El diputado Edgar Zambrano, de Acción Democrática, fue liberado. Imagen: EFE

El chavismo y un sector de la oposición firmaron un pacto de cinco puntos y establecieron la Mesa de Diálogo Nacional. 

 

El gobierno y un sector de la oposición firmaron un acuerdo de cinco puntos y establecieron la Mesa de Diálogo Nacional. El hecho vino a modificar los ritmos y posibles desembocaduras del conflicto, en un escenario donde el principal espacio de diálogo, mediado por Noruega, había quedado congelado. La reacción generalizada ante las cámaras enfocadas en la firma fue de sorpresa: no formaba parte de las piezas previstas en el escenario de juego.

 En las úlitimas horas ocurrió el primer avance en el marco del pacto: fue liberado el diputado y vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano, perteneciente al partido Acción Democrática, quien había sido detenido por haber participado en la acción militar del 30 de abril. El parlamentario opositor deberá presentarse cada 30 días ante los tribunales.

La actuación del gobierno fue en unidad. El chavismo, como acostumbra en estos escenarios, no dejó evidenciar ninguna diferencia ante lo que presentó como un logro central en medio de una escalada de varios frentes, en principal el de la frontera colombiana y el diplomático.

El acuerdo fue ratificado y defendido ante cámaras por cuatro formaciones políticas: los partidos MAS, Cambiemos, Soluciones para Venezuela, y Avanzada Progresista. Las fuerzas de la oposición consideradas mayoritarias, como Voluntad Popular, Se sumó también  Javier Bertucchi, ex candidato a la presidencia. Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, rechazaron el acuerdo firmado. 

Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) brindó declaraciones en simultáneo con la firma televisada. Allí dio por terminado el espacio iniciado bajo mediación de Noruega -reunido primero en Oslo, luego en Barbados- culpó al gobierno de la imposibilidad de llegar a un acuerdo y minimizó a los sectores opositores firmantes, descartando que eso pudiera ser una posible solución.

Los cinco puntos del acuerdo, a desarrollarse, fueron: la reincorporación de los diputados del chavismo a la AN, la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), trabajar con el sistema de justicia para abordar la situación de los políticos detenidos para aplicar medidas de libertad en los casos que lo permitan, el rechazo a las sanciones económicas norteamericanas, la defensa de la Guyana Esequiba -territorio en disputa internacional- y la aplicación de un programa de intercambio de petróleo por alimentos.

La instalación de la Mesa de Diálogo Nacional deja así entrever la posibilidad de una salida electoral, marcada centralmente por la renovación del CNE, una petición siempre sobre la mesa por parte de la oposición. Sostiene a su vez el intento por salir del choque de poderes estatales marcado por la situación del legislativo, así como el consenso acerca del rechazo al bloqueo internacional que impide una recuperación y normalización económica.

Los puntos negociados evidencian una diferencia con el planteamiento de sectores opositores ausentes, que han defendido la necesidad de las sanciones norteamericanas para forzar al gobierno a una negociación en posición desfavorable, y se han opuesto a una resolución que no tenga como punto inicial la salida de Nicolás Maduro antes mismo de realizar elecciones presidenciales de las cuales, sostienen, no podría participar.

Esas posiciones no son a su vez homogéneas: fuerzas políticas como Acción Democrática se han mostrado favorables a un posible escenario electoral, pero no forman parte del acuerdo firmado, otros han sostenido toda salida por las urnas es inviable y debe ser por la fuerza -como Antonio Ledezma o María Corina Machado- y partidos como Primero Justicia, han mantenido posiciones oscilantes.

La apuesta del acuerdo firmado parece ser el de, además de lograr los puntos de avance anunciados, traccionar a aquellos sectores que están contra una salida violenta con intervención extranjera, y podrían acordar con una posición intermedia.

La cuestión de la resolución nacional y pacífica del conflicto quedó subrayada durante el acuerdo y en declaraciones posteriores. Se trata de una toma de posición en un escenario marcado por tres hechos recientes que indican el avance de las líneas que buscan la maniobra violenta para quebrar la correlación de fuerzas a su favor.

El primero ha sido la denuncia por parte del gobierno de la amenaza de una acción de falsa bandera preparada desde Colombia para provocar una escalada con aceleramiento de tiempos y choques. El segundo, fue la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que será debatido entre los cancilleres de países firmantes en los días de la Asamblea General de Naciones Unidas. En cuanto al tercero se trató de la nueva confirmación, a través de fotografías y testimonios, de la vinculación de Guaidó con sectores del paramilitarismo colombiano.

Todavía resulta temprano saber cómo se darán los próximos pasos, cómo será la posible reincorporación de los diputados del chavismo a la AN, qué se intentará desde esa instancia declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, o cómo será la renovación del CNE.

En ese marco la respuesta de Estados Unidos fue doble. En primer lugar, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones a dieciséis empresas vinculadas a Venezuela. En segundo lugar, el Departamento de Estado emitió un comunicado donde acusó al gobierno de ser responsable del fracaso de los diálogos, ratificó que no quitará el bloqueo hasta tanto Maduro no deje la presidencia, y subrayó la invocación del TIAR para “facilitar más acciones colectivas”.

Con este nuevo escenario el gobierno ha tomado un paso de iniciativa en acuerdo con sectores opositores que fueron inmediatamente calificados de traidores por las otras fuerzas de la derecha. Queda por ver, entre otras cosas, si logrará traccionar a más partidos, y si la propuesta reunirá un consenso suficiente, nacional e internacional, para abrir las puertas de posibles elecciones que serían, según indican repetidas declaraciones de Maduro, legislativas. 

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Sábado, 14 Septiembre 2019 06:17

Guaidó estuvo reunido con paramilitares

Guaidó estuvo reunido con paramilitares

La pertenencia de los individuos al grupo paramilitar fue aportada por una organización de DD.HH. y confirmada por la prensa y la justicia colombiana.

 

Las fotografías de Juan Guaidó junto a dos dirigentes del grupo paramilitar Los Rastrojos no pudieron ser negadas. Allí está el autoproclamado presidente abrazado y sonriente junto a dos hombres -uno de los cuales porta una pistola en la cintura- con la misma ropa con la cual cruzó de Venezuela a la ciudad de Cúcuta, Colombia, el 22 de febrero para asistir a lo que debía ser el gran concierto seguido del intento de ingreso por la fuerza a territorio venezolana el día 23.

La pertenencia de los individuos al grupo paramilitar fue aportada por una organización de derechos humanos, confirmada por recortes de periódicos, y por los informes de la justicia colombiana.

 “La banda Los Rastrojos es una de las organizaciones más peligrosas de Colombia dedicadas al narcotráfico, sicariato, secuestro, extorsión y reclutamiento de menores. En la frontera se concentran para el contrabando de extracción desde Venezuela hasta el país neogranadino, especialmente contrabando de combustible para el procesamiento de cocaína”, informó el ministro de interior, justicia y paz de Venezuela, Néstor Reverol.

Gustavo Petro, candidato a presidente en las últimas elecciones presidenciales de Colombia, aportó otros datos para caracterizar a Los Rastrojos: “Tienen una casa de pique para descuartizamiento de seres humanos, en Puerto Santander”.

Fue justamente por Puerto Santander que Guaidó ingresó el 22 a territorio colombiano: “los paramilitares le brindaron seguridad y custodia en el traslado, desde La Palmita en Táchira (Venezuela) hasta Puerto Santander, las comunidades fueron sometidas a toque de queda paramilitar para que no fuera visto”, informó Reverol.

El ministro aportó más fotografías de Guaidó junto a miembros de Los Rastrojos, una de las principales organizaciones paramilitares de Colombia contra la cual el gobierno venezolano ya había actuado en dos oportunidades en territorio propio.

La primera vez fue en el 2012 al detener a uno de sus líderes fundadores Diego Pérez Henao -alias Diego Rastrojo- en Barinas en el año 2012, quien fue luego deportado a Colombia. La segunda oportunidad ocurrió el 23 de marzo de este año, al detener en la ciudad de Valencia a Wilfredo De Jesús Torres Gómez -alias Neco- jefe de Los Rastrojos con alerta azul de Interpol por sicariato.

La detención de Neco había sido informada por el ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, quien lo asoció con las estructuras paramilitares y mercenarias introducidas por la derecha venezolana en el país para realizar acciones terroristas en el marco del intento de derrocamiento de Nicolás Maduro. Su detención se logró gracias a, había informado Rodríguez, la información encontrada en el celular de Roberto Marrero, mano de derecha de Guaidó, perteneciente a su partido, Voluntad Popular.

La aparición de las fotografías vino a poner en imágenes lo que muchas veces denunció el gobierno en el país, así como ámbitos internacionales como la Organización de Naciones Unidas: la existencia de una trama oculta ligada al paramilitarismo, grupos mercenarios, con la finalidad de realizar un proceso de guerra no declarada para lograr la salida por la fuerza del gobierno venezolano.

Guaidó respondió: “a mí me piden miles de fotos”, como único argumento para intentar demostrar que no sabía con quiénes se estaba fotografiando ese día.

La aparición de las fotografías también implicó al gobierno de Iván Duque, anfitrión del evento en Cúcuta y de las maniobras que fueron realizadas el 23 para intentar el ingreso por la fuerza a territorio venezolano bajo argumento de querer ingresar ayuda humanitaria. 

Duque, luego de guardar silencio, afirmó: “nosotros facilitamos su ingreso a territorio colombiano...más allá de si hay foto o si no hay foto, de si saludó o no saludó a muchas personas con afecto, porque muchas personas lo saludan con aprecio y con afecto, lo que quiero resaltar es quién es él, él es un titán, un héroe que está luchando por la democracia en su país”.

Las fotos no dejan lugar a dudas: Guaidó se abraza con cuatro dirigentes de Los Rastrojos. No da explicación al respecto. Aún así su discurso, así como el de varios dirigentes de oposición, fue el de continuar acusando al gobierno de Maduro de encubrir a grupos guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares. Esa acusación será llevada por Duque a la Asamblea General de Naciones Unidas.

La noticia se produce en un momento de alta tensión entre el gobierno venezolano y el de Colombia Nicolás Maduro ha declarado la alerta naranja, desplegado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y denunciado de que desde el gobierno de Duque se prepara una acción de falsa bandera para aumentar la escalada que podría abrir a un escenario de guerra declarada. 

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Viernes, 13 Septiembre 2019 06:01

Asfixiar al ahogado

Para conseguir una garrafa de gas muchas veces es necesario recorrer a pie grandes distancias / Foto: Afp, Yuri Cortez

Un vistazo a la economía venezolana de los últimos años indica que, lejos de ser la razón de la crisis actual, las sanciones sirven de excusa al gobierno de Maduro para desviar la atención de sus graves errores. Al mismo tiempo, complican aun más el ya difícil acceso de los venezolanos a medicinas y alimentos.

Venezuela tiene actualmente la crisis más severa en la historia de América y una de las más destructivas en la historia del capitalismo. Las estimaciones más moderadas calculan la caída del Pbi, para el período comprendido entre 2013 y el primer trimestre de 2019, en alrededor de 60 por ciento. Una destrucción sin precedentes. Para tener una idea, entre 1939 y 1943 la Polonia devastada por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial sufrió, según historiadores como el británico Mark Mazower, una contracción del 43 por ciento del Pbi. En medio de este hórrido panorama, se yerguen una serie de sanciones financieras y económicas, impulsadas por Donald Trump, que buscan atizar los efectos de la crisis hasta el extremo y completar la tarea de devastación.

Por motivos de espacio no se podrá detallar el complejo devenir de la crisis venezolana, la totalidad de sus razones y causas, ni ver en profundidad la ristra de sanciones y asfixias económicas que Estados Unidos ha impuesto con inusual ferocidad al país caribeño.1 Ahora se buscará, más bien, explicar las principales interrogantes que este tema suscita: ¿La crisis de Venezuela se debe a las sanciones? ¿Cómo afectan estas a la población venezolana? ¿Son útiles para impulsar el cambio político en el país? Veamos.

EL AUGE Y DESPLOME DEL CHAVISMO Y LA CRISIS RENTÍSTICA.

En 1998 el chavismo surge como alternativa política con base en un discurso nacionalista que retrotrae al imaginario de la Gran Venezuela, de los tiempos de Carlos Andrés Pérez. Con una retórica popular y patriótica, el proyecto bolivariano se vendía como una esperanza de regreso a los años de esplendor de la economía.

El período dorado del gobierno bolivariano fue entre 2004 y 2008. La primera crisis puramente económica (la crisis de 2002-2003 fue completamente política) se desarrolló entre 2009 y 2010, motivada por la caída en los precios del petróleo como efecto de la crisis mundial de 2008 y por una gestión económica que no ahorró durante los tiempos de bonanza rentística. En 2014 y 2015 el precio del petróleo empezó a caer otra vez. El ritmo incrementado de gastos del gobierno y la hipertrofia en las importaciones hicieron que precios del petróleo cinco o seis veces más altos que los observados a inicios de la década del 2000 –según cifras de 2016 del Banco Central de Venezuela (Bcv)– luzcan ahora como “pequeños”. En 2014 y 2015 empezó la contracción de las importaciones, la caída en la oferta de bienes y servicios, y comenzaron a reflejarse los resultados de un proceso de desindustrializaciónque, en favor de un entusiasmo importador, llegó a traer leche líquida, cemento, gasolina, plástico, e incluso obreros (desde China) para construir viviendas.

La caída estrepitosa de la producción y de la productividad hizo más patente la escasez de bienes, con lo que se agudizó el incremento en sus precios. La enorme impresión de dinero inorgánico, componente útil para la expansión del gasto y la cobertura de déficits fiscales, se vio reflejada en un aumento de la base monetaria en más de 125 mil por ciento (desde enero de 1999 a enero de 2017). Todo ello incrementó, para 2015, las tasas de inflación a casi el doble de las más altas de la historia del país, registradas en 1996. En Venezuela, apenas acaece un descenso de la renta, parece inhibirse la producción agrícola e industrial y tiende a diluirse el salario, como bien lo explica el estudioso del sector petrolero venezolano y ex representante de los gobiernos chavistas ante la Opep, Bernard Mommer, en su libro Petróleo global y Estado nacional.

LA CRISIS: HIPERINFLACIÓN, FUGA DE CAPITALES Y DESTRUCCIÓN ECONÓMICA.

Por quinto año consecutivo, según la Asamblea Nacional (AN), el país exhibirá la inflación más alta del mundo, estimada por la AN, ya para 2018, en 1.698.488,2 por ciento. Aunque puede considerarse la estimación de la AN como exagerada, la cifra oficial para el año pasado ofrecida por el Bcv –130.060 por ciento– parece quedarse muy corta debido a que la metodología empleada subestima los precios de muchos bienes, al tomar sólo las versiones “reguladas” por el gobierno nacional.

Según la Comisión de Finanzas de la AN, la economía se contrajo en un impresionante 50,61 por ciento en el breve período que va desde 2013 hasta 2018. La estimación oficial del Bcv no se queda muy lejos de esa cifra y ubica la contracción en un 47,7 por ciento. El colapso es innegable. El valor del dólar paralelo (que sirve para fijar casi todos los precios de la economía) se incrementó en más de 88 mil por ciento en 2018, lo que ha desintegrado por completo el poder adquisitivo. El salario real medido en divisas descendió, en el período 2013-2018, un 95 por ciento.

El corazón del asunto de la crisis estriba en la vertiginosa exportación de la renta petrolera ingresada al país. Ello se realizó a través de una hipertrofia importadora y de una fuga de capitales vigorosa. Las importaciones entre 2003 y 2012 se multiplicaron por cuatro veces y media, y la fuga de capital se conjetura en alrededor de 600.000 millones de dólares si consideramos bajo ese concepto las importaciones fraudulentas. Si vamos a los términos de intercambios aplicados a las exportaciones no petroleras, podemos ver que el precio pagado por cada quilogramo exportado de mercancías subió en apenas 11 por ciento en el período 1998-2014, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (Ine), lo que no justifica un aumento tan fuerte en los precios de las importaciones.

¿SON LAS SANCIONES CULPABLES DEL COLAPSO ECONÓMICO?

El profundo colapso económico en que está sumido el país no tiene nada que ver con las sanciones. Como ya se ha explicado, la crisis estalló en 2014, varios años antes de las primeras sanciones económicas de importancia. Desde el año 2004 se han venido llevando a cabo políticas que facilitaron e incentivaron la exportación de la renta petrolera. Puntualmente, la sobrevaluación de la moneda, la expansión importadora estatal y privada, la fuga de capitales a través de elementos financieros y la tríada endeudamiento externo-sobrefacturación importadora-sobreprecios en la importación. Todo ello condujo a la destrucción del aparato productivo tanto industrial como agrícola, ya que una importación artificialmente barata hacía imposible que la producción a nivel nacional fuese rentable. Así las cosas, la producción y la productividad cayeron en picada tan temprano como 2009. Otro auge petrolero permitió entonces estirar la dilapidación rentística de capital, gracias a que el precio del petróleo subió a niveles nunca antes vistos. Pero ya en 2013 la crisis que se estaba gestando era muy grande y el endeudamiento externo muy severo y costoso. La caída en el precio del petróleo y la disminución en el ritmo de su extracción (por la falta de inversiones en el mantenimiento industrial de esa actividad) evidenciaron que el modelo era insostenible. En 2014 aún se estaba a tiempo para frenar esa avalancha, pero, a falta de renta petrolera para mantener el gasto hipertrofiado, se recurrió a la emisión excesiva de dinero inorgánico para tratar de dar la impresión de que el Estado podía gastar más, aún cuando la sociedad producía menos. Con esas gestas vino la hiperinflación y la producción intensificó su caída. De nuevo, todo ello sucedía al margen de las primeras sanciones de cierta importancia, que llegaron en agosto de 2017.

¿AFECTAN LAS SANCIONES A LA POBLACIÓN VENEZOLANA?

Para setiembre de 2019 las sanciones han alcanzado su punto más alto, luego de su acumulación importante sobre diversos sectores, desde el armamentístico hasta el petrolero, pasando por las finanzas y la economía. El verdadero efecto de las sanciones económicas recién está manifestándose, ya que las sanciones financieras de agosto de 2017 sólo habían venido a refrendar legalmente una imposibilidad cierta: nadie desea adquirir bonos de Venezuela y de Pdvsa, y los tenedores actuales se niegan a negociar una reestructuración. El impacto real arrancó con las sanciones económicas de finales de 2018, mientras que las sanciones petroleras (sin dudas las más fuertes y destructivas de todas) apenas se han iniciado en enero de 2019 (contaron, además, con “licencias generales”, emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ofrecieron ciertas excepciones hasta mediados de julio de 2019). Por ende, el real efecto de estas vigorosas sanciones recién está asomando su rostro, con consecuencias considerables, pero lejos de ser la razón de la crisis.

Los connotados economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs argumentan, en su trabajo para el Centro de Investigación en Economía y Política (Cepr), de Washington, “Sanciones económicas como castigo colectivo: el caso de Venezuela” (abril de 2019), que, gracias a esas medidas de Estados Unidos, Venezuela ha perdido el crédito internacional necesario para su desarrollo. El asunto es que la gravedad de los problemas económicos ya habían alejado a los prestamistas internacionales, que desde 2016 ven imposible que Venezuela pueda cancelar sus compromisos de deuda. Así las cosas, desde hace casi cuatro años el Banco de Desarrollo Chino no le presta más a Venezuela, tampoco el Banco de Asia.

El “embargo” de Citgo2 es gravísimo, pero no es la causa de la caída en la producción de petróleo, como de alguna manera aseveran Weisbrot y Sachs. Si bien Citgo llegó a comercializar, en tiempos relativamente recientes, hasta 580 mil barriles diarios de Pdvsa, las cantidades que esta ya no puede enviar a Citgo se pueden colocar en otros mercados. Los diluentes y el petróleo liviano también se pueden adquirir en otros espacios (aunque a un precio mucho mayor, lo que reduce el beneficio). Lo cierto es que este “embargo” no puede justificar la caída de alrededor del 70 por ciento en la producción petrolera venezolana ocurrido entre 2008 y 2019. Dicha caída se puede apreciar como un tobogán que arranca ya en 2009, como lo señalan en un trabajo conjunto el economista y ex ministro de Planeamiento de Venezuela Ricardo Hausmann y el investigador Frank Muci (Americas Quarterly, 2-V-19), casi nueve años antes de las sanciones petroleras. De hecho, ya para 2016 y según el Atlas de Complejidad Económica (Oec), la exportación de petróleo crudo había caído un imponente 68 por ciento. La caída en la producción petrolera tiene múltiples factores causales por completo ajenos a las medidas de reciente data contra Pdvsa. Entre ellos, la reducida inversión efectiva, la escasez de fuerza de trabajo calificada generada por los bajísimos salarios, la enorme corrupción en los manejos de la empresa, el insuficiente ingreso interno al “regalar”la gasolina, expropiaciones y problemas con transnacionales contratistas y el endeudamiento exagerado para captar divisas, que posteriormente eran regaladas en el mercado interno a un precio irrisorio.

¿CÓMO INFLUYEN LAS SANCIONES EN LA CRISIS?

De 2014 a 2016 la economía se había desplomado ya en casi 25 por ciento –según el informe de marzo de 2017 de la consultora económica venezolana Ecoanalítica– al sufrir, por primera vez en su historia, una caída sostenida de 12 trimestres. Las sanciones financieras irrumpieron recién en agosto de 2017. En los primeros dos trimestres de ese año, la economía había disminuido en alrededor de un 8 por ciento adicional. Por tanto, cuando las sanciones ingresaron al escenario financiero, la economía ya estaba en una gravísima senda de destrucción acumulada.

Ahora bien, como dice el director de política internacional del Cepr, Alexander Main, las sanciones “incrementan” el sufrimiento del pueblo venezolano (Nacla, 17-V-18). Estas sanciones encarecen y dificultan la importación de alimentos y materias primas. De hecho, imposibilitan los procesos necesarios para que empresas estatales o privadas puedan generar divisas con las que adquirir medicinas y alimentos.

Según una extensa investigación realizada en 2017 por el entonces investigador de la Universidad de Mánchester Dylan O’Driscoll, en la mayoría de los casos las sanciones no alcanzan el resultado deseado, y cuando se combinan con el sufrimiento humano que provocan, a menudo pueden ser comparables a intervenciones armadas, aunque sin la misma “tasa de éxito” a nivel de cambios de régimen. En otro estudio, publicado en 2015 en el European Journal of Political Economy por Matthias Neuenkirch y Florian Neumeier, se ha comprobado que en 67 países sancionados entre 1976 y 2012, las sanciones han tenido un impacto muy severo en el crecimiento económico. El impacto observado ronda, en promedio, un 2 por ciento de caída del Pbi per cápita interanual.

¿LAS SANCIONES SON DETERMINANTES PARA EL CAMBIO POLÍTICO?

Como explica el estudio Targeting autocrats: Economic sanctions and regime change, del profesor de economía internacional de la Universidad de Lucerna Manuel Oechslin, en el que se examinó países sancionados entre los años 1914 y 2000, sólo en el 21 por ciento de los casos las sanciones colaboraron en provocar una transición de gobierno. En el 65 por ciento de los casos las sanciones fueron abandonadas sin apenas conseguir sus objetivos. Aún el 14 por ciento de esas naciones seguía teniendo sanciones sobre sus espaldas en el año 2000, sin producir cambio político alguno.

Las sanciones son ideológicamente muy útiles a los gobiernos que las sufren. Al ser, en efecto, medidas que buscan destruir la economía del país afectado, asfixiarlo económicamente, sirven de excusas geniales para culpabilizar al “enemigo externo” de los propios errores locales. Ello permite moralizar a las bases de adeptos y victimizar al gobierno local, que empieza a gastar ingentes recursos en propaganda contraria a las sanciones.

Además, al incrementar notablemente las limitaciones para importar y conseguir alimentos, las sanciones potencian en muchos casos la efectividad moral y material de los programas de asistencia social clientelares del gobierno sancionado. En situaciones de miseria como la actual, la caja de alimentos que reparte el gobierno venezolano mediante comités chavistas de abastecimiento (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), mayoritariamente distribuida con criterios políticos, ha pasado a ser mucho más importante que el salario, al que incluso ha llegado a superar por ocho veces. Las sanciones potencian, así, la efectividad clientelar de una dádiva que en la actual situación de pobreza extrema es, prácticamente, el único sustento de muchos.

13 septiembre, 2019

* Economista, magister scientiarum en ingeniería industrial y director del Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela (Cifo).

  1.   He realizado dicho trabajo en extenso en Impacto y naturaleza real de las sanciones económicas impuestas a Venezuela, Provea, 2019.
  2.            Empresa estatal venezolana con sede en Estados Unidos, dedicada a refinar petróleo y a comercializar allí sus derivados (N de E).
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Viernes, 13 Septiembre 2019 05:52

Boris el bárbaro

Unión Europea por Ombú.

A pedido del primer ministro Boris Johnson, la reina Isabel II anunció a fines de agosto la suspensión temporal del parlamento británico. Sin el contralor de otros poderes, el mandatario intenta acelerar el rumbo a un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea, aunque eso lleve al paroxismo las fracturas internas de Reino Unido. El atolladero político que terminó en los últimos meses con el mandato de Theresa May enfrenta ahora a Johnson con una salida incierta: la prevaricación, la renuncia o incluso la cárcel.

 

Hace tres años, cuando Boris Johnson, por entonces alcalde de Londres, se colocó a la cabeza de la campaña por el Brexit –la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE)–, uno de sus principales argumentos de campaña fue que las instituciones regionales le pasaban por arriba al parlamento británico y no respetaban la soberanía del país para decidir sus políticas. Dos meses después de asumir el gobierno y la jefatura del Partido Conservador, tras la renuncia de su predecesora, Theresa May, el rubio tory nacido en Nueva York se convirtió en el primer gobernante de su país en suspender, con la anuencia de la reina, por más de un mes ese mismo parlamento, para que no le pusiera palos en la rueda a su proyecto de salida no negociada de la UE. No es esta la única paradoja de Johnson, observó un editorialista del diario The Guardian: gran defensor de la unidad territorial de Reino Unido, el actual primer ministro está poniendo en peligro, con su plan de ruptura “salvaje” con la UE (sin acuerdo con Bruselas), esa misma unidad por las reacciones que está levantando en Escocia e Irlanda. “Si hace seis meses –escribió por su lado el politólogo y dirigente político español Juan Carlos Monedero– alguien hubiera afirmado que Inglaterra iba a tener una crisis política y territorial más grave que la de España, nadie le habría creído.” Pero en ese punto están precisamente las cosas en el corazón del antiguo imperio.

DERROTAS.

En el espacio de apenas una semana, el camino de Johnson hacia un Brexit duro ha estado empedrado con una serie de derrotas parlamentarias. Seis, más concretamente. La más dura que sufrió fue el fracaso de su plan de adelantar las elecciones en vistas de unos sondeos que lo presentan como claro favorito. Johnson levanta cada vez más resistencias en el aparato de su partido, pero si la elección se hiciera en octubre –como era la intención del gobernante– y las encuestas se confirmaran, los conservadores les ganarían a los laboristas por una diferencia cercana a los 15 puntos. Johnson levanta cada vez más resistencias en el aparato tory, pero su liderazgo –construido con base en postulados y discursos muy similares a los de Donald Trump en Estados Unidos– le ha permitido llegar a amplios sectores populares que lo ven poco menos que como un redentor. El no al adelanto a la consulta fue votado no sólo por toda la oposición, sino por 21 diputados conservadores. Ipso facto, Johnson los expulsó del partido. Otros legisladores tories anunciaron a su vez que no volverán a ser candidatos por una formación política que se está volcando cada vez más hacia la extrema derecha y dos ministros renunciaron al gabinete, entre ellos, Jo Johnson, hermano de Boris. En Escocia, Ruth Davidson, bajo cuyo liderazgo los conservadores desplazaron a los laboristas al tercer lugar en el parlamento local, renunció a la presidencia del partido en rechazo al Brexit “salvaje” promovido por el primer ministro.

¿A LA CÁRCEL?

Justo antes de entrar en receso, esta semana, la Cámara de los Comunes votó además una ley que obligará a Johnson a pedir a la UE una prórroga de tres meses para llegar a un desacople “amigable” de Reino Unido de las estructuras regionales, que vence el 31 de octubre. Johnson pretendía tener las manos libres para manejarse hasta entonces sin control parlamentario y, llegado el caso, irse de la UE a fin del mes próximo a como diera lugar, con o sin acuerdo. De ahí su decisión de suspender el funcionamiento de la cámara por seis semanas, hasta el 14 de octubre. Antes de su última derrota parlamentaria, el primer ministro advirtió en dirección a los diputados: “No voy a pedir otra postergación a la UE. Si el parlamento quiere hacerlo, tiene que convocar a elecciones para que el pueblo decida”. Pero los comunes le negaron la posibilidad de convocar a una elección anticipada y lo forzaron a pedir una nueva prórroga para concretar el Brexit, hasta el 31 de enero de 2020. “Nadie está por encima de la ley”, le recordó al primer ministro Caroline Goodwin, presidenta de la Asociación Legal Penal, cuando este ratificó que está decidido a ir “hasta el final” con tal de “hacer respetar la voluntad popular de romper con la UE cuanto antes”. Nigel Evans, referente de los partidarios del Brexit duro dentro del Partido Conservador, dijo que “existen al menos 20 maneras de eludir una ley” y que Johnson “sólo debería optar por alguna de ellas” para no acatar la norma recién votada.

Otro Nigel, Farage, líder ultraderechista del Partido del Brexit, que en las elecciones para el Parlamento Europeo de mayo pasado resultó ser la más votada de las formaciones políticas británicas, con casi 32 por ciento, afirmó, a su vez, que si el primer ministro no respeta sus promesas de salir de la UE, ahora y a cualquier precio, perderá “seguramente las próximas elecciones”, se realicen cuando se realicen. Una de las “20 posibles maneras de eludir la ley” que manejan los asesores de Johnson es enviar dos cartas a la UE: una en la que se solicite una prórroga del plazo de concreción del Brexit, como forma de acatar lo dispuesto por la Cámara de los comunes, y una segunda, inmediatamente después, en la que se anule ese mismo pedido y se advierta a Bruselas que pondrá todo tipo de trabas al funcionamiento normal de los órganos de la UE, con el objetivo de que sea esta la que diga “así no” y se avenga a una salida no pactada de Reino Unido. Si se decantara por esta “burla” a la voluntad del parlamento, dijo el dirigente nacionalista de Gales Adam Price, Johnson se estaría exponiendo a la posibilidad de un juicio político que bien podría perder e incluso a ir a la cárcel. Algo similar manifestaron los principales dirigentes laboristas e incluso algunos conservadores.

AL SUPREMO.

El miércoles 11 al primer ministro se le complicaron aun más las cosas: el Alto Tribunal de Escocia consideró nula la suspensión del funcionamiento del parlamento y dio la razón así a los casi 80 legisladores que habían denunciado como ilegal esa decisión. “Se trataría, sin ninguna duda, de un acto ilegal si su propósito fuera bloquear el debido control del parlamento sobre el ejecutivo, la columna central del principio de buen gobierno consagrado por la Constitución”, afirma la sentencia. Y agrega: “Las circunstancias en las que se produjo el consejo del primer ministro a la reina y el contenido de los documentos (que fundamentaron ese consejo) demuestran que esa fue la razón verdadera de la suspensión”.

Apenas conocido el fallo, el laborismo y los nacionalistas escoceses reclamaron que el parlamento volviera de inmediato a ser convocado. Pero por ahora no será el caso. Unos días antes de la sentencia de la justicia de Edimburgo se había conocido otra, del Alto Tribunal de Inglaterra y Gales, que iba en sentido totalmente contrario: reconocía la legitimidad de la disposición del ejecutivo.

Será entonces el Tribunal Supremo el que decidirá las cosas, al parecer, el martes 17.

TERRITORIOS.

“La historia del Brexit no termina si el Reino Unido sale de la UE el 31 de octubre o incluso si lo hace el 31 de enero”, le dijo el también conservador primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, a Boris Johnson el lunes 9 en Dublín. “Si no hay acuerdo, tendremos que volver a la mesa de negociaciones y hablar de los mismos temas: los derechos de los ciudadanos de ambas partes, el pago de las deudas pendientes y la frontera irlandesa, todos temas que habíamos resuelto con su predecesora, Theresa May. Pero, incluso con acuerdo, el tratado posterior para determinar cómo será la relación entre Reino Unido y la UE va a ser complejo, porque habrá que lidiar con aranceles, derechos pesqueros, estandarización de los productos y ayuda estatal”, agregó.

La República de Irlanda está entre los países que más pueden perder en caso de un Brexit duro. Es un país clave, dice el corresponsal de Página 12 en Londres Marcelo Justo, “porque la gran causa que unifica a la alianza de pro‑Brexit moderados y extremistas que conforman el gobierno es el llamado ‘backstop’ que firmaron Theresa May y la UE el pasado noviembre”. Y explica: “El backstop es un mecanismo a aplicar en caso de que Irlanda del Norte (parte de Reino Unido) y la República de Irlanda (miembro de la UE) no logren encontrar los medios para evitar la erección de una frontera terrestre visible con aduanas, chequeos y puestos de vigilancia. En este caso, Reino Unido permanecería en la Unión Aduanera con la UE e Irlanda del Norte, además, formaría parte del mercado único europeo hasta que se encontrara la manera de tener una frontera invisible que controle la circulación de mercancías y personas. Para los pro‑Brexit esto equivale a una renuncia a la soberanía británica, una partición de Reino Unido y una traición al referendo de 2016”.

Al problema irlandés se le puede sumar el escocés. Cuando se votó el Brexit, hace tres años, en Escocia hubo una clara mayoría en favor de la permanencia en la UE. Las tensiones entre los nacionalistas escoceses, hoy hegemónicos en su país, y Londres y los nacionalistas ingleses han ido creciendo desde entonces y podría plantearse, a término, la posibilidad de un nuevo referéndum sobre la pertenencia de Escocia al reino. “No es casual que los primeros recursos jurídicos contra las decisiones de Johnson se hayan producido en Escocia e Irlanda del Norte. El rechazo a las elites políticas y la frustración manifestada en relación con la UE en Gran Bretaña se inscriben en el marco de un auge del nacionalismo inglés y del deseo de revancha de Inglaterra. Segmentos importantes del electorado de esta nación, que es, sin embargo, dominante en el seno de Reino Unido, se sienten ignorados, despreciados y cultivan cierto resentimiento por Escocia”, apunta Emmanuelle Avril, coautora del libro ¿Adónde va Reino Unido?, en una entrevista con el portal francés Mediapart (29‑VIII‑19). Johnson está, de hecho, provocando el estallido de todas las costuras del reino –institucionales, territoriales– y acentuando sus fracturas, piensa Avril.

¿SALIDAS?

Como a su mayor ídolo, Donald Trump, al gobernante británico no se le reconocen grandes dotes de ajedrecista o fino maniobrero político, de esas que se necesitarían para salir del atolladero en que está. Muchas salidas, en verdad, no tiene. Andrew Rawnsley, analista político del diario The Observer, afirmó el domingo 8 que una de las más realistas es la renuncia pura y simple en los próximos días. Obligaría al laborismo liderado por el socialista Jeremy Corbyn y al ala moderada de los conservadores a formar un gobierno provisorio para negociar con la UE, antes de convocar a unas nuevas elecciones, en las que él podría moverse con más soltura. Ese panorama, apunta Marcelo Justo, “le permitiría a Johnson acudir a las elecciones como Míster Brexit y portavoz de los 17 millones de leavers (los partidarios del Leave, el abandono de la UE, en el referéndum de 2016) frente al parlamento y el establishment, una figura trumpiana que recurriría a la guerra cultural y a los mismos métodos del presidente estadounidense”.

Enfrente, los laboristas se preguntan sobre el camino a seguir. El partido está dividido entre quienes promueven que se haga un nuevo referéndum y defender claramente en él la pertenencia a la UE y quienes prefieren ceñirse al resultado de 2016 y acordar con Bruselas un “buen plan de salida”. Corbyn dijo que, en el caso de que el laborismo llegara al gobierno, primero negociaría con la UE y luego convocaría a un referéndum para decidir entre aprobar ese acuerdo de “divorcio amigable” y permanecer en el bloque. Entre el domingo 21 y el miércoles 25 el laborismo hará su congreso anual y este será uno de sus puntos centrales. La ambigüedad que mostró en el referéndum de 2016 (un tercio de sus votantes apoyó el Leave, mientras que la mayor parte de la bancada parlamentaria convocó a respaldar la permanencia en la UE) le costó caro al partido en elecciones posteriores.

El Brexit duro es la única opción que los laboristas descartan por completo, y por allí le pegan a Boris Johnson. Obligado por el parlamento, el gobierno difundió el miércoles partes de un documento secreto que muestra cómo una salida “inamistosa” de la UE perjudicaría sobre todo a los sectores populares, al encarecer el precio de los alimentos y el combustible, y provocar un desabastecimiento en medicinas y productos médicos. Desde esa perspectiva, el gobierno prevé que se produzcan “protestas y contraprotestas” masivas y un aumento del gasto en seguridad. “El Brexit duro es la apuesta de los más ricos. Como Trump, en Estados Unidos, Johnson se viste con ropajes populares para defender a los más privilegiados”, dijo Corbyn ayer, jueves.

Por Pablo Pozzolo

13 septiembre, 2019

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El gobierno cubano espera que a finales de mes se normalice la venta de diésel en Cuba; mientras, la población hace largas filas para conseguir el combustible.Foto Afp

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, llamó a una mayor "austeridad y ahorro" ante una crisis de combustible que afectará el transporte, la distribución de mercancías y la generación eléctrica y de la cual culpó a Estados Unidos.

"Es una situación coyuntural" por "baja disponibilidad de diésel" debido a la "gran escalada" de la administración de Donald Trump, "que se empeña en evitar la llegada de combustible a Cuba", indicó el mandatario la noche del miércoles en una comparecencia televisada.

Díaz-Canel afirmó que desde el martes no llega combustible al país y que esa situación se mantendrá hasta mañana, cuando está previsto el arribo de un barco petrolero.

El gobierno espera que a finales de septiembre atraquen más buques con combustible y que la situación se normalice "relativamente" en octubre, cuando debería llegar a la isla el combustible previsto.

En los últimos meses, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a varias empresas por transportar petróleo venezolano a Cuba.

"El petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano, y no debería ser usado como herramienta de negociación para respaldar a dictadores y prolongar la opresión", sostuvo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado el pasado abril.

Venezuela es el principal proveedor de petróleo a Cuba y Estados Unidos acusa a la isla de ser sostén de su aliado, el presidente Nicolás Maduro.

Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de actuar "con mayor agresividad hacia Cuba para propiciar un estallido social y desmotivación de la población, y para arrancarnos concesiones políticas".

Asimismo, le reprochó haber "intimidado y presionado" a navieras y armadores para que desistan de transportar combustible a la isla.

Cuba tiene que importar 60 por ciento del combustible que consume, alrededor de 9 millones de toneladas anuales, y logra producir 40 por ciento a partir de un petróleo muy pesado, destinado a la generación eléctrica y producción de cemento.

Según el mandatario, esta crisis provocará afectaciones en la distribución de mercancías, aunque aclaró que "no de abasto", pues al país continúan llegando los barcos con alimentos y otras mercancías.

Cuba importa 80 por ciento de los alimentos que consume, en lo cual invierte unos 2 mil millones de dólares anuales. En los meses finales de 2018 y en los primeros de este año, sufrió desabasto de aceite, pollo, harina y otros alimentos.

El presidente, acompañado de tres ministros, declaró que la situación hay que afrontarla "sin sustos ni miedos".

La falta de combustible provocará restricciones al transporte público, algunas actividades productivas, así como la generación de electricidad.

Díaz-Canel trató de alejar el fantasma de la crisis de los años 90. "No estamos en periodo especial, y de la manera que hemos trabajado en estos años no debe conducirnos a algo similar", señaló.

En los próximos días, el gobierno anunciará medidas específicas de limitación en el transporte de pasajeros en ómnibus y ferrocarril, la adecuación de la jornada laboral a horarios que eviten la transportación masiva, y un ahorro de consumo de energía eléctrica para evitar "apagones".

El anuncio no tomó por sorpresa a los cubanos, que en los últimos días sufrieron la ausencia de diésel y la disminución del transporte público, al tiempo que ayer se reportaron largas filas en gasolineras y paradas de autobuses.

Censura en Twitter

Las autoridades de la isla y la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) denunciaron "censura" de Twitter tras la suspensión de decenas de cuentas de medios de comunicación, periodistas y organismos oficiales, pero la red social argumentó que tomó esta medida porque hubo violaciones a sus normas.

La tarde del miércoles, decenas de cuentas en Twitter de periodistas y medios cubanos fueron bloqueadas por la plataforma, minutos antes de que comenzara la comparecencia de Díaz-Canel para exponer de manera exhaustiva "las medidas económicas excepcionales, en respuesta al recrudecimiento de las acciones de guerra económica de Estados Unidos contra nuestro país", aseguró la UPEC.

"Exigimos que se restablezcan de inmediato las cuentas bloqueadas que, en ningún caso, han violado las políticas de Twitter, mientras la plataforma pisotea flagrantemente los derechos de los comunicadores, les impide ejercer su trabajo e intenta amordazar un suceso informativo de primer orden en nuestro país."

La UPEC consideró que esta acción es una "guerra cibernética para limitar la libertad de expresión de instituciones y ciudadanos cubanos, y silenciar a los líderes de la revolución".

Entre los medios bloqueados se encuentran: Cubadebate, con cerca de 300 mil seguidores en Twitter, la página digital del periódico Granma, y las cuentas de @MesaRedondaCuba, @RadioRebelde, @DominioCuba, @Cubaperiodistas y @CanalCaribe.

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 Imagen del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York la mañana del 11 de septiembre de 2001.Foto Ap

Nueva York. Ayer se conmemoró el 18 aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre, pero aunque los ritos solemnes anuales procedieron aquí y en el Pentágono, imperó la sombra de una Casa Blanca disfuncional que, además de las mentiras cotidianas, ha expulsado ya a un número sin precedente de sus más altos funcionarios desde que Donald Trump empezó su estancia.

El despido, según Trump, o renuncia, según John Bolton, de su asesor de Seguridad Nacional, es el tercero en ese puesto en menos de tres años. También han sido cesados –o huyeron– dos previos asesores de seguridad, dos jefes de gabinete, un secretario de Estado, otro del Tesoro, uno de Defensa, uno de Seguridad Interna, otro de Trabajo, una más de Salud, otro del Interior, un procurador general y un director de la FBI, y otros más de segundo y tercer niveles; por lo menos 51 altos funcionarios en total.

El fin de Bolton no fue sorpresa, y la forma en que se hizo, por tuit, ya no es novedad. Se sabía, como lo declaró el presidente, que había marcadas diferencias de opinión entre los dos, y de la guerra cada vez más abierta entre el famoso bigote blanco y el secretario de Estado Mike Pompeo (quien ayer no lograba ocultar su sonrisa al hablar de su ex contrincante).

Aunque los analistas y observadores se han enfocado mucho en estas diferencias "ideológicas", con Bolton como un halcón tan extremo que el propio Trump bromeaba acerca de que si fuera por decisión de su asesor, "estaríamos en cuatro guerras más" y que él era quien tenía que moderar a Bolton, todo indica que el fin fue por algo más sencillo y común en este régimen: el presidente se hartó de alguien que no estaba de acuerdo en todo lo que el jefe quería.

Ahora el debate es si la ausencia de Bolton cambiará la política exterior de Trump. Se sabía que Bolton favorecía estrategias de “cambio de régimen –incluso a través de invasiones y guerras– en Irán, Venezuela, Cuba, Siria, Corea del Norte y otros lugares. Por su parte, Trump minaba esto con frecuencia, indicando que estaba dispuesto a reunirse con el liderazgo de Irán, por ejemplo, y mantener una relación amistosa con el líder norcoreano.

Trump comentó ayer que "estaba en desacuerdo con la actitud de Bolton sobre Venezuela. Pensé que estaba muy fuera de lugar", reportó Eli Stokols, de Los Angeles Times.

También se sabía anteriormente que Trump estaba irritado y frustrado con el tema de Venezuela porque Bolton y otros le habían asegurado que el gobierno de Nicolás Maduro estaba por caer ante un levantamiento popular y militar interno que nunca se produjo.

Pero estas disputas y desacuerdos sobre política no necesariamente son lo que determinan las decisiones internas de este régimen bajo el manejo errático de Trump. Con un presidente que se proclama como el más inteligente –"un genio muy estable"– que su gabinete, sus asesores, sus generales y los jefes de inteligencia, el fin de Bolton parece ser sólo otra decisión de una percepción de insuficiente lealtad y elogio o por razones de vanidad.

De hecho, esa vanidad se expresa sin falta cada día. Al ofrecer un discurso referente al 11 de septiembre, Trump repitió ayer una afirmación que carece de evidencia y parece ser otra exageración, engaño o mentira, entre las ya más de 10 mil que ha dicho desde que llegó a la Casa Blanca (según conteo del Washington Post). Insistió en que después de que vio el ataque contra las Torres Gemelas desde un edificio en Nueva York, pocos días despues “fui a la zona cero con hombres que trabajan para mí para intentar ayudar de cualquier manera que pudiéramos”. Sin embargo, nadie recuerda su presencia ni que haya ofrecido apoyo alguno.

En este aniversario tampoco se habló mucho de la guerra en Afganistán que se lanzó como "respuesta" a los atentados y que ahora es la más larga de la historia estadunidense, y menos sobre la de Irak y sus secuelas en la región. Más bien, los últimos días han estado repletos de disputas sobre realidades alternativas inventadas por el presidente, o por afirmaciones que preocupan por falta de coherencia.

Tal vez lo más increíble es que los temas que imperan en Washington no fueron el 11 de septiembre ni las guerras o política exterior –hasta lo de Bolton se está desvaneciendo– sino cómo Trump, con un plumón y una serie de declaraciones, insistió en encubrir un error que cometió al afirmar en un tuit que el huracán Dorian podría impactar al estado de Alabama.

Por más de una semana esto ha sido un gran debate, y continúa con la revelación del New York Times, de que el secretario de Comercio Wilbur Ross, bajo instrucciones del jefe del gabinete Mick Mulvaney, amenazó con despedir a funcionarios del Servicio Nacional Meteorológico –el cual está dentro de su secretaría– si no apoyaban la falsa afirmación del presidente.

Ayer, Trump, después de ofrecer su discurso por el 11 de septiembre en el Pentágono, donde recordó con toda la retórica patriótica y superpoderosa a los casi 3 mil que fallecieron ese día y advirtió que su país respondería a un nuevo intento parecido con una fuerza militar "nunca antes utilizada", retomó el tema del huracán.

De regreso en la Casa Blanca, a una pregunta sobre la versión del Times, Trump declaró que él nunca giró instrucciones para amenazar a los encargados del servicio meteorológico y que eso era otro ejemplo de fake news.

Una encuesta de CNN registró ayer que seis de cada 10 estadunidenses opinan que Trump no merece un segundo periodo y 71 por ciento no confía y en la información oficial difundida por la Casa Blanca.

Todo esto marca lo que el propio presidente ha empezado a bautizar como "la Edad de Trump".

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Nicolás Maduro: "Pretenden crear un conflicto con Colombia" 

El presidente Nicolás Maduro finalizó la alocución al frente de la reunión del Consejo de Defensa de la Nación denunciando la existencia de una amenaza y escalada militar contra el país. “Tenemos las pruebas de cómo se pretende crear un falso positivo para crear un conflicto armado entre Colombia y Venezuela”.

La reunión del lunes a la noche se dio luego de un día de alta tensión diplomática. En primer lugar, el ministro de comunicación Jorge Rodríguez, presentó pruebas de cómo fueron falsificados y difundidos a través de la prensa colombiana, en particular la revista Semana, documentos para intentar acusar al gobierno venezolano de colaborar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el sector de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) que regresó a la lucha armada.

Luego, en horas de la tarde, tuvo lugar una rueda de prensa del canciller venezolano, Jorge Arreaza, y el Rodríguez, donde fue convocado el cuerpo diplomático acredito en el país, para darles “información precisa de los actos terroristas que desde la República de Colombia se planifican bajo el amparo del gobierno neogranadino”.

Fue en horas de la noche que Maduro se reunió con el Consejo de Defensa de la Nación, donde participaron representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todos sus niveles, de los poderes públicos, y el gabinete nacional.

“He entregado como jefe de Estado al Consejo de Defensa de la Nación la conducción colectiva de esta coyuntura de amenaza real, de violencia, de conflicto armado y de ataque de parte del gobierno guerrerista y criminal de Colombia”, afirmó el mandatario, siguiendo, explicó, el artículo 232 de la Constitución.

Durante la alocución denunció los diferentes actos encubiertos -42 acciones en tres meses, detalló- que se han venido realizando desde el gobierno de Colombia. Una de ellas ha sido y es el intento de “captación de oficiales y suboficiales venezolanos con la intención de atacar el sistema de defensa aéreo y misilítstico venezolano, apoyados por un grupo de venezolanos”.

El presidente venezolano también se refirió a la alerta naranja decretada días atrás y el inicio de los las operaciones fronterizas “Venezuela soberanía y paz” que se llevarán adelante desde este martes 10 de septiembre hasta el 28 del mes.

“A poner a punto todo el sistema de defensa nacional, afinar todos los mecanismos del despliegue de la capacidad militar de nuestro país para poner a punto la defensa terrestre, antiaérea, la defensa integral del territorio nacional”, afirmó Maduro.

De esta manera la tensión entre ambos países alcanzó su punto máximo desde la nueva escalada que inició el 29 de agosto. Ese día un sector de las FARC anunció su regreso a la lucha armada, lo que fue seguido por la acusación del presidente Iván Duque hacia Venezuela al afirmar que el gobierno de Maduro les brindaba apoyo dentro de su territorio.

Dos días después, el 31 de agosto, Jorge Rodríguez había denunciado la detención de quien iba a detonar explosivos en puntos céntricos de Caracas, y la presencia de tres centros de entrenamiento militar en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, donde, explicó, fue entrenado, junto a otras personas, y enviado al país.

No fue la primera vez que el gobierno venezolano denunció la presencia de centros de formación militar en Colombia para atentar contra Venezuela: el caso anterior había sido con el intento de asesinato del presidente Maduro el ocho de agosto del 2018.

El escenario actual se enmarca dentro de una nueva ofensiva en el intento de derrocamiento del presidente Maduro. Las declaraciones han venido en escalada en las últimas semanas, en particular desde el decreto firmado por Donald Trump el 6 de agosto para agudizar el bloqueo económico y financiero, lo que trajo, en consecuencia, la decisión de Maduro de suspender las negociaciones en Barbados.

En ese contexto, y con un cuadro de desmovilización de la oposición a nivel nacional, tomó fuerza la variable Colombia en el esquema de asedio al gobierno venezolano. Iván Duque no se pronunció el lunes acerca de las declaraciones hechas desde el Palacio de Miraflores.

Por último, el lunes también tuvieron lugar tres hechos relevantes. En primer lugar, el informe leído por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que reiteró su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, a la vez que reconoció el impacto negativo del bloqueo y la violencia opositora.

En segundo lugar, tuvieron lugar las palabras de Elliot Abrams, enviado especial norteamericano para el caso venezolano, quien, desde Bruselas, acusó a la Unión Europea de no tomar mayores sanciones contra el gobierno de Maduro y de ser permisiva con sus dirigentes.

Por último, se supo que la Organización de Estados Americanos -de la cual el gobierno venezolano se retiró- debatirá el próximo miércoles el pedido hecho por el autoproclamado Juan Guaidó de que se active el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, una carta que pone sobre la mesa la posibilidad de conformar una coalición internacional contra Venezuela.

Queda por delante la Asamblea General de Naciones Unidas que tendrá lugar el 27 de este mes, y será un nuevo escenario de la confrontación diplomática. Los tiempos han vuelto a acelerarse.


Colombia-Venezuela, ¿tan sólo tambores de guerra?

Álvaro Verzi Rangel

Estrategia.la

Los analistas venezolanos, colombianos e internacionales coinciden en que ven como muy remota la posibilidad de un enfrentamiento militar entre Colombia y Venezuela, aunque el tono guerrero de algunos altos funcionarios colombianos y el reciente anuncio de Nicolás Maduro de desplegar un sistema de misiles antiaéreos y ordenar ejercicios militares en la frontera, dan lugar a temer por la paz regional.

Las amenazas de guerra no son nuevas en la historia de ambos países, surgidos de la misma raíz de la Gran Colombia. Muchas veces sirvieron para distraer la atención de los problemas internos.

Por un lado sirve para invisibilizar las conversaciones entre gobierno y oposición venezolanos que adelantan con auspicio noruego y por el otro, ocultar el juicio que se le sigue al expresidente colombiano Álvaro Uribe, en momentos en que se larga la campaña electoral para gobernadores y alcaldes,

Funcionarios colombianos tienden a desestimar las capacidades militares de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (venezolanas) –sus equipos y armamentos no han recibido mantenimiento ni se adaptan a una confrontación con su vecino del sur y oeste, dicen- y agregan una especulación con tufo a fakenew a la ecuación explosiva: la supuesta alianza de disidencias y guerrillas colombianas con el gobierno de Caracas

A principios de semana, denunciando una «escalada guerrerista» desde el país vecino, Maduro volvió a elevar el tono contra el gobierno del ultraderechista Iván Duque, a quien suele acusar de estar detrás de planes de Estados Unidos para derrocarlo, asesinarlo o desencadenar hechos de violencia en Venezuela.

«En los últimos tres meses se ha intentado desde la inteligencia del gobierno colombiano, captar suboficiales y oficiales venezolanos para afectar el sistema de radares, el sistema de defensa aérea y sus aviones, el sistema defensa antiaérea y el sistema misilístico venezolano», indicó Maduro en una cadena de radio y televisión.

“Colombia no será jamás un país agresor, y si llegáramos a ser agredidos, que Dios quiera que esa hipótesis jamás se produzca, pues sabemos que también tendríamos no solamente nuestra capacidad de defensa sino la reacción de nuestros aliados en la comunidad internacional”, afirmó la vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez.

El Gobierno colombiano, reveló Ramírez, busca activar todos los mecanismos a nivel hemisférico para evitar cualquier tipo de agresión armada. “Colombia está activando todos los instrumentos que existen en la región para evitar cualquier tipo de acción militar y cualquier tipo de provocación”, apuntó.

Juan Guaidó, el autoproclamado presidente interino de Venezuela, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, calificó como una “distracción” las acusaciones de Nicolás Maduro sobre Colombia. “La clásica estrategia del enemigo externo, el enemigo interno, el enemigo anterior, antes le echaban la culpa a la Cuarta República, a los bachaqueros, a la guerra económica, ahora la culpa es de un país hermano”, dijo Guaidó, quien reiteró que trabajará de la “mano con el gobierno colombiano” para dar con el paradero de los disidentes de la Farc.

Este último pico de tensión –que trasciende la guerra de micrófonos que tiene varias décadas- comenzó a finales de agosto cuando Duque acusó sin prueba alguna al gobierno venezolano de dar «albergue» y «apoyo» a un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que, liderado por Iván Márquez, anunció su rearme.

En respuesta, Maduro decretó una alerta en la frontera común de 2.200 kilómetros y convocó ejercicios castrenses en esa zona entre el 10 y el 28 de septiembre, y el despliegue de un sistema de misiles terrestres y antiaéreos. Asimismo, acusó a Colombia de estar armando y entrenando paramilitares para llevar a cabo en Venezuela atentados contra altos personajes de su entorno.

Duque, acosado por una grave crisis económica, ética y social, bajó el tono y descartó una intervención militar en Venezuela asegurando que «Colombia no agrede a nadie».

‘Guerra’ fue una de las palabras que más se repitió en los medios hegemónicos de comunicación colombiana esta semana, mientras la paz y la esperanza continúan siendo reiterativas en los discursos del pueblo. Las organizaciones sociales, sectores y comunidades no han dejado de preguntarse por la construcción de la paz en los territorios.

Han pasado casi tres años desde que las Farc-EP y el gobierno firmaron en La Habana el Acuerdo de Paz, pero la realidad diaria en las regiones y las ciudades es preocupante: miltarización, persecusión, estigmatización, y hostigamiento continuo; el asesinato sistemático de líderes sociales, la incursión de proyectos extractivistas que atentan contra la naturaleza y las comunidades, el incremento del índice de desempleo; el desplazamiento, tanto al interior del país como hacia el exterior.

Alberto Castilla, senador colombiano de la bancada alternativa, señaló que la diferencia entre la paz que plantea la burguesía y la que planean las comunidades es de carácter estructural; para éstas la paz no se limita a la entrega de las armas o a los Acuerdos logrados con las insurgencias.

“Está bien que haya una negociación del conflicto armado, pero no dejar reducido el concepto de paz a esa situación, sino generar todo lo que signifique mejores condiciones para la población colombiana y ahí si podríamos tener el concepto de paz”, aseguró Castilla. Todo ello, junto al incumplimiento del Acuerdo de Paz, son algunos de los elementos que evidencian que el silencio de los fusiles no es equivalente a la paz.

Las especulaciones guerreristas

La revista colombiana Semana, especuló que Maduro estaría instrumentalizando a estos grupos insurgentes para desestabilizar al gobierno colombiano y estos estarían suministrando información de inteligencia sobre posibles blancos, en especial estructuras energéticas y de seguridad colombianos.

La revista afirmó, en base a supuestos documentos secretos de inteligencia, que el gobierno venezolano tiene las coordenadas y la descripción de decenas de edificios claves para Colombia, incluyendo sedes gubernamentales, militares e infraestructura civil. En los documentos -titulados “Zamora” y “Centauro negro”-, las fuerzas militares del venezolanas diseñaban un plan de defensa ante una supuesta invasión imperialista de Estados Unidos desde Colombia, dice Semana.

Rubén Sánchez, profesor de ciencias políticas y gobierno de la colombiana Universidad del Rosario, descarta completamente ese escenario “porque el problema que tiene Maduro es interno, con su país, su población, la oposición. Además tiene unos aliados que no le pueden ayudar: Rusia está lejos y a China no le interesa. Viendo las condiciones objetivas sería una estupidez”, dijo al diario bogotano El Tiempo.

La analista venezolana Collete Capriles disiente con los colombianos y alerta que el ejército venezolano tiene gran poder de fuego: “ Es muy “respetable” militarmente, como lo reconoció el jefe del Comando Sur hace unas semanas”, dijo, tras reseñar que las declaraciones de ambas partes han ido más bien en la dirección de bajar la tensión.

Capriles también analiza el lado colombiano, dentro de la polarización política que vive el país: estos tambores de guerra “benefician a quienes no quieren una solución negociada a la crisis venezolana. Al menos son esos grupos lo que con más alegría abrazan la hipótesis bélica».

Desde la oposición antichavista se señala que Maduro no tiene cómo sostener una guerra porque no tiene logística, no tiene recursos financieros, y su población está carente de lo más elemental, sobre todo en la frontera. “Todo esto forma parte de la típica reacción chavista de ‘huir hacia adelante’ para hacer creer que están dispuestos a todo, pero en el fondo están pidiendo a Dios que no los tomen en serio”, apuntó Luis Salamanca, docente de la Universidad Central de Venezuela.

Por su parte, el dirigente chavista Pedro Carreño señaló que “Colombia, cual Caín de América, queriendo matar a sus hermanos, se ha prestado para constituirse en un portaaviones de Estados Unidos, de manera tal que desde allí se avance en ataques directos hacia Venezuela”. “Hay que aclarar que aquí hay un plan perverso, criminal y macabro para satanizar, estigmatizar y criminalizar al pueblo y al gobierno de manera tal de generar visiones subjetivas para una escalada de agresiones que termine con el control total de nuestro territorio”, agregó.

La prensa bogotana especula sobre un apoyo ruso al gobierno de Caracas y señala que la guerra híbrida no necesariamente emplea aviones de combate polivalente Sukhoi SU-30 o tanques pesados T-72, sino que se vale de nuevas formas de tecnología y de patrones de relacionamiento sociales, actuando en los espacios radioeléctrico y digital, buscando aliados en el país objetivo, y explotando sus contradicciones y conflictos sociopolíticos.

Mientras, embajadores de la Unión Europea instaron al gobierno de Nicolás Maduro y al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a que regresen al diálogo impulsado por Noruega para poner fin a la profunda crisis que encara Venezuela. Tras un encuentro del cuerpo diplomático con Guaidó, el embajador de Francia en Caracas, Romain Nadal, señaló que «hay que negociar, discutir y reanudar el proceso de Oslo, de la mediación de Noruega».

¿Serán tan sólo tambores de guerra haciendo ruido para invisibilizar la realidad? En eso, los medios hegemónicos colombianos y las agencias noticiosas internacionales que difunden estas especies, tienen un largo historial de azuzar conflictos en su prédica de terrorismo mediático.

 Por Álvaro Verzi Rangel es Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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Trump destituye al halcón Bolton mientras busca el diálogo con Irán

El presidente anuncia en Twitter el cese de su tercer consejero de Seguridad en menos de tres años por discrepancias en el acercamiento a regímenes como el iraní o el norcoreano

 

Por su cuenta de Twitter, sin advertir a miembros de su Gabinete y con trifulca mediante, Donald Trump anunció este martes la marcha del consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, la tercera baja de ese crítico puesto desde que comenzó la presidencia del magnate neoyorquino. El presidente explicó que discrepaba de buena parte de las propuestas de Bolton, un veterano halcón de la era George W. Bush muy crítico con los intentos de diálogo con Irán y Corea del Norte, y por eso había pedido su renuncia. El cesado en cuestión replicó que él había ofrecido su dimisión sin que se la pidieran.

La de Bolton fue una de esas marchas accidentadas de la era Trump. Sobre las 11 de la mañana (las 17.00 en la España peninsular), la Casa Blanca actualizó su agenda para convocar una rueda de prensa del consejero de Seguridad Nacional junto al secretario de Estado, Mike Pompeo, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, un plantel que hacía prever algún anuncio relevante. La noticia del día, sin embargo, la iba a proporcionar Trump tan solo una hora después, cuando anunció la marcha de uno de ellos. Que una hora antes de la comunicación se organizase un encuentro con la prensa da idea del escaso conocimiento que había sobre este movimiento al más alto nivel.

“Informé a John Bolton anoche de que ya no necesitamos sus servicios en la Casa Blanca. Discrepaba en gran medida de muchas sugerencias, igual que otros en la Administración, así que le pedí su dimisión y me la dio esta mañana. Agradezco mucho a John su servicio, nombraré a un nuevo consejero de Seguridad Nacional la próxima semana”, escribió el presidente. Bolton, también a través de su cuenta de Twitter, daría una versión diferente, minutos después, al sostener que él mismo había ofrecido su renuncia por la noche y que Trump le pidió que siguieran hablando al día siguiente. Tras meditarlo, entregó la renuncia este martes.

Las discrepancias entre ambos, en fin, han llegado hasta el último día, sobre el relato de lo ocurrido con la baja. La comparecencia de prensa de Pompeo y Mnuchin tuvo lugar igualmente, pero la conversación giró en torno a la renuncia y el jefe de la diplomacia estadounidense confirmó que, en efecto, él también estaba en desacuerdo con Bolton “en muchas ocasiones”.

La apertura de la Administración a buscar entendimiento con los talibanes, con Corea del Norte e incluso con Irán —Trump no descarta reunirse en breve con Hasan Rohaní— puede suponer un cortocircuito para un halcón conservador tradicional como Bolton, que se ha distinguido precisamente a lo largo de su carrera por el discurso de fuego contra estos países. Gran adalid de la invasión de Irak en 2003, defensor de ataques preventivos contra Pyongyang, su llegada a la Administración en marzo de 2018 supuso el retorno del ardor guerrero a la Casa Blanca que, en teoría, iba a consagrarse a la filosofía del “América, primero”. "Yo calmo a John, lo que es bastante increíble", llegó a bromear Trump el pasado mayo.

Los focos de conflicto eran múltiples. El más reciente tuvo lugar con la cumbre secreta que Trump pensaba mantener en Camp David con los líderes talibanes para firmar un acuerdo de paz en Afganistán, y que finalmente fue cancelada, a tan solo unos días del 18º aniversario de los atentados del 11-S, que motivaron la invasión. Acabar una guerra en la que EE UU lleva atrapado 18 años supondría una gran victoria política de cara a la reelección de Trump, pero Bolton consideraba que podría retirar las tropas igualmente sin retratarse junto a los talibanes.

Muchas veces, además, la diferencia de opiniones era pública, como con el caso de Corea del Norte. El consejero criticó con dureza unas pruebas nucleares a las que Trump quitó hierro y, como era un clamor en Washington, se llevaba las manos a la cabeza con las palabras cálidas del republicano hacia Kim Jong-un. También, según fuentes citadas por la prensa nacional, defendía el bombardeo en represalia contra Irán que el presidente asegura que frenó el pasado mes de junio, en el último momento, para evitar 150 muertes. En el caso de Venezuela, usó un lenguaje especialmente duro —advirtió a Nicolás Maduro con Guantánamo, por ejemplo— y, además, deslizó de forma más o menos intencionadas amenazas bélicas: a finales de enero compareció ante la prensa con un blog de notas sin tapa, dejando expuesta la parte escrita hacia el público, con una anotación que decía: “Afganistán. Conversaciones bienvenidas. 5.000 soldados a Colombia”.

Bolton sustituyó como consejero de Seguridad Nacional al general H. R. McMaster, quien a su vez había asumido como relevo imprevisto del general Michael Flynn al poco de echar andar la Administración del magnate neoyorquino, en enero de 2017. Cuando el escándalo de la trama rusa estalló, la prensa reveló que había mantenido contactos polémicos con el Kremlin y que había mentido al Gobierno al respecto. El de la próxima semana será el cuarto consejero de Seguridad Nacional en menos de tres años, contribuyendo a la cascada de bajas que caracteriza la era Trump.

El halcón rendido

YOLANDA MONGE

“Rendirse nunca es una opción”. El título de sus memorias queda hoy empequeñecido a juzgar por cómo el presidente Donald Trump se ha deshecho de él -despidiéndole- y cómo él dice haber salido de la Administración con más bajas de la historia reciente -dimitiendo-.

Cuando John Bolton llegó a la Casa Blanca de Trump lo hizo con las últimas credenciales ganadas, aquellas que le otorgaban el marchamo de belicista en jefe, de adalid de la fracasada invasión de Irak por parte de George Bush hijo. Pero el camino había sido antes largo y constante en su ardor guerrero. Durante las dos décadas anteriores, Bolton se había ganado una trabajada reputación de ser el más firme defensor de la fuerza dentro del Partido Republicano.

Como una declaración de intenciones, lo primero que Bolton colgó en las paredes de su nuevo despacho nada más ser nombrado asesor de Seguridad Nacional fue una copia de la orden ejecutiva de su jefe Trump anulando uno de los logros estrellas de la presidencia de Barack Obama: El acuerdo nuclear de EE UU con Irán, calificado por Bolton como “abominable”.

Nacido en Baltimore en un barrio de clase trabajadora, hijo de un bombero y un ama de casa, Bolton es un neoconservador, un antiguo liberal que respalda una política exterior militarista y de línea dura y que tiene en su agenda la propagación de la democracia en el extranjero.

Bolton estudió con una beca en el último curso de Yale en el que solo se aceptaba a hombres. En sus memorias cuenta que en su época universitaria se sintió “un alienígena” entre tantos jóvenes contrarios a la guerra de Vietnam.

Cuando se graduó, la revolución de Reagan tomaba forma. Bolton se trasladó a Washington con su título en leyes y se sumergió en la causa conservadora que predicaba el actor.

Durante la disputada elección presidencial de 2000, Bolton se instaló en Florida para garantizar que Bush llegaba a la presidencia, lo que le valió el apodo de ser el Atticus Finch del Condado de Palm Beach.

En el pasado, el ya exasesor de seguridad nacional había declarado que el presidente Trump sabía cuáles eran sus ideas y sus intenciones. “Me ha visto opinar en Fox News”, dijo Bolton. “Uno debe de saber de antemano que los puntos de vista del presidente no son siempre los tuyos. Cuando entras en el Gobierno debes de saber que no vas a ganar siempre”, dijo el halcón hoy rendido.

Por Amanda Mars

Washington 11 SEP 2019 - 04:32 COT

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Martes, 10 Septiembre 2019 08:01

Los riesgos de los “acuerdos de paz”

Los riesgos de los “acuerdos de paz”
 

Casi tres décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, entre el FMLN y el Estado, la situación del movimiento popular y de la izquierda puede definirse como una profunda derrota agravada por la crisis ética de una parte de las dirigencias.

Como suele suceder, las cosas se ven más claras abajo y a la izquierda, donde la gente común organizada es capaz de comprender las realidades con mayor profundidad que los intelectuales. La visita a San Francisco Echeverría (Cabañas, El Salvador), durante ocho días en los que convivimos con familias y combatientes que repoblaron este sitio de mil y pico de habitantes, fue la ocasión para repasar en largas veladas y en talleres de formación lo sucedido desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.

En las décadas de 1960 y 1970, un potente movimiento campesino y estudiantil avanzó sobre el poder de la oligarquía terrateniente y los militares que gobernaron el país durante décadas. La respuesta a las ocupaciones de tierras y a las movilizaciones urbanas fueron balaceras y masacres. Como muestra vale el asesinato de una decena de religiosos, entre ellos el obispo de San Salvador, monseñor Romero, recientemente canonizado por el papa Francisco.

La única alternativa posible para los sectores populares fue integrarse a las guerrillas que crecieron de modo exponencial hacia fines de la década de 1970, al punto que pudieron lanzar una potente ofensiva militar en 1981del recién formado Frente Farabundo Martí ara la Liberación Nacional (FMLN).

Doce años de guerra tuvieron un resultado esperable: como en Vietnam, los militares asesorados por Estados Unidos y apoyados por Israel, Taiwán, Reino Unido, Argentina y Brasil, entre otros, se dedicaron al exterminio de la población civil, ensañándose especialmente con las mujeres, niñas y niños campesinos que debieron abandonar sus pueblos para deambular por los montes durante años.

Como resultado, hacia el final de la guerra había sólo dos fuerzas sobre el terreno: unos 70 mil militares apoyados por una fuerza aérea que bombardeaba las zonas guerrilleras día y noche, y las guerrillas, con un número quizá ocho veces menor, pero con gran movilidad y heroísmo, que los llevaron cerca de la conquista de la capital en la ofensiva de 1989.

El empate militar se resolvió con la negociación de la paz, en la cual el FMLN entregó las armas, desmovilizó a sus combatientes y se limitó a hacer política dentro de las instituciones estatales. Aunque consiguió dos veces hacerse con el gobierno (en 2009 con Mauricio Funes y en 2014 con Salvador Sánchez Cerén), hubo cambios apenas cosméticos en la dominación y en el despliegue de la acumulación capitalista.

Campesinos y campesinas de San Francisco Echeverría, donde el FMLN cosecha el 80% de los votos, coinciden en criticar a las direcciones. “Nos abandonaron”, dicen algunos. Otros enfatizan que hubo traiciones mayores (como la de Joaquín Villalobos) y otras no tan evidente pero no menos destructivas, ya que no pocos cuadros de la ex guerrilla se volvieron empresarios exitosos dando la espalda a quienes dieron sus vidas.

Ahora que el FMLN sufrió una dura derrota (cayendo del 50 al 14% de los votos) y es poco probable que retorne al gobierno en un plazo breve, los sectores populares exigen una mirada a más largo plazo que incluye un balance desde la firma de los acuerdos de paz hace 27 años.

Las preguntas se acumulan: ¿Por qué entregaron las armas mientras un ejército de asesinos las conserva? ¿Por qué confiaron en un Estado oligárquico? ¿Por qué abandonaron, de forma simultánea, a los movimientos de abajo y llegaron hasta rehusar manifestarse para evitar “provocaciones” que pusieran en cuestión la supuesta paz conseguida? En suma, porqué dejaron de luchar.

Con algo más de profundidad, y desde quien acompaña sin interpretar, quisiera preguntar: ¿Porqué no intentamos transitar otros caminos que no pasen por la guerra o las elecciones, como si fueron dos opciones únicas y excluyentes? ¿Porqué se abandonó la práctica de la crítica y la autocrítica, siendo la única que permite corregir errores?

Lo más indignante es que las llamadas izquierdas siguen transitando los mismos caminos que mostraron nula efectividad y, peor aún, daños irreparables a los movimientos anti-sistémicos y a los sectores populares.

9 septiembre 2019 0

 
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Martes, 10 Septiembre 2019 04:50

Deterioros neoliberales en América Latina

Deterioros neoliberales en América Latina

Las leyes neoliberales impuestas en América Latina por Estados Unidos y organismos financieros internacionales como fundamento principal del capitalismo, han llevado a la región a enfrentar grandes escollos económicos y sociales para su subsistencia. 

El objetivo de ese sistema como parte del capitalismo globalizado es impulsar la liberación del comercio en general, eliminar la injerencia del Estado en la economía y reducir al máximo el gasto público con el consecuente empobrecimiento de millones de habitantes y en contraposición, el enriquecimiento de pequeñas minorías.

Son varios ejemplos los que destacan en esta oleada de derechización regional auspiciada desde Washington y que han llegado al poder por diferentes vías como golpes de Estado, destituciones parlamentarios o elecciones fraudulentas.

Empecemos por Honduras, donde tras el golpe al presidente Manuel Zelaya se eliminaron el ciento por ciento de las leyes acordadas en ese corto período para beneficio del pueblo, lo que trajo como consecuencias la congelación de la Ley del Salario Mínimo, pérdida de 300 000 empleos, fragmentación de las jornadas laborales, derogación de los acuerdos con el ALBA, restitución de privilegios a las compañías transnacionales e impulso de las privatizaciones.

En la actualidad, según el diario La Prensa, casi seis millones (71 %) de los 8,5 millones de habitantes del país son pobres; de esa cifra, 4,2 millones están en situación de extrema pobreza que tratan de sobrevivir con solo un dólar al día, mientras solo 15 familias controlen el 80 % de las riquezas nacionales.

Guatemala ha sido considerado uno de los Estados fallidos arrasados por Occidente donde se unen corrupción, pandillas, pobreza, desigualdad, desnutrición y mortalidad infantil.

Los economistas aseguran que el país se aproxima a la catástrofe humanitaria y las áreas rurales son las más afectadas, de donde procede la mayoría de los emigrantes. Los recursos son escasos, la presencia del Estado inexistente, el crimen organizado poderoso y la presión de los grupos de poder para implementar proyectos mineros e hidroeléctricos, casi insostenible

Un Informe de Desarrollo Humano elaborado por la ONU asevera que más de tres millones de guatemaltecos viven en pobreza extrema y casi 12 millones de personas, 67 % de la población, "sufre carencias que vulneran su bienestar".

Paraguay esta considerado uno de los países más desiguales de Suramérica, donde la pobreza golpea al 30 % de la población que ha sufrido en los últimos años grandes inundaciones y dejado desamparados a miles de habitantes. Para la ONG Oxfam ésta es la cara más cruel de la desigualdad en un país donde los más pobres ganan hasta 22 veces menos que los más ricos. Asimismo, con la progresiva mecanización de la agricultura, ligada a la producción extensiva de la soja, se produjo un éxodo masivo desde el campo y los emigrantes que huyeron del hambre se instalaron en áreas de riesgo, como el lecho del río Paraguay en los barrios de Asunción, vulnerables a las riadas.

En cuanto a Ecuador, en solo dos años el gobierno de Lenín Moreno ha impulsado al Estado a la década de 1990 al desmontar importantes avances democráticos de la Constitución Política de 2008. Durante los gobiernos de Rafael Correa el país redujo la pobreza y los programas sociales beneficiaron a los habitantes pero ahora, con los acuerdos con el FMI, Moreno redujo el gasto público de 3 461 millones de dólares a 773 millones con graves perjuicios para las mayorías.

Pero los casos más desafortunados en los últimos tiempos han sido los de Argentina y Brasil. En este último, tras el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff y las arbitrariedades jurídicas para detener a Inacio Lula da Silva para que no se pudiera presentar a elecciones, los regímenes de Michel Temer y de Jair Bolsonaro han desmontado todos los programas sociales y privatizado numerosas empresas públicas.

Entre los más afectados aparece el Sistema Único de Salud (SUS) instaurado por los gobiernos de Lula y Dilma que atendía al 65 % de la población y que Temer y Bolsonaro lo redujeron drásticamente con la excusa de que “no hay suficiente capacidad financiera que permita suplir todas las garantías constitucionales”. A la par, ambos gobiernos atentaron contra la Amazonía al autorizar a terratenientes y empresas transnacionales a deforestar esa reserva de la biosfera mundial.

Mientras en Argentina, con la llegada al poder de Mauricio Macri y su política neoliberal llevaron a la nación a un endeudamiento abismal, acuerdos leoninos con el FMI y profunda devaluación de la moneda que pasó de 2014 a la fecha de 16 a 61 pesos por dólar.

Según la Universidad Católica Argentina (UCA) la "pobreza multidimensional" que abarca carencias económicas, de diversos derechos y servicios básicos, subió al 41,2 % de los habitantes.

En cuatro años de gobierno, se duplicaron los precios del transporte público automotor y en 70 % los del metro urbano; el costo de la luz subió en 500 %; el agua y gas en más de 320 %; la atención médica y de las medicinas en 50 %, y la gasolina, 30 %. La Argentina actual es una nación fallida dirigida no por Macri, sino por el FMI.

Después de estos ejemplos podríamos preguntarnos: ¿Permitirán nuestros pueblos continuar siendo saqueados por el sistema neoliberal capitalista? El tiempo dará la respuesta.

Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

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