Miércoles, 20 Febrero 2019 06:12

Comunicar para desarmar el tabú

Comunicar para desarmar el tabú

Desde hace 25 años se especializa en el diseño de políticas sanitarias. Hoy se propone revertir los estigmas vinculados a las enfermedades mentales y al consumo problemático de sustancias, que constituyen la principal causa de discapacidad en el mundo.

 

“Supongamos que me ausento unos días en el trabajo: no es lo mismo explicar a mis compañeros y a mi jefe que salí a esquiar y me rompí una pierna, en vez de decir que estuve deprimida y no sentía ganas de salir de la cama. De hecho, si explico que estuve deprimida, la gente evita seguir indagando porque los problemas mentales continúan constituyendo un tabú y causan rechazo”, afirma Dévora Kestel, la primera mujer en la historia a cargo del departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud. Es psicóloga por la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Salud Pública por la Universidad de Londres. Desde hace un cuarto de siglo concentra sus esfuerzos en el diseño de políticas sanitarias y, en la actualidad, trabaja desde su oficina en Ginebra para lograr que los gobiernos de las 194 naciones que suscriben a la OMS incluyan estas problemáticas en sus agendas. En esta ocasión, señala por qué es fundamental un abordaje científico transdisciplinario y describe de qué manera expresarse puede contribuir a desarmar las etiquetas del prejuicio y la desinformación.


–¿De qué clase de problemáticas se ocupa la unidad que dirige? La denominación del departamento no es muy precisa.


–Es cierto, el término “salud mental” involucra situaciones múltiples: desde las problemáticas contemporáneas(como la depresión y la ansiedad) hasta las más severas (como la psicosis y los trastornos bipolares), pasando por asuntos neurológicos tradicionales (demencia y epilepsia). Por otra parte, bajo el paraguas “abuso de sustancias” buscamos ocuparnos del consumo problemático de alcohol y drogas, pero también de adicciones de otra estirpe como el juego y los videojuegos (recientemente incorporada en el mapa de conflictos). En este marco tan diverso diseñamos planes de políticas públicas, elaboramos presupuestos y legislación, proponemos líneas de acción y confeccionamos guías. Además, elaboramos programas de prevención, promoción y tratamiento que desarrollan cada una de las 194 naciones que forman parte de la OMS.


–Detrás de los datos que instituciones como la OMS proporcionan hay mucho trabajo científico.


–Todos nuestros datos se basan en la evidencia de la mejor ciencia disponible. Para confeccionar líneas de acción consensuadas es necesario generar acuerdos y reunir las voces de muchos especialistas a lo largo y ancho del globo. Resulta fundamental realizar abordajes transdisciplinarios, capaces de generar respuestas a las diversas necesidades de las diferentes naciones. No nos podemos dar el lujo de cerrarnos en trabajar con las herramientas de una sola disciplina; menos cuando el objeto/sujeto de estudio es el ser humano y toda su complejidad intrínseca.


–Recién mencionaba los problemas de depresión y ansiedad. ¿Por qué son tan comunes en esta época? ¿Qué hay respecto de los suicidios?


–Trabajar para prevenir los suicidios es una de nuestras prioridades. Incluso, constituye uno de los indicadores de los objetivos del desarrollo que se propone Naciones Unidas. Esto constituye una pista fundamental e indica que la problemática salió del nicho para comenzar a ser reconocida y discutida en el ámbito público. Se estima que se producen 800 mil suicidios al año y el promedio de edad disminuye conforme transcurre el tiempo. Además, como es prevenible, necesitamos actuar con urgencia. Según las últimas estadísticas, aproximadamente 300 millones de personas afrontan problemas de depresión y ansiedad en el mundo, y las cifras van en aumento. Ambas situaciones se conectan de manera muy clara.


–Usted menciona que uno de los principales desafíos es revertir el estigma vinculado a los problemas de salud mental y el consumo de sustancias.


–El ejemplo de la ausencia laboral por esquiar o por estar deprimida es tan banal como cotidiano. No poder expresar el conflicto clausura las posibilidades de mejora y la búsqueda de ayuda. Sin ir más lejos, la depresión se ha convertido recientemente en la primera causa de discapacidad a nivel mundial, por lo que tiene un alcance que ya no distingue entre países desarrollados y periféricos.


–¿Cómo desarmar el tabú?


–Es muy difícil porque constituye un conflicto histórico que forma parte de las entrañas de esa caja negra, que es la mente humana. Desde siempre, en las diferentes culturas el que se comporta raro es tildado de “loco” y, como resultado, debe correrse fuera de la vista de los “normales”. Tendemos a segregar al diferente, a mirarlo con los ojos del prejuicio y la discriminación. De ahí que el aislamiento y el encierro en instituciones específicas eran las respuestas que ofrecía la medicina tradicional con una perspectiva esencialmente farmacológica y cientificista. Incluso forma parte de nuestro discurso cuando intentamos describir una situación violenta: “No sé qué le ocurría, estaba agresivo, estaba loco”. Pienso que podemos comenzar a revertirlo a partir de acciones colectivas que promuevan la comunicación.


–¿En qué sentido?


–Hace dos años realizamos una campaña denominada “Hablemos”. La depresión y la ansiedad son problemas que se manifiestan de manera individual pero constituyen conflictos que deben ser abordados de manera colectiva, desde el enfoque de la salud pública. Cuando los medios masivos hacen circular discursos en esta línea también es muy positivo. Hace poco Lady Gaga, durante la ceremonia de entrega de los Grammy, manifestó la importancia de dialogar acerca de los problemas de salud mental. Nos puede gustar más o menos lo que hace pero no podemos desconocer que su palabra es reconocida en el espacio público y que su experiencia puede servir de ejemplo. Hace algún tiempo, el primer ministro de Noruega se retiró de su cargo por asuntos similares y luego regresó cuando se sentía listo y había mejorado su salud mental. Si esto hubiera ocurrido en otros contextos posiblemente hubiese desencadenado la culminación de su carrera política, pero aquella vez su coraje para expresar lo que le sucedía le valió otra repercusión social y cultural. De la misma manera que la salud pública, históricamente, se ocupó con eficacia de las enfermedades contagiosas y los planes de vacunación, es necesario que las afecciones mentales tengan otra jerarquía en la agenda política.


–¿Y los hospitales psiquiátricos? ¿Qué rol deben asumir?


–Las personas con trastornos mentales pueden convivir en sus comunidades siempre y cuando sean bien atendidas en el marco de un sistema de salud adecuado. Formar parte de la sociedad siempre será una solución preferible antes que estar recluido en una institución, encerrado detrás de muros que alimentan fantasías sociales que asocian la locura con la monstruosidad.


–El obstáculo es que países en desarrollo como Argentina no cuentan con sistemas de salud pública adecuados. ¿Qué estrategias propone la OMS en estos casos?


–Lo que comúnmente se hace es trabajar para generar consensos con los representantes de los ministerios de Salud de los Estados miembros que, de manera anual, plantean prioridades para sus naciones. En ese marco, nosotros proponemos objetivos que los países deben cumplir e indicadores para medir de qué manera han cumplido o fracasado con las metas. No contamos con un poder operativo o decisional, pero tenemos el respaldo de los Estados y eso nos faculta para diagramar planes que gozan de independencia respecto de los humores y las negligencias de los gobiernos de turno.


–¿Argentina tiene una agenda en salud pública?


–Es difícil decirlo de manera taxativa porque no hay una investigación específica que me permita responder de manera rotunda, pero hay una serie de datos. Por ejemplo, Argentina es el país del mundo con más psicólogos por habitante y presenta números notables de otras profesiones vinculadas a la salud mental, como el caso de los psiquiatras. Existen, por otro lado, muchas ONG que se están moviendo mucho y muy bien y demuestran su interés por construir una mirada integral de salud mental basada en los derechos humanos. La ley de Salud Mental fue muy discutida y contaba con muchos elementos positivos, pero no fue acompañada por una implementación acorde. Son distintos componentes de un proceso que avanza, pero necesitamos que avance mejor y más rápido. Para ello, la intervención de los Estados es irreemplazable.


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Jueves, 27 Septiembre 2018 10:05

Sumisos ante el poderoso

Sumisos ante el poderoso

La prevalencia de una agenda narcotizada es la peor de las vías para que algún día Colombia logre establecer una política diplomática sin sometimientos ni controles de todo tipo por parte de los Estados Unidos.

 

Esta realidad, que tanto le ha pesado a nuestro país, llevándolo a quedar como el peón más fiel de la potencia del Norte en todo el subcontinente e incluso más allá, como lo promete su inserción en la órbita de la Otan, se vuelve a evidenciar con la visita de una delegación de alto nivel de aquel país que el pasado 11 de septiembre se reunió con el presidente Duque.

 

Como es común en la diplomacia, las palabras o letras dicen de manera suave lo que de verdad el emisor espera del receptor. Ese es un principio impuesto por las ‘formas’, la cordialidad, el ‘respeto’ al otro, que sabrá leer entre líneas el mensaje real que se recibe.

 

Como una demostración de la fuerza indiscutida de ese lenguaje almibarado, en la citada reunión, James Carrol, subdirector de Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos, junto con Karl Schultz, comandante de la Guardia Costera, acompañados de funcionarios de los departamentos de Estado y Defensa, y de la Agencia de Desarrollo Internacional de Norteamérica, le reclamaron al presidente colombiano por el crecimiento hasta 200 mil hectáreas de los cultivos ilícitos. Su fumigación hacia el año 2010, sin miramiento alguno, llegó a reducirlas hasta 50 mil hectáreas.

 

Según lo expresado por los emisarios de Trump, los altos niveles de siembra de coca y producción de cocaína son una herencia recibida por el nuevo gobierno; y enfatizan, además, que comprenden el tránsito en que se encuentra el país producto del Acuerdo de Paz firmado con las Farc, lo que implica ciertas condescendencias. Pese a ello, enfatizan en que el país se “está quedando atrás en la lucha contra las drogas”, realidad que daría para descertificarlo. El encuentro fue aprovechado para entregarle al nuevo regente de la Casa de Nariño una misiva del presidente Trump en la cual éste llama la atención por la realidad que sobre el tema de drogas vive Colombia, que afecta de manera negativa a los Estados Unidos.

 

El mensaje es claro: les damos un tiempo para que cumplan o…

 

El establecimiento sabe lo que significa este mensaje, que funciona como los elementos que sirvieron para que Pavlov demostrara ciertos procesos de aprendizaje basados en el reflejo condicionado, en este caso una descertificación de parte de sus tutores y protectores, con sus dolorosas consecuencias: recorte o eliminación de todo tipo de ayuda económica, aprobada con anterioridad; eliminación de beneficios comerciales y cualquier otra ventaja otorgada por la potencia a su vasallo.

 

Otra vuelta a la tuerca. El mismo 11 de septiembre fue emitido un memorando por parte de la Casa Blanca (“Principales países productores y de tránsito de drogas año fiscal 2019”), en el cual el jefe de Estado estadounidense le reclama a Colombia, lo mismo que a países como Afganistán y México, por el aumento de los cultivos ilícitos. Otra decena de países también fue cuestionada por ser parte de las rutas usadas por los narcotraficantes para el envío de estupefacientes hacia la Unión Americana. Colombia es señalada en este memorando como “el mayor productor de sustancias ilícitas”, para exigir a renglón seguido que sus autoridades deben mostrar mayores compromisos y resultados en la guerra contra las drogas.

 

Como se recordará, esta guerra fue diseñada en realidad como estrategia para ahondar el control de Estados Unidos en la geopolítica global: lo demás es mero discurso. Estamos ante una eficiente estrategia para el caso de América Latina, por lo menos, pero también hacia Europa, una parte de Asia y África. La cantidad de presos que llenan las cárceles de Estados Unidos también ratifica la funcionalidad de tal política para el control social interno, criminalizando y atomizando clases y sectores sociales muy identificados, e impidiendo así el crecimiento de las voces críticas de la política dominante en los Estados Unidos, lo que ellos llaman “enemigo interno”.

 

Lección aprendida

 

Como todo alumno ñoño o nerdo, el nuevo gobierno colombiano, adelantándose a estos llamados de atención, había expresado en público su preocupación por el incontrolado crecimiento de narcocultivos, así como su decisión de obligar a su erradicación, consentida o impuesta, enfatizando en reiteradas ocasiones que reestablecerá la fumigación con glifosato. Ante las protestas de diversos sectores por lo anunciado, y curándose en salud, reafirmó por boca del propio Presidente que llevará a cabo tal política garantizando los preceptos exigidos en abril de 2017 por la Corte Constitucional. Es decir, adelantará consultas previas con quienes pueblan los territorios afectados por la aspersión del herbicida, concertando con los mismos la forma de hacerlo, a la par que financiando la siembra de otros productos para que recojan de ellos lo necesario para vivir, con alertas a los centros de salud cercanos a las zonas fumigadas para que estén atentos a atender la población que resultare afectada en tal acción, y adelantando, por lo demás, la aspersión de manera tal que el químico no afecte otros sembrados allí existentes. Finalmente, donde no se logre concertar, se impondrá el criterio del gobierno central.

 

Es decir, en el afán por cumplir con la geopolítica imperial, lo que viene es guerra abierta contra los cultivadores y otros sectores campesinos que encontraron en el cultivo de coca un recurso para asegurar una vida en mejores condiciones que la brindada por la siembra y comercialización de yuca, maíz o cualquier otro producto de consumo tradicional. También fue anunciada la persecución a los consumidores de marihuana y otras sustancias psicoactivas en el territorio nacional. Es un camino ya recorrido y con resultados adversos a todo nivel, y que obliga a preguntar, ¿habrá cárcel para tanta gente?

 

¿Cómo lograr una efectiva motivación de los campesinos para que acepten una reconversión en sus sembrados? Difícil es el tema, ya que, como está demostrado, la agricultura tradicional en territorio de la cuenca amazónica, por sus altos costos en transporte, no es rentable, y la implementación de un subsidio atemporal desde el Estado no tiene soporte fiscal para garantizar la manutención de miles de familias campesinas.

 

En la política antidrogas que impondrá Duque, así la llame nueva, renovada, novedosa, integral, etcétera, nada hay de ello por fuera del estilo calculadamente suave con que está siendo presentada, en busca de neutralizar a una parte de los contradictores, y al tiempo eludir el espinoso tema de las consecuencias que tal política tendría sobre la salud de los habitantes de los territorios involucrados, y además sobre la naturaleza y todas las especies que la pueblan. Esperemos que, en este particular, Duque asuma el consejo del presidente de la Corte Constitucional: “(En el uso del glifosato y sus dañinos efectos sobre la salud), al final del día, si la evidencia científica no es conclusiva, se debe aplicar un principio que es muy importante en el Derecho ambiental, que es el principio de precaución”.

 

En todo caso, como es sabido, Bayer, la empresa hoy propietaria de la marca Monsanto, productora original del glifosato, recientemente fue condenada en Estados Unidos a pagar varios cientos de millones de dólares al demostrarse que el cáncer sufrido por un jardinero provenía del uso de tal sustancia en su trabajo. Pese a todo, en Colombia siguen arguyendo que no hay prueba científica que demuestre la intrínseca relación entre ciertos tipos de cáncer y el cuestionado herbicida.

 

En estas circunstancias, como sociedad, estamos parados ante la realidad que requiere una política de Estado, de verdad integral, la cual de alguna manera fue resumida en los recientes Acuerdos de paz firmados con las Farc, en cuyo punto 4 se estableció: a) No disociar la problemática de los cultivos ilícitos del desarrollo rural y la del consumo como asunto de salud pública y su respectivo enfoque de Derechos Humanos; b) generar condiciones de bienestar para quienes allí habitan, creando condiciones para su tránsito hacia una economía legal; c) darle curso a la transformación de las condiciones de pobreza y marginalidad que afectan a los pobladores del campo, además de resolver la débil presencia institucional que siempre reina en esta parte del país, dando cuenta a la par de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico; d) garantizar una transformación estructural del campo, dándole vía a una Reforma rural integral: e) sustitución voluntaria y no resiembra; f) controles estatales a la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos usados para la producción de drogas; g) implementación de una estrategia de lucha contra la corrupción, asociada al narcotráfico; h) una política nacional frente al consumo de drogas.

 

Como es de conocimiento público, nada o poco de esto se ha concretado en los dos años posteriores a la firma del mencionado Acuerdo, y, como todo lo indica, el futuro es poco prometedor. Asimismo, la voluntad de quienes han detentado el poder en nuestro país es contraria a la redistribución de la tierra y la implementación de una política soberana en el conjunto de la agenda estatal, con particularidades como la que nos ocupa, que implicaría una política agraria de carácter integral que esté dirigida a la soberanía alimentaria, priorizando para ello una producción limpia, para lo cual una condición sustancial debiera ser la motivación y la financiación del campesinado para que dejen de utilizar agrotóxicos.

 

Un liderazgo internacional para confrontar la guerra contra las drogas sería otra columna central de esta política soberana, unida a una agenda ambiental de protección de páramos y bosques de todo tipo, para lo cual es fundamental, además de desestimular el consumo de sustancias psicoactivas, la confrontación integral del narcotráfico, aislándolo socialmente, y dejando a un lado la política imperial de “Guerra contra las drogas”.

 

Una política en verdad soberana en todos los órdenes, he ahí el reto para quien de verdad busca un mejor futuro para los 49 millones que habitan este país. Contrario a ello, enardecidos por la anunciada visita de Trump en noviembre próximo, desde la Casa de Nariño se atizará la confrontación con uno de los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico: los campesinos raspachines.

Publicado enColombia
Miércoles, 26 Septiembre 2018 10:53

Sumisos ante el poderoso

Sumisos ante el poderoso

La prevalencia de una agenda narcotizada es la peor de las vías para que algún día Colombia logre establecer una política diplomática sin sometimientos ni controles de todo tipo por parte de los Estados Unidos.

 

Esta realidad, que tanto le ha pesado a nuestro país, llevándolo a quedar como el peón más fiel de la potencia del Norte en todo el subcontinente e incluso más allá, como lo promete su inserción en la órbita de la Otan, se vuelve a evidenciar con la visita de una delegación de alto nivel de aquel país que el pasado 11 de septiembre se reunió con el presidente Duque.

 

Como es común en la diplomacia, las palabras o letras dicen de manera suave lo que de verdad el emisor espera del receptor. Ese es un principio impuesto por las ‘formas’, la cordialidad, el ‘respeto’ al otro, que sabrá leer entre líneas el mensaje real que se recibe.

 

Como una demostración de la fuerza indiscutida de ese lenguaje almibarado, en la citada reunión, James Carrol, subdirector de Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos, junto con Karl Schultz, comandante de la Guardia Costera, acompañados de funcionarios de los departamentos de Estado y Defensa, y de la Agencia de Desarrollo Internacional de Norteamérica, le reclamaron al presidente colombiano por el crecimiento hasta 200 mil hectáreas de los cultivos ilícitos. Su fumigación hacia el año 2010, sin miramiento alguno, llegó a reducirlas hasta 50 mil hectáreas.

 

Según lo expresado por los emisarios de Trump, los altos niveles de siembra de coca y producción de cocaína son una herencia recibida por el nuevo gobierno; y enfatizan, además, que comprenden el tránsito en que se encuentra el país producto del Acuerdo de Paz firmado con las Farc, lo que implica ciertas condescendencias. Pese a ello, enfatizan en que el país se “está quedando atrás en la lucha contra las drogas”, realidad que daría para descertificarlo. El encuentro fue aprovechado para entregarle al nuevo regente de la Casa de Nariño una misiva del presidente Trump en la cual éste llama la atención por la realidad que sobre el tema de drogas vive Colombia, que afecta de manera negativa a los Estados Unidos.

 

El mensaje es claro: les damos un tiempo para que cumplan o…

 

El establecimiento sabe lo que significa este mensaje, que funciona como los elementos que sirvieron para que Pavlov demostrara ciertos procesos de aprendizaje basados en el reflejo condicionado, en este caso una descertificación de parte de sus tutores y protectores, con sus dolorosas consecuencias: recorte o eliminación de todo tipo de ayuda económica, aprobada con anterioridad; eliminación de beneficios comerciales y cualquier otra ventaja otorgada por la potencia a su vasallo.

 

Otra vuelta a la tuerca. El mismo 11 de septiembre fue emitido un memorando por parte de la Casa Blanca (“Principales países productores y de tránsito de drogas año fiscal 2019”), en el cual el jefe de Estado estadounidense le reclama a Colombia, lo mismo que a países como Afganistán y México, por el aumento de los cultivos ilícitos. Otra decena de países también fue cuestionada por ser parte de las rutas usadas por los narcotraficantes para el envío de estupefacientes hacia la Unión Americana. Colombia es señalada en este memorando como “el mayor productor de sustancias ilícitas”, para exigir a renglón seguido que sus autoridades deben mostrar mayores compromisos y resultados en la guerra contra las drogas.

 

Como se recordará, esta guerra fue diseñada en realidad como estrategia para ahondar el control de Estados Unidos en la geopolítica global: lo demás es mero discurso. Estamos ante una eficiente estrategia para el caso de América Latina, por lo menos, pero también hacia Europa, una parte de Asia y África. La cantidad de presos que llenan las cárceles de Estados Unidos también ratifica la funcionalidad de tal política para el control social interno, criminalizando y atomizando clases y sectores sociales muy identificados, e impidiendo así el crecimiento de las voces críticas de la política dominante en los Estados Unidos, lo que ellos llaman “enemigo interno”.

 

Lección aprendida

 

Como todo alumno ñoño o nerdo, el nuevo gobierno colombiano, adelantándose a estos llamados de atención, había expresado en público su preocupación por el incontrolado crecimiento de narcocultivos, así como su decisión de obligar a su erradicación, consentida o impuesta, enfatizando en reiteradas ocasiones que reestablecerá la fumigación con glifosato. Ante las protestas de diversos sectores por lo anunciado, y curándose en salud, reafirmó por boca del propio Presidente que llevará a cabo tal política garantizando los preceptos exigidos en abril de 2017 por la Corte Constitucional. Es decir, adelantará consultas previas con quienes pueblan los territorios afectados por la aspersión del herbicida, concertando con los mismos la forma de hacerlo, a la par que financiando la siembra de otros productos para que recojan de ellos lo necesario para vivir, con alertas a los centros de salud cercanos a las zonas fumigadas para que estén atentos a atender la población que resultare afectada en tal acción, y adelantando, por lo demás, la aspersión de manera tal que el químico no afecte otros sembrados allí existentes. Finalmente, donde no se logre concertar, se impondrá el criterio del gobierno central.

 

Es decir, en el afán por cumplir con la geopolítica imperial, lo que viene es guerra abierta contra los cultivadores y otros sectores campesinos que encontraron en el cultivo de coca un recurso para asegurar una vida en mejores condiciones que la brindada por la siembra y comercialización de yuca, maíz o cualquier otro producto de consumo tradicional. También fue anunciada la persecución a los consumidores de marihuana y otras sustancias psicoactivas en el territorio nacional. Es un camino ya recorrido y con resultados adversos a todo nivel, y que obliga a preguntar, ¿habrá cárcel para tanta gente?

 

¿Cómo lograr una efectiva motivación de los campesinos para que acepten una reconversión en sus sembrados? Difícil es el tema, ya que, como está demostrado, la agricultura tradicional en territorio de la cuenca amazónica, por sus altos costos en transporte, no es rentable, y la implementación de un subsidio atemporal desde el Estado no tiene soporte fiscal para garantizar la manutención de miles de familias campesinas.

 

En la política antidrogas que impondrá Duque, así la llame nueva, renovada, novedosa, integral, etcétera, nada hay de ello por fuera del estilo calculadamente suave con que está siendo presentada, en busca de neutralizar a una parte de los contradictores, y al tiempo eludir el espinoso tema de las consecuencias que tal política tendría sobre la salud de los habitantes de los territorios involucrados, y además sobre la naturaleza y todas las especies que la pueblan. Esperemos que, en este particular, Duque asuma el consejo del presidente de la Corte Constitucional: “(En el uso del glifosato y sus dañinos efectos sobre la salud), al final del día, si la evidencia científica no es conclusiva, se debe aplicar un principio que es muy importante en el Derecho ambiental, que es el principio de precaución”.

 

En todo caso, como es sabido, Bayer, la empresa hoy propietaria de la marca Monsanto, productora original del glifosato, recientemente fue condenada en Estados Unidos a pagar varios cientos de millones de dólares al demostrarse que el cáncer sufrido por un jardinero provenía del uso de tal sustancia en su trabajo. Pese a todo, en Colombia siguen arguyendo que no hay prueba científica que demuestre la intrínseca relación entre ciertos tipos de cáncer y el cuestionado herbicida.

 

En estas circunstancias, como sociedad, estamos parados ante la realidad que requiere una política de Estado, de verdad integral, la cual de alguna manera fue resumida en los recientes Acuerdos de paz firmados con las Farc, en cuyo punto 4 se estableció: a) No disociar la problemática de los cultivos ilícitos del desarrollo rural y la del consumo como asunto de salud pública y su respectivo enfoque de Derechos Humanos; b) generar condiciones de bienestar para quienes allí habitan, creando condiciones para su tránsito hacia una economía legal; c) darle curso a la transformación de las condiciones de pobreza y marginalidad que afectan a los pobladores del campo, además de resolver la débil presencia institucional que siempre reina en esta parte del país, dando cuenta a la par de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico; d) garantizar una transformación estructural del campo, dándole vía a una Reforma rural integral: e) sustitución voluntaria y no resiembra; f) controles estatales a la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos usados para la producción de drogas; g) implementación de una estrategia de lucha contra la corrupción, asociada al narcotráfico; h) una política nacional frente al consumo de drogas.

 

Como es de conocimiento público, nada o poco de esto se ha concretado en los dos años posteriores a la firma del mencionado Acuerdo, y, como todo lo indica, el futuro es poco prometedor. Asimismo, la voluntad de quienes han detentado el poder en nuestro país es contraria a la redistribución de la tierra y la implementación de una política soberana en el conjunto de la agenda estatal, con particularidades como la que nos ocupa, que implicaría una política agraria de carácter integral que esté dirigida a la soberanía alimentaria, priorizando para ello una producción limpia, para lo cual una condición sustancial debiera ser la motivación y la financiación del campesinado para que dejen de utilizar agrotóxicos.

 

Un liderazgo internacional para confrontar la guerra contra las drogas sería otra columna central de esta política soberana, unida a una agenda ambiental de protección de páramos y bosques de todo tipo, para lo cual es fundamental, además de desestimular el consumo de sustancias psicoactivas, la confrontación integral del narcotráfico, aislándolo socialmente, y dejando a un lado la política imperial de “Guerra contra las drogas”.

 

Una política en verdad soberana en todos los órdenes, he ahí el reto para quien de verdad busca un mejor futuro para los 49 millones que habitan este país. Contrario a ello, enardecidos por la anunciada visita de Trump en noviembre próximo, desde la Casa de Nariño se atizará la confrontación con uno de los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico: los campesinos raspachines.

Publicado enEdición Nº250
Martes, 17 Julio 2018 11:26

El reagrupamiento de los guerreristas

Octavio Mendoza

El crecimiento exponencial de los cultivos de coca y el cambio hacia un gobierno conservador, son condiciones favorables para poner una pica en Flandes por parte del fundamentalismo norteamericano.

 

Pasó todo lo indeseable, llegando por esta vía a una nueva trama pero dentro de un viejo escenario. Es así como el crecimiento exponencial de cultivos de coca en Colombia sumado al cambio de gobierno en EU, creó las condiciones para que en el contexto bilateral se oxigene la estrategia de reducción de la oferta, a través de la reincorporación del tema de drogas en una agenda de seguridad donde Washington es dominante, llevando a demandar unilateralmente el restablecimiento de las aspersiones aéreas con glifosato u otro herbicida.


Para avanzar en esta dirección, los mandos más duros en política de drogas en el marco de las primeras referencias de la administración Trump frente al tema, crearon un ambiente político propiciado en septiembre de 2017, a raíz de la amenaza de descertificación de Colombia como compromisario en las estrategias de reducción de la oferta. Como segundo y decisivo paso, la presión inicial culminó en un primer logro para EU, pues condujo a una ampliación del acuerdo marco bilateral sobre drogas en marzo de 2018, donde se estipula un compromiso de reducción de áreas de coca en un 50 por ciento en cinco años (1).


Desde la perspectiva colombiana, bajo este escenario que se empezó a configurar y a pesar de que la exigibilidad de las aspersiones no estaba aún formalizada, se presionó la erradicación forzosa de grandes extensiones de coca, demandando como indicador de éxito del programa de sustitución la eliminación previa de los arbustos.


Como prolongación de este ambiente de presión, el Ministerio de Defensa de Colombia se propuso la meta de erradicar forzosamente 50 mil hectáreas en 2017, a la vez que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), y la Alta Consejería para el Posconflicto, se fijaron como meta la erradicación manual de una cantidad similar a través de la promoción inflacionaria de pactos de sustitución. De hecho, en las intervenciones públicas de los funcionarios responsables de estas instancias y entidades, miden sus resultados proclamando el éxito de la política tomando como referencia el número de familias que firman programas de sustitución, las familias que se inscriben y enseguida lo que representan en cuanto al número de hectáreas que se erradicarán, por ser esa una condición para hacerse beneficiario de la ayuda de sostenimiento que les suministran por un año, y de eventuales apoyos para proyectos de corto y mediano plazo. Una clara exageración.


Esta situación llevó a un crecimiento exponencial de “acuerdos colectivos” (oficialmente cerca de 120.000 familias que reportaron 90.000 hectáreas a octubre 15 de 2017) (2). Pero la realidad es que para abril de 2018 sólo 34.000 familias habían recibido apoyo alimentario, las cuales habían reportado un total de 30.000 hectáreas de coca y de esa cifra Unodc había podido verificar sólo 7.000 hectáreas (3). Esto da una idea del nivel de eficacia de la intervención institucional ante la compleja situación de las zonas cocaleras, problema que crece exponencialmente en el intento por resolver prácticamente en un año la sostenibilidad de las decenas de miles de familias con proyectos que garanticen un ingreso cierto, luego que lleguen a su final las ayudas monetarias, poniendo en evidencia la gran debilidad institucional y política del gobierno colombiano.


Avanzando en espiral. El pasado 25 de junio, en el marco de la presentación del último informe de la Oficina Nacional para el Control de la Política de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp) sobre el desarrollo de su estrategia, donde se sitúa el comportamiento de países como Colombia, se avanza con mayor concreción en los puntos que empieza a demandarle Washington, donde aparece de nuevo la sombra de la descertificación como amenaza. En sus cifras Washington considera que hay 209.000 hectáreas sembradas, es decir un 11 por ciento adicional que lo registrado en el 2016, cuando estimaban que existían unas 188.000 hectáreas. En consecuencia, la producción potencial de cocaína habría crecido otro 18 por ciento, pasando de 772 toneladas métricas en 2016 a 921 en 2017.


Bajo esa medición unilateral y sin claridad metodológica para realizarla, Washington considera como causas de la ampliación de cultivos de coca:

1. La suspensión de la erradicación aérea hace tres años, y la decisión del gobierno de no erradicar en zonas controladas por las Farc mientras avanzaba el proceso de paz.
2. Asimismo, el bloqueo a la erradicación manual adelantado por los cocaleros en algunas zonas del país.
3. La transferencia de cultivos a parques naturales y reservas indígenas, en donde es más difícil la erradicación.

 

Valoración ante la cual no permanecieron pasivos. Es así como el director de la Oficina para Política Antidrogas de EE. UU., Jim Carrol comunicó frente al caso colombiano que

 

“El mensaje del presidente Trump a Colombia es claro: este crecimiento récord tiene que dar reversa. Pese a que mejoraron los esfuerzos de erradicación, en 2017 estos fueron borrados por el aceleramiento en la producción. Este nuevo incremento es inaceptable y el gobierno debe hacer más”. De acuerdo con referencias de prensa, “el funcionario de la Casa Blanca dijo que esperaba que Colombia usara todos los métodos a su alcance, entre ellos la aspersión aérea, como estrategia para enfrentar el problema” (4).

 

Ante este panorama, no es casual que el ambiente político creado desde EU por esta secuencia de acontecimientos, potencie las narrativas internas en Colombia tanto de sectores políticos, como incluso institucionales; es el caso del Fiscal General de la Nación que demanda una vuelta a las acciones propias de la guerra contra las drogas sin que la argumentación sea contundente en la evidencia, teniendo en cuenta que cuando la aspersión se redujo de 100.548 has. en 2012 a sólo 47.503 has. en 2013 la tendencia a la baja de las áreas de coca se consolida tanto para el año que se fumigó en esa intensidad, como para el año que se redujo a menos de la mitad (2013), al arrojar también 48.000 hectáreas. Incluso en ese mismo periodo se repite la paradoja de que los departamentos donde más se fumigó, el área cocalera creció más y aquellos donde la aspersión se redujo, su área de coca disminuyó (5). Esto implica levantar más y mejores preguntas para explicar el crecimiento de las áreas cocaleras.


Adicional a un escenario tan conflictivo, fue notoria la ausencia de una estrategia internacional del presidente Santos en materia de drogas, centrada en la discusión sobre coca/cocaína, así como en la promoción de aportes desde la academia y centros de investigación buscando una salida del círculo vicioso de las narrativas que correlacionan, sin sustento, el incremento de áreas en Colombia y el uso problemático de drogas en EU. En este aspecto, se observa la falta de estrategia y de coordinación inter institucional para enfrentar una presión desde Washington que hoy empieza a mostrar sus reales pretensiones.


EU, su incidencia en Colombia a través de una narrativa cuestionable


En el informe de octubre de 2017 sobre valoración de las amenazas que se derivan del flujo de drogas hacia EU, la DEA con base en cifras de precios, pureza e indicadores de emergencias hospitalarias y muertes por uso de cocaína, llama la atención ante la presencia de una nueva tendencia a partir de 2013 en la disponibilidad de cocaína, a la vez que relaciona todos los indicadores con el incremento de la producción de hoja de coca en Colombia.


En efecto, desde el punto de vista del comportamiento de los precios se observa una tendencia a la baja pasando de un pico máximo de US$ 220 dólares por gramo en 2014 a US$ 202 en 2015 y US$ 165 en 2016, situándolos en niveles conocidos en 2008 (ver gráfico Nº 1 ).


Desde el punto de vista de la pureza, esta sube a niveles no alcanzados desde 2007, fenómeno que se observa sostenidamente desde 2013. De otro lado, desde la perspectiva del uso se refieren dos indicadores: en primer lugar, cifras sobre demanda en el último año frente a los recién iniciados en el consumo, mostrando una tendencia al alza a partir de 2013, alcanzando niveles por encima de 2007. Y de otro lado, los test de orina en sitios de trabajo también reflejan una tendencia al alza, principalmente desde 2013 (Gráfico Nº 2).


En un escenario más crítico, la DEA, citando cifras de the National Center for Health Statistics y Centers for Disease Control, observa una relación de causalidad entre disponibilidad y casos de mortalidad por intoxicación, derivados de usos relacionados con cocaína. Para este indicador, las cifras se elevan de 4.404 –nivel más bajo de la curva desde 2005– a 6.784 casos en 2015. La constante de todo ese arsenal estadístico es la correlación directa con el incremento de la producción en Colombia.


La contrastación


Usando datos en relación con muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos desde 2000 a 2015, acopiados por el Sistema Nacional de Estadísticas Demográficas (National Vital Statistics System) un grupo de investigadores médicos calculó la tasa anual y el número de muertes totales asociadas a cocaína y de estas muertes las asociadas sólo con cocaína, es decir sin ligar su uso con opioides y aquellas donde el consumo de cocaína estuvo ligado con uso de opioides (véase gráfico Nº 3).


Los resultados de este ejercicio son contundentes: La cocaína asociada a muertes por sobredosis ligada con opiáceos se incrementó de 0.37 a 0.91 del 2000 al 2006, y luego declinó a 1.35 en 2010, para luego incrementarse a 1.36 en el 2015, que es la actual tendencia con características dramáticas.
Mientras tanto, la cocaína asociada a muertes por sobredosis, pero que no está relacionada con mezclas de opioides, se incrementó de 0.89 a 1.59 entre 2000 y 2006, para luego mostrar una tendencia sostenida a la baja alcanzando 0.78 en 2015.


En conclusión, los opioides –en primer lugar la heroína y opioides sintéticos– han jalonado la reciente tendencia al alza de la cocaína que suele asociarse a muertes por casos de sobredosis. Esta situación guarda una relación directa con el fuerte incremento de la oferta de heroína (y que hoy en día procede principalmente de México) y la fabricación ilegal dentro de Estados Unidos del opiáceo sintético conocido como Fentanyl (6).


Consecuencias derivadas de este hallazgo para la situación descrita sobre cocaína

 

1. Toda la presentación que la DEA desarrolla sobre la situación del consumo de cocaína en EU, en donde indicadores como número de usuarios o exámenes de orina en el sitio de trabajo para establecer tendencia del uso, tiene como punto de relacionamiento causal y directo el crecimiento de las áreas de hoja de coca en Colombia. Dicha relación causal cobra su máxima expresión en los datos donde se observan los incrementos letales del uso de cocaína. No obstante para este fin, la DEA sólo toma en cuenta la sumatoria de uso de cocaína sin opioides y cocaína usada con opioides sintéticos, es decir, sin diferenciar rigurosamente las dos modalidades de consumo. Este tipo de manejos permite la generación de imaginarios dramáticos de muertes por sobredosis que se le endilgan directamente a Colombia por ser productor del 92 por ciento de la cocaína que entra a EU.
2. Con este tipo de presentación, luego retomada en el documento de la Casa Blanca en su informe de junio de 2018 para demandar las fumigaciones aéreas a Colombia, eluden la principal responsabilidad del fenómeno de las muertes por sobredosis, que recae directamente sobre las instancias de salud y control de medicamentos de EU, los organismos de inteligencia —incluyendo la misma DEA — para establecer qué sucede con la producción ilegal de Fentanyl dentro de EU o el desvío de opiáceos sintéticos legalmente usados como medicamentos. Situación que se relaciona directamente con el modelo neoliberal de impedir la intervención del Estado, permitiendo así que las grandes empresas y distribuidores sean quienes tengan la responsabilidad de determinar comportamientos irregulares en el uso o demanda de las medicinas bajo control. Este tipo de manejo permite un enriquecimiento exponencial de estas empresas, que se están lucrando de la dramática situación en que han caído sectores empobrecidos y marginados de EU que recurren a este tipo de consumo (7).
3. Un hallazgo interesante en el ejercicio de contrastación es que mientras, efectivamente se observa un incremento de consumo de cocaína a partir del 2013, la tendencia de los usuarios sin ligar opioides sintéticos no resulta comprometido dramáticamente en casos de sobredosis, sino que se mantiene una relativa tendencia hacia la baja. Es decir, los nuevos usuarios de cocaína están desarrollando un conocimiento en el uso de modo que no presenta incrementos exponenciales de demanda de tratamiento u hospitalización. Mientras tanto, como fue relacionado, resulta alarmante el uso de cocaína ligado con heroína (speed ball) u opioides sintéticos.
4. Esto quiere decir que la amenaza de descertificar a Colombia por un incremento de las áreas de coca, oculta las fuertes responsabilidades existentes al interior de EU ante las políticas preventivas y de manejo de la reducción de daños para el uso de drogas. Del mismo modo, relativiza el volumen de incidencia del alza de la producción de coca en Colombia frente al mercado de EU, situación que es fuertemente propiciada por medios de comunicación colombianos que suponen que toda la cocaína aquí producida va para el mercado de EU, sin hacerse preguntas sobre los nuevos mercados, imaginario que sirve de base a la preocupación de los impactos por la hipotética descertificación de Colombia como parte de una supuesta responsabilidad compartida con EU.

 

Estamos, de esta manera, ante una situación compleja y poco favorable para el país, pues las nuevas tendencias observables en las relaciones bilaterales con EU en materia de seguridad, contribuyen a afianzar de nuevo las drogas como su referente más importante, todo esto a través de narrativas que niegan la evidencia científica y sobreponen agendas que imponen lecturas unilaterales al uso problemático de drogas. Allí mismo se ocultan las responsabilidades de Washington en materia de políticas preventivas frente a la epidemia de las drogas sintéticas, principalmente opioides que están generando una mortandad de usuarios, entre los cuales se suman los que usan cocaína con los psicoactivos producidos en laboratorios, tanto en el interior de EU como los que proceden de manera alarmante de China, directamente o a través de México. Al aceptar Colombia la injerencia de EU en esa perspectiva, contribuye a abrir otro frente de obstáculos serios en relación con la implementación del acuerdo para finalizar el conflicto. Mucho más en relación con la construcción de paz.


Panorama nada favorable, más aún si a este contexto sumamos el espacio político que en el nivel doméstico reclaman los sectores con una visión de paz como prevalencia del principio de autoridad y del uso de la fuerza, en cuyo horizonte aparece un modelo de sometimiento a la justicia por parte de las guerrillas y procesos de intervención en zonas de conflicto, todo ello sin que medie una fase de transición a través de un enfoque territorial de paz, pretendiendo que simplemente se incorporen a dinámicas de inversión para la extracción minera y energética, o allanen el camino de nuevo a los cultivos de plantación, presentados como desarrollo alternativo, donde unas pocas familias campesinas accederían a ser suministradoras de materia prima, en un modelo de agronegocios excluyente, concentrador de la riqueza y generador de desplazamiento forzoso.
Como puede deducirse, la perspectiva no es alentadora para el país en general, mucho menos para quienes viven en los territorios cocaleros.

 

1. Véase El Tiempo, “Cinco años para reducir en 50% cultivos de coca en Colombia”, marzo 1 de 2018. http://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/cinco-anos-para-reducir-en-50-cultivos-de-coca-188864
2. Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos respuestas a preguntas de ciudadano, mediante oficio No. OFI17-00151548/ JMSC 111760 Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2017.
3. Eduardo Díaz, presentación del Pnis en el evento “Geografía política y dinámicas territoriales de la implementación de los acuerdos de paz”, Jornadas GeoRaizal 2018-1, U. Externado, abril 26 de 2018.
4. Véase Gómez, Sergio, “Estados Unidos dice que incremento de cultivos ilícitos es inaceptable”, El Tiempo, junio 25 de 2018. http://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/coca-sembrada-aumenta-a-cifra-historica-segun-estados-unidos-235430.
5. Véase Unodc, Colombia Monitoreo de cultivos de coca 2013, Edic. junio de 2014. Una anticipación del proceso político para legitimar sus demandas que se concreta a mediados de 2018 en Vargas, R. “Estados Unidos y su propio problema de drogas” en Razón Pública, edición agosto 14 de 2017.
6. McCall Jones Christopher, Baldwin Grant y Wilson M. Compton “Recent increase in cocaine-related overdose deaths and the role of opioids American Journal of Public Health, march 2017, Vol 107, Nº 3.
7. Sobre estos temas véase por ejemplo, Gretchen Morgenson “Hard Questions for a Company at the Center of the Opioid Crisis”, The New York Times, julio 21 de 2017.

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Narcotráfico, comodín de la guerra y la paz

El narcotráfico es una actividad inmersa en la política nacional e internacional donde están en juego miles de millones de dólares, además de una manipulada estrategia de control social. Sin embargo, las políticas antidrogas vigentes no solucionan el fenómeno; es momento de plantear estrategias más allá de la fumigación y la militarización de los territorios.

 

El narcotráfico no es un delito conexo con el político, es una actividad inmersa en la política. Así sucede desde que Richard Nixon declaró la llamada “guerra contra las drogas”, según lo reveló su asesor de política interna, John Ehrlichman, en una entrevista con el periodista Dan Baum, publicada en Harper’s Magazine:

 

“¿Quieres saber realmente de qué se trata todo esto?”, me dijo con la franqueza de un hombre que, después del oprobio público y una temporada en una prisión federal, tiene poco que proteger. “La campaña de Nixon de 1968, y la Casa Blanca de Nixon, tenían dos enemigos: la izquierda antiguerra y los negros. ¿Entiendes lo que te digo? Sabíamos que no podíamos hacerlos ilegales por ser negros o estar en contra de la guerra, pero al hacer que el público asociara a los negros con la heroína y a los hippies con la marihuana, y luego criminalizar ambas sustancias fuertemente, podíamos fragmentar sus comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, redar sus casas, disgregar sus reuniones y vilificarlos todas las noches”.

 

Y pronto se agregó a la lista la cocaína, completando así la coartada perfecta para la intervención de los cruzados y su agencia estandarte, la DEA, en la arena internacional, con toda la parafernalia de Convenciones Internacionales y Tratados de Extradición, que supuestamente auguraban un triunfo seguro del prohibicionismo sobre el “flagelo” del narcotráfico, como si este fuera una maldición inexorable. Una moderna cruzada de puritanos contra malvados narcotraficantes, que amenazan la inocente e indefensa juventud norteamericana y europea.

 

El “Bien” contra el “Mal”

 

Una nueva guerra emprendida por el Norte, virtuoso y emprendedor, contra el Sur pagano y corruptor. Y así, el Bien, con Tratados de Extradición, combatiría sin fronteras ni limitaciones al Mal, encarnado en el polo de la oferta, para proteger a la multitudinaria demanda, cada vez más adicta y víctima de los malvados narcotraficantes del Sur. Desde entonces la extra-adicción de su juventud, su emprendedora elite de lobos de Wall Street, los altos círculos sociales y artísticos, han pretendido evadir su irresponsable hedonismo con sólo la extradición de criminales y codiciosos narcotraficantes del Sur. Al parecer, los únicos responsables de tanto vicio. Incluso se llegó al extremo de criminalizar a nuestra portentosa naturaleza y se la sindicó de ser asesina: “La mata que mata”, para justificar el ecocidio impune de bombardearla y fumigarla con glifosato. Había que convertir en tierra arrasada cientos de miles de hectáreas de bosque tropical, porque albergaba “cultivos ilícitos”. Semejante expoliación y depredación de la naturaleza fue motivo de orgullo nacional para los entonces Presidentes, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que tuvieron el cinismo de llamar a esa política “Plan Colombia” y “Plan Patriota”, respectivamente. Una política que diezmaba y desplazaba, como peligrosos delincuentes, a miles de campesinos marginados, sin consideración alguna a su salud y dignidad, pues eran cómplices de la mortífera industria del narcotráfico.

 

A fin de cuentas, “raspachines” que proveían a los malvados narcotraficantes de su materia prima, no campesinos y mucho menos ciudadanos. “Raspachines” condenados a ser carne de cañón de organizaciones criminales que se disputaban sus vidas y territorios, desde ejércitos privados con membrete antisubversivo: Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pasando por la Fuerza Pública Nacional, un escuadrón de extranjeros y mercenarios fumigadores de glifosato y la misma insurgencia, Farc y ELN, que contaba así con recursos ilimitados para el avituallamiento de sus ejércitos y la “guerra anti-imperialista”.

 

Para completar el perfecto teatro de operaciones, combatió sin tregua a la criminal “narcoguerrilla”, mientras negociaba y elevaba a la condición de delincuentes políticos a los narcoparamilitares de las “AUC”, expidiendo para ellos la ley 975 de 2005, liderada por Uribe y el doctor Luis Carlos Restrepo, pura ternura. Posteriormente, cuando la cúpula de los “paras” empezó a revelar los pactos con el entorno político uribista y develar así la quintaesencia criminal de dicha gobernabilidad, serían inmediatamente extraditados. Tales fueron, muy resumidos, los principales abusos políticos de la “exitosa guerra” contra el narcotráfico y la extradición, que comparten orgullosos Pastrana y Uribe y, todo parece indicar, profundizará su hijo político adoptivo, Iván Duque, sumiso continuador de la fracasada guerra contra las drogas.

 

¿Narcoguerreros vs. narcopolíticos?

 

Lo que ahora llama a la estupefacción –incluso más que la generada por las combatidas drogas– es que quienes han politizado a tal extremo el narcotráfico, haciendo de la extradición una delegación casi total de la soberanía judicial del Estado colombiano y del “Plan Colombia” una estrategia militar contrainsurgente exitosa, nieguen en trance presidencial la esencia política del narcotráfico, para poder así extraditar en forma expedita a la antigua cúpula de la extinta Farc, haciendo trizas el Acuerdo de Paz y prolongando indefinidamente la absurda y criminal “guerra contra las drogas”, que cumple 50 años de fracasos continuos. Sin duda, la extradición es sustracción de soberanía judicial y de paz política. Nada importan las más de 220.000 víctimas mortales del conflicto armado interno, arrasadas por ese torbellino de violencia, en nombre de una falsa y maniquea moral, muy rentable para los mercaderes de la guerra y la muerte, tanto los legales como los ilegales, en Estados Unidos y en Colombia.

 

De consolidarse el anterior escenario, estaríamos frente al triunfo de los que con ironía pueden ser considerados “narcoguerreros” pura sangre, pues sus políticas antinarcóticas lo corroboran (en EU desde Nixon hasta Clinton y ahora Trump; en Colombia: Belisario, Barco, Pastrana y Uribe), frente a quienes han buscado salidas políticas al problema de las drogas ilícitas, que podrían denominarse cáusticamente “narcopolíticos” (Obama, Gaviria, Samper y Santos), con sus diferentes estrategias gubernamentales de negociación y confrontación, insuficientes para desarticular dicho entramado criminal. Entre ellas, la prohibición de la extradición de colombianos por nacimiento (artículo 35 de la Constitución, ya derogado); la política de “sometimiento a la justicia” Gavirista y su frustrada aplicación Samperista a los Rodríguez (abortada por el acuerdo de Pastrana-DEA con el proceso 8.000) y, el más reciente apoyo norteamericano, con Obama y su delegado en La Habana, que validó el cuarto punto del Acuerdo de Paz: “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Punto que consagró la política de sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, en lugar de la depredadora y criminal de la erradicación forzada, a cambio de proporcionar las Farc las condiciones para que el Estado recobrara su precaria soberanía y la regulación de dichos territorios, reincorporando a los campesinos a su condición plena de ciudadanos, integrándolos legalmente al mercado nacional e internacional. Responsabilidad que el Estado no ha tenido la capacidad de asumir y hoy deja esos territorios en un limbo de cultivos de uso ilícito, anegado en sangre de líderes sociales asesinados por bandas narcotraficantes y de familias campesinas inermes, abandonadas o incluso masacradas por agentes de la Policía Nacional, como aconteció en Tumaco.

 

Contra una guerra perdida una política responsable

 

Pero también hay que resaltar que, en el plano internacional, en forma tardía y tímida, algunos ex-presidentes latinoamericanos que han padecido y experimentado la impostura de tan absurda guerra, se expresaron en la “Declaración Latinoamericana sobre Drogas y Democracia”, el 11 de febrero de 2009, bajo el título: “Drogas y Democracia: Hacia un Cambio Paradigmático”:

 

“Convocada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia, y Ernesto Zedillo de México e integrado por 17 personalidades independientes, la Comisión evaluó el impacto de la “guerra contra las drogas” y presentó recomendaciones para políticas más seguras, eficientes y humanas. Sus tres recomendaciones principales son: 1) tratar el uso de la droga como una cuestión de salud pública; 2) reducir el consumo a través de medidas de información y prevención; y 3) enfocar los esfuerzos de la aplicación de la ley en el combate al crimen organizado”.

 

No obstante, la sensatez de dichas propuestas, hoy resultan insuficientes. Ya es hora de dar pasos más audaces en el ámbito internacional y de promover, como bloque latinoamericano, en las Naciones Unidas, el fin del prohibicionismo, matriz de la “guerra contra las drogas”, adoptando curiosamente la misma política que el Estado norteamericano aprobó en 1933, al derogar la enmienda que prohibió y penalizó el consumo del licor en 1914. Al respecto, cabe recordar el siguiente argumento a favor de la derogatoria de la Enmienda de la Prohibición, expuesto por el vocero de la Cámara, Oscar W. Undelwood, por considerar el prohibicionismo un “esquema tirano que pretende establecer por ley la virtud y la moralidad”, en contra de su colega prohibicionista de Alabama, Richmond Pearson Hobson, quien la defendía con argumentos como:

 

“Una investigación científica ha demostrado que el alcohol es un veneno narcótico”, es una “droga creadora de hábito”, “veneno protoplásmico, asquerosa excreción de un organismo viviente que convertía al negro en un bruto haciendo que este cometa delito no naturales”. El hombre blanco tiene la misma tendencia, salvo que “por el hecho de estar más evolucionado, le toma más tiempo llegar al mismo nivel”1.

 

Según lo anota el historiador Martin Short: “La prohibición había originado un horrible daño moral. Había convertido en ilegal un negocio de dos mil millones de dólares y se lo entregó a los gánsteres. La carretera del crimen organizado estaba pavimentada con las buenas intenciones del movimiento de templanza. Eso era bastante malo. Pero era mucho peor ese regalo de riqueza ilimitada que revolucionaría al crimen organizado, convirtiéndolo en un rasgo indestructible de la vida norteamericana. El sindicato de gánsteres llegaría a ser la quinta fortuna de la nación. La prohibición fue la causante de la banda”2.

 

Por eso es la hora de la regulación estatal, tal como lo está haciendo Uruguay con el control oficial de la producción, distribución y el consumo de la marihuana, para arrebatarle al crimen organizado tan violento como lucrativo negocio. Pero también es la hora de la prevención, la educación y la responsabilidad personal (como lo promueven con éxito las campañas contra el consumo del tabaco y el alcohol) que es lo propio de toda persona adulta y del ejercicio de la ciudadanía. Lo contrario, es reconocer que no se puede prescindir del Estado Policivo y terapéutico (Thomas Szasz), que trata a sus ciudadanos como siervos y menores de edad, carentes de autonomía personal, por lo cual deben ser vigilados y castigados, como lo propone el joven Iván Duque con mentalidad retardataria. Sigue así fielmente los preceptos de sus padres políticos adoptivos, Pastrana y Uribe, tan amigos de la templanza del fuego y las aspersiones con glifosato, totalmente inicuas y toxicas, pero electoralmente muy exitosas, sustentadas en los prejuicios y los miedos de quienes añoran un padre castigador y su brutal pedagogía de la “letra con sangre entra”. Así, Duque pretende disuadir y disminuir el consumo de sustancias estupefacientes con persecución policial, incautación de dosis personal y eventuales multas draconianas, que sólo promoverán mayor corrupción y descomposición de la convivencia y el tejido social. Tal como sucedió durante la prohibición del licor en Estados Unidos. Ya lo decía Al Capone, con fina ironía:

 

“Hago mi dinero satisfaciendo una demanda pública. Si yo rompo la ley, mis clientes, que se cuentan por cientos de entre la mejor gente de Chicago, son tan culpables como yo. La única diferencia es que yo vendo y ellos compran. Todo el mundo me llama traficante ilegal. Yo me llamo a mí mismo hombre de negocios. Cuando yo vendo licor es tráfico ilegal. Cuando mis clientes lo sirven en bandeja de plata es hospitalidad”3.

 

Un “Bien” que estimula el “Mal”

 

Con la templanza y la virtud de Duque, sus asociados y potenciales electores, estaremos condenados a medio siglo más de heroica lucha contra el “flagelo de las drogas”, no sólo como consecuencia de la codicia de los narcotraficantes sino también del “celo y la rectitud moral” de gobernantes que los combaten en nombre de valores superiores que ellos mismos ignoran o desprecian: la libertad, la dignidad humana, la paz y la democracia, convirtiéndolos en una coartada perfecta para prolongar su dominación y perpetuar una guerra pérdida. Una guerra que sólo se ganará cuando se abandone el paradigma prohibicionista y asuma el Estado su rol regulador, preventivo y formativo, dejando atrás el policivo, represivo y punitivo, que sólo eleva los precios de las drogas ilícitas y aumenta las ganancias de los narcotraficantes, además del presupuesto de las agencias antidroga, que medran y subsisten en el mundo de la ilegalidad, la corrupción y el crimen. Sólo basta mirar, sin celo extraditable, la celada montada por la DEA en el caso Santrich, con la participación de varios de sus agentes, cuya trama deberá ser examinada y valorada por la JEP, pues la Fiscalía y la Justicia ordinaria parecen haber perdido, lamentablemente, su independencia y autonomía judicial.

 

1 Citado por Muso F, David Md, (1993) en su libro La enfermedad americana. Bogotá, Ed. Tercer mundo. p. 331.
2 Short, Martin (1986), Mafia, la sociedad del crimen, Barcelona, Ed. Planeta. p. 75.
3 Ibíd., p. 70.

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Narcotráfico, comodín de la guerra y la paz

El narcotráfico es una actividad inmersa en la política nacional e internacional donde están en juego miles de millones de dólares, además de una manipulada estrategia de control social. Sin embargo, las políticas antidrogas vigentes no solucionan el fenómeno; es momento de plantear estrategias más allá de la fumigación y la militarización de los territorios.

 

El narcotráfico no es un delito conexo con el político, es una actividad inmersa en la política. Así sucede desde que Richard Nixon declaró la llamada “guerra contra las drogas”, según lo reveló su asesor de política interna, John Ehrlichman, en una entrevista con el periodista Dan Baum, publicada en Harper’s Magazine:

 

“¿Quieres saber realmente de qué se trata todo esto?”, me dijo con la franqueza de un hombre que, después del oprobio público y una temporada en una prisión federal, tiene poco que proteger. “La campaña de Nixon de 1968, y la Casa Blanca de Nixon, tenían dos enemigos: la izquierda antiguerra y los negros. ¿Entiendes lo que te digo? Sabíamos que no podíamos hacerlos ilegales por ser negros o estar en contra de la guerra, pero al hacer que el público asociara a los negros con la heroína y a los hippies con la marihuana, y luego criminalizar ambas sustancias fuertemente, podíamos fragmentar sus comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, redar sus casas, disgregar sus reuniones y vilificarlos todas las noches”.

 

Y pronto se agregó a la lista la cocaína, completando así la coartada perfecta para la intervención de los cruzados y su agencia estandarte, la DEA, en la arena internacional, con toda la parafernalia de Convenciones Internacionales y Tratados de Extradición, que supuestamente auguraban un triunfo seguro del prohibicionismo sobre el “flagelo” del narcotráfico, como si este fuera una maldición inexorable. Una moderna cruzada de puritanos contra malvados narcotraficantes, que amenazan la inocente e indefensa juventud norteamericana y europea.

 

El “Bien” contra el “Mal”

 

Una nueva guerra emprendida por el Norte, virtuoso y emprendedor, contra el Sur pagano y corruptor. Y así, el Bien, con Tratados de Extradición, combatiría sin fronteras ni limitaciones al Mal, encarnado en el polo de la oferta, para proteger a la multitudinaria demanda, cada vez más adicta y víctima de los malvados narcotraficantes del Sur. Desde entonces la extra-adicción de su juventud, su emprendedora elite de lobos de Wall Street, los altos círculos sociales y artísticos, han pretendido evadir su irresponsable hedonismo con sólo la extradición de criminales y codiciosos narcotraficantes del Sur. Al parecer, los únicos responsables de tanto vicio. Incluso se llegó al extremo de criminalizar a nuestra portentosa naturaleza y se la sindicó de ser asesina: “La mata que mata”, para justificar el ecocidio impune de bombardearla y fumigarla con glifosato. Había que convertir en tierra arrasada cientos de miles de hectáreas de bosque tropical, porque albergaba “cultivos ilícitos”. Semejante expoliación y depredación de la naturaleza fue motivo de orgullo nacional para los entonces Presidentes, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que tuvieron el cinismo de llamar a esa política “Plan Colombia” y “Plan Patriota”, respectivamente. Una política que diezmaba y desplazaba, como peligrosos delincuentes, a miles de campesinos marginados, sin consideración alguna a su salud y dignidad, pues eran cómplices de la mortífera industria del narcotráfico.

 

A fin de cuentas, “raspachines” que proveían a los malvados narcotraficantes de su materia prima, no campesinos y mucho menos ciudadanos. “Raspachines” condenados a ser carne de cañón de organizaciones criminales que se disputaban sus vidas y territorios, desde ejércitos privados con membrete antisubversivo: Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pasando por la Fuerza Pública Nacional, un escuadrón de extranjeros y mercenarios fumigadores de glifosato y la misma insurgencia, Farc y ELN, que contaba así con recursos ilimitados para el avituallamiento de sus ejércitos y la “guerra anti-imperialista”.

 

Para completar el perfecto teatro de operaciones, combatió sin tregua a la criminal “narcoguerrilla”, mientras negociaba y elevaba a la condición de delincuentes políticos a los narcoparamilitares de las “AUC”, expidiendo para ellos la ley 975 de 2005, liderada por Uribe y el doctor Luis Carlos Restrepo, pura ternura. Posteriormente, cuando la cúpula de los “paras” empezó a revelar los pactos con el entorno político uribista y develar así la quintaesencia criminal de dicha gobernabilidad, serían inmediatamente extraditados. Tales fueron, muy resumidos, los principales abusos políticos de la “exitosa guerra” contra el narcotráfico y la extradición, que comparten orgullosos Pastrana y Uribe y, todo parece indicar, profundizará su hijo político adoptivo, Iván Duque, sumiso continuador de la fracasada guerra contra las drogas.

 

¿Narcoguerreros vs. narcopolíticos?

 

Lo que ahora llama a la estupefacción –incluso más que la generada por las combatidas drogas– es que quienes han politizado a tal extremo el narcotráfico, haciendo de la extradición una delegación casi total de la soberanía judicial del Estado colombiano y del “Plan Colombia” una estrategia militar contrainsurgente exitosa, nieguen en trance presidencial la esencia política del narcotráfico, para poder así extraditar en forma expedita a la antigua cúpula de la extinta Farc, haciendo trizas el Acuerdo de Paz y prolongando indefinidamente la absurda y criminal “guerra contra las drogas”, que cumple 50 años de fracasos continuos. Sin duda, la extradición es sustracción de soberanía judicial y de paz política. Nada importan las más de 220.000 víctimas mortales del conflicto armado interno, arrasadas por ese torbellino de violencia, en nombre de una falsa y maniquea moral, muy rentable para los mercaderes de la guerra y la muerte, tanto los legales como los ilegales, en Estados Unidos y en Colombia.

 

De consolidarse el anterior escenario, estaríamos frente al triunfo de los que con ironía pueden ser considerados “narcoguerreros” pura sangre, pues sus políticas antinarcóticas lo corroboran (en EU desde Nixon hasta Clinton y ahora Trump; en Colombia: Belisario, Barco, Pastrana y Uribe), frente a quienes han buscado salidas políticas al problema de las drogas ilícitas, que podrían denominarse cáusticamente “narcopolíticos” (Obama, Gaviria, Samper y Santos), con sus diferentes estrategias gubernamentales de negociación y confrontación, insuficientes para desarticular dicho entramado criminal. Entre ellas, la prohibición de la extradición de colombianos por nacimiento (artículo 35 de la Constitución, ya derogado); la política de “sometimiento a la justicia” Gavirista y su frustrada aplicación Samperista a los Rodríguez (abortada por el acuerdo de Pastrana-DEA con el proceso 8.000) y, el más reciente apoyo norteamericano, con Obama y su delegado en La Habana, que validó el cuarto punto del Acuerdo de Paz: “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Punto que consagró la política de sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, en lugar de la depredadora y criminal de la erradicación forzada, a cambio de proporcionar las Farc las condiciones para que el Estado recobrara su precaria soberanía y la regulación de dichos territorios, reincorporando a los campesinos a su condición plena de ciudadanos, integrándolos legalmente al mercado nacional e internacional. Responsabilidad que el Estado no ha tenido la capacidad de asumir y hoy deja esos territorios en un limbo de cultivos de uso ilícito, anegado en sangre de líderes sociales asesinados por bandas narcotraficantes y de familias campesinas inermes, abandonadas o incluso masacradas por agentes de la Policía Nacional, como aconteció en Tumaco.

 

Contra una guerra perdida una política responsable

 

Pero también hay que resaltar que, en el plano internacional, en forma tardía y tímida, algunos ex-presidentes latinoamericanos que han padecido y experimentado la impostura de tan absurda guerra, se expresaron en la “Declaración Latinoamericana sobre Drogas y Democracia”, el 11 de febrero de 2009, bajo el título: “Drogas y Democracia: Hacia un Cambio Paradigmático”:

 

“Convocada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia, y Ernesto Zedillo de México e integrado por 17 personalidades independientes, la Comisión evaluó el impacto de la “guerra contra las drogas” y presentó recomendaciones para políticas más seguras, eficientes y humanas. Sus tres recomendaciones principales son: 1) tratar el uso de la droga como una cuestión de salud pública; 2) reducir el consumo a través de medidas de información y prevención; y 3) enfocar los esfuerzos de la aplicación de la ley en el combate al crimen organizado”.

 

No obstante, la sensatez de dichas propuestas, hoy resultan insuficientes. Ya es hora de dar pasos más audaces en el ámbito internacional y de promover, como bloque latinoamericano, en las Naciones Unidas, el fin del prohibicionismo, matriz de la “guerra contra las drogas”, adoptando curiosamente la misma política que el Estado norteamericano aprobó en 1933, al derogar la enmienda que prohibió y penalizó el consumo del licor en 1914. Al respecto, cabe recordar el siguiente argumento a favor de la derogatoria de la Enmienda de la Prohibición, expuesto por el vocero de la Cámara, Oscar W. Undelwood, por considerar el prohibicionismo un “esquema tirano que pretende establecer por ley la virtud y la moralidad”, en contra de su colega prohibicionista de Alabama, Richmond Pearson Hobson, quien la defendía con argumentos como:

 

“Una investigación científica ha demostrado que el alcohol es un veneno narcótico”, es una “droga creadora de hábito”, “veneno protoplásmico, asquerosa excreción de un organismo viviente que convertía al negro en un bruto haciendo que este cometa delito no naturales”. El hombre blanco tiene la misma tendencia, salvo que “por el hecho de estar más evolucionado, le toma más tiempo llegar al mismo nivel”1.

 

Según lo anota el historiador Martin Short: “La prohibición había originado un horrible daño moral. Había convertido en ilegal un negocio de dos mil millones de dólares y se lo entregó a los gánsteres. La carretera del crimen organizado estaba pavimentada con las buenas intenciones del movimiento de templanza. Eso era bastante malo. Pero era mucho peor ese regalo de riqueza ilimitada que revolucionaría al crimen organizado, convirtiéndolo en un rasgo indestructible de la vida norteamericana. El sindicato de gánsteres llegaría a ser la quinta fortuna de la nación. La prohibición fue la causante de la banda”2.

 

Por eso es la hora de la regulación estatal, tal como lo está haciendo Uruguay con el control oficial de la producción, distribución y el consumo de la marihuana, para arrebatarle al crimen organizado tan violento como lucrativo negocio. Pero también es la hora de la prevención, la educación y la responsabilidad personal (como lo promueven con éxito las campañas contra el consumo del tabaco y el alcohol) que es lo propio de toda persona adulta y del ejercicio de la ciudadanía. Lo contrario, es reconocer que no se puede prescindir del Estado Policivo y terapéutico (Thomas Szasz), que trata a sus ciudadanos como siervos y menores de edad, carentes de autonomía personal, por lo cual deben ser vigilados y castigados, como lo propone el joven Iván Duque con mentalidad retardataria. Sigue así fielmente los preceptos de sus padres políticos adoptivos, Pastrana y Uribe, tan amigos de la templanza del fuego y las aspersiones con glifosato, totalmente inicuas y toxicas, pero electoralmente muy exitosas, sustentadas en los prejuicios y los miedos de quienes añoran un padre castigador y su brutal pedagogía de la “letra con sangre entra”. Así, Duque pretende disuadir y disminuir el consumo de sustancias estupefacientes con persecución policial, incautación de dosis personal y eventuales multas draconianas, que sólo promoverán mayor corrupción y descomposición de la convivencia y el tejido social. Tal como sucedió durante la prohibición del licor en Estados Unidos. Ya lo decía Al Capone, con fina ironía:

 

“Hago mi dinero satisfaciendo una demanda pública. Si yo rompo la ley, mis clientes, que se cuentan por cientos de entre la mejor gente de Chicago, son tan culpables como yo. La única diferencia es que yo vendo y ellos compran. Todo el mundo me llama traficante ilegal. Yo me llamo a mí mismo hombre de negocios. Cuando yo vendo licor es tráfico ilegal. Cuando mis clientes lo sirven en bandeja de plata es hospitalidad”3.

 

Un “Bien” que estimula el “Mal”

 

Con la templanza y la virtud de Duque, sus asociados y potenciales electores, estaremos condenados a medio siglo más de heroica lucha contra el “flagelo de las drogas”, no sólo como consecuencia de la codicia de los narcotraficantes sino también del “celo y la rectitud moral” de gobernantes que los combaten en nombre de valores superiores que ellos mismos ignoran o desprecian: la libertad, la dignidad humana, la paz y la democracia, convirtiéndolos en una coartada perfecta para prolongar su dominación y perpetuar una guerra pérdida. Una guerra que sólo se ganará cuando se abandone el paradigma prohibicionista y asuma el Estado su rol regulador, preventivo y formativo, dejando atrás el policivo, represivo y punitivo, que sólo eleva los precios de las drogas ilícitas y aumenta las ganancias de los narcotraficantes, además del presupuesto de las agencias antidroga, que medran y subsisten en el mundo de la ilegalidad, la corrupción y el crimen. Sólo basta mirar, sin celo extraditable, la celada montada por la DEA en el caso Santrich, con la participación de varios de sus agentes, cuya trama deberá ser examinada y valorada por la JEP, pues la Fiscalía y la Justicia ordinaria parecen haber perdido, lamentablemente, su independencia y autonomía judicial.

 

1 Citado por Muso F, David Md, (1993) en su libro La enfermedad americana. Bogotá, Ed. Tercer mundo. p. 331.
2 Short, Martin (1986), Mafia, la sociedad del crimen, Barcelona, Ed. Planeta. p. 75.
3 Ibíd., p. 70.

Publicado enEdición Nº246
MK Ultra: la manipulación psicológica de la CIA

 

La temporada de series en Netflix ha traído algunas sorpresas, una de ellas es Manhunt: Unabomber (2017), donde se retrata la frenética búsqueda durante 17 años de Theodore Kaczynski, un genio precoz de las matemáticas que estudió en Harvard, quien envió 16 cartas bomba a universidades, líneas aéreas, científicos y empresas, con un resultado de tres víctimas fatales, heridos y daños materiales.

Unabomber se convirtió en uno de los terroristas más buscados en los Estados Unidos y este es el punto central de la serie: la búsqueda y caza por los equipos especiales del FBI. Unabomber solicitó que se publicara su manifiesto, “La sociedad industrial y su futuro” (1995), en los diarios New York Times y el Whashigton Post, con la promesa de no realizar más atentados. La edición del escrito tuvo una consecuencia: permitió que su propio hermano lo denunciara a las autoridades al encontrar expresiones y giros lingüísticos tan singulares que lo delataron, al menos dentro de su círculo íntimo. La historia ha tenido ribetes tan dramáticos como fascinantes, y tanto Paul Auster (Leviatán) como Ricardo Piglia (El camino de Ida) han escrito novelas con puntos de partida en esta historia. Piglia fue un poco más allá y descubrió que el Unabomber leyó a Conrad, particularmente el texto, El agente secreto (1907), donde un atentado con una bomba es planificado para dañar al “fetiche sacrosanto” que representa la ciencia. Un objetivo externo de las frecuentes pasiones humanas, un escenario perfecto para lograr ser escuchado. Esta fue la línea que siguió el Unabomber por más de 15 años, atentar contra lo que él denominaba el mal mayor: la tecnología y sus representantes. Un buen ejemplo de cómo la literatura no solo retrata la realidad, sino que puede crearla y con consecuencias imprevisibles.

Más allá del caso policial y la cinematográfica persecución, un detalle de la biografía de Kaczynski no debe ser pasado por alto. Siendo alumno precoz de Harvard, a los 16 años participó en una experiencia de manipulación psicológica conocida como MK Ultra. Éste era un programa secreto e ilegal de la CIA que se creó en el año 1953, su primer director fue Sidney Gottlieb y consistía en una serie de maniobras farmacológicas, físicas y psicológicas para producir control mental, quebrar la personalidad y poner a prueba la resistencia psicológica frente a tormentos. Básicamente, como señala Naomi Klein en su libro La doctrina del Shock (2007), el programa se propuso diseñar un sistema con base científica para la extracción de información de “fuentes resistentes”.

Decenas de miles de civiles fueron sujetos de experimentación en universidades, hospitales y cárceles. Kaczynski participó en estos experimentos en Harvard, que fueron supervisados por equipos de psicólogos y psiquiatras. Uno de los psiquiatras responsables del programa, Donald Cameron, a través de sus experimentos brindó las bases para la confección del manual de tortura psicológica de la CIA. No era un científico loco precisamente, de hecho en el período 1952-53 se convirtió en el primer presidente de la Asociación de Psiquiatría Americana. En el programa MK Ultra se utilizaron drogas como el LSD, PCP y técnicas de dominio psicológico como la privación sensorial, aislamiento e hipnosis.

El programa MK Ultra nos lleva a la segunda producción de Netflix, llamada Wormwood, una sorprendente miniserie documental de Errol Morris (ver artículo en PáginaI12 de Horacio Bernades). La serie, de un gran valor visual, histórico y narrativo, es una mezcla de escenas dramatizadas y entrevistas reales al hijo de un científico estadounidense llamado Frank Olson, que murió el 28 de noviembre de 1953, poco tiempo después de haber sido drogado sin su consentimiento con LSD, en uno de los ya citados experimentos de la CIA. Atravesó la ventana de la habitación 1018 en el piso 13 del Hotel Statler, en Nueva York. Por más de dos décadas, la familia tuvo una versión oficial de suicidio, pero luego de años de protestas y denuncias a la prensa y en sedes judiciales, un informe de la comisión Rockefeller en 1975 en el Senado reveló que el suicidio podría haber sido provocado por una respuesta inesperada a las drogas que recibió en el experimento, y fue denominado “suicidio experimental”. Esta versión tampoco conformó al hijo de Olson, Eric, quien halló documentos que evidenciaban que su padre, que trabajaba en Fort Detrick (un laboratorio destinado a la guerra biológica), no estaba conforme con el trabajo que allí se hacía: no aprobaba las pruebas que se estaban haciendo con armas biológicas en la guerra de Corea. Frank Olson empezó a ser un estorbo a sus superiores, en épocas de macartismo, con poco lugar para conciencias dubitativas. Tal circunstancia empeoró cuando lo obligaron a participar, sin saberlo, de un experimento con drogas psicoactivas, que se conoció como la sesión del lago Deep Creek. En 1994, la familia logró exhumar el cuerpo de Olson y la figura del suicidio quedó aún más lejos como posibilidad y cobró finalmente fuerza la idea del asesinato. La ejecución de una persona con demasiada información es la hipótesis que sostiene la familia y que es avalada por distintas investigaciones periodísticas como la del premio Pulitzer Seymour Hersh. Incluso el hijo de Olson encontró un manual de la CIA para asesinatos, en donde sugiere que la forma más eficaz y fácil de disimular un asesinato es arrojar a la persona por la ventana (a una altura superior de 25 metros) y simular un suicidio. Para la Justicia norteamericana, si bien hay consenso que no se trató de un accidente o suicidio, no se encontró suficiente evidencia para acusar a nadie. Los experimentos de la CIA en la población civil de su país cobraron conocimiento público con la desclasificación de archivos en 1977 y más recientemente en 2001. El extraordinario documental Wormwood deja en claro que aún quedan por resolver muchos aspectos que el poder ha sabido callar y ocultar.

Las técnicas de manipulación psicológica no se detuvieron en las prácticas setentistas de la CIA, se han perfeccionado a niveles más sutiles, están vigentes en nuestras vidas, en la forma en la que consumimos, nos informamos, deseamos, y hasta votamos. Para estar atentos.

 

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Miércoles, 20 Diciembre 2017 11:19

Los billones de la ilegalidad

Los billones de la ilegalidad

El crimen organizado y transnacional tiene ganancias anuales a nivel planetario valuadas entre 1,6 y 2,2 billones de dólares, de acuerdo con un reporte publicado por la consultora Global Financial Integrity, radicada en la ciudad de Washington.

Según el informe “Transnational Crime and the Developing World”, el tráfico de piezas falsas o apócrifas es la actividad ilegal más lucrativa para el crimen organizado, pues genera ganancias que oscilan entre los 923 mil millones y 1,13 billones de dólares.

En segundo lugar está el tráfico de narcóticos con ganancias entre 426 mil millones y 652 mil millones de dólares y, en tercer lugar, la tala clandestina con dividendos entre 52 mil millones y 157 mil millones de dólares.

“El valor estimado en este reporte fue calculado gracias a una compilación de numerosos datos y estadísticas de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, fuerzas de seguridad y expertos”, aclara el informe, que alerta sobre la alta tasa de impunidad que tienen los crímenes transnacionales.

Del cuarto al décimo lugar están, respectivamente, el tráfico de personas, la minería ilegal, la pesca clandestina, el comercio indebido de especies salvajes, el robo de petróleo, el negocio de armas ligeras o pequeñas y el tráfico de órganos.

Con un movimiento de unos 108 000 millones de dólares anuales, la prostitución se considera entre las 11 industrias que genera más ingresos en el mundo, a pesar de que sigue siendo ilegal en la gran mayoría de países. Es muy complicado poder calcular el volumen de esta actividad pero los expertos han llegado a calcular que solo en un país como el Reino Unido podría aportar unos 3 700 millones de euros anuales.

Estos delitos generan actividades como “el lavado de dinero y apoyan la violencia, la corrupción y, en algunos casos, el extremismo”, ha sostenido la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), que no se cansa de alertar de que el crimen organizado es un problema grave para la estabilidad y el desarrollo del planeta y regiones enteras.

El crimen organizado internacional genera seis veces más de lo que se gasta en el mundo en ayuda al desarrollo y equivalente al 7% de las exportaciones mundiales. Así lo estima la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

El destino final son los bancos occidentales, luego de pasar por la mecánica del lavado de dinero con la banca en paraísos fiscales, la subfacturación del comercio internacional y el mercado negro de divisas.

La denominada industria de la banca, otra de las que domina el mundo con los billones de la ilegalidad, mueve anualmente unos 115 000 millones de dólares aunque algunas entidades guardan en sus cámaras acorazadas hasta 800 billones en activos. De acuerdo con el ranking mundial de los diez mayores bancos del mundo, según su capitalización en miles de millones de dólares, los tres primeros lugares los ocupan entidades financieras de EE.UU.

Publicado enEconomía
El agente especial James J. Hunt, en su despacho, en Nueva York. FERNANDO ALONSO

 

El agente especial alerta de que interceptan en Nueva York 10 veces más heroína que hace siete u ocho años. La ciudad es "el gran hub" en Estados Unidos

 

El agente especial James J. Hunt, a cargo de la Agencia Antidroga de Nueva York (la DEA, en sus siglas en inglés), es un veterano en la batalla. Policía neoyorquino desde el 82 y formado en la academia de Quantico, ingresó a la agencia en el 85. A lo largo de su carrera, ha visto pasar el negocio de la droga de manos de la mafia a los cárteles de Colombia y México. Ha asistido a la caída de las familias italianas y de los reyes del narcotráfico. Cuando Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, fue extraditado, Hunt y sus hombres le esperaban en el aeropuerto. Pero nada de eso bastará, dice, mientras que haya demanda. Desde su despacho en el sur de Manhattan, aborda la epidemia de opiáceos que castiga a Estados Unidos y reconoce que Nueva York es el gran hub de la heroína del país. Evita pronunciarse, sin embargo, sobre el polémico proyecto de Donald Trump de construir un muro en la frontera mexicana.

 

Pregunta. Sabemos los nombres de esos narcos que controlan el tráfico de heroína desde México. ¿Pero quiénes llevan el negocio aquí?

Respuesta. Ha cambiado. Hace 40 años, la mafia traía la heroína de Europa, de Sicilia o de Turquía, y la vendía a traficantes afroamericanos, como Nicky Barnes o Frank Matthews, e hispanos. En Nueva York, sobre todo puertorriqueños. La mafia fue expulsada cuando los colombianos empezaron a producir heroína, sobre los 80 y los 90, porque bajaron el precio hasta alrededor de la mitad. Los colombianos la suministraban y en la calle la vendían pandillas dominicanas. Pero hace unos 15 años, los colombianos sufrieron un buen revés de la justicia y todos aquellos nombres, Ochoa, Escobar, Gacha... Todos están muertos o en la cárcel. Así que los colombianos listos decidieron que, en lugar de lidiar con los estadounidenses, sería mejor vender su mercancía a los mexicanos. Eso ocurrió en Nueva York y sobre todo en el corredor Este. Pero los mexicanos no están en la calle, ellos negocian con los dominicanos.

P. ¿Ya no interviene la mafia?

R. No pueden competir en precio. La mafia cobraba unos 200.000 dólares por kilo y los dominicanos están comprando esos kilos a los mexicanos por 60.000, 50.000 o 70.000 dólares. Antes todas las familias italianas estaban en eso. Los Bonano seguramente eran los principales y tenían una facción siciliana, gente no nacida en EE UU. Tenían las conexiones con Sicilia y Turquía. Pero desde la Pizza Connection [un famoso juicio de 1985 a una empresa mafiosa que distribuía droga] han sido casos esporádicos. Y nada comparado con los mexicanos. Hace unos años encerramos a un tipo de la mafia, Gene Gotti, que es el hermano de John Gotti, y estaba comerciando con cuatro o cinco kilos. Y era uno de los tipos grandes... Los dominicanos están moviendo entregas de 60 kilos.

P. ¿Y cuáles son los grandes nombres en Nueva York?

R. No hay una jerarquía como en las mafias, con un jefe, unos capitanes y unos soldados. Los traficantes dominicanos están muy fragmentados y negocian con los narcos mexicanos a nivel individual. Allí sí tienen esa estructura más o menos formal [de cárteles].

P. Eso les hace más débiles, en teoría, pero también más escurridizos.

R. Sí, porque no tienen esa estructura. Con la mafia en Nueva York solo tenías que sentarte delante de un club en Bensonhurst o la Avenida Pleasant y veías a todos los miembros de la familia, porque todos debían ir a despachar con el jefe de la familia una vez por semana, eran muy visibles. Ahora es más difícil. Además, muchos no son estadounidenses.

P. ¿Cómo se han construido esas redes?

R. Hace un tiempo arrestamos en el Bronx a tres traficantes dominicanos, les incautamos cuatro millones de dólares en efectivo y tres kilos de heroína. El dinero se iba de vuelta a México, a cambio de la heroína. Es un buen ejemplo de cómo funciona: me das un par de kilos de heroína y yo te envío el dinero de vuelta, la próxima vez te doy cuatro y haces igual, y así vas creando una confianza hasta que montas una estructura que crece exponencialmente. Nunca empiezas de golpe con 50 kilos.

P. Nueva York es un punto especialmente caliente.

R. Nueva York es el hub de la heroína en Estados Unidos. Se intercepta más aquí que en ningún otro sitio, de lejos, una tercera parte del total.

P. ¿Cuál es la principal vía de entrada? ¿El puerto?

R. Ya no llega tanta a través por ahí como antes. Los mexicanos no necesitan transportarla por barco, como los colombianos, la pueden pasar a través de la frontera. Miles de tráilers la cruzan cada día y ellos los usan. Ocurre lo mismo con el dinero. Una vez sabíamos que uno llevaba carga, pero lo habían escondido en el eje, así que nos llevó como un día y medio encontrarlo. En otra ocasión encontramos cuatro millones de dólares que estaban enviando a México dentro muebles, unos muebles que se habían fabricado especialmente con compartimentos secretos. También hemos descubierto muchos túneles.

P. ¿Cómo es la colaboración con las autoridades mexicanas?

R. Muy buena, trabajamos estrechamente. Han recorrido un gran camino, han avanzado mucho en la lucha contra los narcóticos. No tendríamos al Chapo si no fuera por sus fuerzas de seguridad y su Gobierno. Allí nosotros tenemos a gente, pero no somos una fuerza de seguridad.

P. También hay un gran flujo de armas ilegales en dirección a México.

R. Los tipos malos necesitan armas. En Estados Unidos tenemos muchas, muchas empresas que las fabrican y estos traficantes quieren tantas como puedan conseguir. Depende del estado en el que estés, es fácil comprarlas. Así que es una relación complementaria. Los de Nueva York son tipos que suelen ir a las Carolinas o a Virginia, hacen que vaya gente allí y se las compren.

P. ¿Cómo ha vivido en la DEA este boom de la heroína?

R. En Nueva York estamos interceptando 10 veces más heroína que hace siete u ocho años. Si me hubieran dicho entonces que cogeríamos tanta no me lo hubiera creído. Desde 2009 se ha ido duplicando cada año. El problema es que hay una gran población de adictos, y ese es nuestro reto, porque la heroína no tiene un valor intrínseco, no es como el oro. Si no tienes a quién vendérsela, solo es un montón de polvo. Puedes detener a hombres como El Chapo, pero mientras haya demanda, tendrás el problema. Hay que conseguir que las nuevas generaciones no prueben la heroína. Hay gente que prueba la cocaína, o la marihuana, luego madura, encuentra un trabajo y no lo vuelve a hacer. Pero la heroína toma todo tu cuerpo y tu alma.

 

 

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Estados Unidos y el uso problemático de las drogas: De la paja en el ojo ajeno a la viga descomunal

El tema de la coca, su persistente sembrado en nuestro país y la problemática de salud que registran los Estados Unidos por el consumo de opioides, vuelve a primer plano. Aunque las cifras confirman que en el consumo de cocaína no está la explicación de tal problemática, todo parece indicar que su potencial geopolítico no será desaprovechado por el gobierno de Trump.

 

El incremento tanto del uso de cocaína como las muertes por sobredosis en Estados Unidos (EU) fue la conexión interna que William Brownfield estableció luego de denunciar el fuerte aumento del número de hectáreas de coca (130%) y del potencial de producción de cocaína (200%) de Colombia. Brownfield es el Secretario de Estado para Asuntos de Narcóticos y Cumplimiento de la ley de EU y expuso su argumento en una audiencia del Subcomité de Relaciones Exteriores en el Hemisferio Occidental sobre Asuntos de Crimen Transnacional, Seguridad Ciudadana, Democracia, Derechos Humanos y temas relacionados con la Mujer a nivel Global el pasado 2 de agosto de 2017. Este Subcomité es presidido por Marco Rubio, connotado senador conservador de la Florida.


La narrativa sobre drogas del funcionario establece una correlación entre producción colombiana y comportamiento de la demanda dentro de EU en razón a que el 90 por ciento de la cocaína incautada por la Drug Enforcement Administration DEA proviene de Colombia. El subsecretario guardó absoluto silencio sobre la intermediación de esa cocaína en manos de narcotraficantes mexicanos, cuya capacidad de traspaso fronterizo y distribución en el interior de EU crece vertiginosamente, sobre todo en la costa oeste, para luego ser distribuida hacia diferentes puntos del mercado interno. Esta intermediación compromete redes complejas de contactos, puntos seguros intermedios, corrupción extendida sobre todo en Centroamérica y el Caribe y en la misma frontera con México. Obviando este entramado, Brownfield sólo estableció una correlación entre cultivos de coca en Colombia y consumo de cocaína.


El argumento del consumo interno


Según informes de la DEA, la disponibilidad de cocaína en los EU se mantiene por debajo de los niveles de 2006. De acuerdo con indagaciones de las 21 oficinas regionales de campo (DEA Field Divisions Report) sólo en 5 lugares se reporta un incremento en el primer semestre de 2015 (Houston, New York, Philadelphia, Phoenix, y Washington) y comparado con el segundo semestre de 2014, solo una División (Dallas) de las 21, reporta una mayor disponibilidad de cocaína.Las 20 restantes señalan que ha sido estable.


Desde el punto de vista de precios y pureza de la cocaína, el contexto nacional refleja una situación sostenida de incrementos de precios hasta posicionarse en un alto nivel (149% entre enero de 2007 y marzo de 2015, es decir de US$98 a US$244 dólares por gramo) y una pureza que decreció en 35 por ciento al pasar de 67.1 por ciento a 43.6 por ciento en este período. Cabe recordar que la estrategia de reducción de la oferta que actualmente predomina en el contexto global busca, como efecto, generar precios altos y baja pureza como dos indicadores clave que disuadirían a los usuarios del uso de este y demás psicoactivos prohibidos. (Véase gráfico Nº1).

 


Tampoco los registros sobre casos de emergencia hospitalaria por uso de cocaína dan cuenta de una situación epidémica, sino todo lo contrario. Si se observa el gráfico Nº 2 puede apreciarse que el uso de cocaína es cada vez mejor manejado evitando estados de emergencia por sobredosis y que sus estados de salud puedan alterarse con gravedad tal como sucedía, por ejemplo en 2006, cuando se alcanza uno de los picos más altos de atención hospitalaria para este psicoactivo.


Es probable que esta situación se deba también a la pérdida de peso del consumo adictivo que prevaleció desde finales de los años ochenta e inicios de los noventa, cuando se generalizó la demanda de crack y una cocaína mal manejada que produjo daños en la salud, demanda que era sostenida por una generación de adictos y presidiarios y el surgimiento de nuevos usuarios ocasionales.


A modo de síntesis, tomando indicadores de disponibilidad, precio, pureza y contextos de emergencia hospitalaria por uso de cocaína, no existe en absoluto una situación que rompa abruptamente las tendencias, relativamente estables, de media y larga duración, que muestran las estadísticas que evalúan con detalle el comportamiento de esa sustancia en EU.


El problema de uso de drogas en EU mayor impacto


Estados Unidos presenta una realidad muy compleja en materia de uso problemático de algunas sustancias y en primer lugar de opioides tanto ilícitos como legales. El indicador de alarma son las muertes por sobredosis que han crecido dramáticamente entre 2000 y 2014. De manera muy sintética pueden observarse tres contextos donde se presenta una fuerte demanda de atención hospitalaria de emergencia por uso de opioides, escenarios todos interrelacionados: en primer lugar, un incremento exponencial del uso de heroína que creció sobre todo entre 2013 y 2014, generando casos de emergencia hospitalaria. En segundo lugar, un complejísimo problema de desviación de opioides con prescripción médica(POD por sus siglas en inglés) que también ha disparado los servicios de atención médica y, finalmente, una dramática situación de incremento del uso de heroína u opioides con cocaína, conocido como speedball, generando una mezcla letal y que ha incrementado el peligro de muerte de sus usuarios.


En el primer escenario (ver gráfico Nº3), se presenta un repunte en el número de usuarios sobre todo entre 2013 y 2014. Puede decirse que es una tendencia creciente desde 2002, confirmada por las cifras que muestran un incremento de 1.6 por 1.000 personas a 2.6 por 1.000 (1).

 

 


Al contrastar ese devenir con casos de emergencia hospitalaria, el problema de la heroína crece en la zona del Nor-Este específicamente en Nueva Inglaterra (Maine, Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut), con un aumento sobre todo en la población hispana y blanca así como para esta última en el medio Atlántico (Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey). En la parte central del Nor-Este se observa un incremento sobre todo en la población negra. En este caso, especialistas creen que hay una correlación entre el auge de la demanda opioides con prescripción (POD por sus siglas en inglés) y el uso exponencial de heroína.


En el caso del segundo escenario, la desviación de los POD con un uso problemático se torna dramático en la región del Atlántico Sur pero sobre todo en el Sur Este Central (Estados de Kentucky, Tennessi, Misisipi y Alabama) con una dramática afectación de población blanca, generalmente desempleada y empobrecida. En las estadísticas sobre las sustancias con prescripción aunque fuertemente controladas se encuentran 5 opioides (narcóticos) y dos drogas estimulantes sintéticas (2). De acuerdo con el Instituto sobre Abuso de Drogas, más de 90 estadounidenses mueren cada día por sobredosis de opiáceos, calificando el problema como una crisis de salud pública (3). Este escenario compromete seriamente las grandes empresas distribuidoras de medicamentos en EU.
Finalmente, en el tercer escenario reaparece un contraste muy fuerte: las muertes por sobredosis de cocaína en donde no se involucran opioides se incrementaron de 0.37 a 0.91 por 100.000 habitantes desde el 2000 al 2006 y luego declinaron a 0.78 por cien mil en el 2015 (4).


De otro lado, las muertes por sobredosis de uso de opioides en donde se combinó cocaína se incrementó de 0.37 a 0.91 entre el 2000 y 2006, declinó luego en el 2010 a 0.57 pero luego se disparó en 2015 a 1.36 contribuyendo a configurar una situación que junto con la explosión del opioide sintético Fentanyl y la desviación de las POD (véase gráfico Nº4), prende las alarmas y lleva incluso a que la presidencia declare una “emergencia nacional” por epidemia de heroína (5).

 

 

Esta información ratifica los hallazgos de la DEA y muestra el fuerte contraste entre la magnitud de las emergencias hospitalarias por uso de heroína y la fuerte reducción que se observa en el caso del uso de cocaína sin otros aditivos que pueden hacerla muy riesgosa (véase gráfico Nº 5).

 


De nuevo la perspectiva colombiana


Como se ha podido observar, el complejo entramado que hay detrás del crecimiento exponencial incluso epidémico de sustancias opioides tanto legales como ilegales hunde sus raíces en una múltiple y simbiótica relación con problemas socioeconómicos, culturales y de experiencias en el uso de drogas en donde son notorias circunstancias personales críticas. Allí mismo se percibe el uso de prácticas que denotan desconocimiento pero a la vez de aprendizaje en el manejo de psicoativos pero también, intereses comerciales salvajes que atropellan mínimos éticos frente al mercado, corrupción, crisis institucional, todo envuelto en contextos de vigencia de estrategias prohibicionistas, que claramente oscurecen e incluso agravan la posibilidad de un manejo desde una perspectiva de salud pública y de protección a derechos fundamentales de usuarios.


Lo anterior sin referir las estructuras de redes que caracteriza el tráfico mayorista y el mercado al detal de sustancias psicoactivas declaradas ilegales o legales bajo control, contexto en el cual se observa una multiplicidad de responsabilidades de diferentes instancias de control, principalmente de orden estatal.


Las circunstancias presentadas, desconocidas por miembros de alto rango de las decisiones sobre drogas de orden internacional, en este caso de EU, los lleva a que centren su discurso en una narrativa simplista, unívoca y de señalamiento acusador de la reiterada amenaza externa, en este caso la producción de hoja de coca en Colombia. Narrativa que culmina en descargar el centro del problema en un eslabón extremadamente débil como son los productores, acusando que la estrategia de uso de la fuerza colombiana “no guarda el ritmo frente a la explosión de los cultivos de coca, debiendo ser direccionada, actuando con el mismo vigor como lo hace la misión de interdicción”(6). Demandan por encima de todo, la reducción de áreas con plazos perentorios bajo la amenaza de la intervención coercitiva de las FFAA. Los productores son una parte vulnerable de la cadena de las drogas porque son sujetos de explotación económica por parte de intermediarios y compradores de materia prima; deben someterse a grupos armados ilegales que prestan servicios de seguridad; son objeto de la acción de cuerpos de seguridad del Estado tanto policía como fuerzas armadas, que erradican sus plantaciones aún después de haber firmado pactos de sustitución con el gobierno. En consecuencia, los cultivadores reciben las prácticas de una institucionalidad que manda señales confusas, al combinar indiscriminadamente el uso de la fuerza con iniciativas de sustitución, cuya sostenibilidad está directamente relacionada con soluciones complejas para los problemas estructurales que explican el crecimiento de áreas de cultivos de uso ilícito. Incrementos que se motivan y sostienen por la presencia de un mercado internacional en auge, donde EU sólo representa menos de una tercera parte (7).


De manera concluyente, se reitera que en materia de drogas no hay hechos en sí mismos sino hechos interpretados, verdades instauradas desde una posición de poder, es decir caracterizaciones que contienen su propio criterio de validación. Así se observa en las apreciaciones del funcionario de narcóticos internacional del Departamento de Estado, cuyo propósito estratégico puede inferirse a partir de la comprensión de su narrativa:

 

• Oxigenar una estrategia de reducción de la oferta en crisis, incorporando de nuevo el tema de drogas a una agenda de seguridad donde Washington se hace fuerte.
• Poner bases políticas para demandar el restablecimiento de las aspersiones aéreas con glifosato u otro herbicida en Colombia.
• Como efecto colateral, potenciar los discursos internos de orden político que demandan una vuelta a las acciones propias de la guerra contra las drogas y que indemostradamente reclaman disminuciones efectivas de áreas de coca por el uso de aspersiones y criminalización de productores.

 

El punto 4º de los acuerdos de paz sigue siendo central en la consolidación de la paz. Si el Estado colombiano, además de los problemas que ya tiene en el proceso de implementación sobre todo en los asociados a temas económicos y sociales principalmente del orden rural, permite la injerencia que se anuncia por parte de Washington y que violenta la autonomía nacional en el manejo de asuntos internos, sería un retroceso políticamente muy costoso y llevaría la construcción de paz a escenarios difícilmente manejables.


Esto supone reconocer que el tema de las drogas será un punto nodal en el seguimiento que estará haciendo Washington sobre el desenvolvimiento político interno, en el contexto de las elecciones presidenciales del 2018, observando con beneplácito las posiciones más afines a la restauración de la guerra antidrogas. Esto conduce a que las coaliciones alrededor de la implementación de los acuerdos de paz deben tener una postura muy clara frente a la continuidad de las presiones que ya se vislumbran por parte de la administración Trump y que hace gala hoy de un unilateralismo desafiante frente a países latinoamericanos como México e incluso en el marco de la crisis en Venezuela. 

1. Jay Unick, Ciccarone, Daniel, “US regional and demographic differences in prescription opioid and heroin-related overdose hospitalizations”, International Journal of Drug Policy, Nº46, 2007, pp. 112,119.
2. Se trata de los opioides: hidrocodona, oxicodona, metadona, morfina y codeína (categoría 2 en la clasificación de la Ley de Sustancias Controladas de EU. Entre los estimulantes Metifenidato (MFD) y Anfetamina (Categoría 2N). Véase “Drug Classifications, Schedule I, II, III, IV, V”. Fuente: https://medshadow.org/resource/drug-classifications-schedule-ii-iii-iv-v/
3. Véase Morgenson, Gretchen “Hard Questions for a Company at the Center of the Opioid Crisis, Fair Game”, The New York Times, julio 21, 2017.
4. Mc Call, C., Baldwin, G., Compton,W., Mc Call, C., Baldwin, G., Compton,W., “Recent Increases in Cocaine-Related Overdose Deaths and the Role of Opioids”, American Journal of Public Health, Vol 107, Nº 3, marzo 2017, pp. 430-432.
5. Véase, “Trump declara “emergencia nacional” la epidemia de heroína”, El País en https://elpais.com/internacional/2017/08/10/actualidad/1502396000_722428.html
6. Brownfield, W., “Assessing the Colombia Peace Process: The Way Forward in US-Colombia Relations”, agosto 2, 2017.
7. Vargas Ricardo, “Colombia y el Mercado mundial de la cocaína”, Razón Pública, julio 23 de 2017.

*Sociológo, consultor internacional en temas de desarrollo, ilegalidades y seguridad.

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