https://razonpublica.com/elecciones-2018-empezaron-las-coaliciones/

La emergencia de demandas populares reprimidas por la guerra, expresadas en las protestas sociales y en el fenómeno electoral de Gustavo Petro, ha producido una coyuntura similar al establecimiento del Frente Nacional: igual que tras la pacificación de Rojas Pinilla (1953-57), las clases dominantes buscan conjurar la potencial articulación del pueblo como sujeto político y, ante el declive del uribismo, parecen encontrar un nodo articulador en el “centro”.

 

La aparente contradicción entre violencia endémica y continuidad de las instituciones de la democracia liberal, característica de la historia colombiana, tal vez se explica por un tercer elemento que también le es singular: la sistemática exclusión del pueblo del ámbito público-político. Siempre que el sujeto político pueblo se intentó articular para intervenir en esa esfera fue expulsado, muchas veces de forma violenta, por los agentes que se autoperciben como sus naturales y exclusivos ocupantes: las clases dominantes o élites.

La Junta de notables de Santafé se impuso sobre los chisperos de Carbonell en 1810, la coalición de “constitucionales” que vinculó liberales y conservadores derrocó a Melo y desterró sus bases artesanales en 1854. Aquí no hubo grandes reformas como en el México decimonónico, ni revoluciones liberales a principios del siglo XX como las de Alfaro en Ecuador o Pando en Bolivia. El populismo, que amplió sustancialmente las comunidades políticas e incluyó los sectores populares en Brasil con Vargas, México con Cárdenas y Argentina con Perón, no echó raíces en estas tierras: el pueblo articulado por Gaitán fue convertido en una masa informe el 9 de abril de 1948 y, una vez aniquiladas las guerrillas gaitanistas, sobre ella se erigió el régimen excluyente del Frente Nacional.

En su momento, la exclusión de las terceras fuerzas –el MRL, la Anapo, etcétera– y el carácter ultrarepresivo de los gobiernos bipartidistas alimentaron la violencia revolucionaria. Una vez finalizado formalmente el pacto, la exclusión se prolongó en la práctica del genocidio agenciado por el Estado y el paramilitarismo, en particular pero no exclusivamente contra la UP, incluso con posterioridad a la Constitución de 1991. La mano dura de Uribe, auspiciada por las clases dominantes con el fin de apacigüar el país tras el escalamiento de la guerra desde mediados de los noventa, es en cierto sentido análoga a la pacificación operada por Rojas Pinilla a partir de 1953, de manera que hoy nos encontramos en un escenario similar al que enfrentaron las élites en 1957-58, cuando el dictador dejó de ser funcional a sus intereses, su creciente autonomía se conviritó en un problema y hubo que acordar una manera de monopolizar nuevamente el poder político.

Aunque los resultados electorales de 2018 apuntaban a la formación de un bloque hegemónico alrededor de Iván Duque, cuya victoria fue posible por la coalición de las fuerzas políticas tradicionales en contra de la articulación de demandas populares representada por Gustavo Petro, hoy el uribismo aparece como una fuerza en declive –con divisiones internas que se profundizan a medida que Uribe resta popularidad y suma rechazo en las encuestas–, mientras repunta como posible nodo articulador de los intereses de las clases dominantes el denominado “centro”.

Los avatares del centro político

Como acaba de mostrarse, las élites colombianas han sido más liberales que demócratas, pero la mayoría del tiempo la dominación de clase, descontando el filofascismo de un Laureano Gómez, ha adoptado una posición de centro. De hecho, la política en Colombia prácticamente no ha presentado experiencias radicales de izquierda ni de derecha: las reivindicaciones de las guerrillas, vistas por muchos como lo más radical, eran de cuño socialdemócrata. La única razón por la que nunca se formó una identidad política de centro, es porque no fue necesaria. En el contínuo izquierda-derecha, ése fue de facto y sin necesidad de proclamarlo el cómodo lugar de los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, hasta su declive. La reivindicación del centro político se produce con ocasión de un fenómeno inédito en la historia reciente: la “polarización” posterior al Acuerdo de paz.

El cierre del prolongado conflicto armado motivó la emergencia de aquellas demandas proscritas del ámbito público-político tanto por la guerra, que exterminó la posibilidad del debate político, como por el predominio del centrismo entre las fuerzas políticas gobernantes. Entre 2012 y 2016, de la mano con el inusitado auge de las protestas y movimientos sociales, en la agenda pública se posicionaron una serie de demandas nunca resueltas que están en la raíz de los recurrentes ciclos de violencia: detener el despojo violento de la tierra y redistribuir su propiedad; resolver la pobreza y la desigualdad social extremas; acabar con la exclusión política vía genocidio; verdad, justicia, reparación y no repetición de los crímenes en el marco de la guerra, entre otras. En últimas, es este conjunto de demandas reprimidas por el conflicto las que se perciben, principalmente por sectores de derecha y de centro, como causantes de la “polarización”.

Para las elecciones presidenciales de 2018, el abanderado de muchas de estas demandas fue el candidato Gustavo Petro, no como una estrategia conciente sino por el hecho de que, ante la coalición del Polo Democrático con Sergio Fajardo y su fórmula, Claudia López, que se reclamaron como el centro, no hubo otra opción que las representara. De hecho, una de las tácticas de campaña del centro consistió en hacer equivalente a Petro con la derecha uribista de Iván Duque: ambos representaban los males de la “polarización”, que no solo impedía avanzar al país sino que amenazaba con destruirlo. Aunque inicialmente Fajardo y López erigieron una frontera discursiva con el uribismo, principalmente mediante la denuncia de la corrupción, con el tiempo se concentraron en combatir a Petro, quizás creyendo que allí estaba el electorado en disputa, afirmando que solo Fajardo podría ganarle al uribismo en segunda vuelta.

Los resultados indirectos o no buscados de esa táctica electoral fueron desastrosos. Tanto la etiqueta de cuño uribista “castrochavismo” como el rechazo de la “polarización” terminaron por estigmatizar y desplazar paulatinamente de la agenda pública las demandas sociales irresueltas y aplazadas por décadas de guerra. Pero, sobre todo, al expulsar de la agenda pública esas demandas, se frustran las expectativas creadas en amplios sectores populares por el Acuerdo, se erosiona su legitimidad y se crea un marco discursivo propicio para que se instale en la agenda una paz minimalista, que ni siquiera satisface lo acordado en la mesa de negociaciones y que mucho menos tocará mediante potenciales reformas los privilegios de las clases dominantes. En fin, el clima ideológico creado, un reencauche de la doctrina contrainsurgente del “enemigo interno” propia de la Guerra Fría, ha legitimado indirectamente el genocidio político, que ya deja más de mil líderes sociales y desmovilizados asesinados.

El resultado electoral tampoco fue el esperado: al erigir a Petro como la mayor amenaza para el país, en lugar de atraerse el potencial electorado de izquierda, el centro terminó por empujar parte de su propio electorado hacia el uribismo: muchos votantes de centro-derecha prefirieron la mano dura conocida del uribismo para conjurar esa gran amenaza a la desconocida del centro, tanto en primera como en segunda vuelta. A corto plazo la construcción de una identidad política de centro aparecía truncada debido a la imposibilidad de darle un contenido positivo, un proyecto, que trascendiera el antagonismo con Petro.

La crisis endémica de la izquierda

Sin embargo, las elecciones regionales y locales en 2019, en particular a la Alcaldía de Bogotá, mostrarían que el centro estaba en mejor posición para “acumular” capital político que la izquierda. El Polo Democrático, dominado internamente por el Moir, persistió en su alianza con el centro y, por tanto, cerró la posibilidad de coalición con otros sectores de izquierda. La plataforma con que Petro participó como candidato presidencial, Colombia Humana (CH), no alcanzó a consolidarse cuando se fragmentó en plena campaña, incluso aunque consiguió un importante número de cargos tanto en la Capital como en algunas otras regiones. Aunque el detonante de tal fragmentación fueron las denuncias por violencia intrafamiliar contra el candidato a la Alcaldía, Hollman Morris, ese es apenas el desenlace de problemas más profundos.

CH no pudo en esa coyuntura, y no ha podido, crearse una identidad como colectivo y organización política, que trascienda el carácter de plataforma electoral de Petro, a pesar de haber trabajado en un completo y alternativo programa de gobierno. En varios momentos se ha planteado en su interior una discusión sobre la forma organizativa, pero el problema no ha sido resuelto más allá del rechazo a formas tradicionales de organización como el partido. En consecuencia, su funcionamiento reproduce el caudillismo y el personalismo que, incluso a pesar de sí mismo, le ha impreso Petro. Si existiera alguna estructura organizativa, estaría basada en las redes de activistas y/o clientelas nucleadas por alguna personalidad individual con reconocimiento, lo que dificulta el seguimiento de procedimientos institucionalizados y el alcance de consensos en torno a decisiones colectivas, como la elección de candidatos o el rendimiento de cuentas.

La fragmentación se empezó a producir precisamente en torno a la elección de una candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Debido a la carencia de personería jurídica, CH hizo coaliciones con el movimiento MAIS, entre otros, para las elecciones de 2018. A fines de ese año, Hollman Morris obtuvo el aval de dicho movimiento como candidato a la Alcaldía. Fue una decisión inconsulta en el interior de CH que levantó resquemores en otras personalidades, a lo que se adicionaron las denuncias en su contra por maltrato intrafamiliar en el marco de su divorcio, denuncias que no fueron procesadas internamente porque no existía en ese momento una instancia, como un comité de ética, que lo hiciera. Desde ese momento hasta fines de julio de 2019, cuando finalmente es elegido como candidato de CH, el movimiento se debate internamente por la elección de un candidato.

Durante todo ese tiempo Petro, líder “natural” de la colectividad, osciló indeciso entre dos actitudes: dejar que el propio movimiento escogiera un candidato pero, simultáneamente, establecer contactos con personalidades como el exministro Alejandro Gaviria y la misma Claudia López, candidata del centro. En marzo de ese año, en el marco de la asamblea distrital, Jorge Rojas, quien había obtenido el aval de la UP, no consigue proclamarse como candidato de CH, según afirmó, porque Ángela María Robledo lo impidió*. Para ese entonces había un descontento con el apoyo que una parte del movimiento le brindaba a Morris, sobre todo entre uno de los sectores feministas que lo componen liderado por Robledo. Pero ese sector no apoyó una candidatura de CH porque paralelamente también buscaba un acuerdo con Claudia López

La estructura organizativa de CH ni siquiera permitió una negociación ordenada con López pues, como Jorge Rojas comenta en la entrevista citada, había tres negociaciones al mismo tiempo: una de Petro, otra de Ángela María Robledo, ambas a puerta cerrada, y una más que derivó en un apoyo abierto de Rojas a la coalición de sectores alternativos en torno a la candidatura de López. El acuerdo programático no se consiguió, primero, por diferencias fundamentales en torno al modelo de ciudad, cuya manzana de la discordia fue la persistencia de López en continuar el proyecto de metro elevado del alcalde saliente Enrique Peñalosa, y segundo, porque la misma López lo obstruyó al proclamar, en el acto de inscripción de su campaña, la candidatura presidencial de Sergio Fajardo, que no fue consultada con ninguno de los integrantes de la inicial coalición a la Alcaldía.

La asamblea distrital había facultado a Petro y a Robledo para establecer coaliciones electorales, razón por la cual, incluso tras el portazo en la cara dado por López, la posibilidad de un acuerdo programático no se cerró. A fines de julio, Petro escogió finalmente a Morris como candidato de CH, no tanto porque fuese el candidato de su predilección sino para tener con qué hacer presión a la hora de negociar un acuerdo con López. No obstante, la manera como se lo invistió de candidato, a dedo en lugar de mediante una asamblea, le restó legitimidad. De cualquier forma, el lance fue infructuoso debido a la fragmentación del movimiento, pues en los meses siguientes Robledo consiguió un acuerdo, ya no en nombre de CH sino del sector particular que ella lidera, para apoyar a López. En suma, el funcionamiento basado en personalidades individuales no le permitió a CH hacer frente a la campaña por la Alcaldía y terminó más fragmentada que al comienzo, comprometiendo así la posibilidad de articular una alternativa popular para las elecciones de 2022.

Lo que se cocina en Bogotá

La victoria en Bogotá ha tenido consecuencias insospechadas para la política nacional: el centro, en cabeza de la Alcaldesa Claudia López, se ha proyectado como el potencial nodo articulador de un bloque hegemónico favorable a los intereses de las clases dominantes tras el lento declive del uribismo. En campaña, López no propuso en rigor un proyecto alternativo de ciudad. La retórica de centro, basada en el rechazo a la “polarización” se ofreció como una estrategia “apolítica” de hacer política enfatizando en los aspectos técnicos y de gestión sin tocar el modelo de ciudad neoliberal que se ha impuesto en las últimas décadas.

El triunfo se explica por la confianza que suscitó la personalidad “alternativa” de Claudia López en comparación con los otros dos candidatos opcionados: Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe Turbay, ambos de la entraña de la oligarquía y la clase política tradicional. Pero sobre todo por su capacidad para articular, por la vía de la cooptación clientelar como se ha visto a la postre, los más disímiles sectores políticos, desde personalidades en otro tiempo afines al uribismo hasta parte de la izquierda, pasando por políticos reencauchados de la clase política tradicional. En efecto, la posición de centro le permitió a López capitalizar el respaldo de una parte importante de la clase dominante, que no quiso o no pudo articularse en torno a uno de los candidatos tradicionales, pero también de una parte de los sectores “alternativos”, que inicialmente abrazaron su propuesta como “la menos peor”.

La renuencia a revisar el proyecto del metro elevado, aún cuando se encuentra en una fase inferior al metro subterráneo que dejó diseñado la alcaldía de Petro y no ofrece los mismos beneficios pero sí costos superiores, así como la decisión de implementar obras nocivas e impopulares como la troncal de Transmilenio por la Avenida 68, muestran claramente que López ha procurado ganarse la confianza de los agentes políticos y económicos con intereses en ese tipo de grandes proyectos, con un capital político y mediático capaz de incidir en su gobernabilidad, como demostraron boicoteando políticas clave en la administración Petro.

Por su parte, para los sectores de la clase dominante que manejan directa o indirectamente los grandes negocios en la Capital, el liderazgo de López es fundamental porque les permite desarrollar su agenda y salvaguardar sus intereses, lo que haría cualquiera de los candidatos tradicionales, pero además les brinda una mayor gobernabilidad al haber cooptado y dividido parte de la izquierda y a los llamados sectores alternativos, es decir, a sus potenciales críticos. La crítica de la “mermelada”, las gabelas clientelistas que tradicionalmente prodigan los gobiernos a cambio del apoyo electoral, pasó a segundo plano frente a la necesidad de garantizar esa gobernabilidad y los distintos sectores que apoyaron a López han recibido sus compensaciones en cargos y contratos, en lo que constituye la reactivación de una estrategia característica del Frente Nacional para desactivar el descontento y el debate ideológico.

La virtual ausencia de crítica por parte de los sectores cooptados frente a hechos que en otras circunstancias se rechazarían al unísono como la represión policial, de la que la alcaldesa López ha usado y abusado en los meses que lleva su administración, es un ejemplo notorio de este fenómeno, pero no el único. Los dobles raseros a la hora de evaluar las medidas para atender la emergencia provocada por la pandemia, criticando por ejemplo los $3.000 millones que invirtió Duque para publicidad en redes sociales pero, al mismo tiempo, guardando silencio frente a los $6.000 millones que invirtió López en contratos con los grandes medios de comunicación para hacer “pedagogía”, han estado a la orden del día.

La crisis ha sido el escenario para confirmar a Claudia López como la líder del centro, incluso llegando a postularla como eventual candidata presidencial. Frente a un presidente que ha aprovechado la coyuntura para beneficiar hasta el descaro los grandes capitales financieros y privilegiado los intereses de los ricos, se ha erigido en una aparente alternativa. Sin embargo, las políticas de la Alcaldesa en medio de la emergencia no se alejan sustancialmente del enfoque neoliberal que implementa el gobierno nacional, basado en subsidios, créditos y otras políticas focalizadas, y conservando como eje del sistema de salud a las EPS, entre otras cosas. López y Duque no son, por consiguiente, antagonistas respecto a la forma de atender la emergencia. López, empero, está mejor posicionada porque puede descargar la responsabilidad en Duque, quien fija el marco general de las políticas. Más que nada, la articulación con parte de la clase dominante, en particular con gran influencia en los medios masivos de comunicación, la han ubicado en ese lugar de liderazgo.

¿Hacia una nueva hegemonía?

El fenómeno Petro en 2018 parece haber sido un llamado de atención: al menos potencialmente, las demandas reprimidas de los sectores sociales excluídos que están en el origen de la violencia cíclica podrían articularse políticamente. Fue un llamado de atención para las clases dominantes, que no dudaron en rodear al candidato presidencial del uribismo y que ante su declive no dudarán en apoyar cualquier otra alternativa a lo que representó Petro, pero también lo fue para los sectores “alternativos” y para una parte de la izquierda renuente a emprender transformaciones políticas de algún calado, esto es, que necesariamente producirán “polarización”, o recelosas del caudillismo y del personalismo que perciben en Petro.

El triunfo de Claudia López en Bogotá ha empezado a dotar la identidad política de “centro” de un contenido positivo, más allá del “antipetrismo” que definió sus fronteras discursivas en la campaña de 2018. Por su parte, Petro continúa siendo la figura de la izquierda con mayor capital político, pero no con el suficiente para imponerse como alternativa. Así pues, existe una relación de suma cero entre la apuesta del centro y la de los sectores representados por Petro. A menos de que éstos se vuelquen a movilizar la población tradicionalmente apática y abstencionista por distintas razones, se empeñen en construir un sujeto político popular, lo que haría necesaria la consolidción de una apuesta organizativa como CH, tendrá que disputar con el centro una franja de apoyos y bases sociales con miras a los comicios de 2022.

Paradójicamente, los críticos del caudillismo de Petro no han tenido otra alternativa que construir otro liderazgo personalista para hacerle contrapeso: Claudia López se presenta hoy como la líder del centro, incluso relegando personalidades como Sergio Fajardo. El problema radicará en resolver si el capital político acumulado por López es finalmente transferible hacia una identidad colectiva, el centro, o si es personal e intransferible. En éste último caso, no habría que descartar que López opte por un curso de acción igual al de uno de sus mentores, Antanas Mockus, quien renunció en 1997 a la Alcaldía para presentarse a las elecciones presidenciales. Pero sea cual sea la opción del centro, tendría en su favor el interés de las clases dominantes de refrenar la “polarización”: las demandas sociales que emergieron tras el Acuerdo de paz, para alcanzar una paz minimalista que deje intactos sus privilegios, y que tiene en la administración de López en Bogotá una experiencia para replicar a nivel nacional.

 

* Ver: ‘Creo que hay déficit de democracia en Colombia Humana’: Jorge Rojas” https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/jorge-rojas-habla-de-la-relacion-de-gustavo-petro-y-claudia-lopez-400310

 

 

 

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Publicado enEdición Nº268
Twitter sufrió fuertes pérdidas por la Orden Ejecutiva de Donald Trump, luego de que el mandatario acusara a la red social de padecer un sesgo izquierdista .Foto Ap

Suena paradójico que Trump, con 80 millones de seguidores en Twitter, se enfrasque en una feroz batalla contra la polémica red social que cuenta con 330 millones de suscriptores al mes en el mundo.

A diferencia de los discriminados multimedia, la "sección 230" de la Enmienda de Decencia (sic) en Comunicaciones –que depende de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)– otorga inmunidad a los gigantes de Internet frente a cualquier reclamo de libelo y/o difamación en la fase desinformativa de la Postverdad(https://bit.ly/36Iwkzk).

Una insólita censura a los tuits de Trump y la cuenta oficial (sic) de la Casa Blanca–que el presidente juzgó como un atentado a su inalienable libertad de expresión (https://bit.ly/36KAoz1)– orilló a que Trump utilizara una "Orden Ejecutiva" para intentar controlar a Twitter, en particular, y a las redes sociales,en general. Trump acusa a Twitter Inc. de EU de estar en contra de los conservadores y padecer sesgo izquierdista.

Hay que tener mucho cuidado con la doble cara de Twitter, que en EU es más proclive a la agenda anti-Trump, mientras que su impugnada directiva en Latinoamérica estuvo controlada por el madrileño Pepe López de Ayala, aliado del fascista Partido Popular Español que opera(ba) en México con los golpistas Felipe Calderón y su socio Enrique Krauze Kleinbort (https://bit.ly/3gx7E1r).

Entre los 10 primeros ( top ten) tenedores de acciones de Twitter Inc. se hallan en los tres primeros los megabancos de Wall Street: The Vanguard Group Inc., con 10.10 por ciento; Morgan Stanley Investment Management –del que es socio el itamita Jesús Reyes Heroles GG, quizás en premio por su entrega del petróleo mexicano–, con 5.7por ciento, y el ubicuo BlackRock, con 4.81 por ciento (https://cnn.it/36IsWo6).

Hoy la capitalización de mercado de Twitter Inc. es de 25 mil millones de dólares, que sufrió fuertes pérdidas con la prohibitiva Orden Ejecutiva de Trump, y que representan 4 por ciento (sic) de la capitalización de mercado de Facebook, con 2 mil 600 millones de suscriptores activos al mes.

No hay comparación en finanzas ni en suscriptores entre Twitter y Facebook que elabora su divisa digitálica: la Libra(https://bit.ly/2Xjdj3v).

En el top ten de Twitter Inc. figuran la japonesa Nomura –aliada de la banca Rothschild–, y Credit Suisse , vinculada a George Soros en la caja española FCC.

Resalta que los cuatro gigabancos BlackRock, Vanguard, State Street y Fidelity controlan la mitad de Wall Street (https://bit.ly/2XeKUeW).

Sin contar el control del Pentágono de la joyas estratégicas de Silicon Valley mediante el DIB (https://bit.ly/3doPa1e), ¿Existe realmente la disociación entre los cuatro gigabancos de Wall Street que controlan financieramente las redes sociales (Twitter/Facebook/Google/Amazon) y su directiva administrativa muy maleable ideológicamente hablando?

Mark Zuckerberg, mandamás de Facebook se desmarcó de la política de Twitter y comentó que "no piensa que las redes sociales deban realizar verificación de hechos sobre lo que postean los políticos" cuando “el discurso político es una de las partes más sensibles en una democracia, y la gente debe ser capaz de ver lo que dicen los políticos (https://cnb.cx/2TS2vaz)”.

En mi investigación forense descubrí que Twitter en EU opera a favor de la agenda globalista de Soros. Luego que éste vendió su participación en Facebook y Google, porque ya no las podía controlar, descubrí el acercamiento de Mark Zuckerberg con la agenda anglosajona del "nacionalismo económico" en Gran Bretaña –en su colusión con Cambridge Analytica para impulsar al Brexit– como en EU, donde Facebook se ha mostrado menos hostil a Trump (https://bit.ly/3eyLJoz).

El grave problema deriva de la ausencia de una legislación moderna que defina los derechos y obligaciones de las redes sociales que no pueden ser al mismo tiempo una plataforma lucrativa y erigirse en un tribunal inquisitorial Supra y Metaconstitutional, al estilo Torquemada que redireccione e induzca el control mental de los ciudadanos acorde con sus intereses financieros y electorales.

http://alfredojalife.com

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La emergencia de demandas populares reprimidas por la guerra, expresadas en las protestas sociales y en el fenómeno electoral de Gustavo Petro, ha producido una coyuntura similar al establecimiento del Frente Nacional: igual que tras la pacificación de Rojas Pinilla (1953-57), las clases dominantes buscan conjurar la potencial articulación del pueblo como sujeto político y, ante el declive del uribismo, parecen encontrar un nodo articulador en el “centro”.

 

La aparente contradicción entre violencia endémica y continuidad de las instituciones de la democracia liberal, característica de la historia colombiana, tal vez se explica por un tercer elemento que también le es singular: la sistemática exclusión del pueblo del ámbito público-político. Siempre que el sujeto político pueblo se intentó articular para intervenir en esa esfera fue expulsado, muchas veces de forma violenta, por los agentes que se autoperciben como sus naturales y exclusivos ocupantes: las clases dominantes o élites.

La Junta de notables de Santafé se impuso sobre los chisperos de Carbonell en 1810, la coalición de “constitucionales” que vinculó liberales y conservadores derrocó a Melo y desterró sus bases artesanales en 1854. Aquí no hubo grandes reformas como en el México decimonónico, ni revoluciones liberales a principios del siglo XX como las de Alfaro en Ecuador o Pando en Bolivia. El populismo, que amplió sustancialmente las comunidades políticas e incluyó los sectores populares en Brasil con Vargas, México con Cárdenas y Argentina con Perón, no echó raíces en estas tierras: el pueblo articulado por Gaitán fue convertido en una masa informe el 9 de abril de 1948 y, una vez aniquiladas las guerrillas gaitanistas, sobre ella se erigió el régimen excluyente del Frente Nacional.

En su momento, la exclusión de las terceras fuerzas –el MRL, la Anapo, etcétera– y el carácter ultrarepresivo de los gobiernos bipartidistas alimentaron la violencia revolucionaria. Una vez finalizado formalmente el pacto, la exclusión se prolongó en la práctica del genocidio agenciado por el Estado y el paramilitarismo, en particular pero no exclusivamente contra la UP, incluso con posterioridad a la Constitución de 1991. La mano dura de Uribe, auspiciada por las clases dominantes con el fin de apacigüar el país tras el escalamiento de la guerra desde mediados de los noventa, es en cierto sentido análoga a la pacificación operada por Rojas Pinilla a partir de 1953, de manera que hoy nos encontramos en un escenario similar al que enfrentaron las élites en 1957-58, cuando el dictador dejó de ser funcional a sus intereses, su creciente autonomía se conviritó en un problema y hubo que acordar una manera de monopolizar nuevamente el poder político.

Aunque los resultados electorales de 2018 apuntaban a la formación de un bloque hegemónico alrededor de Iván Duque, cuya victoria fue posible por la coalición de las fuerzas políticas tradicionales en contra de la articulación de demandas populares representada por Gustavo Petro, hoy el uribismo aparece como una fuerza en declive –con divisiones internas que se profundizan a medida que Uribe resta popularidad y suma rechazo en las encuestas–, mientras repunta como posible nodo articulador de los intereses de las clases dominantes el denominado “centro”.

Los avatares del centro político

Como acaba de mostrarse, las élites colombianas han sido más liberales que demócratas, pero la mayoría del tiempo la dominación de clase, descontando el filofascismo de un Laureano Gómez, ha adoptado una posición de centro. De hecho, la política en Colombia prácticamente no ha presentado experiencias radicales de izquierda ni de derecha: las reivindicaciones de las guerrillas, vistas por muchos como lo más radical, eran de cuño socialdemócrata. La única razón por la que nunca se formó una identidad política de centro, es porque no fue necesaria. En el contínuo izquierda-derecha, ése fue de facto y sin necesidad de proclamarlo el cómodo lugar de los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, hasta su declive. La reivindicación del centro político se produce con ocasión de un fenómeno inédito en la historia reciente: la “polarización” posterior al Acuerdo de paz.

El cierre del prolongado conflicto armado motivó la emergencia de aquellas demandas proscritas del ámbito público-político tanto por la guerra, que exterminó la posibilidad del debate político, como por el predominio del centrismo entre las fuerzas políticas gobernantes. Entre 2012 y 2016, de la mano con el inusitado auge de las protestas y movimientos sociales, en la agenda pública se posicionaron una serie de demandas nunca resueltas que están en la raíz de los recurrentes ciclos de violencia: detener el despojo violento de la tierra y redistribuir su propiedad; resolver la pobreza y la desigualdad social extremas; acabar con la exclusión política vía genocidio; verdad, justicia, reparación y no repetición de los crímenes en el marco de la guerra, entre otras. En últimas, es este conjunto de demandas reprimidas por el conflicto las que se perciben, principalmente por sectores de derecha y de centro, como causantes de la “polarización”.

Para las elecciones presidenciales de 2018, el abanderado de muchas de estas demandas fue el candidato Gustavo Petro, no como una estrategia conciente sino por el hecho de que, ante la coalición del Polo Democrático con Sergio Fajardo y su fórmula, Claudia López, que se reclamaron como el centro, no hubo otra opción que las representara. De hecho, una de las tácticas de campaña del centro consistió en hacer equivalente a Petro con la derecha uribista de Iván Duque: ambos representaban los males de la “polarización”, que no solo impedía avanzar al país sino que amenazaba con destruirlo. Aunque inicialmente Fajardo y López erigieron una frontera discursiva con el uribismo, principalmente mediante la denuncia de la corrupción, con el tiempo se concentraron en combatir a Petro, quizás creyendo que allí estaba el electorado en disputa, afirmando que solo Fajardo podría ganarle al uribismo en segunda vuelta.

Los resultados indirectos o no buscados de esa táctica electoral fueron desastrosos. Tanto la etiqueta de cuño uribista “castrochavismo” como el rechazo de la “polarización” terminaron por estigmatizar y desplazar paulatinamente de la agenda pública las demandas sociales irresueltas y aplazadas por décadas de guerra. Pero, sobre todo, al expulsar de la agenda pública esas demandas, se frustran las expectativas creadas en amplios sectores populares por el Acuerdo, se erosiona su legitimidad y se crea un marco discursivo propicio para que se instale en la agenda una paz minimalista, que ni siquiera satisface lo acordado en la mesa de negociaciones y que mucho menos tocará mediante potenciales reformas los privilegios de las clases dominantes. En fin, el clima ideológico creado, un reencauche de la doctrina contrainsurgente del “enemigo interno” propia de la Guerra Fría, ha legitimado indirectamente el genocidio político, que ya deja más de mil líderes sociales y desmovilizados asesinados.

El resultado electoral tampoco fue el esperado: al erigir a Petro como la mayor amenaza para el país, en lugar de atraerse el potencial electorado de izquierda, el centro terminó por empujar parte de su propio electorado hacia el uribismo: muchos votantes de centro-derecha prefirieron la mano dura conocida del uribismo para conjurar esa gran amenaza a la desconocida del centro, tanto en primera como en segunda vuelta. A corto plazo la construcción de una identidad política de centro aparecía truncada debido a la imposibilidad de darle un contenido positivo, un proyecto, que trascendiera el antagonismo con Petro.

La crisis endémica de la izquierda

Sin embargo, las elecciones regionales y locales en 2019, en particular a la Alcaldía de Bogotá, mostrarían que el centro estaba en mejor posición para “acumular” capital político que la izquierda. El Polo Democrático, dominado internamente por el Moir, persistió en su alianza con el centro y, por tanto, cerró la posibilidad de coalición con otros sectores de izquierda. La plataforma con que Petro participó como candidato presidencial, Colombia Humana (CH), no alcanzó a consolidarse cuando se fragmentó en plena campaña, incluso aunque consiguió un importante número de cargos tanto en la Capital como en algunas otras regiones. Aunque el detonante de tal fragmentación fueron las denuncias por violencia intrafamiliar contra el candidato a la Alcaldía, Hollman Morris, ese es apenas el desenlace de problemas más profundos.

CH no pudo en esa coyuntura, y no ha podido, crearse una identidad como colectivo y organización política, que trascienda el carácter de plataforma electoral de Petro, a pesar de haber trabajado en un completo y alternativo programa de gobierno. En varios momentos se ha planteado en su interior una discusión sobre la forma organizativa, pero el problema no ha sido resuelto más allá del rechazo a formas tradicionales de organización como el partido. En consecuencia, su funcionamiento reproduce el caudillismo y el personalismo que, incluso a pesar de sí mismo, le ha impreso Petro. Si existiera alguna estructura organizativa, estaría basada en las redes de activistas y/o clientelas nucleadas por alguna personalidad individual con reconocimiento, lo que dificulta el seguimiento de procedimientos institucionalizados y el alcance de consensos en torno a decisiones colectivas, como la elección de candidatos o el rendimiento de cuentas.

La fragmentación se empezó a producir precisamente en torno a la elección de una candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Debido a la carencia de personería jurídica, CH hizo coaliciones con el movimiento MAIS, entre otros, para las elecciones de 2018. A fines de ese año, Hollman Morris obtuvo el aval de dicho movimiento como candidato a la Alcaldía. Fue una decisión inconsulta en el interior de CH que levantó resquemores en otras personalidades, a lo que se adicionaron las denuncias en su contra por maltrato intrafamiliar en el marco de su divorcio, denuncias que no fueron procesadas internamente porque no existía en ese momento una instancia, como un comité de ética, que lo hiciera. Desde ese momento hasta fines de julio de 2019, cuando finalmente es elegido como candidato de CH, el movimiento se debate internamente por la elección de un candidato.

Durante todo ese tiempo Petro, líder “natural” de la colectividad, osciló indeciso entre dos actitudes: dejar que el propio movimiento escogiera un candidato pero, simultáneamente, establecer contactos con personalidades como el exministro Alejandro Gaviria y la misma Claudia López, candidata del centro. En marzo de ese año, en el marco de la asamblea distrital, Jorge Rojas, quien había obtenido el aval de la UP, no consigue proclamarse como candidato de CH, según afirmó, porque Ángela María Robledo lo impidió*. Para ese entonces había un descontento con el apoyo que una parte del movimiento le brindaba a Morris, sobre todo entre uno de los sectores feministas que lo componen liderado por Robledo. Pero ese sector no apoyó una candidatura de CH porque paralelamente también buscaba un acuerdo con Claudia López

La estructura organizativa de CH ni siquiera permitió una negociación ordenada con López pues, como Jorge Rojas comenta en la entrevista citada, había tres negociaciones al mismo tiempo: una de Petro, otra de Ángela María Robledo, ambas a puerta cerrada, y una más que derivó en un apoyo abierto de Rojas a la coalición de sectores alternativos en torno a la candidatura de López. El acuerdo programático no se consiguió, primero, por diferencias fundamentales en torno al modelo de ciudad, cuya manzana de la discordia fue la persistencia de López en continuar el proyecto de metro elevado del alcalde saliente Enrique Peñalosa, y segundo, porque la misma López lo obstruyó al proclamar, en el acto de inscripción de su campaña, la candidatura presidencial de Sergio Fajardo, que no fue consultada con ninguno de los integrantes de la inicial coalición a la Alcaldía.

La asamblea distrital había facultado a Petro y a Robledo para establecer coaliciones electorales, razón por la cual, incluso tras el portazo en la cara dado por López, la posibilidad de un acuerdo programático no se cerró. A fines de julio, Petro escogió finalmente a Morris como candidato de CH, no tanto porque fuese el candidato de su predilección sino para tener con qué hacer presión a la hora de negociar un acuerdo con López. No obstante, la manera como se lo invistió de candidato, a dedo en lugar de mediante una asamblea, le restó legitimidad. De cualquier forma, el lance fue infructuoso debido a la fragmentación del movimiento, pues en los meses siguientes Robledo consiguió un acuerdo, ya no en nombre de CH sino del sector particular que ella lidera, para apoyar a López. En suma, el funcionamiento basado en personalidades individuales no le permitió a CH hacer frente a la campaña por la Alcaldía y terminó más fragmentada que al comienzo, comprometiendo así la posibilidad de articular una alternativa popular para las elecciones de 2022.

Lo que se cocina en Bogotá

La victoria en Bogotá ha tenido consecuencias insospechadas para la política nacional: el centro, en cabeza de la Alcaldesa Claudia López, se ha proyectado como el potencial nodo articulador de un bloque hegemónico favorable a los intereses de las clases dominantes tras el lento declive del uribismo. En campaña, López no propuso en rigor un proyecto alternativo de ciudad. La retórica de centro, basada en el rechazo a la “polarización” se ofreció como una estrategia “apolítica” de hacer política enfatizando en los aspectos técnicos y de gestión sin tocar el modelo de ciudad neoliberal que se ha impuesto en las últimas décadas.

El triunfo se explica por la confianza que suscitó la personalidad “alternativa” de Claudia López en comparación con los otros dos candidatos opcionados: Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe Turbay, ambos de la entraña de la oligarquía y la clase política tradicional. Pero sobre todo por su capacidad para articular, por la vía de la cooptación clientelar como se ha visto a la postre, los más disímiles sectores políticos, desde personalidades en otro tiempo afines al uribismo hasta parte de la izquierda, pasando por políticos reencauchados de la clase política tradicional. En efecto, la posición de centro le permitió a López capitalizar el respaldo de una parte importante de la clase dominante, que no quiso o no pudo articularse en torno a uno de los candidatos tradicionales, pero también de una parte de los sectores “alternativos”, que inicialmente abrazaron su propuesta como “la menos peor”.

La renuencia a revisar el proyecto del metro elevado, aún cuando se encuentra en una fase inferior al metro subterráneo que dejó diseñado la alcaldía de Petro y no ofrece los mismos beneficios pero sí costos superiores, así como la decisión de implementar obras nocivas e impopulares como la troncal de Transmilenio por la Avenida 68, muestran claramente que López ha procurado ganarse la confianza de los agentes políticos y económicos con intereses en ese tipo de grandes proyectos, con un capital político y mediático capaz de incidir en su gobernabilidad, como demostraron boicoteando políticas clave en la administración Petro.

Por su parte, para los sectores de la clase dominante que manejan directa o indirectamente los grandes negocios en la Capital, el liderazgo de López es fundamental porque les permite desarrollar su agenda y salvaguardar sus intereses, lo que haría cualquiera de los candidatos tradicionales, pero además les brinda una mayor gobernabilidad al haber cooptado y dividido parte de la izquierda y a los llamados sectores alternativos, es decir, a sus potenciales críticos. La crítica de la “mermelada”, las gabelas clientelistas que tradicionalmente prodigan los gobiernos a cambio del apoyo electoral, pasó a segundo plano frente a la necesidad de garantizar esa gobernabilidad y los distintos sectores que apoyaron a López han recibido sus compensaciones en cargos y contratos, en lo que constituye la reactivación de una estrategia característica del Frente Nacional para desactivar el descontento y el debate ideológico.

La virtual ausencia de crítica por parte de los sectores cooptados frente a hechos que en otras circunstancias se rechazarían al unísono como la represión policial, de la que la alcaldesa López ha usado y abusado en los meses que lleva su administración, es un ejemplo notorio de este fenómeno, pero no el único. Los dobles raseros a la hora de evaluar las medidas para atender la emergencia provocada por la pandemia, criticando por ejemplo los $3.000 millones que invirtió Duque para publicidad en redes sociales pero, al mismo tiempo, guardando silencio frente a los $6.000 millones que invirtió López en contratos con los grandes medios de comunicación para hacer “pedagogía”, han estado a la orden del día.

La crisis ha sido el escenario para confirmar a Claudia López como la líder del centro, incluso llegando a postularla como eventual candidata presidencial. Frente a un presidente que ha aprovechado la coyuntura para beneficiar hasta el descaro los grandes capitales financieros y privilegiado los intereses de los ricos, se ha erigido en una aparente alternativa. Sin embargo, las políticas de la Alcaldesa en medio de la emergencia no se alejan sustancialmente del enfoque neoliberal que implementa el gobierno nacional, basado en subsidios, créditos y otras políticas focalizadas, y conservando como eje del sistema de salud a las EPS, entre otras cosas. López y Duque no son, por consiguiente, antagonistas respecto a la forma de atender la emergencia. López, empero, está mejor posicionada porque puede descargar la responsabilidad en Duque, quien fija el marco general de las políticas. Más que nada, la articulación con parte de la clase dominante, en particular con gran influencia en los medios masivos de comunicación, la han ubicado en ese lugar de liderazgo.

¿Hacia una nueva hegemonía?

El fenómeno Petro en 2018 parece haber sido un llamado de atención: al menos potencialmente, las demandas reprimidas de los sectores sociales excluídos que están en el origen de la violencia cíclica podrían articularse políticamente. Fue un llamado de atención para las clases dominantes, que no dudaron en rodear al candidato presidencial del uribismo y que ante su declive no dudarán en apoyar cualquier otra alternativa a lo que representó Petro, pero también lo fue para los sectores “alternativos” y para una parte de la izquierda renuente a emprender transformaciones políticas de algún calado, esto es, que necesariamente producirán “polarización”, o recelosas del caudillismo y del personalismo que perciben en Petro.

El triunfo de Claudia López en Bogotá ha empezado a dotar la identidad política de “centro” de un contenido positivo, más allá del “antipetrismo” que definió sus fronteras discursivas en la campaña de 2018. Por su parte, Petro continúa siendo la figura de la izquierda con mayor capital político, pero no con el suficiente para imponerse como alternativa. Así pues, existe una relación de suma cero entre la apuesta del centro y la de los sectores representados por Petro. A menos de que éstos se vuelquen a movilizar la población tradicionalmente apática y abstencionista por distintas razones, se empeñen en construir un sujeto político popular, lo que haría necesaria la consolidción de una apuesta organizativa como CH, tendrá que disputar con el centro una franja de apoyos y bases sociales con miras a los comicios de 2022.

Paradójicamente, los críticos del caudillismo de Petro no han tenido otra alternativa que construir otro liderazgo personalista para hacerle contrapeso: Claudia López se presenta hoy como la líder del centro, incluso relegando personalidades como Sergio Fajardo. El problema radicará en resolver si el capital político acumulado por López es finalmente transferible hacia una identidad colectiva, el centro, o si es personal e intransferible. En éste último caso, no habría que descartar que López opte por un curso de acción igual al de uno de sus mentores, Antanas Mockus, quien renunció en 1997 a la Alcaldía para presentarse a las elecciones presidenciales. Pero sea cual sea la opción del centro, tendría en su favor el interés de las clases dominantes de refrenar la “polarización”: las demandas sociales que emergieron tras el Acuerdo de paz, para alcanzar una paz minimalista que deje intactos sus privilegios, y que tiene en la administración de López en Bogotá una experiencia para replicar a nivel nacional.

 

* Ver: ‘Creo que hay déficit de democracia en Colombia Humana’: Jorge Rojas” https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/jorge-rojas-habla-de-la-relacion-de-gustavo-petro-y-claudia-lopez-400310

 

 

 

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Lunes, 25 Mayo 2020 06:46

¿Pasarán?

Partidarios del presidente estadunidense, Donald Trump, asistieron ayer al desfile de barcos Make America Great Again, en el lujoso e histórico barrio de la batería, en el centro de Charleston, Carolina del Sur. Por increíble que parezca, algunos consideran que pese al mal manejo de la pandemia del coronavirus, el magnate tiene grandes posibilidades de relegirse en noviembre.Foto Afp

En una plática entre amigos alguien pregunta: ¿ganará Trump a pesar de casi 100 mil muertos y cerca de 40 millones de desempleados por su manejo de la pandemia?, y por ahora nadie duda que increíblemente es posible, pero aún más increíble es que no se puede descartar que interrumpa y hasta anule el supuestamente sagrado proceso electoral estadunidense.

A los que piensan que es exagerado pensar que Trump podría tratar de cuestionar y hasta intentar sabotear el proceso electoral, sólo tiene que recordar que lo ha hecho desde que ganó; ha insistido, sin ninguna prueba, en que un fraude masivo fue lo que lo privó de una mayoría en el voto popular en 2016. Más recientemente ha amenazado a dos gobiernos estatales encabezados por demócratas por el gran delito de enviar solicitudes para votar por boleta vía correo en las elecciones generales de noviembre, como parte de preparativos de un voto durante una pandemia, pero que él acusó de ser "ilegal" y parte de un "escenario de fraude electoral". Esto es parte de una gama de esfuerzos no tan secreto para suprimir el voto, algo que favorece a los republicanos.

A finales de la semana pasada, al visitar una fábrica automotriz de Ford, Trump hizo un comentario raro, y por lo tanto, difícil de hacer sin un propósito consciente: “la empresa fundada por un hombre llamado Henry Ford… buenas líneas sanguíneas, buenas líneas sanguíneas. Si uno cree en esas cosas, uno consigue buena sangre”. Una organización judía progresista denunció las declaraciones: “Ford fue un simpatizante nazi, escribió El judío internacional, el problema principal del mundo… Y Hitler dijo que Ford era una ‘inspiración’ y le otorgó la condecoración nazi más alta para extranjeros”, y acusó que las palabras de Trump fueron un mensaje bien recibido por antisemitas y nacionalistas blancos en este país. No es la primera vez.

Vale recordar que hace un par de semanas Trump elogió y hasta incitó a grupos ultraderechistas, algunos armados, a manifestarse en los capitolios de un par de estados con gobernadores demócratas contra las medidas de mitigación de la pandemia, las cuales denunciaban como atropellos del gobierno de sus "libertades". Trump los califico de "gente buena", a pesar de que algunos llevaban símbolos racistas y hasta fascistas, incluyendo esvásticas.

A la vez, algunos legisladores están preocupados y han solicitado mayor información sobre poderes de emergencia secretos (existen unos 60) que pueden ser empleados por el Ejecutivo después de declarar una emergencia nacional; lo cual hizo el presidente a mediados de marzo. Trump, en algunos comentarios, ha nutrido esa preocupación: "Tengo el derecho de hacer muchas cosas que la gente ni sabe", comentó en marzo, y más recientemente proclamó, erróneamente, que como presidente tenía "autoridad total" sobre gobernadores respecto de las órdenes para reabrir la economía. Tampoco son las primeras veces que ha hecho ese tipo de comentarios en sus más de tres años en la Casa Blanca.

Por otro lado, el yerno de Trump, Jared Kushner, comentó en días recientes a la revista Time que no podría descartar la posibilidad de que se postergue la elección federal.

A la vez, se continúa intensificando la retórica oficial antichina, ampliando el abanico de discriminación y odio racial más allá de los latinos ahora a los asiáticos, y a la vez las medidas antimigrantes impulsadas bajo la falsa justificación de salud pública –incluyendo anular el derecho al asilo y protecciones para menores de edad– se están extendiendo, todo alentando la xenofobia que ha caracterizado este régimen.

Aunque algunos argumentan que la especulación sobre una ruptura fundamental con las reglas del juego democrático están teñidas con demasiada paranoia, la historia está repleta de lecciones parecidas. Pensar que no podría pasar aquí es tal vez lo más peligroso.

Y si eso o algo parecido ocurre, la siguiente pregunta es: ¿pasarán? Esa consigna de la guerra civil española otra vez está en el aire, pero ahora en inglés estadunidense.

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Donald Trump durante una visita en Phoenix este martes. Shealah Craighead / Casa Blanca

EEUU planea reabrir el país a pesar de haberse convertido en el foco internacional de la pandemia con el 27,8% de las muertes en todo el mundo y el 42% de todos los casos activos registrados

 

Estados Unidos se ha convertido en el foco internacional de la pandemia de coronavirus y su papel como corazón del sistema económico mundial y gran arquitecto del sistema internacional determinará el porvenir del resto del mundo. Con 73.566 muertos, el país norteamericano acumula el 27,8% de todas las víctimas mortales registradas en el mundo por la COVID-19, según datos de la universidad John Hopkins. Además tiene actualmente el 42% de todos los casos activos registrados en el planeta.

A pesar de las recomendaciones de sus expertos sanitarios, el presidente Donald Trump está presionando por la reapertura porque "este país no se levantó para estar cerrado". "No podemos mantener nuestro país cerrado, tenemos que abrirlo. La gente no lo va a aceptar y no debería hacerlo. Tenemos un gran país, no lo podemos mantener cerrado", insistió el miércoles el presidente.

En el pasado, el desastre económico ha saltado rápidamente de la principal potencia económica mundial al resto del mundo. Pasó en la Gran Depresión de 1929, pasó en la Gran Recesión de 2008 y los expertos temen que pase en el Gran Cierre de 2020. "Es muy probable que este año la economía global sufra su peor recesión desde la Gran Depresión, superando la vivida hace una década durante la crisis financiera global", señala el último informe de perspectivas de la economía mundial elaborado por el FMI. Según los datos del organismo, la evolución de la producción mundial en 2020 será de un -3% (en la crisis de 2008 fue de -0,1%). En el caso de EEUU, el PIB pasará de un crecimiento de 2,3% en 2019 a uno de -5,9% este año.

"Se proyecta que el llamado Gran Cierre hunda dramáticamente el crecimiento global. Una recuperación parcial está prevista para 2021, pero el nivel de PIB seguirá por debajo de la tendencia anterior al virus, con una incertidumbre considerable sobre la fortaleza de dicha recuperación", sostiene el FMI. "Resultados de crecimiento mucho peores son posibles e incluso probables. Esto ocurriría si la pandemia y las medidas de contención duran más tiempo, si las economías emergentes se ven más gravemente afectadas, si persisten unas condiciones financieras ajustadas o si se producen efectos de 'cicatrización' debido a los cierres firmes y un desempleo prolongado", añade.

Juan de Lucio, profesor de Economía Mundial en la Universidad de Alcalá de Henares, señala: "El peso de Estados Unidos en el mundo es aproximadamente un 15% y viene experimentando una tendencia decreciente principalmente por el impulso de los países asiáticos. Esta tendencia continuará en 2020 y probablemente se agravará". "EEUU es una pieza fundamental en la maquinaria económica mundial y sin vuelta a normalidad en esta economía será difícil la recuperación de la actividad a nivel global. Los lazos y efectos directos y indirectos de EEUU sobre otras economías son muy potentes", añade.

Gita Gopinath, directora del departamento de investigación del FMI, afirma en el blog de la institución: "La magnitud y velocidad del colapso de la actividad es algo sin precedentes en nuestra vida. Es una crisis como ninguna otra y hay bastantes incertidumbres sobre su impacto. Mucho depende de la epidemiología del virus, la efectividad de las medidas de contención y el desarrollo de vacunas y tratamientos, los cuales son todos de difícil predicción". "Hay dudas considerables sobre cómo será el escenario económico cuando salgamos de este cierre", añade.

 

La polémica reapertura de EEUU

 

"Estados Unidos lleva algunas semanas de retraso en la incidencia de la pandemia con relación a Europa. En este sentido cabe esperar un agravamiento de la situación", explica De Lucio. Sin embargo, tras varias semanas de cierre total o parcial, 30 estados de EEUU han empezado ya o van a empezar pronto a reabrir la actividad económica. De ellos, la gran mayoría (21) no cumple las directrices generales y lo hace con más nuevos casos o con un porcentaje más elevado de tests positivos que hace dos semanas, según recoge The New York Times.

Por otro lado, la agencia AP ha publicado este jueves que el Gobierno de Trump ha guardado en el cajón una guía detallada para reabrir el país elaborada por al principal agencia de control de enfermedades (CDC). El diario Politico publicó este miércoles conversaciones entre la agencia de emergencias (FEMA) y de sanidad (HHS) en la que los expertos alertaban del peligro de reabrir la actividad económica, advirtiendo de un aumento de muertes y de escasez de respiradores.

Caitlin Rivers, experta del John Hopkins center for Health Security declaró este miércoles en un comité de la Cámara de Representantes que ningún estado había cumplido todos los criterios establecidos por la Casa Blanca como recomendaciones para reabrir sus respectivas economías. "Hasta donde yo sé, no hay estados que cumplan los cuatro criterios", afirmó. Estos criterios son: descenso en el número de casos en las últimas dos semanas, capacidad para diagnosticar a todos los que presenten síntomas, capacidad de trazar y contactar con los nuevos casos y capacidad del sistema sanitario para tratar a todos los pacientes infectados. "Sugerimos que se deberían cumplir los cuatro requisitos", afirmó.

"Las tensiones sociales serán más evidentes en Estados Unidos que en otros países por las diferencias en gestión entre Estados, la menor cobertura de sus prestaciones sociales y la intensidad y rapidez de la desaceleración. Existen dudas todavía sobre la capacidad de control rápido de la crisis sanitaria en algunas zonas de EEUU", sostiene De Lucio.

"La economía de EEUU es mucho más flexible que la europea y por eso su incidencia en variables como el desempleo y la distribución de la renta puede ser superior. En términos desestacionalizados son 33,5 millones de trabajadores los que han pedido el subsidio de desempleo. Aproximadamente uno de cada cinco trabajadores. La tasa de desempleo estaba por debajo del 4% y al final de la crisis se habrá multiplicado por cuatro o cinco", añade.

Por Javier Biosca Azcoiti  

07/05/2020 - 22:33h

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Un hombre camina frente a un graffitti en una de las calles de Santiago de Chile. EFE

Chile celebraba este pasado domingo un referéndum que iba a dejar atrás la constitución vigente desde Pinochet y Bolivia pretendía celebrar elecciones tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales

 

La crisis del coronavirus ha derivado en el aplazamiento de dos citas clave que iban a tener lugar esta semana en América Latina: las elecciones presidenciales tras el golpe de Estado que sacó del poder a Evo Morales en Bolivia y el referéndum constitucional convocado en Chile después de varios meses de protestas en el país.

Este pasado domingo, cerca de 15 millones de chilenos estaban llamados a votar en un referéndum para elegir si querían una nueva Constitución o continuar con la carta magna promulgada en 1980 bajo el régimen dictatorial de Pinochet. Pero el plebiscito ha sido aplazado para otoño. 

A finales de marzo las diferentes fuerzas políticas acordaron postergar el plebiscito para el próximo 25 de octubre, y que a su vez ha obligado también a cambiar la fecha de las elecciones municipales y regionales –y unas posibles elecciones constituyentes dependiendo del resultado del referéndum– previstas para ese día hasta 2021.

Esta cita era una de las principales apuestas del presidente, Sebastián Piñera, para aliviar las protestas que comenzaron en octubre contra la subida del billete de metro y que se han convertido en una lucha contra la desigualdad, por la falta de acceso a derechos básicos como la salud o la educación, o el actual sistema de pensiones, aunque ahora paralizadas por la epidemia. Pero que hasta enero habían dejado más de 2.000 heridos y una treintena de muertos por la brutalidad del ejército en su intento de reprimir el estallido social.

Los sondeos publicados antes la pandemia apuntaban a una holgada victoria de la opción 'apruebo' por la que se abriría el proceso constituyente para reformar la Constitución. Aunque según la Agencia EFE, la población estaría más dividida respecto a qué órgano debería redactar el eventual nuevo texto, la otra pregunta que planteará el plebiscito y en la que los ciudadanos elegirán entre una asamblea de ciudadanos electos o integrada también por parlamentarios.

 

El coronavirus ancla en el poder a Jeanine Áñez

 

Bolivia celebraba este domingo elecciones presidenciales para reconfigurar el poder en el país. Los comicios tenían previsto renovar los cargos de la presidencia y vicepresidencia, así como los senadores y parlamentarios en las cámaras legislativas pero la COVID-19 ha paralizado los comicios 'sine die'.

El pasado 21 de marzo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que se suspendían las elecciones después de que el gobierno interino de Jeanine Áñez decretara cuarentena nacional por la pandemia, ahora ampliada hasta el 10 de mayo. En una rueda de prensa y posteriormente en un mensaje enviado al Parlamento, el presidente del TSE pidió "consenso" a las formaciones políticas para convocar una nueva cita electoral basándose en "criterios técnicos y científicos sólidos".

En el escrito proponen también que los comicios tendrán que celebrarse entre el domingo 7 de junio y el domingo 6 de septiembre. De esta forma, era la Asamblea Legislativa la que tenía que aprobar un proyecto de ley que fije la nueva fecha, pero en la sesión que tuvo lugar este pasado miércoles, la Cámara de Diputados, con mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, en un primer trámite del proyecto ha aprobado que sea el órgano electoral el que diga la fecha exacta, en un plazo de noventa días desde que se dé el visto bueno a la ley.

Ahora la ley ha pasado al Senado, que por la fiesta del 1 de mayo no está claro que pueda celebrar el pleno por lo que trastocaría todavía más la propuesta del MAS en la Cámara de Diputados para que las elecciones tengan lugar el 2 de agosto.

El MAS iba primero en las encuestas antes de que se aplazaran los comicios y antes de tratar el proyecto afloraron supuestas diferencias internas sobre la conveniencia o no de demorar más o menos la cita electoral, negadas luego por voces del partido como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque. Además de que el propio Morales ha acusado de presiones a algún parlamentario afín al Gobierno interino para aplazar lo más posible los comicios.

Desde que la epidemia llegó al país andino, varias organizaciones humanitarias han criticado la deriva autoritaria y de restricción de libertades que Áñez sigue imponiendo en el país. Human Rights Watch denunció a principios de abril que el gobierno interino "aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren 'incorrecta'". Además, según esta misma organización, altos funcionarios bolivianos han mencionado expresamente a opositores políticos como posibles blancos de procesamiento por "desinformar", y se enfrentarían a penas de hasta 10 años de prisión por una interpretación "ambigua" del decreto sobre las medidas contra la COVID-19.

Bolivia se encuentra desde el pasado mes de octubre bajo un gobierno interino presidido por la senadora Jeanine Áñez, después de que entrara en sede parlamentaria con una Biblia y se autoproclamara presidenta de Bolivia a través de un golpe de Estado. Evo Morales se vio obligado abandonar el poder entre denuncias de fraude a su favor, informes de organismos internacionales sobre presuntas irregularidades en los comicios y presionado por las fuerzas armadas.

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Jeanine Áñez sujeta los Evangelios tras proclamarse presidenta interina, el pasado noviembre

Las fuerzas de seguridad arrestan a la alcaldesa vejada por una turba de violentos en noviembre y otros ediles del MAS

Mientras se cumple la cuarentena por el coronavirus en Bolivia, se han producido varios incidentes en los que han estado involucrados la Policía y el principal partido de oposición, el Movimiento al Socialismo (MAS), del expresidente Evo Morales. El último de ellos fue la detención de Patricia Arce, alcaldesa de la pequeña ciudad de Vinto, candidata a senadora y una de las figuras más simbólica de este partido izquierdista. Arce se volvió conocida en noviembre del año pasado, cuando fue golpeada y humillada por un grupo de manifestantes violentos opositores a Morales. Su caso constituye una pieza importante en la investigación internacional sobre las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron antes, durante y después de la caída del poder del exmandatario boliviano.

Ahora Arce ha sido acusada por la Policía de reunir a un grupo de personas en su casa y de beber alcohol en ella, lo que rompe las reglas de la cuarentena. Según la alcaldesa, los agentes allanaron sin orden judicial ni medidas de bioseguridad su domicilio, en el que solo estaban ella, sus hijos y su chófer celebrando el cumpleaños de uno de los miembros de la familia, sin romper el aislamiento que impone la cuarentena. Arce también aseguró que el control de alcoholemia que le hicieron arrojó un resultado normal, aunque esto último no ha sido confirmado oficialmente. “Es el peor abuso que he sufrido en mi vida; mi hijo menor ha sido llevado a un reformatorio y mis otros hijos están presos conmigo como delincuentes, cuando ellos no son responsables de nada”, declaró en un vídeo. La Policía comunicó que la alcaldesa será procesada por “daños a la salud”, delito sancionado con entre tres y diez años de prisión. Esta grave acusación ya se ha realizado y probado en otros casos, durante el mes de cuarentena. Si Arce fuera declarada culpable, quedaría inhabilitada como candidata al Senado en las próximas elecciones.

Evo Morales publicó en un tuit que el delito de su compañera de partido fue “ser solidaria con familias pobres” y afirmó que denunciaría lo sucedido a los organismos internacionales de derechos humanos. Relacionó así la detención de la alcaldesa, que en las últimas semanas se había dedicado a repartir comida a los hogares pobres de su municipio, con otro apresamiento, realizado cuatro días antes, de funcionarios de la alcaldía de Villa Tunari, también dirigida por el MAS, que habían viajado por carretera en un camión, según dijeron, a llevar alimentos a otros municipios.

Villa Tunari se encuentra en el Chapare, una zona controlada por los sindicatos de campesinos cocaleros que constituyeron el núcleo fundador del MAS. Según el dirigente de estos sindicatos e importante líder del partido, Andrónico Rodríguez, su propósito de trasladar productos agropecuarios del Chapare a la ciudad de Cochabamba y otros sitios ha sido obstaculizado por el Gobierno por razones políticas. “La solidaridad se criminalizó, llegamos al extremo de que la cuarentena se judicializó, tal parece que la justicia tiene un fin político", declaró Rodríguez a la prensa.

En el Chapare no se habían estado repartiendo las ayudas en efectivo que aprobó el Gobierno interino de Jeanine Áñez para posibilitar que las familias más vulnerables sigan en cuarentena. Esto se debía a que los bancos no funcionaban en esta región. Así lo había decidido el gabinete después de que los policías asignados a proteger uno de estos centros financieros en el pueblo de Shinaota fueran expulsados por un grupo de ciudadanos. Aunque finalmente se llegó a un acuerdo y la Policía volverá a Shinahota, esta institución no puede operar con tranquilidad en el Chapare desde el derrocamiento de Morales, en el que participó activamente. Esto provocó la animadversión contra ella de una importante parte de la población de esta zona del país. El MAS ha negado haber organizado la protesta y Morales ha denunciado que la suspensión de la ayuda financiera a los habitantes del Chapare fueron una sanción política contra sus adherentes.

En las últimas horas fue detenido, además, un activista digital del MAS, acusado de sedición por llamar, en las redes, al “levantamiento popular“ contra la “dictadura de Áñez”. Para este partido, se trata de una acción directamente orientada contra la libertad de expresión.

La Paz - 23 abr 2020 - 20:26 COT

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Amenaza EU a Maduro con una transición "peligrosa" y "brusca"

Insiste Elliot Abrams con la propuesta de elecciones

El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, advirtió al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que si no acepta una "transición" pactada con la oposición, ésta ocurrirá igualmente, pero será más "peligrosa" y "brusca". Hasta el cierre de esta edición, el gobierno bolivariano no había respondido aún a la amenaza.

"Si el régimen decide trágicamente que va a subyugar, que va a reprimir más, probablemente esté haciendo que la transición sea igual de probable, pero más peligrosa y brusca", aseveró Abrams en una entrevista con el grupo Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Abrams se refería así a la más reciente propuesta política de Estados Unidos para instaurar un gobierno de emergencia en Venezuela: celebrar elecciones en las que no participen como candidatos ni Maduro ni el autoproclamado "presidente encargado" y líder de la oposición Juan Guaidó.

Si la iniciativa no sale adelante, "se verá más presión de Estados Unidos y creo que de otros sobre este régimen. Es posible presionar más a un régimen y al mismo tiempo brindar más asistencia al pueblo venezolano. Y eso es lo que queremos hacer. También es lo que Juan Guaidó quiere hacer. Es lo que la Unión Europea quiere hacer", destacó Abrams.

Subrayó que Washington sabe que Mauduro rechazará la propuesta y argumentó que en realidad no iba dirigida a él, sino a otros cargos del régimen y a miembros de las fuerzas armadas.

"Está dirigida, como he dicho antes, al chavismo, al ejército, al régimen, al gobierno, a la gente que decide: Este país necesita salir de esta crisis horrible", afirmó.

En cualquier caso, Abrams argumentó que el plan del Departamento de Estado estadunidense no es absoluto, sino que es una propuesta y puede ajustarse a las necesidades políticas del país e indicó la posibilidad de que el Consejo de Estado que gobernaría en la transición incluya al presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno; al jefe del ejército, Vladimir Padrino López, o al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

“Hay un millón de variaciones… Los venezolanos podrían decir, bueno, queremos cambiar esto porque creemos que funciona mejor para nosotros en nuestra negociación. Está bien. Quiero decir, aquí la cuestión es que si cambias una palabra en la propuesta estadounidense no sucede una catástrofe. El punto es que este es un camino hacia la democracia y el levantamiento de las sanciones estadunidenses”, sostuvo.

 

Crisis humanitaria

 

De su lado, el subsecretario de Estado estadunidense para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, ha abogado por la distribución de alimentos y medicamentos en Venezuela sin contar con la colaboración del gobierno de Maduro.

"La gente de Venezuela necesita desesperadamente alimentos y medicinas. Permitan que la Organización de Naciones Unidas y las ONG internacionales lo distribuyan en función de la necesidad, no de la política", publicó Kozak en su cuenta en Twitter.

El 23 de febrero de 2019, un cargamento de supuesta ayuda humanitaria iba a ingresar a Venezuela desde Colombia y Curazao, encabezado por Guaidó, en un intento para asumir como presidente del país en un golpe de Estado, pero las fuerzas armadas lo impidieron por ser un acto ilegal de invasión.

"Estados Unidos ha contribuido y seguirá contribuyendo, pero nadie debería confiar en Maduro para la distribución", añadió el diplomático estadunidense.

Venezuela, con nueve muertes y 175 casos confirmados de coronavirus, ha declarado una "cuarentena social" y pedido ayuda a la Organización Panamericana de la Salud para luchar contra el Covid-19.

Guaidó ha acusado al gobierno de Maduro de mentir sobre el impacto del coronavirus y asegura que hay muchos más casos por lo que, a su juicio, la nación caribeña es especialmente vulnerable ante la pandemia por la crisis humanitaria que sufre desde hace años.

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¿Por qué Trump declara la guerra a Nicolás Maduro?

La acusación de William Barr, fiscal general de Estados Unidos, contra Nicolás Maduro, de "haber participado en una asociación criminal que involucra a una organización terrorista extremadamente violenta, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un esfuerzo por inundar Estados Unidos de cocaína" y la recompensa para su "arresto" de 15 millones de dólares que anunció Mike Pompeo, secretario de Estado, constituye, en los hechos, una declaración de guerra de Donald Trump contra Venezuela.

El marco en el que Trump realiza esta declaración se caracteriza por un desplome extraordinario de los precios internacionales del petróleo que han colocado la cotización del petróleo tipo Brent en 27. 51 dólares –similar al precio promedio nominal de 1999–, sobreproducción de petróleo en los mercados internacionales, producción inédita de Estados Unidos superando los 13 millones de barriles por día, los descuentos y la decisión de incrementar la producción de Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Kuwait, cuyos gobiernos son aliados incondicionales y subordinados a Estados Unidos, hundimiento de la economía mundial en una gran depresión por el freno que apuntaló la pandemia del coronavirus (Covid-19) de la actividad industrial, comercial y financiera.

No es casual que Trump escoja este momento para reforzar su ofensiva para derrocar al presidente de Venezuela. China, que es uno de los principales aliados de Venezuela y se encuentra a la defensiva, concentrado en restablecer sus actividades que fueron paralizadas en muchas de sus principales ciudades para frenar el ritmo de propagación del Covid-19. Rusia e Irán, también aliados de Venezuela, van a tardar en sacudirse el impacto del desplome de sus ingresos petroleros y, además, en el caso de Irán, persiste el bloqueo comercial que le ha impuesto Estados Unidos.

Sin embargo, lo más importante y que ya anticipaba el freno del exponencial crecimiento de su producción petrolera entre 2015 y 2017, es que ésta se mostró muy sensible con precios inferiores a 60 dólares por barril al estancarse su producción; el desplome actual de los precios al retirar a muchos de sus productores amenaza su actual volumen de producción.

Adueñarse de las reservas petroleras de Venezuela, las más importantes del mundo, en el escenario de un eventual derro­camiento de Nicolás Maduro, aunque tuviera que sacrificar a sus productores petroleros internos, concentrados en el fracking, no le importaría, pues en un horizonte de largo plazo estima disponer de una mayor seguridad de abastecimiento, desestimando la decidida batalla que darán el pueblo y el ejército venezolano de cada metro de su territorio frente a sus bombas y mercenarios.

Dentro de este plan contra Venezuela, Irán y Rusia se inscribe la reunión a que convocó a principios de marzo, en la Ciudad de México, el embajador estadunidense a diplomáticos de Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, España y Países Bajos para concertar acciones ante las decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al considerar que "erosionan las bases legales de los contratos de miles de millones de dólares firmados en la administración de Enrique Peña Nieto".

Detener la puesta en marcha de la declaración de guerra de Donald Trump, a través de las irresponsables acusaciones de integrantes de su gobierno, que no tienen mayor validez y sustento a las que utilizaron para ahorcar a Saddam Hussein y asesinar a Muhamar Kaddafi, es un acto de autodefensa para frenar las presiones imperiales contra México para que se retome la vía de la privatización de sus hidrocarburos, incluyendo la explotación de yacimientos mediante la fractura hidráulica.

por Francisco Colmenares. autor de Despojo, resistencia y corrupción. México en los ciclos del precio del petróleo. Ed. Plaza y Valdés, México, 2019

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Toma de muestras a conductores en un punto de prueba de detección del Covid-19 en el Hospital Universitario de Burgos, España.Foto Afp

Más que las vacunas para el Covid-19, lo importante son las llamadas geoestratégicas, como la del mandarín Xi a su homólogo el zar Vlady Putin.

El 27 de marzo –"menos de 20 horas después de la cumbre virtual del G-20"–, Trump y el mandarín Xi entablaron una llamada, poco publicitada por los encubridores multimedia de EU, pero puesta en relieve por el portavoz oficioso chino Global Times que destaca su "cambio de actitud" (https://bit.ly/2QPAmiz), y que el mismo Trump colocó en su Twitter:"Acabo de concluir una muy buena conversación con el presidente Xi de China. Discutimos en gran detalle (sic) que destroza extensas partes de nuestro planeta. China ha pasado por esta etapa y ha desarrollado una poderosa (sic) comprensión del virus. Estamos trabajando juntos en forma estrecha. ¡Mi más profundo respeto (sic)!" (https://bit.ly/2QUpFLN).

Para Global Times la llamada de Trump y Xi es la mejor prueba de que el sistema de salud de EU necesita(ba) la ayuda urgente de China: "La gravedad de la situación en EU obligó a Trump a expresar su deseo de pedir ayuda de China".

Según Xinhua, el mandarín Xi instó a Trump a fortalecer la política de coordinación macroeconómica, para estabilizar los mercados, mantener el crecimiento, salvaguardar el bienestar de las poblaciones, y asegurar la apertura, estabilidad y seguridad de las cadenas globales de suministro (https://bit.ly/3aueUHK). ¡Ahora China marca el diapasón de la "Ruta Sanitaria Global de la Seda"!(https://bit.ly/2UpNZYd).

A diferencia de las misántropas sanciones sanitarias de Trump contra Irán, China abastece con material médico y ventiladores a EU para su batalla contra la pandemia.

En medio de la balcanización sanitaria, aTrump lo alcanzó el "cisne negro": evento inesperado de gran impacto (https://bit.ly/2wyqCCJ). Más bien se trata de la metáfora asiática de los "rinocerontes grises" (https://amzn.to/39wCGBW): allí están, pero nadie los quiere ver hasta que embisten.

Siguiendo el clásico guion de la "zanahoria y el garrote", el plutócrata Trump solicita ayuda médica al Partido Comunista de China, mientras le asesta un golpe geopolítico el mismo día al firmar la "Enmienda Taipéi" (https://bit.ly/3bzT6e8) que promete apoyo a las "alianzas diplomáticas (nota: un total de 15 frente a 180 que reconocen a China)" de la isla renegada de Taiwán y que socava la política de "una sola China" que fue el sustrato de las relaciones de China en la fase de la dupla Mao Zedong/Zhou Enlai con el dúo Nixon-Kissinger a inicios de los 70.

Global Times es muy severo al respecto y fustiga que mientras EU se encuentra plagado con el coronavirus, se dedica a jugar con la política cuando "usa plenamente la carta de Taiwán para librarse a juegos estratégicos con China" (https://bit.ly/33Uxp5C).

Laura Zhou, del portal SCMP, con sede en Hong Kong, comenta que la "diplomacia de los tapabocas" de China "preocupa a Occidente" (https://bit.ly/2y8e0lZ). Hasta cierto punto, porque Italia y Francia han entablado profundas relaciones sanitarias con Pekín para mitigar al Covid-19.

China ha lanzado una ofensiva sanitaria centrada en Europa, Medio Oriente, África y Asia –y ahora en el mismo EU– para enviar a sus expertos médicos y proporcionar el material médico requerido.

Ahora China se ha quitado los guantes y contesta las injurias del presidente brasileño Bolsonaro como las provenientes de EU. Al día siguiente de la "Enmienda Taiwán", Global Times arremetió contra Trump por "haber fracasado en tratar en forma inapropiada (sic) el brote" (https://bit.ly/2WPxEO0)” que calificó como "el nuevo Chernobyl de EU y Europa" (https://bit.ly/3dzS7wc).

China consiguió domesticar al Covid-19 (https://bit.ly/2R8vPs3) y ahora ha lanzado su "Ruta Sanitaria Global de la Seda", último clavo del Covid-19 en el féretro de la globalizaciónque expuso lastimosamente hasta a sus promotores de la monarquía neoliberal financierista británica: el príncipe Carlos y el primer conservador Boris Johnson que presentaron prueba positiva al coronavirus.

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