Pfizer, Moderna y AstraZeneca fracasan ante la "variante sudafricana" del Covid-19

Un servidor ya había advertido sobre las ominosas "nuevas variantes" del Covid-19 que emergieron en Gran Bretaña (GB), Sudáfrica y Brasil (https://bit.ly/3aQHwhb).

Washington Post reporta que las dos vacunas de EU, Pfizer y Moderna, "mostraron una capacidad disminuida para neutralizar la cepa ahora dominante en Sudáfrica" (https://wapo.st/3dJHmdh).

New York Times confirma que la vacuna de AstraZeneca "no funciona bien (sic) contra la variante de Sudáfrica" y sufre un "fuerte tropiezo", tras el arribo, una semana después, del millón de dosis (provenientes de India) de la vacuna británica a Sudáfrica que “cesó su uso después de que emergió la evidencia de que no protegía a los voluntarios en pruebas clínicas, con enfermedad leve o moderada, causada por la más contagiosa variante (https://nyti.ms/3ks90Nd)”.

Financial Times (FT, 17.02.21) no tiene más remedio que admitir que "la vacuna Pfizer es menos potente frente a la variante de Sudáfrica" cuando "produce solamente (sic) la tercera parte de los anticuerpos que produjo para el virus original". El rotativo británico globalista FT cita al respecto a la excelsa publicación de EU The New England Journal of Medicine (https://bit.ly/2MlS52e).

La variante de Sudáfrica ahora se encuentra presente en 32 países (https://bit.ly/3bDymDM) y "se ha vuelto la forma dominante del virus en otros lados", lo cual se complica en los "países más pobres" que "podrían convertirse en focos infecciosos de las nuevas mutaciones" (https://nyti.ms/3bAlnmv).

Una mala noticia: las dos nuevas vacunas muy prometedoras de EU, Novavax y Johnson & Johnson, "tienen menos eficacia contra la cepa sudafricana" (https://bit.ly/3uwd3ww).

El problema en Sudáfrica, con una población de 57 millones, se complica por la prevalencia del sida –¡el cuarto del mundo, con 17.3 por ciento!–, que se exacerba con la inoculación de las vacunas contra el Covid-19 cuando los primeros sitiales en el mundo del sida pertenecen al continente africano (https://bit.ly/2Pahtco).

A propósito, funcionarios de Sudáfrica se le fueron a la yugular al Big Pharma por acaparar las vacunas contra el Covid-19 en detrimento del resto del mundo (https://bit.ly/3urZnTj).

Perturba que no se atienda la nueva variante de Brasil, el país más poblado de Sudamérica con más de 213 millones de habitantes, cuya gran parte ha sido asolada y desolada por el virus original y ahora por su reciente mutación.

En un corte de caja reciente, no existen datos concluyentes sobre el desempeño de la vacuna rusa Sputnik V frente a las tres nuevas variantes de Sudáfrica, Brasil y GB (https://bit.ly/3bQLN3B). Sputnik V usa un "doble vector viral", cuyo adenovirus reduce sustancialmente el riesgo de que el sistema inmunológico desarrolle resistencia al vector inicial, lo cual ayuda a crear una respuesta más vigorosa.

En franco contraste, la vacuna china Sinovac exulta "tener buenos resultados contra las nuevas variantes de Sudáfrica y Gran Bretaña" que han puesto de cabeza a los fabricantes de los biológicos.

SCMP, con sede en Hong Kong, expone la versión del mandamás de Sinovac de que las "vacunas atenuadas ofrecen un amplio espectro de protección", pero "sin exhibir los datos que respalden su aserto" (https://bit.ly/3kn2nvq).

Independientemente de los ajustes obligados a sus vacunas, que los fabricantes anglosajones ya empezaron a implementar, el vendedor globalista de vacunas, el apocalíptico Bill Gates (BG, http://bit.ly/2ZXVuYc), quizá para paliar los recientes descalabros propone ahora una tercera (sic) inoculación de las cinco empresas de vacunas de EU sin aportar pruebas fehacientes para ello (https://bit.ly/2MncqEt).

Al rato, quizá para vender más biológicos, el controvertido BG –dueño de la vacuna Inovio, que ha quedado muy rezagada– propondrá una inoculación anual de por vida.

Lamentablemente, el eje anglosajón de EU y GB ha optado por la "guerra de propaganda" de sus vacunas, en el umbral de una guerra total, en lugar de la tan anhelada colaboración internacional con China y Rusia.

Fue mucho soñar. Ahora quien se adueñó de la ideología anglosajona es BG.

www.alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalifeoficial

https://www.youtube.com/channel/UClfxfOThZDPL_c0Ld7psDsw?view_as=subscriber

Coyuntura crítica, transición de poder y vaciamiento latinoamericano
Los efectos de la emergencia sanitaria, económica, social y política se sentirán con especial fuerza en América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, es posible observar una impotencia política de la región frente a la coyuntura crítica global. Por ello, resulta importante caracterizar las peculiaridades de la doble crisis del regionalismo latinoamericano y del multilateralismo interamericano. Las causantes del proceso de «vaciamiento latinoamericano» responden, sobre todo, a dinámicas que operan dentro de la región, agravadas por la pandemia.

El horizonte como desafío

El panorama internacional para el bienio 2021-2022 se perfila como uno de los más turbulentos desde el fin de la Guerra Fría. Los saldos de la emergencia sanitaria y del hundimiento de la economía mundial en la pobreza, la desigualdad, el desempleo, el hambre, el desplazamiento, el malestar social y la inestabilidad política se sentirán con fuerza en todos los rincones del orbe, muy especialmente en América Latina y el Caribe. Además, el escalamiento de la rivalidad entre Estados Unidos y China tras la pandemia, con sus consecuencias geopolíticas, ha generado crecientes presiones sobre el erosionado andamiaje multilateral global. Hace tiempo que asistimos a un complejo proceso de redistribución de poder, con el inminente descenso de eeuu, el acelerado ascenso de China como nueva gran potencia, el resurgimiento de una Rusia asertiva y perturbadora y el extravío de Europa. Pero, en 2020, nos enfrentamos a algo más complejo.

¿De qué estamos hablando? De una coyuntura crítica en medio de una transición de poder que sacude los cimientos del orden mundial liberal en todos los ámbitos. De una coyuntura crítica en el sentido de una situación histórica en la que, al romperse los equilibrios previos del orden social, en este caso a escala global, los liderazgos políticos enfrentan la necesidad de decantarse por alguna de las distintas opciones de reconstrucción de nuevos equilibrios o de adaptarse a las nuevas circunstancias. Y de una transición de poder en el plano sistémico en tanto que hay una disputa, entre una potencia en declive y otra en ascenso, por la distribución relativa de capacidades materiales, influencia y prestigio, con un componente inherente de conflicto.

Toda coyuntura crítica obliga a la acción y toda transición de poder es, por definición, conflictiva. Se avecina así un nuevo bipolarismo de naturaleza muy distinta de la bipolaridad de la Guerra Fría en, al menos, cuatro aspectos fundamentales: el alto nivel de interdependencia e interconexión global; la baja polaridad sin la estructuración de bloques rígidos (hasta ahora); las lógicas laxas y/o difusas de los liderazgos dominantes; y, por último, la presencia de diversos tipos de regionalismo y grados de regionalización. En este cuadro, están aún por delinearse las capacidades de conducción de las instituciones políticas en el nivel mundial para gestionar la actual coyuntura crítica y su multidimensionalidad sanitaria, económica, social, política y de seguridad1

Una sucesión de procesos interconectados explica la presente complejidad. La gran recesión económica irrumpió en 2008 sin que, a pesar de las promesas del G-20, se hubiera acordado una eficaz regulación del capital financiero. Se fue enraizando una globalización asimétrica portadora de desigualdad y sensación de precariedad por el desmantelamiento del Estado de Bienestar. Estamos en presencia de una persistente retracción de la democracia liberal sin que podamos anticipar a qué espacios híbridos o autoritarios podría llegar la última ola democrática o cuáles son las condiciones para que perduren sociedades fracturadas, decaídas y/o movilizadas.

Este es el contexto en que estalló el covid-19, una pandemia que revalida la desilusión frente al estado de cosas pero que no necesariamente implica que, ahora sí, de inmediato, vayan a forjarse pactos sociales inclusivos, Estados pujantes y un sistema mundial con capacidad de respuesta. Asistimos a uno de esos momentos en que los ciclos largos y cortos de la historia se relacionan con acontecimientos inesperados para trastocarlo todo, colocando a las regiones periféricas como la latinoamericana ante el imperioso dilema de repensar en colectivo sus relaciones intra y extrarregionales o seguir la lógica de «sálvese quien pueda» para navegar sin puertos seguros. 

La particularidad del presente latinoamericano es que la región en su conjunto enfrenta mal parada esta marea de transformaciones sistémicas, tras un proceso largo y gradual de pérdida de gravitación internacional, dividida y fragmentada, sin una voz común y sin mecanismos funcionales de articulación ni liderazgos para encabezar la acción colectiva. Esto no fue así en contextos históricos anteriores como la crisis de 1929, la posguerra de 1945 o la caída del Muro en 1989; tres puntos de inflexión en los cuales la región demostró capacidad de respuesta y visión de futuro. El momento actual es distinto por la confluencia de factores que han conducido a lo que aquí llamamos el «vaciamiento latinoamericano», para referirnos a la situación de ausencia deliberada de acción colectiva de la región que, de no revertirse, podría conducir a la pérdida de su condición de actor en el sistema global y a su mera expresión geográfica. 

El proceso que conduce a este estado es el tema principal de este artículo, el cual tiene un doble propósito: a) ofrecer algunas reflexiones de carácter analítico que contribuyan a entender la etapa actual de impotencia política de América Latina y el Caribe frente a la coyuntura crítica global y la transición de poder mundial en curso; b) identificar y caracterizar las peculiaridades de la crisis simultánea del regionalismo latinoamericano y del multilateralismo interamericano. El argumento central es que las causantes del proceso de vaciamiento latinoamericano responden, sobre todo, a dinámicas que operan dentro de la región, agravadas hoy día por la pandemia. Tal línea interpretativa no pretende descartar la incidencia de factores externos, en particular, los daños infringidos por las simbiosis y efectos visibles de la preeminencia de eeuu, agravados durante el gobierno de Donald Trump. Pero sí insistir en que las rutas de escape del abismo y de recuperación de impulsos constructivos serán propias de la región, tomarán un tiempo y requerirán ir más allá de la mera restauración de fórmulas del pasado.

De regiones y regionalismos: configuraciones económicas y tejidos políticos comunes

El siglo xx cerró con una ola expansiva de regionalismo, con proyección mundial, que se mantuvo activa en los siguientes tres lustros. En este marco, en el periodo 2011-2018 la cantidad de acuerdos regionales de comercio saltó de 445 a 669, es decir, tuvo un incremento de alrededor de 50%2. Estas cifras comprenden un aumento significativo de uniones aduaneras y de acuerdos de integración económica de índole crecientemente plurilateral más que bilateral. En esta ola se observaron configuraciones multirregionales novedosas de megaproporciones, como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (tpp), firmado en 2016, y la Asociación Económica Integral Regional (rcep), acordada en noviembre de 2020 entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (asean, por sus siglas en inglés) y China, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelandia y Australia. Un mismo tipo de movimiento es perceptible con respecto a las organizaciones regionales con agendas ampliadas que expandieron su proyección, ya sea en cantidad, en el incremento de membresías simultáneas por parte de los Estados o en puentes de diálogo y colaboración interregionales3. En este último caso, en América Latina y el Caribe se ubican iniciativas birregionales multilaterales como el acuerdo de libre comercio, aún inconcluso, entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur), con base en el Acuerdo Marco de 1999, y bilaterales como el Foro China-Celac (2014).

Las tendencias mencionadas, entretanto, no han sido homogéneas, lineales ni igualmente resistentes a los cambios producidos por las coyunturas internacionales. Cuando se comparan las realidades de Europa, Asia, África y América Latina, son innegables los contrastes en cuanto al tipo y cantidad de recursos políticos e institucionales sobre los cuales están ancladas y sus respectivas posibilidades de gobernanza regional. También es importante subrayar la diversidad en materia de alineamientos y grados de exposición o vulnerabilidad frente a las grandes tendencias globales, particularmente la tensión eeuu-China. Los niveles distintos de exposición se hacen visibles en los contextos de conflictos y/o crisis severas, donde las tendencias hacia la fragmentación y las rivalidades son exacerbadas por un amplio arco de motivaciones, sean ellas de carácter ideológico, religioso, soberanista, nacionalista o separatista. En este tipo de diferenciación saltan a la vista los contrastes Norte-Sur de los regionalismos contemporáneos. Por un lado, el proceso europeo pertenece a otra índole de construcción colectiva cuando se comparan los niveles de autonomía geoestratégica y los escalones ascendidos en la sustentabilidad de la ecuación paz y seguridad/integración económica. Por otro, están las regiones que integran el Sur global, que presentan diferenciaciones en cuanto a sus pesos estratégicos en el tablero de la política internacional. Realidades producidas por fragmentaciones y polarizaciones políticas intrarregionales pueden tanto profundizar la intranscendencia estratégica como llevar a que se obtenga una parcial relevancia. Ejemplos de esa tendencia son el lugar que ocupa Oriente Medio como causante de 78,4% de los vetos en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (onu), o el de África como región que concentra 64,2% de la agenda del mismo Consejo.

Las respuestas regionales e interregionales a la pandemia de covid-19 también han puesto en evidencia las particularidades de los distintos regionalismos. Se observan reacciones que van en la dirección de producir más regionalismo –como en partes de Asia y África–, así como movimientos compensadores que buscan profundizar los vínculos y compromisos de coordinación y cooperación. En términos institucionales, la ue, la asean y la Unión Africana (ua) han buscado profundizar y ampliar agendas coordinadas para lidiar con los percances en el campo sanitario desde el prisma del bien público regional. Ya América Latina se ha mostrado de espaldas a las tendencias dominantes del regionalismo en el mundo4.

América Latina y el Caribe, de ayer a hoy

La primera década del siglo xxi mostró lo que algunos denominaron una «nueva» América Latina, con mayor crecimiento, estabilidad democrática y autonomía internacional. El dato más trascendental fue el significativo aumento de los precios de los productos primarios agrícolas, mineros y energéticos que exporta la región, que permitió altas tasas de crecimiento y la posibilidad de incrementar las arcas de los gobiernos, que se encontraban disminuidas por las medidas promercado de los lustros previos. También fue posible, en particular en América del Sur, recuperar una histórica aspiración de construir su propia voz política anclada en una agenda de coordinación intrarregional que buscaba una expresión colectiva ante asuntos claves –como infraestructura, energía y políticas de defensa– y promovía la diversificación de las relaciones exteriores y las alianzas extrarregionales. En un primer momento (2005-2015), la combinación generada entre el ascenso económico de China y la menor atención política de eeuu como consecuencia de sus prioridades estratégicas representó externalidades favorables para que estos cambios se produjesen.

A pesar de un contexto interno e internacional propicio, la matriz social, política y económica de los países de la región no se alteró significativamente. Se redujo la pobreza por medio de políticas inclusivas, pero no la fragilidad de los sectores populares obligados a convivir con persistentes niveles de desigualdad de derechos y condiciones de vida. Se recuperó el rol del Estado, pero no necesariamente sus capacidades de proveer bienes públicos de forma sostenible. Se creció a tasas importantes, pero no hubo una mejora sustantiva en materia de competitividad tecnológica, innovación científica o diversificación de la estructura productiva. Las democracias electorales siguieron funcionando sin que hubiera mayores avances institucionales en los sistemas de representación política, Estado de derecho y libertades civiles, de forma de evitar deslices políticos y las malas prácticas que condicionaban la calidad de la gobernabilidad democrática. Entre varios entorpecimientos, se destacan el proceso de judicialización de la política y el agravamiento de las condiciones de seguridad pública, con sus viciadas ramificaciones en los aparatos estatales. 

Luego, los déficits mencionados se hicieron sentir, con el desgaste que distanció a los gobiernos de izquierda y centroizquierda de las expectativas transformadoras de los años anteriores. La respuesta política se dio en los años 2014-2019, cuando en diversos países de la región asumieron gobiernos que buscaron descartar las orientaciones previas y defendieron la aplicación de recetas económicas liberales acompañadas por políticas exteriores que explicitaban afinidades ideológicas con eeuu. Una fatiga política semejante afectó a los gobiernos de derecha y centroderecha que habían sostenido opciones de regionalismo abierto, como la Alianza del Pacífico (ap). Esas tendencias se reflejaron en un proceso de desgaste generalizado de organizaciones que habían generado una expectativa de rejuvenecimiento del regionalismo, crecientemente lesionadas por la interiorización de polarizaciones que estimulaban un divisionismo intralatinoamericano, fundamentado principalmente en consideraciones cortoplacistas de política interna. Una mezcla de estancamiento, fragilidad y decadencia pasó a atravesar, con variada intensidad, al Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones (can), la ap, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Organización de Estados Americanos (oea) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Entre abril de 2018 y principios de 2019, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú abandonaron la Unasur y Uruguay siguió los mismos pasos en marzo de 20205. A su vez, en marzo de 2019, se creó el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), con la participación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Guyana, una iniciativa por el momento con resultados efímeros e inconsecuentes. 

Un factor clave adicional al proceso de vaciamiento regional, expuesto muy resumidamente, ha sido la ausencia de liderazgos regionales fuertes y propositivos con proyección de largo plazo y capacidad persuasiva. En el caso de Brasil, el desacoplamiento del multilateralismo regional ha sido deliberado y contundente, en tanto que desde México se proyectan iniciativas minimalistas y tímidas durante la Presidencia pro tempore de la Celac que, si bien logran mantener en funcionamiento el mecanismo en temas de cooperación técnica evitando cuestiones polémicas, no permiten atender los asuntos que dividen de fondo a la región6

Sin lugar a dudas, la situación en Venezuela ha sido el epicentro de la crisis del regionalismo latinoamericano. La agenda regional se ha visto afectada por los efectos transfronterizos de la situación económica y social interna, la creciente polarización ideológica y su canalización política en la escalada de diferencias entre eeuu y el régimen venezolano. Desde el punto de vista interno, se viene observando un continuo movimiento de cierre político del gobierno de Nicolás Maduro, con fuerte impacto económico y social. En el último bienio, la crisis económica y la agravada crisis humanitaria en Venezuela, producto de la pobreza, el desempleo, la devaluación de la moneda local, la falta de inversiones y otros temas conexos, han provocado un crecimiento económico negativo y un empeoramiento de los indicadores sociales en el país7. Más de cinco millones de venezolanos han emigrado y siguen saliendo, en un proceso que ha impactado de varias maneras en los países vecinos. Al mismo tiempo, se observa una creciente internacionalización de la crisis venezolana, en el marco de una situación estratégica cerrada entre el interés de eeuu y sus aliados regionales de no permitir la presencia política de potencias y poderes intermedios en la región, y la conformación de alianzas del régimen de Maduro con un número importante de potencias y países intermedios como China, Rusia, Turquía e Irán. Esta internacionalización, entretanto, no ha revertido favorablemente la situación de impasse disruptivo para reposicionar a la región en el tablero de la política mundial8

En vecindad y estrecha conexión con la crisis venezolana, se observa la continua deshidratación del posconflicto en Colombia frente a las dificultades del pleno cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016. Tanto Venezuela como Colombia destacan hoy en Sudamérica como países donde se generan constantes flujos de migración forzada y, en consecuencia, realidades violentas para millones de sus ciudadanos, con impacto directo sobre las condiciones de seguridad en extensas partes de la subregión andina9

Un flagelo humanitario comparable ocurre a lo largo y ancho del espacio meso y norteamericano, aunque lamentablemente no suscite la misma atención y preocupación internacional o regional, e incluso subregional. La situación se ha agravado a raíz del cierre de las fronteras mexicanas y centroamericanas impuesto unilateralmente por la administración Trump, en el ánimo de contener las caravanas de migrantes que transitan hacia eeuu, expulsados por la grave situación de inseguridad, precariedad económica, deterioro ambiental y desastres naturales en sus países. Un legado de acuerdos bilaterales migratorios impuestos por eeuu, junto con el cierre de las políticas de asilo y refugio, se ha convertido en una bomba de tiempo. 

Lo que se observa en América Latina y el Caribe es el estrechamiento de la vinculación entre fragmentación intrarregional y debilidad internacional, en una suerte de círculo vicioso que se ha agravado velozmente desde 2018. La pérdida de gravitación internacional ya era visible con anterioridad por indicadores de todo tipo. Si se mira con atención la trayectoria regional en materia de votaciones convergentes en el marco de la onu, participación en las exportaciones mundiales, primarización de las economías, inversión en ciencia y tecnología, índices de desigualdad, atributos militares y ranking comparado de soft power, se advierte el declive de América Latina en contraste con otras regiones. El debilitamiento y la fragmentación han derivado en una mayor dependencia externa, tanto de un poder declinante como eeuu como de un poder ascendente como China. En México y América Central, incluso gobiernos de izquierda y de centro han optado por alinearse con eeuu como una respuesta pragmática de apaciguamiento o acomodamiento frente al unilateralismo y el «divide y vencerás» del gobierno de Trump. El corolario estratégico es el deslizamiento hacia modos de aquiescencia en lugar de opciones autonómicas, lo que afecta, con distintas modalidades e intensidades, los diversos ejes de articulación subregional de América Latina (Mesoamérica, Centroamérica, Caribe, mundo andino, Cono Sur, Sudamérica, Atlántico y Pacífico de América Latina).

Este es el escenario regional en que arriba el covid-19. La pandemia se inserta en un contexto de desilusión generada por la desaceleración económica, la convulsión política, el descontento social y la disgregación diplomática, acompañada por polarizaciones políticas intrarregionales. La crisis sanitaria ha desembocado en la peor crisis económica en la historia latinoamericana, que llevará a un retroceso de diez años en el ingreso por habitante. Sumando a estos indicadores, se prevé también un aumento de 5,4% del desempleo como consecuencia de la contracción económica, lo cual asimismo desencadenará un incremento en los niveles de personas en situación de pobreza10. Es pertinente también analizar los efectos de la pandemia sobre la interacción de América Latina con el resto del mundo. Mientras que el comercio mundial cayó 17% entre los meses de enero y mayo de 2020, América Latina fue la región en desarrollo más afectada por esta contracción, con un descenso de 26,1% en sus exportaciones y de 27,4% en importaciones11. La diversidad de las respuestas nacionales frente a la pandemia y la insuficiencia de tales respuestas frente a la gravedad de la crisis sanitaria, económica y social en los países de América Latina y el Caribe implican que, en 2021, los problemas asociados a la pandemia seguirán siendo una agenda pendiente y prioritaria en la región. 

Se han publicado diversos escritos sobre los traspiés que condujeron al momento crítico que atraviesa el multilateralismo latinoamericano y su vinculación con la crisis del regionalismo posliberal y el proceso previo de estancamiento intermitente del regionalismo abierto. Prevalece la percepción de que esta realidad encuentra su principal explicación en un proceso de fatiga estimulado en gran medida –pero no solo– por contextos internos marcados por la polarización ideológica y la fragmentación política, con impacto desarticulador sobre los diferentes esquemas de integración y cooperación de la región12. Entre los puntos de concordancia sobre grandes causantes políticas destacadas en esta bibliografía se mencionan: el poder de erosión del impasse venezolano, el impacto del aislacionismo de Brasil con el corolario de la desaparición de Unasur y, por último, el repliegue de México, con la consecuente retracción de los mecanismos centroamericanos y de la ap; en el plano extrarregional, la rivalidad eeuu-China y la reducida y/o ambivalente presencia europea. Al mismo tiempo que esta bibliografía es valiosa y relevante para comprender el estado de la situación, en su conjunto conduce a concluir que el regionalismo latinoamericano ha perdido su capacidad de materializarse. Lejos de cuestionar esta idea, quisiéramos sumar elementos de complejidad. 

Desde una perspectiva ontológica, el regionalismo para América Latina y el Caribe estuvo asociado a dos rutas que históricamente mantuvieron su paralelismo con grados diferentes de tensión, autonomía y/o diálogo. La convivencia entre dos sentidos de colectivo –la unidad latinoamericana-caribeña y una comunidad interamericana– ha constituido más un factor de división y dispersión que uno de unión y fortalecimiento recíproco. Innegablemente, la expresión más aguda de la crispación entre los dos caminos se dio con la confrontación alba-oea en los años 2016-201913. Durante 2020 se observó la culminación de un desarmado simultáneo e igualmente dañino. La secuencia de sucesos que tuvieron lugar en el sistema interamericano ha sido elocuente en este sentido.

La acelerada degradación del sistema interamericano

El sistema interamericano, entendido como el conjunto de instrumentos e instituciones que han configurado las relaciones entre eeuu y América Latina por más de siete décadas, se encuentra en estado crítico tras una larga historia de altas y bajas. Durante la Guerra Fría, su funcionamiento se subordinó a las lógicas asimétricas de seguridad, que reflejaron la preeminencia estadounidense en la región impidiendo un multilateralismo integral y efectivo para atender las prioridades latinoamericanas. Luego, la Posguerra Fría abrió nuevos horizontes al permitir la ampliación de la agenda a temas de comercio, defensa de la democracia, protección de los derechos humanos y seguridad cooperativa, con la adopción del Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano y de la Carta Democrática Interamericana en 2001. Los años entre 1990 y 2004 fueron de revisión e innovación conceptual, normativa e institucional, pero se vieron interrumpidos por los efectos del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 y el retorno de la agenda de Washington a temas de seguridad y terrorismo. 

A partir de entonces y de la creciente divergencia entre visiones distintas de regionalismo en América Latina, ya no solo de corte liberal sino también desarrollista y autonómico, el sistema interamericano, y particularmente la oea, iniciaron un periodo de irrelevancia institucional y zigzagueo político frente al desinterés de la Casa Blanca y los avances de un multilateralismo latinoamericano disociado de la injerencia estadounidense, pero con escasa densidad institucional y menor cobertura regional14.

El último intento de reconfiguración de las relaciones entre Washington y América Latina provino de los eeuu de Trump y contó con el apoyo de un número significativo de gobiernos latinoamericanos para atender a los objetivos, intereses y preferencias exclusivas de los sectores más conservadores de Washington, de acuerdo con la lógica de eeuu primero y con los intereses de algunas diásporas latinoamericanas en ese país, en particular, la cubana, la colombiana y la venezolana, mayormente ancladas en el estado de Florida. Los resultados alcanzados en esa dirección fueron favorecidos por la singular sinergia establecida entre la Casa Blanca y el secretario general de la oea, Luis Almagro, con el acompañamiento y liderazgo activo de algunos de los países coaligados en torno del Grupo de Lima desde 2017 para coordinar posiciones frente a la crisis venezolana. Esta situación condujo a una sistemática degradación de las instituciones interamericanas en cuatro ámbitos claves: la defensa de la democracia, desde la oea; la provisión de seguridad colectiva, desde el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (tiar); la protección de los derechos humanos, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh); y la asistencia financiera, desde el Banco Interamericano de Desarrollo (bid). 

Durante estos últimos cuatro años, la Secretaría General de la oea ha interpretado la tarea de defensa de la democracia como la de promocionar un cambio de régimen en Venezuela. De hecho, el propio Almagro trastocó la organización cuando, en febrero de 2019, asumió un rol activo de hostigamiento al gobierno de Nicolás Maduro para apoyar el intento fallido de ingreso forzoso de ayuda humanitaria a Venezuela. El mismo protagonismo fue buscado en los contactos con los gobernantes del Grupo de Lima, los altos funcionarios de la Casa Blanca y representantes de la oposición venezolana. La salida de Venezuela de la oea ocurrió en 2019, al mismo tiempo que la organización reconocía a Juan Guaidó como «presidente encargado» de este país. 

Luego, la oea actuó como catalizador del proceso de disrupción institucional en Bolivia en 2019, legitimado por la interpretación de los resultados electorales de su equipo auditor, aun cuando esa interpretación no fue validada por otros actores internacionales ni por expertos electorales técnicos y académicos. Una rápida articulación, con fines desestabilizadores, de sectores políticos internos con las Fuerzas Armadas presionó al presidente Evo Morales para que dejara el cargo, lo que llevó a un interregno autoritario de un año en Bolivia. En septiembre de 2020, las nuevas elecciones resultaron en el triunfo categórico de Luis Arce Catacora y del Movimiento al Socialismo (mas). En esta ocasión, la presencia de la onu y de la ue fue fundamental para disociar la práctica de la observación electoral internacional de la desprolija actuación de la oea un año antes. 

Con respecto al tiar, su invocación en septiembre de 2019, a partir de la solicitud de Colombia, para lidiar con la situación en Venezuela, ubicó a la región en la «alta política mundial» como no lo había estado desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962; identificando una suerte de peligro para la seguridad internacional en América del Sur en el doble marco de la «guerra contra el terrorismo» y la «guerra contra las drogas», lideradas por eeuu. El uso de ese recurso reforzaba la sinergia generada entre la oea y el Comando Sur en sus compartidos esfuerzos por identificar a Venezuela como una amenaza regional. Tal securitización se ha profundizado a partir de la activa agenda de colaboración militar entre Colombia y Brasil con el Comando Sur.

En el caso de la cidh, los sucesos apuntan a un embate que pone en cuestión una ardua construcción institucional orientada por principios de autonomía, rigurosidad e independencia. Después de superar sus percances financieros en 2016, la cidh pasó a enfrentar tensiones de otra índole. A partir de la asunción de Trump, los derechos humanos perdieron prioridad en las agendas estadounidenses de política exterior e interna por el avance y asertividad de los grupos conservadores evangélicos organizados en contra del aborto y los derechos lgbti+. eeuu rehusó asistir a las audiencias de la cidh sobre inmigración a principios de 2017, se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la onu en 2018 y redujo año tras año las partidas presupuestarias para promoción de la democracia y los derechos humanos. En 2019, disminuyó su contribución a la cidh acusándola, desatinada e injustificadamente, de promover la legalización del aborto y, en 2020, impuso sanciones contra la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, por «intentos ilegítimos de someter a estadounidenses a su jurisdicción». A las decisiones estadounidenses se sumaron otras desde América Latina. En abril, y en la única declaración trascendente, cinco países de Prosur (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay) le demandaron a la cidh, después de insinuar su intromisión en asuntos internos, que respete «el legítimo espacio de autonomía» de los Estados. Los cuestionamientos a la cidh vendrían también de gobiernos y sectores de izquierda latinoamericanos molestos por las resoluciones de la Comisión contra políticas de «mano dura» por parte de gobiernos tan disímiles como los de Venezuela, Nicaragua, Chile y Ecuador frente a las movilizaciones y protestas sociales en 2019 y 2020. 

Con ese complejo telón de fondo, en 2020 se desató una fractura más entre el secretario general de la oea y la cidh que puso en riesgo la autonomía de esta última. La negativa por parte de Almagro de aceptar la decisión unánime de los siete comisionados de renovar el mandato de su secretario ejecutivo, Paulo Abrão, expuso en el seno del órgano más prestigioso de la organización la polarización que caracteriza las fisuras interamericanas. 

Por último, cabe mencionar la crisis generada en el bid a partir del proceso de elección de un nuevo presidente en octubre de 2020. Aquí confluyeron dos hechos. Uno: el gobierno de Trump decidió asumir el control del banco, que eeuu ayudó a crear y financiar, con el propósito de condicionar la provisión de créditos y limitar la expansión de China en América Latina, en especial en el terreno de los proyectos de infraestructura, energía y tecnología. Dos: América Latina mostró una vez más su disfuncional fractura, que refleja divisiones políticas acumuladas, al carecer de una candidatura de consenso y de peso. En efecto, al presentarse el candidato norteamericano, Mauricio Claver-Carone, se produjeron fisuras regionales notorias. Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay y Ecuador lo apoyaron en forma automática, lo que significó un rechazo a los candidatos presentados por Argentina y Costa Rica. A su vez, entre las cuatro economías más grandes de la región hubo otro clivaje: Brasil y Colombia se manifestaron a favor de la elección estipulada para septiembre y Argentina y México, con el apoyo de Uruguay y Chile, pidieron postergar la votación en el marco de la pandemia. Este grupo cuestionaba el incumplimiento por parte de eeuu del pacto político tácito mantenido desde 1959 de que la Presidencia del bid la ocuparía un latinoamericano. Frente a la imposibilidad de frenar la acción divisionista de eeuu o de obstruir la votación por falta de quórum, Costa Rica y Argentina retiraron sus candidaturas de manera separada, lo que abrió la abstención como única posibilidad. El único candidato en competencia, Claver-Carone, resultó elegido con 30 votos (equivalente a 66,8% de los apoyos), mientras que la abstención obtuvo 16 votos (cinco de ellos de la región: Chile, Argentina, México, Perú y Trinidad y Tobago) y 11 extrarregionales (esencialmente europeos). 

La llegada de un nuevo gobierno demócrata a eeuu en 2021 abre preguntas sobre el futuro funcionamiento y eficacia del bid, sea en función del déficit de legitimidad del proceso electoral de su nueva Presidencia o de los desafíos programáticos que se imponen con la profunda crisis económico-social agravada por el covid-19.

Reflexiones finales

Es de esperar que un esfuerzo para llenar lo que llamamos el vaciamiento latinoamericano no se dé con la misma velocidad con la cual se ha llegado a tal condición. Hemos buscado indicar de qué forma este impulso demoledor, motorizado por una sobrecarga de politización y polarización ideológica, operó en forma simultánea en los ámbitos del regionalismo latinoamericano y del multilateralismo interamericano. Además de la fragmentación ya señalada, nos encontramos en una situación de cooperación reducida, dada la extinción o inoperancia en la práctica de diversos esquemas de integración económica y concertación política que, en su momento, contribuyeron a dar una voz a América Latina y el Caribe en el contexto mundial. 

Parecería un despropósito plantear la mera reconstrucción y replicación de experiencias pasadas. Los próximos dos años serán tiempos de cambios políticos y dinamismo social que tendrán sus reflejos en el tablero político latinoamericano y caribeño. El calendario electoral de 2021 indica contiendas presidenciales en Ecuador, Perú, Honduras, Nicaragua, Chile y Costa Rica, y elecciones de medio término en Argentina y México. En 2022, lo mismo ocurrirá en Colombia y Brasil. Paralelamente, en diferentes países como Chile, Bolivia y Cuba surgen procesos novedosos de representación, organización política y agenda de derechos. Aun cuando sea cierto que este es un panorama que indica vigor democrático, es incierto si se evitarán los caminos turbulentos y, por momentos, de legalidad dudosa que se repiten en la vida política de la región. 

En el ámbito internacional, serán diferenciados los puntos de equilibrio y los márgenes de autonomía frente a las presiones/oportunidades que provienen de la doble dependencia respecto de China y eeuu. Se hace previsible una presencia ampliada de China en los esfuerzos de recuperación económica en América Latina y el Caribe, ya sea vía canales bilaterales o vía nuevos compromisos en los ámbitos multilaterales regionales como Celac o Cepal. También se hace previsible un escenario de incentivos para fortalecer los compromisos de la región con el universo normativo liberal liderado por Washington, con el probable endoso de la ue. Hay indicios de que vendrá un impulso hacia un interamericanismo renovado a partir del gobierno de Joe Biden, con especial atención a los temas de derechos humanos, protección ambiental y migraciones. No parece previsible que este «revival» implique reducir la influencia combinada de la base electoral latina de la Florida y el Comando Sur15. La decisión de la nueva administración de postergar para el segundo semestre de 2021 la Cumbre Hemisférica significa sumar un tiempo prudencial para ordenar la agenda y preparar el terreno. También servirá para que se tenga más claro el entrecruzamiento entre los canales de negociación y diálogo eeuu-América Latina y el Caribe y las expectativas estratégicas de Washington en la región. Está claro que habrá prioridades, como ya se indicó con el anuncio de la Alianza para la Prosperidad, un programa de cuatro años y 4.000 millones de dólares para atender las causas de la migración desde Centroamérica y que empata con el Plan de Desarrollo Integral impulsado desde la subregión junto con la Cepal. 

Cuando observamos la actual situación regional a la luz de los análisis y diagnósticos recientes, está claro que somos muchos los que constatamos el vaciamiento latinoamericano con enorme desasosiego. Junto con las aportaciones recientes de los autores que siguen los temas regionales, concluimos que la coyuntura crítica que se impone con la pandemia de covid-19 amplió aún más la grieta entre regionalismo y regionalidad.

El año 2020 vendrá a representar un punto de inflexión para el regionalismo latinoamericano y caribeño, ciertamente su momento de menor expresión política en una coyuntura en que se lo necesita mucho. En este texto procuramos resumir los hechos y procesos que condujeron a este vaciamiento. Si bien el pesimismo de la razón deja poco lugar para el optimismo de la voluntad, consideramos necesario buscar horizontes constructivos que den impulso a otro tipo de tendencia.

Destacamos como conclusión seis rutas de escape que deberían orientar este esfuerzo: a) coordinación intergubernamental regional para lidiar con la pandemia de covid-19 y sus dramáticos impactos económico-sociales; b) diálogo político de carácter regional con el gobierno de Venezuela, los sectores políticos de oposición y las organizaciones sociales de este país, en especial para apoyar una salida pacífica, plural y socialmente inclusiva para la ciudadanía de este país; c) apoyo al proceso de paz en Colombia, cuyo freno y erosión conllevan el riesgo de que el Acuerdo de 2016 se transforme en letra muerta; d) atención de la gravísima situación humanitaria que afecta a los flujos de migrantes, refugiados y desplazados tanto en Mesoamérica como en Sudamérica, hoy más urgente por la pandemia; e) esfuerzos para que las instituciones interamericanas recobren representatividad, legitimidad y funcionalidad, con el propósito de que operen como espacios de diálogo y búsqueda de intereses comunes y no de aquiescencia al proyecto de poder de eeuu; y f) énfasis en la necesidad de que América Latina y el Caribe reaccionen al aislamiento y la irrelevancia en el plano internacional, sea desde los espacios mini y multilaterales, desde las instancias soberanas de las políticas exteriores de sus países o desde iniciativas de actores no gubernamentales y movimientos sociales. Para superar el aislamiento y la irrelevancia, es crucial que el regionalismo se pueda reactivar a partir de acciones que reflejen intereses comunes, tangibles y factibles con atención a los temas de máxima urgencia.

Nota: este ensayo es una versión sintética de un documento de trabajo sobre el estado y las perspectivas de las relaciones internacionales de América Latina y el Caribe en elaboración para la Fundación Friedrich Ebert. Agradecemos la asistencia de Lara Duboscq.

  1. Bruce Jones y Susana Malcorra: Competing for Order: Confronting the Long Crisis of Multilateralism, University School of Global and Public Affairs, Brookings, 2020.
  2. Frederic Kliem: «Regionalism and Covid-19: How eu-asean Inter-Regionalism Can Strengthen Pandemic Management», informe de políticas, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapur, 2020.
  3. Natalia Saltalamacchia Ziccardi: «La Celac y su vinculación con actores extrarregionales» en Wolf Grabendorff y Andrés Serbin (eds.): Los actores globales y el (re)descubrimiento de América Latina, Icaria, Barcelona, 2020.
  4. G. González González: «¿Qué se espera del rol del México en el Consejo de Seguridad de la onu?» en Nueva Sociedad, edición digital, 2020, www.nuso.org; M. Hirst y Tadeu Morato Maciel: «O tripé da política externa brasileira no governo Bolsonaro» en Boletim OPSA No 3, 7-9/2020.
  5. C. Romero: «Venezuela: un país bloqueado» en América Latina. El año político 2019, Les Études du ceri No 245-246, 1/2020.
  6. M. Hirst, C. Luján, C. Romero y J.G. Tokatlian: «La internacionalización de la crisis en Venezuela», Fundación Friedrich Ebert, Buenos Aires, 7/2020, disponible en http://library.fes.de/pdf-files/nuso/16444.pdf.
  7. Sandra Borda: «Colombia y la crisis venezolana: una estrategia fallida» en Nueva Sociedad No 287, 5-6/2020, disponible en www.nuso.org.
  8. . Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): «Pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe en la recuperación pos-covid-19», Informe Especial Covid-19 No 8, 15/10/2020.
  9. Cepal: «Los efectos del covid-19 en el comercio internacional y la logística», Informe Especial Covid-19 No 6, 6/8/2020.

10 Alberto van Klaveren: «Regionalism in Latin America: Navigating in the Fog», Working Paper Series No 25, SECO/WTI Academic Cooperation Project, 2018; Federico Merke: «Lo que sabemos, lo que creemos saber y lo que no sabemos sobre América Latina» en Pensamiento Propio No 45, 2018; W. Grabendorff y A. Serbin (eds.): Los actores globales y el (re)descubrimiento de América Latina, cit.; José Antonio Sanahuja: «La crisis de integración y el regionalismo en América Latina: giro liberal-conservador y contestación normativa» en Manuela Mesa (coord.): Ascenso del nacionalismo y el autoritarismo en el sistema internacional. Anuario CEIPAZ 2018-2019, CEIPAZ, Madrid, 2020.

  1. Gerardo Caetano, Camilo López Burian y C. Luján: «Liderazgos y regionalismos en las relaciones internacionales latinoamericanas» en Revista cidob d’Afers Internacionals No 121, 2019.

12 J.G. Tokatlian: «El descalabro del sistema interamericano» en Nueva Sociedad edición digital, 9/2020, www.nuso.org.

  1. Edward Knudset: «No Going Back? A Transatlantic Cooperation Agenda under Biden», Hertie School, Jaques Delors Centre, 2020.
Publicado enInternacional
Elecciones en Bolivia: el MAS se fragmenta y los golpistas retendrían lugares claves

A casi una semana de las elecciones subnacionales, la ex presidenta del senado Eva Copa y actual candidata de "Jallalla" desafía a Evo Morales y se transforma en la candidatura más relevante de estas elecciones. Golpistas retienen posiciones estratégicas y amenazan conquistar algunas más. El voto del MAS se fragmenta en medio de una campaña electoral conservadora y conciliadora.

 

El domingo 7 de marzo se llevarán a cabo las elecciones subnacionales. Se elegirán a representantes de gobernaciones, de alcaldías, además de asambleístas y concejales para los nueve departamentos y 339 municipios del país. Las disputas más marcadas se expresan en las ciudades capitales del eje central así como en ciudades intermedias como Huanuni, Lllallagua, Achachi, Montero y otras.

Mientras diversos analistas señalan que los votos en estos comicios serán fuertemente influenciados por las interpretaciones que las y los votantes tienen del 2019 y se abren preguntas de hasta qué punto los resultados expresarán (o no) una continuidad de las elecciones generales del 28 de octubre -en las que el MAS logró un nuevo gobierno con el 55% de los votos- lo cierto es que las elecciones subnacionales tenderán a expresar dos fenómenos combinados, de continuidad y discontinuidad, por lo mismo, aparentemente contradictorios.

El factor de continuidad, con respecto a las elecciones nacionales del 18 de octubre, se da en el sentido de que se mantendrá la polarización entre los que votaron al MAS -como una expresión de rechazo a todo el bloque golpista- y, los que votaron a las distintas variantes de derecha y centro derecha del golpismo, como rechazo al MAS. Sin embargo, dentro de esa “continuidad” hay elementos importantes de “discontinuidad” en el sentido que no todo esos votos del MAS se quedarán para este partido ya que se han venido profundizando y visibilizando tensiones y disputas internas y un cierto grado de fragmentación. El fenómeno de Eva Copa, que analizaremos más abajo, muestra, no sin contradicciones, esto último.

Sucede que al tratarse de elecciones departamentales y municipales han surgido y se han hecho visibles una diversidad de agrupaciones ciudadanas que tenderán a fragmentar el voto antigolpista. En este sentido, la discontinuidad se expresa en la perspectiva, según señalan las últimas encuestas, de que el voto del MAS se fragmente, aumentando las posibilidades de que los sectores afines al golpismo puedan retener alcaldías y gobernaciones importantes.

De esta manera, la situación hacia las subnacionales sigue expresando lo que se desnudó y profundizó a partir del golpe de Estado y es un escenario de profunda polarización política y social.

Según encuestas se fragmenta el voto del MAS

La última encuesta de intención de votos es la realizada por la empresa Ciesmori, encargada por la red televisa UNITEL y sus resultados fueron difundidos el viernes 25 de febrero por la noche. La recolección de datos fue vía telefónica y la ficha técnica indica que cuenta con un nivel de confiabilidad del 95%. Se consultó a 2595 personas, del eje troncal del país (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba), con cobertura urbana y rural durante el periodo del 15 a 22 de febrero.

Los resultados arrojados por Ciesmori muestran que a nivel de las 4 alcaldías de las ciudades capitales del eje troncal (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz) el MAS no ganaría en ninguna. Con relación a las gobernaciones, el MAS ganaría en Cochabamba y La Paz, aunque el resultado de esta última puede llegar a depender de una segunda vuelta. La gobernación de Santa Cruz quedaría en manos del ultra derechista Luis Fernando Camacho, un personaje que fue clave en la articulación del golpe de Estado y que expresa el avance de una derecha más militante y que se precia de ser una alternativa a los viejos políticos del país.

Hay que decir que en realidad estos posibles resultados no son tan nuevos. Es decir, el MAS por ejemplo ya desde el 2009 había perdido el control de la gobernación del Departamento de La Paz. En cuanto a las alcaldías de las ciudades capitales de este departamento, desde el 2010 ya había perdido la alcaldía paceña y desde el 2015 la alcaldía de El Alto que quedó en manos de Soledad Chapetón de Unidad Nacional (UN). Así también por ejemplo, la gobernación de Santa Cruz el MAS no la tuvo nunca.

Desde este punto de vista que el MAS no conquiste las alcaldías del eje central y tampoco la gobernación de La Paz significa que mantendría, de alguna manera, las posiciones en el Estado que retenía hasta antes del golpe del 2019, pero con una diferencia importante: Luis Arce Catacora, aunque llegó el gobierno con el 55% de los votos, no goza de la misma fuerza y autoridad política con la que contaba Evo Morales.

El eje central: la clave de las disputas

El candidato del MAS para la gobernación de La Paz, Franklin Flores, se ubica en primer lugar con el 23,3 % de la intención de voto, seguido muy de cerca por el candidato de “Jallala” Santos Quispe con 17% y en tercer lugar, soplándole la nuca, se encuentra Rafael Quispe (el Tata Quispe) candidato del frente “Por el Bien Común- Somos Pueblo” (PBC-SP) con 16.7%.

La particularidad de la disputa por la gobernación del Departamento de La Paz radica en que los 3 candidatos con mayor intención de voto son de origen aymara y los 3 están tratando de hacer pesar, en esta elección, su identidad.

Santos Quispe, hijo del recientemente fallecido Felipe Quispe “El Mallku”, intenta capitalizar el espacio político del indianismo radical que había conquistado su padre a lo largo de su vida. Recordemos que la candidatura de Felipe Quispe había logrado entusiasmar a vastos sectores populares y humildes, fundamentalmente de origen aymara, en el Departamento de La Paz, como ya había sucedido en la elección del 2002 donde con la sigla Movimiento Indígena Pachakuti había conquistado 6 diputaciones en el Parlamento. Para las subnacionales se tenía por descontada su victoria, no solo por su ubicación antigolpista sino también por toda su historia como uno de los máximos exponentes del indianismo aymara. Esta aspiración se vio truncada debido a que falleció en enero por un paro cardiaco.

La muerte de Felipe Quispe provocó un vacío no solo para el potencial electorado sino particularmente para su agrupación ciudadana Jallalla que ante la pérdida de su líder determinó nominar a su hijo, Santos Quispe, como candidato a gobernador. Sin embargo, es indudable que las ideas no se transmiten por los genes y Santos Quispe está aún muy lejos de las peleas que dio su padre.

En cuanto al Tata Quispe recordemos que es un ex funcionario del gobierno de facto de Jeanine Áñez y su candidatura se encuentra en vilo debido a una reciente sentencia judicial por “calumnias” contra Felipa Huanca, ex funcionaria del Fondo Indígena, del MAS. Esto podría significar que en las próximas horas el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determine su inhabilitación.

Por su lado Franklin Flores, ex diputado y ex concejal del municipio de Sica Sica, apoya su candidatura en haber sido el único que ha debatido la misma con las bases y que logró, gracias a eso, el apoyo de “2000 comunidades”. Es decir, se reivindica como un candidato producto del consenso y no resultado del “dedazo” de Evo Morales. Recordemos que Flores, el 31 de enero, afirmó a medios de prensa que era más difícil ser candidato del MAS que ganar una elección, en referencia a las feroces disputas entre los diversos caudillos de este partido.

Ahora bien hay que señalar que según esta encuesta, para la gobernación de La Paz, los indecisos llegarían a 18,1 %, nulos 1,8% y blancos 8,6% lo que hace pensar que puede haber importantes sorpresas el día de la elección, dejando abierta la posibilidad de una segunda vuelta.

En Cochabamba, Humberto Sánchez del MAS se ubica en el primer lugar con 34% de intención de voto dejando en segundo lugar, y muy por encima, a Henry Paredes de “Súmate” que alcanzaría una votación de 8,8%. Igualmente llama la atención la cantidad de indecisos que para este departamento superan el 20%. Sin embargo hay que decir que según las estimaciones con votos válidos, éstas ubican a Sánchez con el 59% asegurando la victoria de esta gobernación para el MAS.

En Santa Cruz, Luis Fernando Camacho se ubica cómodamente en el primer lugar con el 40,1 % y le sigue el candidato del MAS, Mario Cronenbold, con 24,8 %. La apuesta de Evo Morales y el MAS por Cronenbold, quién lejos de llevar adelante una dura lucha política contra la madriguera del golpismo, se dedicó a hacer una campaña basada en la gestión, las obras y la conciliación con el facho Camacho a tal punto que, en noviembre de 2020, amenazó con renunciar a su candidatura si el Gobierno de Luis Arce Catacora iniciaba proceso penales contra Camacho y los golpistas. Lejos de lo que pensaba el MAS de que con una campaña electoral “amarilla” y conciliadora le iba a dar buenos resultados lo que estamos viendo hoy es que la consolidación con los golpistas se está traduciendo en un importante retroceso electoral.

El MAS pierde en las alcaldías del eje central

A nivel de alcaldías la derrota del MAS, según esta encuesta, sería importante. En la ciudad de Santa Cruz se ubica en primer lugar el candidato de centro derecho, Gary Áñez, de Comunidad Ciudadana (CC) con el 33,7% dejando lejos, en el tercer lugar, a la candidata del MAS, la ex senadora Adriana Salvatierra con un 10,2%. Hay que señalar que Adriana Salvatierra, optó por una campaña casi farandulera y muy al estilo tik tok pero al mismo tiempo tan conservadora, como Cronembold, llegando incluso a hacer suyo el slogan, derechista y anti derechos de las mujeres, de “defender la vida” cuando fue consultada si estaba a favor del aborto.

En Cochabamba, lidera la intención de voto el ex Capitán de las FF.AA, Manfred Reyes Villa con el 50,3%. Recordemos que Reyes Villa es el responsable de las muertes y la violencia ocurrida el 11 de enero de 2007, en la masacre de Cochabamba, cuando ejercía como gobernador. Con el Gobierno de Evo Morales, Reyes Villa salió al exilio y regresó luego del golpe de Estado de noviembre del 2019, recibido por Luis Fernando Camacho y los paramilitares de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Sin embargo, mientras escribimos esta nota, el Tribunal Supremo Electoral resolvió inhabilitar la candidatura de Reyes Villa de “Súmate” debido a una sentencia ejecutoriada. Sin embargo, más allá de que Reyes Villa continué o no en la carrera electoral, debido a que apelarán esta resolución, lo cierto es que el voto derechista es probable que se mantenga dejando muy lejos, en el segundo lugar, al candidato del MAS, el ex Defensor del Pueblo, Nelson Cox, con el 17,7%.

La candidatura de Cox, apadrinada por Evo Morales, fue el ensayo al igual que en Santa Cruz de hacer una campaña que intente seducir a las clases medias cochabambinas, en este caso, con una figura de clase media y defensora de los derechos humanos. Sin embargo, hay que decir que Cox terminó siendo impuesto como candidato en lugar de Joel Flores, quien fue propuesto por los vecinos de K’ara K’ara que protagonizaron una destacada resistencia al gobierno golpista durante el 2020. Esto explica la deslucida campaña electoral del MAS debido a las fisuras internas que han aflorado luego de la caída de Evo Morales; estas fisuras, como en el caso de Cochabamba, expresan fracturas no solo políticas sino también de clase.

El perfil de un candidato de K’ara K’ara hubiera obligado al MAS a estar más a izquierda pero como estamos viendo no es el caso. La campaña electoral del MAS está basada fundamentalmente en promesas de hacer “gestión” y cada vez más desvinculada de los grandes problemas nacionales donde el golpe de Estado del 2019 ocupa un lugar central.

En la ciudad de La Paz se ubica en primer lugar Iván Arias, ex ministro de Obras Púbicas del gobierno golpista de Áñez, que hoy encabeza el frente “Por el Bien Común- Somos Pueblo” y obtendría una votación de 50,8%. Arias dejaría en segundo lugar, con una diferencia de más del 25%, al candidato del MAS, el ex militar y ex Gerente de la empresas de transportes “Mi Teleférico”, Cesar Dockweiler, que tendría una intención de voto de 24,3%.

En sintonía con la lógica conciliadora del MAS, Dockweiler era un intento de presentar un candidato “potable” para las clases medias paceñas, por su pasado militar y su papel en la gestión de los teleféricos así como por tener un perfil “menos político y más técnico”. Lo cierto es que, según los resultados, no habría logrado seducir a estas clases medias que como señalamos, y ese es un elemento de continuidad: prima el voto contra el MAS. Prefieren a Arias que fue uno de los responsables de la criminal gestión del gabinete de Áñez durante la pandemia y que además expresa muy bien el “transfuguismo político”. Es decir, Arias es parte de la vieja casta política en la que las ideas no valen nada lo que lo llevó a haber recorrido prácticamente todos los partidos desde su juventud.

Un lugar destacado, en estas elecciones subnacionales, lo ocupa el caso de la alcaldía de El Alto. El candidato del MAS, Zacarías Maquera, perdería contundentemente con 6,7% frente a Eva Copa, ex presidenta del senado por el MAS y hoy candidata de “Jallalla”, que ganaría la alcaldía alteña con 74,9% de los votos.

Caudillismos locales fragmentan el voto del MAS: El fenómeno “Eva Copa” el caso más representativo

El Alto lo que expresa es en última instancia una interna de caudillos del MAS, pero de forma abierta y pública. Desde este punto de vista, todo lo que viene afirmando la prensa hegemónica de que Eva Copa significaría la “sepultura” del MAS es falso. Eva Copa es el MAS.

El que Eva Copa haya dejado el MAS para ser candidata de Jallalla no expresa necesariamente diferencias políticas con el MAS sino que sería el resultado de un ajuste de cuentas con Evo Morales. Eva Copa logró notoriedad luego del golpe de Estado y tras la huida en desbandada de Morales, del ex vicepresidente García Linera y de la ex presidenta de senadores Adriana Salvatierra. Esta situación llevó a que Eva Copa asumiera la presidencia de la cámara de senadores, convirtiéndose de esta manera en el canal obligado de la política del MAS, que contaba con 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y conquistando un espacio político que hoy busca transformar en votos.

Tanto en la legalización de los golpistas del 17 de noviembre del 2019, como en la rebelión antigolpista de agosto del 2020, Copa fue la artífice de la política de conciliación que desplegó Morales desde Argentina y Arce como candidato presidencial en Bolivia.

Recordemos que no solo Copa evitó hablar de golpe de Estado, incluso lo negó, sino que también, el mismo presidente Arce, durante su campaña electoral calificó al gobierno golpista de Áñez de “Constitucional”. Lejos de existir diferencias políticas entre Copa y Morales, lo que hay es una disputa entre caudillos locales, expresadas en las candidaturas y no una orientación divergente frente a cómo actuar ante los golpistas. Ya que en los hechos, desde Eva Copa, pasando por Evo Morales hasta el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, todos apuestan a continuar la política de negociación y pactismo con el bloque golpista.

Con todo esto, no es extraño entonces, que dirigentes de las Bartolinas -“Confederación Nacional de Mujeres Indígena Originario Campesinas de Bolivia - Bartolina Sisa”-, como Segundina Flores, hayan calificado como un error el no haber nominado a Copa como candidata del MAS, deseándole no solo un pronto retorno al partido sino también suerte en la futura gestión de la ya asegurada alcaldía de El Alto.

Dicho en otras palabras, Eva Copa expresa un desafío al caudillismo de Evo Morales quien se dedicó a nominar o alentar a diversos candidatos que no pudieran hacerle “sombra” dentro del partido, desplazando a Copa por un verdadero desconocido: el “Ratuki” (Zacarías Maquera). La jugada, empero, no salió como pensaba Morales, sino que la decisión de dejarla afuera alentó a la ex presidenta del Senado a buscar que sean las urnas quienes diriman la disputa. No por nada los slogans más fuertes de su campaña y que la estarían llevando a arrasar con los votos para la alcaldía alteña enfatizan por un lado el romper con la “tradición” de que los cargos los ocupen los ´amarra huatos´, en referencia a funcionarios que llegaron al extremo de atarle los zapatos a Morales cuando era presidente. Y, por otro lado, el reivindicar que ella en lugar de huir como lo hizo toda la cúpula masista durante el golpe, se quedó “con su gente”. Esto se expresa muy bien en una reciente declaración de Eva, que se difundió ampliamente en la prensa y redes, durante su campaña:

Ahora bien, en las perspectivas se puede prever que tanto Arce desde el gobierno central como Eva Copa desde la alcaldía de El Alto, trabajarán juntos para hacer gestión y “contrarrestar” aunque sea parcialmente, las presiones de un desgastado Evo Morales cuyas maneras de hacer política alejan a las clases medias. En un reciente discurso de campaña en Trinidad, Morales afirmó que de ganar la gobernación del Beni, el MAS, empezará nuevamente las obras para construir la carretea sobre el TIPNIS, levantando con esto el repudio no solo de amplios sectores de clases medias “progres” sino también de sectores indígenas que ven como una amenaza tal carretera y por lo cual enfrentaron al MAS a partir del 2010.

Las declaraciones de Morales, dificultan los esfuerzos de Arce y el MAS de estabilizar su gobierno sobre la base de intentar mostrar un perfil más dialoguista y alejado de los métodos autoritarios de la pasada gestión de Evo. Recientemente incluso emitieron un comunicado en el que rechazaban la instrumentalización de empleados públicos para las campañas a diferencia de lo que sucedía cuando gobernaba Morales.

Mientras importantes sectores de la población creen ver en Eva Copa un signo de renovación del MAS y a Jallalla como la expresión de la etnicidad aymara lo cierto es que Eva Copa como lo señalamos anteriormente, solo representa un desafío a Evo Morales para llevar adelante las mismas políticas de conciliación sin tener que pedirle permiso al “Jefazo”. Por su parte, Jallalla en los hechos ha devenido en un trampolín para catapultar a representantes de las más diversas políticas en tanto sean de origen aymara. No hay que olvidar que el reciente fallecido líder de Jallalla, Felipe Quispe, calificó de traición la labor de los parlamentarios del MAS –que estaban a la cabeza de Eva Copa- durante la rebelión antigolpista de agosto. Sin embargo parece que primó más la identidad aymara llevando a que meses después se sellara la alianza entre el Mallku y Eva Copa.

En este escenario, desde la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI), agrupación que impulsa La Izquierda Diario, en los lugares en los que estamos presentes llamaremos a votar nulo o blanco. Esto debido a que el conjunto de las expresiones políticas tanto desde los golpistas como desde el MAS y las diversas agrupaciones ciudadanas que se le desprendieron vienen actuando para preservar y mantener intactos los negocios y privilegios de las castas políticas que lucran administrando el Estado y que, en el caso del MAS, lejos de representar un proyecto socialista solo ofrece –como ya lo ha demostrado- una alternativa malmenorista para “contener” un poquito a los proyectos abiertamente reaccionarios y neolibearales.

Por todo esto, llamamos a las organizaciones sindicales y de trabajadores, del campo y de la ciudad, al movimiento de mujeres y de las diversidades sexuales, así como al movimiento indígena, campesino y a la juventud precarizada a empezar a discutir cómo construir una herramienta revolucionaria y anticapitalista, que se proponga derrotar a los golpistas y no convivir y conciliar como lo vino haciendo el MAS desde el inicio de su gobierno a costa de los intereses del pueblo trabajador. Es decir, necesitamos sostener bien alto las demandas de justicia y castigo para las víctimas de las masacres de noviembre y cárcel para los asesinos. Esto sin embargo no es suficiente, necesitamos construir una herramienta política para impulsar la movilización que busque avanzar en afectar la propiedad empresarial, agroindustrial y financiera, que es en última instancia lo que preserva a la derecha y los golpistas.

Por Juana Runa

Militante de la LOR-CI y de Pan y Rosas

Viernes 26 de febrero | 19:52

Publicado enInternacional
La ONU en alerta ante la pasividad de los países contra el cambio climático

Tan solo 75 países han comunicado una actualización de sus compromisos nacionales de reducción de emisiones, lo que supone aproximadamente el 30% de todas las emisiones globales.

 

La Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (UNFCCC, por sus siglas en inglés) ha reclamado a los países que redoblen sus esfuerzos y aumentar su compromiso nacional de contribución a la lucha contra el cambio climático en 2021 si quieren cumplir con los objetivos del Acuerdo del Clima de París.

La organización ha publicado este viernes el 'Informe de Síntesis de los Compromisos Nacionales de Reducción de emisiones (NDC, por sus siglas en inglés)' que muestra como los niveles actuales de ambición climática están "muy lejos" de situarse en el camino con el que se pueden alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, según ha asegurado la secretaria Ejecutiva de Cambio Climático de la ONU, Patricia Espinosa.

De hecho el informe concluye tras analizar los compromisos expresados hasta el 31 de diciembre de 2020, que de momento 75 países han comunicado una actualización de sus compromisos nacionales de reducción de emisiones, lo que supone aproximadamente el 30% de todas las emisiones globales de efecto invernadero.

"Las decisiones para acelerar y ampliar la acción climática en todo el mundo debe ser adoptada. Esto subraya por qué la COP26 debe ser el momento en el que avancemos en la senda hacia un mundo más verde, limpio, saludable y próspero", ha afirmado.

El informe publicado fue solicitado a propuesta de las partes del Acuerdo de París para medir el progreso de los planes climáticos de cada país de cara a la próxima cumbre del Clima (COP26) que se celebrará el próximo mes de noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow (Reino Unido).

El informe muestra como la mayoría de estas naciones han aumentado sus niveles individuales de ambición para reducir las emisiones pero su impacto combinado les sitúa en la senda de lograr una reducción un 1% superior en 2030 comparado con los niveles de 2010.

En un comunicado, la UNFCCC explica que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático por su parte, ha indicado que los rangos de reducción de emisiones para llegar al objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5ºC debería ser incluso un 45% más bajos.

Espinosa ha aclarado que este informe de síntesis es una instantánea pero no da la fotografía completa dado que los retos que ha supuesto el COVID-19 ha supuesto un reto para numerosas naciones con respecto a como cumplir sus compromisos en 2020.

2021, una oportunidad "sin precedentes"

Para la secretaria ejecutiva, el año 2021 supone una oportunidad "sin precedentes" para hacer un progreso significativo en la lucha contra el cambio climático y urge a "todas las naciones" a construir un futuro tras el COVID-19 economías más sostenibles y más resistentes contra el cambio climático.

"Este es un extraño momento que no se puede perder", ha añadido Espinosa que señala que mientras se acomete la reconstrucción no se pude volver a la "vieja normalidad". "Los compromisos nacionales de contribución al cambio climático deben reflejar esta realidad, sobre todo los mayores emisores y en especial los países del G20 que deben liderar este camino", ha señalado.

El presidente entrante de la COP26, Alok Sharma, ha defendido que este informe debería servir para urgir una llamada a la acción. "Estoy pidiendo a todos los países, particularmente a los mayores emisores, que suscriban objetivos ambiciosos de reducción de emisiones para 2030", ha reclamado.

El Acuerdo de París está fallando

En la misma línea, la directora ejecutiva de Greenpeace International, Jennifer Morgan, considera que el informe de síntesis de la secretaría de Cambio climático de la ONU dice una cosa "clara" y es que en este momento el Acuerdo de París está fracasando.

"Nos dirigimos hacia una catástrofe climática. Los gobiernos deben trabajar juntos para dar prioridad a las personas y al planeta sobre los intereses de los combustibles fósiles", ha insistido.

Por ello, exige a los mayores emisores del mundo, Estados Unidos y China, que presenten el mes que viene unas NDC que den "motivos de esperanza".

A su juicio, las "promesas rotas" del Acuerdo de París cuentan la historia de un sistema multilateral "rehén de los intereses de los combustibles fósiles, obstaculizando la acción climática y arriesgando el futuro de todos nosotros".

madrid

26/02/2021 17:49

Europa Press

Publicado enMedio Ambiente
Prensa Diputados – 05/08/2020.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el Proyecto de Ley 219/2019-2020.

Todo parece indicar que su uso es más generalizado que lo evidente, pero hasta el 26 de enero de 2021 no había logrado en Colombia un eco mediático.

En efecto, aquel día los medios oficiosos de comunicación le dieron eco a una conversación que Natalia París, reconocida como modelo, DJ y publicista, sostenía con alguno de sus amigos y en la cual le invitaba a una rumba en un yate. Cuestionada por un periodista por estar invitando en medio de la pandemia a reuniones donde puede generarse infección con el covid-19, su respuesta fue espontánea y franca: (no pasa nada) “Yo tomó dióxido de cloro”.

Su confección no pasó en vano. Como cascada le llovieron rayos y centellas: por un lado, algunos periodistas la trataron de irresponsable por tomar un líquido que no es reconocido por la autoridad médica como remedio para tratar nada; por otro lado, un día después la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó dejar de promocionar el mencionado líquido.

Al mismo tiempo, por redes circularon numerosos comentarios, unos valorando el derecho que tiene la gente a darse opciones para su salud cuando el Estado no responde de manera pronta y adecuada ante una crisis como la que estamos viviendo; pero, además, en cuanto a reconocer y valorar el saber popular, que no puede ser desconocido por una supuesta autoridad científica o de otro orden que en mucho de lo realizado ante la actual crisis pandémica ha demostrado improvisación, desconocimiento y sometimiento ante los interés económicos de los grandes conglomerados farmacéuticos. Por su parte, otros descalificaban el uso de medicamentos no avalados por la autoridad científica.

Paralelamente a estas respuestas, también circularon las de quienes usan y defienden el uso del dióxido de cloro como oportuna solución alternativa para prevenir el contagio infeccioso por covid-19, como para su tratamiento. Una de ellas partió de la doctora Claudia Cepeda, vicepresidenta de la Coalición Mundial de la Salud capítulo Colombia, y en la cual expresa:

“Estamos trabajando fuertemente por defender a nuestros ciudadanos, tenemos presencia en 45 países y somos un poco más de 7.500 médicos en diferentes ramas y en Colombia estamos agendados 440. Alrededor de 800 profesionales de la salud, 350 profesionales en otras áreas inscritos y registrados en la comusav (sede Colombia).


Entre los métodos alternativos, todos ejercemos el consumo del dióxido de cloro (CDS), lamentablemente ninguno lo formula por las prohibiciones y amenazas por parte del gobierno, pero nadie nos puede prohibir contar nuestra historia personal. Mi familia, mis amigos y yo tomamos dióxido de cloro (CDS), pero debo compartir que desde la comusav mundial tenemos una curva científica seria y estructurada, la misma que el invima no ha querido aceptar, nuestros médicos científicos han solicitado en repetidas ocasiones al ministro de salud, al invima, para que abran la investigación sobre el oro líquido para nuestra salud “dióxido de cloro” (CDS), ellos han hecho caso omiso, y sus comunicados carecen de soporte científico, han hecho que nuestros centros hospitalarios violen incluso tratados que se firmaron a favor de los Derechos Humanos como el de Helsinki, el cual se supone está por encima de las Constituciones de todos los países (donde todos los ciudadanos del mundo tienen derecho de implementar sus propios remedios cuando el Estado no está en condiciones de suministrarlo). hoy estamos viviendo esta difícil situación. […]


[…] Hoy no podemos tapar el sol con un dedo, el dióxido de cloro (CDS) no Lo podrán detener, ya que sin temor a equivocarme más de 5 millones de personas en mi país consumimos el preciado oro líquido, tengo amigos que lo toman desde hace 13 años, otros desde hace 10 años, […].


Debo contar que no es una pócima milagrosa. Es una carga de oxígeno puro que le damos a nuestro organismo. Yo era una paciente oxígeno dependiente, requería cipac para dormir; hoy gracias a Dios no lo necesito, tomo dióxido de cloro (CDS), y como yo tengo varios testimonios que soportan lo mencionado.


Tengo testimonios de personas curadas de cáncer, VIH, lupus, niños autistas y más de 1.000 casos soportados con historias clínicas, y ni hablemos de las enfermedades cardíacas y del sistema respiratorio. Tantas enfermedades que han sido superadas gracias a Dios y al dióxido de cloro CDS […].”


En Suramérica

De acuerdo a lo retomado por algunas publicaciones de circulación periódica en el país, en las citadas declaraciones de Natalia París, ella también aludió al beneficio en salud pública logrado en Perú por el uso de CDS, que, de acuerdo a la modelo, sirvió para salvar miles de vidas.

Algo similar sucedió en Bolivia, donde el amplio uso por parte de su población llevó a su Cámara de Diputados el 2 de agosto de 2020 a la aprobación de un proyecto de ley que “[…] regula la elaboración, comercialización, suministro y consentido del dióxido de cloro de manera preventiva y como tratamiento para pacientes de coronavirus”.

La aprobación en cuestión evidencia que el dióxido de cloro es una opción para la salud a la cual acude la gente desde hace tiempo, pero que en la actual coyuntura ganó mayor reconocimiento por los efectos arrojados ante la creciente ola de infectados y muertos por la infección producida por el coronavirus.

La solución alternativa para la salud también ganó espacio en Ecuador, al punto que el 9 de julio de 2020 el impulsor pionero del CDS, Andreas Ludwin Kaleker, fue invitado a participar en un debate sobre esta expectativa para la salud pública en sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de este país, para explicar su potencialidad y valorar la posibilidad de asumirla para contener la creciente del covid-19. En la sesión, donde no hubo acuerdo para su reconocimiento y comercialización, se informó de la realización en Guayaquil, entre el 27 de marzo y 10 abril, de un ensayo con CDS que incluyó un grupo de 104 voluntarios entre 18 y 80 años de edad, y verificado por una organización afin a la que reúne a los médicos alternativos reunidos en la Asociación ecuatoriana de médicos expertos en medicina integrativa (aememi). Tal ensayo, realizado en pleno pico de la pandemia en la capital costera de Ecuador, no fue aceptado como prueba científica por no regirse a los parámetros de la OMS.

En la misma sesión, Kaleker dijo contar con por lo menos 6 mil casos comprobados de resolución positiva de crisis de salud por covid-19.

Una realidad tal tiene asiento también en Colombia con el uso de moringa y otros brebajes caseros, como los procesados a partir de jengibre y otras hierbas, todas con propiedades de estimular las defensas del cuerpo, o el consumo periódico de aspirina para diluir la sangre y con ello impedir su coagulación, facilitando así la oxigenación del cuerpo.

Como es conocido, estos y otros recursos se volvieron más comunes por estos días, no solo en barrios populares sino también en cárceles, espacios donde la salud como fundamental derecho humano es burlada cotidianamente. Estamos ante realidades desconocidas por las prestadoras de salud pública, que abandonaron la prevención y el trabajo de salud territorializado con lo cual ni conocen ni dialogan con los saberes populares.

Pero igualmente estamos ante el seguimiento y el manejo dado por los medios oficiosos a estos medicamentos populares que, para el caso del dióxido de cloro, son descalificados sin argumentos de peso, simplemente amparados en las siglas de la Organización Mundial de Salud, la cual funge como incuestionable autoridad mundial.

Lo cierto de todo esto es que nuestra sociedad debiera reclamar que el Ministerio de Salud y el Invima inviten al personal médico que defiende el uso del CDS a que sustenten y comprueben su eficacia, sin desconocer de primerazo sus argumentos ni criminalizar la comercialización de una forma de enfrentar la infección por covid-19. Al fin y al cabo, como debieran defender los actores sociales alternativos, la ciencia en todo caso no es neutra y responde a poderosos intereses, como lo vemos por estos días en el negociado creado con las vacunas para paliar la citada crisis de salud pública.

El debate está abierto y lo peor que pudiera suceder es desconocerlo, minimizarlo, despacharlo con calificativos y/o criminalizarlo, amenazando con cancelar licencias a quienes defienden posturas diferentes de las difundidas por los grandes medios de comunicación y la OMS.

Publicado enEdición Nº276
Viernes, 26 Febrero 2021 07:52

Estallidos o levantamientos

Estallidos o levantamientos

Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) revela que las clases dominantes, a las que el organismo sirve, esperan estallidos sociales en todo el mundo como consecuencia de la pandemia.

El trabajo Repercusiones sociales de la pandemia, publicado en enero, considera que la historia es una guía que le permite esperar estallidos que ponen de manifiesto fracturas ya existentes en la sociedad: la falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la percepción de incompetencia o corrupción de los gobiernos (https://bit.ly/3qVVhAV).

Gracias a sus amplios recursos, el FMI elaboró un índice de malestar social con base en un análisis de millones de artículos de prensa publicados desde 1985 en 130 países, que reflejan 11 mil acontecimientos susceptibles de causar estallidos sociales. Lo que le permite adelantar que sobre mediados de 2022 comenzará una oleada de protestas que se busca prevenir y controlar.

Lo importante es que el organismo dice a los gobiernos y al gran capital que el periodo que se abre en los 14 meses posteriores al inicio de la pandemia, puede ser peligroso para sus intereses y que deben estar preparados, pero agrega que cinco años después los efectos de los estallidos serán residuales y ya no afectarán a la economía.

La ecuación parece clara: las clases dominantes esperan estallidos, se preparan para encararlos y neutralizarlos, porque por un tiempo pueden desestabilizar la dominación.

Un detalle: el estudio ni siquiera menciona los resultados de eventuales elecciones como riesgos para el capital, quizá porque más allá de quien gane, saben que los gobiernos surgidos de las urnas nunca han conseguido mellar el poder del capital.

Los movimientos anticapitalistas debemos tomar buena nota de las previsiones del sistema, para no repetir errores y prevenirnos de acciones que, a la larga, nos desgastan sin producir cambios. Propongo diferenciar estallidos de levantamientos, para mostrar que aquéllos no son convenientes, pero éstos pueden serlo si son fruto de una sólida organización colectiva.

Los estallidos son reacciones casi inmediatas a los agravios, como los crímenes policiales; generan una enorme y furiosa energía social que se desvanece en pocos días. Entre los estallidos, está el sucedido durante tres días de septiembre en Bogotá, ante el asesinato por la policía de un joven abogado con nueve fracturas de cráneo.

La represión causó la muerte de más de 10 manifestantes y 500 heridos, alrededor de 70 por bala. La justa rabia se ubicó en los Centros de Atención Inmediata, sedes policiales en las periferias, 50 de las cuales fueron destruidas o incendiadas. Luego de tres días, la protesta se desvaneció y no quedaron colectivos organizados en los barrios más afectados por la violencia estatal.

Ejemplos de éstos hay muchos, pero me interesa destacar que los estados aprendieron a lidiar con ellos. Sobrexponen la violencia en los medios, crean grupos de estudio sobre las injusticias sociales, mesas de negociación para simular interés y hasta pueden separar a algunos uniformados de sus tareas, enviándolos a otros sitios.

Lo más común es que los gobiernos acepten que hay injusticias, en general, y que atribuyan la violencia de los estallidos a la precariedad del empleo juvenil y otras consecuencias del sistema, sin abordar las causas de fondo.

Levantamiento es algo diferente. Un cuerpo organizado decide su comienzo, traza los objetivos y los modos, los puntos de concentración y de repliegue, y en diálogo colectivo decide el momento en que el levantamiento finaliza. El mejor ejemplo es el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019 en Ecuador. Duró 11 días, fue decidido por las bases de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador y se plegaron sindicatos y jóvenes de las periferias urbanas.

La violencia fue acotada por las guardias de las organizaciones, que impidieron saqueos inducidos por policías infiltrados. Se decidió finalizarlo en enormes asambleas en Quito, luego de que el gobierno de Lenín Moreno anuló el paquete de medidas neoliberales que generó la movilización. El parlamento indígena y de los movimientos sociales creado días después, fue el encargado de darle continuidad al movimiento.

Un levantamiento puede reforzar la organización popular. En Chile, donde prefieren decir revuelta y no estallido, se crearon más de 200 asambleas territoriales durante las protestas en casi todos los barrios populares.

La acción colectiva masiva y contundente debe reforzar la organización, porque es lo único que puede darle continuidad en el tiempo largo. Las clases dominantes aprendieron hace ya tiempo a capear los estallidos, porque saben que son efímeros. Si nos organizamos, las cosas pueden cambiar, pero nada lograremos si creemos que el sistema caerá con una sola trompada.

Publicado enSociedad
Viernes, 26 Febrero 2021 05:57

Haití: deriva autoritaria y Estado mafioso

Haití: deriva autoritaria y Estado mafioso

La discusión sobre el fin del mandato constitucional de Jovenal Moïse ha vuelto a incendiar Haití. Mientras, el presidente asume una deriva autoritaria y represiva. Pero, detrás de esta crisis, aparece un creciente control del territorio haitiano por parte de bandas armadas, con la complicidad del gobierno, y un Estado de tipo mafioso.

 

La situación de Haití se caracteriza por una doble impostura: la de un presidente, Jovenel Moïse, que se declara aún presidente del país cuando su mandato finalizó el 7 de febrero de 2021, y la de una comunidad internacional representada esencialmente por Estados Unidos, que apoya el camino de una nueva dictadura en Haití.

Es imposible entender la tragedia que vive Haití sin preguntarse sobre el origen de semejante situación. En las líneas que siguen trataremos de explicarla recordando lo establecido en la Constitución haitiana de 1987 y describiendo cómo se pretende eliminar las conquistas democráticas logradas por el pueblo haitiano desde la caída de la dictadura de los Duvalier (1957-1986) e iniciar pues un proceso de desdemocratización con la complicidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), gracias a las acciones de Helen La Lime, coordinadora de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH, por sus siglas en francés), y de Michele Sison, embajadora de Estados Unidos en Haití, en apoyo de Moïse.

La relación con las leyes

La Constitución haitiana prevé en su artículo 134-2 que el mandato del presidente no comienza en la fecha de asunción sino de su elección. Es sobre esta base que debe considerarse el mandato de cinco años del Presidente de la República. Concretamente, el presidente debería haber asumido el 7 de febrero de 2016; por ende, ello hace que su mandato comience precisamente en esa fecha mediante esa ficción jurídica establecida por la carta Magna para mantener inalterables los periodos constitucionales. Esto significa que el mandato de cinco años de Moïse concluyó el 7 de febrero de 2021 y no que terminará en febrero de 2022, como él sostiene debido a que tardó un año en asumir debido a las irregularidades en los comicios, las protestas subsiguientes y la repetición de las elecciones. Moïse fue elegido en octubre de 2015 con una participación del 20% del padrón electoral y las elecciones fueron repetidas en noviembre de 2016 (no obstante, la mayoría de los constitucionalistas coinciden en que se trata del mismo proceso electoral, de ahí que debería haber concluido su mandato). Cabe destacar también que el aún mandatario llegó a la presidencia con menos de 600.000 votos en un país con 11 millones de habitantes. Y Hoy denuncia que un golpe de Estado de «un pequeño grupo de oligarcas». Sectores opositores declararon al juez del Tribunal Supremo Joseph Mécène Jean-Louis para liderar la transición, pero este no tiene reconocimiento por parte de la comunidad internacional.

Pero, ¿existe realmente un conflicto constitucional sobre su continuidad en el cargo? Aunque hay discusiones sobre el tema, Moïse las saldó al disolver la 50 Legislatura en enero de 2020 aplicando el mismo criterio que ahora dice que no rige para él. Así, ¿existiría una doble vara en la aplicación del artículo 134-2? A partir de entonces, gobernó sin Congreso y de manera cada vez más dictatorial. Por eso, es posible afirmar que estamos en presencia de un verdadero autogolpe, dado que el artículo 134-3 prevé que en ningún caso un presidente puede prorrogar su mandato. Un editorial de The Washington Post del 19 de febrero de 2021 señalaba con precisión: «El presidente niega ser un dictador pero sus acciones sugieren lo contrario. Su mandato expiró el domingo pasado [7 de febrero de 2021]. Sin embargo, dice que permanecerá en el poder un año más…». La Constitución haitiana fue justamente concebida para impedir cualquier veleidad de regreso a una dictadura, ya que los 30 años de la sangrienta y retrógrada dictadura de François y Jean-Claude Duvalier siguen representando una pesadilla para la generación de fines del siglo XX.

Para lograr dirigir el país solo y sin controles, Moïse puso en práctica otro método: no celebrar las elecciones legislativas y municipales de cuyo desarrollo era responsable. Se convirtió a la vez en poder ejecutivo y legislativo, y emitió unos cuarenta decretos, y transformó a los alcaldes en «agentes interinos del ejecutivo». Mientras tanto, redujo por decreto las facultades de control del Tribunal Superior de Cuentas, lo que le permite realizar gastos a su antojo, especialmente para consolidar su poder dictatorial. Yendo aún más lejos en el desprecio por las leyes del país, Moïse creó un consejo electoral compuesto únicamente por miembros de su partido (Tèt Kale [cabezas calvas]), al que le confió la facultad de organizar un referéndum para elaborar una nueva Constitución a su medida, que podría, por ejemplo, abolir el Senado. Al estar prohibida la reforma de la Constitución por referéndum, Moïse declaró que lo que hará será redactar una nueva Carta Magna, no reformar la actual.

Al gobierno le quedaba controlar los tribunales de casación. Simulando un golpe de Estado precisamente la noche anterior al fin de su mandato (del 6 al 7 de febrero), Moïse hizo detener ilegalmente en plena noche a un juez de casación junto a otras 23 personas acusadas de complicidad. Otros tres jueces de casación fueron destituidos ilegalmente.

Las prácticas represivas 

Ninguna dictadura puede funcionar sin una panoplia de prácticas represivas. Se trata ante todo de silenciar al pueblo y a los eventuales opositores. Es exactamente lo que los Duvalier debieron hacer para permanecer tres décadas en el poder. El desmantelamiento de las instituciones y el desprecio por las leyes van de la mano con la destrucción física de los opositores. Los cuatro años de Moïse en la presidencia se distinguen por una serie de masacres perpetradas todas en bidonvilles de Puerto Príncipe. 

El fenómeno de las bandas que se propaga actualmente a todo el país es apoyado abiertamente por el poder: suelen pasearse con armas de guerra con la protección cómplice de la policía. Incluso reciben armas del Ministerio del Interior, tal como sucedió especialmente durante la masacre de La Saline en la que fueron ejecutadas sesenta personas, entre ellas mujeres y niños. Estas masacres fueron documentadas por las asociaciones de derechos humanos (Red Nacional de defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), Fundación Jékléré, Centro de Análisis e Investigación de los Derechos Humanos (CARDH)), así como por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Con alianzas de bandas armadas como la denominada G9, los secuestros se vuelven habituales, al punto que nadie sabe en qué momento puede ser secuestrado y torturado en calabozos dispuestos en las zonas liberadas. Solo en el mes de enero, se registraron al menos sesenta secuestros, y en 2020, 786, en los cuales se pidieron rescates extremadamente elevados. 

Entre los decretos más cuestionados emitidos por Moïse, descubrimos la famosa Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) integrada por agentes que están por encima de justicia, la policía y la administración, en el sentido de que se les prohíbe comparecer ante la justicia, ya que solo rinden cuentas al presidente de la República. Siempre ávido de grupos armados, Moïse reconstruyó al ejército (desmantelado en 1994 con el retorno del exilio del presidente Jean-Bertrand Aristide) proveyendo armas a 485 hombres a los que les ha asignado tareas de policía. Más recientemente, lanzó un grupo denominado Brigada de seguridad de áreas protegidas (BSAB), que pueden usar sus armas para defender al gobierno. En cuanto a la policía, devino en gran medida una policía política, ya que algunas secciones son indiscernibles de los delincuentes, a tal punto que estos últimos llevan el uniforme de la policía mientras realizan secuestros.

«Economía de violencia»

Moïse llegó al poder en 2017 luego de elecciones cuestionadas tras haber sido elegido por el ex presidente Michel Martelly como candidato de su partido, con el fin de asegurarse la impunidad. ¿Por qué? Resulta que durante el mandato de Martelly se descubrió la dilapidación de más de 4.000 millones de dólares, un préstamo ofrecido por Venezuela para ayudar a Haití a salir de la pobreza. Los primeros reclamos presentados al gobierno de Moïse exigían el inicio de un proceso judicial por el robo del Fondo Petrocaribe, tras la publicación, por parte del Tribunal Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo, un informe detallado en el cual el propio Moïse estaba mencionado.

Diversas asociaciones defienden en todo el país la necesidad de un proceso judicial por el Fondo Petrocaribe, ya que remite al mismo tiempo a un sistema de corrupción que atraviesa todos los secretos del Estado y en el cual participan varios miembros del partido Tèt Kale. Este poder sirve como un escudo contra cualquier rendición de cuentas. Para debilitar los reclamos populares, fue necesario primero mantener aterrorizadas a las masas de desocupados de los barrios marginales a través de las reiteradas masacres que bandas armadas pueden realizar con total impunidad con el apoyo de policías y el Ministerio del Interior.

En el momento de escribir este artículo, casi todas las fuerzas vivas del país, de diferente signo ideológico, se oponen a la permanencia de Moïse en el poder. Ya sean los sindicatos en su conjunto, la Conferencia Episcopal, la Federación Protestante, todas las asociaciones de derechos humanos, movimientos estudiantiles, la Federación de Colegios de Abogados, el Consejo Superior del Poder Judicial, movimientos campesinos, y todos los partidos políticos con excepción, desde luego, de Tèt Kale. La respuesta de Moïse consiste en utilizar gases lacrimógenos y a veces balas reales contra los manifestantes que protestan contra los secuestros, la corrupción y las violaciones de la Constitución, de manera tal que suelen registrarse muertos durante las manifestaciones. El asesinato del presidente del Colegio de Abogados, Monferrier Dorval, sigue sin resolverse, mientras el gobierno rechaza todo apoyo a una investigación independiente internacional.

Lo que no deja de asombrar a los observadores de la crisis actual en Haití es la manera en la que algunas instancias internacionales, en particular la BINUH y la Organización de Estados Americanos (OEA), sostienen la permanencia en el poder de Moïse. En verdad, Moïse solo tiene un objetivo: asegurar el retorno al poder de su mentor Martelly y conservar al mismo personal político que actúa cada vez más como una mafia que usufructúa las ventajas de poseer el aparato estatal que hace de Haití un espacio para hacer negocios y no un país que dispone de reglas, leyes y una Constitución que deben respetarse.

En este marco, el sistema termina convirtiéndose en lo que el economista Fritz A. Jean denomina una «economía de violencia». Es este tipo de economía el que habría que entender y que es probablemente el espíritu del neoliberalismo presente en Haití desde el terremoto del 12 de enero 2010. Actualmente, el país se hunde en la mayor de las miserias: 4 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza y una enorme inseguridad alimentaria. Sin embargo, la familia de Andy Apaid acaba de obtener 8.600 hectáreas de tierras cultivables y 1,8 millones de dólares a través de un decreto del 8 de febrero con vistas a producir stevia para la empresa Coca Cola. Sería conveniente que las numerosas ONG en Haití aprendieran a reflexionar sobre las fuentes del empobrecimiento de los  haitianos. Masacres, secuestros, robo de dinero público son en Haití la expresión de un Estado mafioso que retoma -para perdurar- el modelo de la dictadura de los Duvalier. «Estamos asistiendo a la creación de una Somalia en las Américas», dijo Ralph P. Chevry, miembro de la junta directiva del Centro de Política Socioeconómica de Haití en Puerto Príncipe. Moïse era un aliado de Donald Trump, con quien se alineó frente a Nicolás Maduro;  ahora su permanencia en el cargo pone a prueba al nuevo gobierno de Joe Biden.

Traducción: Gustavo Recalde

Publicado enInternacional
Prensa Diputados – 05/08/2020.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el Proyecto de Ley 219/2019-2020.

Todo parece indicar que su uso es más generalizado que lo evidente, pero hasta el 26 de enero de 2021 no había logrado en Colombia un eco mediático.

En efecto, aquel día los medios oficiosos de comunicación le dieron eco a una conversación que Natalia París, reconocida como modelo, DJ y publicista, sostenía con alguno de sus amigos y en la cual le invitaba a una rumba en un yate. Cuestionada por un periodista por estar invitando en medio de la pandemia a reuniones donde puede generarse infección con el covid-19, su respuesta fue espontánea y franca: (no pasa nada) “Yo tomó dióxido de cloro”.

Su confección no pasó en vano. Como cascada le llovieron rayos y centellas: por un lado, algunos periodistas la trataron de irresponsable por tomar un líquido que no es reconocido por la autoridad médica como remedio para tratar nada; por otro lado, un día después la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó dejar de promocionar el mencionado líquido.

Al mismo tiempo, por redes circularon numerosos comentarios, unos valorando el derecho que tiene la gente a darse opciones para su salud cuando el Estado no responde de manera pronta y adecuada ante una crisis como la que estamos viviendo; pero, además, en cuanto a reconocer y valorar el saber popular, que no puede ser desconocido por una supuesta autoridad científica o de otro orden que en mucho de lo realizado ante la actual crisis pandémica ha demostrado improvisación, desconocimiento y sometimiento ante los interés económicos de los grandes conglomerados farmacéuticos. Por su parte, otros descalificaban el uso de medicamentos no avalados por la autoridad científica.

Paralelamente a estas respuestas, también circularon las de quienes usan y defienden el uso del dióxido de cloro como oportuna solución alternativa para prevenir el contagio infeccioso por covid-19, como para su tratamiento. Una de ellas partió de la doctora Claudia Cepeda, vicepresidenta de la Coalición Mundial de la Salud capítulo Colombia, y en la cual expresa:

“Estamos trabajando fuertemente por defender a nuestros ciudadanos, tenemos presencia en 45 países y somos un poco más de 7.500 médicos en diferentes ramas y en Colombia estamos agendados 440. Alrededor de 800 profesionales de la salud, 350 profesionales en otras áreas inscritos y registrados en la comusav (sede Colombia).


Entre los métodos alternativos, todos ejercemos el consumo del dióxido de cloro (CDS), lamentablemente ninguno lo formula por las prohibiciones y amenazas por parte del gobierno, pero nadie nos puede prohibir contar nuestra historia personal. Mi familia, mis amigos y yo tomamos dióxido de cloro (CDS), pero debo compartir que desde la comusav mundial tenemos una curva científica seria y estructurada, la misma que el invima no ha querido aceptar, nuestros médicos científicos han solicitado en repetidas ocasiones al ministro de salud, al invima, para que abran la investigación sobre el oro líquido para nuestra salud “dióxido de cloro” (CDS), ellos han hecho caso omiso, y sus comunicados carecen de soporte científico, han hecho que nuestros centros hospitalarios violen incluso tratados que se firmaron a favor de los Derechos Humanos como el de Helsinki, el cual se supone está por encima de las Constituciones de todos los países (donde todos los ciudadanos del mundo tienen derecho de implementar sus propios remedios cuando el Estado no está en condiciones de suministrarlo). hoy estamos viviendo esta difícil situación. […]


[…] Hoy no podemos tapar el sol con un dedo, el dióxido de cloro (CDS) no Lo podrán detener, ya que sin temor a equivocarme más de 5 millones de personas en mi país consumimos el preciado oro líquido, tengo amigos que lo toman desde hace 13 años, otros desde hace 10 años, […].


Debo contar que no es una pócima milagrosa. Es una carga de oxígeno puro que le damos a nuestro organismo. Yo era una paciente oxígeno dependiente, requería cipac para dormir; hoy gracias a Dios no lo necesito, tomo dióxido de cloro (CDS), y como yo tengo varios testimonios que soportan lo mencionado.


Tengo testimonios de personas curadas de cáncer, VIH, lupus, niños autistas y más de 1.000 casos soportados con historias clínicas, y ni hablemos de las enfermedades cardíacas y del sistema respiratorio. Tantas enfermedades que han sido superadas gracias a Dios y al dióxido de cloro CDS […].”


En Suramérica

De acuerdo a lo retomado por algunas publicaciones de circulación periódica en el país, en las citadas declaraciones de Natalia París, ella también aludió al beneficio en salud pública logrado en Perú por el uso de CDS, que, de acuerdo a la modelo, sirvió para salvar miles de vidas.

Algo similar sucedió en Bolivia, donde el amplio uso por parte de su población llevó a su Cámara de Diputados el 2 de agosto de 2020 a la aprobación de un proyecto de ley que “[…] regula la elaboración, comercialización, suministro y consentido del dióxido de cloro de manera preventiva y como tratamiento para pacientes de coronavirus”.

La aprobación en cuestión evidencia que el dióxido de cloro es una opción para la salud a la cual acude la gente desde hace tiempo, pero que en la actual coyuntura ganó mayor reconocimiento por los efectos arrojados ante la creciente ola de infectados y muertos por la infección producida por el coronavirus.

La solución alternativa para la salud también ganó espacio en Ecuador, al punto que el 9 de julio de 2020 el impulsor pionero del CDS, Andreas Ludwin Kaleker, fue invitado a participar en un debate sobre esta expectativa para la salud pública en sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de este país, para explicar su potencialidad y valorar la posibilidad de asumirla para contener la creciente del covid-19. En la sesión, donde no hubo acuerdo para su reconocimiento y comercialización, se informó de la realización en Guayaquil, entre el 27 de marzo y 10 abril, de un ensayo con CDS que incluyó un grupo de 104 voluntarios entre 18 y 80 años de edad, y verificado por una organización afin a la que reúne a los médicos alternativos reunidos en la Asociación ecuatoriana de médicos expertos en medicina integrativa (aememi). Tal ensayo, realizado en pleno pico de la pandemia en la capital costera de Ecuador, no fue aceptado como prueba científica por no regirse a los parámetros de la OMS.

En la misma sesión, Kaleker dijo contar con por lo menos 6 mil casos comprobados de resolución positiva de crisis de salud por covid-19.

Una realidad tal tiene asiento también en Colombia con el uso de moringa y otros brebajes caseros, como los procesados a partir de jengibre y otras hierbas, todas con propiedades de estimular las defensas del cuerpo, o el consumo periódico de aspirina para diluir la sangre y con ello impedir su coagulación, facilitando así la oxigenación del cuerpo.

Como es conocido, estos y otros recursos se volvieron más comunes por estos días, no solo en barrios populares sino también en cárceles, espacios donde la salud como fundamental derecho humano es burlada cotidianamente. Estamos ante realidades desconocidas por las prestadoras de salud pública, que abandonaron la prevención y el trabajo de salud territorializado con lo cual ni conocen ni dialogan con los saberes populares.

Pero igualmente estamos ante el seguimiento y el manejo dado por los medios oficiosos a estos medicamentos populares que, para el caso del dióxido de cloro, son descalificados sin argumentos de peso, simplemente amparados en las siglas de la Organización Mundial de Salud, la cual funge como incuestionable autoridad mundial.

Lo cierto de todo esto es que nuestra sociedad debiera reclamar que el Ministerio de Salud y el Invima inviten al personal médico que defiende el uso del CDS a que sustenten y comprueben su eficacia, sin desconocer de primerazo sus argumentos ni criminalizar la comercialización de una forma de enfrentar la infección por covid-19. Al fin y al cabo, como debieran defender los actores sociales alternativos, la ciencia en todo caso no es neutra y responde a poderosos intereses, como lo vemos por estos días en el negociado creado con las vacunas para paliar la citada crisis de salud pública.

El debate está abierto y lo peor que pudiera suceder es desconocerlo, minimizarlo, despacharlo con calificativos y/o criminalizarlo, amenazando con cancelar licencias a quienes defienden posturas diferentes de las difundidas por los grandes medios de comunicación y la OMS.

Publicado enColombia
El desmantelamiento de la democracia y ciudadanía

Desde los años setenta del siglo XX, se está produciendo un  ataque concéntrico a la democracia.  Su objetivo, romper la ciudadanía mediante la  despolitización de los procesos de toma de decisiones  y la  desideologización de la gestión pública.  El primer envite recayó en la bautizada Internacional del capitalismo allá por el año 1973. La Trilateral.  En su interior, se dan cita empresas  trasnacionales, banqueros, políticos liberales, conservadores o  socialdemócratas, de Japón, Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá. Su objetivo refundar el capitalismo y realizar una crítica de fondo al concepto de la democracia acuñada por el keynesianismo.

La Trilateral,  fue el buque insignia desde la cual  se lanzaron  las directrices  para encarar  las reformas neoliberales. Así se inició el desmontaje de los acuerdos nacidos tras la segunda guerra mundial para enfrentar la pobreza, el subdesarrollo, el hambre y la injusticia social. La carta de los derechos humanos, 1948, había sido el referente. El acceso  a la vivienda, la salud, la seguridad social, la educación, condición sine qua non para construir una democracia representativa, a la par  que un como proyecto de sociedad incluyente, fue cuestionada. El capitalismo con rostro humano perdía fuerza.

A inicios de los años setenta, con la primera crisis el petróleo, se dudó del sentido y los principios sobre los cuales se definía la democracia.  La trilateral introdujo un argumento espurio.  La extensión de los derechos democráticos ponía en riesgo la propia democracia y con ello el capitalismo.  La ampliación de la ciudadanía dirán,   hace ingobernable la democracia. Si los ciudadanos exigen un aumento del gasto social, subidas salariales, jubilaciones dignas,  es imposible que el capitalismo subsista a largo plazo. Hay que  actuar de forma rápida y quirúrgicamente. Limitar las libertades y redefinir la democracia. Da igual el color del gobierno, socialdemócrata, liberal, conservador o democristiano. Hubo coincidencia. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Felipe Gonzalez,  Miguel de la Madrid,  Alan García, o el tirano Augusto Pinochet, todos coincidían. La democracia era un problema. Abrir las fronteras, flexibilizar el mercado laboral, quitar barreras arancelarias, y construir una economía de mercado eran los nuevos retos. Fueron la reforma del Estado y el proceso de gobernabilidad los pilares sobre los cuales comenzó el desmontaje de los derechos de ciudadanía y la jibarización de la democracia.  En 1979,  el hoy,  ex director de El País, Joaquín Estefanía publicó su ensayo La Trilateral, internacional del capitalismo. El poder de la trilateral en España. En el interior  aparece el nuevo significado de la democracia trilateral como: "una profundización e impulso a la internacionalización del capital (…) y una defensa  de las democracias autoritarias, o lo que Poulantzas ha denominado ‘estatismo autoritario’, consistente  en el recorte  de las libertades primarias dentro de un legitimador Estado de derecho".

Ha trascurrido medio siglo y las democracias restringidas, protegidas u ordenadas se han expandido en el mundo de la mano de las políticas neoliberales y la reforma del Estado. Privatizar, desregular y descentralizar, han sido los  argumentos para destruir  la ciudadanía. Lentamente se han  perdido derechos democráticos.  La inversión pública tiene topes constitucionales,  la sanidad, la educación, la vivienda son trasformados en negocios rentables para fondos de riesgos. Igualmente los trabajadores han visto disminuir los salarios, criminalizar sus organizaciones sindicales, cuando no ver crecer contratos basura y el despido libre. Las desigualdades, la pobreza y el desempleo, se han cronificado. Se procedió a  rematar y desmantelar el sector público, llevando a miles de ciudadanos a la indigencia, aumentando el número de pobres, junto a los suicidios por depresión.

La primera revolución neoliberal consiguió su objetivo, reformar el Estado y desarticular la democracia como una forma de vida, la redujo a una técnica procedimental. La democracia son, ahora,  simplemente reglas del juego, un modelo normativo, un cascaron vacío.  Democracias sin demócratas y ciudadanos sin ciudadanía. De esta guisa emerge una definición de mínimos, los ciudadanos mutan  en consumidores. Von Mises, teórico,  junto a Hayek, exponente del liberalismo y la economía de mercado, aclara en  La mentalidad anticapitalista, que debemos entender por democracia: "la democracia de mercado se desentiende del ‘verdadero mérito, de la íntima santidad, de la personal moralidad, de la justicia ‘absoluta’. Prosperan a la palestra mercantil, libre de trabas administrativas, quienes se preocupan y consiguen proporcionar a sus semejantes lo que éstos, en cada momento, con mayor apremio desean. Los consumidores, por su parte, se atienen exclusivamente a sus propias necesidades, apetencias y caprichos. Esa es la ley de la democracia capitalista. Los consumidores son soberanos y exigen ser complacidos".

Hayek por su parte, en un artículo publicado en 1976, ¿A dónde va la democracia? , señala como  su significado  ha degenerado y se ha vuelto un problema para las elites gobernantes: "democracia, un método saludable para llegar a tomar decisiones políticas (…) se ha convertido en pretexto para imponer fines sustancialmente igualitarios" Una democracia  de mercado, no debe verse influenciada por decisiones éticas, ni valores igualitarios. Para Hayek, la justicia social o las políticas destinadas a favorecer a los sectores más vulnerables y  desprotegidos son distorsionan las leyes del mercado y no forman parte de la democracia capitalista.

La democracia ha dejado de ser una práctica política, una forma plural de control y ejercicio del poder, mediado por el bien común y el interés general.  Hace ya décadas, el mandar obedeciendo del sentir democrático se ha extraviado. Ya no es un proyecto de vida, de ciudadanía, de dignidad, de compromiso ético, de responsabilidad colectiva. Si hablamos de democracia, al decir de Pablo Gonzalez Casanova,  deberíamos preguntarnos qué tal andamos de participación, de representación, de mediación, de negociación y de coacción.  La democracia no puede ser un método, una forma sin contenido.  Es un proyecto vital de ciudadanía, posee una dimensión social, de género, cultural, étnica y política. Es un acto de responsabilidad, su ejercicio tiene consecuencias.  Hoy, sufre un proceso de involución. La pandemia deja al descubierto los múltiples rostros de la injusticia social, la pérdida de derechos. En definitiva, hoy morirse de hambre se ha convertido en un hecho auténticamente democrático.

Por Marcos Roitman Rosenmann

Sociólogo y analista político

22/02/2021

Publicado enSociedad
Lunes, 22 Febrero 2021 05:51

¿Posneoliberalismo?

¿Posneoliberalismo?

Las tres notas principales en la primera plana del New York Times de ayer resumen casi a la perfección la coyuntura estadunidense: 500 mil muertes por Covid-19, la crisis invernal de Texas que revela una nación vulnerable a la catástrofe ante el cambio climático y el mayor desafío del sistema de justicia, así como que la mayor amenaza a la seguridad nacional es el extremismo de derecha.

Las crisis discriminan: son los pobres, las minorías y, sobre todo, los migrantes, los más afectados por el coronavirus, los que se congelaron y se quedaron sin electricidad y agua en Texas (mientras su senador huyó al calor de Cancún), las víctimas de crímenes de odio racial o que se suman a filas neofascistas por desesperación.

Lo que no cuentan las notas es que todo lo referido son saldos directos de cuatro décadas de políticas neoliberales dentro de la primera potencia del mundo. Nada de esto es sorpresa: todo fue pronosticado, no sólo por opositores del orden neoliberal, sino incluso por algunos líderes e intelectuales de las cúpulas política y económica que advertían que se necesitaba reformar tantito al sistema para proteger su juego a largo plazo.

Pero el sistema neoliberal de avaricia es perverso y obsceno. Ejemplo de ello son las expresiones felices de un empresario texano de gas, al hablar con sus accionistas (el dueño de los Cowboys es el mayor accionista) sobre las maravillosas ganancias que acaban de lograr con la alza astronómica del precio por la crisis en Texas: Es como ganar la lotería, gritó, mientras millones sufrían las consecuencias de la emergencia humanitaria.

Y durante la peor crisis de salud pública en un siglo, con su ahora medio millón de fallecidos (más que el total de estadunidenses muertos en combate en la Primera y Segunda Guerra Mundial y Vietnam combinados, y durante algunos periodos con más del saldo del 11-S cada día) en gran medida a consecuencia del manejo irresponsable y la falta de un sistema de salud pública efectivo (según The Lancet, 40 por ciento de las muertes eran evitables) y mientras sus consecuencias económicas incluían millones de desempleados y un incremento dramático del hambre, los 660 multimillonarios más ricos del país incrementaron su riqueza por más de un billón de dólares, un alza de 40 por ciento desde el inicio de la crisis de la pandemia (https://inequality.org). Para este sistema, los desastres humanos y naturales también son negocio.

Movimientos progresistas dentro de Estados Unidos que han luchado contra la agenda neoliberal durante décadas, junto con los que continúan la lucha histórica de siglos contra el racismo sistémico, fueron claves en la derrota electoral del neofascismo.

Son parte de la razón por la cual el nuevo gobierno de Joe Biden –al cual no le tienen gran confianza y saben que debe ser obligado a cumplir a través de la continuación de la movilización social y política– ha tenido que adoptar una agenda progresista, que incluye rehacer parte del estado de bienestar social, reconocer que se tiene que responder ahora a la crisis del cambio climático y atender las raíces históricas del racismo sistémico.

La reacción contra ese movimiento progresista, incluyendo las expresiones ultraderechistas, son los últimos gritos de un país que ya está dejando de existir, pero también son fruto del deterioro poltico, económico y social. El nominado como procurador general, el juez Merrick Garland, comentará este lunes en su audiencia de ratificación ante el Senado que su prioridad será combatir a los supremacistas blancos violentos y otros terroristas domésticos, incluyendo el caso contra cientos de los participantes en el asalto al Capitolio el mes pasado. Resulta que la mayor amenaza a la seguridad de esta democracia ya no es externa, sino proviene desde muy adentro de este país y habla inglés americano.

Estas múltiples crisis, se dice, son existenciales para este sistema y están marcando el fin de la era neoliberal en Estados Unidos. Lo que sigue en ese país es justo lo que está en disputa, con implicaciones y tal vez esperanzas para todos en el planeta.

Ani DiFranco Which Side Are You On. https://open.spotify.com/track/15pEgms CoyHwwO1Hlgaqb9?si=p3w2WE7 dQiCaVqWrh-gMjQ

Publicado enInternacional
Página 1 de 227