalistas o empresas, solvente el gasto. La dinámica, decisiones y declaraciones son decididas por esos organizadores.

En las agencias de la ONU, como la FAO en el caso de agricultura y alimentación, todos los países miembros deben participar, cada uno con un voto, y para ello se debe garantizar desde la ONU la participación de los países pobres. Dentro de esos organismos hay mecanismos para que los grupos afectados participen en las negociaciones. En el caso del Comité Mundial por la Seguridad Alimentaria, que reúne a todas las agencias de Naciones Unidas relacionadas con el tema, se formó un Mecanismo de la Sociedad Civil, que se autoorganiza para discutir los temas en negociación y garantizar se expresen las posiciones, especialmente de las organizaciones campesinas e indígenas.

Sería ingenuo creer que esto alcanza para que haya participación igualitaria de los países y las empresas siempre han intervenido, cabildeado y presionado dentro de Naciones Unidas de todas formas. No obstante, la propuesta ahora viene directamente desde los centros de poder de las trasnacionales, en este caso a través de la Iniciativa de Sistemas Alimentarios del Foro de Davos, y es parte de una estrategia global para garantizar que sean las propias empresas las que definan las políticas públicas.

La intención es asegurar las mejores condiciones en todo el mundo para desplegar la "agricultura 4.0", es decir, agricultura industrial dependiente de alta tecnología, desde cultivos transgénicos y semillas corporativas hasta sistemas digitalizados en producción y comercio, todo controlado por las trasnacionales de agronegocios y las plataformas digitales con las que están aliadas (Ver La insostenible agricultura 4.0, https://tinyurl.com/qt2emkt).

Como una forma de afianzar esto, Guterres nombró enviada especial para la Cumbre de Sistemas Alimentarios a Agnes Kalibata, presidenta de AGRA (Alianza para la Revolución Verde en África), iniciativa para devastar ese continente con agricultura industrial y transgénica, promovida por la Fundación Gates.

El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, que reúne a miles de organizaciones campesinas y de la sociedad civil que han interpelado a las cumbres de la Alimentación desde 1996, lanzó una carta pública de protesta –aún abierta a firmas– exigiendo al secretario general de la ONU que separe a Kalibata del cargo y cuestionando la forma de organización de esta nueva cumbre (https://tinyurl.com/vr22583).

* Investigadora del Grupo ETC

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Varias mujeres trabajan en una empresa de producción de flores en la población de El Rosal, departamento de Cundinamarca (Colombia) EFE

El 10% de las flores que se venden en España provienen de Colombia, productor mundial de rosas en condiciones de explotación y con graves consecuencias para el medio ambiente

A nadie sorprenderá saber que la venta de flores se dispara entre los días 11 y 14 de febrero o que las ventas de ramos por Internet se multiplican por 20. El Día de los Enamorados concentra alrededor del 8% del total del negocio anual de la floristería española. El día de Sant Jordi es otro pico del consumo de un bien que, pese al simbolismo que lo asocia al amor y las muestras de afecto, genera un reguero de consecuencias socioambientales semejante a cualquier otro oficio del modelo del agronegocio orientado a la exportación masiva.

De Colombia, el segundo país exportador de flores a nivel internacional, proceden alrededor del 10% de las flores que llegan a España, y que suponen un jugoso negocio de 106 millones de euros anuales. La floricultura ocupa en ese país 6.700 hectáreas, de las un 73% se ubican en la Sabana cercana a Bogotá, en el departamento de Cundinamarca. Los defensores del sector subrayan que da empleo a unas 130.000 personas, en su mayor parte mujeres; pero la industria de las flores supone también sobreexplotación laboral, daños a la salud de las trabajadoras y graves consecuencias ambientales.

"El impacto es bien complicado. Sacan el agua del río, del humedal, de lo que haya, para la industria floricultora; y eso va apocando el agua para los cultivos de papa, zanahoria, del agro; entonces, eso es muy perjudicial para la Sabana, y también para la población", resume María (nombre ficticio), una trabajadora del sector.

Según el estudio hídrico de la entidad estatal Ingeominas, el sector florícola consume unos 54,8 millones de metros cuadrados de agua por año, frente a los 10,7 millones que abastecen para el consumo humano a los tres municipios que concentran la producción de flores: Funza, Madrid y Subachoque. Así, la industria agroexportadora de flores compite directamente con la producción de alimentos, y pone en riesgo la soberanía alimentaria en la región.

María conoce de primera mano los impactos sobre la salud de quienes trabajan en los invernaderos: "Los agroquímicos causan intoxicaciones y, a largo plazo, afectan a los pulmones, provocan hongos y enfermedades dermatológicas, en función del contacto que uno tenga con esos químicos". Como sucede con cualquier oficio del agronegocio, la floricultura requiere el empleo masivo de productos químicos (plaguicidas, fumigantes y fertilizantes) vendidos por grandes transnacionales como Syngenta o Bayer, las mismas que controlan la fase de distribución.

El uso y abuso de agrotóxicos generó una intoxicación masiva en la empresa Aposentos en 2003, cuando 374 trabajadoras y trabajadores tuvieron que ser llevados al hospital por ingerir sustancias tóxicas. Después de aquello, y en gran parte gracias a la presión de consumidores en países europeos y en los Estados Unidos, algunas sustancias tóxicas dejaron de utilizarse; pero se sustituyeron por otras que no han sido testadas y las medidas de seguridad laboral no son fiscalizadas.

El trabajo en los invernaderos también genera enfermedades asociadas a los movimientos repetitivos, en posiciones incómodas y sometidas a altas temperaturas. "Las cortadoras de flores sufren dolencias como el síndrome del túnel carpiano, el espolón calcáneo y el manguito rotador. También hay enfermedades psicológicas porque el hecho de estar tan presionado, a la gente le estresa, y a veces sufren depresión", explica María. En los picos de demanda, las operarias se ven forzadas a realizar jornadas por encima de las doce e incluso las quince horas diarias, y cortar 400 flores por hora, lo que requiere un ritmo de trabajo frenético. La consecuencia lógica de realizar un movimiento tan repetitivo durante 12, 14 o 16 horas diarias es la pérdida de movilidad y fuerza en la mano.

Esto tiene que ver con la aguda estacionalidad del negocio, que se concentra en fechas señaladas como San Valentín y Sant Jordi. Dar cuenta de esa demanda implica someter a una gran presión a las trabajadoras; y son otras trabajadoras, las supervisoras, las que deben asegurarse de que se alcanza ese rendimiento: "Uno generalmente anda presionando a la persona para que cumpla con las labores semanales, diarias, por horas; eso de cansar a la gente hace que la gente se enferme de estrés y de depresión", afirma María. "Esa es la labor de un supervisor, revisar que el trabajo está bien hecho y exigir que se cumpla con el trabajo", matiza Inés, que también prefiere ocultar su identidad; ella trabaja desde hace dos décadas como supervisora en los invernaderos de la Sabana de Bogotá.

"Funciona como una maquila"

"Una entraba a las seis de la mañana pero no sabía cuándo iba a salir", así que llega un momento en que "ya los oficios de la casa se atrasan un poco más, ya uno descuida un poquito más a los hijos", cuenta una trabajadora entrevistada para el informe Las mujeres en la industria colombiana de las flores, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

"La industria funciona como una maquila: se trate del textil, de nuevas tecnologías o de las flores, la lógica es la misma: producir al máximo con el menor coste posible; y eso lleva a niveles tremendos de explotación", afirma Erika González, autora del citado informe. Además, añade la investigadora, "se tiende a la subcontratación para evitar toda responsabilidad; o, si se hace contrato, es cada vez más precario; entre otras consecuencias, esto deja a muchas trabajadoras por fuera del acceso a una jubilación.

Como en toda maquila, el trabajo está feminizado. Ellas cultivan, recogen, cortan las flores y hacen los ramos, mientras los hombres son empleados en tareas mejor pagadas, como el mantenimiento de infraestructuras. "Emplear a mujeres asegura el empresario mayores niveles de explotación: la mayor parte son mujeres cabeza de hogar, es decir, de sus ingresos depende el sostenimiento de sus familias, y eso les genera una dependencia muy alta de estos empleos", asegura González.

Y añade otro factor que perpetúa un sistema de explotación en el que se tocan la esfera del trabajo formal y la del trabajo reproductivo: "Este tipo de trabajo, con jornadas extensísimas y que además no saben cuándo van a salir, provoca mucha angustia a estas mujeres, que no pueden hacerse cargo de las tareas de cuidado y crianza; las que quedan a cargo de los hijos suelen ser las hijas mayores, que muchas veces se ven obligadas a dejar de estudiar".

Quienes deciden organizarse para reivindicar mejoras laborales, se exponen a pagar un alto precio. Desde que comenzó 2020 y hasta el 5 de febrero, 28 líderes sociales han sido asesinados en un país que cada año se encuentra entre los más peligrosos para defensores de la tierra, sindicalistas y periodistas.

Por todo ello, quienes conocen desde dentro el sector florícola en Colombia no celebran el día de San Valentín: en su lugar, el 14 de febrero conmemoran el Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores de las Flores, en el que reivindican formas de vida más justas y sustentables para ellas y para sus territorios. "Debemos visibilizar que, si compras un ramo de rosas, por hablar de un producto que viene en gran parte de Colombia, esas rosas llevan una parte de agua que no pudo usarse para producir alimentos, de agroquímicos que afectaron la salud de la mujer que las cultivó; de sobreexplotación laboral. Tal vez después de saber todo esto, podamos pensar alternativas para mostrar afecto, cariño o lo que se quiera mostrar ese día", reflexiona Erika González.

En la campaña Tras las flores, que en 2019 promovieron las y los activistas de la Sabana de Bogotá, pedían a los consumidores "buscar otras formas de celebración que sean sostenibles, tanto con el entorno como con las personas, para evitar perpetuar las lógicas de desigualdad". Así lo resume González: "Debemos interesarnos por quién y cómo se produce algo; y después, vemos si seguimos pensando que regalar rosas por San Valentín es una buena idea".

Por Nazaret Castro

13/02/2020 - 21:43h

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Deforestación al Amazonas. El cáncer en nuestro pulmón verde
 Publicamos de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 

La región amazónica representa una esperanza verde que conserva la mayor biodiversidad del planeta. Es nuestra fuente de oxígeno para el mundo ante el cambio climático. Pero año tras año la deforestación hace trizas miles de hectáreas de selva virgen. El panorama no solo es aterrador, dentro de poco será irremediable. La agricultura y la ganadería son las actividades que más amenazan a toda esta región. Aquí el reporte más actual.

El proyecto “Monitoreo de la Amazonia Andina” es un portal web https://maaproject.org/es/ que tiene como iniciativa observar los problemas que atentan contra la conservación amazónica. Para monitorear la deforestación de las cuenca amazónica en tiempo casi real –un vasto territorio que comprende las naciones de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia– utiliza la tecnología satelital. Desde su lanzamiento en el 2015, la organización Conservación Amazónica ha publicado decenas de informes sobre los principales casos de deforestación.

 

 

La conclusión es alarmante: durante los últimos 17 años se han perdido 4.2 millones de hectáreas de bosques andinos amazónicos. Una tendencia creciente desde el año 2006, con grandes picos en los últimos dos años. Es decir, no se ha hecho nada para detener esta constante y el proceso se ha acelerado. En efecto, el año pasado registró el mayor nivel de pérdida anual registrada (426 mil hectáreas), más del doble que en 2006. Perú es el país que registra la mayor pérdida anual, le siguen Colombia y Ecuador. Sin embargo, en el 2017 Colombia superó a Perú con un nuevo máximo histórico anual de 214.7 mil hectáreas. Lo que refleja que en la Amazonía colombiana se ha presentado un auge de deforestación en los últimos dos años.

 

Desangre ecológico

 

Durante los últimos 17 años (2001-2017) se perdió cerca de 4.2 millones de hectáreas de bosques andinos amazónicos. Por distribución y/o afectación, de este total el 50 por ciento corresponde a Perú (2.1 millones), 41 por ciento a Colombia (1.7 millones) y el 9 restante a Ecuador (359 mil). En el presente análisis relacionado no se incluyó Bolivia. La gran mayoría de los eventos de pérdida de bosque –74 por ciento– son de pequeña escala (menos de 5 hectáreas), y el 24 por ciento de mediana escala (5-100 hectáreas), y únicamente el 2 por ciento de gran escala (>100 hectáreas).

Los factores ligados a esta dramática realidad son: Agricultura en cultivos de pequeña y gran escala (palma aceitera y cacao, entre otros), ganadería, minería aurífera, caminos forestales y carreteras. La deforestación por agricultura de pequeña y mediana escala es mucho más común y difícil de documentar en su totalidad. Los cultivos principales son dedicados al cacao, papaya, maíz y arroz.  De manera adicional, la agricultura de pequeña escala es posiblemente un factor determinante en los incendios que degradan la Amazonía durante la intensa temporada seca. El cultivo de coca ilícita es otra causa de deforestación en algunas zonas de Perú y Colombia. La deforestación minera se ha intensificado durante los últimos siete años, con mayor gravedad por minería aurífera en la Amazonía peruana sur, en donde se estima la deforestación histórica de más de 95.7 mil hectáreas .

 

También contribuyen a este desastre la tala de bosques para la construcción de caminos forestales, particularmente por facilitar el acceso humano y sus actividades agrícolas, ganaderas, mineras y forestales. Aparecen, adicionalmente, las represas hidroeléctricas, con tres represas hidroeléctricas construidas en Brasil. Documentado está la pérdida de 36,100 hectáreas de bosques asociadas a inundaciones producidas por dos represas (Santo Antônio y Jirau) en el río Madeira, cerca la frontera con Bolivia. Por explotación de hidrocarburos, tanto petróleo como gas, se ha documentado la deforestación directa de 169 hectáreas para infraestructura petrolera, con una deforestación adicional indirecta de 248 hectáreas que corresponden a la colonización a lo largo de una carretera que se construyó con fines de extracción petrolera.

Nuestros bosques tropicales de la Amazonía, secuestran enormes cantidades de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero que conlleva al cambio climático. No solo estamos acabando con la Amazonia sino con nuestra condición superviviente, dependiente de estos ecosistemas. Pero la ceguera de la “modernización” sigue avanzando con colonización y la explotación.

“Modernos” a pesar de la realidad, así como los fumadores saben que sus prácticas los condenan a la muerte y no abandonan el vicio, condenando su propia existencia. Pero para nuestro caso como especie, hacia nuestra extinción.

 

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Miércoles, 27 Noviembre 2019 06:30

Bill Gates, agricultor africano

Bill Gates, agricultor africano

A partir de los años 1960 la revolución verde permitió incrementar de manera importante los rendimientos (toneladas por hectárea) de ciertos cultivos clave, en especial trigo y arroz, en algunas regiones de India. Esos aumentos se debieron a un paquete tecnológico que incluía el uso de semillas de alto rendimiento, insumos agroquímicos y, por supuesto, inversiones en irrigación. El crecimiento de los rendimientos puede atribuirse casi por igual al empleo de semillas mejoradas, fertilizantes e irrigación.

Estos son los beneficios que tanto impresionaron a Bill Gates. Desgraciadamente, Gates no leyó con atención las señales que estaban en el campo en toda África. El mensaje era claro: no es que la revolución verde hubiera pasado de largo a África. Simple y sencillamente, había fracasado.

Entre 1980 y 2004 el Consejo Consultivo de Centros de Investigación Agrícola Internacional (Cgiar) invirtió 160 millones de dólares anuales en transformar y modernizar la agricultura en África. Con esas inversiones no es posible afirmar que la revolución verde simplemente había ignorado al continente africano. La realidad es mucho más compleja e interesante. Pero Bill Gates prefiere configurar otra narrativa más a su gusto.

La revolución verde vino acompañada de varios problemas graves. Sin los insumos de agroquímicos y la irrigación, los rendimientos no podían aumentar y las semillas maravilla se quedaban sin rendir sus frutos. Por ese motivo los beneficios fueron para los agricultores más privilegiados. De hecho, muchos de los campesinos más pobres perdieron sus tierras al no poder enfrentar el peso del endeudamiento para pagar los insumos. Esto condujo a una mayor concentración de la tierra. Por el lado de la huella ecológica, la revolución verde y sus insumos químicos dejaron cuerpos de agua contaminados, suelos maltratados por la falta de rotación de cultivos y una fuerte erosión genética. En India había alrededor de 30 mil variedades de arroz utilizadas en la producción antes de la revolución verde. En la actualidad, la cosecha en ese país se produce a partir de unas 10 variedades.

Con este saldo es difícil imaginar que alguien quisiera repetir la experiencia en África. Pero en 2006, la Fundación Gates lanzó su iniciativa “Alianza para la revolución verde en África” (Agra). Su objetivo: duplicar los rendimientos e ingresos de más de 30 millones de hogares rurales en el continente para 2020. En estos días se ha dado a conocer una investigación de Tim Wise (Universidad de Tufts y Small Planet Institute), en la cual se demuestra que después de 10 años de inversiones multimillonarias las metas de la iniciativa Agra están lejos de ser alcanzadas. El análisis examina información a escala nacional para los 13 países cubiertos por Agra y también evalúa datos a nivel hogar en tres de ellos: Malawi, Zambia y Mozambique. (Este importante documento está disponible en afsafrica.org).

Wise demuestra que existe poca evidencia de que Agra esté en camino de hacer realidad sus objetivos sobre rendimientos e ingresos. Cuando se encuentran señales de progresos en esos rubros eso se debe a la existencia de programas gubernamentales de subsidios para la adquisición de insumos: la difusión del paquete tecnológico de Agra no se llevaría a cabo sin esos subsidios.

Se puede pensar que buscar una solución tecnológica para cualquier problema es el sesgo natural de una persona con la formación de Bill Gates. Pero quizás hay algo más profundo. En 2010 la Fundación Gates invirtió 23 millones de dólares en la compra de 500 mil acciones de Monsanto, el gigante de las semillas transgénicas y los agroquímicos como el glifosato. Desde entonces la postura respecto de los transgénicos ha sido ambigua, pero hoy se sabe que Agra también incluye ese tipo de semillas en sus programas de difusión tecnológica.

Lo más grave de Agra es que deja de lado otro tipo de trayectorias tecnológicas que son más eficientes para el manejo de agua, suelos y recursos genéticos. Por ejemplo, técnicas de permacultura y agroecología ya son aplicadas en muchas regiones de África y han demostrado ser más eficientes y menos agresivas con el medio ambiente.

Estas técnicas conservan la agrobiodiversidad y son además intensivas en trabajo, lo que permite crear y conservar empleos en el medio rural y proporcionan una mayor soberanía en las decisiones de los agricultores sobre la mezcla de producto y las técnicas de producción.

Organizaciones como Vía Campesina y la Alianza para la Soberanía Alimentaria en África son dos ejemplos de organizaciones que buscan construir desde abajo opciones que son tecnológicamente sanas y socialmente responsables. A final de cuentas, Bill Gates prefiere buscar la solución que desea el capital: apropiarse del proceso productivo campesino y convertirlo en un espacio de rentabilidad.

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Soja, palma, azúcar... Monocultivos para que crezca el dinero, no para alimentar

Estos tipos de monocultivos son un ejemplo de cómo el agrocapitalismo especula con las tierras de los pueblos del globo sur. 

 Los campos ya no siembran alimentos. Las grandes extensiones de tierra del planeta se vuelven uniformes. El huertito de aquel pequeño campesino autónomo se extingue ante el despliegue de un imperio agrario que se extiende por todo el globo sur. Las plantaciones hace tiempo que dejaron de dar comida para los pueblos. Ahora, las semillas, homogéneas, se cultivan como monedas. Esta realidad es fruto de un modelo de negocio ligado a grandes rasgos a los monocultivos, cuyos impactos están generando problemas sociales y medioambientales en los territorios del globo sur.

El aceite de palma, la soja –el oro rojo–, la caña de azúcar o el maíz son algunos ejemplos de estos productos recogidos en el libro Los monocultivos que conquistaron el mundo (Akal) de las periodistas Nazaret Castro, Aurora Moreno y Laura Villadiego. Se trata, en cualquier caso, de materias primas que han cambiado de manera radical la vida de las sociedades campesinas y han derivado en multitud de problemas medioambientales, fruto de la deforestación que se requiere para su siembra intensiva.

En cierta medida, todo se remonta al momento en el que el colonialismo llegó a América, cambiando las estructuras socioeconómicas de las poblaciones que había en el continente. “Aunque ya existía un comercio internacional, ese fue el primer momento en el que se destinaron enormes cantidades de terreno a una producción que iba a ser consumida en otro lugar, en este caso en Europa”, explica Nazaret Castro. Pero este sistema de plantaciones al que Eduardo Galeano calificó de “monarcas agrícolas” se fue transformando hasta culminar en el siglo XX, tras la denominada Revolución Verde, en un modelo agroindustrial donde los cultivos, más que para alimentar, sirven para especular.

En una coyuntura en la que la agricultura está altamente financiarizada, la palma, la soja –la cual está detrás de los incendios de este verano en la Amazonia– o la caña de azúcar son lo que las autoras del libro denominan como “materias primas fléxibles”, es decir, las flex crops, cuyas utilidades en diversos sectores, más allá del alimentario, se prestan como un elemento atractivo para los inversores. Es decir, la alta demanda de los productos en los dispares mercados propician que sean productos capaces de superar los riesgos y la volatilidad de los precios.

“El aceite de palma es el caso paradigmático. Está en la mitad de los productos que encontramos en el supermercado, no es sólo en los ultraprocesados comestibles, sino también en cosméticos, pinturas, shampoo y inciensos y otros productos. Por supuesto, también los conocidos agrocombustibles”, enfatiza Castro. Todo ello en un mercado que, según añade Aurora Moreno, está “muy concentrado en pocas empresas” que poseen prácticamente todo el control de la producción, “desde la plantación hasta el supermercado”.

El 90% de las calorías que se consumen en el mundo proceden de tan solo una treintena de variedades de especies de alimentos

Ahora mismo la agricultura no está dirigida a recoger comida, está dirigida a recoger dinero. El sistema está enfocado a ello”, comenta Laura Villadiego, que, de una forma incisiva, carga contra un modelo en el que lo “fundamental no es sobrevivir, sino que un puñado de empresas tengan beneficios”. Este sistema de negocio tiene un impacto directo en el estilo de alimentación mundial, en tanto que el crecimiento de las plantaciones de monocultivos ha ido en detrimento de la biodiversidad de especies vegetales –también animales– derrumbando la pluralidad de especies que se puede consumir. Tanto es así, que el 90% de las calorías que se consumen actualmente en el mundo proceden de tan solo una treintena de variedades, según detalla la publicación.

“La visión más clara para entender la pérdida de biodiversidad es en una zona llena de vegetación, de selva, en la que se ve multitud de tipos de vegetación, aves y otros animales. Pues, justo al lado de ello, se encuentra un terreno grande en el que sólo se siembra un tipo de planta, perfectamente alineada y a siete metros una de otra. Esto visualmente se aprecia más, pero también se percibe con la subida de temperatura, ya que hay menos sombras”, narra Moreno.

Estas plantaciones son, quizá, como un cáncer en los bosques que acaban con la vida en todas sus formas. Tanto, que las especies de animales y plantas no son las únicas damnificadas. La agroindustria que se extiende por el cono sur asiático, americano y africano supone también una amenaza para las tradiciones de los pueblos campesinos que a menudo se ven desposeídos de sus territorios y de sus modos de supervivencia. "A fin de cuentas —puntualiza Castro—, es un proceso de proletarización del campesinado, que deja de tener autonomía y se ve obligado a trabajar en condiciones análogas a la esclavitud en estas plantaciones”.

El uso de fertilizantes termina infectando las fuentes de agua, lo que deriva en multitud de enfermedades dermatológicas y estomacales

La contaminación del agua es otro problema derivado del agribusiness. El uso de fertilizantes termina infectando las fuentes de agua más cercanas de las poblaciones agrícolas, lo que deriva en multitud de enfermedades dermatológicas y estomacales. “Además hay un impacto sobre las mujeres, ya que estas, debido a la división sexual del trabajo, son las encargadas de proveer agua a los hogares. Al contaminarse los ríos más cercanos, deben trasladarse a otras zonas lejanas para el suministro”, matiza Castro.

Soberanía alimentaria

Las soluciones fáciles no son soluciones. El camino hacia la soberanía alimentaria no es sencillo y la lucha contra este sistema que de manera indirecta está presente en las vidas cotidianas de las sociedades industriales se presta tan complicado como utópico. Sin embargo, las acciones individuales pueden marcar un camino a seguir antes de conseguir una legislación fuerte que consiga apretar el cinturón a los monarcas del agroliberalismo.

La elección de un consumo de cercanía puede ser un grano de arena que ayude a liberar a los pequeños agricultores de las cárceles de monocultivos. Sin embargo, las acciones potentes que cambien todo deben manar de las instituciones. “Si solamente dependemos de las nuestras decisiones de compra es imposible que estos cambios sean realmente profundos”, recalca Villadiego, que pone el foco en los gobiernos y sus contradicciones legislativas.

25/10/2019 07:40 Actualizado: 25/10/2019 11:14

Por ALEJANDRO TENA

Publicado enMedio Ambiente
La Amazonia no es el pulmón del mundo ni la única zona afectada: cinco claves de los incendios

Después de la atención mediática y social recibida este verano, muchas cuestiones relativas a la situación vivida en Brasil quedaron pendientes de aclaración, ya que, por ejemplo, Paraguay y Bolivia también sufrieron graves incendios. 

 

Los incendios de la Amazonia acapararon todo tipo de tuits, publicaciones y portadas este verano. Sin embargo, fruto de la compleja naturaleza del fenómeno que se vive en suelo brasileño, muchas cuestiones relacionadas quedaron pendientes de una necesaria aclaración.

Más allá de los porqués relativos a este fenómeno en concreto, otros aspectos permanecían pendientes de respuesta: ¿es realmente la Amazonia el pulmón del planeta y produce el 20% del oxígeno mundial? ¿Hay otras zonas afectadas más allá de Brasil? ¿Qué pasa con las otras 'zonas rojas' del planeta que muestran los satélites?

La contestación a estas dudas resulta necesaria para comprender la verdadera dimensión de los incendios de este verano y desentrañar por qué han trascendido de manera global.

 

Los incendios no han afectado solo a la Amazonia

 

Los incendios producidos por las ‘queimadas’, práctica agrícola basada en la tala y posterior quema del terreno para su refertilización y utilización con fines agrícolas, no solo han afectado al Amazonia. Incluso dentro de Brasil, ha habido otras zonas que han sufrido daños iguales o incluso mayores que esta selva. Así lo demuestra el estudio Expanding the Soy Moratorium to Brazil’s Cerrado, que pone el foco sobre otro bosque primario del país que también está siendo afectado por la expansión de las fronteras agrícolas y ganaderas.

Esta investigación, publicada en la revista especializada Science Advances, propone expandir la Moratoria de Soja, iniciada en 2006 y renovada de manera permanente en 2016, al Cerrado –sabana tropical que se extiende hasta Bolivia, Paraguay y Argentina–, pues actualmente solo protege territorio amazónico. Según lo revelado por el estudio, entre el año 2000 y 2014 alrededor del 30% de la expansión del cultivo de soja en el Cerrado tuvo lugar a costa de la vegetación nativa, un porcentaje similar a las cifras relativas a la deforestación que precipitaron la aprobación de la Moratoria de Soja hace más de quince años. 

Más allá de Brasil, otros países de Sudamérica también se han visto afectados por esta tendencia recientemente, como es el caso de Paraguay o Bolivia. “La situación ha sido tan o más grave que en el Amazonas, ya que si sumamos las 900 mil hectáreas de todo el Paraguay, a las casi cuatro millones de hectáreas que estiman en todo Bolivia, ya estamos llegando a las 5 millones de hectáreas quemadas”, asegura Óscar Rodas, Director de Cambio Climático y Políticas de WWF Paraguay.

En estos dos países, los incendios también han sido provocados por la falta de control gubernamental. En el caso de Paraguay, son consecuencia de una ley de prevención, la 4014/10, “que ha demostrado ser poco eficaz ante la luz de la evidencia", asegura Rodas. En cuanto a Bolivia, “Evo Morales ha autorizado directamente la quema de cinco millones de hectáreas”, asegura Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de bosques de Greenpeace España.

 

Las diferencias con otros incendios del mundo

 

En los momentos de máxima atención, fueron difundidas a través de las redes sociales muchas imágenes satélite de plataformas de monitorización de incendios como FIRMS, dependiente de la NASA. De estas capturas, llamaba la atención el silencio mediático y social que había sobre otras zonas que, según los indicadores de focos de incendios mostrados a través de un punto rojo, estaban incluso más afectadas que la Amazonia.

Si se comprueban estas mismas imágenes satélite, la situación sigue siendo similar. Sin embargo, pese a que haya zonas afectadas por fenómenos similares a los vividos en Sudamérica como Siberia o el sudeste asiático a causa del aceite de palma, es necesaria una evaluación cualitativa de dichos focos, pues no todos representan lo mismo.

El sur de África es uno de los más llamativos, teñido de rojo casi por completo por la cantidad de alertas. Sin embargo, Soto aclara que son fuegos completamente distintos a los vividos en la Amazonia. “Las zonas de Angola, de la República Democrática del Congo, Zimbaue o Mozambique son bosques ya transformados o zonas agrícolas y ganaderas. Estamos hablando de que no arde bosque primario, no arde bosque virgen”, asegura el responsable de Greenpeace.

Además, en esas regiones, al no disponer de satélites y mecanismos de monitoreo propios como en el caso de Brasil, son instituciones internacionales como la FAO las encargadas de hacer la evaluación de la evolución del terreno, teniendo que esperar más tiempo para que sus informes dicten si la deforestación avanza o disminuye en África.

 

Las emisiones por la quema de bosques vírgenes

 

Más allá de la pérdida de las especies vegetales y animales que en ellos habitan, el hecho de que las regiones quemadas sean bosques vírgenes resulta especialmente nocivo para todo el planeta. Estos acumulan una gran cantidad de biomasa y por ende CO2, por lo que las emisiones de efecto invernadero en este tipo de incendios son mucho mayores.

Al mismo tiempo, al desaparecer estas regiones boscosas y selváticas se pierden grandes sumideros de dióxido de carbono y generadores de oxígeno y vapor de agua. Este último factor es uno de los más ignorados, pero al mismo tiempo más fundamental, pues la emisión de vapor a la atmósfera sirve para regular las condiciones locales del clima.

De esta manera, si se pierden bosques vírgenes se pueden reducir las lluvias en determinadas zonas, como en este caso el cono sur, llegando incluso a provocar desabastecimiento de agua y refugiados climáticos en los casos más extremos.

 

Ni el pulmón del planeta ni productor del 20% del oxígeno

 

Ardía la Amazonia y con ella un pulmón del planeta que generaba el 20% del oxígeno mundial. Esta era una de las frases más repetidas este verano. Pues bien, ni esta región se comporta como un pulmón ni genera tales cantidades de oxígeno. El símil con los pulmones sirve para mostrar, especialmente a nivel escolar y educativo, el proceso por el cual las plantas fijan CO2 y emiten oxígeno. Sin embargo, desde el punto de vista científico no es cierto que se comporten como pulmones, pues nosotros inspiramos oxígeno y expulsamos CO2, precisamente la transferencia opuesta.

Además, los cálculos basados en su extensión que estiman que la Amazonia produce un 20% del oxígeno mundial tampoco son completamente ciertos desde un punto de vista más estricto. “Las plantas también respiran, hacen la fotosíntesis y por lo tanto consumen oxígeno”, recuerda Soto.

 

La influencia del crisis climática

 

También han sido habituales las conexiones que situaban a los incendios de la Amazonia como una consecuencia directa de la crisis climática. Lo cierto es que en muchas regiones afectadas las condiciones de sequedad no fueron especialmente duras, por lo que no se trata de una causa directa, aunque sí estrechamente relacionada.

Los incendios, al igual que otras catástrofes medioambientales, son cíclicos e inevitables. No obstante, lo que la crisis climática produce es, fundamentalmente, un agravamiento de sus consecuencias e intensidad, como ha sido el caso de este año. “Han sido más importantes, debido a su intensidad, complejidad, potencia y duración. Además, estos incendios transfronterizos que se dieron entre Paraguay y Bolivia, son una muestra palpable de como el cambio climático exacerba los fenómenos extremos”, comenta Rodas con respecto a los incendios en Paraguay.

 

madrid

22/10/2019 08:07 Actualizado: 22/10/2019 08:07

 

juan corellano

@corellanojuan

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Rodrigo Mundaca, activista por el agua: "No puede ser más importante la producción de un kilo de aguacate que la vida de las personas"

El activista Rodrigo Mundaca ha sido galardonado con el Premio de Derechos Humanos de Núremberg por su lucha contra la privatización del agua en Chile

La industria minera y de producción de aguacates están dejando sin agua a la población rural del centro de Chile

El país, cuyo presidente ha sido premiado por su contribución al medio ambiente pese a las críticas, acogerá en diciembre la Cumbre Mundial del Clima

Rodrigo Mundaca es ingeniero agrónomo, campesino y ahora ganador del prestigioso premio de derechos humanos que entrega cada dos años el tribunal de la ciudad de Núremberg por su lucha por una mejor gestión del agua en su Chile natal. Chile acogerá en diciembre una Cumbre Mundial del Clima de Naciones Unidas bajo el amparo de un Gobierno con pocas ganas de escuchar los reclamos de Mundaca y de las "tres millones de personas sin acceso al agua potable en Chile", denuncia el activista a eldiario.es.

"No puede ser más importante la producción de un lingote de cobre, de un kilo de aguacate o la generación de energía que la vida de las personas", señala el activista. Los ejemplos corresponden a las principales industrias que operan en las zonas rurales de la economía más boyante de Latino América. "La situación en Chile es bastante dantesca", apunta Mundaca. "No tenemos sequía, sino saqueo".

El aumento de la demanda internacional de los aguacates —paltas en Chile— que llenan las dietas y supermercados occidentales tiene buena culpa de la situación. Mundaca narra cómo a principios de la década de los noventa las plantaciones de estos alimentos en las colinas y cerros en la región de Petorca comenzaron a crecer, extendiéndose a zonas menos fértiles y que necesitaban más agua.

En 2005 la situación comenzó a hacerse insostenible, "desapareció el agua de los ríos y la gente se empezó a quedar sin agua", recuerda. Dos años después comenzaron a parecer los primeros camiones cisterna para abastecer a una población rural que nunca había conocido la sed.

¿Cómo se ha llegado a esta situación?

En Chile la privatización de las aguas data de 1981, incluso se encuentra consagrada en la Constitución chilena, fraguada en dictadura. Hoy en día el agua dulce se encuentra en la industria extractiva y en el agronegocio. Además, en Chile no existe el delito ambiental, robar agua en el país es una falta administrativa. Los que roban agua la pagan y pueden seguir robando agua. 

En este contexto surge Modatima, acrónimo de Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente, que se constituye como organización en 2010 como "resistencia contra el robo de agua en nuestro territorio", relata el activista. Un "saqueo" que deja tras de sí un paisaje también bastante dantesco, piscinas de agua para el riego y cultivos verdes al lado de secarrales y poblaciones que "tienen que comprar el agua", explica.

En Petorca, lugar de nacimiento y símbolo del movimiento en defensa del agua, sus casi 80.000 habitantes tienen que vivir con 50 litros de agua a la semana por persona. Mientras que un estudio reciente muestra que una planta de aguacate puede llegar a consumir hasta 187,4 litros de agua al día en periodos de riego como enero, febrero y marzo.

Ríos de propiedad extranjera

La Dictadura de Pinochet estableció que el agua era un bien nacional de uso público, pero también permitió su comercialización. Concedió los derechos de aprovechamiento de agua de forma perpetua y gratuita, sin establecer prioridades de uso. Además, estos derechos operan sobre el agua y sobre la cuenca, con lo que "un empresario puede comprarse un río" y después tratar de vender el agua a la población más cercana que se abastece de ese caudal.

¿Cómo se entregan los derechos de agua?

El estado entrega de forma perpetua a los particulares los derechos de aprovechamiento del agua y es un derecho real, es decir, pueden usarla o pueden comprarla o arrendarla. Esa es la estructura jurídica. Hay dos categorías de derechos de aprovechamiento de agua. Hay aguas consuntivas y aguas no consuntivas.

Las consuntivas son aquellas que se consumen y el 80% de los derechos de aprovechamiento están en manos del sector irrigado, es decir, el sector forestal y el sector agrícola. Aproximadamente un 7 o 9% —aunque nosotros creemos que es más— está en manos del sector minero. Y el saldo restante se divide entre el sector industrial y el sector sanitario [que corresponde al saneamiento y abastecimiento de agua potable en los hogares].

Y en materia de derechos de agua de uso no consuntivo, que se destinan preferentemente a la generación de hidroelectricidad, hasta el año 2004 Endesa España era propietario del 90% de estos derechos. En el año 2004 hubo un reordenamiento de capitales y ahora Enel, una empresa público-privada italiana es dueña del 81% de los derechos de aprovechamiento.

Hoy día la mayoría de los derechos de agua tanto de uso consuntivo como no consuntivo no son de la nación, no son del Estado, sino que se encuentran privatizados. 

Más premios que soluciones

Ya son cinco las regiones de Chile declaradas en emergencia hídrica, la sequía afecta sobre todo al centro del país, donde es la más grave de los últimos sesenta años. Modatima propone "hacer del agua un bien común y su acceso un derecho humano" y reformar la ley para hacerla más democrática estableciendo prioridades de uso como primeras medidas para impulsar un cambio en la gestión de agua del país.

Preguntado por las soluciones que plantea el actual Gobierno de Sebastián Piñera, que Mundaca tacha de "falsas", el activista argumenta su rechazo. Por ejemplo, las autoridades estudian construir una carretera hídrica que transvase agua del norte al sur para mantener un consumo estable en las zonas más afectadas. Sin embargo, la sequía es generalizada y "no existen excedentes de agua que permitan el trasvasije" de una zona a otra, apunta el activista.

Otra solución, la desalinización de agua de mar, tampoco es aceptable para Modatima. No solo por los "daños ecosistémicos" sino porque la propuesta valora que sea el Estado quien asuma los costes de un agua que será aprovechada por manos privadas.

¿Qué posibilidades existen de que la situación cambie?

Hoy día no existe ninguna posibilidad de que haya una iniciativa política de este Gobierno que haga del agua un bien común y su acceso un derecho humano, puesto que es un Gobierno que está profundamente comprometido con el modelo de privatización del agua. 

Mundaca se refiere al actual ministro de Agricultura, Antonio Walker, destacado empresario de frutas en la céntrica región del Maule, propietario de derechos de agua, y encargado de la reforma del Código de Aguas, que todavía se discute en el Senado. Otra importante figura del gobierno conservador es Edmundo Pérez Yoma, antiguo ministro del Interior y empresario agrícola.

Pese a las contradicciones, el presidente con el que Greta Thunberg rehusó sentarse en la última cumbre del Clima en Nueva York, Piñera, acaba de recibir el Premio al Ciudadano Global del Consejo Atlántico de Nueva York por su contribución a la mejora del medio ambiente.

¿Qué le parece el premio entregado al presidente Piñera?

Es un premio de mierda que tiene por finalidad lavar imagen. Cómo se va a premiar a Piñera cuando se mantiene la privatización del agua dulce, cuando en Chile siguen existiendo 28 termoeléctricas a carbón que queman combustibles fósiles, cómo premias a un individuo que mantiene la privatización del mar, que prioriza la industria extractiva y no la vida de sus comunidades…

Chile es anfitrión de la cumbre de Cambio Climático de 2019 pero también en Chile el último premio Goldman, el nobel verde, es Alberto Curamil, un mapuche que se encuentra encarcelado de las cárceles de Piñera. 

Mundaca no quiere desvelar qué tiene preparado Modatima para la Cumbre pero considera que el evento contribuirá a internacionalizar su lucha. "Solas y solos no podemos, necesitamos de la solidaridad internacional, ustedes como comunidad pueden hacer muchas cosas, (…) ¿y no parece de justicia hacer del agua un bien común y su acceso un derecho humano? ¿Les parece justo que a miles de kilómetros de distancia haya gente, pueblo sencillo, que privado de agua deba esperar el camión aljibe?", terminaba Rodrigo Mundaca su discurso tras recoger el premio de Derechos Humanos de Núremberg.

Por Marta Maroto 

18/10/2019 - 21:30h

 

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