En Bolivia ya hay fechas para las elecciones presidenciales

Luego de dos postergaciones, se estableció que los comicios serán el 18 de octubre

La medida contó con el apoyo del expresidente Evo Morales, no así con el de la Central Obrera Boliviana (COB), que inició las protestas en rechazo a la última postergación de los comicios

 

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó este jueves la Ley de Elecciones que determina la fecha definitiva -luego de dos postergaciones- de los comicios presidenciales para el 18 de octubre, casi un año después de que quedaran sin efecto los resultados de la votación de 2019 que llevaron al país a una crisis institucional aún no resuelta.

 “Promulgo esta ley que confirma el 18 de octubre como fecha de la elección”, expresó Áñez durante el anuncio de promulgación de la norma, con la que intenta poner fin a una semana de protestas. “Con la norma se garantizan los comicios, por lo que los movilizados ya no tienen pretextos para bloquear las rutas en señal de protesta”, completó Yerko Núñez, ministro de la Presidencia.

La nueva ley cuenta con el apoyo del expresidente Evo Morales pero no con el de la Central Obrera Boliviana (COB), organización que salió a las calles para manifestar su rechazo a la última postergación de los comicios, que estaban previstos para el 6 de septiembre.

"La Asamblea Legislativa sancionó la ley que garantiza elecciones en Bolivia con un plazo, una fecha límite, definitiva, impostergable, que blinda de posibles chicanas con garantes internacionales; y lo que es más importante: evitará una nueva masacre", publicó Morales en su cuenta de Twitter.

Mientras que, el secretario Ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, anunció esta tarde que tanto el ente matriz como el Pacto de Unidad, rechazan la nueva ley electoral. "Hoy hemos sufrido una traición, esta ley jamás se ha consensuado con el pueblo boliviano, nunca se nos ha tomado en cuenta", manifestó en conferencia de prensa.

Sancionada la ley, la Cámara de Diputados dejó en manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) un eventual diálogo con la Central Obrera Boliviana para la resolución de los conflictos.

De concretarse en la fecha prevista por la ley, las elecciones se celebrarán un año después de las que se hicieron en 2019 que, según el gobierno de entonces arrojaron un resultado que aseguraba la reelección de Morales, pero que fue puesto en duda por la oposición que denunció fraude.

A pesar de que tales acusaciones nunca se confirmaron, las elecciones quedaron invalidadas y ante la crisis y clima de protestas que se originó, en noviembre Morales fue obligado a renunciar, tras denunciar un golpe de Estado.

Ese mismo mes y en un Senado sin quorum, Áñez se autoproclamó presidenta y ahora, luego de represiones a grupos sociales y repetidas excusas de postergación electoral, intentará llegar al Gobierno por el voto popular.

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Venezuela: La violación de los derechos humanos se acentúa en medio de la pandemia

La violación a los derechos humanos fundamentales es algo que se ha profundizado en Venezuela durante el período de gobierno de Nicolás Maduro. A partir de la cuarentena decretada debido a la pandemia del Covid19, estas violaciones se vienen acentuando pese a la disminución general de la actividad social, pública y privada, en todo el país.

Dos hechos recientes ejemplifican esta grave situación: la agresión cometida por miembros de la Guardia Nacional contra ciudadanos que hacían cola de gasolina en Aragua de Barcelona (Anzoátegui), que resultó en un muerto y varios heridos, y el desalojo decretado por el gobierno de las residencias estudiantiles “Livia Gouverneur” en Caracas, bajo el argumento de que van a ser utilizadas para alojar pacientes contagiados con el coronavirus.

El sábado 25 de julio varios integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dispararon contra ciudadanos que reclamaban irregularidades en la cola para surtir gasolina en una estación de Aragua de Barcelona, resultando un fallecido y un herido de bala[1]. Ante esa agresión la fiscalía designó dos fiscales para investigar los hechos y posteriormente fueron detenidos cuatro miembros de la GNB[2] .

Este asesinato se suma a la reciente muerte de otro ciudadano durante una protesta popular por irregularidades en el suministro de gasolina en Isla de Toas (Zulia) el pasado 15 de julio, en donde la GNB aparentemente causó la muerte de un pescador que reclamaba dichas irregularidades[3]. Este asesinato, hasta donde sabemos, no ha sido investigado por la fiscalía y nadie ha sido detenido.

Toda Venezuela conoce y sufre las graves irregularidades que se están presentando desde hace meses en las estaciones de gasolina al momento de surtir combustible a la ciudadanía. Colas enormes que duran hasta varios días para poder echar gasolina, y una constante acción ilegal de los funcionarios militares en concierto con los trabajadores de dichas estaciones de servicio, los cuales ingresan muchos vehículos que no han hecho cola pero que sí han pagado la respectiva “coima”, muchas veces en dólares. Las protestas son diarias a lo largo y ancho del país de los ciudadanos molestos y hartos de tanta burla en sus propias narices, y los casos de agresión física dentro de las estaciones de gasolina se presentan con mucha frecuencia. El rebaso de esta grave situación permitida y protagonizada por los mismos funcionarios militares que custodian las referidas estaciones, han sido estos dos casos de ciudadanos asesinados a balazos al momento de protestar estas enojosas irregularidades.

El desalojo de las residencias estudiantiles “Livia Gouverneur” en Caracas con el argumento gubernamental de que van a ser utilizadas para alojar pacientes del covid19 también significó una violación abierta de los derechos de los estudiantes afectados, al hacer un allanamiento a media noche, aplicando pruebas PCR cuya veracidad fue puesta en duda por los mismos estudiantes (como se observa su denuncia en numerosos videos)[4]. Los estudiantes finalmente fueron desalojados por la fuerza, y algunos de ellos detenidos por corto tiempo[5]. No se tomó en cuenta que muchos estudiantes que provienen del interior del país trabajan a la vez que estudian (obligados por la grave crisis económica que afecta también a sus familias), que en Caracas tienen mejor acceso a internet que en sus lugares de origen, y que regresarlos a su casa puede significar simplemente el abandono definitivo de sus estudios. Resalta en este caso que los estudiantes desalojados son afines al PSUV y al gobierno de Maduro, y que pese al pronunciamiento de conocidos activistas del oficialismo, se continuó y culminó con el proceso de desalojo.

La violación reiterada de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, ha continuado también durante la pandemia. Nos referimos a las constantes muertes de ciudadanos en supuestos enfrentamientos con fuerzas policiales. El pasado 11 de junio en la carretera vieja Caracas-La Guaira, fueron asesinados cinco ciudadanos por el FAES (Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana-PNB), destacando que uno de los muertos era escolta de una ministra. Ante el pronunciamiento público de la ministra denunciando ese asesinato[6], en lo que calificó de “actuación aberrante de esos funcionarios”, la fiscalía ordenó la detención de cinco integrantes del FAES, por “el exceso y uso desproporcionado de la fuerza”[7].

La muerte de ciudadanos que supuestamente hacen “resistencia a la autoridad” se han multiplicado exponencialmente en la última década. Connotados investigadores universitarios[8] han resaltado que, según las propias cifras aportadas por las autoridades, entre los años 2010 y 2018 “han fallecido a manos de las fuerzas de seguridad del Estado unas 23.688 personas”. Sólo en el año 2018 los datos oficiales reflejan 5.287 muertes a manos de las policías[9]. Provocando que la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes aumentara de 2,3 % en 2010, hasta 16,6 % en 2018, un aumento del 622%. En comparación con países vecinos como Brasil, esa misma tasa de homicidios es de 7%, a pesar de que este país tiene décadas presentando una problemática delincuencial aparentemente incontrolada y sus cuerpos policiales han sido muchas veces denunciados por violación a los derechos humanos.

Este aumento exponencial de las muertes en supuestos enfrentamientos con los cuerpos policiales, ha llevado a que el porcentaje de muertes en acciones policiales en comparación con el total de homicidios en Venezuela, que en 2010 era apenas del 4%, haga llegado en 2018 al 33%, lo que implica que uno de cada tres homicidios en el país es consecuencia de la acción de las fuerzas de seguridad del Estado. De manera general son cifras más propias de un país en guerra civil, y no de un país en paz social, como se supone que estamos.

Las FAES, creadas por el gobierno de Maduro en julio de 2017, han terminado de consolidar una visión que concibe la actuación policial como una cuestión militar y de seguridad nacional. El resultado de esta visión son los miles de ciudadanos asesinados en la última década, cifra que hoy se acerca a las 30 mil personas.

En los hechos, el gobierno de Maduro ha implementado la pena de muerte mediante ejecuciones sumarias de supuestos delincuentes, una violación gravísima de nuestra Constitución Bolivariana, que viene generando un clima de terror en los barrios más humildes de todas las ciudades del país, en los cuales casi diariamente se asiste al asesinato selectivo de ciudadanos que se supone son delincuentes y hacen “resistencia a la autoridad”, negando, mediante esta práctica criminal del propio Estado, los derechos jurídicos al debido proceso, a la defensa, y lo más sagrado, el propio derecho a la vida.

Esta violación de los más elementales derechos humanos ha sido denunciada incluso por diputados oficialistas de la Asamblea Nacional Constituyente[10].

El gobierno mantiene una constante persecución y represión hacia las organizaciones e individualidades que le hacen oposición política, o que simplemente ejercen sus derechos ciudadanos al denunciar irregularidades en la administración pública y exigir que las instituciones hagan su trabajo. Esta represión ha llegado hasta el asesinato de dirigentes opositores como el concejal Fernando Albán en octubre de 2018, que fue lanzado por una ventana del 10º piso del edificio del SEBIN[11] en Caracas, luego de ser torturado mientras estaba detenido, como denunciaron sus abogados en base a evidencias observadas en el cadáver[12]. Otro caso de asesinato de un detenido político es el capitán Rafael Acosta Arévalo, asesinado mediante torturas en junio de 2019[13], quien falleció luego de desmayarse en la audiencia del tribunal militar[14].

La represión política, las detenciones y torturas a los detenidos se extienden a dirigentes obreros y periodistas que ejercen sus derechos constitucionales en sus respectivas áreas laborales[15]. Como es el caso de Rubén González, sometido a tribunales militares a pesar de su condición civil y de dirigente sindical en la empresa Ferrominera[16]. Rodney Alvarez, también trabajador de Ferrominera. Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, ingenieros de PDVSA que denunciaban internamente casos de corrupción y fueron detenidos y torturados por el DGCIM[17], acusados de traidores a la patria y de ser “informantes de la CIA”. Javier Vivas Santana, columnista de la página web aporrea.org quien fue detenido en marzo de 2020 por sus escritos críticos hacia el gobierno[18]. El dirigente político y comunicador Nicmer Evans, detenido en julio de 2020, acusado de “instigación al odio”[19].

La llamada “Ley contra el odio” aprobada por la inconstitucional “Asamblea Nacional Constituyente” en noviembre de 2017[20], ha permitido al gobierno perseguir y silenciar a espacios comunicacionales y dirigentes sociales que cuestionan de alguna forma las irregularidades en la acción gubernamental. Es una ley que se aplica únicamente contra los que de alguna forma hacen oposición política o social al gobierno. El mismo presidente Maduro y muchos de sus ministros y principales exponentes del PSUV permanentemente hacen pública apología al odio hacia sus opositores, sin que hasta el presente se haya levantado ninguna investigación contra ellos. Es una ley “ad hoc” utilizada como arma de control social y represión política de acuerdo a su conveniencia.

La persecución al periodismo crítico también se expresa en el bloqueo de páginas web que publican denuncias y opiniones sobre la política nacional, como ha sucedido por años con el bloqueo a la web aporrea.org y otras. Esta política contra todos los espacios de crítica y denuncia se manifiesta también en la campaña que el propio presidente Maduro[21] y Diosdado Cabello han generado contra la organización Provea[22], de relevante trayectoria por 30 años en la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

La política ultraneoliberal de salarios de hambre (Salario Cero) que ejecuta desde hace años el gobierno de Maduro es otro escenario de violación de derechos humanos fundamentales y de la propia constitución nacional[23]. La remuneración del trabajo ha desaparecido en la Venezuela supuestamente “socialista” de Maduro, pues hoy el salario mínimo más el bono de alimentación apenas superan los tres (3) dólares mensuales, contrastando esa dura realidad que vivimos todos los trabajadores en este país con los salarios mínimos del resto de países latinoamericanos[24] que no se reivindican como “socialistas” ni “obreristas”: Uruguay, 462 dólares mensuales; Chile, 431; Ecuador 394; Paraguay, 355; Argentina 298; Perú, 275; Brasil, 257; Colombia, 254; México, 156; y Haití, 59. La supervivencia de los trabajadores y sus familias en Venezuela está en grave riesgo debido a la imposibilidad de alimentarse y mucho menos de cubrir otros gastos básicos con un salario de tres dólares al mes.

La violación de los derechos humanos se extiende a múltiples expresiones de los derechos sociales consagrados en la Constitución, como lo son:

  • El derecho a la salud. Señalando el déficit en médicos y enfermeras debido a la enorme migración debido a los bajos salarios; unido a las carencias de equipos, insumos médicos y medicinas para atender pacientes en los hospitales públicos y ambulatorios. La disminución de campañas preventivas de vacunación y la reaparición de enfermedades que estaban erradicadas desde hace décadas (como la malaria y la tuberculosis)[25].
  • El derecho a la seguridad social, en donde resalta la casi desaparición del valor real de las pensiones, cuyo monto hoy apenas supera un (1) dólar mensual. Los ciudadanos pensionados, por razones obvias de su edad y en muchos casos sus condiciones de salud, no están en posibilidad de buscar otras fuentes de ingresos distintas a la pensión. Lo que ha colocado a centenares de miles de ancianos al borde de la inanición por la incapacidad de alimentarse ni siquiera un día con el ingreso que perciben del estado.
  • El derecho a la educación, al reducir al mínimo y casi desaparecer los presupuestos destinados al sistema educativo en todos sus niveles. Resaltando la desaparición absoluta del financiamiento a la investigación científica en las universidades y de todas las actividades relacionadas (adquisición de equipos y materiales, compra de libros y otras publicaciones, asistencia a eventos nacionales e internacionales). Hoy en día Venezuela es un país en el cual ha desaparecido la investigación científica como tal, salvo contadas excepciones sustentadas en financiamientos privados y en el esfuerzo personal de los propios investigadores de las universidades públicas.
  • Los derechos de los pueblos indígenas, en donde resalta todo un conjunto de violaciones ubicadas en la explotación del Arco Minero del Orinoco[26] y en las recientes resoluciones del CNE eliminando el voto directo de los pueblos indígenas para elegir la Asamblea Nacional[27].
  • La violación de prácticamente todos los derechos laborales consagrados en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT), resaltando el memorando 2792 del ministerio del trabajo de octubre de 2018[28], que desconoció todas las contrataciones colectivas vigentes en la administración pública y en el sector privado, barriendo en un solo acto las conquistas obreras que se habían logrado durante el período de Hugo Chávez. La política del gobierno ha sido la de “aplanar” las tablas salariales, estableciendo diferencias mínimas entre los salarios iniciales y las escalas más altas de remuneración, violentando el principio constitucional de progresividad en los derechos laborales, desconociendo la antigüedad, la capacitación profesional y técnica, los grados de responsabilidad y la meritocracia de los trabajadores.
  • La violación de derechos humanos también se viene presentando en el trato que el gobierno viene dando a los venezolanos que regresan de otros países debido a la pandemia. Al calificar como “bioterroristas” a los connacionales que regresan a través de pasos fronterizos ilegales[29] (trochas), se genera una instigación al odio y se abre la puerta a la represión policial-militar, se expone al desprecio público y se somete de hecho a malos tratos, a todos los ciudadanos que están regresando al país porque perdieron sus trabajos en los respectivos países adonde habían emigrado. Más aún cuando se constata que el ingreso “legal” al país por los pasos fronterizos está sumamente restringido y en algunos casos inexistente. El llamado “plan vuelta a la patria” de Maduro ha terminado en su contrario: “no regresen, que aquí no los queremos”.

En resumen, la violación de los derechos humanos fundamentales consagrados en nuestra constitución y las leyes de la República ha sido una constante durante el gobierno de Nicolás Maduro, y se ha mantenido y en algunos casos acentuado durante los meses de cuarentena decretados con motivo de la pandemia del coronavirus. De facto, el gobierno mantiene un estado de excepción permanente, suspendiendo garantías constitucionales que no pueden ser obviadas en ninguna circunstancia, como el derecho a la vida, la prohibición de incomunicación y tortura, el debido proceso, el derecho a la información y demás derechos intangibles (artículo 337 de la Constitución).

Más allá de denunciar esta grave situación que está convirtiendo a Venezuela en un territorio donde no existe el imperio de las leyes, y el abuso contra los ciudadanos es una política de estado, consideramos que hoy más que nunca se plantea la necesidad de una solución urgente a la profunda crisis que en todos los órdenes atraviesa el país. Una solución que, como hemos propuesto reiteradamente en el último año, debe buscarse por medios pacíficos, democráticos y constitucionales, a partir de acuerdos consensuados entre todos los sectores políticos y sociales del país.

República Bolivariana de Venezuela, 05 de agosto de 2020.

Santiago Arconada, Juan García, Edgardo Lander, Roberto López Sánchez, Gustavo Márquez Marín, Oly Millán Campos, Esteban Emilio Mosonyi, Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio.

 

[1] GNB presuntamente asesinó a un hombre e hirió a otro por reclamar abusos en estación de gasolina.

https://www.aporrea.org/ddhh/n357398.html

[2] Detenidos 4 gnb que iban con el capitán investigado por muerte en 'bomba' de Anzoátegui.

https://www.panorama.com.ve/sucesos/Detenidos-4-gnb-que-iban-con-el-capitan-investigado-por-muerte-en-bomba-de-Anzoategui-20200726-0043.html

[3] Mataron a un pescador en isla de Toas en protesta por gasolina. https://www.panorama.com.ve/sucesos/Mataron-a-un-pescador-en-isla-de-Toas-en-protesta-por-gasolina-20200716-0076.html

[4]https://twitter.com/VivaLaUCV/status/1286900373031202816

[5]https://efectococuyo.com/la-humanidad/livia-gouverneur-del-icono-de-lucha-al-desalojo-de-estudiantes/

[6]https://www.elnacional.com/venezuela/iris-varela-tras-asesinato-de-su-escolta-la-actuacion-aberrante-de-esos-funcionarios-no-quedara-impune/

[7]https://twitter.com/irisvarela/status/1271897496927834113/photo/4

[8] Homicidios en Venezuela: vamos de nuevo con las cifras.  Keymer Ávila | Sábado, 28/03/2020. https://www.aporrea.org/ddhh/a288589.html

[9] ¿Cómo se organiza la violencia desde el Estado en Venezuela? Por: Keymer Ávila | Lunes, 22/06/2020. https://www.aporrea.org/ddhh/a291996.html

[10] Diputado Chavista De La ANC Vivió En Carne Propia Atropello De La FAES.  julio 18, 2020. https://monitordolarvzla.com/diputado-chavista-de-la-anc-vivio-en-carne-propia-atropello-de-la-faes/

[11] Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

[12]https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/07/30/los-abogados-del-concejal-fernando-alban-difundieron-evidencias-de-las-torturas-que-sufrio-antes-de-morir-bajo-custodia-del-sebin/.

[13]https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/06/28/a-un-ano-del-asesinato-de-rafael-acosta-arevalo-la-esposa-del-capitan-detallo-la-brutal-tortura-que-sufrio-el-militar-por-parte-de-la-dictadura-chavista/

[14] Qué se sabe de Rafael Acosta Arévalo, el militar que murió bajo custodia en Venezuela. BBC News Mundo.

1 julio 2019.   https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48824174

[15] Existen hoy en Venezuela varios centenares de presos políticos, incluyendo un centenar de militares.

[16]https://eldiario.com/2020/07/31/ruben-gonzalez-simbolo-para-los-trabajadores-detenido-por-el-regimen/.

[17] Dirección general de contrainteligencia militar.

[18]https://talcualdigital.com/dgcim-detiene-a-periodista-javier-vivas-santana-aun-se-desconocen-los-motivos/

[19]https://www.cinco8.com/periodismo/detenido-el-politologo-nicmer-evans/

[20]https://cpj.org/es/2017/11/nueva-ley-contra-el-odio-de-venezuela-se-propone-s/.

[21]https://www.elnacional.com/venezuela/nicolas-maduro-acuso-a-la-ong-provea-de-ser-financiada-por-la-cia/

[22] Programa Venezolano de educación-acción en derechos humanos.

[23] Venezuela: ¿Por qué tenemos el salario más bajo del mundo?. Manuel Sutherland. 03/05/2020. https://www.sinpermiso.info/textos/venezuela-por-que-tenemos-el-salario-mas-bajo-del-mundo

[24]https://es.statista.com/estadisticas/1077860/america-latina-salario-minimo-mensual-por-pais/.

[25]https://www.voanoticias.com/archivo/oms-sistema-de-salud-de-venezuela-sigue-en-ca%C3%ADda-libre#:~:text=GINEBRA%20%2D%20%2D%20La%20ONU%20y%20las,alguna%20vez%20se%20consideraron%20vencidas.

[26] Informe: Situación de la Amazonía venezolana en tiempos de pandemia. 17/07/2020. https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/07/17/informe-situacion-de-la-amazonia-venezolana-en-tiempos-de-pandemia/

[27]https://oevenezolano.org/2020/08/el-cne-continua-violando-la-constitucion/

[28] Memorando-circular nº 2792. Lineamientos a ser implementados en las negociaciones colectivas de trabajo en el marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo. 11/10/2018. Publicado en: http://www.laizquierdadiario.com.ve/Trabajadores-marcharon-en-Caracas-contra-el-plan-de-ajuste-de-Maduro-y-los-empresarios

[29]Un #TrocheroInfectado es un bioterrorista que te puede quitar la vida a ti y a tus seres más queridos” afirmó el padre Numa Molina, muy vinculado políticamente al gobierno de Maduro. https://twitter.com/numamolina/status/1283375042081030146?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1283375042081030146%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aporrea.org%2Fmedios%2Fa293118.html Declaraciones similares las ha dado el mismo presidente Maduro y otros altos funcionarios como Freddy Bernal.

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Miembros de la comisión electoral se preparan en Minsk para la jornada anticipada de las elecciones presidenciales en Bielorrusia. EFE/EPA/TATYANA ZENKOVICH

El régimen está en modo supervivencia y decidido a reprimir las protestas, incluso si tiene que derramar sangre en las calles

 

En el barrio residencial de Minsk donde me encuentro escribiendo este artículo se oye el incesante pitido de los cláxones de los coches. El sonido expresa la protesta popular en la capital de Bielorrusia contra Alexander Lukashenko y su deseo de permanecer en el poder, sumando otro mandato presidencial a un gobierno que cumple ya 26 años.

El domingo, cuando la Comisión Electoral Central anunció los resultados provisionales que indicaban un "elegante triunfo" de Lukashenko, con casi el 80% de los votos, la gente salió a las calles a defender sus votos por la candidata de la oposición, Svetlana Tikhanovskaya, que oficialmente sólo obtuvo alrededor del 10%.

Mientras los números oficiales dan una clara victoria a Lukashenko, sondeos independientes realizados a pie de urna revelaron resultados llamativamente diferentes: le daban casi el 80% de los votos a Tikhanovskaya y menos del 10% al presidente en funciones. La diferencia entre ambos recuentos, sumado a que a los observadores independientes se les prohibió quedarse en los centros de votación, generaron reacciones sin precedentes en el país.

Decenas de miles de personas se reunieron en las calles de Minsk, unidos por una simple consigna: "¡Vete!". En respuesta, los siloviki  –fuerzas de seguridad especiales del Estado– dispersaron las multitudes de forma violenta, arrestando a unas 3.000 personas la primera noche e hiriendo a cientos de manifestantes. Algo especialmente llamativo es que se realizaron protestas a lo largo y ancho de todo el país. Esta no es la reacción de un pequeño grupo de progresistas carente de representación.

Hace dos días que está bloqueado el acceso a internet. Ni siquiera funcionan bien los métodos alternativos, como las VPN (esto ya había sucedido la noche de las elecciones en 2010 y esporádicamente durante la campaña electoral de 2020). El lunes por la tarde los manifestantes ––muchos de ellos confiando en información encriptada por la aplicación Telegram– seguían intentando tomar las calles. Gracias a momentos de conectividad, se pudieron leer informaciones en Telegram que advertían que estaban entrando a la ciudad camiones militares y equipo militar adicional.

El plan de Lukashenko para permanecer en el poder se está desmoronando. En un discurso reciente ha advertido a toda la nación que no piensa "entregar el país". Tanto él como los otros miembros de su Gobierno saben que si dejan el poder ahora, serán perseguidos por las numerosas violaciones a los estándares democráticos y a los derechos humanos que han cometido, como el referéndum inconstitucional que permitió a Lukashenko presentarse como candidato a presidente de forma ilimitada; la desaparición de opositores en los años 90; y el encarcelamiento de todo aquel que se atreviera a cuestionar su autoridad, entre otras. Además, el pueblo se sentiría libre de analizar lo que ha sucedido en los últimos 26 años. El régimen está en modo supervivencia: están decididos a reprimir las protestas, incluso si tienen que derramar sangre en las calles.

Aunque Lukashenko todavía tiene poder sobre el aparato represivo del Estado –como ha demostrado la imagen de los siloviki metiendo manifestantes desarmados en camiones a plena luz del día– y sigue teniendo influencia sobre los empleados del sector público que trabajan en las comisiones electorales, ya hay señales de grietas dentro del sistema.

Varios centros de votación, tanto en Bielorrusia como fuera del país, informaron que sus recuentos de votos daban un triunfo de Tikhanovskaya sobre Lukashenko. La propia Tsikhanouskaya declaró a Associated Press que su equipo tenía pruebas de que hay muchos centros de votación "donde la cantidad de votos a [su] favor multiplicaba los votos a favor del otro candidato".

Algunas informaciones indican que la noche del domingo la policía apareció en algunos centros de votación y obligó a las comisiones a informar los resultados 'correctos'. Además, aunque muchos de los siloviki que estaban ayer en las calles reprimieron a los manifestantes, otros se negaron a participar en la represión. Estos son hechos sin precedentes en el país.

Otro motivo de inspiración para los manifestantes y aquellos que se oponen al régimen desde dentro (en las comisiones electorales y la policía) es la creciente consolidación de la sociedad civil. Los bielorrusos, aquellos que viven en el país y los de la diáspora, ya han metido la mano en el bolsillo para colaborar colectivamente con las personas detenidas y reprimidas.

Estamos en un punto de inflexión. Lukashenko tiene pocas opciones, más allá de aferrarse al poder, lo cual abre la puerta a más violencia estatal contra el pueblo. Al mismo tiempo, nunca antes ha habido este tipo de protestas contra lo insoportable que es la vida bajo el régimen de Lukashenko. Incluso si logra reprimir las protestas de los próximos días, la sociedad bielorrusa ya ha despertado hacia una lucha por la libertad que ha llegado para quedarse.

Por Katsiaryna Shmatsina investigadora del Instituto Bielorruso de Estudios Estratégicos.

11 de agosto de 2020 22:07h

 

Traducido por Lucía Balducci

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Miércoles, 12 Agosto 2020 05:38

Misión imposible en Líbano 

La explosión en Líbano generó también una ola de protestas por la crisis económica. Foto Ap

“¡Sí, todos podemos estar de acuerdo en que el mar absorbió 70 por ciento de la explosión!”, me anunció un amigo libanés esta semana, con una base científica interesante, aunque dudosa. Yo le había preguntado –porque sabía la respuesta– cuál de las comunidades religiosas sufrió de manera más profunda la explosión que transformó a la nación. O que no la transformó, como podría ser el caso.

Como todo en Líbano, su cálculo podría ser correcto. Porque Beirut, como Trípoli –y Haifa, para el caso–, está construida sobre uno de esos antiguos promontorios del este del Mediterráneo, como “la cara de un viejo pescador”, según la frase memorable con que la describió Fairouz. El gran estruendo tal vez abarcó más agua de mar que edificios. Y los peces, hasta donde sabemos, no son religiosos.

Pero mi conocido –un musulmán sunita, servidor civil de muchos años, lector de libros más que de memorandos– se apresuró a advertir: “No veamos esto en términos de la guerra civil. Pero sí, los cristianos recibieron la peor parte porque viven junto al puerto, en el este de la ciudad, maronitas en su mayoría. Los del lado musulmán de Beirut perdieron sus ventanas; los cristianos perdieron la vida.” Pero ni siquiera eso era del todo cierto.

Los que dijeron que entre los muertos hubo libaneses de todos los credos también tenían razón. Hubo musulmanes –sunitas y chiítas entre los bomberos, tenderos y otros–, sin olvidar las docenas de refugiados sirios que podrían sumar la cuarta parte de las bajas. De hecho, los sirios de algún modo quedaron incluidos en la cuota mortal de Líbano. Pero hubo algo un tanto extraño en la forma en que esta tragedia se relató en Occidente.

En Francia, en Gran Bretaña y Estados Unidos –y, según noté, también en Rusia–, la narrativa (palabra que detesto) fue un poco diferente. Nos dicen que los “libaneses” protestan contra las “élites” y el gobierno –que han corrompido al país, llevado la economía a la bancarrota, han sido incapaces de proteger a su pueblo– y ahora exigen un nuevo sistema político, democrático, no sectario, incorrupto, etc., etc. Cierto otra vez.
Y sí, las casas y edificios aplastados y las calles devastadas son sin duda parte de la destrucción de Beirut. Pero sus nombres –Gemmayze, Mar Mikhael, Ashrafieh– fueron presentados como meras ubicaciones en el mapa de una ciudad, más que como el epicentro no solo de la ola expansiva, sino del viejo corazón cristiano de la capital libanesa. Esos distritos eran bellos, preservaban con magnificencia su herencia otomana… vean nada más lo que le ocurrió al asombroso Museo Sursock.

Eran zonas alegres, centros de reunión para jóvenes (sobre todo de clase media, pero tanto musulmanes como cristianos), llenos de restaurantes y bares, inmensamente populares no solo entre los libaneses, sino entre los occidentales que vivían en la ciudad y se sentían seguros entre pobladores que hablaban francés e inglés y eran en su mayoría pro europeos (y a menudo antisirios y anti iraníes).

Antes de la guerra civil era al revés: los extranjeros vivían en el oeste de Beirut, arracimados en torno a la Universidad Americana con su educación liberal, sus manifestaciones de protesta, sus movimientos palestinos (entonces), sus sunitas y drusos de clase media y, si uno se alejaba treinta kilómetros, su gran mayoría chiíta ignorada. En guerras subsecuentes con Israel, esas y otras áreas musulmanas fueron arrasadas por las bombas, diezmadas por explosiones, sus habitantes confinados en reductos. Los distritos cristianos se salvaron en parte.

Gemmayze y Mar Mikhael fueron líneas del frente falangista cristiano; las calles de Beirut oriental eran patrulladas por una mezcla de palestinos venales y milicias musulmanas. Cuando los israelíes invadieron Líbano, en 1982, fueron recibidos como salvadores por decenas de miles de cristianos y bienvenidos en las calles. Ariel Sharon se reunió con el líder de las milicias cristianas y luego asesinó al presidente electo Bahir Gemayel en el magnífico restaurante Au Vieux Quartier de Beirut oriental; el lugar fue remodelado hace mucho, pero la calle donde estaba seguía devastada el 4 de agosto pasado.

Y no, la bola de fuego cuyas ondas de choque terminaron con la vida de esas personas la semana pasada no fue una especie de venganza política por el pasado. Los cristianos resistieron meses de bombazos de las milicias musulmanas durante la guerra y después los bombardeos de Siria y, en meses recientes, su pueblo estaba entre los que aplaudían a quienes demandaban el fin de los gobiernos corruptos de Líbano. Pero entre ellos también están quienes dieron histérica bienvenida del exilio al terrible y –según creencia de muchos– demente general cristiano Michel Aoun, quien era enemigo de Siria y hoy es su amigo, y cuyo yerno es hoy ministro del exterior (de allí el ataque a su ministerio el fin de semana).

Por Robert Fisk | martes, 11 ago 2020 19:40

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Líder mapuche chileno en huelga de hambre publicó un audio de despedida

“Será un orgullo dar la vida por mi pueblo mapuche”, dijo Celestino Córdova

La medida de fuerza del dirigente se produjo en el marco del denominado “conflicto de La Araucanía”. Desde 2016 los pueblos originarios chilenos demandan la devolución de tierras usurpadas.

 

El líder mapuche chileno Celestino Córdova grabó un mensaje de despedida ante las complicaciones de salud que sufre tras cumplir 100 días en huelga de hambre. Córdova exigió reivindicaciones políticas, territoriales y judiciales al gobierno. La medida de fuerza del dirigente se produjo en el marco del denominado “conflicto de La Araucanía”. Desde 2016 los pueblos originarios chilenos entraron en pugna con el gobierno para pedir la devolución de tierras usurpadas por el Estado y empresas. Además reclaman la autonomía del pueblo mapuche y la creación de un ministerio indígena.

Córdova cumple desde 2014 una condena de 18 años de cárcel. Se lo acusó por el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay. Ambos murieron durante un incendio en su casa de Vilcún, 700 kilómetros al sur de Santiago, como consecuencia de un ataque incendiario llevado a cabo en 2013. “Lamento mucho que tenga que entregarles mi último mensaje dentro mis últimos días que me quedan”, señaló el líder mapuche. También aludió a su condición de machi (guía espiritual) para expresar que es su deber realizar este sacrificio. "Para que mi muerte sea más rápido me he colocado a la disposición de retomar huelga seca en cualquier momento y así mi desenlace no será lento como se lo esperan los actores de todos los poderes del Estado", agregó Córdoba. Además destacó que dará la vida por su pueblo y sus creencias. “Sólo espero que al Estado de Chile le sigan exigiendo, de todas las formas, devolver nuestro territorio ancestral mapuche y todas las deudas históricas con todos los pueblos originarios”, sostuvo el machi.

En medio de este histórico conflicto entre los pueblos originarios y el gobierno, el presidente Sebastián Piñera afirmó el pasado domingo que estaba abierto al diálogo. Sin embargo enfatizó que se debía respetar el Estado de Derecho, renunciando a la violencia y colaborando en avanzar en las soluciones. Nada dijo del violento desalojo por parte de Carabineros de las tomas de municipalidades en la Araucanía. Por su parte, el líder mapuche sostiene que desde el 2013 el Estado chileno le arrebató sus tierras, su comunidad y a su familia. 

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Imagen: AFP

Crece la tensión al cumplirse nueve días de reclamos por la postergación de las elecciones presidenciales

 

El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, afirmó que "lo políticamente correcto sería meter bala" a los manifestantes que hace nueve días protestan contra el retraso de las elecciones presidenciales, pospuestas ya dos veces.

El expresidente Evo Morales pidió no caer en provocaciones y exigió la convocatoria de comicios "con fecha definitiva e inamovible".

"No debemos caer en las provocaciones que nos quieren llevar a la violencia. Solo con el pueblo en el poder democrática y pacíficamente podremos resolver la crisis y eso significa elecciones ya, con fecha definitiva e inamovible", tuiteó Morales, tras las declaraciones de Murillo.

En medio de una crisis político-social en la que se encuentra el gobierno de facto de Bolivia, a lo que se suman las sucesivas postergaciones de los comicios presidenciales, el país cumplió este martes su noveno día de protestas, convocadas con cortes de ruta por la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores aliados al exmandatario.

Si bien este fin de semana hubo dos intentos de diálogo con el gobierno de facto de la presidenta Jeanine Áñez, estos no prosperaron, informó el diario Los Tiempos.

Ante esta situación de bloqueo, el ministro de Interior amenazó en una entrevista con la cadena CNN que "lo políticamente correcto sería meter bala", aunque luego consideró que aún es posible resolver el conflicto antes de una eventual intervención militar.

“Nosotros estamos tratando de evitar una guerra civil en este país, tenemos las horas contadas para ello”, dijo Murillo. Y advirtió que si no hay acuerdo “no va a quedar otra forma que actuar con la mano más dura, con la ley en la mano”.

Los piquetes  se mantienen en regiones donde la tensión es más notoria como la central Cochabamba, en lugares estratégicos que conectan con Santa Cruz, la mayor ciudad de Bolivia y capital financiera del país, o La Paz, sede del Gobierno y del Parlamento bolivianos.

La situación complica aún más la crisis sanitaria por Covid-19 en el país, con una falta de suministros creciente en numerosos hospitales.

“El colapso de los hospitales es total, están carentes de equipos de bioseguridad, insumos, medicamentos”, denunció el representante del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública, Carlos Nava, en referencia a los centros en Cochabamba.

La falta de provisiones también está afectando a las cooperativas, que pidieron el levantamiento de los bloqueos para poder ingresar alimentos, insumos y medicamentos.

Pese a que el Tribunal Superior Electoral garantizó el 18 de octubre como el día de las elecciones generales, las personas que cortan las rutas piden ahora la renuncia de Áñez, quien retrasó las elecciones en dos ocasiones con el pretexto de la pandemia.

Los comicios están pendientes desde la anulación de los de octubre de 2019 tras una serie de denuncias de fraude, aún bajo investigación judicial, y una rebelión militar que obligó a Morales a abandonar el país.

En tanto, en un nuevo choque de poderes con el Ejecutivo, el Senado -de mayoría opositora- aprobó este martes el proyecto de ley que obliga a las exautoridades de los tres niveles de Estado a permanecer en el país por tres meses luego de la finalización de su mandato.

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Bloqueo en la ruta Santa Cruz - Cochabamba. Foto tomada de la cuenta en Twitter de Actualidad Bolivia

Protestas masivas, bloqueos en carreteras, represiones policiales, desalojos con armas y una creciente presencia de grupos paramilitares envuelven a Bolivia en un caos político y social.

Como trasfondo de la situación actual, se encuentra el retraso en celebrar las elecciones y los intentos de proscripción del Movimiento al Socialismo (MAS).

Este fin de semana se recrudecieron los enfrentamientos, algunos de ellos armados, entre fuerzas de seguridad y grupos de choque, contra las organizaciones aglutinadas en la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, que el lunes pasado comenzaron una serie de movilizaciones para protestar por la postergación de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre.

La pandemia de COVID-19 es la justificación del gobierno y las autoridades electorales para cambiar la fecha, pues plantean que esa jornada propagaría todavía más el coronavirus, que hasta ahora ha dejado un saldo de 89 999 contagios y 3640 muertes.

Sin embargo, seguidores del MAS consideran que este es un pretexto para ganar tiempo, ya que están realizando una serie de maniobras para impedir la postulación de Luis Arce, el candidato presidencial del MAS quien, de acuerdo con las encuestas, encabeza la intención de voto.

Unido a marchas y actos masivos, los grupos que apoyan al MAS y organizaciones universitarias y vecinales, se apostaron de manera permanente en rutas a lo largo del país con el fin de presionar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que mantenga la agenda electoral y los comicios se realicen el próximo mes.

En medio de este escenario, hasta este domingo la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 77 bloqueos en carreteras, principalmente en Cochabamba, Oruro, La Paz y Potosí.

Uno de los casos más graves se registró en la localidad de Santa Rosa, ubicada en el departamento de Santa Cruz, donde la Defensoría del Pueblo confirmó que hubo por lo menos tres heridos de bala.

En la Plaza Abaroa, en el centro de la Paz, cientos de encapuchados amenazaron con sacar por la fuerza a los manifestantes, que permanecen frente al TSE.

Las organizaciones denunciaron, además, que en varios bloqueos hubo represiones policiales con gases lacrimógenos y detenciones injustificadas, y que se multiplicó la presión por parte de grupos paramilitares que llegaron armados a las protestas para amedrentarlos.

Ante las denuncias de violencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exigió a Jeanine Áñez que garantice el diálogo con todos los actores involucrados y asegure el ejercicio del derecho de reunión y de protesta pacífica y el respeto a los derechos humanos.

El expresidente Evo Morales advirtió que se corre el peligro de que la violencia derive en pérdida de vidas humanas, y denunció intentos de un nuevo golpe de Estado para evitar las elecciones e instalar un gobierno conformado por civiles y militares.

"Denunciamos ante los organismos internacionales de Derechos Humanos que grupos paramilitares, organizados, financiados y que actúan en coordinación con el gobierno de facto, están cometiendo actos de violencia en Boliva con gravísimas consecuencias humanas", escribió en su cuenta en Twitter el exmandatario.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, amenazó con operativos de desalojo y con denuncias penales en contra de funcionarios y dirigentes políticos que están organizando o apoyando los bloqueos, ya que los acusó de delitos contra la salud pública porque con los cortes de rutas se impide el paso de insumos sanitarios en plena pandemia.

Estas acusaciones fueron negadas por el MAS con fotos y videos que demuestran que sí se permite el paso a ambulancias y proveedores de hospitales.

10 agosto 2020

(Con información de RT en Español)

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La bandera libanesa cuelga de la estatua de los Mártires en la Plaza de los Mártires en Beirut, Líbano. /EFE/EPA/WAEL HAMZEH

La intromisión de Occidente en Líbano ha existido incluso desde antes de su independencia en 1943. Primero Francia y después Estados Unidos se han entrometido en la política interna de un país que fue desgajado artificialmente de Al Sham, la Gran Siria. Su enorme complejidad religiosa dificulta hallar una solución que solamente podrá abordarse si antes se resuelven los conflictos regionales.

 

La explosión del cuatro de agosto en el puerto de Beirut ha desencadenado una ola de solidaridad occidental con Líbano que se traducirá en el envío de una ayuda de un montón de millones de dólares y en innumerables declaraciones de ánimo al maltrecho país del otro extremo del Mediterráneo, no exentas de consejos y buenas intenciones.

Sin embargo, de la misma manera que el infierno está lleno de buenas intenciones, los problemas del diminuto Líbano son gigantescos y no parece que la injerencia occidental vaya a resolverlos. Al contrario, al inmiscuirse en su política, algo que viene haciendo Estados Unidos desde siempre, es muy posible que asistamos a un deterioro de la situación, con un mayor riesgo de inestabilidad.

Para resolver los problemas libaneses, como los de otros países árabes de la región, deberían darse dos circunstancias: la resolución del conflicto árabe-israelí y la profundización en un acuerdo similar al de Barack Obama con Teherán que fue desbaratado por el presidente Donald Trump.

Ninguna de estas dos condiciones, que son necesarias, va a darse por el simple hecho de que la política exterior americana se dirige al milímetro desde Tel Aviv y está claro que el Israel de Benjamín Netanyahu no tiene la menor intención de resolverlas; al contrario, todos sus pasos se dirigen cuidadosamente a crear más inestabilidad.

La injerencia den la política libanesa es constante y determinante. La embajadora de EEUU en Beirut, Dorothy Shea, ya montó un pollo considerable hace solo unas semanas dictando a los cuatro vientos qué debería hacer y qué no hacer el gobierno libanés, obrando de una manera inadmisible que ni EEUU ni ningún otro país permitiría de ningún diplomático extranjero.

Lo que más desearía Washington es exactamente lo que más desearía Israel, es decir que la tierra se tragara a Hassan Nasrallah, el líder de Hizbolá, la fuerza política y militar dominante. Washington y Tel Aviv querrían que desapareciera sin pagar ningún peaje, y que su desaparición se tradujera en la consolidación de la hegemonía israelí en la región, al fin y al cabo Nasrallah y sus padrinos de Teherán son el último obstáculo que se interpone para la dominación total de Israel.

Los israelíes no aceptarán ninguna otra cosa que no sea esa, y cuentan con el apoyo inequívoco de Trump para conseguirlo, al tiempo que la Unión Europea ha optado por aplicar cuatro "estrategias" alternativas que son inútiles: estar ausente, ignorar los problemas reales, ignorar que todos ellos conducen a Tel Aviv o saltar a la comba al ritmo que impone Washington, es decir de Tel Aviv.

Debe insistirse en que los problemas de Líbano no se resolverán si antes no se solucionan el conflicto árabe-israelí y las relaciones con Irán. Nasrallah dijo hace unos años que Hizbolá aceptará cualquier acuerdo con Israel que cuente con el visto bueno de los palestinos, pero ¿qué ha hecho el presidente Trump? Parir un engendro que llama "acuerdo del siglo" que es un disparate y certifica el expolio de los palestinos y las ya viejas políticas de apartheid.

En cuanto a Irán, hace solo unas semanas trascendió que las autoridades de Omán, que mantienen buenas relaciones con Irán e Israel, ofrecieron a Netanyahu un diálogo directo con Teherán. Netanyahu lo rechazó sin pensárselo dos veces por la sencilla razón de que lo último que le interesa es la estabilidad y aspira a tener comparsas dóciles y dispuestos a ejecutar sus designios, como ya lo hacen el príncipe saudí Mohammad bin Salman y el príncipe emiratí Mohammad bin Zayed, totalmente sometidos a su voluntad.

La inacción de las potencias europeas contribuye de una manera creciente a la inestabilidad. Francia y Alemania, y no digamos el Reino Unido, no mueven un dedo para frenar la evolución de un Oriente Próximo que más tarde o temprano volverá a crear problemas mayores a Europa. Al contrario, los europeos dan muestras de sentirse a gusto con esa dinámica que ahora tiene el punto de mira inmediato orientado a Libia y Líbano.

Dentro de una semana el Tribunal de la Haya se pronunciará sobre el asesinato del exprimer ministro libanés Rafiq Hariri. Diga lo diga el tribunal, su dictamen significará una nueva sacudida para Líbano. En todo caso, es evidente que los tribunales internacionales están muy politizados y al servicio de las potencias hegemónicas. En el caso de Líbano, no hay duda de que, en tanto que herramienta de Occidente, el dictamen solamente traerá inestabilidad.

Cuando Emmanuel Macron afirma que quiere evitar el "caos" que se cierne sobre Líbano, haría bien en apuntar en otra dirección ya que la situación en Líbano no se arreglará si no se arreglen los problemas regionales en los que está implicado Israel, unos problemas que no se van a resolver con un puñado de dólares ni con declaraciones bonitas que no guardan relación con el meollo de la cuestión.

Pensar, como se piensa en Occidente, que la caída del gobierno de Beirut y su sustitución por otro, o que el ejército debería tomar el control de la situación, va a resolver los problemas de Líbano, es una ingenuidad en estado puro. Los problemas de Líbano únicamente se solucionarán si se arregla el contexto de la región, una posibilidad que los occidentales ni siquiera se plantean.

11/08/2020 08:14

Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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Martes, 11 Agosto 2020 05:38

Lecciones de la historia

"El caso brasileño fue muy particular. El giro económico de Rousseff, en su segundo mandato, es una de las claves para entender su derrocamiento", apunta Diego Rubinzal.  ________________________________________ Imagen: EFE

Los daños autoinfligidos. La experiencia brasileña

La menor desigualdad fue producto de la mejora de los ingresos laborales y de las transferencias estatales a los sectores más postergados entre 2002 y 2014. El cambio de régimen de política económica generó una recesión económica innecesaria en 2015.

 

El neoliberalismo se adueñó del tablero mundial tras el colapso del socialismo real. América latina no fue ajena a esa oleada. En los dos países más importantes del Cono Sur, los presidentes Carlos Menem y Fernando Henrique Cardoso fueron alumnos ejemplares del Consenso de Washington. Sin embargo, “nada es para siempre” como enseña la canción de Fito Paez.

La crisis social provocó la salida anticipada de varios gobiernos (Argentina, Ecuador, Bolivia). Esa fue la antesala del ascenso al poder de una variopinta centroizquierda regional.

Más allá de las diferencias, el “giro a la izquierda” se tradujo en mayor inclusión social. Según datos de la Cepal, el coeficiente de Gini disminuyó del 0,547 a 0,491, entre 2002 y 2014. A su vez, la brecha entre el diez por ciento que más y menos gana se redujo de 43 a 39 veces. La menor desigualdad fue producto de la mejora de los ingresos laborales y de las transferencias estatales a los sectores más postergados.

Un dato no menor fue que se consolidó esa tendencia a contramano de lo que ocurría a escala mundial. En otras palabras, la reducción de la brecha de desigualdad latinoamericana coexistió con mayor inequidad a escala global. A pesar de esos logros, la mayoría de esos gobiernos perdió apoyo popular con el paso del tiempo. Los motivos son multicausales e incluyen patrones comunes (por ejemplo: el lawfare) y específicos de cada país.

Por ejemplo, el caso brasileño fue muy particular. El giro económico de Rousseff, en su segundo mandato, es una de las claves para entender su derrocamiento. La historia comenzó con la designación del ortodoxo Joaquim Levy como ministro de Hacienda. Esa decisión generó fuertes resistencias internas en el Partido de los Trabajadores (PT). Sin embargo, la política de “austeridad” impulsada por el ex banquero fue defendida por Lula aduciendo que esa estrategia había arrojado buenos resultados en el tramo inicial de su primer gobierno. Sin embargo, el contexto internacional era incomparable.

Lo que ocurrió después fue muy predecible. El cambio de régimen de política económica generó una recesión económica innecesaria. El daño autoinfligido desplomó los índices de popularidad de Dilma. El clima estaba servido para la maniobra destituyente encabezada por Michel Temer.

¿Por qué el gobierno del PT cayó en esa trampa?. Responder ese interrogante no es una mera curiosidad histórica sino fuente de aprendizaje para el futuro. En "Conflicto distributivo y fin de la 'breve Edad de Oro' de la economía brasileña", los profesores de la Universidad de Rio de Janeiro Franklin Serrano y Ricardo Summa plantean que hubo una “revolución indeseada” (para los capitalistas) en el mercado laboral en Brasil entre 2004 y 2014. Eso fue resultado del fuerte aumento del salario mínimo, la creación de empleo y el empoderamiento sindical. En el período 2005-2015, la participación salarial aumentó un promedio de 1,2 puntos porcentuales anual, según las estimaciones de los economistas Saramago, Medeiros y Freitas.

“El giro neoliberal en la política económica de 2015 estuvo relacionado con las consecuencias de la “revolución indeseada” en el mercado de trabajo. Parece que ocurrió en la breve edad de oro brasileña algo en parte similar a lo que sucedió al final de la larga edad de oro de los países centrales: una reacción política a la intensificación del conflicto distributivo, que finalmente llevó a la adopción de políticas de austeridad. Además, existía la diferencia de que los capitalistas aquí confiaban en el apoyo de los trabajadores de mayores ingresos, enojados con la reducción de la desigualdad salarial y el costo creciente del trabajo en los servicios domésticos”, explican Serrano y Summa. El desenlace es conocido. Ceder a las presiones costó muy caro.

* Director Regional de la AFIP Santa Fe.

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Bolivia: la violencia podría desbordarse

Crecen los pedidos para que renuncie la presidenta de facto Jeanine Áñez 

Mientras las protestas y piquetes continúan, fuerzas de choque paramilitares de ultraderecha amenazan con atacar a los manifestantes. 

 

Los diversos diálogos en Bolivia entre actores sociales, políticos y autoridades han fracasado y continúan los bloqueos de carreteras. Para este lunes se anuncian marchas hacia la sede de gobierno y hay advertencia de la derecha de movilizar a sus seguidores para enfrentar a los bloqueadores y piqueteros.

Mientras tanto en el llamado Palacio Quemado (fue incendiado dos veces el siglo XIX) la presidenta Jeanine Áñez convocó para ayer domingo a los partidos políticos, a la Iglesia Católica, a los organismos internacionales, a los movimientos sociales y al TSE. La respuesta fue muy pequeña, ninguno de los grandes partidos que tercian en las elecciones mandó a sus candidatos, mucho menos los movimientos sociales. Sólo asistió PanBol y ADN dos pequeñas organizaciones que en las encuestas no superan el 1 % de intensión de voto.

Pero incluso esos dos únicos partidos políticos presentes en la cita pidieron la renuncia de Áñez. La solicitud coincide con muchos de los movilizados, sobre todo del campo. Así lo hicieron saber los Ponchos Rojos que son los campesinos de la zona lacustre del altiplano, una de las más bonancibles por la presencia de agua y un clima más templado que, por ejemplo altiplano sur.

Los Ponchos Rojos (el color no tiene que ver con ideología sino con adscripción a su zona de origen) acaban de elegir a un ex dirigente guerrillero y dirigente de los bloqueos de 2000 y 2003, Felipe Quispe Huanca como su comandante en la lucha.

Quispe es un aymara radical que criticÓ muchas veces al Movimiento al Socialismo acusándolO de reformista.

Pero el pedido de renuncia también se ha afincado en sectores de la ciudad de El Alto, la urbe aymara por excelencia donde los movilizados derrotaron a Gonzalo Sánchez de Lozada y a la que todo el fin de semana han llegado campesinos de las provincias paceñas.

Para este lunes se anuncia la marcha de alteños y de trabajadores del agro rumbo a la ciudad sede de gobierno. 

Pero las consignas ya no giran en torno a elecciones sino cambio inmediato de gobierno y solución del tema educacional. Recordemos que el año escolar ha sido suspendido por el gobierno de Añez.

¿Y en el Movimiento al Socialismo?

Tampoco todo es color de rosa en el Movimiento al Socialismo (MAS) pues no controla a voluntad a los movimientos sociales. 

Evo Morales y la dirigencia quisieran que la movilización termine y que se vaya a elecciones.  Los más radicales dentro del partido azul están pertrechados al lado de quienes protestan.

Las condiciones propuestas por la cúpula masista para que las elecciones sean el 18 de octubre fueron aceptadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE): Que la nueva fecha electoral esté refrendada con ley de la nación a través del Parlamento y luego sea promulgada por la presidenta Jeanine Añez

Esto estaba acompañado con los pedidos que el TSE se comprometa a no hacer nuevas modificaciones en cuanto a la fecha y que el acuerdo tenga garantes internacionales como Naciones Unidas, la Unión Europea, etc.

Además, el tribunal electoral le dio la razón al partido de Evo Morales al señalar que no podía inhabilitar a la sigla ni al candidato al existir sobradas dudas razonables sobre la constitucionalidad de un artículo que prohibía que los candidatos puedan comentar encuestas. Así el partido azul respiró tranquilo pues el tema pasaba al Tribunal Supremo Constitucional, donde el promedio de tiempo para la emisión de sentencia va de 6 meses a un año.

El problema está en que los dirigentes de los movimientos sociales están emperrados en que se cambie la fecha en por lo menos una semana. Es decir, que se realicen el 11 y no el 18.

Asoman los radicales

El líder de la movilización que obligó a renunciar a Evo Morales y candidato a la presidencia por la alianza Creemos, “envió una carta abierta a la presidenta Jeanine Áñez en la que le manifiesta que si no cumple con su misión constitucional de dar seguridad a los bolivianos y ordena el levantamiento de los bloqueos y la liberación de los secuestrados, se verá en la obligación de convocar al pueblo para rechazar la ´violencia masista´ y cuidar la democracia y la vida de los bolivianos”, según declaró Luis Fernando Camacho a ATB digital.

De hecho fuerzas de choque paramilitares de ultraderecha ya viajaron de Santa Cruz y Cochabamba hacia la sede de gobierno y ahí chocaron anoche contra los huelguistas de hambre en la plaza Avaroa donde se encuentra la sede del TSE. Finalmente, la policía tuvo que separarlos. El Tiquipaya (Cochabamba) los bloqueadores capturaron a 7 miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y la policía detuvo a 50 bloqueadores en Samaipata en Santa Cruz. (Radio Kawsachun Coca).

Como vemos se viven pequeñas escaramuzas en varios frentes. Y este lunes podría ser un día clave para saber qué va a pasar en Bolivia.

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