Qué supone la salida de EEUU del Acuerdo de París

 El Gobierno de Trump ha comunicado de manera oficial a la ONU que abandona el tratado internacional contra el cambio climático. Su salida puede suponer un aumento de las emisiones y vuelve a activar las alertas por un posible efecto contagio en otros gobiernos negacionistas del planeta.

 

Trump ha dado el paso. Lo que ya anunció hace dos años se hace oficial y Estados Unidos inicia los trámites para abandonar el Acuerdo de París, el acuerdo internacional contra la crisis climática que fue firmado por 195 estados en 2015 en el que se establecía una hoja de ruta para tratar de evitar que la temperatura del planeta aumente más de dos grados a finales del siglo XXI.

"Hoy comenzamos el proceso formal de retirada del Acuerdo de París. Estados Unidos está orgulloso de su tradicional liderazgo mundial en la reducción de todas las emisiones, impulso de la adaptación, crecimiento de nuestra economía y garantía de energía para todos nuestros ciudadanos", anunciaba este lunes Mike Pompeo, secretario de Estado del país norteamericano.

Nada más llegar al poder, el político republicano, en un alarde de sus planteamientos negacionistas, anunció que abandonaría los acuerdos de París de 2017 tan pronto como la legislación se lo permitiera. Y así ha sido, en tanto que este tratado expone que cualquiera de las partes puede retirarse a partir del 4 de noviembre de 2020, siempre y cuando envíe una notificación formal a la ONU un año antes. Trump no ha fallado en los tiempos y ha anunciado a las Naciones Unidas que abandona los compromisos climáticos que se acordaron en 2015 en la capital francesa. Pero, ¿qué supone la salida de EEUU?

Sin frenos a las emisiones

Estados Unidos es, a nivel mundial, el segundo país más contaminante del mundo, sólo por detrás de China. Tanto, que se calcula que el país norteamericano es el responsable de cerca del 15% de las emisiones globales. Ante esto, el Acuerdo de París se presenta como uno de los escasos mecanismos internacionales que establece mecanismos para la reducción de las emisiones. Tanto, que Obama –el presidente que firmó el tratado– fijó compromisos para una reducción de las emisiones de CO2 de algo más del 25% para 2030. Sin embargo, la retirada de EEUU hace que ese escenario se vuelva aún más lejano.

“En parte el negacionismo de Trump tiene que ver con los vínculos de su administración con la industria de los combustibles fósiles”, opina Héctor de Prado, responsable de Justicia Climática de la organización Amigos de la Tierra, que señala a las repercusiones que puede tener su salida en cuanto a los compromisos financieros del tratado parisino que establecía, a grandes rasgos, que los países más contaminantes deberían destinar un porcentaje de sus fondos a financiar la adaptación y la resiliencia al cambio climático de los estados del cono sur.

“Es importante porque Estados Unidos aporta cerca del 21% del replenishment de los fondos del Global Environment Facility (Fondo para el Medio Ambiente Mundial) que empezó en París. Su retirada puede tener consecuencias nefastas para muchos países”, expone el ecologista. "La moraleja aquí es que uno de los mayores 'donantes' se retira, y lo que es peor, antes de haber completado íntegramente su promesa, con las evidentes implicaciones que eso conlleva tanto a países como a inversores", añade.

"Trump tiene vocación de genocida y usa la salida del Acuerdo de París para desviar de los problemas político que enfrenta con el impeachment.  Su decisión va a afectar a la vida de millones de personas en todo el mundo, perjudicando gravemente los derechos humanos, como el derecho al agua, a la alimentación, a la salud, entre otros", valora Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción.

La salida no es irrevocable

No todo es negro. En esta noticia que reafirma la línea discursiva de Trump en materia climática hay algunas aristas a las que la sociedad norteamericana –y el resto del mundo– puede agarrarse. Tanto es así que, el abandono del acuerdo no es irrevocable. Es decir, la llegada de un nuevo presidente a la Casa Blanca, sea de manera anticipada o no, podría suponer que los EEUU volvieran a ratificar los compromisos de París.

En cualquier caso, la decisión de abandonar el multilateralismo medioambiental podría contrarrestarse dentro de los propios poderes estatales de EEUU, ya que los gobiernos de los diferentes estados tienen capacidad de impulsar sus propias medidas anticontaminación, como el reciente caso de la ciudad de Nueva York, que ha prohibido la circulación de coches en una de las avenidas principales de Manhattan. “Vemos que hay estados con políticas ejemplares en cambio climático y otros que son todo lo contrario. Quizá, esa capacidad interna sea más relevante a veces que estar en el acuerdo de París”, opina Javier Andaluz, portavoz de Ecologistas en Acción.

"Hay decisiones del gobierno de Estados Unidos que agravarán igual o mas el calentamiento global que la salida del Acuerdo de París, como por ejemplo la reactivación de proyectos como los oleoductos Keystone XL y Dakota Access Pipeline en tierras sioux o el Plan Energético América Primero, una apuesta decidida por la extracción y el uso sin límites de los combustibles fósiles. La administración Trump ha eliminado o está intentando eliminar restricciones a las tecnologías de perforación del fracking y reduciendo el gasto en las agencias públicas de regulación y control de temas medioambientales", añade Kucharz.

Efecto contagio

La posibilidad de que el discurso de Trump pueda calar en otros gobiernos conservadores como el de Bolsonaro en Brasil vuelve a saltar a la palestra. Pero no solo eso, sino que algunos estados euroescépticos pueden sumarse a la situación de bloqueo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que EEUU no saldrá del acuerdo hasta el próximo año, por lo que Trump mantendrá su asiento en la próxima Cumbre del Clima de Madrid (COP 25) desde el que podrá incendiar los debates y frenar la ambición de los acuerdos que se puedan alcanzar. “El hecho de que desde dentro propague la idea de que la lucha contra el cambio climático es una patraña es muy peligroso”, argumenta De Prado.

En cualquier caso la salida de Trump, que hasta ahora era un gran escollo en este tipo de cumbres, puede tener aspectos positivos de cara a las futuras negociaciones. “No es necesariamente una mala noticia para el cambio climática. Él fortalece claramente los intereses negacionistas y, en ese sentido, que se vaya puede suponer que se desatasquen algunas de las negociaciones por el clima”, opina Andaluz, centrándose en cómo podrían transcurrir las futuras cumbres sin la presencia de representantes estadounidenses.

No obstante, el abandono de EEUU y de cualquier otro estado que decida seguir sus pasos debería llevar a la ONU, según los colectivos ecologistas, a activar mecanismos sancionadores para aquellos ejecutivos que no cumplan en materia climática. 

madrid

05/11/2019 17:53 Actualizado: 05/11/2019 18:42

alejandro tena

Publicado enMedio Ambiente
EEUU notifica formalmente su salida del Acuerdo de París contra el cambio climático

El Gobierno estadounidense inicia los trámites legales para abandonar el esfuerzo internacional para frenar el calentamiento global

El presidente norteamericano Donald Trump renegó del acuerdo durante su candidatura, anunció que sacaría al país en 2017 y ha aprovechado la primera oportunidad legal

eldiario.es

04/11/2019 - 21:57h

EEUU ha formalizado este lunes su salida del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, según informan medios estadounidenses. El Gobierno norteamericano ha hecho oficial el anuncio que realizó hace algo más de una semana: comienza la desconexión legal del país del acuerdo alcanzado en la capital francesa en 2015. Un largo deseo del presidente Donald Trump.

Trump ha aprovechado la primera ventana legal para iniciar los trámites. El propio texto internacional marcaba que las partes que lo hubieran ratificado solo podrían salirse pasados cinco años. En 2020 se cumple el primer lustro de vigencia y EEUU ha comunicado oficialmente que se marcha. 

El Donald Trump candidato llamo "cuento chino" al cambio climático. Luego, una vez tomó posesión, ha admitido que hay algún problema con el clima, pero en junio de 2017 realizó una proclamación solemne sobre su intención de abandonar el Acuerdo de París para salvaguardar la economía de su país. 

Mientras ha llegado esta puerta legal de salida, las delegaciones estadounidenses han acudido a las diferentes cumbres climáticas de la ONU y ha intentado introducir el nuevo discurso de su administración sobre los combustibles fósiles. La COP25 del próximo diciembre en Madrid puede ser la última a la que asistan.

Publicado enMedio Ambiente
Jeremy Rifkin

El autor de 'El green new deal global' pronostica el colapso de los combustibles fósiles en una fecha que puede oscilar entre 2023 y 2030

Afirma que los grandes capitales ya están abandonando la economía del carbono en favor de las renovables y que los gobiernos deben prepararse para la transición a una nueva economía

Cree que estamos inmersos en la transición hacia la tercera revolución industrial, que espera que sea "distribuida, abierta y transparente"

 

El estadounidense Jeremy Rifkin (1945) es uno de los sociólogos más conocidos y mediáticos. También es economista, escritor y activista contra el cambio climático. Lleva décadas estudiando el impacto de los cambios tecnológicos en la economía y el medio ambiente.

"Estamos ante una emergencia global" es la frase con la que arranca su último libro, que presenta estos días en España. Se titula El green new deal global. Por qué la civilización de los combustibles fósiles colapsará en torno a 2028 y el audaz plan económico para salvar la vida en La Tierra' (Paidós). Rifkin se refiere a la sexta extinción masiva inducida por la quema de combustibles fósiles, la primera desde que hace 65 millones de años un meteorito (según una de las hipótesis más aceptadas) favoreciera la desaparición del 75% de los géneros biológicos. La previsión es que si la temperatura global crece medio grado más (ya ha subido uno respecto a los niveles preindustriales) los ecosistemas de La Tierra volverán a ser diezmados.

El 'green new deal' que propone, a imagen del "new deal" que sacó a la economía estadounidense de la gran depresión en los años 30, debe suponer que el 100% de la electricidad se genere por fuentes limpias y renovables, actualizar la red de energía, los edificios y la infraestructura de transportes. Rifkin, que asesora a varios gobiernos en la transición a una nueva economía, cree que la Unión Europea y China se están preparando mejor que EEUU. Preguntado sobre qué opina sobre los escépticos con el cambio climático, explica que prefiere no perder el tiempo en contestarles.

Como explica Rifkin en su libro, en 2015 Citigroup provocó un seísmo en la industria de la energía y la economía global al predecir 100 billones de dólares en activos en combustibles fósiles obsoletos (que sufren una depreciación antes de que su ciclo de vida acabe su curso normal) si la Cumbre del Clima de París lograba imponer un compromiso vinculante a las naciones del mundo para limitar el calentamiento global "muy por debajo" de los dos grados centígrados. Tres años más tarde, en 2018, la cuestión de los activos obsoletos ya no se vinculaba a los compromisos contra el cambio climático, que son voluntarios y a menudo no se cumplen. La actual preocupación de la industria es la caída del coste de las tecnologías solar y eólica y la generación de energía verde y su almacenamiento.

Rifkin tiene un discurso relativamente optimista y describe un panorama en el que los principales sectores de la segunda revolución industrial (telecomunicaciones; energía y electricidad; movilidad y logística de vehículos de combustión interna y parques de viviendas residenciales, comerciales, industriales e institucionales) han empezado a desvincularse de la civilización de los combustibles fósiles y a aceptar energías verdes y tecnologías limpias. "Hasta ahora, más de 1.000 inversores institucionales en 37 naciones han desinvertido 8 billones de dólares en fondos de la industria de los combustibles fósiles y los han reinvertido en energías verdes, tecnologías limpias y modelos de negocio que nos llevarán a un futuro de carbono cero. Está siendo la mayor campaña de desinversión/inversión en la historia capitalista".

Usted mantiene que la civilización de los combustibles fósiles podría colapsar en torno a 2028 ¿puede explicar qué quiere decir con esto?

Toda nuestra civilización está basada en combustibles fósiles. Hemos invadido el subsuelos de la era carbonífera, hace 300 millones de años, y tomamos esos cuerpos de animales y plantas en forma de gas o carbón. Con esto hacemos pesticidas, fertilizantes, productos farmacéuticos, materiales de construcción, energía, transporte. El calor y la luz. Todo es combustible fósil desde hace dos siglos.

Pero este mismo año el coste de la energía solar y eólica ha caído por debajo del de los combustibles fósiles y va a seguir bajando. Según Citigroup puede haber 100 billones de dólares en activos obsoletos. No combustibles fósiles, sino toda la industria que le rodea, como los vehículos de combustión interna. Todas las refinerías, los gaseoductos que no se usarán. Ya hay sectores clave que se alejan de los combustibles fósiles y dependen de energías renovables más baratas.

Hay una burbuja del carbono que si no se desinfla podría provocar una pérdida de la riqueza mundial de entre uno y cuatro billones de dólares. La mayor de la historia. Esto no son solo mis proyecciones, hay estudios que lo avalan. El colapso de la revolución industrial basada en combustibles fósiles podría ocurrir en algún momento entre 2023 y 2030.

¿Cómo se puede desinflar esta burbuja?

Los fondos de pensiones son la mayor bolsa de capital en el mundo, con un valor de 41 billones de dólares. Y están saliendo de este tipo de inversiones en industrias del petróleo. Lo que ha pasado con la industria del carbón en mi país (EEUU) en los últimos cuatro años es que ha entrado en bancarrota porque el gas natural es más barato, la energía solar y eólica es más barata. Inversores institucionales han empezado a retirar dinero y a invertirlo en energías renovables. La industria financiera tiene pánico. La ruptura está teniendo lugar en gran medida por imposición de los mercados y los gobiernos tendrán que seguirlos o afrontar las consecuencias. La burbuja del carbono debe desinflarse o puede ser el mayor estallido de la Historia.

Los gobiernos ni siquiera tienen que subir los impuestos de la energía. Pero sí deben acabar todas las subvenciones a los combustibles fósiles. Deben preparar la transición hacia una tercera revolución industrial de carbono cero: el "Green new deal". Cada país debe establecer una hoja de ruta y construir la infraestructura verde necesaria para la tercera revolución industrial y la era postcarbono.

En todo caso, los gobiernos nacionales deben establecer los códigos y las regulaciones. Pero el trabajo debe ser el de las regiones. Ahí España, como Alemania, como EEUU, está en una buena posición, con regiones acostumbradas a controlar su propia infraestructura.

La transición a la tercera revolución industrial

Rifkin relata que todas las transformaciones económicas de la historia necesitan un medio de comunicación, una fuente de energía y un mecanismo de transporte. La primera y la segunda revolución industrial estaban diseñadas para ser centralizadas, con propietarios integrados verticalmente. En el siglo XIX fueron la imprenta y el teléfono, el carbón, y las redes ferroviarias. Se formaron las naciones–estado. En el siglo XX convergieron la electricidad, el teléfono, la radio y la televisión con el petróleo barato, los coches de combustión y las redes de carreteras. Se formó la globalización.

"La tercera revolución industrial debe ser distribuida, abierta, transparente. Necesitamos un internet alimentado con energía solar y eólica, vehículos eléctricos autónomos y edificios y personas integrados en el "internet de las cosas". Puedes intentar monopolizarla, pero perderás el efecto de red", afirma.

Su pronóstico es que la transición desde una segunda revolución industrial hacia la tercera "será formidable –comparable al cambio de la agricultura a la sociedad industrial urbana– y requiere de las habilidades y los talentos de dos generaciones. Para que ocurra tendremos que formar a millones de personas. Tendremos que desmantelar y desarmar toda la infraestructura de la energía nuclear. La red de comunicaciones tendrá que actualizarse, el sector del transporte y la logística ser digitalizado...".

¿Qué encaje tienen estos cambios que pronostica en el sistema económico capitalista y en el empleo?

Está emergiendo otro sistema económico. Yo lo llamo capitalismo distributivo o capitalismo social. También se podría llamar cooperativo. En el nuevo sistema la propiedad se sustituye por el acceso. La transacción de bienes es sustituida por un flujo constante de servicios. El coste marginal (el coste adicional de producir una unidad adicional de un bien o servicio, una vez absorbidos los costes fijos) se acercará a cero. La economía compartida es un aspecto central del Green New Deal.

En cuanto al empleo, la realidad es que la tercera revolución industrial implicará tanto destrucción de empleo como una fuente de oportunidades laborales. El sector de la energía renovable en China ya emplea a 3,8 millones de personas.

Creo que a medio y largo plazo muchos empleos se transferirán del ámbito comercial al sector sin ánimo de lucro, la economía social y la economía compartida. Ya hay países con un 10% de su fuerza laboral en el sector sin ánimo de lucro, no hablo solo de los voluntarios que entregan su tiempo, sino de los 56 millones de empleados a tiempo completo en 42 países. Espero que a mediados de siglo una mayoría de empleados en todo el mundo pertenezca al sector sin ánimo de lucro.

[El llamado sector sin ánimo de lucro o tercer sector incluye a las empresas que no son ni públicas ni privadas, sino entidades cuyo fin no es un beneficio económico sino social, altruista, humanitaria, artística y/o comunitaria. Por lo general se financian gracias a ayudas y donaciones derivada de personas físicas, empresas, e instituciones y organizaciones de todo tipo, y en algunos casos también reciben ayudas públicas].

¿Qué le parecen las protestas contra el cambio climático protagonizadas sobre todo por jóvenes?

Estas protestas son como nunca había visto en mis 45 años como activista. Los jóvenes ni siquiera son conscientes de que esta es la primera revuelta planetaria. Esta es la primera vez que una generación entera, millones de personas en ciento treinta y siete ciudades salieron de las clases a las calles para declarar una emergencia climática. Es la primera vez que una generación en toda la historia humana comienza a verse a sí misma como una sola especie. No les importan las fronteras. Esto es grande y muy esperanzador.

Los jóvenes dicen a los políticos, ¿nos estáis tomando el pelo? ¿Cómo podría haber otras prioridades cuando vemos la extinción masiva de la vida en la Tierra? Lo que tienen que hacer es mantener las protestas, mantener la presión.

Por Marina Estévez Torreblanca

02/11/2019 - 20:45h

Publicado enMedio Ambiente
El Gobierno británico anunció este sábado que pone fin a su apoyo a la fracturación hidráulica ("fracking") para la extracción de gas o petróleo. EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA/Archivo EFE

El Ejecutivo toma la decisión a partir de un informe de la Autoridad del Petróleo y el Gas (OGA) que concluye que hoy en día no es posible predecir con precisión la probabilidad de temblores asociados a la fracturación hidráulica

Las actividades de extracción en Preston New Road ya habían sido suspendidas en agosto después de que se registrara un seísmo de 2,9 grados de magnitud

 

El Gobierno británico anunció este viernes que pone fin a su apoyo a la fracturación hidráulica – conocida como 'fracking'– para la extracción de gas o petróleo por la imposibilidad de predecir los seísmos que pueda ocasionar.

El gabinete ministerial ha tomado la decisión sobre la base de un informe de la Autoridad del Petróleo y el Gas (OGA) "que constató que actualmente no es posible predecir con precisión la probabilidad o magnitud de los terremotos relacionados con las operaciones de 'fracking", según un comunicado del departamento de Energía.

Añade que dicho informe publicado este viernes concluye que no es posible con la tecnología actual predecir con precisión la probabilidad de temblores asociados con la fracturación hidráulica.

"Las propuestas separadas para cambiar el proceso de planificación de los sitios de 'fracking' ya no se llevarán adelante en este momento", anuncia el Gobierno británico.

Dicho método de extracción de gas o petróleo "no podrá continuar en Inglaterra", insistió el Ejecutivo.

Los trabajos exploratorios para determinar si el esquisto podría ser una nueva fuente de energía nacional, aportando beneficios para la economía y la seguridad energética del Reino Unido "se han pausado ahora, a menos que se proporcionen pruebas adicionales y hasta que se puedan llevar a cabo de forma segura aquí", agrega el comunicado.

El Gobierno británico afirma que la exploración de las reservas de gas de esquisto de Inglaterra solo podrá continuar si la ciencia demuestra que es segura, sostenible y de mínima perturbación para quienes viven y trabajan cerca.

Sobre la base de la perturbación causada a los residentes que viven cerca de Preston New Road, en Lancashire, y este último análisis científico, el Gobierno anuncia "una moratoria sobre el 'fracking' hasta que se proporcionen nuevas pruebas convincentes".

La secretaria de Negocios y Energía, Andrea Leadsom, expresa en la nota oficial que después de revisar el informe de la OGA sobre la reciente actividad sísmica en Preston New Road "está claro que no podemos descartar impactos inaceptables futuros en la comunidad local".

Por esa razón, añade, "he llegado a la conclusión de que deberíamos poner una moratoria sobre el 'fracking' en Inglaterra con efecto inmediato".

Las actividades de extracción en Preston New Road fueron suspendidas desde que se registró un seísmo de 2,9 grados de magnitud el 26 de agosto pasado.

 

EFE - Londres

02/11/2019 - 10:06h

Publicado enInternacional
Así "satura" Volkswagen la justicia alemana para evitar pagar más por el dieselgate

La compañía automovilística solo indemniza a los ciudadanos si denuncian. Cuando llega la demanda, la empresa suele proponer un montante de dinero al afectado para alcanzar un acuerdo que obliga a retirar la denuncia

 

"Con su actual estrategia, Volkswagen puede acabar pagando 2.000 o 3.000 millones de euros, pero no más de 10.000 millones que es lo que correspondería por los dos millones de coches afectados", explica un abogado

 

Aldo Mas

 

El último coche que se ha comprado Christoph Lütgert es un híbrido. No es del fabricante alemán Volkswagen. Su anterior vehículo, sin embargo, sí que era de los que fabrica el consorcio germano con sede en Wolfsburgo. Era, de hecho, uno de los afectados por el dieselgate, en el que el fabricante alemán trucó los motores de sus vehículos diésel para que parecieran menos contaminantes.

Lütgert es de los clientes que han conseguido recibir una compensación en Alemania tras adquirir un coche con el motor trucado. Sin embargo, solo lo logró después de casi dos años y medio de batalla judicial. Su caso, que tuvo que pasar por dos instancias y una apelación antes de que Volkswagen tirara la toalla, es uno entre decenas de miles que hay en curso en Alemania.

Ante el juez, a Lütgert lo representó con éxito Lars Murken-Flato, letrado del gabinete de abogados Hahn, en Hamburgo. "En Alemania, Volkswagen está viéndose obligado a pagar a los consumidores pero solo cuando estos denuncian ante la justicia. Es decir, que tienen que denunciar y estar dispuestos a llevar un proceso judicial contra Volkswagen, algo que suele alargarse en el tiempo", dice Murken-Flato a eldiario.es. "Ahora mismo hay miles de denuncias que tienen que ser procesadas por la justicia, una justicia que ya de por sí está sobrecargada", explica el abogado de Lütgert.

La estrategia de Volkswagen, según señala este letrado, nada tiene que ver con cómo la firma alemana lidió con el dieselgate en Estados Unidos. "En Estados Unidos hubo mucha presión de los políticos a la empresa, y entonces la empresa diseñó un sistema para recomprar los vehículos o pagar un dinero por cada coche", indica Murken-Flato. Esa "solución" americana al ' que evitaba los tribunales tuvo, junto a multas compensaciones y acuerdos con autoridades estadounidenses, un coste estimado en unos 25.000 millones de dólares (cerca de 23.000 millones de euros).

"En Estados Unidos las autoridades han sido más duras con Volkswagen que en Europa, allí la situación es mucho mejor que aquí para este tipo de actuaciones. En Europa apenas ha habido presión de las autoridades como en Estados Unidos. La presión aquí se ha ejercido desde las asociaciones de consumidores", dice a eldiario.es Axel Friedrich, experto en cuestiones de movilidad con años de experiencia en la Agencia Federal para el Medioambiente de Alemania (UBA).

Estimaciones recientes apuntan a que se han procesado unas 61.000 denuncias contra Volkswagen relacionadas con los motores diésel trucados. Según afirmaban recientemente fuentes del consorcio germano al diario generalista berlinés Der Tagesspiegel, unos 33.000 casos ya han sido resueltos. La gran mayoría han acabado con el final deseado por la compañía, según han apuntado desde Volkswagen.

Esto se explica por la estrategia adoptada por la firma una vez que hay proceso judicial. La empresa suele proponer un montante de dinero al afectado para alcanzar un acuerdo que obliga a retirar la denuncia. A Christoph Lütgert, por ejemplo, la empresa le ofreció en su momento 17.000 euros por su Volkswagen Golf. Pero Lütgert y Murken-Flato, su abogado, no dieron su brazo a torcer. Continuaron la pelea en los tribunales. Y ganaron, obligando al consorcio ha pagar algo más de 20.000 euros, después de más de casi 30 meses de batalla judicial.

En vista de casos como el de Lütgert y cómo se están eternizando los procesos judiciales, Friedrich considera responsable a Volkswagen de plantear "una enorme carga sobre los jueces". Así lo afirmaba hace unos días al Der Tagesspiegel Murken-Flato: "Como Volkswagen evita una solución similar a la de Estados Unidos, los afectados germanos tienen que denunciar, y esto es una sobrecarga para la justicia". "Todo el proceso va muy lento", constata Friedrich a este periódico.

 

Evitar una solución como en EEUU

 

Aun así, la actitud de Lütgert y Murken-Flato no está al alcance de todos. En los tribunales, el tiempo también es oro. Porque para acudir frente al juez hay que estar dispuesto a pagar abogados y costes judiciales. "Muchos deciden no pagar y no denunciar", comenta Murken-Flato. Para él, la estrategia de Volkswagen está clara. "Ellos dicen: 'sin jueces de por medio, no pagamos nada, pagamos solo cuando nos denuncian'", abunda el letrado.

En Estados Unidos, el número de coches afectados por el escándalo rondaba el medio millón. Sin embargo, solo en Alemania se estima que hay unos dos millones de vehículos afectados. "La estrategia en Alemania de Volkswagen funciona así: si en Alemania se decidieran a tomar una salida como en Estados Unidos, tendrían que pagar a todos los afectados. Pero en Alemania hay más de dos millones de coches afectados. Si Volkswagen tuviera que pagar a todos, pongamos 5.000 euros de media, eso ya significaría una suma por encima de los 10.000 millones de euros", comenta Murken-Flato. "Con su actual estrategia, Volkswagen puede acabar pagando 2.000 o 3.000 millones de euros, pero no más de 10.000 millones", abunda.

A Volkswagen incluso le viene mejor, antes que encontrar una solución a la americana, hacer frente a la denuncia en grupo que reúne a cerca de medio millón de usuarios afectados que estos días se dirime en el Tribunal Regional Superior de Braunschweig.

De aquí a que ese tribunal de Braunschweig acabe resolviendo esa denuncia pueden acabar pasando años, según los expertos. Hasta que eso no ocurra, Volkswagen no podrá olvidar del todo el dieselgate en Alemania.

Publicado enInternacional
El proyecto de Vaca Muerta, basado en el contaminante método del fracking, amenaza los acuíferos, territorios indígenas y parques naturales de la Patagonia argentina.

Al mismo tiempo que el rechazo popular está haciendo retroceder en terreno europeo la polémica técnica del ‘fracking’, las multinacionales del viejo continente multiplican la inversión en proyecto de fractura hidráulica en países empobrecidos.

 

Mientras el fracking lleva en espera o prohibido en gran parte de Europa, las empresas del continente parecen tener pocos remilgos en utilizar estas técnicas en América Latina. Concretamente, en el yacimiento de Vaca Muerta, en la patagonia argentina, siete empresas europeas operan en la formación de gas, según el Observatorio Petrolero Sur (Opsur). Las tres más importantes provienen de los países europeos que primero se posicionaron contra el fracking: Francia, Alemania, Holanda y Reino Unido y que hoy son algunos de los países embajadores de la causa medioambiental. Las críticas al proceso de externalización de las sociedades occidentales parece hacerse más eco en la ONU, que después de 15 años de discusiones, podría aprobar este año un Tratado vinculante de regulación de las trasnacionales.

¿EL ‘FRACKING’ EN EUROPA ES COSA DEL PASADO?

La técnica extractiva de hidrocarburos no convencionales con agua, químicos y arenas lleva paralizada, adormecida o prohibida por algo menos de diez años en casi todos los países europeos.

Gracias a las advertencias de diferentes activismos, investigadores y organismos medioambientales el fracking es una técnica muy poco utilizada en suelo europeo. Lo que no está tan claro es si la regulación europea está interesada en prohibir esta técnica en otros suelos como, por ejemplo, en Vaca Muerta, la primera reserva latinoamericana de hidrocarburos no convencionales.

Junto a la crisis de Ucrania y los conflictos geopolíticos en Oriente Medio, el suministro de gas y petróleo peligraba en Europa, por lo que en la primera década del siglo y animados por el “éxito de la técnica” en EE UU, comenzaron las primeras exploraciones en territorio inglés, polaco, español, alemán y francés.

Los resultados preliminares fueron positivos para la mayoría de estos países. De hecho, según Michel Barron, director de la consultora Eurasia Group, las reservas estimadas de gas y petróleo esquisto en territorio europeo podrían suponer un 80% de las que existen en el país que lidera esta técnica: Estados Unidos.

Aún con el “potencial” energético de gas y petróleo esquisto en las rocas de pizarra europeas, las dificultades geológicas de extracción, los impactos socio-ambientales y los altos costes económicos, hicieron que el fracking fuera prohibido o paralizado en casi toda Europa.

En 2011, Francia fue el primer país del mundo en prohibir la técnica. Unos años más tarde se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza, República Checa. Reino Unido paralizó las extracciones y España lo prohibió por regiones o lo hizo imposible a través de requisitos que se lo ponían muy difícil al fracking.

‘FRACKING‘ SÍ , PERO FUERA

 

A partir de las dificultades que se fueron encontrando en Europa, las empresas con casa matriz en el continente emprendieron un nuevo viaje hacia el sur global.

En torno al 2010 empresas como la francesa Total Austral, Wintershall, Shell, Equinor, Gazprom o PAE empezaron sus andanzas no convencionales en la explotación masiva de Vaca Muerta.

Si bien la mayoría de estas empresas ya tenían presencia en el país desde la última dictadura cívico-militar en Argentina, a partir de la primera década de este siglo fueron ampliando su interés por el fracking que en sus países estaba prohibida por los impactos en el medioambiente y en la salud de la población.

Este sendero se facilitó con la liberalización del mercado de los hidrocarburos que se produjo en 2015 cuando asumió el Gobierno de Mauricio Macri. “Desde la cartera de Energía se implementaron políticas tendientes a la liberalización del sector: tarifas energéticas acopladas a las fluctuaciones del mercado, dolarización de los precios de la energía, flexibilización y precarización laboral, apertura de la exportación de hidrocarburos, entre otras”, confirman desde el Observatorio Petrolero Sur.

Unido a esto, varios ex ejecutivos petroleros comenzaron la carrera política con el actual Gobierno. Es el caso de Juan José de Aranguren, que pasó de CEO de Shell Capsa a Ministro de Energía y Minería de la Nación.

Según el informe de los investigadores del OPsur Martín Álvarez y Hernán Scandizzo para el boletín Ejes, son siete las empresas europeas que tienen actividad en la reserva de Vaca Muerta: la francesa Total, la alemana Wintershall, la anglo-holandesa Shell, Equinor (antes Statoil) de Noruega y la rusa Gazprom Rusia. También PAE, que es parcialmente controlada por la británica BP, y Phoenix Global Resources, firma a la que están vinculados dos empresarios argentinos —Daniel Vila y José Luis Manzano—, pero que tiene casa matriz en el Reino Unido y participación mayoritaria del holding suizo Mercuria.

En el informe se destaca a la alemana Wintershall vinculada comercialmente con la rusa Gazprom, que hoy es una de las principales proveedoras de gas de la UE. Y sobre todo la francesa Total Austral, el quinto grupo petrolero del mundo, con presencia en más de 130 países, y que desde 2010 se convirtió en la segunda productora de gas de Argentina, en la empresa europea con mayor superficie acumulada en Vaca Muerta, y en la tercera en términos generales, detrás de las empresas nacionales YPF y GyP.

La presencia de Wintershall, Shell o Total Austral, como empresas de “fuerte identificación” con países como Alemania, Holanda, Reino Unido y Francia dejarían de manifiesto aspectos paradójicos en la gestión y control de las economías de estos países.

Según el informe de Ejes, Total Austral no solo desarrolla su actividad de fractura hidráulica (fracking) en la formación de Vaca Muerta, sino que además opera en un área natural protegida, Auca Mahuida, zona de preservación de especies y yacimientos arqueológicos y de valor histórico para el pueblo Mapuche, que lleva dando la batalla desde hace ya tiempo contra las extracciones. Las localidades cercanas a los pozos de extracción se vieron afectadas por esta situación, sobre todo aquellas familias que vivían principalmente de la tierra y de la ganadería, su actividad económica empeoró y muchas tuvieron que emigrar hacia centros urbanos. Otras familias campesinas lograron negociar alguna contrapartida económica con la empresa en cuestión.

Desde la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Neuquén ya advirtieron en su día que no se autorizarán los pozos de perforación no convencional dentro de la zona protegida. Incluso en 2014 se llevó a la junta de accionistas de Total Austral en París. “Allí se cuestionó que mientras en el país de origen de la empresa el fracking está prohibido, la compañía no solo la aplica fronteras fuera sino peor aún, en un área natural protegida”, afirman Martín Álvarez y Hernán Scandizzo en su informe para Ejes.

AVANCES QUE ESPERAN A 2019

¿Qué dice la normativa de la UE sobre las empresas cuya actividad es ilegal en el país de origen?

Actualmente no existe ningún mecanismo eficaz que actúe a nivel global para controlar a las megacorporaciones, de hecho estas pueden eludir con facilidad legislaciones nacionales a través de complejos entramados societarios.

La Comisión de Desarrollo Sostenible del Eurolat, Asamblea Parlamentaria entre América Latina y Europa, aprobó un documento con fuertes críticas a esta técnica, sin embargo no votó positivamente la recomendación de una moratoria al fracking en ambos continentes. Esta Asamblea es la mediación más importante entre las dos regiones, los informes que se emiten desde ahí no son vinculantes, pero sus recomendaciones son utilizadas para blindar algunas decisiones geopolíticas.

Parece que el escenario más favorecedor para la prohibición del fracking en Vaca Muerta y en otros lugares del mundo, corre a cargo de la ONU. Gracias a décadas de discusiones y movilizaciones, las organizaciones sociales consiguieron que en 2017 empezaran las negociaciones en este organismo multilateral para elaborar un tratado vinculante que obligue a las empresas trasnacionales a cumplir con los derechos humanos. Un año más tarde comenzaba la cuarta ronda para sacar adelante este instrumento jurídico. En esta ocasión se pudo elaborar un borrador que algunas organizaciones como el Observatorio de Multinacionales de América Latina (Omal) califican de insuficiente y poco exhaustivo.

La Campaña Global para reivindicar “la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las empresas transnacionales y poner fin a la impunidad”, sostiene que 2019 parece ser el año clave. Entre el 14 y el 18 de octubre tendrá lugar la quinta Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta (OEIGWG) en Ginebra para lograr un tratado que sea jurídicamente vinculante que regule la actividad de las trasnacionales en suelos que tienen escasa normativa socio-ambiental. Este tratado no solo regulará el fracking en Vaca Muerta, es un acuerdo que obligará a la actividad de las empresas trasnacionales a cumplir una serie de principios y requisitos de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos.

¿Qué capacidad tendrá este Tratado respecto a las legislaciones nacionales? ¿Cómo y por quién se juzgarán las infracciones y delitos? Son muchas las preguntas puestas encima de la mesa. Las organizaciones ambientales y colectivos sociales lo ven como un claro avance para mitigar las injusticias que suceden en comunidades, bosques y territorios con escasa regulación socio-ambiental.

EXTERNALIZAR COSTES Y CERRAR BENEFICIOS

Escribía el sociólogo Stephan Lassenich en un artículo de opinión publicado por El País, que las sociedades occidentales habían racionalizado las prácticas extractivas y las asimetrías socio-ecológicas y económicas hacia regímenes transnacionales políticos: el FMI, la OMC, hasta el Acuerdo de París. A través de su poderío militar y sus posiciones geopolíticas “ha sido posible construir una estructura socioeconómica que solo funciona a costa de terceros”. A esto se llama externalización. Quiere decir que una vez que los recursos humanos, naturales y sociales ajenos son utilizados por estas sociedades, los costes económicos, ecológicos y sociales son exteriorizados.

“De esta manera se reserva la productividad de este modelo de reproducción para las economías más competitivas, mientras que la destructividad es procesada por las economías más vulnerables”, continúa el sociólogo. Y para evitar que las repercusiones negativas puedan recaer en las propias sociedades externalizadoras cierran su espacio económico y social.

Este proceso en el que nos encontramos es visible en Vaca Muerta. Una vez utilizados los recursos naturales, el beneficio viaja hacia el país de origen, mientras que en los suelos de la cuenca neuquina los derrames contaminan la tierra y los cultivos, las placas tectónicas se mueven y los gases de efecto invernadero ascienden a la atmósfera. Mientras que desde el G7 o el Acuerdo de París se reprocha a “los países periféricos” por sus prácticas poco limpias, los países occidentales en muchos casos serían sus promotores.

Ante esta situación el Tratado vinculante que se firmaría en Ginebra podría reducir estos costes, la pregunta sería si se lograrían incluir términos exhaustivos que puedan aplicarse a nivel jurídico o el Tratado seguiría insistiendo en artículos generales que podrían posibilitar vacíos legales en beneficio de las corporaciones, como se denuncia desde OMAL.

En el momento de escribir este artículo, la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC) de EE UU respaldó con más de 400 millones de dólares a dos empresas petroleras en Vaca Muerta.

Por Andrea Ana Gálvez

@Ana_Gaher


publicado

2019-09-27 06:00

Publicado enMedio Ambiente
Miércoles, 25 Septiembre 2019 06:12

Cambio climático: urge la transición energética

Cambio climático: urge la transición energética

En la actualidad la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanza unas 445 partes por millón (ppm). Cada año se añaden otras 2.5 partes por millón. Si no se logran las metas de reducciones de emisiones a finales del siglo XXI se habrán añadido unas 300 ppm y habremos alcanzado el nivel de 750 ppm hacia finales del siglo.

Ese nivel de acumulación de gases de efecto invernadero nos arroja un resultado alarmante. Los modelos sobre cambio climático más rigurosos nos dicen que ese nivel de acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) nos da una probabilidad de 50 por ciento de que la temperatura promedio aumente unos cinco grados centígrados con respecto de la que prevalecía a mediados del siglo XIX. La última vez que el planeta fue escenario de temperaturas tan elevadas fue hace cerca de 30 millones de años.

Desde que terminó la pequeña edad de hielo, hace unos 12 mil años, el clima se ha mantenido relativamente estable. Eso permitió la consolidación de la agricultura y el advenimiento de lo que hoy llamamos "civilización". Hoy esa pequeña banda en la que la temperatura se mantiene benigna se encuentra amenazada.

Hoy los científicos advierten que nos estamos dirigiendo hacia un cambio de temperatura de tres grados centígrados. Y eso depende de si se logran las metas de reducciones de los principales países contaminantes. Con ese cambio climático nuestro planeta será muy diferente al que conocemos hoy. Desertificación, sequías, incendios forestales, eventos meteorológicos más violentos y más frecuentes, así como migraciones masivas serán algunos de los efectos de ese cambio.

Pero lo más grave es que ese cambio es capaz de detonar otros procesos de generación de más gases de efecto invernadero. Una parte importante de la superficie terrestre cercana al Ártico se compone de permafrost. Esa tierra congelada acumula enormes reservas de carbono orgánico y al descongelarse podría liberar millones de toneladas métricas de metano y bióxido de carbono. Este efecto de retroalimentación positiva conduciría a un incremento incontrolable en la acumulación de gases invernadero. Teniendo su propia dinámica, ya no dependería de nuestras acciones.

La conferencia de Naciones Unidas en Nueva York esta semana tiene por objeto concientizar a la humanidad entera sobre el peligro que corre. No estamos frente a una serie de catástrofes hipotéticas. Aquí y ahora la humanidad corre el riesgo de su propia extinción. Y tampoco se trata de un evento catastrófico en un futuro lejano que afectaría a generaciones que todavía no nacen. Hoy podemos intercambiar miradas con la generación que será afectada directamente por el cambio climático. Las niñas y niños que están hoy en la escuela primaria los que van a sufrir los efectos de estos procesos. Ese es uno de los mensajes más poderosos de la intervención de Greta Thunberg y su generación en la sede de Naciones Unidas.

Tiene razón en estar enojados esos jóvenes que vivirán los efectos del cambio climático. Los acuerdos internacionales para reducir las emisiones de gases invernadero son a todas luces insuficientes para limitar el cambio climático a niveles que no sean peligrosos. Aun si se cumplieran las promesas de reducciones de GEI en el marco del Acuerdo de París el cambio climático alcanzará entre 3 y 4.5 grados centígrados para finales del siglo. Ese aumento de temperatura es una amenaza real sobre la humanidad.

Hoy las emisiones de GEI no están reduciéndose. Después de unos tres años de estabilizarse, las emisiones han vuelto a aumentar. Los países con más emisiones son China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón y Alemania. El nuestro ocupa el duodécimo lugar en el plano de emisiones de GEI. Lo que haga México en este terreno no solamente será una contribución importante a escala mundial, también tiene que ver con el bienestar y la seguridad de nuestra población, pues más de la mitad de los municipios de nuestro país se encuentran marcados por una severa vulnerabilidad frente al cambio climático (datos de Semarnat).

Frente a este escenario, la política energética de México debe hacer a un lado la nostalgia por el mundo de los combustibles fósiles y dar prioridad a la transición energética hacia las energías renovables. Por ejemplo, otorgar la máxima prioridad a la difusión masiva de páneles solares y calentadores solares no es un lujo, es una necesidad urgente. El precio de los páneles solares se ha reducido de manera extraordinaria en los 15 años recientes y con esquemas de financiamiento adecuados estas tecnologías podrían difundirse de manera acelerada.

México no puede continuar la lógica actual de producción de recursos petrolíferos bajo la premisa de usarlos como "palanca del desarrollo" y al mismo tiempo cumplir sus compromisos de reducción de emisiones. Por ello una estrategia de transición energética debería ser una de las máximas prioridades del gobierno en México. Después de todo, los que más van a sufrir el impacto del cambio climático son los pobres.

Twitter: @anadaloficial

Publicado enMedio Ambiente
Un hombre sujeta un Smartphone de Apple, cuya carcasa posterior está agrietada./ REUTERS

Un informe de la European Environmental Bureau (EEB) estima que alargando un año la vida a los aparatos electrónicos se podría reducir la emisión de cerca de 4 millones de toneladas de CO2 al año, una cifra que equivaldría a eliminar dos millones de coches de las carreteras europeas. 

 

La vida se vuelve cada vez más dependiente de la tecnología y las grandes marcas lo saben. Cuanto menos duren los aparatos, antes regresarán los consumidores a los mercados. Esta premisa tan abstracta y certera es la denominada obsolescencia programada: el tiempo de vida útil que las empresas calculan y planifican para sus productos tecnológicos. Los teléfonos, las tabletas, los portátiles, las impresoras y hasta las lavadoras están destinadas a una muerte cada vez más temprana

Detrás de esta realidad se esconde un nuevo problema ambiental que implica, según cálculos de la European Environmental Bureau (EEB), la emisión anual de algo más de 48 millones de toneladas de CO2. Estas cifras gigantescas se deben a un aumento del consumo de energía y recursos para satisfacer la creciente demanda de productos tecnológicos y para la eliminación de los anteriores aparatos. “Este estudio es una prueba más de que Europa no puede cumplir con sus obligaciones climáticas sin abordar nuestros patrones de producción y consumo. El impacto climático de nuestra cultura de teléfonos inteligentes desechables es demasiado alto”, valora Jean-Pierre Schweitzer, oficial de Políticas para la Economía Circular en EEB.

La mayor parte de las emisiones que hay detrás de los aparatos electrónicos se vincula, no tanto a la energía que puedan consumir durante su funcionamiento como a la contaminación que se genera durante toda su fabricación. Buen ejemplo de ello son los teléfonos móviles, en tanto que el 75% de los gases de efecto invernadero que llevan asociados se corresponden con todo el proceso productivo, con el transporte y la distribución comercial. Es decir, tres cuartas partes de las emisiones que un teléfono móvil lleva agregadas se realizan antes de que el consumidor los desembale de la caja.

El tiempo medio de vida útil de un Smartphone y un portátil está entre los 3 y los 4 años. En el caso de una lavadora, su longevidad ronda los 11 años y si hablamos de aspiradoras –otro electrodoméstico común– seguramente terminen obsoletas al cumplir los 4 años. Tan sólo con alargar un año la vida de estos productos se conseguiría reducir 4 millones de toneladas de CO2 al año. Algo que, según la EEA, equivaldría a eliminar de golpe cerca de dos millones de coches de las carreteras de Europa.

Al problema de los gases de efecto invernadero se debe añadir el problema de residuos de que se vincula a las cortas vidas de móviles y otros objetos del mismo calibre. Tanto es así, que se estima que sólo en España se generan al año cerca de 930.000 toneladas de basura procedente de aparatos electrónicos. En Europa, las cifras oscilan entre las diez y las doce toneladas, según la propia Comisión Europea.

“Más allá de lo que supone para los bolsillos, creo que hay pocos ciudadanos que tengan conciencia de lo que la obsolescencia programada supone a nivel ecológico. Apenas hay informaciones gubernamentales sobre lo que significan medioambientalmente estás prácticas”, explica a Público Benito Muros, presidente de la Fundación de Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada.

La tiranía del diseño

Además de la programación deliberada de los años de vida de los aparatos electrónicos, existen otras limitaciones estéticas que refuerzan esa idea de obsolescencia programada. La tiranía del diseño de la mayoría de los productos provoca que las reparaciones sean más costosas de los que eran antes. Según Laura Rubio, portavoz de Recuperadores de la Economía Social y Solidaria (RESS), la forma en la que se fabrican los artefactos supone una “barrera importante para la reutilización y la reparación”.

“La mayoría de las veces el consumidor, por lo que le cuesta repararlo, decide comprar un objeto nuevo, con lo que ya pasamos a generar basura electrónica”, añade Muros. La sustitución del atornillado por el pegamento en los teléfonos del actual mercado es un ejemplo de cómo se esconden las piezas a los usuarios. Si la sustitución de una pequeña batería de litio era algo factible y asequible hace unos pocos años, el ensamblaje actual hace que sea prácticamente imposible.

Muros, por su parte, pone en evidencia los problemas que puede generar que la denominada transición ecológica esté fiando todas sus esperanzas en una revolución tecnológica que precisamente no garantiza que “todos los productos sean reparables y actualizables tanto en software como en hardware”.

"Etiquetado de durabilidad"

Combatir la obsolescencia “es complicado, pero no imposible”, explican desde Amigos de la Tierra. La organización ecologista –que ha impulsado la campaña alargascencia para luchar contra la muerte programada de los productos electrónicos– reclama medidas legislativas a nivel nacional para que se ponga fin a esta práctica que genera tantas cantidades de contaminación. “La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado de Italia multó a Samsung con 5 millones de euros y a Apple con 10 millones” por acortar la vida de los productos, citan desde la organización. Este, quizá, es uno de los caminos a seguir, opinan.

Rubio, por su parte, reclama que se impulse un “etiquetado de durabilidad” para garantizar que el consumidor sepa lo que compra y que los productores “se responsabilicen de la gestión de los residuos”. Si se obligase a que las compañías pagasen por los residuos “espabilarían” y harían que sus productos fuesen más propensos a la reutilización, comenta la experta del REES.

Desde la Fundación de Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada reclaman que se incremente la ley de garantías de dos a cinco años y que se elimine la letra pequeña de las garantías ya que establecen numerosas restricciones que impiden que los aparatos sean reparados en caso de defecto.

“Es imprescindible tratar de reparar el objeto o aparato que se nos haya estropeado, si no se puede ver el uso que le damos y valorar si nos lo pueden prestar o si se puede alquilar y, por último, antes de comprar nada nuevo, siempre está la opción de adquirirlo de segunda mano”, argumentan desde Amigos de la Tierra, para poner énfasis en el poder que tienen los consumidores y el valor de la economía circular

madrid

25/09/2019 07:46 Actualizado: 25/09/2019 07:46

alejandro tena

Publicado enMedio Ambiente
El calentamiento global es más rápido de lo previsto

Las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por los combustibles fósiles están calentando la superficie de la Tierra más rápidamente de lo previsto, según nuevos modelos de proyección llamados a reemplazar las herramientas actuales de la ONU.

En 2100, al ritmo actual de emisiones, la temperatura media podría aumentar entre 6,5 y 7 ºC respecto de los niveles preindustriales, según dos modelos presentados este martes por sendos centros de investigación de referencia en Francia. Esto supone hasta 2 ºC más de lo que previó el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) en su Quinto Informe de Evaluación de 2014.

Los nuevos cálculos también apuntan a que los objetivos del Acuerdo de París de limitar el cambio climático a un aumento "bien inferior" a los 2º C y a 1,5 ºC de ser posible, serán todavía más difíciles de alcanzar.

"Con nuestros dos modelos, vemos que el escenario (...) que nos permitiría permanecer bajo los 2 ºC no nos sirve", dijo Olivier Boucher, director de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia (CNRS, por sus siglas en francés). Con un calentamiento de apenas +1 ºC hasta ahora, el mundo ya está sufriendo olas de calor más intensas, sequías, inundaciones, entre otros fenómenos extremos. El informe se basa en las simulaciones de varios escenarios socioeconómicos, desarrolladas por climatólogos, oceanógrafos, especialistas de la atmósfera y de cálculo, cuyas conclusiones contribuirán al sexto informe del IPCC, anunciado para 2021. Los nuevos modelos presentados por el Centro Nacional de Investigaciones Meteorológicas y el Instituto Pierre-Simon Laplace de Francia, forman parte de una nueva generación de sistemas que servirán como base para elaborar el próximo gran informe del IPCC en 2021.

Puntos de inflexión

Uno de los hallazgos clave de estos dos modelos es que el aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera calentará la superficie de la Tierra más fácilmente de lo que habían previsto los anteriores cálculos. Los modelos franceses son los primeros en publicarse, pero los demás están llegando a la misma conclusión, incluidos los "más respetables de todos los que presenta Estados Unidos y del Met Office", la agencia meteorológica británica, según Boucher.

"Un calentamiento más acentuado nos dará menos tiempo para adaptarnos y hará más probable que alcancemos los 'puntos de inflexión', como el derretimiento del permafrost, lo que acelerará el cambio climático", escribieron este año en un blog Boucher y otros dos científicos británicos, Stephen Belcher, del Met Office, y Rowan Sutton, del Centro Nacional de Ciencia Atmosférica británico.

Entre un tercio y 99% de la capa superior del permafrost podría fundirse en 2100 si no se frena la contaminación por CO2, soltando en el aire miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero, según el borrador de un informe del IPCC sobre océanos.

"Desafortunadamente, nuestro fracaso global a la hora de implementar acciones eficaces (...) en las últimas décadas nos ha dejado en una situación en la que lo que debemos hacer para mantener el calentamiento a un nivel seguro es extremadamente simple", dijo Joeri Rogelj, profesor asociado del Imperial College de Londres y colaborador del IPCC. "Las emisiones globales de efecto invernadero deben declinar hoy en vez de mañana y las emisiones de CO2 deben reducirse a cero neto", concluyó.

Escenarios socioeconómicos

Los científicos lo achacan a una reacción más fuerte sobre el clima del aumento de gases invernaderos de lo que mostraba el estudio anterior. "Según el escenario más pesimista (crecimiento económico rápido alimentado por energías fósiles), el aumento de la temperatura media global alcanzaría los 6 o 7 grados centígrados en 2100, y superaría en más de un grado a las estimaciones precedentes", establecen.

Tan solo uno de los escenarios socioeconómicos, el de un panorama de cooperación internacional que dé prioridad al desarrollo sostenible, lograría cumplir con el objetivo de que el calentamiento se limite a 2 grados para esa fecha.

Los modelos de simulación climática utilizados han sido aplicados en Europa y en el Océano Índico, donde los expertos han logrado representar de manera más realista fenómenos como olas de calor o ciclones. Los datos se han obtenido también gracias a las mejoras técnicas, como una resolución espacial más precisa o el modelado de distintos sectores del sistema climático (el océano, la atmósfera, los glaciares, etc.).

Las simulaciones han permitido además estudiar con mayor fiabilidad las condiciones climáticas de Francia y Europa occidental en los últimos años, donde los científicos han constatado que las olas de calor son cada vez más frecuentes y que han aumentado de manera evidente en las últimas décadas. Confirman además que, independientemente del escenario socioeconómico utilizado, las olas de calor continuarán en las décadas siguientes.

Publicado enMedio Ambiente
Miércoles, 04 Septiembre 2019 06:20

La fiebre del oro arrasa la Amazonia venezolana

La fiebre del oro arrasa la Amazonia venezolana

El furor por el metal precioso, estimulado por Nicolás Maduro, en una región controlada por mafias, sindicatos y grupos guerrilleros deja un saldo de deforestación y violencia

 

En el norte del Amazonas arde otro incendio desde hace años. La minería ilegal se ha disparado en Venezuela en la última década y en mayor proporción desde la firma en 2016 del decreto del Arco Minero del Orinoco, por parte del régimen de Nicolás Maduro, que abrió la extracción de oro y otros minerales con concesiones a empresas extranjeras y nacionales, con la intención —fallida— de regularizar la minería ilegal, un mal endémico en el sur del país.

El 85% de los puntos de minería ilegal que hay en ese pulmón, que mantuvo en vilo al mundo desde que se iniciaron los voraces incendios en Brasil y Bolivia, están en la pequeña porción de la Amazonia venezolana. "El Arco Minero del Orinoco, que ocupa un 12% del territorio nacional, es nuestro incendio en el Amazonas", señala el ambientalista Alejandro Álvarez, de la organización Clima 21. "Lo que se hacía en pequeña escala, ahora es a gran escala. Y es complejo medirlo con satélites pues debes interpretar qué está ocurriendo en una zona donde hay nubosidad todo el año, donde los árboles de 30 metros de altura tapan la minería y las grandes excavaciones alrededor de todas las cuencas de Guayana y donde se está usando el mercurio para separar el oro de otros minerales, ya presente en todos los ríos".

La Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada (RAISG) monitorea desde hace varios años la pérdida de cobertura boscosa de este gran ecosistema transfronterizo que abarca nueve países. La investigación regional apunta que para enero de este año se concentraban 1.781 puntos de minería en la porción venezolana del Amazonas, de 345 kilómetros cuadrados, una superficie que equivale a dos veces la ciudad de Madrid. Es una superficie que ha venido creciendo desde 2010, asegura Bibiana Sucre, directora de Provita, organización que junto a la ONG Watanibe participa en el monitoreo de la RAISG. Los mapas están disponibles en línea y evidencian que al sur del enorme río Orinoco hay, literalmente, un campo minado.

Esa es una de las mayores preocupaciones de los investigadores. La minería ilegal atomizada y la que ha sido permitida por el Gobierno de Maduro, aunque no hay información pública sobre la distribución de los yacimientos ni transparencia sobre los volúmenes de la extracción que, según investigaciones periodísticas en la zona, en su mayoría se va por los caminos verdes y no llega a las arcas del Banco Central de Venezuela. Para Álvarez, el cuadro se ha agravado y salido de control en medio de la profunda crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela.

"Hace 20 años la minería de oro estaba concentrada en el municipio Sifontes del Estado Bolívar. Por la geología de la región ahí están las vetas de oro más importantes y ocurría una minería artesanal de muy pequeña escala en la que estaban involucradas algunas comunidades indígenas. Lo de ahora está relacionado con dos efectos: el aumento del precio del oro en el mundo —que la guerra comercial entre EE UU y China estimula— y la debacle económica de Venezuela, que ha impulsado una minería de supervivencia con una devastación masiva del ambiente y con violaciones de derechos humanos", dice Álvarez.

"Se deforesta para que acampen los mineros y en el borde de los ríos, por el tipo de extracción. Se arrasan entre dos y 10 hectáreas por punto minero. Así se hace muy difícil hacer una categorización de los mineros, que solo en poquísima cantidad son artesanales. La mayoría está usando máquinas, motobombas y mercurio con reportes de población contaminada a través de la bioacumulación de la sustancia en peces de consumo", señala Vilisa Morón, bióloga y presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología. "Para tener estos números de deforestación y esta situación tienes que tener a muchísima gente haciendo minería y esa es una de las grandes vergüenzas que tenemos al sur del Orinoco", lamenta.

Sustituto del bolívar

Hay casi 80 puntos de minería en parques nacionales. Se ven en Canaima, en Yacapama, en la cabecera del Caura que hasta hace poco era un sitio prístino, incluso en la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare, un tepuy a 1.300 metros de altura, denuncia Morón. El oro, junto con el dólar, ha sustituido al devaluado bolívar como moneda en la economía del sur de Venezuela, donde se puede pagar con gramas de oro —pepitas del mineral— ropa, zapatos y teléfonos móviles en cualquier tienda. Esta semana un gramo de oro se cotizaba entre el equivalente a 27 y 36 euros, treinta o cuarenta veces el salario mínimo.

"Todos los países que conforman la panamazonía son responsables de esta zona, donde viven 30 millones de personas. Ni siquiera hay que pensar en el efecto a largo plazo, porque el problema es hoy", señala Álvarez. "Hay un montón de personas que está sufriendo las consecuencias de la falta de controles y políticas ambientales equivocadas promovidas tanto por populismos de derecha como de izquierda. La cantidad de millones de dólares que salen de ahí no compensan lo que va a costar esto en salud y en muertes. Apostar a largo plazo a la minería es insostenible porque en los ecosistemas amazónicos los costos de recuperación son enormes. Y Venezuela ya no es la de 1999, ahora es un país pobre".


 Un deterioro creciente en cada lustro

En las leyes venezolanas está totalmente prohibida la minería en el Estado Amazonas. Tampoco está permitido en los parques nacionales y áreas protegidas y ya se da en todos. Fuera de la zona donde están las grandes vetas, el mineral se encuentra en pequeñas cantidades y su extracción implica la remoción de grandes extensiones de terreno para poder sacar el botín, con consecuencias ambientales más devastadoras. El furor del oro ha hecho que Venezuela sea el único país en la región que aumentó su tasa de deforestación entre 2000 y 2015, según las mediciones de RAISG cada cinco años.

En esos 15 años se perdieron 5.265 kilómetros cuadrados de bosque en la Amazonia venezolana de los siete millones del ecosistema. Esta pérdida de cobertura boscosa fue incrementándose cada quinquenio: el 17% de la deforestación ocurrió entre los años 2000 y 2005; el 29,4% entre 2006 y 2010; y en el siguiente quinquenio se registró el 53,6% de la pérdida de cobertura boscosa.

Por Florantonia Singer

Caracas 3 SEP 2019 - 12:07 COT

Publicado enInternacional
Página 1 de 30