Sin perder el hilo de la edición anterior, la transnacional Fenosa monta cifras para que de los 610.224 usuarios de barrios subnormales, 438.435 sean de la Región Caribe –71.85 por ciento– según documentos CREG 001 y 003 de 2007 y resoluciones del Minminas que ordenan giros del FOES. La 180659 de abril 29/2011 giró $1.333.622.000 a 22 empresas del país, con $800.419.719.oo a Electrocaribe y $123.061.301.oo a Energía Social de la Costa, las dos Empresas de Gas Natural FENOSA en zonas especiales. Un total de $923.481.020.oo –sin incluir los valores por subsidio FSSRI– mientras que las 20 empresas restantes, en su mayoría públicas, se distribuyen apenas $410.140.980.oo. Aunque dicen, es falsa la “quiebra” de Gas natural FENOSA. Un tejido de respuesta popular y unidad social está pendiente.
 

La trasnacional FENOSA obtiene beneficios tanto por subsidios nacionales como por sacar provecho de las inversiones del gobierno-nación con el programa de normalización eléctrica –PRONE– para normalizar los «barrios subnormales» y de la creación de esquemas diferenciales para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, convertidos en política pública por resolución CREG 120 de 2001 –afianzada en el Plan nacional de desarrollo 2002-2006 (ley 812 de 2003); 2006-2010 (ley 1151 de 2007) y 2010-2014– que autoriza a las Empresas del servicio domiciliario de energía en zonas especiales y a la aplicación de los esquemas diferenciales: 1. de medición y facturación comunitaria y 2. de facturación con base en las proyecciones que elaboró el Grupo Fenosa. Como corroboración, solo basta observar que en la distribución de recursos 2007-2009 de este programa, se asignaron más de 41 mil millones de pesos para proyectos de normalización y que de los 53 aprobados 33 fueron para la Región Caribe, solo 20 para el resto del país.


En fin, la transnacional “cooptó al regulador”. Es decir, el gobierno nacional, para posicionarse en el mercado. Sin invertir un peso en construcción de redes, expansión de cobertura, reconocimiento de pérdidas técnicas etc., pero si, apropiándose del patrimonio económico de la nación y de la población usuaria, “burlando la ley sin violarla y violándola sin castigo” como narró alguna vez García Márquez.

Y como si fuera poco “premio”, el Ministerio de Minas y Energía convocó por resolución 180694 del 04 de mayo de 2011 a FENOSA como operadores de la red de distribución, y a presentar planes, programas y/o proyectos de normalización de redes eléctricas con recursos del PRONE, en la región Caribe. Al respecto, FENOSA dice asumir con sus propios recursos los costos que generen la administración de los planes, programas y/o proyectos aprobados y del valor de la interventoría de los contratos en ejecución. Un recurso que les sirve para disminuir sus costos.

A partir del cabildeo que realiza su Grupo de Gestión Empresarial con las más altas esferas del estado ordenamos a continuación otras prácticas cínicas y de usufructo de FENOSA.

Con cinco boquetes millonarios más … y aducen quiebra

  1. La empresa realiza una facturación comunitaria a través del totalizador y también una facturación individual a cada familia que pertenece al mercado. Si el número de familias es de 167.800 a noviembre de 2006, según las cifras del SUI, este número no concuerda con el número de facturas reportadas por la empresa para el año 2006. La CREG solicitó aclaración respecto de este número. FENOSA respondió a través de la comunicación CREG E-2007-0427: “El incremento en la cantidad de facturas del 2006 frente al año 2005 responde a la aplicación de uno de los esquemas de prestación del servicio establecidos en el Decreto 3735 de 2003, cual es el denominado “Periodos Flexibles de Facturación” que «energía social» decidió aplicar en procura de promover una mayor facilidad de pago acorde con la capacidad de los usuarios que habitan los barrios subnormales.
    “Así, desde el mes de agosto de 2005 se inició un esquema de facturación semanal, que reconoce la limitada capacidad de pago y facilita al usuario ajustar sus pagos de acuerdo con su flujo de ingresos, los cuales están sujetos a una alta incertidumbre debido a la informalidad de sus oficios. A la fecha este esquema alcanza a la totalidad de los usuarios de «energía social»”, pero FENOSA no informa que también emitía la factura al suscriptor comunitario y su valor lo seguía desglosando a cada usuario en particular. Con base en este hecho asegura que los usuarios de los «barrios subnormales» mantienen una deuda Impagable por su alto costo con Energisocial, solo en Córdoba, según, ellos la cartera morosa, ascienda a cinco mil millones de pesos, pero que ellos podían dejarla para el pago en 1.300 millones de pesos. ¡Miren qué generosidad! Cómo no, si el giro con los recursos de la nación, les garantiza una excelente tasa de retorno.
  2. Con base en el artículo 116 de la ley 812 de 2003, FENOSA venía favorecida con un aumento en los porcentajes de subsidios del FSSRI, que según dicha norma en ningún caso seria superior al 60 por ciento del costo de prestación del servicio para el estrato 1 y al 50 por ciento para el estrato 2 y que fue ampliada, con el artículo 3º de la ley 1117 de 2006 que mantuvo dichos porcentajes hasta la vigencia de 2010, reglamentaria del Plan nacional de Desarrollo 2006-2010. Otra ventaja normativa que tampoco desaprovechó.
  3. Solo para el año 2004, en que entró a operar la nueva filial ENERGIA SOCIAL DE LA COSTA, el gobierno gira a 21 Empresas del país, para reconocer subsidios por FOES a Diciembre de 2004 $70 mil millones de pesos, de los cuales más de $54 mil millones de pesos se los apropia el Grupo Unión Fenosa, en la Costa Caribe. Más del 60 por ciento de estos recursos le corresponden a la transnacional, sin tener en cuenta los ingresos que le provienen por el pago de subsidios establecidos en la ley 142 de 1994, a través del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos –FSSRI– como muestra el cuadro 1.
  4. Para el año 2005 y 2006, cuando según Energía Social el número de usuarios fue consolidado y Electricaribe y Electrocosta le habían cedido el mercado de los «barrios subnormales» para la exclusiva prestación del servicio, los ingresos de esta Empresa provenientes del FOES promediaban entre el 18 por ciento y 20 por ciento, sin incluir diciembre de 2006. Y, cuando los ingresos provenientes del Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos (FSSRI) eran de un promedio de 51 por ciento, mas los ingresos de las facturas puestas al cobro de los usuarios era del 18 por ciento, logró ingresar a sus arcas del total de la energía facturada, el 87 por ciento aproximado del valor total facturado.
  5. Solo en estos dos años recibió $ 98.757.461.566 con la garantía por parte del Estado de un 70 por ciento de estos ingresos. Veamos el cuadro 2.
  6. Procesan más facturas de las reales. En un análisis exhaustivo de los logros del Grupo Unión Fenosa –hoy, Gas Natural Fenosa–, gracias a las estrategias de presión ejercidas al Gobierno nacional, notamos que es falsa su quiebra a raíz de los bajos ingresos por facturación.


Si nos detenemos a precisar, los beneficios económicos obtenidos,  a partir,  del reconocimiento a la Empresa Energía Social de la Costa S.A. E.S.P., de un Factor de Riesgo de Cartera (FRC) aplicable a su mercado  de comercialización, solicitado en el año 2006, dos años después de su ingreso en la operación, para efectuarse por parte de la CREG, una revisión tarifaria de su costo base de comercialización en los «barrios subnormales», argumentando que al iniciar actividades –2004– aplicó el costo base de comercialización del servicio aprobado para Electrocosta y Electricaribe, solicitud que fue resuelta mediante Resolución Creg 101 de 2006, con el argumento de cumplir el decreto 3735 de 2003.1

El absurdo y grave de esta decisión es que en ningún momento hubo los errores mencionados. No, toda vez que el nivel de tensión para el cálculo de la tarifa de esta Empresa, debía ser el nivel de tensión II. Punto real de conexión de los usuarios(as) de los «barrios subnormales», ya que los transformadores de distribución son propiedad de las comunidades o de los Municipios. Sin embargo, esta argucia le permitía apropiarse de las perdidas técnicas que se presentan al interior del circuito subnormal y se le aprueba un factor de riesgo de cartera componente de comercialización para un nivel de tensión I.

Es un recurso que en 2007 representó para la Empresa Energía Social de la Costa S.A. E.S.P. un FRC de 67.76 por ciento, equivalente a un ingreso proyectado con FRC de $ 88,453,830,786.26, que al no serle aplicado dicho factor sus Ingresos proyectados sin FRC se calculaban para el mismo año en $81,812,096,960.37. Es decir, la aplicación de dicha norma le proyectó un incremento superior a $ los 6 mil millones de pesos en ese año. Imaginemos los siguientes años, cuando se dieron a la tarea, en un ejercicio de cacería de brujas para detectar instalaciones subnormales y a imponerle a los Alcaldes declarar «barrios subnormales» a algunos que tenían infraestructura normalizada y por ende, se les emitía facturación individual, atendidos por las otras filiales, como las Malvinas, Bosque, Chinita y Sourdís  en Barranquilla.

Son barrios favorecidos con recursos del PRONE. ¿Para que? Para poder sustentar una repetición de cuando la CREG le solicitó información detallada para hacer el cálculo del FRC para 2007 y reportó más facturas que las realmente emitidas. “El número de facturas reportadas por Energía Social en la comunicación de la referencia es de cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil doscientas tres facturas, 4,774,203. Respecto al de facturas reportadas por Energía Social del año 2005, se presenta un incremento del 135 por ciento” (Informe de la CREG). Sin embargo, el número de usuarios, de acuerdo con las cifras reportadas en el SUI sólo tuvo un incremento del 1.5 por ciento.

 
Nota

1En su artículo 32 y conforme al artículo 126 de la Ley 142 de 1994 señalan que: las “fórmulas tarifarias podrán modificarse excepcionalmente, de oficio o a petición de parte, antes de la vigencia prevista en la Ley, cuando sea evidente que se  cometieron graves errores en su cálculo, que lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa, o que ha habido razones de caso fortuito o fuerza mayor que comprometen en forma grave la capacidad financiera de la empresa para continuar prestando el servicio en las condiciones tarifarias prevista”.


Recuadro

Respuestas de los usuarios(as)


Ante toda esta perversidad planeada deliberadamente, y que desvirtúa todos los supuestos objetivos para justificar la privatización del servicio, desde el mismo gobierno nacional, los usuarios y usuarias del servicio de energía eléctrica, tenemos la necesidad de reconstruir el tejido organizativo al interior de las comunidades azotadas por las consecuencias del conflicto armado que vive nuestro país, pero además, permeado por las practicas de cooptación de la transnacional a través de sus estrategias de responsabilidad social.

En unidad de acción hemos decidió enfrentar el fenómeno, a través de unos acuerdos de acción política y organizativa, con alianzas solidarias, para fortalecer la propuesta organizativa Red Caribe de Usuarios de Servicios Públicos y en un amplio proceso de articulación social, continuar fortaleciendo, colectivamente, las siguientes acciones-propuestas:

  1. Realización de una campaña de denuncia nacional e internacional, que permita visibilizar a las víctimas por electrocuciones, daños físicos, familiares, sicológicos etc., alrededor de organizar un comité de familiares de víctimas y luchar contra la impunidad.
  2. Movilización Social Por el derecho al acceso universal del servicio de energía, en condiciones de igualdad, seguridad, calidad confiabilidad y continuidad y contra la privatización de los servicios públicos esenciales y su declaratoria como derecho fundamental y su nacionalización para que sea prestado por el estado colombiano al ser un sector estratégico de la economía.
  3. Rechazar las altas tarifas del servicio de energía, auspiciadas desde el poder del estado para favorecer los intereses del capital transnacional del Grupo Fenosa, en detrimento de la soberanía nacional y el patrimonio público y económico de la nación y de los usuarios.
  4. Rechazar a través de jornadas permanentes de movilización y resistencia, la pretensión de Unión Fenosa materializada a través de las políticas estatales, en el sentido de trasladar a los municipios la comercialización del servicio de energía, disfrazándola en su etapa inicial con la promoción y creación de mini pymes de gestión de servicio públicos que involucran a los usuarios para fortalecer el piso social de aceptación a la privatización y hacerles más rentable el negocio. Así, nos ponen a los usuarios a que nos garanticemos el servicio, tapando su farsa responsabilidad social corporativa.
  5. Movilización y rechazo contra la medida centralizada de los consumos, que no es más que la medición prepagada del servicio y de manera organizada llevar a cabo la Jornada masiva de firmas, dentro la campaña denominada firmatón, para exigir al Gobierno Nacional, la garantía de un servicio público en beneficio de la población y no de los intereses de las transnacionales y asumido desde el Estado.
Artículo relacionadoLa prestación del servicio ‘público’ de energía eléctrica en la Costa Caribe
La cínica práctica empresarial del Grupo Unión Fenosa
21/05/2011 EDICIÓN 169
Publicado enEdición 170
Sábado, 24 Octubre 2009 11:49

Centroamérica. Biocombustibles a debate

El decrecimiento de las reservas mundiales de hidrocarburos, la fluctuación de los precios del petróleo y sus consecuencias en la inflación en los países centroamericanos han hecho emerger en la región la controversial ‘oportunidad’ de producir y exportar biocombustibles.


Según el Informe del Estado de la Región (2008), hoy la región tiene dificultades para abastecerse de la energía que exige su desarrollo. De 1995 a 2006, la demanda aumentó un 71 por ciento, pasando de un consumo de 3.631 a 6.226 MW. Es importante considerar que allí sólo se aprovecha el 17 por ciento del potencial en hidroelectricidad y un 15 en geotermia. Por su parte, el consumo de hidrocarburos para generación eléctrica en 1990-2006 aumentó un 557 por ciento. El empleo del petróleo destinado al transporte es de un 66 del consumo total de hidrocarburos; el segundo destino del petróleo es la generación eléctrica.

Desde los 90, se ve incapacidad de satisfacer la demanda energética, lo que provoca racionamientos y mayor dependencia de hidrocarburos, y una mayor presión sobre los recursos naturales por el uso de leña, segunda fuente de energía según el Informe. Así, Centroamérica corre el riesgo de desabastecerse y, cuando los precios se elevan, las economías locales orientan un porcentaje cada vez mayor de su PIB a comprar hidrocarburos, afectándose los ingresos reales, en especial los de los más pobres. El consumo energético está muy vinculado con la importación de hidrocarburos, generando impactos económico-ambientales. En otras palabras, en América Central el desarrollo depende hoy de la importación de combustibles ante la insuficiente producción doméstica.

Biocombustibles y ambiente

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), El estado mundial de la agricultura y la alimentación, su documento publicado en 2008, la elaboración y el uso de insumos agroindustriales para biocultivos, tales como fertilizantes nitrogenados, pueden incrementar el óxido nitroso desprendido en el aire, de efecto invernadero 300 veces más perjudicial que el CO2. Igualmente, serán necesarios plaguicidas y químicos para su producción, y combustibles para transportar la materia prima y el biocombustible hasta su destino final.

El cultivo de fuentes de energía renovables son factores amenazantes de la diversidad biológica, debido a las grandes demandas de agua y tierra en las zonas tropicales, además del empeoramiento de problemas como erosión, sedimentación y escorrentía de nutrientes tales como nitrógeno y fósforo a aguas de superficie, y su infiltración en aguas profundas por el uso creciente de fertilizantes (FAO, 2008).

El cambio de uso del suelo para cultivar las fuentes de biocombustibles también preocupa. El éxito de los biocombustibles en la reducción de CO2, contribuyente del efecto invernadero, no está asegurado: el carbono almacenado en los bosques y los pastizales se libera del suelo durante su conversión para hacerlo útil a la agricultura. En cuanto a la palma africana, la FAO también advierte que un aumento en la extensión de su cultivo puede hacer que disminuyan las selvas tropicales, y en el documento referido menciona estudios sobre la relación demanda por biocombustibles-disminución en la población de especies de aves en Brasil, debido al cambio de uso del suelo y la intensificación de estos cultivos.

Carbon mitigation by biofuels or by saving and reforesting forest?, estudio de Righelato y Spracklen (2007) publicado en la revista Science, llama a la prudencia y sostiene que el secuestro de carbono logrado por la restauración forestal es mayor que las emisiones evitadas a partir de biocombustibles líquidos. Por tanto, estos investigadores proponen centrar los esfuerzos en incrementar la eficiencia en el uso del combustible fósil, en conservar bosques y sabanas, y en restaurar el bosque y los pastos en tierras de cultivo que no se necesiten para la alimentación.

Otro factor por tomar en cuenta, según Biocombustibles y su impacto potencial en la estructura agraria, precios y empleo en América Latina, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), es que la producción de biocombustibles pudiera aumentar la presión sobre los recursos naturales y los ecosistemas. En tal sentido, el Informe (2008) sostiene que Centroamérica (incluidos Panamá y Belice) tiene 669 áreas protegidas, con una extensión total de 124.250 kilómetros cuadrados y que la mayor parte del área no se dedica a la conservación estricta, y que el presupuesto para su vigilancia y control es muy reducido. Además, hay coincidencias geográficas entre zonas protegidas y población pobre, lo que crea condiciones de vulnerabilidad para el patrimonio ambiental de América Central, pues la seguridad y la riqueza regional no depende sólo del marco normativo de los sistemas de protección nacional en materia ambiental, sino de factores socio-económicos que generan presión en los recursos y minan la tarea de conservación.

En el caso centroamericano hay un aumento en la población que vive en las áreas protegidas o sus alrededores; un incremento en la pobreza, la concentración de la tenencia de tierra y la intensificación de actividades productivas. Justo esta última constituye la principal amenaza, ya que la expansión y la intensividad de las actividades productivas son culpables de la pérdida de la biodiversidad y el cambio de uso del suelo. No ha sido posible en estos años hacer compatible la conservación y la agricultura en gran escala.

Biocombustibles, agricultura y soberanía alimentaria en Centroamérica

Al revisar el Informe en materia de seguridad alimentaria, el panorama es alarmante. De 1990 a 2005, el cultivo de arroz, fríjoles y sorgo se redujo a la mitad, mientras los no tradicionales, dedicados a la exportación, aumentaron el doble. La producción de granos básicos por habitante es inferior a la de los 90, como resultado de la política neoliberal de apertura comercial que deteriora la posibilidad de que estas poblaciones se autoabastezcan.

Asimismo, aumenta la disponibilidad de granos básicos, resultado de las importaciones, que crecieron un 30 por ciento en 1990-2003. Esto es grave si se considera que los precios del maíz y el arroz se duplicaron de 2000 a 2008. Entre los factores de tal alza está la demanda de éstos para producir biocombustibles. Por si fuera poco, el incremento de un 15 por ciento en los precios de los alimentos significa el aumento de 2,5 millones de nuevos pobres extremos, sobre todo en Honduras y Guatemala, según el Informe.

Además, hay gran expectativa en los biocombustibles como potencial fuente adicional de empleo, en especial en el campo. Sin embargo, para el cultivo de caña de azúcar, principal fuente para producir etanol en Brasil, el asunto no es tan positivo. Teniendo en cuenta las afirmaciones del citado documento de la Cepal, la participación del empleo rural en el cultivo de caña de azúcar ha decrecido, y además los empleos rurales siguen asociados con los niveles salariales más bajos, siendo los empleados temporales los más desfavorecidos.

Considerando lo anterior, y que la apertura comercial transforma las estructuras productivas de la región y disminuye la participación del agro en las economías en los últimos 20 años, todo indica que América Central no tiene condiciones para que la agricultura sea un motor democrático de desarrollo y, por tanto, una herramienta para erradicar la pobreza.

Bases para una discusión

La generación de energía renovable por medio de la biomasa orientada por el libre mercado, lejos de hacer parte de una solución pudiera ser un problema en el actual estado de la región. La iniciativa, atractiva para Centroamérica, no está exenta de ser una producción de ‘oportunidad’ en extremo coyuntural, pues no se articula a una propuesta seria de desarrollo rural y ahorro de energía.

Según la FAO (2008), los combustibles seguirán empujando alzas en los alimentos, con impacto en América Central, que importa. Ello ocurrirá aun con ‘disponibilidad’, pues los países pagarán más por importar, debido a la apertura contraria a la producción nacional, y producirán lo no tradicional para exportar, importando lo que otros producen supuestamente a menores costos. En fin, a corto plazo, la población urbana y rural, sin tierra suficiente y sin capacidad de autoabastecerse, pagará más altos precios por los cultivos regulares de hace pocas décadas, antes que los programas de apertura se aplicaran en Centroamérica y se experimentara una consecuente reorientación productiva.

Aunque puede decirse que hay posibilidades de que los cultivos para biocombustibles sean de pequeños propietarios, esto requiere una vigilancia estatal que prevenga abusos contra los pequeños propietarios en la compra de insumos, así como subvencionar su producción. En cuanto a la absorción de mano de obra, el cultivo de materia prima para biocombustibles no repercutirá favorablemente en el ingreso de la población rural centroamericana, pues quizá los cultivos tengan pocos trabajadores fijos, a fin de mantener la competitividad. Al respecto, ya hay muestras de ‘flexibles’ relaciones laborales en la producción de banano y piña. Si ello ocurre con las regulaciones de hoy, ¿cómo esperar que se dé otro tipo de relaciones patronales para la población joven que se inserte en esta actividad? La pregunta cobra vigencia cuando la fuerza de trabajo en Centroamérica tiene una amplia base rural, y un 29 por ciento de la misma no supera los 25 años.

Finalmente, consideramos que con el desarrollo de esta opción energética, Centroamérica puede eventualmente disminuir en grado mínimo su dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, esta producción exige subvención y protagonismo estatal (ausentes en los últimos 30 años) para que aquélla sea posible para los pequeños y medianos productores. La discusión sobre biocombustibles permite, pues, visibilizar los problemas deliberadamente no resueltos por los gobiernos centroamericanos y que convierten la herramienta energética renovable, útil al desarrollo, en factor agravante de lo laboral y ambiental. El desarrollo de insumos para biocombustibles, en las condiciones de hoy, se enmarcará en la explotación intensiva de recursos naturales, propia de la agroindustria y sujeta a los precios internacionales, ya que tarde o temprano se orientará hacia la exportación en vez de impulsar el desarrollo interno. Esta discusión, aunque importante, en la forma como empresarios y gobiernos acuden a ella, es un distractor de la problemática que afecta el agro en la región, y cuya atención se posterga en detrimento de un modelo realmente democrático y sostenible.

Bibliografía

FAO (2008). El estado mundial de la agricultura y la alimentación. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Programa del Estado de la Nación (2008). Estado de la región en desarrollo humano sostenible. Un informe de Centroamérica y para Centroamérica. San José: Estado de la Nación,
Razo, Carlos. Astete-Miller, Sofía. Saucedo, Alberto. Ludeña, Carlos (2007). Biocombustibles y su impacto potencial en la estructura agraria, precios y empleo en América Latina. Santiago de Chile: Cepal.
Righelato, R. y Spracklen, D. (2007). “Carbon mitigation by biofuels or by saving and reforesting forest?”. En: Science, vol. 317.

Publicado enEdición 151
Lunes, 27 Julio 2009 06:20

Colombia, todo...todo por el TLC

Con la declaración oficial de que el país ya está en recesión, el presidente colombiano, Álvaro Uribe busca por todos los medios concretar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, aunque para lograrlo tenga que empeñar la soberanía nacional al entregarle a Washington varias bases militares en el territorio.
A finales de junio, Colombia entró en recesión, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), después de 10 años de crecimiento continuado aunque esos resultados no se hayan revertido en mejoras sociales y económicas para su población.

Antes de concluir 2008, el gobierno aseguraba que el país estaba blindado contra la crisis económica internacional, pero ahora ha reconocido que en el último trimestre del pasado año la economía decreció 1 % y en el primer trimestre de 2009 lo hizo en 0,6 %. El Presidente, sus ministros y empresarios colombianos han construido prácticamente un nuevo camino hacia Washington con las idas y venidas realizadas en los dos últimos años para tratar de convencer a congresistas y senadores estadounidenses opuestos al TLC (por los asesinatos de sindicalistas y las violaciones constantes de los derechos humanos en el país andino).

Semanas antes de dejar la Casa Blanca, el ex mandatario George W. Bush dijo en una reunión con Uribe que el TLC era “necesario” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El 30 de junio último, Uribe regresó a EE.UU. y le expuso a Barack Obama, (quien se había opuesto anteriormente al Tratado) las bondades de este.


Para estar más en línea con las disposiciones que exige el TLC, y a la par embullar a congresistas norteamericanos indecisos, el gobierno de la nación andina ha impulsado un amplio programa de privatizaciones en todos los sectores de la producción, la minería y los servicios.


El Estado sacó a la venta las empresas de electrificación de Cundinamarca, Boyacán (Ebsa), Pereira, Santander, Norte de Santander y Meta. En el ruedo también se halla Termocan-delaria, por la que se interesa el grupo chileno Solari. En cuanto al sector financiero, el Estado cederá la propiedad de 12,4 % que controla en el Banco Popular. Antes de que se acabe de aprobar el TLC, ya la estadounidense General Electric adquirió un paquete de acciones del Banco Colpatria, construirá una planta para la fabricación de químicos de purificación de aguas y compró una empresa dedicada a esa actividad industrial. Mientras, Munich Re fortaleció sus acciones en Inversura, holding de salud, riesgos profesionales y seguros.


La transnacional Glencore ha invertido, junto a Ecopretrol, en la ampliación de la refinería de Cartagena para elevar el procesamiento de crudo de 75 000 a 150 000 barriles diarios.


En la industria hotelera las cadenas transnacionales Hyatt, Milton, NH, Fronpeca, Marrito y Honesta invierten más de cuatro millones de millones de pesos colombianos, mientras compañías estadounidenses y europeas lo hacen en el sector de la aviación para ampliar las frecuencias de destinos a Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena. El Instituto de Fomento Industrial (IFI) vendió la pequeña parte que controlaba en la Comercializadora Internacional Promotora Bananera y 9,3 % que tenía en Devinorte, donde han tomado posesión las transnacionales Cargill, Masisa (madera) y Mapfre Seguros.


Todas estas acciones han deteriorado aún más el nivel de vida de los colombianos, país donde la mitad de la población se encuentra en la pobreza y no tiene posibilidad de acceder a los servicios de salud, educación y seguro social.


Organizaciones sindicales y No Gubernamentales indicaron que tres de cada cuatro personas en el campo y dos de cada cuatro en las ciudades son pobres, en un número que alcanza a 20 290 000 habitantes.


Cuando se analiza que esto ocurre en una nación cuyo Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido como promedio más de 5 % en el último lustro, se comprende que las ganancias van a las pequeñas clases pudientes nacionales o salen del país mediante las transnacionales.


El ingreso de 10 % de la población más rica colombiana es 49 veces mayor que el de 10 % de los más pobres. A esto se suman los desplazamientos obligados de personas -realizados por el ejército en las zonas de conflicto armado- y quienes no tienen otro destino que irse hacia las ciudades para tratar de sobrevivir.


Ahora la crisis con su recesión acompañante se ha sentido con mayor fuerza en la industria, comercio, el transporte y los servicios según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas.


Las medidas de privatización que afectan a la seguridad social están provocando grandes manifestaciones de sindicalistas y pensionados.


Las Centrales Obreras y en particular la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) se han lanzado a las calles en rechazo a la privatización del Instituto de Seguro Social y la liquidación de las subsidiarias Cajanal y Capre-com.


Jesús Ernesto Mendoza, presidente de la CPC, gremio que agrupa a 140 asociaciones con 1 350 000 pensionados, denunció que el Estado los ha puesto a merced de la voracidad del capital financiero, a la par que condenó las continuas detenciones de sus dirigentes como el caso de Sergio Díaz Forero, capturado por organismos de seguridad en la ciudad de Fusaga-sugá.


Con sus ansias de concluir el TLC y acabar de convencer a los cada vez menos reticentes congresistas norteamericanos, el gobierno de Uribe concretó un tratado con Washington para que ese país utilice tres bases aéreas y dos navales, en la Bahía de Málaga (Pacífico) y Cartagena (Caribe).


Aunque las conversaciones han sido secretas, se conoció que el senado del país norteño destinará 46 millones de dólares para la de Palanquero, puerto Saldar, en el río Magdalena, que ya cuenta con una pista de aterrizaje de 3 500 metros, dos enormes hangares y es la base principal de los aviones de combate colombianos. Entre las medidas se establece que ningún militar estadounidense podrá ser juzgado por delitos cometidos en suelo colombiano.


Este convenio abre las puertas a las operaciones y control militar estadounidense en la región, después de perder la base de Manta en Ecuador, la cual debió abandonar por la actitud del gobierno de Rafael Correa de no prorrogar el contrato de arrendamiento que vence en el próximo noviembre.


El senador Rafael Pardo, ex ministro de Defensa y candidato a sustituir al presidente Uribe, declaró que con este paso, “Colombia perderá soberanía y se convertirá en una base de operaciones, una especie de portaviones, contra los países vecinos”.


Ciertamente que el gobierno colombiano ha realizado enormes sacrificios para concluir el Tratado de Libre Comercio. Si los congresistas estadounidenses no lo acaban de aprobar, pasarán a la historia como unos malagradecidos.

Hedelberto López Blanch
Rebelión
 

Publicado enColombia