La idea de memoria histórica contiene un amplio universo de referencias. En nuestro país, nos traslada de forma automática a las trayectorias de las personas que vivieron la Guerra Civil y la posguerra desde el lado de los perdedores y a la ausencia de reconocimiento de su sufrimiento, su dolor y su condición de víctimas. Remite asimismo a la memoria colectiva y a la forma en que estas personas explican (y se explican) su pasado.

Memoria y resiliencia


Los testimonios de las personas que prestan su memoria para complementar la historia con documentos y relatos que no se encuentran en los archivos y libros históricos reflejan su capacidad de supervivencia y de resistencia, de superación de momentos traumáticos y de desarrollo de una identidad que les permite conservarse y hacer coherente su ideología con el contexto en que tuvieron que relacionarse y vivir. Reflejan, por tanto, su capacidad resiliente.


La resiliencia posee dos dimensiones diferentes: por un lado, alude a la capacidad de adaptación y por otro, representa la facultad de resistencia, en este caso conectada a la dureza. La recuperación de la memoria histórica constituye en sí misma un acto de resiliencia que comprende su definición en un sentido amplio, es decir que implica ambas dimensiones, elasticidad y dureza.


Además, se extiende hasta el presente, pues en los relatos encontramos el sentido positivo de haber podido superar una situación extrema para poder contarla y mantener una coherencia vital entre la persona que lo cuenta y la que sobrevivió a la represión.


Trabajar con los recuerdos


Recoger testimonios orales y utilizar la memoria como objeto de estudio comporta, no obstante, algunos inconvenientes asociados a la peculiaridad del vehículo de análisis de los hechos: los recuerdos. Las memorias se pueden borrar, modificar o ampliar, y son susceptibles de tergiversar aquello que ocurrió. Al mismo tiempo, representan una herramienta de reconstrucción de los hechos del pasado a través de una mirada del presente.


De esta forma la memoria es un elemento cargado de subjetividad pero con gran capacidad simbólica: recupera aquello que no está presente de manera tangible en la historia pero que tiene un papel esencial en la configuración de identidades e ideologías.


El relato conjunto que se construye, y en el que cada individuo matiza su experiencia y la dota de peculiaridades, constituye la memoria colectiva ignorada durante décadas en función de la transmisión de una única historia oficial. Los relatos construidos de esta manera son diversos y heterogéneos en lo que respecta a las experiencias vividas, las represiones sufridas y las estrategias adoptadas, pero mantienen un elemento común: todos ellos amplían la historia que conocemos y nos muestran un contexto social que, en muchos casos, desconocíamos.


Esta reconstrucción del relato genera, en numerosas ocasiones, controversias sociales y políticas que demuestran que el conflicto sigue latente en la sociedad. Pero la recuperación de la memoria se construye como una alternativa al silencio, un silencio que en muchos casos impide el recuerdo de vivencias pasadas, el desarrollo de estrategias resilientes comunes y la reorganización del recuerdo colectivo que posibilite la (re)construcción de identidades grupales. La presencia de la memoria significa que se brinda la posibilidad de que los testimonios que son rebatidos o no quieren ser escuchados, puedan expresarse y de que esas voces, tanto tiempo calladas, puedan ser oídas.


La democracia permite echar la vista atrás


Superar el pacto del olvido, por tanto, implica asumir que el consenso social de “olvidar” debe ser sustituido por “recuperar”, así como la aceptación explícita de que el pasado es diferente a cómo lo relatan las fuentes oficiales y que aquellos que no pudieron participar en la construcción de ese discurso deben ser tenidos en consideración.
La democracia ha alcanzado hoy en día un grado de madurez que permite abordar este objetivo. Reconocer una parte de la historia negada, olvidada o silenciada, implica también significar a aquellos que sufrieron sin ser reconocidos o fueron estigmatizados sin poder restaurar, aunque fuera de manera simbólica, su dignidad o la de sus antepasados.
Pese a que pueda parecer inconveniente recuperar un conflicto que no afectó directamente a muchos de los que hoy conforman la sociedad, la recuperación de la memoria histórica puede facilitar una mayor cohesión social. Escuchar todas las versiones y todos los recuerdos es un síntoma de que la democracia ha alcanzado un alto grado de compromiso con todos sus ciudadanos, sin discursos hegemónicos ni silencios forzados.


Recuperar la memoria es también una forma de cerrar unas heridas que permanecen abiertas desde hace demasiado tiempo, porque poder hablar del pasado sin temor implica que este se puede conocer en el presente sin que ello suponga revivir antiguos traumas y disputas. Además, para quienes pueden o quieren compartir sus recuerdos, hablar de ello es también una forma de superación, de terapia individual que al ser compartida se convierte en colectiva.


Conocer diferentes versiones, escuchar los relatos que han estado ocultos durante décadas no puede evidentemente cambiar lo que ya ocurrió y, además, aquellos que nos lo relatan tampoco lo pretenden. Pero sus recuerdos sí pueden modificar el conocimiento actual sobre la historia, afectando de esta forma al presente y al futuro.


Recordar es un derecho y, para muchos, un deber para poder perdonar y cerrar las heridas abiertas. La recuperación de sus memorias permite, además, que aquellos que se han sentido víctimas, sin poder reclamar o reivindicar su historia, puedan asumir un papel activo en la reelaboración de la memoria colectiva.


Hoy, segundas y terceras generaciones tienen la oportunidad de redactar un nuevo discurso sobre el pasado con la distancia emocional y las herramientas democráticas de las que disponemos, una narración en la que las víctimas y los culpables pueden probablemente adoptar un nuevo significado y en la que la antigua confrontación puede dar paso a una pluralidad de relatos que sirvan para que en el futuro se conozca una historia necesaria y diferente.

Por:
M. Victoria Gómez García/Magdalena Díaz GorfinkielVicente Díaz Gandasegui
Profesora titular Sociología, Universidad Carlos III
Magdalena Díaz Gorfinkiel
Profesora de Sociología, Universidad Carlos III
Vicente Díaz Gandasegui
Profesor Visitante Lector en el departamento de Análisis Social, Universidad Carlos III

06/11/2018


Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation

Publicado enSociedad
Dotarnos de un sistema integral de educación pública estable

Las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas padecen desde hace más de 25 años un constante deterioro, el cual estalla en distintas universidades cada cierto tiempo, aunque ahora la honda del déficit financiero las afectó a todas. Para solventar la crisis que atraviesan las IES públicas, estudiantes y docentes en todo el país exigen un aumento de $4,5 billones para darle un respiro a la educación superior pública.

 

No es nuevo. El profundo déficit financiero que afrontan las 32 universidades estatales en Colombia y que amenaza a varias de ellas con el cierre de sus puertas para el 2019, disparó la alerta roja entre estudiantes, docentes y administrativos universitarios, quienes con insistencia, han convocado al conjunto de la sociedad para defender la educación superior pública. Con calculadora en mano, las/os rectoras/es de estos centros de estudio, organizados en el Sistema Universitario Estatal (SUE), exponen un mínimo de presupuesto que solventaría el déficit histórico acumulado de “[…] 3.2 billones de pesos para funcionamiento y 15 billones de pesos para inversión […]”. Sin embargo, la asignación de recursos para el total del sistema educativo, que implica preescolar, escolar, básica, media y superior, en el 2019, será de 38,78 billones de pesos, dentro de los cuales lo destinado a las universidades es inferior a lo requerido. Estos recursos, por demás, no contemplan el pago de la deuda acumulada que tiene el Estado con las universidades estatales.

 

A este presupuesto ($38,78 billones) serán adicionados 2 billones de pesos en inversión para el sector educación, destinados para cubrir los Planes de Alimentación Escolar PAE ($500 mil millones) –operados por privados.

 

Atendiendo a la “profunda comprensión social” de la Ocde, al reafirmar que: “los jóvenes deben salir bien preparados de la educación básica para que sean ellos, a través de su trabajo, quienes resuelvan su acceso a la educación superior”, serán invertidos $226,1 mil millones en el fortalecimiento de la educación básica y media, $275,3 mil millones en el desarrollo de infraestructura educativa, y $245,3 mil millones para otros programas.

 

Suma de dinero que también será destinada a cubrir el subsidio a la demanda en la educación superior a través de los créditos del Icetex y el nuevo sistema de Financiación Contingente al Ingreso –Fici– ($750 mil millones), que es sencillamente, en el marco del capital, la creación de la nueva clase social de los “jóvenes endeudados”.

 

Además, el presupuesto de inversión referido a Calidad y Fomento de la Educación Superior, suma cercana de 2 billones de pesos, el cual, según información aportada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a los rectores del SUE se distribuye de la siguiente manera: para el sistema de aseguramiento de la calidad $25,2 mil millones; por estampilla para universidades sólo $90 mil millones; mientras que para la financiación de la demanda, compromisos programa Ser pilo paga (Spp) y Compensación Tasa Icetex más $1,5 billones; la cifra restante, próxima a $390 mil millones para fomento, irá en programa aún no establecido. Dinero que está en clave con la denominada calidad de la educación superior. Al revisar el manejo presupuestario queda claro que el sistema de aseguramiento de la calidad seguirá favoreciendo al monopolio de las universidades acreditadas privadas en detrimento de las universidades estatales.

 

Aunque ya es espinosa la situación, hay más. Otro asunto de suma gravedad, y que ha pasado en silencio en las discusiones sobre el presupuesto para las universidades estatales, es lo contemplado en el Decreto 2236 de 2017, “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, en su artículo 127 se estableció que el Icetex puede endeudarse por $290 mil millones de pesos para poder garantizar el pago de “[…] matrículas de los estudiantes que accedan a crédito educativo a través del Icetex […] Estos recursos, incluidos los costos asociados, serán devueltos por la Nación durante el año 2019 […]”, significando con ello que son $290 mil millones menos que recibirán las universidades públicas en 2019 y $290 mil millones más que recibieron las universidades privadas en lo corrido del 2018.

 

Finalmente y según cálculos del SUE, dado que el ajuste general contemplado para el Ministerio de Educación Nacional solo se acerca al IPC proyectado para 2018, las cifras concretas para las universidades no logran alcanzarlo: sin los recursos establecidos por la Reforma Tributaria de 2016 (Impuesto a la renta y complementarios y 40 por ciento de medio punto de IVA social), el presupuesto para las universidades públicas pasaría de $3.235,4 a $3.328,5 billones, con un crecimiento de 2,87 por ciento, inferior en 0,43 por ciento al IPC**.

 

 

grafica educa

 

 

Programa Spp y un modelo de (des)financiación que atiende los intereses de las instituciones privadas

 

La discrecionalidad política en la asignación presupuestal de los recursos para funcionamiento e inversión de las universidades públicas depende de partidos, bancadas y empresarios. Qué mejor ejemplo que la introducción del programa Spp, que entre los años 2016-2018 por vía de la desviación de los recursos Cree –destinados a las universidades públicas–, ha acaparado más de $1.57 billones, eso sin contar con los recursos destinados desde el año 2015 a los nuevos créditos educativos del Icetex, denominado “Tú eliges”.

 

Tal y como señala el SUE, “Con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), Colombia es uno de los países con menor inversión en educación superior de América Latina (Ocde, 2015-16). Pero, al mismo tiempo, ostenta uno de los mayores costos de matrícula en sus universidades no oficiales. Dicho costo asciende, en promedio, al 55 por ciento del ingreso nacional bruto per cápita, muy por encima de Estados Unidos que llega al 42 por ciento (Ocde, BM, 2012). El valor de las cuatro cohortes del Pspp, para cubrir 40.000 estudiantes, es similar a las transferencias que la nación entrega hoy a las universidades estatales para atender más de 620.000 estudiantes de pregrado, 795 programas de maestría, 205 doctorados y varios colegios en educación básica y media al año (ver recuadro 1 y tabla 1). No hubo, en toda Latinoamérica, un programa tan costoso como el PSPP: las universidades privadas no se dignaron cofinanciar el programa, no redujeron sus costos de matrículas, sino que incluso los incrementaron, no ofrecieron al Estado economías de escala”.

 

Si la educación pública estatal fuera prioridad, no se tendría, por ejemplo, 2 billones de pesos de déficit del programa Spp. Se dice que este programa incrementó la tasa de acceso a la educación superior de los estratos 1 y 2, sin embargo, en 3 años de funcionamiento solo benefició a 40 mil estudiantes; mientras que las instituciones oficiales, entre 2014 y 2017 generaron 99.707 nuevos cupos (2,5 veces más que Spp) sin contar para ello con recursos adicionales (ver tabla 2). La mayor parte de los recursos de Spp fueron concentrados en cinco IES privadas, es decir, han recibido ingresos anuales superiores al total de las transferencias realizados por la nación para quince universidades regionales públicas (ver gráfico 1).

 

“[…] las universidades
estatales le han cumplido con creces a Colombia”, pese a la desfinanciación

 

El SUE destaca la gestión de las universidades públicas a pesar de que su presupuesto sólo ha comprendido el incremento anual del IPC, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 30 de 1992: “[…] mientras en 1993 la Nación aportaba $1,72 billones para 159.218 estudiantes de pregrado, en 2016 aportó $2,93 billones para 611.800 estudiantes de este mismo nivel en las universidades públicas. La división del aporte efectuado, y la cantidad de estudiantes por atender, arroja un resultado de $10.825.890 entregados por cada estudiante en 1992, contra escasos $4.785.338 en 2016. Pero, aun así, la cifra es inexacta: no tiene en cuenta a los estudiantes de posgrado y su crecimiento exponencial atrás referido, ni a los estudiantes que en básica y media atienden algunas universidades como la Pedagógica Nacional y la de Nariño.

 

Ante esta realidad surge un interrogante: ¿Cómo ha sido posible el incremento y fortalecimiento académico y de cobertura con una depreciación real de las transferencias efectuadas por la Nación? La respuesta se encuentra en el notorio esfuerzo de las universidades públicas para obtener recursos propios. Estos últimos cubren hoy, en promedio, el 47 por ciento del total de los gastos de las universidades estatales y han llegado a su techo; no pueden crecer más al mismo ritmo”. Las administraciones de las universidades públicas no pueden seguir siendo los ¡buenos! Administradores de la histórica crisis financiera acumulada.

 

Insólito resulta que 82 IES públicas atienden un número similar de estudiantes al de las 207 IES privadas; soportando la carga financiera, administrativa y académica con tan solo el 50 por ciento del presupuesto que aporta el Estado, obligadas, por demás, a buscar en el mercado, por la venta de servicios, el restante 50 por ciento de sus presupuestos y, obligadas a extender su cobertura.

 

Como está visto, el modelo de financiación apunta a favorecer a las grandes universidades privadas y sus elevados costos de matrícula; condena a las clases media y popular a endeudar a sus jóvenes; alimenta el insaciable sistema financiero, en aras de la promesa de ascenso social.

 

Es un sistema de financiación que aumentará la crisis de las universidades públicas, no sin que antes millones de jóvenes compitan entre sí por cupos para estudiar una carrera; presentando pruebas de admisión que no reconocen las diversidades socio-espaciales y económicas, y las brechas en los procesos formativos escolares. ¿Qué pasará si no defendemos la educación pública?

 

** Cifras del SUE presentados en “Carta abierta”.
* Docente, Universidad Pedagógica Nacional

 


 

Recuadro 1

 

Retos para los sectores socialesRetos para los sectores sociales


Grandes son los retos para los sectores sociales organizados; Fecode, el movimiento social que trabaja en pro de la educación y en general los y las defensoras de Derechos Dumanos. Es necesario comprender el momento político e histórico que vivimos, esto demanda superar la fragmentación de las luchas y concitar una gran agenda nacional de movilización con opción de poder, y esto significa tener propuesta viables que pongan limite al capital; avanzar hacia un sistema integral de la educación pública estable desde el preescolar hasta posgrado y, por fin, lograr la financiación plena de la educación pública.

 

Recuadro 2

 

Según el MEN, el 50 por ciento de las universidades estatales cuenta hoy con Acreditación Institucional de Alta Calidad, porcentaje muy superior al 18 por ciento que ostenta el total de las IES que cuentan con este reconocimiento. 448 de sus programas, equivalentes al 53 por ciento de la totalidad acreditable, gozaban de acreditación a diciembre de 2017. Para ese mismo año, más del 50 por ciento de las matrículas de pregrado se presentaba en instituciones oficiales, aunque solo son 81 del total de 288 IES. En otras palabras, más de la mitad de la población estudiantil que cursaba carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en 2017, lo hizo en IES estatales que solo corresponden al 28 por ciento del total de IES del país. La gran mayoría de estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2 de la población nacional.Según el MEN, el 50 por ciento de las universidades estatales cuenta hoy con Acreditación Institucional de Alta Calidad, porcentaje muy superior al 18 por ciento que ostenta el total de las IES que cuentan con este reconocimiento. 448 de sus programas, equivalentes al 53 por ciento de la totalidad acreditable, gozaban de acreditación a diciembre de 2017. Para ese mismo año, más del 50 por ciento de las matrículas de pregrado se presentaba en instituciones oficiales, aunque solo son 81 del total de 288 IES. En otras palabras, más de la mitad de la población estudiantil que cursaba carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en 2017, lo hizo en IES estatales que solo corresponden al 28 por ciento del total de IES del país. La gran mayoría de estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2 de la población nacional.

 

Recuadro 3

 

Ante esta crisis, ¿por qué no destinar los recursos de la guerra a la educación?Ante esta crisis, ¿por qué no destinar los recursos de la guerra a la educación?


El país atraviesa una coyuntura que prolonga “el péndulo de la guerra y la paz”, que marchita el sueño de acceder a la universidad pública de miles de jóvenes, el déficit y la desfinanciación creciente, arrebata el derecho a la educación pública como posibilidad de transformar indignidades y de creer en heteropías realizables. Para confrontar tal afirmación, solo basta revisar el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2019 que asciende a la suma de 258,9 billones de pesos, y a simple vista se orienta a favorecer “el capital y la guerra” y no al Derecho a la Educación Pública Estatal como condición necesaria para la materialización de dignidad y la Paz. Es sencillo, sin educación no hay transformación de injusticias, ni realización plena de otros derechos. 


Al examinar la distribución del PGN para 2019, se identifica la asignación de 33,6 billones de pesos para el sector Defensa; más 170 mil millones de pesos de recursos adicionales de inversión para cubrir el déficit en gastos del Ministerio de Defensa, Policía Nacional y otras entidades; y otros 500 mil millones de pesos más para robustecer la capacidad operativa de las fuerzas militares. 


Adicionalmente, el Congreso Norteamericano aprobó en el mes de junio “ayudar” a Colombia con la suma de 391 millones de dólares para el 2019. Dineros que de seguro no serán para modificar la doctrina militar “amigo-enemigo” de las fuerzas militares, ni mucho menos contribuir a sus condiciones laborales y educativas. ¿Dónde queda la educación? En los medios oficiosos no baja de ser el sector con más recursos del PGN y ser la prioridad del gobierno nacional por encima del sector Defensa-Fuerzas Militares, pero la realidad del país muestra un panorama distinto, la guerra es la condición necesaria para generar plusvalor al capital. ¿Cómo es posible construir un país para la paz, con presupuesto suficiente para la guerra y no para la educación?

 

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Dotarnos de un sistema integral de educación pública estable

Las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas padecen desde hace más de 25 años un constante deterioro, el cual estalla en distintas universidades cada cierto tiempo, aunque ahora la honda del déficit financiero las afectó a todas. Para solventar la crisis que atraviesan las IES públicas, estudiantes y docentes en todo el país exigen un aumento de $4,5 billones para darle un respiro a la educación superior pública.

 

No es nuevo. El profundo déficit financiero que afrontan las 32 universidades estatales en Colombia y que amenaza a varias de ellas con el cierre de sus puertas para el 2019, disparó la alerta roja entre estudiantes, docentes y administrativos universitarios, quienes con insistencia, han convocado al conjunto de la sociedad para defender la educación superior pública. Con calculadora en mano, las/os rectoras/es de estos centros de estudio, organizados en el Sistema Universitario Estatal (SUE), exponen un mínimo de presupuesto que solventaría el déficit histórico acumulado de “[…] 3.2 billones de pesos para funcionamiento y 15 billones de pesos para inversión […]”. Sin embargo, la asignación de recursos para el total del sistema educativo, que implica preescolar, escolar, básica, media y superior, en el 2019, será de 38,78 billones de pesos, dentro de los cuales lo destinado a las universidades es inferior a lo requerido. Estos recursos, por demás, no contemplan el pago de la deuda acumulada que tiene el Estado con las universidades estatales.

 

A este presupuesto ($38,78 billones) serán adicionados 2 billones de pesos en inversión para el sector educación, destinados para cubrir los Planes de Alimentación Escolar PAE ($500 mil millones) –operados por privados.

 

Atendiendo a la “profunda comprensión social” de la Ocde, al reafirmar que: “los jóvenes deben salir bien preparados de la educación básica para que sean ellos, a través de su trabajo, quienes resuelvan su acceso a la educación superior”, serán invertidos $226,1 mil millones en el fortalecimiento de la educación básica y media, $275,3 mil millones en el desarrollo de infraestructura educativa, y $245,3 mil millones para otros programas.

 

Suma de dinero que también será destinada a cubrir el subsidio a la demanda en la educación superior a través de los créditos del Icetex y el nuevo sistema de Financiación Contingente al Ingreso –Fici– ($750 mil millones), que es sencillamente, en el marco del capital, la creación de la nueva clase social de los “jóvenes endeudados”.

 

Además, el presupuesto de inversión referido a Calidad y Fomento de la Educación Superior, suma cercana de 2 billones de pesos, el cual, según información aportada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a los rectores del SUE se distribuye de la siguiente manera: para el sistema de aseguramiento de la calidad $25,2 mil millones; por estampilla para universidades sólo $90 mil millones; mientras que para la financiación de la demanda, compromisos programa Ser pilo paga (Spp) y Compensación Tasa Icetex más $1,5 billones; la cifra restante, próxima a $390 mil millones para fomento, irá en programa aún no establecido. Dinero que está en clave con la denominada calidad de la educación superior. Al revisar el manejo presupuestario queda claro que el sistema de aseguramiento de la calidad seguirá favoreciendo al monopolio de las universidades acreditadas privadas en detrimento de las universidades estatales.

 

Aunque ya es espinosa la situación, hay más. Otro asunto de suma gravedad, y que ha pasado en silencio en las discusiones sobre el presupuesto para las universidades estatales, es lo contemplado en el Decreto 2236 de 2017, “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, en su artículo 127 se estableció que el Icetex puede endeudarse por $290 mil millones de pesos para poder garantizar el pago de “[…] matrículas de los estudiantes que accedan a crédito educativo a través del Icetex […] Estos recursos, incluidos los costos asociados, serán devueltos por la Nación durante el año 2019 […]”, significando con ello que son $290 mil millones menos que recibirán las universidades públicas en 2019 y $290 mil millones más que recibieron las universidades privadas en lo corrido del 2018.

 

Finalmente y según cálculos del SUE, dado que el ajuste general contemplado para el Ministerio de Educación Nacional solo se acerca al IPC proyectado para 2018, las cifras concretas para las universidades no logran alcanzarlo: sin los recursos establecidos por la Reforma Tributaria de 2016 (Impuesto a la renta y complementarios y 40 por ciento de medio punto de IVA social), el presupuesto para las universidades públicas pasaría de $3.235,4 a $3.328,5 billones, con un crecimiento de 2,87 por ciento, inferior en 0,43 por ciento al IPC**.

 

 

grafica educa

 

 

Programa Spp y un modelo de (des)financiación que atiende los intereses de las instituciones privadas

 

La discrecionalidad política en la asignación presupuestal de los recursos para funcionamiento e inversión de las universidades públicas depende de partidos, bancadas y empresarios. Qué mejor ejemplo que la introducción del programa Spp, que entre los años 2016-2018 por vía de la desviación de los recursos Cree –destinados a las universidades públicas–, ha acaparado más de $1.57 billones, eso sin contar con los recursos destinados desde el año 2015 a los nuevos créditos educativos del Icetex, denominado “Tú eliges”.

 

Tal y como señala el SUE, “Con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), Colombia es uno de los países con menor inversión en educación superior de América Latina (Ocde, 2015-16). Pero, al mismo tiempo, ostenta uno de los mayores costos de matrícula en sus universidades no oficiales. Dicho costo asciende, en promedio, al 55 por ciento del ingreso nacional bruto per cápita, muy por encima de Estados Unidos que llega al 42 por ciento (Ocde, BM, 2012). El valor de las cuatro cohortes del Pspp, para cubrir 40.000 estudiantes, es similar a las transferencias que la nación entrega hoy a las universidades estatales para atender más de 620.000 estudiantes de pregrado, 795 programas de maestría, 205 doctorados y varios colegios en educación básica y media al año (ver recuadro 1 y tabla 1). No hubo, en toda Latinoamérica, un programa tan costoso como el PSPP: las universidades privadas no se dignaron cofinanciar el programa, no redujeron sus costos de matrículas, sino que incluso los incrementaron, no ofrecieron al Estado economías de escala”.

 

Si la educación pública estatal fuera prioridad, no se tendría, por ejemplo, 2 billones de pesos de déficit del programa Spp. Se dice que este programa incrementó la tasa de acceso a la educación superior de los estratos 1 y 2, sin embargo, en 3 años de funcionamiento solo benefició a 40 mil estudiantes; mientras que las instituciones oficiales, entre 2014 y 2017 generaron 99.707 nuevos cupos (2,5 veces más que Spp) sin contar para ello con recursos adicionales (ver tabla 2). La mayor parte de los recursos de Spp fueron concentrados en cinco IES privadas, es decir, han recibido ingresos anuales superiores al total de las transferencias realizados por la nación para quince universidades regionales públicas (ver gráfico 1).

 

“[…] las universidades
estatales le han cumplido con creces a Colombia”, pese a la desfinanciación

 

El SUE destaca la gestión de las universidades públicas a pesar de que su presupuesto sólo ha comprendido el incremento anual del IPC, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 30 de 1992: “[…] mientras en 1993 la Nación aportaba $1,72 billones para 159.218 estudiantes de pregrado, en 2016 aportó $2,93 billones para 611.800 estudiantes de este mismo nivel en las universidades públicas. La división del aporte efectuado, y la cantidad de estudiantes por atender, arroja un resultado de $10.825.890 entregados por cada estudiante en 1992, contra escasos $4.785.338 en 2016. Pero, aun así, la cifra es inexacta: no tiene en cuenta a los estudiantes de posgrado y su crecimiento exponencial atrás referido, ni a los estudiantes que en básica y media atienden algunas universidades como la Pedagógica Nacional y la de Nariño.

 

Ante esta realidad surge un interrogante: ¿Cómo ha sido posible el incremento y fortalecimiento académico y de cobertura con una depreciación real de las transferencias efectuadas por la Nación? La respuesta se encuentra en el notorio esfuerzo de las universidades públicas para obtener recursos propios. Estos últimos cubren hoy, en promedio, el 47 por ciento del total de los gastos de las universidades estatales y han llegado a su techo; no pueden crecer más al mismo ritmo”. Las administraciones de las universidades públicas no pueden seguir siendo los ¡buenos! Administradores de la histórica crisis financiera acumulada.

 

Insólito resulta que 82 IES públicas atienden un número similar de estudiantes al de las 207 IES privadas; soportando la carga financiera, administrativa y académica con tan solo el 50 por ciento del presupuesto que aporta el Estado, obligadas, por demás, a buscar en el mercado, por la venta de servicios, el restante 50 por ciento de sus presupuestos y, obligadas a extender su cobertura.

 

Como está visto, el modelo de financiación apunta a favorecer a las grandes universidades privadas y sus elevados costos de matrícula; condena a las clases media y popular a endeudar a sus jóvenes; alimenta el insaciable sistema financiero, en aras de la promesa de ascenso social.

 

Es un sistema de financiación que aumentará la crisis de las universidades públicas, no sin que antes millones de jóvenes compitan entre sí por cupos para estudiar una carrera; presentando pruebas de admisión que no reconocen las diversidades socio-espaciales y económicas, y las brechas en los procesos formativos escolares. ¿Qué pasará si no defendemos la educación pública?

 

** Cifras del SUE presentados en “Carta abierta”.
* Docente, Universidad Pedagógica Nacional

 


 

Recuadro 1

 

Retos para los sectores socialesRetos para los sectores sociales


Grandes son los retos para los sectores sociales organizados; Fecode, el movimiento social que trabaja en pro de la educación y en general los y las defensoras de Derechos Dumanos. Es necesario comprender el momento político e histórico que vivimos, esto demanda superar la fragmentación de las luchas y concitar una gran agenda nacional de movilización con opción de poder, y esto significa tener propuesta viables que pongan limite al capital; avanzar hacia un sistema integral de la educación pública estable desde el preescolar hasta posgrado y, por fin, lograr la financiación plena de la educación pública.

 

Recuadro 2

 

Según el MEN, el 50 por ciento de las universidades estatales cuenta hoy con Acreditación Institucional de Alta Calidad, porcentaje muy superior al 18 por ciento que ostenta el total de las IES que cuentan con este reconocimiento. 448 de sus programas, equivalentes al 53 por ciento de la totalidad acreditable, gozaban de acreditación a diciembre de 2017. Para ese mismo año, más del 50 por ciento de las matrículas de pregrado se presentaba en instituciones oficiales, aunque solo son 81 del total de 288 IES. En otras palabras, más de la mitad de la población estudiantil que cursaba carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en 2017, lo hizo en IES estatales que solo corresponden al 28 por ciento del total de IES del país. La gran mayoría de estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2 de la población nacional.Según el MEN, el 50 por ciento de las universidades estatales cuenta hoy con Acreditación Institucional de Alta Calidad, porcentaje muy superior al 18 por ciento que ostenta el total de las IES que cuentan con este reconocimiento. 448 de sus programas, equivalentes al 53 por ciento de la totalidad acreditable, gozaban de acreditación a diciembre de 2017. Para ese mismo año, más del 50 por ciento de las matrículas de pregrado se presentaba en instituciones oficiales, aunque solo son 81 del total de 288 IES. En otras palabras, más de la mitad de la población estudiantil que cursaba carreras técnicas, tecnológicas o profesionales en 2017, lo hizo en IES estatales que solo corresponden al 28 por ciento del total de IES del país. La gran mayoría de estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2 de la población nacional.

 

Recuadro 3

 

Ante esta crisis, ¿por qué no destinar los recursos de la guerra a la educación?Ante esta crisis, ¿por qué no destinar los recursos de la guerra a la educación?


El país atraviesa una coyuntura que prolonga “el péndulo de la guerra y la paz”, que marchita el sueño de acceder a la universidad pública de miles de jóvenes, el déficit y la desfinanciación creciente, arrebata el derecho a la educación pública como posibilidad de transformar indignidades y de creer en heteropías realizables. Para confrontar tal afirmación, solo basta revisar el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2019 que asciende a la suma de 258,9 billones de pesos, y a simple vista se orienta a favorecer “el capital y la guerra” y no al Derecho a la Educación Pública Estatal como condición necesaria para la materialización de dignidad y la Paz. Es sencillo, sin educación no hay transformación de injusticias, ni realización plena de otros derechos. 


Al examinar la distribución del PGN para 2019, se identifica la asignación de 33,6 billones de pesos para el sector Defensa; más 170 mil millones de pesos de recursos adicionales de inversión para cubrir el déficit en gastos del Ministerio de Defensa, Policía Nacional y otras entidades; y otros 500 mil millones de pesos más para robustecer la capacidad operativa de las fuerzas militares. 


Adicionalmente, el Congreso Norteamericano aprobó en el mes de junio “ayudar” a Colombia con la suma de 391 millones de dólares para el 2019. Dineros que de seguro no serán para modificar la doctrina militar “amigo-enemigo” de las fuerzas militares, ni mucho menos contribuir a sus condiciones laborales y educativas. ¿Dónde queda la educación? En los medios oficiosos no baja de ser el sector con más recursos del PGN y ser la prioridad del gobierno nacional por encima del sector Defensa-Fuerzas Militares, pero la realidad del país muestra un panorama distinto, la guerra es la condición necesaria para generar plusvalor al capital. ¿Cómo es posible construir un país para la paz, con presupuesto suficiente para la guerra y no para la educación?

 

Publicado enEdición Nº251
De camino a la movilización por la educación pública

El camino a la educación es una oportunidad y esperanza para muchos hijos e hijas del campo colombiano.

 

Las cosas de la vida. El 10 de octubre vimos las primeras luces del día en una vereda de un municipio cercano a la ciudad de Medellín. Habíamos conciliado el sueño con la idea de estar presentes en la movilización convocada por la defensa de la Universidad, por una “educación pública, gratuita y de calidad”, y pese a que el día no prometía sol persistimos en nuestra convicción.

   

Partimos pues del campo a la ciudad. El recorrido que tuvimos que transitar para llegar a la capital antioqueña es igual al emprendido por cientos de campesinos de la región en procura de mejores oportunidades formativas y que, gracias a la educación pública, algunos de ellos han podido concretar.

 

De la vereda al pueblo

 

En la vereda donde habíamos gozado unos días de placer con la posibilidad de contemplar montes sin el obstáculo de los edificios ni la violencia sonora de carros y pitos, o el aire irrespirable de los miles de exostos con que nos cruzamos a cada paso, los vecinos más próximos están a unos quince minutos a pie; vive allí una familia: mamá, papá, y dos hijas, animadas por el sueño de la educación superior. Para llegar al pueblo deben caminar, a buen paso, unas dos horas, en su mayoría por caminos de herradura. La geografía de la región es montañosa y muy quebradiza, con zonas boscosas, potreros para ganadería y cultivos de café, caña, plátano, entre otros.

   

Es un territorio bello. Por estos días las lluvias interminables transformaron el camino en un lodazal y las inofensivas quebradas en pequeños ríos turbulentos difíciles de cruzar. Lo que para nosotros, habitantes de la ciudad, fue toda una travesía, para las hijas de la familia constituyó, durante sus años de educación primaria y secundaria, el camino de rutina para ir a la escuela, el cual hacían de ida y regreso, cuando menos, cinco días a la semana, así durante doce años consecutivos.

 

 

 

Pese a la cercanía a Medellín, en la región han transitado por décadas distintos grupos armados; hoy en día reina allí la paz y la pobreza. Pobreza que remarcó el pasó de la guerra; y pobreza de la cual todos y todas quieren salir algún día, por lo cual se esfuerzan por estudiar para ver si por esa vía logran conseguir mejores ingresos. El esfuerzo que tiene que hacer en cada familia para satisfacer este propósito no es poco y así, perseverando y pese a las necesidades cotidianas, los campesinos mandan a sus hijos a la única escuela pública del pueblo, con la convicción de darles un mejor porvenir. Tal fue el caso de las hijas de la familia en mención, quienes terminaron su bachillerato gracias, además, al tesón de sus padres, y a poder acudir a la educación pública que ofrece el municipio.

 

Del pueblo a la ciudad

 

Luego de varias horas de paso rápido, llegamos al pueblo, embarrados hasta las rodillas pero purificados por la estadía en el campo, de inmediato tomamos el bus de regreso a la urbe. La lluvia no cesaba, y teníamos temor de que se menguara la protesta de los estudiantes.

   


Así como nosotros, esta otra parte del recorrido la hacen todos aquellos jóvenes del pueblo que una vez terminado el bachillerato logran el ingreso a la educación superior. Por infortuna, solo una minoría logra retornar al municipio a ejercer sus estudios. La inexistencia de proyectos productivos de diversa índole reduce las posibilidades de empleo a lo que ofrece la alcaldía, cosas administrativas y poco prometedoras, burocracia, y nada más.

 

Ante el anhelo de proseguir sus estudios, tanto para las dos hijas de esta familia, como para el resto de jóvenes que quieren y pueden seguir estudiando, hay dos alternativas: presentarse a las universidades públicas y competir entre miles de aspirantes por los limitados cupos que hay disponibles o, bien, endeudarse (si pueden acceder al crédito) para estudiar en una universidad privada. Para el caso de la familia campesina –y la de mis padres en su época–, la primera es/era la única posibilidad.

 

 

 

A ritmo de motor recorridos en poco tiempo los kilómetros que separan esta parte del departamento de Antioquia con su ciudad capital. Al llegar a la terminal de transporte tomamos el Metro y nos dirigimos a la movilización. La primera impresión fue de asombro: desde el puente peatonal del Metro se veía un río interminable de gente, crecido como los que habíamos cruzado horas antes, pareciera que la lluvia le hubiera dado fuerza a la movilización. Con sombrillas, plásticos o dejándose mojar, iban los estudiantes irrumpiendo la ciudad, con el ímpetu y alegría juvenil, exigiendo y poniendo en claro al nuevo Presidente y al país que la educación no debe ser seguir siendo un privilegio de pocos, que más que un servicio mercantil ella es un derecho fundamental de la sociedad, y la esperanza para muchos de poder acceder a un mejor futuro.

 

 

El río de gente, en su mayoría joven, también contaba con el rostro de algunos mayores, sin duda profesores. Los canticos se elevaban hasta los edificios donde no faltaban quienes miraban y aplaudían, pero no se arriesgaban a sumarse a la marcha. En medio de ella, nosotros, con rostro de sorpresa y de complacencia, recordábamos que la hija mayor de la familia, por fortuna y luego de presentarse en dos oportunidades, logró pasar a la Universidad de Antioquia a estudiar Ingeniería Ambiental, y que la menor de ellas aspira a estudiar Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional.

 

  

 

Era un recuerdo placentero, que además nos situaba en lo que estaba ocurriendo, dándole sentido a la exigencia de tantos miles de educandos, pues tanto el futuro de ellas como el de millones de personas más que solo tienen la posibilidad de acceder a las universidades públicas depende, en buena medida, de recordarles a nuestros dirigentes que existen ríos que hay que saberlos cruzar, no sea que se los lleve la creciente.

 

Esperamos que este río mantenga su creciente.

 

Publicado enEdición Nº251
Colombia. Resiste al modelo neoliberal de neo privatización en el siglo XXI*

Colombia vive con especial intensidad la aplicación de la agenda neoliberal privatizadora de nuevo signo que recorre el continente y el mundo. La mutación del modo de producción capitalista como resultado de las aceleradas innovaciones tecnológicas que anuncian el desembarco de la cuarta revolución industrial ha hecho que el mundo del capital construya una perspectiva deshumanizada de los procesos sociales y una nueva manera de entender tanto la educación como la formación profesional. La despedagogización del hecho educativo es solo la punta del iceberg de los intentos del gran capital y los gobiernos neoliberales por destruir la escuela pública que conocimos en los últimos dos siglos.

 

La actual lucha que libran las comunidades académicas colombianas, conformadas por docentes, estudiantes, investigadoras(es), personal administrativo de las universidades públicas, en esta oportunidad acompañados de amplias franjas de la población, la están dando por la defensa de la educación pública en general y de la universitaria en particular. Los universitarios y universitarias colombianas parten de la denuncia respecto a las nefastas consecuencias que acarrean las reducciones de presupuesto impuestas por los anteriores gobiernos, lo cual continúa con la actual administración. Las universidades colombianas están desfinanciadas en aproximadamente tres billones y medio de pesos en materia de nómina y gastos de funcionamiento, y aproximadamente en 17 millones de pesos en infraestructura. Es decir, las universidades públicas de Colombia carecen de infraestructuras adecuadas para que se pueda desarrollar con las mínimas condiciones el ejercicio pedagógico y educativo en general. El caso de la Universidad Nacional es dramático con infraestructuras de los años treinta del siglo XX, que no tienen las condiciones mínimas ni siquiera anti sísmicas, entre otras importantes carencias que hoy se le exigen a cualquier construcción educativa moderna.


Esta lucha presupuestal del profesorado universitario colombiano, el magisterio y los estudiantes de ese país, tiene unas dimensiones muy importantes de crítica a la estructura y organización del presupuesto público en Colombia. Mientras se desfinancia la educación pública en ese país, a pesar que las aspiraciones sociales de cobertura están aumentando y que cada vez las universidades públicas reciben más solicitudes de estudiantes para ingresar, el presupuesto público se reorienta a otras agendas como la bélica.


Sólo la Universidad Nacional, recibe dos veces al año solicitudes de más de 70000 bachilleres pero solo puede admitir el 10%, es decir, 7000, lo cual implica una exclusión del 90% de la población juvenil en edad para la prosecución universitaria, ello gracias a la desfinanciación en materia educativa. Esto adquiere niveles dramáticos de crisis educativa si tomamos en cuenta que el 70% de los jóvenes de Colombia van a la universidad pública, es decir, es mayor el número de estudiantes de la pública respecto a la privada. Mientras esto ocurre los gobiernos neoliberales destinan la mayor porción del presupuesto a la industria de la guerra, el pago de la deuda externa -cuyo origen y uso, es decir su legitimidad es cuestionada por amplios sectores- , y para definiciones de extractivismo, es decir minería e hidrocarburos, mientras la universidad pública es arrinconada reduciéndosele de manera significativa su presupuesto.


En los últimos tiempos una parte importante de la política de financiamiento universitario se destina al llamado “subsidio a la demanda”, donde pagan becas a jóvenes pobres pero no incrementan el presupuesto universitario para infraestructura, funcionamiento ni nómina. Hoy la flexibilización laboral del personal docente universitario está a la hora del día, donde muchos solo acceden a “contratos temporales” de dos a cuatro meses, rompiendo la carrera profesional. Pareciera que crean las condiciones para financiar formas alternativas de formación a las hasta ahora conocidas del sector universitario. Es una política de complementar mercados, definidos en los estándares de formación de la óptica neoliberal.


Esto se extiende a las iniciativas para interferir en la formación mediante la disputa por el tipo de currículos, con la intención de apropiación y determinación respecto del conocimiento que está circulando en las universidades y es un hecho que el neoliberalismo ha venido tomando la orientación curricular. La formación que se está implementando desde el Bachillerato es fundamentalmente en el plano de las competencias en el mundo del trabajo y no en formación integral de la personalidad, mucho menos en materia de construcción de ciudadanía crítica. A ello se le adiciona que los colegios de bachillerato se están articulando con los SENA que son los Instituto Tecnológicos que forman para que salgan rápidamente al mundo del trabajo que requiere el modo de producción en manos del gran capital, que tienen como rasgo distinto que el trabajo es pagado con salarios precarios, mientras se profundiza la desfinanciación de las universidades públicas.


Adicionalmente al hecho que no se le dan recursos a las universidades públicas, se están modificando las legislaciones y creando las condiciones institucionales para permitir abrirlas a la inversión directa del capital privado por la vía de asociaciones públicas, donde el diseño que se presenta es que a futuro, en la medida que los inversionistas privados empiezan a actuar en las universidades públicas, es decir a hacer inversiones, también entren a los consejos de dirección de las casas de estudios superiores, ya no solo para definir la administración de las inversiones sino para opinar y decidir sobre temas del currículo, los procesos pedagógicos y el pensamiento. Es decir, se está construyendo una transición a una especie de universo pedagógico corporativo. Por ello, esta lucha de las universidades públicas colombianas que se inicia por temas de agenda presupuestaria, es cada día más una crítica al modelo neoliberal para el sector universitario, a la neo privatización y la apropiación de los contenidos por parte del capital privado.


Tales circunstancias han llevado a que académicos de una solvencia moral como Adolfo Atehortúa Cruz, Ex Rector de la Universidad Pedagógica Nacional, hayan cumplido hasta el día de hoy una huelga de hambre en apoyo a esta justa lucha. Atehortúa es un académico de 61 años y su condición se deterioró aceleradamente. Otros docentes se mantienen en huelga de hambre y se anuncian incorporaciones a esta lucha si no se abre un amplio debate nacional al respecto.


Lo que ocurre en Colombia es la muestra evidente y contundente de las consecuencias de la agenda neoliberal para la educación pública, gratuita, popular y de calidad en América Latina y el Caribe. Resistir en Colombia es resistir en toda nuestra región. Además en este caso, a pesar de firmarse recientemente el llamado acuerdo de paz y de entrar la sociedad colombiana a la etapa de “post conflicto” el gobierno de este país le otorga más recursos presupuestarios a la guerra (Ministerio de Defensa) que a la educación pública.


Finalmente hoy, martes 23 de octubre la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) inicia un paro docente y movilizaciones por 24 horas que cierran el círculo de resistencias antineoliberales respecto a lo que implican sus políticas para la educación pública.


Como Candidato a la Secretaría Ejecutiva del CLACSO expreso mi solidaridad activa con la lucha de mis hermanas y hermanos docentes colombianos y colombianas, con los cuales desde los ochenta del siglo pasado, aprendí que una y un docente que lucha, es un y una maestra(o) que enseña a vivir en justicia, libertad y con dignidad.

 

*Reproducimos el comunicado que emitiera el 23 de octubre de 2018 el Dr. Luis Bonilla-Molina, candidato a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales (CLACSO) con motivo del paro de las universidades públicas, el paro de los docentes de primaria y bachillerato convocado por FECODE y la huelga de hambre que sostienen importantes figuras de la educación colombiana.


Bogotá, 23 de octubre de 2018.

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“Las finanzas de las universidades públicas colombianas en tiempos de crisis”. Leopoldo Múnera

El 18 de septiembre sesionó en la Universidad de Antioquia, el Encuentro nacional de profesores universitarios que tuvo como temática la “Crisis de la universidad pública: mitos y realidades”. Allí intervino el doctor en ciencias políticas Leopoldo Múnera Ruiz, quien expuso con cifras el profundo déficit financiero por el que atraviesan las universidades públicas en Colombia. También enfatizó en la manera cómo las políticas públicas favorecen a las instituciones privadas y al sector financiero con programas como Ser Pilo Paga, entre otros temas de gran importancia.

 

Múnera se refirió al Acuerdo por lo superior 2034, en el cual se propuso una inversión constante y progresiva para lograr una tasa de cobertura bruta en educación superior del 84 por ciento en 2034, es decir, crear 1.722.183 nuevos cupos. Sin embargo, la inversión destinada a las universidades públicas sería de apenas el 35 por ciento, ya que el 65 restante sería para la educación técnica y tecnológica. Lo mismo para la creación de nuevos cupos. También sería incrementado el subsidio a la demanda, es decir el endeudamiento de la ciudanía con créditos estudiantiles, de tal manera que el 50 por ciento que acceda a la educación superior estará endeudada con el Icetex.

 

 

 

En cuanto a las finanzas de la universidad pública, la involución del Gasto Público en educación superior es evidente: en 2002 correspondía al 0,50 por ciento del PIB y para el 2016 descendió al 0,42 por ciento, a pesar de que la cobertura aumentó considerablemente en los últimos 25 años. Así las cosas, el Estado pasó de invertir $12 millones anuales por estudiante en 1993 a escasos $5 millones anuales en 2017.

 

 

Por su parte, Ser pilo paga (Spp) es, de acuerdo a Múnera, un programa basado en la igualdad individual de oportunidades para un promedio de 10 mil estudiantes por cohorte, programa que instrumentaliza la acreditación institucional como un criterio para la distribución de los recursos e intenta borrar las fronteras entre lo público y lo privado en función del crédito y el subsidio a la demanda.

Hay gran desigualdad respecto a la distribución de los recursos destinados a ese programa. Por ejemplo, entre 2015 y 2017 la Universidad de Los Andes vinculó a 1.906 estudiantes beneficiarios y recibió del Estado más de 47 mil millones de pesos; en contraste, la Universidad Nacional, del Valle y la de Antioquia en el lapso de tiempo inscribieron a 2.490 alumnos y recibieron en total tan solo 12 mil millones de pesos, para las tres universidades públicas.

 

La diferencia también es abismal en el costo por estudiante matriculado. Al Estado le cuesta 24,8 millones de pesos cada estudiante inscrito/a en Los Andes; en la del Valle y en la Nacional 5,7 y 5,4 millones respectivamente, y en la Universidad de Antioquia 1,9 millones de pesos.

 

 

De acuerdo a Leopoldo Múnera, el programa Spp tampoco disminuye la desigualdad en la distribución de los recursos para la educación entre los 32 departamentos del país, como queda evidente Vaupés, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada, Chocó y San Andrés, departamentos en donde la tasa de cobertura en educación no supera el 4 por ciento; el índice multidimensional de pobreza oscila entre el 56 por ciento (Chocó) y el 84 por ciento (Guaviare) y los beneficiarios del programa en cada departamento no alcanzan a ser más de 100 personas.

En su intervención el profesor Múnera mostró como la desfinanciación ha obligado a las universidades públicas a generar sus propios recursos, ya sea aumentando el valor de las matrículas, ofertando programas de extensión y, en el peor de los casos, a través de reducir la inversión en planta docente e investigación.

Un dato increíble brindado en esta exposición: ningún gobierno de los que ha tenido el país durante los últimos 25 años –desde que fuera aprobada la ley 30 de 1993– ha desarrollado políticas que fomenten la educación pública de calidad y de acceso universal; la versión más grotesca de ello fue el programa Spp, un claro ejemplo de que la educación está pensada como un negocio de los grandes capitales que manejan el sector educativo.

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El capitalismo universitario, el papa Francisco y el ciclo reaccionario

Vivimos un tiempo en el que las mayores anomalías ocurren bajo el manto de la más rutinaria normalidad y en el cumplimiento escrupuloso de todos los reglamentos vigentes. Son afloramientos de una cultura política y burocrática que se caracteriza por la manipulación de las reglas en la convicción de que quien es víctima de ella no tiene condiciones para identificarla o reaccionar contra ella. Constituyen la falacia de la democracia: cuando se desconoce la ética democrática, lo excepcional deja de serlo por la simple frecuencia con la que ocurre. Los verdaderos designios que lo promueven son ocultados por el barniz burocrático. Entre los ejemplos más recientes podríamos mencionar el proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff y la manera injusta en la que se condenó y encarceló al expresidente Lula da Silva.

El pasado 29 de agosto, la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP) fue sorprendida por un documento del Consejo Superior de la Fundación São Paulo (Fundasp), órgano mantenedor de la universidad, dirigido por el cardenal Odilo Pedro Scherer. En apariencia, una normalidad impecable: la Fundación tiene legitimidad para enviar el documento, estaba prevista la revisión de los estatutos actualmente vigentes, la comunidad tiene sesenta días para responder y proponer cambios, puesto que la Fundación decidirá. Sucede que las medidas propuestas implican la destrucción de la PUC-SP tal como la conocemos y el periodo de discusión coincide (y no por casualidad) con el actual periodo electoral, en el que muchos de los miembros de la comunidad PUC-SP están comprensiblemente preocupados por el futuro de la democracia en el país y ciertamente más concentrados en esa lucha que en cualquier otra. Entre las medidas "propuestas": acabar con la elección del rector y de los coordinadores departamentales, el poder académico pasa a la Fundación, de quien el nuevo rector pasará a ser un... vicerrector, y el propio control del conocimiento producido y publicado por la editorial también pasa a la Fundación. El eufemismo de un "documento de trabajo" para lanzar una bomba atómica emerge aquí como una cruel manifestación más de la falacia de la democracia.


No abordo los detalles de algunas de las propuestas y admito que se necesitan algunas revisiones, siempre que se lleven a cabo con la participación plena y de buena fe de la comunidad de la PUC-SP y con el objetivo de preservar y profundizar la identidad de una institución cuyo trabajo académico e intervención social nos acostumbramos a respetar y admirar. Pienso sobre todo que la investigación tiene que ganar un nuevo impulso y que la situación de los docentes y funcionarios que dedicaron toda su vida a la institución debe protegerse plenamente. Me gustaría resaltar aquí (y, si es posible, denunciar) los designios más profundos a los que obedece esta iniciativa de la Fundación San Pablo decidida en este momento, un momento que es cualquier cosa menos inocente. El primer designio puede llamarse capitalismo universitario. Se trata de un movimiento global de política universitaria que ha sido promovido por el Banco Mundial, la OCDE y otras instituciones multilaterales para transformar las universidades en empresas que producen mercancías con alto potencial mercantil: conocimiento con valor de mercado (especialmente el que genera patentes) y diplomas que dan acceso a salarios de nivel medio o superior. Para ello, la gestión debe seguir la lógica empresarial: los profesores y empleados son colaboradores proletarizados y los estudiantes, clientes solventes; la responsabilidad social de la universidad reside en su consonancia con las exigencias del mercado; las áreas no rentables de la universidad deben deshabilitarse progresivamente; la precariedad de las relaciones laborales es la más adecuada para responder a las exigencias siempre cambiantes de los mercados; los productos universitarios deben someterse a unidades universales de medida que en el futuro permitan la libre comercialización global de los cursos universitarios (de ahí, los rankings y las publicaciones evaluadas según factores de impacto). En este contexto, el tradicional gobierno universitario democrático, además de ineficiente, constituye un obstáculo a la imposición de las exigencias del mercado.


El designio del capitalismo universitario está siendo promovido hoy a nivel global en las universidades privadas y en las mismas universidades públicas. Estas últimas están sujetas a la asfixia financiera con el objetivo de forzarlas a producir recetas propias que, a su vez, las obligan a actuar como si fuesen empresas privadas. Es un movimiento poderoso, pero ha encontrado resistencias fuertes, tanto en las universidades públicas como en las universidades privadas más antiguas, creadas sin la lógica de la universidad-negocio, como es el caso de las universidades pontificias. La PUC-SP es, en este momento, el laboratorio para la aplicación plena del capitalismo universitario en las universidades que todavía no son universidades-negocio. Para el efecto está contribuyendo también el hecho de que la PUC-SP es hoy (como lo fue en tiempos de la dictadura) un bastión de lucha contra el vértigo autoritario y antidemocrático que asola el país en la actualidad con la bendición del Cardenal ultraconservador que preside la Fundación São Paulo. De ahí que para esta Fundación ya no basta ser mantenedora de la PUC-SP. Es necesario ser dueña.


Pero la acción de la Fundación obedece a otro designio. Consiste en la conspiración del ala conservadora de la Curia Romana contra el papa Francisco a fin de forzarlo a su renuncia. La conspiración está en curso y los católicos brasileños deben saber que el cardenal Odilio Scherer forma parte de la misma. La Iglesia Católica osciló siempre entre la burocracia o el evangelio, entre estar del lado de los opresores o del lado de los oprimidos, entre escandalizar por la ostentación o por la penuria. En general, reservó el papado y el obispado para la burocracia, la bendición de los opresores y el escándalo de la ostentación, dejando para el bajo clero y los laicos el evangelio, la defensa de los oprimidos y el escándalo de la penuria. Siempre que se intentó transgredir esta “división del trabajo” hubo turbulencia y los Concilios no siempre fueron eficaces para neutralizarla. Con todas sus ambigüedades y fragilidades humanas, el papa Francisco ha estado dando la mano al evangelio. Las ambigüedades y fragilidades tienen que ver sobre todo con el modo en que ha tratado el tema del abuso sexual de niños y jóvenes por parte de curas y obispos. El papa Francisco ha sido vacilante en este campo, incluso cuando hizo más para denunciar tales situaciones que todos sus antecesores más recientes, en especial aquel a quienes los conservadores perdonaron todo en vista de los inestimables servicios que les prestó con su descontrolado proselitismo anticomunista: el papa Juan Pablo II. Pero no es por tal fragilidad que el papa Francisco se convirtió en un blanco a derribar. En el actual contexto, dar la mano al evangelio no es solo un acto con valor eclesial progresista. En una sociedad extremadamente desigual e injusta, dar la mano al evangelio significa no únicamente destacar la elasticidad y la prudencia aquiniana de la teología moral ante situaciones de divorcio y homosexualidad, sino también enfrentar a los poderes políticos conservadores que fomentan la desigualdad y la injusticia y se alimentan de ellas, rebelarse contra la política migratoria de Europa y de Estados Unidos, denunciar la avaricia y la miopía que agravan de manera irresponsable los cambios climáticos, declarar como anticristiana la decisión de construir muros para impedir la entrada de los condenados de la tierra, denunciar la inmoralidad general del capitalismo global que salva bancos pero no familias.


Por eso, el poder ultraconservador laico y el poder ultraconservador religioso están hoy más unidos que nunca contra el papa Francisco. Así se explica, por ejemplo, que el exconsejero de Donald Trump, Steve Bannon, al mismo tiempo que funda en Bruselas la organización “Movement” para promover la extrema derecha en Europa, esté preparando el plan de estudios del colegio religioso Instituto Dignitatis Humanae, en los alrededores de Roma, para “entrenar líderes y activistas políticos católicos conservadores”. No me queda ninguna duda de que el cardenal Odilio Scherer quiere transformar la PUC-SP en un campo de adiestramiento. No lo hará solamente si los ciudadanos y las ciudadanas progresistas, católicos o no católicos, de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo y de Brasil, se le oponen democráticamente. Sabiendo que, con eso, estarán también defendiendo el magisterio evangélico del sitiado papa Francisco.

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

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Manifiesto por la Educación Superior Pública

Medellín, 18 de septiembre de 2018


“Esta es la técnica de la privatización: cortar el presupuesto para asegurar que las cosas no funcionen, la gente se molesta, y se usa como excusa, para pasarlo a manos del capital privado” Noam Chomsky.

 

Los profesores y profesoras de las universidades públicas, reunidos en Encuentro Nacional convocado por la Universidad de Antioquia, Colombia, manifiestan a la comunidad en general, después de profundos análisis sobre la situación de las Universidades y la crisis estructural sobre su financiamiento, lo siguiente:

1. Resulta indispensable exhortar al gobierno a que cumpla el mandato contenido en la Carta magna, en la cual se concibe la educación como un derecho de la persona (art. 67).
2. Defendemos y llamamos a defender la educación pública, gratuita, universal y de alta calidad, en virtud de su pertinencia para la construcción de la paz y el alcance de un país justo y democrático. Mantendremos actitud firme respecto a la defensa de una adecuada financiación de la educación pública superior, con presupuesto que permita su funcionamiento en condiciones de dignidad, para fortalecer la cobertura y mantener la calidad necesaria en atención a las necesidades, intereses y expectativas de la sociedad.
3. Propugnamos por la dignificación y el respeto a los derechos adquiridos de los profesores de universidades públicas. En ningún caso podrán, mediante reformas inconsultas, desmejorarse los salarios y prestaciones sociales (que tienen una relación directa en materia pensional) atendiendo al principio de progresividad y no regresividad en materia laboral.
4. Proponemos como salida a la actual movilización del profesorado la creación inmediata de una MESA NACIONAL PARA COORDINAR EL MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA y para negociar con el gobierno nacional, representado en la Señora Ministra de Educación, la Ministra de Trabajo y el Ministro de Hacienda, con quienes aspiramos resolver la situación crítica de las Universidades públicas en dos momentos, donde plantearemos acciones concretas:


En el corto plazo:

 

a. Reforma a los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992, de tal forma que se incremente en 8 puntos los recursos asignados a partir del IPC o se determine un porcentaje de incremento a partir del PIB, para garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas de educación superior acorde a sus funciones misionales.
b. Adición presupuestal inmediata con recursos frescos para solventar la crítica situación financiera de las IES públicas y poder culminar con normalidad las obligaciones de las universidades a diciembre de 2018.
c. Destinación, a las universidades públicas, de la totalidad de los recursos que hoy se dirigen al Programa Ser Pilo Paga y al ICETEX.
d. Reversar, a través de las medidas que resulten pertinentes, los efectos regresivos de la Reforma tributaria que afectó seriamente los ingresos y calidad de vida de los profesores universitarios. Resulta indispensable modificar los artículos 336 y 388 de la ley 1819 del 2016 para que, en la práctica, los gastos de representación como renta exenta se preserven en el marco de los mandatos legales y constitucionales.
e. Revertir las iniciativas tendientes a modificar estructuralmente y de manera unilateral el Decreto 1279 de 2002 y contemplar, de forma precisa, la modificación específica de dicha norma en aspectos puntuales que apunten al mejoramiento de las condiciones laborales y prestacionales de los docentes, en aplicación del principio de progresividad y no regresividad en materia laboral.
f. Destinación de recursos por parte de los gobiernos territoriales que fortalezcan e impulsen el desarrollo de las universidades públicas, en favor de las localidades y regiones que se benefician directamente de los propósitos que cumplen dichas instituciones de educación superior.
g. Recuperar los recursos del anterior impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), que en principio se destinarían a la educación superior y finalmente fueron dirigidos
al ICETEX y a programas como Ser Pilo Paga.
h. Reformar el contenido del Decreto 1280 de 2018 sobre aseguramiento de la calidad, en virtud de sus graves efectos en los procesos de acreditación institucional de las universidades públicas que perderán, en relación con las instituciones privadas, su capacidad para ofrecer programas pertinentes y de calidad.

 

En el mediano plazo:


a. Impulsar cambios estructurales a la política educativa de tal forma que se garantice el financiamiento a la oferta y no a la demanda, hasta lograr el acceso a educación superior de alta calidad cuyos costos en su totalidad sean asumidos por el Estado.
b. Revertir iniciativas contenidas en el “Acuerdo por lo superior 2034”, en lo atinente a educación terciaria y adopción de exigencias emanadas de la OCDE y demás organismos internacionales que afectan la libre autodeterminación y postergan las posibilidades de alcanzar mejores condiciones de bienestar a partir de la educación superior de alta calidad.
c. Apropiar el presupuesto requerido para nueva infraestructura universitaria y reforzamientos estructurales a edificaciones que amenazan ruina por su franco
deterioro.


Finalmente, manifestamos nuestro rechazo contundente a las irresponsables y estigmatizantes declaraciones del Ministro de defensa, Guillermo Botero, quien aseguró que “Grupos armados financian la protesta social” (derecho protegido por el art.20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 37 de la Constitución Política de Colombia) desconociendo de plano el derecho a la libertad de expresión y, junto a éste, el derecho a la protesta como expresión democrática de los grupos sociales que se manifiestan pacíficamente en contra de medidas gubernamentales, Resulta inaceptable que se ponga en riesgo la vida de quienes defienden los derechos humanos y las causas sociales. De igual manera deploramos el asesinato de líderes sociales en Colombia e instamos al gobierno nacional a brindar las garantías necesarias para proteger a quienes hacen parte de expresiones democráticas como las que se manifiestan en las marchas y movilizaciones sociales.

Invitamos a todos los integrantes de las comunidades universitarias a reflexionar sobre los temas centrales de la crisis financiera y la pérdida de los derechos laborales de los profesores, para actuar en consonancia con las agendas previstas desde las organizaciones gremiales de los docentes, los estudiantes, los empleados y trabajadores. Es fundamental unir esfuerzos por encima de diferencias conceptuales o ideológicas, ello como condición necesaria para mantener vivo un movimiento que permitirá dignificar la labor del profesorado y asegurar la viabilidad financiera de las universidades públicas en el país, y de esta manera garantizar educación de calidad en cumplimiento de los tres ejes misionales que benefician a las regiones y el país, Investigación Docencia y Proyección Social.

Convocamos a profesores, estudiantes, empleados, trabajadores y en general a toda la comunidad colombiana a participar de la Mesa nacional, de las agendas previstas en cada región, a sumarse a las Asambleas permanentes ya declaradas y a la GRAN MOVILIZACIÓN Y TOMA DE BOGOTÁ el 10 de octubre en unión con otros sectores sociales.

 

Universidades que suscriben: Universidad de Antioquia Universidad de Caldas
Universidad Industrial de Santander

Universidad del Tolima Universidad Pedagógica Nacional Universidad Nacional
Universidad de Cartagena Universidad del Cauca Universidad del Valle Universidad del Magdalena
Universidad del Quindío

 

Artículo relacionado:

"Las finanzas de la universidades públicas colombianas en tiempo de crisis". Leopoldo Múnera

23 de septiembre de 2018

 

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“Las finanzas de las universidades públicas colombianas en tiempos de crisis”. Leopoldo Múnera

El 18 de septiembre sesionó en la Universidad de Antioquia, el Encuentro nacional de profesores universitarios que tuvo como temática la “Crisis de la universidad pública: mitos y realidades”. Allí intervino el doctor en ciencias políticas Leopoldo Múnera Ruiz, quien expuso con cifras el profundo déficit financiero por el que atraviesan las universidades públicas en Colombia. También enfatizó en la manera cómo las políticas públicas favorecen a las instituciones privadas y al sector financiero con programas como Ser Pilo Paga, entre otros temas de gran importancia.

 

Múnera se refirió al Acuerdo por lo superior 2034, en el cual se propuso una inversión constante y progresiva para lograr una tasa de cobertura bruta en educación superior del 84 por ciento en 2034, es decir, crear 1.722.183 nuevos cupos. Sin embargo, la inversión destinada a las universidades públicas sería de apenas el 35 por ciento, ya que el 65 restante sería para la educación técnica y tecnológica. Lo mismo para la creación de nuevos cupos. También sería incrementado el subsidio a la demanda, es decir el endeudamiento de la ciudanía con créditos estudiantiles, de tal manera que el 50 por ciento que acceda a la educación superior estará endeudada con el Icetex.

 

 

 

En cuanto a las finanzas de la universidad pública, la involución del Gasto Público en educación superior es evidente: en 2002 correspondía al 0,50 por ciento del PIB y para el 2016 descendió al 0,42 por ciento, a pesar de que la cobertura aumentó considerablemente en los últimos 25 años. Así las cosas, el Estado pasó de invertir $12 millones anuales por estudiante en 1993 a escasos $5 millones anuales en 2017.

 

 

Por su parte, Ser pilo paga (Spp) es, de acuerdo a Múnera, un programa basado en la igualdad individual de oportunidades para un promedio de 10 mil estudiantes por cohorte, programa que instrumentaliza la acreditación institucional como un criterio para la distribución de los recursos e intenta borrar las fronteras entre lo público y lo privado en función del crédito y el subsidio a la demanda.

Hay gran desigualdad respecto a la distribución de los recursos destinados a ese programa. Por ejemplo, entre 2015 y 2017 la Universidad de Los Andes vinculó a 1.906 estudiantes beneficiarios y recibió del Estado más de 47 mil millones de pesos; en contraste, la Universidad Nacional, del Valle y la de Antioquia en el lapso de tiempo inscribieron a 2.490 alumnos y recibieron en total tan solo 12 mil millones de pesos, para las tres universidades públicas.

 

La diferencia también es abismal en el costo por estudiante matriculado. Al Estado le cuesta 24,8 millones de pesos cada estudiante inscrito/a en Los Andes; en la del Valle y en la Nacional 5,7 y 5,4 millones respectivamente, y en la Universidad de Antioquia 1,9 millones de pesos.

 

 

De acuerdo a Leopoldo Múnera, el programa Spp tampoco disminuye la desigualdad en la distribución de los recursos para la educación entre los 32 departamentos del país, como queda evidente Vaupés, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vichada, Chocó y San Andrés, departamentos en donde la tasa de cobertura en educación no supera el 4 por ciento; el índice multidimensional de pobreza oscila entre el 56 por ciento (Chocó) y el 84 por ciento (Guaviare) y los beneficiarios del programa en cada departamento no alcanzan a ser más de 100 personas.

En su intervención el profesor Múnera mostró como la desfinanciación ha obligado a las universidades públicas a generar sus propios recursos, ya sea aumentando el valor de las matrículas, ofertando programas de extensión y, en el peor de los casos, a través de reducir la inversión en planta docente e investigación.

Un dato increíble brindado en esta exposición: ningún gobierno de los que ha tenido el país durante los últimos 25 años –desde que fuera aprobada la ley 30 de 1993– ha desarrollado políticas que fomenten la educación pública de calidad y de acceso universal; la versión más grotesca de ello fue el programa Spp, un claro ejemplo de que la educación está pensada como un negocio de los grandes capitales que manejan el sector educativo.

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