«Todos los instrumentos de la economía verde obedecen a la misma lógica perversa de financierización»

Entrevista a Amyra El Khalili

 

El debate ambiental tiene todo para ser escamoteado o repetir viejas tergiversaciones sobre desarrollo y sustentabilidad en el escenario electoral que empieza a calentarse. Más todavía en lo que se refiere a la denominada economía verde, concepto todavía nuevo para el público. Columnista del Correo de la Ciudadanía, la economista y activista socioambiental Amyra El Khalili acaba de presentar la 2ª edición del e-book Commodities Ambientales en Misión de Paz – nuevo modelo económico para Latinoamérica y el Caribe. Como el título sugiere, no se trata de un debate de fácil entendimiento. En esta entrevista, tratamos de traer tales conceptos a la luz.

Las commodities ambientales son el opuesto de las commodities convencionales por hacer contrapunto a los criterios de estandarización y comercialización, al cuestionarlos técnicamente confrontando  los números y estadísticas de las grande escalas de producción, incluyendo las variables sociales y ambientales, y principalmente las reivindicaciones de los que son los legítimos representantes de su “eminencia parda”, el Mercado, es decir, los productores y consumidores que somos todas y todos nosotros”, explicó.

En la extendida entrevista, Amyra El Khalili también critica los límites del discurso ambientalista mayoritario, pues en su visión pone frases de fácil asimilación – como “agua no es mercancía” – por encima del análisis del modelo de producción y consumo en el cual estamos todo inseridos. Por otro lado, trata de precisar las diferencias entre mercados financierizados y oligopolizados de los que involucran productores y consumidores de pequeña escala, a nombre de quiénes siempre se estimulan los instrumentos de economía sustentable, mitigación de daños, compensaciones ambientales, etc.

“Una cosa es financiar un proyecto de mitigación (reducción de emisiones), otra es emitir títulos para las Bolsas o negociar commodities en las Bolsas. Son cosas distintas, tienen funciones distintas; no deberían fundirse y mucho menos confundirse. Lo que ocurre es que, con los instrumentos de la economía verde anteriormente citados, están fundiendo y confundiendo deliberadamente los contratos en una arquitectura financiera peligrosa. Mitigación no ocurre de la noche al día, lleva años, y muchos que están firmando contratos, acuerdos y proyectos no estarán vivos para saber sus resultados, comprometiendo así el patrimonio ambiental y cultural de las presentes y futuras generaciones, como se da en el caso de las tierras de los pueblos indígenas y tradicionales.

Entrevista:

Correo de la Ciudadanía: Empezando por el título del libro ¿qué son commodities ambientales y cuales sus finalidades en la economía actual?

Amyra El Khalili: Primero es preciso comprender lo que son “commodities” para después definir lo que son “commodities ambientales”. Commodities son mercancías estandarizadas para compra y venta que adoptan criterios internacionales de comercialización en mercados organizados (bursátiles, es decir, de Bolsas de Mercancías y Futuros). Hoy día clasificamos las producciones convencionales en commodities agropecuarias (soya, maíz, café, ganado, arroz, cacao, azúcar, etc.) y commodities minerales (petróleo, gas, oro, plata, cobre, hierro, etc.).

Fue justamente con el objetivo de cuestionar a forma como se dan esos “criterios” de estandarización y su modus operandi que pasé a estudiar el binomio “agua y energía” y acuñé la expresión “commodities ambientales”. He sido operadora de commodities y de futuros por más de dos décadas, he entrenado y capacitado operadores para las corredoras, pasé a ser estratega en ingeniería financiera, he estructurado y montado cuatro agencias asociadas a la Bolsa de Mercancías & de Futuros (antigua BM&F, actual B3);en la década de los noventa negociaba dos toneladas de oro al día en los mercados (a la vista) y derivativos (futuros) hasta llegar a la condición de consultora de la BM&F asesorándola  en la implantación de instrumentos económico-financieros como, por ejemplo, el contrato futuro de soya en grano al por mayor. He hecho la ruta de la soya en Brasil para la presentación de este contrato futuro de soya. Como conozco ese engranaje por dentro, sé separar producción de finanzas, y también identificar cuando producción y finanzas se “funden y confunden”.

Las commodities ambientales son el opuesto de las commodities convencionales porque son un contrapunto a los criterios de estandarización y comercialización, al cuestionarlos técnicamente confrontando los números y estadísticas de las grande escalas de producción, incluyendo las variables sociales y ambientales y, principalmente las reivindicaciones de los que son los legítimos representantes de su “eminencia parda”, el Mercado, es decir, los productores y consumidores que somos todas y todos nosotros, pagadores e impuestos y tasas, además de pagar también las exorbitantes tasas de intereses practicadas en Brasil cuando recurrimos a préstamos  y financiamientos.

Así, las “commodities ambientales” son mercancías originadas de recursos naturales, producidas en condiciones sustentables, y constituyen los insumos vitales para la industria y agricultura. Estos recursos se dividen en siete matrices: 1. Agua; 2. Energía; 3. Biodiversidad; 4. Floresta; 5. Minerales; 6. Reciclaje; 7. Reducción de emisiones contaminantes (en el suelo, agua y aire). Las commodities ambientales están siempre conyugadas a servicios socioambientales – ecoturismo, turismo integrado, cultura y saberes, educación, información, comunicación, salud, ciencia, investigación e historia, entre otras variables que no son consideradas en las commodities convencionales.

Mientras las commodities convencionales (agropecuariasy minerales) se concentran en algunos pocos productos de la pauta de exportación, con escalas de producción, con alta competitividad y tecnología de punta (transgenía, nanotecnología, biología sintética, geoingeniería, etc.) en las commodities ambientales se desarrollan criterios de producción alternativa como la agroecología, agricultura orgánica, biodinámica, agricultura de subsistencia consorciada con investigación de fauna y flora, como plantas medicinales, exóticas y en extensión. Como, por ejemplo, el banco de germoplasma del bioma macaronesía (misto de bioma amazónico con mata atlántica).

Es el caso de la simiente de lino y de las tinturas rescatadas por el banco de germoplasma para bordados tradicionales de la “Ilha da Madeira”, en Portugal, que han sido clonados por los chinos e industrializados. El mercado fue inundado por falsificaciones chinas de esos bordados. Resultado: las bordadoras ya no quieren enseñar el oficio a sus hijas por ser exploradas por la industrialización y por empresarios que exportan sus bordados para boutiques y pagan una miseria para las bordadoras.

Otra contradicción: mientras en la Amazonía se combate la biopiratería, en los países del norte son investigadas las semillas y especies para recuperar lo que degradaron y desmataron. Son esas contradicciones, sus paradojos y reflexiones entre problemas y soluciones que estamos debatiendo y analizando al construir colectivamente el concepto de “commodities ambientales”. Las commodities ambientales son como un espejo frente a la cara del sistema financiero para que podamos ver, en tiempos de tinieblas, alguna luz al final del túnel, proponiendo un modelo de transición a la economía de mercado en su fase neoliberal (neo= nuevo; liberal = libre mercado).

Si vivimos en una economía en la cual comanda el libre mercado ¿Por qué solamente los detentores de capital pueden decir sobre qué, cómo y de qué forma debemos producir y consumir? Si es libre para los capitalizados ¿Por qué somos rehenes de ellos y estamos “presos”? ¿Debemos ser eternamente “esclavos del libre mercado”?

Si somos los que producen, los que consumen, los que pagan impuestos, tasas y intereses ¿por qué tenemos que estar subordinados a las reglas de estandarización y comercialización internacionales, fuera de nuestra realidad y todavía aceptar que ese mercado se “autorregule”?

En Brasil sabemos que el legislador es cuestionable y muchas veces injusto; cuando la ley beneficia el reo (el degradador) y penaliza la victima (el ambiente). Cuando es conveniente para bancos y corporaciones, prevalece lo negociado sobre lo legislado.

Correo de la Ciudadanía: ¿Usted considera sustentable la exploración de las commodities ambientales? ¿Cuál la “separación del joyo del trigo” que hay que hacer, como la obra propone?

Amyra El Khalili: Las matrices de las commodities ambientales son recursos naturales y procesos renovable y no renovables; el agua, la energía, la biodiversidad, la floresta, el mineral, el reciclaje, la reducción de emisiones de contaminantes (en el suelo, agua y aire). No son mercancías, no pueden ser “comoditizadas” porque se trata de bienes difusos, de uso común del pueblo.

Las commodities ambientales son las mercancías que se originan de esas matrices, por ejemplo, el dulce de guayaba de la productora de dulces de Campos dos Goytacazes (RJ). El árbol de guayaba es la matriz, la guayaba es la materia prima, el fruto. La mercancía es el dulce de guayaba. La prestadora de servicio es la mujer dulcera en Campos dos Goytacazes y que aprendió con la india Goytacá la receta tradicional de la guayabada. La mujer dulcera se organiza en asociación y cooperativa. El agua y la energía como commodity ambiental, en este caso, es el insumo usado por la mujer dulcera para producir el dulce de guayaba. Se vuelve commodity ambiental cuando esa mujer cuida de la cuenca hidrográfica y trabaja con energía renovable y/o maximizando el uso del agua y de la energía para producir su dulce. Es cuando agua y energía son captadas de la naturaleza y pasan a la cadena productiva.

En las commodities ambientales trabajamos las siete matrices integradas al aprender cómo funciona un ecosistema. Separamos em sete matrices para poder estudiar y analizar los impactos socioeconómicos de su uso, para no permitir la exploración desenfrenada y ni la extracción industrializada como ha ocurrido en el desastre ambiental con la minería en Mariana, Minas Gerais.

Estamos hablando de commodity, o sea, de mercado organizado y no de extracción simplemente (sin organización social). Commodity no se da en la informalidad y ni es posible decir que cualquier cosa se vuelva commodity en la ilegalidad y sin criterio de estandarización. La mercancía tanto puede ser lícita como ilícita. ¡La cantidad de cosas ilícitas que se vuelven mercancías es enorme!

En economía verde se denominan los procesos de servicios ecosistémicos y ambientales. Lo que ocurre es que tampoco son “servicios”, ya que la naturaleza no está a servicio de los humanos, no cobra por su trabajo. En el concepto de “commodities ambientales” estamos hablando de “beneficios providenciales” y no de servicios ambientales.

Si alguien presta algún servicio en esta ecuación es la mujer que hace el bordado en Ilha da Madeira, la costurera, el extractivista, la que quiebra el coco babaçu, el ribereño pescador, la mujer que recoge la guayaba manteniendo la planta en pie y sembrando otra guayabera al lado de dónde cogió el fruto, los pueblos indígenas y tradicionales que protegen y guardan las florestas y las aguas. Estos, sí, prestan servicios y deberían ser debidamente remunerados por mantener los “beneficios providenciales” que la naturaleza nos proporciona. Ellos y ellas trabajan para que tengamos agua en cantidad, así como aire, tierra y mar.

Correo de la Ciudadanía: Y los verdaderos prestadores de servicio ¿están siendo excluidos de los beneficios económicos?

Amyra El Khalili: La academia y las grandes ONG tienen por hábito crear nuevas expresiones y palabras-claves para desviar la atención de lo principal, tanto los que defienden el neoliberalismo cuanto los que lo critican. Es mucha tergiversación política, distorsión y sesgo de las banderas y justas causas que defendemos y discutimos en el mundo real. Pero el pueblo no es tonto. Es bueno, pero no es tonto. Como dijo un líder Jaminawá: “¡Capibara es capibara, paca es paca, culebra es culebra y no vengan con esos nombres complicados que no sabemos lo que son! Para nosotros las cosas son sencillas”.

Si usamos a palabra-expresión “commodities” es porque dominamos el asunto y estamos rebatiendo argumentos flojos e inconsistentes. Derribando mitos que se presentan como verdades absolutas e incuestionables. Quienes nos escuchan y nos leen con atención entienden perfectamente de lo que estamos hablando.

También nunca supe de un inversionista que pusiese su dinero en algo que no entendiese, por el contrario, si lo hacen sin entender es porque los están engañando. Engañar personas es estelionato (abuso de la buena fe del individuo) y si tiene papeles con palabras-expresiones enroladas, certificadores dudosos, auditores incompetentes (en la mejor de las hipótesis) es fraude. Si tiene juros impracticables y exorbitantes, es usura. De ahí la cuestión sale del campo técnico e ideológico y pasa a la condición de jurídico-económico. En esa hipótesis es crimen.

Por lo tanto, estamos entrando en el territorio del derecho penal, más específicamente en el derecho ambiental y el derecho humano, sin perder de vista que estamos tratando también con derecho económico, tributario y fiscal. Es materia multidisciplinar y no es una simple mortal que será doctora en el tema. ¡Yo no me atrevería a tanta prepotencia!

Sino veamos. Cuándo privatizaron la Vale do Rio Doce ¿qué vendieron? ¿Una empresa estatal? No, vendieron las riquezas del subsuelo, el bien público, el mineral explorado por la Vale do Rio Doce que pasó a tener accionistas extranjeros y someterse a las reglas de mercado (¡o a su ausencia!). Aquí estoy hablando de mercado financiero y no del mercado como un todo que somos todos nosotros, productores y consumidores de bienes y servicios.

Cuando subastaron el pré-sal, entregaron para exploración de otros países en territorio brasileño el bien común del pueblo, el petróleo. Yo respondo a su pregunta con otra pregunta: ¿es viable?

Tomemos como hecho a reciente huelga de los camioneros. Al indexar los precios de los combustibles al precio practicado en las bolsas internacionales, los puestos de gasolina y alcohol pasaron a la condición de corredores y cambistas, con reajustes de precios diarios y inesperados.

Es imposible convivir con esa situación cuando ni los camioneros logran saber lo que están pagando para seguir en la carretera; cuando ni sus salarios están garantizados y más, corren riesgo de vida con asaltos y pésimas condiciones de trabajo con la flota en mal estado, o sin saber cómo van a pagar las cuotas de los camiones nuevos que han comprado.

Cuando proponemos “las commodities ambientales” estamos hablando de alternativas de generar empleo e ingresos para los que viven de la minería, da exploración desenfrenada del bien común, pues los argumentos de las empresas mineras y del agronegocio son de que tal actividad extractivista genera empleo e ingresos, trae divisas (dinero de inversionistas extranjeros) para el país. Pero sabemos que las empresas multi y transnacionales que se establecen en Brasil viene en búsqueda de insumos (agua y energía), de materia prima (minerales y productos agropecuarios) y mano de obra barata o aún gratuita y esclavizada.

Traen sus empleados bien pagados de exterior, altamente capacitados, hablando dos o más idiomas, con maestrías y doctorados, no contratan mano de obra regional, exploran el ambiente local con la complicidad de políticos. Así se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas.

Correo de la Ciudadanía: En ese sentido, en textos en el Correio da Cidadania usted escribe provocativamente que agua, energía y alimentos son sí mercancías, a pesar de los slogans más famosos en movimientos sociales o en discursos de grupos y partidos. ¿Cómo explicar eso?

Amyra El Khalili: Digo que es el contrario de esas campañas que vienen de fuera hacia adentro, elaboradas por ONG internacionales cuando la palabra commodities traducida literalmente significa mercancía. Queriendo “estandarizar las campañas” para que sean usadas en todos los continentes, las ONG cometen un equívoco y alimentan todavía más la confusión entre producción y finanzas. Hacen los mismo que los colonizadores que tanto critican: Nos someten a su voz de comando sin preguntarnos si esas expresiones nos sirven para decir lo que nos gustaría decir.

Explico: commodities la palabra-expresión  utilizada en finanzas puede ser más que simples mercancías, dependiendo de cómo se la usa y en que contexto se la emplea, como el agronegocio en sus propagandas cuando afirma que Brasil se volvió el mayor exportador de soya con el boom de las commodities, con los chinos comprando nuestra producción, tanto cuanto lo que dicen que “todo va a volverse commodity” sin explicar cómo es posible esa metamorfosis desconsiderando que todavía tenemos una Constitución Federal con el artículo 225, además del derechos económico, tributario y fiscal.

El texto sintetiza: el bien ambiental es definido por la Constitución como siendo “de uso común del pueblo”, es decir, no es bien de propiedad pública, pero sí de naturaleza difusa, razón por la cual nadie puede adoptar medidas que impliquen gozar, disponer, fruir del bien ambiental o destruirlo. Al contrario, al bien ambiental es solamente conferido el derecho de usarlo, garantizando el derecho de las presente y futuras generaciones.

Están usando la palabra-expresión commodities de forma sesgada, distorsionada y descontextualizada o sencillamente lanzando la palabra-expresión de un lado a otro sin profundizar el debate que está en curso hace décadas, y de esta forma desviando la atención de lo principal y en la mayor parte de las veces invirtiendo el sentido de nuestros planteamientos, demostrando que no saben de qué están hablando y que desconocen los embotellamientos de las cadenas productivas de bienes y servicios.

Correo de la Ciudadanía: ¿Mercantilización de la Naturaleza?

Amyra El Khalili: Desde que o primero colonizador puso los pies en este continente latinoamericano y caribeño, a naturaleza fue mercantilizada. Estamos en otra fase: la militarización de la naturaleza. Sin duda es incuestionable que el objetivo de la “militarización” es seguir mercantilizando todo y cualquier cosa, de la naturaleza a la vida – sería hipocresía decir que la vida todavía no ha sido mercantilizada. Ya son más 500 años de colonización mercantil y nadie hizo nada. A cada gobierno, sea de derecha o izquierda, se reproduce el mismo el mismo “modus operandi”. En una charla en la sede del BNDS (en el 2000) promovida por el gobierno de los EUA, hablé sobre el Plan Colombia, en que pusieron veneno en las plantaciones de coca, amapola, marijuana, que además de matar a la tierra alcanzaron a la población con graves secuelas.

¿Alguien ha mencionado esa charla en los informes? ¡Nada! Lo que los periodistas escribieron en la “prensa grande” fue solamente lo que le interesaba al mercado de carbono, pero no mencionaron lo que yo había dicho sobre la necesidad de crear alternativas ecológicas para los pobres campesinos y campesinas que siembran coca, marijuana y amapolas (BERNA, Vilmar 2018).

De esta forma soy solidaria con las propuestas del “Comunicado del Componente de FARC en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)”. Si queremos paz en las florestas, campos, montañas y aguas tenemos que caminar hacia las soluciones de los problemas y no “problematizar más y más poniendo gasolina donde ya hay incendio”.

¿Cómo es posible explicar para Doña María, para Don Juan que alimento no es mercancía si ellos tienen que comprar en la feria, supermercado, panadería, carnicería la comida para sus hijos? ¿Cómo es posible explicar para mi madre que agua y energía no son mercancías se las cuentas de agua, luz, gas y combustible están demasiadamente altas?

¿Será que podemos utilizar ese argumento con las Empresas-Estados que nos suministran agua, luz y gas, que no son mercancías? ¿Que el Estado tiene que suministrarnos servicios que jamás deberían ser mercantilizados, como salud, educación, seguridad pública, previdencia, entre otros que pagamos con impuestos y tasas, en la hora que tenemos que saldar nuestras deudas? ¿El empleado que me atiende me puede exentar de pagar eso, solamente con tal argumento?

Pienso que la afirmación de que “agua, energía y alimento no son mercancías” no explica nada a nadie, a no ser para los empleados públicas y la gente de la academia que tienen sus salarios garantizados todo fin de mes y pueden disponer de becas de investigación para quedar estudiando e investigando, con los gastos de viaje pagados por el Estado o por instituciones, para participar en seminarios, reuniones, encuentros y charlas, mientras la gran mayoría, en la cual me incluyo, apenas logra mantener sus empleos con sus certificados de curso superior y algunas especializaciones. Y vea que no me quedé rica negociando commodities en Bolsas. Sigo en caravana dictando clases en comunidades pobres, muchas veces trabajando sin remuneración.

No hay duda de que debemos discutir la calidad de lo que producimos y consumimos, si lo que comemos nos alimenta o si lo que pagamos tiene el precio justo, pero debemos evitar confundir aún más, lo que ya está confuso y oscuro. Al final ¿para quién estamos hablando y con quién estamos dialogando? Esa es la pregunta que no quiere callar.

Para los simples mortales, gallina es gallina, paca es paca, como dice sabiamente líder Jaminawá del Acre.

Correo de la Ciudadanía: Usted establece diálogo directo con lo que llama de “eminencia parda”, el mercado. ¿Cuál es el grado de incidencia de este ente en las políticas ambientales? ¿Y cómo usted describe los instrumentos financieros que desarrolla como incentivos de preservación ambiental?

Amyra El Khalili: Vamos a identificar quién es esa eminencia parda: el Marcado. Esa provocación yo la hago después de años y años escuchando al sistema financiero hablar en mi nombre sin preguntarme qué pienso o qué me gustaría decir. Como el operador de la Bolsa repetía todos los días: el mercado subió, el mercado cayó, el mercado está nervoso, el mercado está parado. Y uno ni siquiera sabe lo que él está diciendo, de tan condicionado que estamos en ese universo.

El mercado a que me refiero en el e-book “Commodities ambientales en misión de paz”, como he dicho antes, somos todos nosotros que producimos y consumimos, y no el mercado financiero, que absolutamente no produce nada y ha sobrevivido como parasita de la manipulación de la renta y de la especulación.

El colega Ladislau Dowbor esclarece esa cuestión con rigor científico en su indispensable libro “La era del capital improductivo”. Ladislau también coordina un grupo de estudios sobre “financierización” al cual contribuimos y apoyamos por considerar importante la iniciativa de organizar un frente que sea contrapunto al modelo neoliberal globalizado.

El actual sistema financiero es que está determinando lo que su eminencia parda, el Mercado, debe producir y consumir. Por eso, siéntense cómodo hablando en nombre de su eminencia parda, el mercado, de forma generalizada, sin separar mercado financiero de mercado de trabajo, de mercado alternativo, de mercado de producción, de mercado de bienes y servicios. Hay mercados y mercados y distinguir producción de finanzas es el primer paso para no confundir trigo con joyo.

Por otro lado, sucede también que la economía que vivimos se ha establecido (establishment) en el paradigma mecanicista onde todo tiende a ser mercantilizado, con escalas de producción utilitarias y no como producción con valor de uso social. Es evidente que cualquier instrumento económico-financiero que se piense en ese paradigma será utilizado para concentrar aún más el capital rentista (que vive de intereses y no de producción) que en realidad usarse efectivamente para financiar la producción. E consecuentemente termina por ser usado para financierizar (endeudar) los que producen bienes y servicios.

Por lo tanto, las críticas a los instrumentos económicos de la economía verde, como Créditos de Carbono, REDD – Reducción de Emisiones por Desmate y Degradación, Créditos de Efluentes, Créditos de Compensación, Pagos por Servicios Ambientales, Pagos por Servicios Ecosistémicos etc. son pertinentes y merecen atención. Principalmente que órganos fiscalizadores y reguladores, así como el Ministerio Público, apuren las denuncias que se están registrando en nuestras redes de información.

Sin embargo, no podemos generalizar y confundir gente seria y con buena intención con oportunistas, especuladores y criminales. Muchos creen ingenua y equivocadamente que tales instrumentos financiarán la transición de una economía parda hacia una economía verde, y no están comprendiendo las trampas financieras y jurídicas engendradas con operaciones que involucran cuestiones de orden geopolítica casadas con tierras y recursos naturales estratégicos, reglados y legislados con la complicidad de políticos para implementación de estos peligrosos contratos financieros y mercantiles. Es el paquete que viene de la llamada economía verde o economía de bajo carbono.

Correo de la Ciudadanía: Hablando sobre esos instrumentos ¿qué piensa usted sobre créditos de carbono y otras modalidades de compensación ambiental?

Amyra El Khalili: He escrito el artículo “¿Qué son créditos de carbono?” en el año 1998 (está en el e-book) para explicar la diferencia entre títulos bursátiles (negociados en Bolsas) y commodities (mercancía estandarizada) y aclarar que “créditos de carbono” no pueden ser “commodities ambientales”.

Cuestiono: si hay emisión de un título ¿para qué y para quién debería servir? Si es un crédito, sea de lo que sea ¿cómo se puede usar-aplicar ese crédito? En primer lugar, carbono no puede ser considerado mercancía si la intención es reducirlas emisiones. No existe cuenta para reducir nada en el sistema financiero, solamente para multiplicar. Confunden “secuestro de carbono” con “créditos de carbono”.

En la naturaleza, el secuestro de carbono es la fotosíntesis. Las plantas capturan el CO2 para después eliminar el oxígeno. En finanzas no hay cómo hacer esa ecuación. Aún más en el mercado de commodities que está desregulado y hoy Chicago Board negocia hasta 100 veces el mismo saco de soya por acción de especuladores y manipuladores que nada tiene que ver con la actividad productiva. Tales acciones distorsionan los precios y perjudican los financiamientos de las plantaciones, condicionando los agricultores a comprar tecnologías de punta que los países del norte han patentado, como semillas, agrotóxicos, químicos, máquinas y equipos.

Una cosa es financiar un proyecto de mitigación (reducción de emisiones), otra es emitir títulos para las Bolsas o negociar commodities en las Bolsas. Son cosas distintas, tienen funcione distintas; no deberían fusionarse y mucho menos confundirse. Lo que ocurre es que, con los instrumentos de la economía verde ya mencionados, están fundiendo y confundiendo a propósito los contratos en una arquitectura financiera peligrosa.

La sospecha es que lo hacen para apropiarse de tierras y recursos naturales estratégicos (bienes comunes). Con la crisis financiera internacional de 2008 tras la quiebra del Banco Lehman Brothers, las inversiones que estaban en el subprime (hipotecas de residencias) migraron para lo que llamamos de subprime ambiental (hipotecas de tierras).

Como he dicho, ningún inversionista pone dinero en lo que no conoce y ni firma contratos que no entiende. Aún más en contabilidades complejas, en contratos financieros y mercantiles que necesariamente deben medir la cantidad de carbono secuestrado. ¿Cómo se hace la medición? ¿Quién audita tal ingeniería?

Si en la academia hay divergencias de lo que puede o no ser “secuestrado”, si expertos a todo momento publican estudios e informes que echan por tierra tesis y proyectos de carbono ¿en quién confiar tal tarea para firmar acuerdos, contratos y proyectos que envuelven mil millones y aún alienan tierras por 30, 40, 50 y hasta 100 años?

Mitigar no ocurre del día para la noche, tarda años y años, y muchos de los que están firmando contratos, acuerdos y proyectos ni estarán vivos para saber sus resultados, comprometiendo así el patrimonio ambiental y cultural de las presentes y futuras generaciones, como en el caso de las tierras de los pueblos indígenas y tradicionales.

Correo de la Ciudadanía: Mientras ese debate queda ausente del conocimiento público, las experiencias aquí criticadas avanzan por Brasil.

Amyra El Khalili: Sí, y no necesitamos ir a la Amazonía para verificar: aquí, en territorio de São Paulo, las tierras de los agricultores pueden quedar en garantía por tantos años y alienadas solamente para recibir el cambio de tales “servicios ambientales y ecosistémicos”, sea de secuestro de carbono o de la gestión de agua de una represa, cascada o río que pasa adentro de una propiedad o hacienda. ¿Será que no están poniendo en riesgo el patrimonio público (como las tierras indígenas y tradicionales de la Unión) o privado, como las tierras de mis abuelos maternos y paternos en Minas Gerais y en Palestina para cobrar un valor insignificante, cuando esas tierras valen mucho más, no para ser exploradas hasta el agotamiento, pero por nos proporcionar los “beneficios providenciales” que nos mantienen vivos, como agua, ar y suelo?

Analizando un contrato que estamos auditando, encontramos lo siguiente: han contratado una consultora individual en capacitación para sembrar huertos comunitarios por la módica cantidad de R$ 95.000,00 por 15 (quince) meses; en contrapartida ofrecieron a un líder indígena el valor de R$ 180.000,00 (para tres aldeas) por año a cambio de firmar un contrato de REDD+ (entre otros). Vea que la consultora individual cobra poco más de la mitad del valor ofrecido para tres aldeas. Es una discrepancia absurda. Nunca recibimos esa módica cantidad para capacitar comunidades en los cursos de commodities ambientales. Como estamos auditando, por secreto de justicia no voy a revelar nombres.

Todos los instrumentos de la economía verde obedecen a la misma lógica de otros contratos financieros y mercantiles tanto cuanto la lógica de los préstamos internacionales que esclavizan nuestra economía, tales como los préstamos del FMI, del Banco Mundial, de los Bancos Multilaterales para financiamiento de obras públicas, de transporte e de saneamiento básico. Basta ver a cantidad de obras paradas cuyas inversiones han hecho de carreteras, rieles y trenes un montón de desechos.

Correo de la Ciudadanía: ¿Qué usted piensa, en líneas generales, de los conceptos de economía verde?

Amyra El Khalili: Participamos de varios frentes que se oponen al modelo económico-financiero denominado de “economía verde”. Somos contra  los proyectos de “economía verde” que vienen de arriba hacia abajo y de afuera para dentro, como la implementación de una agenda de venta rápida, con objetivos de como legislar, dar números y estadísticas.

Hay tres principales mercados mundiales ilícitos: armas, narcotráfico y biopiratería. Ese dinero pasa por el sistema financiero – el verdadero responsable por el financiamiento del mercado de armas y de todo el aparato generador de guerras y miserias. Defendemos proyectos socioambientales que, focalizados en la preservación y conservación ambiental, contribuyan para la seguridad pública, combatan las drogas, la violencia contra la mujer, la criminalidad, la discriminación étnica, racial y religiosa, promuevan la igualdad de género, concurran para la generación de empleo, ocupación e ingresos.

Como alternativa construimos colectivamente la economía socioambiental. Diferentemente de la economía verde, la socioambiental pasa por un proceso de consulta a la base popular, amplia consulta pública y suficientemente lenta para ser entendida. El proceso que adoptamos es desde abajo hacia arriba y de dentro hacia afuera. Es, sobre todo, desvinculado de la agenda de elecciones. Todo el trabajo de consulta y construcción colectiva tarda años, dadas las dificultades de llegar adonde pocos lo logran, a regiones apartadas y sin acceso a la comunicación, locales caracterizados por una población que necesita asistencia y orientación sobre impactos socioambientales.

Actuamos en dos frentes: primero, al orientar sobre la producción de un proyecto económico, financiero y jurídico con el cambio de paradigma; segundo, al divulgar y publicar informes producidos por formadores de opinión y líderes que participaron de cursos y talleres que aplicamos en conjunto con universidades, centro de investigación y grupos locales, además de divulgar también los informes de otros frentes que apoyamos.

Los informes indican el mapa de la región, el perfil de la población, las características del bioma, identifican las potencialidades alternativas de la biodiversidad, entre otras informaciones relevantes. De esa forma, pueden presentar los tipos de problemas conectados, como agua contaminada, enfrentamiento de violencia, drogas, degradación ambiental, exclusión y desigualdades sociales. Y proponer soluciones. Es así como se idealizan proyectos socioambientales y se buscan formas de hacerlos viables.

Correo de la Ciudadanía: ¿La mayor transparencia sobre los conceptos de economía verde no llevaría a observar dilemas y juegos de interés parecidos con lo que el país en crisis enfrenta en ese momento?

Amyra El Khalili: Antes de idealizar un proyecto socioambiental es necesario que la sociedad sea debidamente informada en lenguaje de fácil comprensión sobre cuestiones técnico-científicas. Nuestra propuesta cuestionar ese modelo económico para que los actores sociales se informen mejor sobre las alternativas y riesgos al tomar sus decisiones. A fin de cuentas, en casos como los de los proyectos oriundos del mercado de carbono, recusar dinero es un derecho, sino un deber.

Podemos citar varios casos. Por ejemplo: con la divulgación del Dossier Acre hemos dado visibilidad a las denuncias hechas con proyectos de mercado de carbono y pagos por servicios ambientales en el Estado del Acre. Elaborado en 2012, el estudio no había logrado todavía el merecido espacio en los medios y en los más diversos foros de debate, como también era ignorado su punto de vista técnico, operacional, jurídico, socioeconómico, además de la intervención esas políticas de arriba hacia abajo en el modo de vida de las comunidades indígenas, tradicionales y campesinas de la región amazónica.

Tenemos, actualmente, más de cinco mil distribuidores, multiplicadores y parceros en la producción y diseminación de información. Son esas colaboraciones y “nudos de comunicación” que forman la “alianza” que tiene más de dos décadas de trabajo voluntario, sin recursos de empresas ni de gobierno. Apoyamos los medios alternativos para que también logren sus financiamientos, ya que nos prestan un servicio relevante de utilidad pública.

Hace más de 20 años que trabajamos en ese proyecto de envergadura geopolítica, por la cultura de paz, autodeterminación y emancipación de los pueblos, con la cultura de resistencia cuyos resultados serán a largo plazo. No buscamos resultados inmediatos, sino duraderos y verdaderamente sustentables, formando “alianzas” inquebrantables.

Por Gabriel Brito | 03/05/202

Versión en español: Beatriz Cannabrava, Diálogos del Sur.

Publicado enMedio Ambiente
Joe Biden quiere “ganar el siglo XXI” con la clase media estadounidense

Marcó una agenda ambiciosa basada en la creación de empleo y el apoyo a las familias en Estados Unidos

A cien días del inicio de su presidencia el presidente de EE.UU. presentó su agenda antineoliberal y prosindical con un discurso ante las dos cámaras del Congreso.

 

Desde Washington, DC. Pasaron sus primeros 100 días de gobierno y Joseph Biden ahora tiene por delante una agenda ambiciosa. Aspira a una ley que permita una inversión billonaria en infraestructura que permita crear empleos. Quiere otra que brinde apoyo del Estado a las familias. Todo pagado con aportes que vengan del 1 por ciento más rico del país. Su mensaje es claro: dice que esas son las iniciativas que le permitirán a Estados Unidos “ganar la competencia contra el resto del mundo por el siglo XXI”, en la que China aparece como el gran rival.

Biden delineó este plan el miércoles pasado, cuando habló, por primera vez desde su asunción, ante las dos cámaras del Congreso estadounidense. No fue un discurso presidencial normal. Por la pandemia, en el recinto de la Cámara de Representantes solo hubo 200 personas, un número que no incluye ni a la mitad de los legisladores.

La imagen igualmente fue histórica: detrás de Biden se ubicaron las dos presidentas de las cámaras, la vicepresidenta Kamala Harris por el Senado y Nancy Pelosi, tercera en la sucesión presidencial, por la Cámara de Representantes. Fue la primera vez que un mandatario estadounidense estuvo escoltado por dos mujeres en un discurso ante el Congreso. “Era hora”, dijo el demócrata en una de las primeras líneas de su discurso.

Desde el podio de la Cámara baja, Biden dio las definiciones de lo que será su gobierno. Su obsesión parece ser el empleo. Dijo esa palabra 46 veces en su discurso del miércoles, el tercer concepto que más repitió después de “Estados Unidos” y “estadounidenses”.

La piedra angular para generar puestos de trabajo será su Plan de Empleo Estadounidense, un paquete de dos billones de dólares que ya envió al Congreso. Con esto, busca modernizar autopistas, calles, sistemas de transporte e invertir en tecnología de la información, vivienda, construcción y la industria de vehículos eléctricos. Un “proyecto obrero para construir Estados Unidos”, lo caracterizó en el discurso.

No es una novedad en el discurso de Biden. El presidente pasó toda la campaña que lo llevó a la Casa Blanca refiriéndose a la clase media y a sus orígenes en Scranton, una ciudad del cinturón industrial del estado de Pensilvania. “Wall Street no construyó este país. La clase media construyó este país. Y los sindicatos construyeron la clase media”, enfatizó el miércoles.

La segunda iniciativa, que Biden recién anunció esta semana, está enfocada en las familias y en el cuidado de niños. La Casa Blanca la bautizó como el “Plan para las Familias Estadounidenses”, en línea con los nombres de los paquetes que ya presentó. Implica destinar más de dos billones de dólares a cuatro áreas: acceso a la educación, con ingreso a universidades comunitarias incluido; un sistema de cuidado para niños y niñas que sea accesible y de calidad; licencias por maternidad y paternidad, que en Estados Unidos no existen, y un recorte de impuestos para las familias. “La clase media y la gente trabajadora de este país ya están pagando suficientes impuestos”, dijo.

No es el caso de otros sectores del país. Para Biden, esos 4 billones van a gastarse sin incrementar ningún déficit. “Es tiempo de que el uno por ciento más rico de los estadounidenses y el Estados Unidos empresarial empiece a hacer su aporte”, enfatizó. También prometió que la IRS, la agencia fiscal de Estados Unidos, va a tomar “medidas enérgicas” contra “millonarios y billonarios que hagan trampa con los impuestos”. “La economía del derrame nunca ha funcionado. Es tiempo de hacer crecer la economía de abajo hacia arriba y desde el centro hacia afuera”, resaltó el mandatario.

Para el Partido Republicano, las palabras de Biden son motivo de horror y preocupación. “Aburrido, pero radical”, lo definió el senador por Texas, Ted Cruz, quien se quedó dormido en medio del discurso. Para él, el mandatario solamente se dedica a “mantener contentos a los izquierdistas radicales” . “El régimen socialista está aquí”, agregó.

También Mitt Romney, senador por Utah y una de las voces más moderadas del Partido Republicano, cuestionó las iniciativas del presidente. “Representan cuatro veces nuestro presupuesto federal”, se quejó. “No vas a unificar Estados Unidos si solo le hablás al ala progresista de tu propio partido”, añadió.

Sin embargo, aunque los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren elogiaron las menciones de Biden a los sindicatos y a los sistemas de cuidado en Estados Unidos, el ala más progresista del partido pide más. “Si decís que creés que la atención de la salud es un derecho y no un privilegio, entonces apoyá Medicare para todos”, se quejó en Twitter la congresista Ilhan Omar de Minnesota, en referencia a una iniciativa que el mandatario rechaza.

“No se le da suficiente crédito a los incontables activistas y organizadores cuyo trabajo incansable es la razón por la que apenas estamos escuchando algo esta noche sobre cuidado universal, supremacía blanca como terrorismo, trabajo y salarios dignos. No podemos parar hasta que se haga”, apuntó su colega Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York.

La agenda no tiene un camino fácil en el Congreso ante el que habló Biden. Tal como fueron presentados, los dos paquetes no alcanzarían nunca una votación. No tienen ningún tipo de apoyo del Partido Republicano, clave para evitar cualquier obstrucción en el Senado. El Partido Demócrata ahora tiene dos caminos: negociar con la oposición, que tiene sus propios planes en infraestructura y cuestiona el gasto que las dos iniciativas representan, o intentar aprobar lo que se pueda con votos propios.

Si hubo pasajes del discurso que parecían sacados de las promesas de campaña de candidatos progresistas como Sanders o Warren, también hubo propuestas que podrían haber estado en un tuit de Donald Trump. Aunque la mirada de Biden tenga escala mundial, no deja de tener el componente de “Estados Unidos primero” que tenía su antecesor. “No hay ninguna razón por la que las hélices de las turbinas eólicas no puedan construirse en Pittsburgh (Pensilvania) en lugar de en Pekín”, dijo Biden el miércoles pasado. “Todas las inversiones del Plan de Empleo Estadounidense se guiarán por un principio: Comprar productos estadounidenses”, agregó.

Para Latinoamérica, el hombre que solía hablar de una agenda de trabajo “desde Canadá hasta Argentina” hizo apenas una mención a Guatemala, Honduras y El Salvador en el tramo sobre inmigración. Habló de violencia, de corrupción, de pandillas, de inestabilidad política, de desastres naturales. “Tenemos que atender la raíz del problema por el que la gente huye hacia nuestra frontera sur”, se limitó a decir.

Por Aldana Vales

02 de mayo de 2021

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Las promesas de Biden y el intento de revertir la degradada hegemonía estadounidense

A poco de cumplir los 100 días de mandato Joe Biden dio en la noche de este miércoles un discurso en el Congreso estadounidense. Tres planes de rescate y acción, muchas promesas, su "momento populista" y el intento de restaurar una hegemonía imperialista que lleva años de declive.

 

En su primer discurso ante el Congreso, Biden desveló por fin las partes restantes del triple plan de acción de su administración, tanto para reconstruir Estados Unidos tras la pandemia y la consiguiente crisis económica, como para continuar con el proyecto de intentar restaurar la hegemonía estadounidense tras la crisis abierta en 2008. El Plan de Familias Estadounidenses y el Plan de Empleos Estadounidenses son la hoja de ruta que Biden y sectores del capital sostienen es necesaria para dar estabilidad al capitalismo estadounidense: reducir la pobreza y la desigualdad, crear puestos de trabajo y hacer frente al cambio climático.

De hecho, como muchos analistas señalaron primero en la campaña y en los primeros 100 días de la presidencia de Biden, sus propuestas representan los planes más "progresistas" de los últimos 30 o 40 años en EE. UU. Su proyecto de build back better (reconstruir mejor) ha sido comparado hasta la saciedad con el Great Society (Gran Sociedad) de Lindon Johnson y el New Deal de Franklin Delano Roosvelt.

La reconstrucción en el frente interno tiene el propósito superior de sentar las bases del Make America Great Again (hacer grande a Estados Unidos nuevamente, el lema de Trump) en el ámbito internacional. La retirada de las instituciones multilaterales y las alianzas internacionales escenificadas por Trump se están revirtiendo gradualmente con la intención de restaurar el papel de Estados Unidos como "líder del mundo libre".

Desde el principio Biden comenzó a enviar señales y amenazas a China y Rusia como continuación de la pelea que mantuvo con Trump en la campaña electoral. A la luz de esto, es comprensible que el mayor contaminante del mundo haya sido el anfitrión de la cumbre del clima, un intento de greenwashing del capitalismo estadounidense y también presionar a China para que siga a Estados Unidos en la llamada transición verde. La tecnología menos contaminante suele ser más cara, por lo que podría enlentecer, aunque sea un poco, la incesante carrera de China para convertirse en la mayor economía del mundo. O pagar el precio político si no lo hace. Por no hablar del hecho de que las empresas del sector de las energías renovables pagan menos y prácticamente no tienen sindicatos en comparación con los sectores tradicionales del petróleo y el gas y el carbón.

Las promesas de Biden de "defender los intereses estadounidenses en todos los ámbitos" de la geopolítica muestran un compromiso renovado, no sólo con las áreas tradicionales de la intervención imperialista de Estados Unidos, sino también para hacer que Estados Unidos vuelva a ser competitivo entre sus aliados y rivales históricos: gran parte de la justificación de sus propuestas para revisar la infraestructura y "devolver los puestos de trabajo a Estados Unidos" están dirigidas a alcanzar a China y garantizar que la potencia imperialista dominante en el mundo, aunque debilitada, no se quede atrás con respecto a otras potencias mundiales que han sido más rápidas en la creación de empleo.

Como se preveía, gran parte del discurso de Biden estuvo dedicado a la gestión de la pandemia, después de tomar el control de la Casa Blanca en medio de las mayores tasas de infecciones y muertes por Covid-19 desde que el virus arrasó con Estados Unidos en la primavera de 2020. Biden explicó que su administración distribuyó 220 millones de vacunas contra el COVID en 100 días y pregonó la aprobación del Plan de Rescate Americano.

En marcado contraste con la supuesta vuelta a la normalidad en el país, está el papel que el "nacionalismo de las vacunas" desempeña para que el coronavirus arrase en países que no tienen ni acceso ni recursos para obtener, producir o distribuir vacunas. Mientras que los adultos mayores en Estados Unidos pueden “abrazar a sus hijos y nietos", los habitantes de la India o Brasil ni siquiera tienen el lujo de despedirse de sus seres queridos a través de la ventana de un hospital. Los casos de coronavirus en la India se han disparado en los últimos meses, debido en gran medida a la horrible respuesta del régimen de Modi, pero también mostrando los efectos devastadores de las patentes que crean enormes beneficios para las empresas farmacéuticas que sirven a las potencias imperialistas, mientras restringen el acceso a la investigación de vacunas vitales para el resto del mundo.

Biden no dijo nada sobre los millones de vacunas compradas y acaparadas por Estados Unidos para poder hacer de maestro en la distribución de vacunas (varias de las cuales no están aprobadas para su uso en Estados Unidos) a sus aliados y a los que espera acercar a ellos para aislar a China y Rusia.

El discurso de Biden y las propuestas que expuso como prioridades internas de su administración en el próximo período señalan un posible cambio de la lógica neoliberal de desmantelar la red de seguridad social en favor de la "elección individual", o más bien del dominio total de los mercados en todos los aspectos de la vida. Desde el aumento del salario mínimo hasta la cura del cáncer, Biden hizo una promesa tras otra de carácter populista para mejorar las condiciones de vida de todos los desamparados del sueño americano. Biden pintó un cuadro de "gobierno grande" del tipo que se ocupa de la gente, que muestra que el capitalismo puede "autocorregirse" tras las crisis que crea y mitigar los antagonismos cada vez más profundos entre los intereses capitalistas a los que sirve y los trabajadores que hacen funcionar la sociedad.

Por supuesto, queda por ver qué parte de estos planes podrá aprobar Biden ante la oposición casi unánime de los republicanos y qué disposiciones para los trabajadores y los pobres se quedarán probablemente en el tintero, o si está dispuesto a sacrificar su compromiso con el "bipartidismo" para sacar adelante los planes (como amenazó en su discurso ante el Congreso, diciendo que "no hacer nada no es una opción"). Sin embargo, el discurso muestra que un sector del capital y sus representantes en el Estado se han unido en torno a la idea de que las condiciones sociales producidas por años de austeridad neoliberal y el terreno cambiante de la economía y la geopolítica mundial requieren concesiones significativas a la clase trabajadora y los oprimidos de la sociedad estadounidense.

En ninguna parte es esto más evidente que en la parte más drástica del programa de Biden, el Plan de Familias Americanas de 1.8 billones de dólares, que expuso en detalle en el pleno del Congreso el miércoles por la noche. Este plan de "infraestructura social" ampliaría el acceso a la educación y la educación preescolar universal, además de proporcionar financiación para el cuidado de los niños y créditos fiscales para los padres. También crearía subsidios en el marco de la Ley de Atención Sanitaria Asequible y un permiso familiar federal remunerado.

Durante muchos años, el país más rico del mundo se ha distinguido entre las potencias mundiales por su negativa a proporcionar incluso una ayuda básica a las personas con hijos u otros seres queridos a los que cuidar. Aunque sólo sea por eso, el Plan de Familias Estadounidenses muestran lo limitados de los programas sociales en el país desde hace décadas. La pandemia no ha hecho más que arrojar luz sobre el costo de estas políticas: sin un acceso fiable al cuidado de los niños, decenas de millones de personas -la mayoría de ellas mujeres, en particular mujeres de color- perdieron sus empleos para cuidar a sus familiares en casa.

El miércoles por la noche, Biden expuso una lógica similar al defender la aprobación del Plan de Empleo Estadounidense que la Casa Blanca anunció a principios de este mes. Biden hizo un llamamiento directo, no sólo al sector de la clase trabajadora de la base del Partido Demócrata, sino también a un sector de la base de Trump en el Rust Belt y otras áreas devastadas mientras los bancos y las grandes corporaciones fueron rescatados después de 2008, diciendo que "Wall Street no construyó este país". Dirigido a las altas tasas de desempleo, el proyecto de ley de infraestructuras crearía millones de nuevos puestos de trabajo en zonas del país devastadas por décadas de neoliberalismo, lo que se traduciría en más carreteras, puentes y escuelas, así como en el acceso al agua para comunidades que hoy carecen de todo ello.

El plan de Biden para "remodelar" Estados Unidos se completó con un llamamiento para que se apruebe la Ley de Justicia Policial George Floyd, que el presidente quiere tener en su despacho antes del primer aniversario del brutal asesinato de George Floyd, en mayo de 2020. Propone una serie de reformas policiales que se limitan a abordar los medios más atroces por los que el Estado permite el terror policial, al tiempo que ignora las principales demandas del movimiento antirracista. Este intento de reducir la impunidad con la que la policía (mal) trata a los negros y latinos es un reconocimiento de la fuerza del movimiento BLM y del miedo que inspira a las élites. Sin embargo, como muestran los comentarios de Biden sobre los "buenos" policías que "sirven honorablemente a sus comunidades", el motivo más oscuro detrás de los proyectos de ley es la relegitimación del trabajo policial a los ojos de la sociedad. Como dijo Biden, el objetivo principal del Estado con el proyecto de ley no es detener el asesinato sistemático de negros y latinos, sino más bien "reconstruir la confianza entre" -u obediencia a- "las fuerzas del orden y las personas a las que sirven", asegurándose de que la Policía pueda seguir actuando como la última línea de defensa del Estado.

La cereza del postre es que el plan se financiará con una subida de impuestos para los ricos. Los amplios planes de infraestructuras que beneficiarían a los sectores más pobres de la población con una fracción de los beneficios de los sectores más ricos ha atraído la amplia aprobación de los demócratas -aunque no sin excepciones significativas- y la rotunda consternación de los republicanos. Mientras tanto, la medida cuenta con un apoyo mayoritario entre la población, según una reciente encuesta de Reuters/Ipsos que reveló que casi el 64% de los encuestados está de acuerdo en que los más ricos deben pagar más impuestos para financiar programas sociales. Aunque la propuesta de Biden de elevar el impuesto sobre el capital se limitaría a restablecer los tipos impositivos a la tasa de 2012 bajo la administración de Obama (y la administración de Bush antes de eso) a partir de los recortes del 20% realizados bajo la administración de Trump, esto señala una cambio en el enfoque de un sector creciente del capital -que responde al cambio de conciencia entre las masas- que sostiene la idea de que es necesario que las corporaciones y los ricos acepten un pequeño recorte en sus ganancias ahora para asegurar una mayor estabilidad para la obtención de beneficios en el futuro.

Al anunciar sus planes en los días previos al discurso ante el Congreso, Biden dijo que su programa creará la "economía más resistente e innovadora del mundo". Pero si esto no pudo lograrse durante los años en que la hegemonía estadounidense era indiscutible y Estados Unidos era la mayor superpotencia del mundo entonces, ¿por qué habría de hacerse realidad ahora?

Gran parte de las disposiciones anunciadas vienen a llenar los vacíos dejados por un sistema que hizo posible que uno de los países más ricos del mundo tuviera casi un 10% de tasa de pobreza y fuera más desigual que todos los países de Europa y tan desigual como la mayor parte de América Latina según las estimaciones del Banco Mundial sobre el índice de Gini. Y los planes de Biden, a pesar de su voluntad de gastar a lo grande en programas sociales para los sectores más desfavorecidos de la sociedad, son en su mayoría de carácter transitorio y se basan en la posibilidad de darlos de baja, cuando las condiciones sean más estables, como el ala progresista del Partido Demócrata se apresura a señalar. Pero, sobre todo, los planes de Biden pretenden apuntalar la economía sin cambiar fundamentalmente la estructura del capitalismo estadounidense.

No obstante, los planes representan un claro cambio respecto a las décadas de austeridad neoliberal, admitiendo que la obtención de beneficios capitalistas desenfrenados junto con los ataques a la clase trabajadora y a los pobres es insostenible. Van más allá de todo lo que Obama y sus predecesores neoliberales propusieron, y mucho menos aprobaron durante su mandato. El momento populista de Biden, un viejo político tradicional de establishment demócrata, se explica sobre todo por estas circunstancias, puestas de manifiesto con la crisis capitalista de 2008, que dio como resultado la profunda polarización política y social que llevaron a Trump a la presidencia, un resurgimiento de la lucha de clases en sentido amplio (que tuvo su momento más alto en la rebelión contra el racismo y la violencia policial por el asesinato de George Floyd) y la emergencia de fenómenos políticos novedosos que tomados de conjunto pueden preanunciar una mayor radicalización política.

La apuesta de la clase dominante y del Gobierno de Biden es la desviación y la cooptación a través de las diversas burocracias: de los sindicatos, del ala progresista del Partido Demócrata y de los movimientos sociales. Y, sobre todo, es una apuesta por restaurar la estabilidad capitalista, devolviendo la fe en el Estado y elevando el nivel de vida de la población estadounidense. Como dijo el presidente desde el Congreso: "Tenemos que demostrar que la democracia todavía funciona. Que nuestro gobierno todavía funciona - y puede cumplir con la gente".

Aunque las de Biden aún son promesas que deben convertirse en ley y enfrentar un acalorado debate parlamentario, ya dejan en evidencia que el imperio estadounidense se enfrenta a una realidad histórica, con una pobreza masiva, una infraestructura completamente derruida y crisis de su hegemonía, mientras que China está llamada a convertirse en la primera economía del mundo en 10 o 15 años

Por Nicolás Daneri / Madeleine Freeman

Jueves 29 de abril | 13:04
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Reforma tributaria. El futuro es de otros

Después de la presentación de la nueva Reforma Tributaria, tercera en lo corrido del actual gobierno, se revivió una ola de inconformismo social congelada desde inicios del 2020 por efectos de la pandemia generada por el covid-19. No es casual que así sucediera, pues tal pretensión económica, política y fiscal no atina a cobrar más impuestos a quienes más tienen sino que, consecuentes con un gobierno de ricos y para ricos, descarga el peso impositivo sobre la clase media y los sectores populares en general, una y otros golpeados por el desempleo, la informalidad y, además, ahora impactados por los efectos de económicos y sociales de la crisis pandémica.

Una realidad que da motivo para que retome aliento la agenda de acción y exigencia social por vida digna y transformación social, que desde el Comando Nacional de Paro alimentó jornadas de moviliación durante el 2019, y contenida por efectos de la crisis de salud pública que golpea al Sistema Mundo Capitalista desde el 2020.

Es así como desde el mismo Comando Nacional de Paro se efectúo hace dos meses el llamamiento a la sociedad colombiana para retomar el reclamo callejero, con agenda similar a la del 2019 (https://cut.org.co/pliego-nacional-estatal-2021) aunque con el foco inmediato dirigido sobre la reforma tributaria, para que sea hundida en el debate en el Congreso de la República.

El llamamiento es para que el 28 de abril, sabiendo resguardar la protección individual y colectiva que demanda la necesaria contención del covid-19, la voz de la inconformidad se haga sentir por todo el país.

Para revisar los motivos que dan pie a este llamado, hablamos con Diógenes Orjuela, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

Según Orjuela; La reforma contiene medidas que resultan muy nocivas para múltiples sectores de la sociedad, ya que, se añadirán impuestos a los servicios de los estratos 1, 5 y 6, a la vez que el IVA para la gasolina se incrementará al 19 por ciento impactando en los bolsillos de toda sociedad colombiana ya bien sea directa o indirectamente.

Un punto fundamental que atenta contra los intereses del pueblo colombiano, puntualizado por el mismo secretario de la CUT, es el de la gradualidad, pues de entrada en esta RT comienzan a pagar IVA por el consumo de los servicios públicos los estratos más altos, lo que sienta un precedente para que a futuro impongan igual medida a los estrato 3, 2 e incluso poner a tributar al estrato 1, el más vulnerable de todos.

Sucede similar con otras medidas, como la declaración de renta, ahora ampliada a quienes devenguen más de dos salarios mínimos mensuales. En palabras del secretario de la CUT “3 millones de nuevos colombianos comenzarán a tributar en plena crisis por la pandemia, por eso invitamos a todos a marchar este 28 en protesta pacífica y democrática” aseveró Diógenes Orjuela, quien también catalogó de perverso al IVA del 19 por ciento, y el cual es un impuesto que pagamos todos los colombianos por igual.

Ante las numerosas críticas, en el pliego de demandas disponible en la pagina de la CUT, se plantea la importancia y necesidad de una tributación en equidad, es decir, que aquellos que acumulan grandes cantidades de capital tributen en relación a sus ganancias y quienes ganan menos tributen en concordancia con sus ingresos, teniendo así menor presión tributaria.

Una reforma totalmente lesiva para las mayorías sociales, y que demandaría un conocimiento a detalle de cada uno de sus componentes, pero no es así, como quedo al desnudo por propia aceptación de Iván Duque al reconcoer en una entrevista al no tener claridad sobre lo incluido en la reforma, pues cuando se le preguntó sobre el impuesto a la realización de ceremonias fúnebres, aseguró que ese tipo de prácticas no deberían tener impuestos y apeló a no tener idea de por qué esa medida se “coló” en el documento oficial de la RT. ¿Alguién le creerá?

La mesa está servida y el gobierno ha movido sus fichas, es hora de que la ciudadanía entienda su rol en el tablero y mueva las suyas acudiendo a la movilización social como principal herramienta, pues de otra forma, sin gente en las calles, el establecimiento continuará tranquilo, gobernando exclusivamente para unos cuantos, aquellos que desde siempre han tenido el futuro en el bolsillo.


Aspectos sutanciales de la RT

  1. Las tres reformas tributarias de la administración Duque (2018-2022) tienen un común denominador: beneficios para las grandes empresas y mayor carga tributaria sobre el 80 por ciento de la población pobre y vulnerable a través de un mecanismo que exprime por partida doble: de una parte, mayores impuestos a los ingresos personales y, de otra, al consumo en la compra de la canasta básica familiar.

La recién radicada en el Congreso reforma tributaria es la tercera del actual gobierno, que alega que es necesaria por el déficit fiscal acumulado por el país producto de los gastos sociales que debió cubrir para poder atender la crisis de salud pública y económica generada por la pandemia del covid-19. Gastos efectivos pero que no son la causa real de tal déficit, el que fue generado por la dádivas otorgadas por el gobierno Duque a través de su segunda RT.

Como podrá recordarse, en la segunda de estas reformas (2019), la llamada ‘Ley de Crecimiento Económico’, se redujeron gradualmente los impuestos sobre la renta a las grandes empresas del 33 al 30 por ciento, de manera progresiva. El costo para el fisco de esta condescendencia significó un menor recaudo de $1,3 billones en el primer año; para el segundo de $ 2,7 billones y para 2022, de mantenerse, la reducción del recaudo alcanzará los $ 4,3 billones. Además, en la adquisición de bienes de capital se rebajó el 100 por ciento en la tarifa del IVA.

  1. El artículo 15 de la RT3D propone crear el Programa Ingreso Solidario como una renta básica, el cual será un programa de carácter permanente que corresponderá a una transferencia monetaria no condicionada directa y periódica, que tiene como propósito contribuir a la reducción de la pobreza así como las brechas de ingreso en el país. Sus beneficiarios serán los hogares que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema (art. 17). Para el año 2021 la transferencia para una persona indigente o pobre se estima en $80.000; en un hogar indigente compuesto por 6 personas la transferencia alcanza la cifra de $366.101 y en uno pobre de $252.142 (art. 18).

Como debe recordarse, una cosa es una renta básica, sin condiciones y otra un subsidio, como el propuesto por este gobierno con otro nombre, mecanismo de administración del hambre y de la pobreza, mecanismo de control y sometimiento social

  1. En otro de sus tópicos, el gobierno nacional destinará anualmente recursos para el aporte al pago parcial o total del valor de la matrícula de los estudiantes en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad de las instituciones de educación superior públicas, en programas de educación técnica profesional, tecnológica y universitaria (art. 30), dando así continuidad a la concepción de subsidiar la demanda en lugar de promover un sistema universal gratuito, dejando, a la vez, que las instituciones públicas continúen aumentando sus déficits presupuestales que las está conduciendo a la insolvencia.  
  2. Adicional a estos programas, se busca mejorar la cobertura del sistema de compensación del IVA, con el que se haría una transferencia mensual de $45.000 a unos 4,7 millones de hogares.
  3. También pretenden con esta reforma6. aplicar un impuesto a las pensiones más altas. La idea inicial es empezar a gravarlas a partir de percibir 4 millones/mes.
  4. Para que no quede dudas sobre a quién afecta la reforma y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, en este frente el Gobierno busca “preservar la competitividad del país”, por lo que una primera medida dentro del articulado será reducir la tarifa de renta a las Personas Jurídicas, que sería de 24 por ciento para las empresas pequeñas y tendría una tarifa máxima de 31 por ciento en 2022 y que disminuiría al 30 a partir de 2023.
  5. También se anunció que se mantendrán hasta 2022 los beneficios tributarios que están relacionados con economía naranja y turismo y hasta 2025 los relacionados con la construcción de hoteles. Así mismo, se mantendrá el descuento del IVA a los bienes de capital.
  6. El artículo 156 da poder a los alcaldes de las ciudades capitales para instalar peajes dentro de su jurisdicción en las vías que se encuentren a su cargo, como fuente de financiación para la infraestructura de movilidad, que contribuya a la sostenibilidad, mejoramiento y expansión de esta.
  7. Poder para imponer

El proyecto de la extrema derecha en Colombia ha consistido en apoderarse y controlar todas las ramas de poder: legislativo, ejecutivo y judicial, sin dejar de lado los organismos de control (Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo). El proyecto de reforma tributaría trae un mico escondido que pretende darle poder omnímodo a Duque, es decir, un sin límites ni contrapeso, lo que le garantizaría al actual gobernante dar rienda suelta a sus deseos y actuar de acuerdo con los intereses de su clase y el proyecto político que imponen, sin preocuparse por las consecuencias en los demás grupos o clases sociales. El artículo 34 señala que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la CP, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que en el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de la publicación de la reforma, expida normas con fuerza de ley para:

  • Suprimir, fusionar, reestructurar, modificar entidades, organismos y dependencias de la Rama Ejecutiva del poder Público del orden nacional.
  • Disponer la fusión, escisión o disolución y consiguiente liquidación de entidades públicas, sociedades de economía mixta, sociedades descentralizadas indirectas y asociaciones de entidades públicas, en las cuales exista participación de entidades públicas del orden nacional.
  • Realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión necesarios para el cumplimiento de las funciones que se asignen a las entidades escindidas, suprimidas, fusionadas, reestructuradas, modificadas o disueltas en desarrollo de las facultades otorgadas por la presente ley.

Determinar la adscripción o la vinculación de las entidades, organismos y dependencias de la Rama Ejecutiva del poder Público del orden nacional.


Los pobres, los más afectados

No hay que olvidar que en Colombia los pobres no solo son los que viven en evidentes condiciones de precariedad en sus viviendas, o mal trajeados. El amplio espectro de los mismos está integrado por la población rural (campesinos y comunidades étnicas), los desempleados (16,6% de la Población Económicamente Activa (PEA) durante lo corrido de 2021), los que tienen pleno empleo pero salarios bajos (el 80% de los trabajadores devenga menos de 2 SML), los que tienen jornadas parciales o son trabajadores transitorios o informales (dos terceras partes de los ocupados), los mayores de 65 años sin pensión (de cada cinco viejos, cuatro no lograron beneficiarse del sistema de pensiones), los inactivos desalentados (trabajadores que abandonaron el mercado laboral), los jóvenes que hacen parte de la PEA, los hogares con jefe de familia mujer y las familias cuyo jefe de hogar ha quedado incapacitado para trabajar.

La protesta te espera

Estos son algunos de los componentes de la RT, hay más, pero con estos es más que suficiente para revisar y comprender que es necesario actuar como un solo cuerpo, solidario, para enfrentar la pretensión oficial de gravar más a un amplio segmento de nuestra sociedad. Pero también, como está explicado, para contar con manos libres para hacer y deshacer, que de así ser veremos vendidos los pocos bienes públicos de carácter estratégico con que aún cuenta nuestra sociedad. Bienes de todas y de todos, conseguidos fruto del trabajo de todas y de todos. Pensar colectivo es una necesidad fundamental ante un gobierno que solo es “garantista” para unos cuantos.

 

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Reforma tributaria. El futuro es de otros
David Villalobos, 27 de abril de 2021

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El gasto militar mundial aumenta pese a la pandemia

Casi dos tercios del gasto total corresponden a cinco países: Estados Unidos, China, India, Rusia y Reino Unido.

A pesar de las crisis económicas y la pandemia de covid-19, el gasto militar total aumentó en 2020, según un estudio realizado por el Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz (SIPRI, por sus siglas en inglés).

En total, el gasto militar global aumentó en 2020 a 1,9 billones de dólares el año pasado, lo que supone un aumento del 2,6 % respecto al 2019.

Los cinco países que más gastaron en 2020 —y juntos representan el 62 % del gasto militar mundial— fueron Estados Unidos, China, India, Rusia y Reino Unido. El gasto militar de China creció por vigésimo sexto año consecutivo al marcar 252.000 millones de dólares en 2020.

Sin embargo, algunos países, como Chile y Corea del Sur, reasignaron parte de su gasto militar ya planificado a la respuesta a la pandemia, indica SIPRI.

Otros, como Brasil y Rusia (pese a un aumento del 2,5 %, en el caso del país euroasiático), gastaron considerablemente menos de lo que sus presupuestos militares marcaban inicialmente para 2020. 

Casi todos los miembros de la OTAN aumentaron sus gastos militares en 2020. Así, 12 miembros de la OTAN gastaron el 2 % o más de su PIB en sus fuerzas armadas, el objetivo de gasto de la alianza, en comparación con los 9 miembros que llegaron a ese porcentaje en 2019.

"Podemos decir con cierta certeza que la pandemia no tuvo un impacto significativo en el gasto militar mundial en 2020", resumió Diego Lopes da Silva, investigador del Programa de Armas y Gasto Militar del SIPRI.

Publicado: 27 abr 2021 09:26 GMT

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“El acceso a las vacunas desnuda la desigualdad en la región más desigual del mundo”

La encargada de la CIDH sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales afirma que la pandemia es una oportunidad histórica para impulsar sociedades más justas

 

A más de un año del inicio de la pandemia, al menos 60 millones de personas se han contagiado en América y casi 1,5 millones han muerto de covid-19, según cifras oficiales. El virus no ha distinguido fronteras, desde los países ricos del norte global hasta los gigantes emergentes y los territorios insulares más pobres y rezagados. Pero la vacunación sí. Mientras Estados Unidos se afianza por mucho como el país más con más inmunizaciones, Latinoamérica concentra alrededor del 30% de las defunciones mundiales, pero menos del 10% de las dosis aplicadas. “El acceso a las vacunas desnuda la desigualdad en la región más desigual del mundo”, afirma Soledad García Muñoz (Arenas de San Pedro, 1969), al frente de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca).

La oficina, abierta apenas en 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha tenido que asumir con la llegada del virus el diagnóstico de un continente que parece haberlo visto todo en poco más de 12 meses: el desabasto de medicamentos e insumos cruciales, la corrupción en el reparto de inyecciones, el aumento de la pobreza y la vulneración recurrente de las garantías fundamentales. “La crisis que estamos viviendo no tiene precedentes y es sanitaria, económica y social”, señala García Muñoz en entrevista telefónica.

A principios de abril, la Redesca y la CIDH emitieron una resolución para impulsar el reparto equitativo de vacunas en 35 países del continente y que insta a sus Gobiernos a reconocer la vacunación como un derecho humano básico. Un documento que atañe, por los compromisos internacionales de cada Estado, tanto a Paraguay que ha aplicado menos de 100.000 dosis como a Chile, el país latinoamericano más avanzado respecto del tamaño de su población. En el mapa de la desigualdad, países caribeños como San Cristóbal y Nieves han aplicado poco menos de 11.500 vacunas; Dominica, 18.400, y Santa Lucía, alrededor de 24.000 dosis.

Soledad García Muñoz, relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, en una imagen de archivo.Montserrat Boix / CREATIVE COMMONS

García Muñoz cita las desigualdades de origen como uno de los principales factores para explicar las diferencias entre países y dentro de ellos en la vacunación, pero en el medio hay variables como la geopolítica, la corrupción y las posiciones aislacionistas y nacionalistas. “Las personas con más necesidad son a menudo también las últimas en la fila”, lamenta la abogada hispanoargentina. Para muestra, nueve de cada diez personas en países pobres no tendrán a acceso a ninguna vacuna contra la covid en 2021, advierte la Organización de Estados Americanos.

Ese mapa de la desigualdad tiene varios focos rojos identificados por la CIDH, marcada por una gama de claroscuros en la respuesta a la pandemia. “Por ejemplo, la politización y opacidad de los procesos de vacunación, como ocurre en Venezuela, donde el acceso a las vacunas está determinado por la pertenencia política”, alerta la relatora. En Nicaragua y Venezuela, comenta, “la situación de las personas que trabajan en el sector salud es crítica”, por el desabasto de dosis y de equipos de protección personal. “En la mayor parte de la región, el ritmo de vacunación es demasiado lento, lo que resulta especialmente preocupante en un país de dimensiones continentales como Brasil, con el mayor número de contagios y muertes tras Estados Unidos”, agrega García Muñoz.

El impacto de la pandemia en el continente también ha dado la vuelta al mundo por las gestiones y declaraciones públicas de varios gobernantes, como Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil o Andrés Manuel López Obrador en México. Y cada vez más voces abogan por que tribunales internacionales se pronuncien sobre las respuestas y el negacionismo de la crisis sanitaria de varios Gobiernos. “Es un debate que está muy en la agenda de la sociedad civil y la academia”, cuenta. ¿Cómo se vería esto? Al menos en el sistema interamericano, no se podría hablar de “delitos” con “nombre y apellido”, sino de “responsabilidades internacionales” con llamamientos a los Estados. Se hablaría de cambios y revisiones que tendría que impulsar Brasil, con todas sus instituciones, por ejemplo.

Los señalados no son solo políticos, también el sector privado. “Este momento es histórico para el rol de las empresas, principalmente las farmacéuticas”, dice García Muñoz, “cada vez se hace más urgente que las empresas tomen el tema de los derechos humanos en serio”. La opacidad en los contratos firmados y los precios pactados para enviar antígenos, la reticencia a no compartir las patentes y los problemas de abasto que han provocado demoras siguen poniendo en la mira a los principales laboratorios.

En un horizonte que ha puesto de manifiesto lo mejor y lo peor de los valores humanos, García Muñoz se confiesa optimista. “Estamos ante una tesitura histórica y crítica para cambiar las cosas en favor de la humanidad del planeta”, afirma. Las vacunas se perfilan como la salida más viable, pero si la aplicación sigue siendo desigual, los problemas serán cada vez más graves. “Si no lo hacemos juntos, no vamos a salir”, insiste. Desde su perspectiva, la variable determinante será poner los derechos humanos en el centro de la respuesta. “Se necesita un replanteamiento profundo en la manera que vivimos como sociedades”, plantea, “en la medida que nuestra región sea capaz de desarrollar una actitud más empática, más solidaria, más de aprecio a la dignidad humana, hay esperanza”.

Por Elías Camhaji

México - 24 abr 2021 - 0:33 CEST

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Un hombre camina ante una imagen de Fidel Castro, el lunes en La Habana (Cuba).Yander Zamora / EFE

Una nueva generación de dirigentes se encuentra frente al dilema de cómo reestructurar la economía para hacer el socialismo sostenible en la isla

 

Continuidad política y reformas económicas de calado, y más lo segundo que lo primero, he ahí donde se juega el futuro de la Cuba tras el VIII Congreso del Partido Comunista, que tuvo lugar el pasado fin de semana en La Habana. El encuentro unificó todo el poder político en el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y en una nueva generación de líderes nacidos después del triunfo revolucionario. Su principal desafío será realizar una apertura económica e introducir transformaciones profundas, que necesariamente deben ampliar el marco del mercado y de la iniciativa privada, avanzando hacia un modelo mixto, para tratar de hacer sostenible el sistema heredado, sin negar su espíritu.

Es la primera vez que se alinean el Gobierno y las estructuras de la cúpula del partido, hasta ahora encabezado por la vieja guardia, en la figura de un civil que no luchó en la Sierra Maestra, Diaz-Canel, que ya ejercía la presidencia desde 2018. Hasta este jueves el Partido Comunista de Cuba (PCC) rendía cuentas a Raúl Castro y a los históricos, que ahora abandonan todos los cargos.

Sabido es que el modelo de partido único no va a cambiar, pero mantenerse en el inmovilismo y en las reformas rácanas sería el mejor modo de que la economía se vaya a pique, lo que equivale a decir todo el sistema, dado que la crisis y la situación por la que atraviesa la isla es de extrema gravedad. Los problemas estructurales acumulados y la ineficiencia de la empresa estatal, agravados por la epidemia y el recrudecimiento del embargo norteamericano, no se resuelven con parches, se admite en las altas instancias, y también que las reformas introducidas hasta ahora claramente han sido insuficientes para garantizar un mejor nivel de vida a los cubanos, principal reto de los nuevos dirigentes, que no cuentan con la legitimidad “histórica” sino que la valoración que se haga de ellos dependerán de lo que logren.

 “El PCC necesita ampliar las zonas de legitimidad de su mandato con un desempeño económico que lo justifique o se le va a complicar la gobernabilidad”, opina el académico cubanoamericano Arturo López-Levy, señalando que “a mediano plazo, la economía es el primer renglón para medir sus capacidades”. Hay bastante consenso en este punto, y también en otro asunto que menciona López-Levy: “Se necesita orientar prioridades y recursos hacia la seguridad alimentaria, pues sin comida no hay país, por muchos hoteles que se construyan o reparen. Díaz-Canel ha enfatizado el discurso de la continuidad para asegurar la confiabilidad de los que lo han elegido, pero para resolver las demandas y quejas de una Cuba globalizada y signada por una crisis estructural, va a tener que prometer y hacer grandes cambios, tanto sustantivos como en la forma de gobernar”.

¿Qué lectura puede hacerse del VIII Congreso? ¿Defraudó las expectativas de los que esperaban una apuesta decidida por la apertura? ¿O era lo que podía esperarse de un cónclave cargado de simbolismo en el que lo que se escenificaba era la despedida de Raúl y la generación histórica? Hay diversas opiniones. En su informe central, Raúl Castro criticó el “egoísmo” de los que demandan el ejercicio privado de algunas profesiones y reclaman la importación comercial privada para establecer un sistema no estatal de comercio, advirtiendo que hay “límites” que no se pueden rebasar porque implicarían la destrucción del socialismo. La mención cayó como un jarro de agua fría en los sectores que defienden la apertura y en muchos emprendedores, aunque pasados los días, y tras el primer discurso de Díaz-Canel, algunos de los analistas consultados se inclinan a pensar que “la reforma va” y que cada vez será más profunda. Hasta donde se llegará, sea por propia voluntad o por necesidad, es la gran incógnita.

“El VIII Congreso del PCC no ha traído grandes sorpresas, pero tampoco ha significado un retroceso en lo que al sector privado se refiere”, asegura Oniel Díaz Castellanos, fundador de Auge, empresa consultora que brinda asesoramiento a decenas de emprendedores privados. Admite que “ciertas palabras en el Informe Central alarmaron a varios colegas”, entre los que se incluye, pero dice que “una mirada serena” a las intervenciones de Díaz-Canel así como a las resoluciones emanadas de la cita, confirman que “hay una combinación de voluntad política para abrir más espacios económicos, a la vez que se establecen límites que no se deberían pasar según la lógica del PCC”. Su conclusión: “en ninguno de los Congresos anteriores se ha hablado y escrito tanto” sobre el sector no estatal, de las pymes y la iniciativa privada, de lo que deduce que “no hay marcha atrás” en la reforma.

Es de la misma opinión el economista Omar Everleny, que apunta que “el Congreso tiene varias lecturas: podría parecer que no hay cambios ya que se critica a personas que quieren obtener más ingresos y se precisa que Raúl estará presente en la toma de las decisiones fundamentales; pero por otro lado, se ha apelado a hacer ingentes esfuerzos por salir de la crisis económica, de implementar en el corto plazo medidas para potenciar el trabajo, la necesidad de descentralizar decisiones, de utilizar las formas no estatales, de implementar las pequeñas empresas….”. El camino, cree, no es inmovilista sino “reformista, pues si no será complejo producir los resultados económicos que espera la nación”.

En la composición del nuevo Buró Político, destaca Everleny la entrada de dos figuras “con un corte empresarial”: Manuel Marrero, que hoy es primer ministro, “pero que fue presidente de la corporación turística Gaviota”, y Luis Alberto López-Callejas, que al frente de GAESA (el grupo empresarial del ejército) “controla el mayor por ciento de los negocios en divisas cubanos sean tiendas, hoteles, marinas, aviación, y la zona Especial de Mariel, y no es un político al estilo de los que se conocen, sino un hombre de negocios clásico”.

Rafael Hernández, director de la revista Temas y miembro del PCC, consideró fuera de la realidad a los que pensaron que el Congreso iba a “rifar” el sector estatal y que “ahora sí era el turno de la privatización”. “Naturalmente, esos augurios no tenían sustento”, opinó, aclarando que ninguna “las resoluciones aprobadas desandan lo avanzado durante el año y pico de pandemia respecto a la legitimidad y consolidación del sector privado”. “La Resolución sobre la Conceptualización del modelo reitera ‘reconocer y diversificar las diferentes formas de propiedad y gestión adecuadamente interrelacionadas”, asegura.

Diversos economistas han puesto énfasis en que tan relevante como el Congreso fue lo sucedido justo antes de su inauguración, cuando Díaz-Canel presidió un inédito encuentro con emprendedores privados y representantes de la empresa estatal, en el que se habló del necesario impulso a las pymes y el papel creciente que ocupará el sector no estatal. En otra reunión con el sector agrícola, en la que resulto cesado el ministro del ramo, se aprobaron un conjunto de medidas para incentivar a los productores privados y reactivar esta esfera de la economía, vital en estos momentos de crisis, y allí el presidente advirtió de que no había “tiempo para pensar en el largo plazo”.

Sobre los “límites” en la apertura al sector privado de los que habló Raúl Castro —pero que no especificó—, López-Levy considera que no es la cuestión más relevante. “Los límites y las líneas rojas irán moviéndose con la vida. Las reformas traerán más presión de otras reformas, y otro tipo de cambios llegarán por carambola”. Los más escépticos indican que otros intentos de reforma se frustraron en el pasado, cierto, aunque hoy la situación es distinta, el tiempo y el ritmo son ahora vitales, pues la crisis es gravísima y las urgencias son cada vez mayores. Habrá que ver los próximos movimientos de los encargados por los ‘históricos’ en asegurar la “continuidad” y hacer sostenible el socialismo cubano.

Por Mauricio Vicent

La Habana - 22 abr 2021 - 1:04 CEST

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La Cuba que viene después de Raúl Castro

El VIII Congreso del Partido Comunista avala los principales objetivos del Gobierno: desarrollo de la economía, firmeza ideológica y renovación generacional, encarnada en el presidente Miguel Díaz-Canel, elegido primer secretario del PCC. Entre los nuevos integrantes figuran el primer ministro, Manuel Marrero, y el exyerno de Castro, Luis Alberto Rodríguez

 

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reemplazó a Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista de Cuba este lunes, en el cuarto y último día del VIII Congreso de la formación política, cuyos delegados han avalado los principales objetivos del Gobierno: desarrollo de la economía, firmeza ideológica y renovación generacional.

Junto con Raúl Castro, de 89 años, salieron de la cúpula del PCC otros dirigentes históricos como el actual número dos de la formación, José Ramón Machado-Ventura (90), y el comandante Ramiro Valdés (88), además de Marino Murillo, considerado el zar de las reformas económicas iniciadas hace una década.

Por el momento los medios estatales cubanos, únicos con acceso a la cobertura del cónclave, no han precisado quién ha sido designado como segundo secretario del PCC en sustitución de Machado-Ventura.

Entre los nuevos integrantes del órgano más poderoso del PCC y por tanto de Cuba están el primer ministro del país, Manuel Marrero, y Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, exyerno de Raúl Castro y jefe del conglomerado cubano de propiedad militar GAESA que controla los activos económicos más valiosos del país.

Se mantienen en el máximo órgano de dirección del PCC, además de Díaz-Canel, el presidente del Parlamento, Esteban Lazo; el vicemandatario, Salvador Valdés; el viceprimer ministro, Roberto Morales y el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, entre otros.

En total, el nuevo órgano lo integran catorce dirigentes, tres menos que en el anterior. Entre ellos hay tres veteranos mayores de setenta años y tres mujeres: la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle; la científica y directora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Marta Ayala, y la primera secretaria del PC en Artemisa, Gladys Martínez.

Los militares están representados por el recién designado ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Ejército Álvaro López Miera; el general de División Lázaro Álvarez Casas y por Rodríguez López-Callejas, quien tiene el grado de general de Brigada.

El nuevo Buró Político fue designado por el Comité Central electo la víspera por los 300 delegados que asisten a la cita en representación de los más de 700.000 militantes, y cuya composición aún no se ha difundido.

El Comité Central "tiene a su cargo la aplicación de resoluciones, políticas y programas aprobados por el congreso que lo eligió", de acuerdo a la información oficial divulgada.

El VIII Congreso del PCC finalizará este lunes, en la misma fecha en que se conmemora el 60 aniversario de Victoria de Playa Girón, como se llama en Cuba a la fallida invasión anticastrista de Bahía de Cochinos en 1961.

La renovación generacional, entre los objetivos del PCC

Los delegados al VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) aprobaron este domingo cinco resoluciones, entre ellas la del informe central, el último emitido por Raúl Castro antes de traspasar el cargo al presidente del país, Miguel Díaz-Canel.

La resolución ratifica las evaluaciones y críticas expuestas en el informe sobre el trabajo del PCC en el pasado lustro.

Los trescientos delegados presentes en la reunión avalaron el planteamiento del informe que coloca al desarrollo de la economía nacional, junto a la firmeza ideológica, entre las principales misiones del partido único cubano, según reportaron medios estatales.

Asimismo, apoyan sus señalamientos críticos sobre la burocracia, inercia y resistencia al cambio, así como los relativos a la falta de firmeza, exigencia y de control frente a los retos en el escenario sociopolítico de la nación caribeña.

Los participantes en la cita para evaluar el quinquenio 2016-2020 analizaron los documentos que la guían. Sus debates se centraron en las reformas económicas anunciadas hace una década, el funcionamiento del partido y el trabajo ideológico.

De ellas resultaron otras cuatro resoluciones relativas a la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, al estado de las directivas de la política económica y social y su actualización para el periodo 2021-2026, la actividad ideológica y la política de dirigentes.

De las 244 reformas aprobadas hace una década se informó de que el 30% fueron implantadas, el 40% se encuentra en proceso y el30 % restante en la etapa de propuesta y aprobación, y tras su actualización ahora quedaron 201 aprobadas.

En el ámbito ideológico, la resolución propuso "priorizar el crecimiento del Partido", trabajar en su "vinculación con las masas" y "enfrentar de manera sistemática y previsora la subversión político ideológica en todos los escenarios y formas".

la habana

19/04/2021 17:54

EFE

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Interregno norteamericano. Entrevista a Nancy Fraser

¿Qué tendencias son las que ve aparecer de resultas de las crisis social, sanitaria y económica producidas por la Covid-19? ¿Qué nos dicen las reconstrucciones post-pandémicas sobre la ‘crisis de la atención’?

Tanto la pandemia como la respuesta a la misma representan la irracionalidad y destructividad del capitalismo. La crisis de la atención ya existía antes de la aparición de la Covid, pero se vio enormenente exacerbada por ella. La situación preexistente, por así decir, era la del capitalismo financiarizado, la forma especialmente depredadora que ha predominado en los últimos cuarenta años erosionando nuestra infraestructura de atención pública por medio de la desinversión, en nombre de la ‘austeridad’. Pero de hecho, toda forma de sociedad capitalista funciona a base de permitir que la actividad empresarial actúe de balde sobre labores de cuidados no remuneradas. Al subordinar la dedicación a las personas al ánimo de lucro, alberga una tendencia inherente a la crisis reproductiva social.

Pero lo mismo vale para la actual crisis ecológica, que refleja una dinámica estructural profunda que prima al capital para que actúe de balde sobre la naturaleza, sin pensar en restaurar o reponer. Y otro tanto se puede decir de nuestra actual crisis política, que refleja el grave debilitamiento de los poderes públicos a manos de megacorporaciones, instituciones financieras, revueltas fiscales de los ricos, lo que tiene como resultado la paralización y falta de inversiones. Si bien esto ha resultado especialmente agudo a causa de la neoliberalización, expresa una tendencia a la crisis política que se conecta directamente a toda forma de sociedad capitalista. La crisis de la atención está inextricablemente entrelazada con otras disfunciones – ecológica, política, étnico-racial – lo cual se suma a una crisis general del orden social.

Los efectos de la Covid sobre los seres humanos serían horribles en cualquier coyuntura. Pero los ha empeorado el hecho de que el capital ha canibalizado en este periodo el poder público, las capacidades colectivas que podrían haberse utilizado, si no, para mitigar los efectos de la pandemia. Como consecuencia, la respuesta se ha visto dificultada en muchos países, incluidos los EE.UU., por decenios de desinversión en la infraestructura crucial de salud pública. Existe en los EE.UU. la tendencia a culpar a Trump, pero eso es un error. La desinversión lleva produciéndose desde hace décadas.

Los gobiernos de Clinton de los 90 dieron en esto el primer paso.

Sí, toda una serie de gobiernos norteamericanos, lo mismo demócratas que republicanos, desinvirtieron en infraestructuras esenciales de salud pública. Retiraron reservas de equipos esenciales como EPIs, respiradores, mascarillas, mermaron capacidades de vital importancia – rastreo de contactos, almacenamiento y distribución de vacunas – y dejaron sin financiación suficiente instituciones cruciales como centros de investigación, hospitales públicos, unidades de UCIs, agencias públicas de salud,. Los científicos avisaron de que era probable otra epidemia vírica, pero nadie les prestó oídos. De manera que cuando llegó la Covid, los EE.UU. estaban totalmente faltos de preparación. No hemos tenido prácticamente rastreo de contactos, y seguimos prácticamente sin tenerlos después de que haya pasado más de un año. Las autoridades de salud pública carecían llanamente de la capacidad de organizarlos y todavía no han logrado desarrollar esa capacidad.

El derrumbe de sistemas ya débiles de atención pública hizo recaer nuevamente todas las cargas sobre familias y comunidades, y especialmente sobre las mujeres, que llevan todavía la parte del león de la labor de cuidados no remunerada. En el confinamiento, el cuidado de los niños y la escolarización se desplazaron de pronto a los hogares de la gente, dejando que las mujeres se hicieran cargo de ese gravamen por encima de otras responsabilidades, y teniendo que hacerlo en espacios pequeños, incapaces de soportar esa carga. Muchas mujeres con empleo acabaron dejando su trabajo para cuidar de los niños y otros parientes; muchas otras fueron despedidas. Un tercer grupo, lo bastante afortunado como para haber mantenido su puesto de trabajo y trabajar a distancia desde casa, a la vez que realizaba también labores de cuidados, incluida la de atender a los niños en casa, ha tenido que llevar la multitarea a nuevas cimas de locura. Un cuarto grupo, el de las ‘trabajadoras esenciales’, se enfrenta a diario a la amenaza de contagio en primer línea, con el temor de llevar a casa el virus, a la vez que cumple con lo que es preciso hacer, con frecuencia a cambio de un sueldo muy bajo, para que otros, más privilegiados, puedan acceder a los bienes y servicios que necesitan con el fin de aislarse en casa. Qué mujeres se encuentran en según qué grupo tiene todo que ver con la clase y el color. Es como si alguien hubiera inyectado un líquido de contraste en el sistema circulatorio del capitalismo, iluminando todas sus líneas constitutivas de fractura.

En los Estados Unidos, el brote de la Covid se vio seguido por una impresionante ola de protestas, dirigidas en su mayor parte por juventudes negras, contra la violencia policial racista. ¿Adoptó el lema Black Lives Matter un significado diferente durante la pandemia?

Se trata de una cuestión importante. ¿Por qué coincidió el resurgimiento de la actividad antirracista militante en los EE.UU. con la pandemia de la Covid? Hemos visto asesinatos de gente de color durante mucho tiempo, lo mismo que movilizaciones en contra de ello. Asi que, ¿por qué las protestas se hicieron tan amplias y continuadas justo en ese momento, en medio de una horrible crisis sanitaria? Hay quienes han sugerido que los meses de confinamiento crearon una intensa presión psicológica que encontró un desahogo muy necesario en las calles. Pero creo que hay razones más profundas, forjadas en la crisis, que provocaron algunos destellos importantes de percepción política. El darse cuenta de que esas dos expresiones aparentemente distintas de racismo estructural – vulnerabilidad dispar a la muerte causada por el virus y vulnerabilidad dispar a la muerte causada por la violencia policial– estaban en realidad ligados, que ambas estaban enraizadas en el mismo sistema social.

Para cuando estallaron las protestas en mayo de 2020, ya estaba claro que los norteamericanos de color, y los negros en particular, contraían y morían a causa de la Covid de forma desproporcionada. Tenían peor atención sanitaria y una mayor tasa de situaciones subyacentes, ligadas a la pobreza y la discriminación y vinculadas con las malas secuelas de la Covid: asma, obesidad, estrés, alta presión sanguínea. Afrontaban mayores riesgos de contagio, debido a sus trabajos en primera línea que no podían realizarse en remoto y a una situación de viviendas atestadas. De todo esto se había informado ampliamente en los medios informativos. Y eso caló hondo, dando un nuevo sentido a ‘Black Lives Matter’.

El lema llevaba circulando desde 2014, cuando el asesinato de Michael Brown en Ferguson, estado de Misuri, a manos de la policía desencadenó el Movement for Black Lives. Desde entonces, ha habido muchísima organización, sin que faltaran grupos de concienciación y de lectura, lo que ha formado a una nueva generación de activistas antirracistas militantes, sobre todo de jóvenes activistas de color. Ese fue el contexto, la atmósfera, en la que se recibieron y procesaron las noticias del impacto racializado de la Covid. Como remate de todo esto llegó el asesinato de de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, que captó para que todo el mundo lo viera ese video indignante y desgarrador. Y así se encendió la mecha. Dicho de otros modos, ese momento justo no fue una coincidencia.

La convergencia de las protestas por la pandemia y la violencia policial expresaban la expansión, la profundización de ‘Black Lives Matter’. Un primer nivel de significado era que, si las vidas de los negros de verdad le importaran al sistema de ‘justicia’ penal norteamericano, en ese caso no existirían las múltiples formas de violencia racializada. Cuando golpeó la pandemia, eso también vino a significar: no se deberían perder ni acortar las vidas negras con esta mezcla letal de exposición al contagio y a problemas de salud preexistentes, que señalan a su vez condiciones estructurales subyacentes.

La repercusión electoral de BLM fue enormemente positiva, de manera evidentísima en el estado de Georgia, que pasó del profundo rojo [color de los republicanos] al azul [color de los demócratas], otorgando sus votos electorales a Biden y dándole la vuelta a dos escaños del Senado, concediendo uno a un afroamericano y el otro a un judío (lo que es una gran noticia en el Profundo Sur), y entregando así de este modo a los demócratas el control del Senado. En la dinámica que opera aquí contó el rechazo de las zonas residenciales blancas, así como una participación masiva de los negros, galvanizados sin duda estos últimos por Black Lives Matter, pero también preparados gracias a años de organizarse en ese estado para ‘salir a votar’, una dura labor sostenida por activistas sobre el terreno, como Stacey Abrams.

La derrota de Trump fue aclamada como una victoria, pero no parece que la victoria de Biden despertase el mismo entusiasmo. ¿Qué lectura hace de los resultados de las elecciones norteamericanas? Ha vencido de manera decidida el ‘neoliberalismo progresista’ al populismo reaccionario del bloque de Trump y al populismo progresista de Sanders?

Seguimos, por recurrir a los términos de Gramsci, en un interregno, en el que lo viejo agoniza, pero sin que lo nuevo pueda nacer. En esa situación, se tiende a registrar una serie de oscilaciones políticas, con balanceos de un lado a otro entre alternativas que están agotadas y no pueden tener éxito. En el presente, sin embargo, no nos hemos columpiado todavía del trumpismo a la vuelta al ‘neoliberalismo progresista’ a gran escala encarnado por las administraciones de Clinton y Obama. Eso podría suceder todavía, por supuesto, pero a fecha de hoy el movimiento del péndulo lo controla un ala izquierda recrecida en el Partido Demócrata. La derrota de Trump quedó asegurada gracias a una alianza entre el centro neoliberal del establishment del Partido, el ala Clinton-Obama, y su oposición populista de izquierdas, el ala de Sanders-Warren-AOC [Alexandria Ocasio-Cortez]. Cierto es que los centristas habían maquinado la brutal expulsión de Sanders del proceso de primarias, pese – o a causa de – su sólida proyección, con el fin de abrir camino al entonces tambaleante Biden para que se convirtiera en el candidato designado por el Partido. Pero a diferencia de 2016, las dos alas se fusionaron para las elecciones generales. La facción de Sanders prestó apoyo total a Biden contra Trump, y a cambio consiguió tener una mayor voz política.

El resultado es que los populistas progresistas y los neoliberales progresistas están hoy en coalición. Los populistas son la parte más débil de esta alianza y no están representados en el gabinete de Biden. Pero su influencia ha crecido, sin embargo. Sanders encabeza hoy el poderoso Comité Presupuestario del Senado y le entrevistan con frecuencia en las televisiones nacionales, lo cual es algo nuevo: antes nunca le dispensaban tratamiento de portavoz o comentarista clave. Además, asimismo ‘The Squad’, el grupo de AOC en el Congreso, ha doblado su número, y ha vencido en algunas contiendas importantes en las elecciones de 2020.

Y en política interior, los centristas se han movido a la izquierda. Los demócratas de ambas cámaras votaron unánimemente a favor de la ley de ayudas para la Covid de Biden, cifrada en 1.9 billones de dólares, que contiene varios puntos de la lista de preferencias progresista-populista. Ese paquete refleja claramente la fuerza e influencia del ala de Sanders. Sin embargo, ha tenido el apoyo de los asesores económicos de Biden, los cuales, aunque no estén, ciertamente, ‘a la izquierda’, representan al menos una ruptura parcial con los ex-alumnos de Goldman-Sachs que han gestionado durante décadas el departamento del Tesoro y nos trajeron la financiarización. Dirigidos por Janet Yellen, la orientación del nuevo equipo es neo- o cuasi-keynesiana; si bien todavía comprometidos con el ‘libre comercio’, al menos han renunciado temporalmente a la lógica de la austeridad y han dado prioridad al pleno empleo por encima de una inflación baja.

 El actual estado de la administración Biden representa una formación de compromiso. Sus políticas de (re)distribución mezclan algunos elementos reactivados del pensamiento del New Deal con el lado de libre comercio propio de la economía política neoliberal, mientras sus políticas de reconocimiento incluyen elementos tanto meritocraticos como igualitarios. Se acumulan aquí muchas tensiones inherentes, que van a aparecer tarde o temprano. Está todavía por ver cuándo y de qué manera, y también si se resolverán y en qué términos. En general, la alianza de la izquierda y los liberales es endeble, y no durará siempre. Pero sigue sin estar claro qué es lo va exactamente a substituirla.

Una variable clave reside en la medida en que las políticas de Biden van a satisfacer a una población que se tambalea no sólo a causa de los efectos colaterales sanitarios y económicos de la pandemia, sino también debido a las ‘condiciones preexistentes’. Son cuarenta años de desindustrialización y deslocalización, financiarización, acoso a los sindicatos, trabajos basura, declive industrial, además de violencia policial, destrucción ambiental, deshilachamiento de la red de seguridad social: todo lo que ha operado para empeorar las condiciones de vida de los pobres, la clase trabajadora y las clases medias y medias bajas.

Son esos los procesos que desencadenaron el abandono masivo del ‘neoliberalismo progresista’, en la revuelta populista, de dos filos, de 2016: Trump, por un lado, Sanders, por otro. Y ambos movimientos continuarán de una forma u otra, mientras continúen esos procesos. De manera que el compromiso de Biden depende de su capacidad de hacer suficientes concesiones favorables a la clase trabajadora para mantener a bordo a los populistas de izquierda y mellar la fuerza de los populistas de derechas. Y además, hay que mantener contenta a la clase inversora. No es un trabajo fácil.

La elección de Kamala Harris ha provocado reacciones encontradas en la izquierda, entre quienes recalcan que hay una mujer negra de vicepesidenta y los que critican sus anteriores posturas sobre la pena de muerte y su encubrimiento de abusos de autoridad como Fiscal General de California. ¿Qué análisis hace de ello?

Nunca he sido muy partidaria de lo que Anne Phillips llamó en cierta ocasión la ‘política de la presencia’, la idea de que elegir a alguien que se te parece – a una mujer o a una persona de color, por ejemplo – es por si misma un gran logro. A nadie con una pizca de feminismo en los huesos se le ocurrió apoyar a Thatcher. En los EE.UU. de hoy esto lo tenemos más claro, creo, después de haber elegido a un afroamericano para la presidencia en 2008. Mucha gente depositó su voto con tremendas esperanzas en un cambio de envergadura, que el candidato cultivó deliberadamente mediante una elevada retórica de campaña. Y el resultado fue una profunda decepción. Una vez en el poder, Obama se desprendió rápidamente de esa inspiradora oratoria y gobernó como neoliberal progresista. Después de esa experiencia, nadie que piense en la política con cierta hondura se va a sentir muy estimulado por el ascenso de Harris a la vicepresidencia. Hay un viejo dicho que afirma: ‘si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos veces, la culpa es mía’.

En cualquier caso, Harris no es – a diferencia de Obama –ni una desconocida política ni una oradora de gran altura. Tiene un largo historial político como fiscal y administradora ‘dura con la delincuencia’ y como agente político ambicioso. Habría que estar voluntariamente ciego para pensar en ella como un faro de ‘esperanza y cambio’. Por otro lado, es muy brillante y muy flexible, sabe leer bien la dirección del viento y ajustar su rumbo como corresponde. Entra dentro de lo posible que pudiera moverse un poco a la izquierda si ese rumbo le conviniera a sus ambiciones, que incluyen la presidencia para la que ahora la están preparando como número dos y supuesta sucesora de Biden. Pero en la medida en que se trata de alguien que sigue la corriente, es más importante analizar la corriente.

Cuando se derrumbe el compromiso de Biden, como tiene que pasar, los liberales atacarán probablemente a la izquierda y tratarán de resucitar el neoliberalismo progresista con algún nuevo disfraz, igual que las fuerzas del MAGA [Make America Great Again, el trumpismo del “Hacer de Nuevo Grande a Norteamérica”] tratarán de resucitar su alternativa reaccionaria-populista. Y en ese punto, la izquierda se enfrentará a una encrucijada. En una hipótesis, redoblaría las formas de superficiales políticas de identidad que impulsan la cultura de la cancelación y el fetichismo de la diversidad, En otra, haría un serio esfuerzo por construir una tercera alternativa, articulando una política inclusiva de reconocimiento con una política igualitaria de redistribución. La idea consistiría en separar a los elementos favorables a la clase trabajadora de cada uno de los otros dos bloques y unirlos en una nueva coalición anticapitalista, que se comprometiera a luchar por el conjunto de la clase trabajadora, no solamente por la gente de color, los inmigrantes y las mujeres que apoyaron a Sanders, sino que atrayera – sobre la base de sus intereses económicos – a quienes se pasaron a Trump. Esa coalición podría entenderse como una versión de izquierdas del populismo. Pero lo veo menos como un punto de llegada que como un estadio transicional, en camino hacia algo más radical, una transformación estructural profunda de todo nuestro sistema social. Eso requeriría no sólo una política de populismo de izquierda, sino algo más parecido al eco-socialismo democrático.

Por Nancy Fraser

es profesora de Filosofía Política en la Henry A. and Louise Loeb, un centro de política y ciencias sociales de la New School for Social Research de Nueva York. Su investigación académica gira en torno a la teoría social y política, la teoría feminista y la filosofía contemporánea francesa y alemana.

Fuente:

Sidecar, New Left Review, 9 de abril de 2021

Traducción:

Lucas Antón

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Incitación al socialismo autogestionario

Un gran clásico del anarquismo, Gustav Landauer, advertía de las dificultades con que se encontrarían los obreros revolucionarios para construir un régimen socialista tras derrocar a la clase dirigente y abolir el Estado.

 

Un gran clásico del anarquismo, Gustav Landauer, advertía de las dificultades con que se encontrarían los obreros revolucionarios para construir un régimen socialista tras derrocar a la clase dirigente y abolir el Estado. El problema no consistía en una supuesta falta de condiciones políticas y económicas objetivas para ello, puesto que el socialismo libertario era posible fuese cual fuese el estadio de desarrollo y compenetración en el que se encontrasen la economía y el Estado, sino a la falta de experiencias autogestionarias de magnitud apreciable, y, por lo tanto, a la carencia de ideas prácticas que mostraran los caminos de su realización. Las enormes trabas internas de funcionamiento coordinado que tuvieron las colectividades de la Revolución Española facilitaron el sabotaje que los partidos defensores del orden burgués, mientras el curso desfavorable de la guerra acababa precipitándolas en la cloaca estatal de la que nunca saldrían. La ocupación de la calle, la huelga y la toma de edificios públicos, armas tradicionales de la lucha de clases, son la negatividad en acción que por si sola no basta. En la actualidad, se hace cada vez más patente la necesidad de un anticapitalismo afirmativo: el frente de la guerra social exige una retaguardia logística hecha de proyectos autogestionarios ejemplares. El libro “Los papeles de Albert Mason. Volumen I. La Acción Económica”, anónimo, una selección de artículos de calidad desigual, aclara este último punto: “la revolución es menos un construir sobre la destrucción que un destruir construyendo”. Con esa rotunda aseveración se cambia radicalmente la estrategia de lucha tradicional contra el capital y el Estado basada únicamente en la resistencia organizada; la confrontación ideológica y política ha de combinarse con la forja de un entramado económico autogestionario, antipatriarcal, fuera del mercado e independiente del Estado. La finalidad no ha cambiado puesto que se persigue la revolución social total, no una reforma cualquiera.

Para un lector ajeno a los guiños de la moda, la lectura se complica por culpa del empleo del femenino como genérico -producto de la influencia del movimiento feminista, hoy en día más fuerte y pujante que el obrero e ideológicamente más creativo-, un mal hábito posmoderno que intenta justificarse con la peregrina idea de la repercusión durante milenios del patriarcado en la gramática. De acuerdo con esta manera de discurrir, un periodo machista prolongado en la historia sería el causante lógico y directo de que el género masculino en las lenguas indoeuropeas fuera no marcado. Creemos que el axioma es cuanto menos dudoso y que existen mejores modos de socavar el dominio social de los varones, visibilizar a las mujeres y deshacer los estereotipos sexuales que machacar infundadamente el lenguaje -al fin y al cabo obra del pueblo hablante-, con falaces especulaciones seudorradicales. Bueno, por más que se contorsione la forma, el contenido no se enriquece ni se hace más claro y más crítico. Habría que proceder al revés, creando conceptos nuevos que iluminen la cuestión como lo han sido los de “patriarcado”, “cuidados”, “sexismo” etc. A mi entender, la neolengua inclusiva es un reflejo identitario de gueto, como en otras partes lo son el nacionalismo, las arrobas o el pañuelo palestino. Y el gueto es un elemento de la zona gris que se acomoda con la novedad sin objeción alguna, sobre todo si se cocinó en la universidad, pues no pretende la nitidez de la verdad, sino el velo que más contribuya a su cercado, o sea, a su conservación.

Esta modesta objeción sin embargo no intenta quitar méritos a la materia del libro, que es original y provechosa, y que consiste en lo que el autor llama acción económica, definida como “la forma específica que adopta la lucha contra el capitalismo -en sus dos vertientes, estatal y empresarial- dentro del ámbito de la economía.” Es un modo de acción directa contra la empresa y el Estado cuyo objetivo consiste en perjudicar económicamente todo lo posible a ambos. Desobediencia civil en el plano económico y administrativo. Su forma orgánica es la Asociación Libre. No se trata de un tipo de organización nuevo, sino de lo que corrientemente se ha llamado sindicato, cooperativa, ateneo o comité, o de lo que hoy llamamos colectivo, proyecto o red. Todas se caracterizan por no ser jerárquicas, regirse por asambleas y “ensayar modelos económicos compatibles con la anarquía.” Las tácticas de la acción económica van del huerto comunitario, el consumo combativo, el intercambio en especie y la compra colectiva hasta el fraude administrativo, la insolvencia programada y la insumisión fiscal. No estamos ante una simple alternativa agroecológica a la alimentación industrial, pues suponemos que la susodicha acción económica abarca otras experiencias autogestionarias en el campo de la sanidad, la educación, la seguridad social, la vivienda, la energía y el derecho, por poner solo algunos ejemplos. Lo cierto es que sin esa especie de rearme de la sociedad civil, la lucha social urbana y la defensa del territorio no podrán evitar la integración.

Desde luego, a fin de no recurrir al dinero, la extensión de una economía paralela no capitalista requiere instrumentos como monedas sociales, equipamientos eficientes, asesorías jurídicas y ayudas financieras, cuyo empleo incurre forzosamente en contradicciones, pues no olvidemos que estamos dentro de un régimen tecnocapitalista, como quien dice, en el vientre de la ballena. Encuentro además discutible la busca de subvenciones o el recurso a las inversiones que defiende el libro, aunque trate de justificarlo con el argumento de usarlas contra el Estado, algo así como si se fuera tras una expropiación suave y ligera de fondos. Y también cosas que el libro no menciona como los socios benefactores, la autogestión a tiempo parcial o los liberados. Son prácticas que recuerdan algo el discurso en torno a Marinaleda, y, exagerando un poco, el irónico relato de Pessoa, “El Banquero Anarquista”. Y sobre todo nos trae a colación la autodenominada “Economía Social”, en otras palabras, la autogestión de la miseria, el modo menos violento de administrar la exclusión en beneficio del mercado que la produce. El autor se ve obligado a marcar la línea roja que separa la Acción Económica de aquella, “la rama del capitalismo cuya actividad lucrativa es la crítica al capitalismo y la mercantilización de supuestas alternativas”, y a denunciar como aberrante la terminología seudosolidaria de “precio justo”, “finanzas éticas” “desarrollo sostenible” o “responsabilidad social de las empresas.” Sin embargo, no logra sustraerse a un círculo vicioso: la “desmercantilización” de cualquier actividad sin abolir integralmente el mercado resulta imposible, así como la autogestión generalizada sin salirse de la economía o la autonomía plena sin suprimir el Estado. A mi modo de ver, y supongo que al modo de ver del autor, la única manera de romper el círculo es dejando claro dos cosas: primera, que la actividad autogestionaria y feminista es un medio y no un fin en sí misma. Segunda, que no es más que la vertiente positiva de la lucha social anti-industrial.

El libro, redactado con el espíritu mitad de un pionero de La Cecilia y mitad de un expropiador tipo Marius Jacob, no tiene final. La lista de ejemplos de sabotaje de la economía es larga y abierta. En lo relativo a los métodos ilegales -por ejemplo, la falsificación de documentos o la clonación de tarjetas- conviene más practicarlos silenciosamente en la clandestinidad que alardear de ellos en manuales. A buen entendedor... No busquemos tampoco una valoración suficientemente crítica de los experimentos autogestionarios reales, quizás porque no sea ese el objetivo del libro, que ante todo quería demostrar que, sin la experiencia previa de la autogestión “a fuego lento”, la subversión negadora rodará incesantemente en la oscuridad y se consumirá en su propio fuego. Hoy en día, plantar una tomatera, según cómo, puede ser un acto tan radical como el ir a la huelga o defenderse de la policía, y un humilde potaje de garbanzos, con los ingredientes sociales adecuados, puede convertirse “en un atentado cotidiano contra toda autoridad.”

Por Miguel Amorós

16 abr 2021 13:55

Publicado enPolítica
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