El desempleo en Colombia se dispara hasta el 19,8% en abril

Los desempleados pasan de 2,5 millones hasta más de 4 millones en el primer mes completo de cuarentena para frenar la pandemia

 

Colombia ya siente con fuerza la dentellada económica provocada por el coronavirus. La tasa de desempleo, el tradicional talón de Aquiles de una de las economías más estables de América Latina, se disparó hasta el 19,8% en abril, el primer mes completo de la cuarentena nacional decretada por el Gobierno de Iván Duque para frenar la propagación de la covid-19. El dato divulgado este viernes por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística está en línea con las proyecciones más pesimistas y representa casi el doble con respecto a la tasa de abril de 2019.

En un mes, más de 5,3 millones personas dejaron de estar ocupadas en el país andino, la cuarta parte de los puestos de trabajo. En ese mismo periodo, los desempleados pasaron de 2,5 millones a 4,1 millones, mientras la población ocupada se ubicó en 16,5 millones de personas. Como se anticipaba, los sectores más golpeados fueron industria manufacturera, comercio, restaurantes, actividades artísticas y de entretenimiento. Si se amplía el periodo de febrero a abril, la tasa de desempleo se ubica en 14,6 %. El pasado marzo, cuando los colombianos llevaban cerca de una semana sometidos a las inéditas medidas de confinamiento, el desempleo ya había subido al 12,6%.

Colombia arrancó este año con los mejores números entre los países grandes de la región. El crecimiento de los dos primeros meses superaba el 4%, pero la incertidumbre de marzo, cuando se inició la cuarentena, bastó para frenar ese impulso y cerrar el trimestre con un crecimiento de 1,1%. Es probable que el pasado abril quede registrado como el mes de peor desempeño económico en la historia de Colombia, coinciden diversos analistas. Para este año, el Ministerio de Hacienda prevé una desaceleración en torno a -5,5%, aunque para el Fondo Monetario Internacional la caída será de -2,4%.

Después de más de dos meses del llamado “aislamiento preventivo obligatorio”, el país se apresta a pasar a una nueva fase que relaja las medidas de confinamiento a partir del lunes. El Ejecutivo ha insistido en recuperar la “vida productiva” –más no la “vida social”– mediante una reactivación económica escalonada. Desde hace varias semanas, sectores como la construcción, la manufactura y algunos comercios están autorizados a salir a las calles bajo ciertos protocolos, y a partir de junio las numerosas excepciones también cobijan las "actividades profesionales, técnicas y de servicios en general”, el comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales, así como los museos, bibliotecas y peluquerías, entre muchas otras.

Aunque exhibe con orgullo una de las economías más estables de América Latina, que solo ha acabado un año en negativo en más de medio siglo, Colombia también ha mantenido una tasa de desempleo “inaceptablemente alta”, como reconocía en noviembre el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El año pasado volvió a ubicarse por encima de los dos dígitos (10,5%) y el coronavirus amenaza con llevarla por encima del 20 % en 2020.

La preocupación también se asienta en el frente de la larga lucha contra la pobreza y la desigualdad. Para 2018, Colombia había reducido el porcentaje de su población por debajo de la línea de pobreza hasta el 27 %. Un reciente estudio de la Universidad de Los Andes advierte que la pandemia puede representar un retroceso de dos décadas, hasta los tiempos en que cerca de la mitad de la población se ubicaba por debajo de ese umbral.

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El gobierno de España aprobó un ingreso mínimo para paliar la pobreza en plena pandemia

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) estará orientado a familias que se encuentran en situación o riesgo de pobreza. "Hoy nace un nuevo derecho social en España. Es un día histórico para la democracia", dijo el vicepresidente Pablo Iglesias.

 

El gobierno de España aprobó el primer Ingreso Mínimo Vital (IMV) a nivel nacional. Con esta medida pretende llegar a 850 mil hogares que integran casi 2,4 millones de personas. El mismo estará orientado a familias que se encuentran en situación o riesgo de pobreza. "Hoy nace un nuevo derecho social en España. Es un día histórico para la democracia", señaló el vicepresidente segundo Pablo Iglesias. El ingreso oscilará entre 462 y 1.015 euros al mes (500-1.200 dólares), dependiendo de la composición del hogar, que puede ser unipersonal. De acuerdo con el gobierno esta ayuda supondrá la práctica erradicación de la pobreza extrema en el país. La medida llega en medio de una crisis económica severa causada por la pandemia del coronavirus. En España hubo unos 950.000 nuevos desocupados desde el inicio del confinamiento.

 

"Justicia social y recuperación económica"

 

La medida estaba incluida en el programa de gobierno acordado entre el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos (UP). Sin embargo su aplicación se aceleró ante las consecuencias económica de la pandemia. Podrán pedir esta ayuda hogares de cualquier tamaño, también los unipersonales, siempre que la persona tenga entre 23 y 65 años y lleve al menos tres años constituido el hogar. Cuando es una pareja, el hogar debe estar formado desde hace un año. Se requiere también al menos un año ininterrumpido de residencia legal en España, excepto para las personas vulnerables en situaciones de violencia de género o explotación sexual.

El presidente de España Pedro Sánchez destacó el carácter permanente de la medida. “Ampara a quienes peor lo están pasando, combate la pobreza y contribuye a la recuperación económica de nuestro país", explicó el mandatario en su cuenta de Twitter. El gobierno informó que un 30 por ciento de los beneficiarios serán menores. Los montos fijados por el ejecutivo nacional establecen un mínimo para todo el país que las distintas comunidades autónomas podrán mejor. Su asignación dependerá de la composición, patrimonio e ingresos del hogar. Durante el primer mes de vigencia del ingreso mínimo, el gobierno actuará de oficio con la intención de llegar rápidamente a unos 100.000 hogares que cumplen con los requisitos, sin que sea necesario que lo soliciten. El coste anual para el Estado se calcula en unos 3.000 millones de euros, equivalente a un 0,24 por ciento del PIB de 2019.

Por su parte Iglesias subrayó que este ingreso viabiliza la redistribución de la riqueza. “Es absolutamente imprescindible para la recuperación económica", sostuvo el miembro de UP. Además recalcó la importancia de que esos recursos no irán a paraísos fiscales sino al consumo para dinamizar la economía del país. Actualmente están en situación de pobreza extrema unos 600.000 hogares y 1,6 millones de personas que viven con ingresos entre 245 y 362 euros al mes. "No hay libertad si no se llega a fin de mes", aseguró Iglesias. Por su parte la ministra de Trabajo Yolanda Díaz también recalcó el carácter histórico de la medida. “El propósito de este gobierno de no dejar a nadie atrás se sustancia en una prestación estructural, destinada a permanecer, y que era un compromiso con nuestro país", sostuvo Díaz. En el resto de Europa ya se aplican medidas similares por lo que España llega rezagada, aseguró Andoni Montes, analista de la Fundación Alternativas a la agencia EFE. "El IMV pone a España en un contexto de la normalidad europea", explicó Montes. Según el analista el país no poseía una política de protección social tan ambiciosa como otros de su entorno.

 

Un plan para alentar el empleo

 

Desde las entidades empresariales y la ortodoxia económica marcaron los peligros del programa social que planteó el gobierno. Entre la oposición política, el portavoz en el Senado del conservador Partido Popular Javier Maroto consideró muy grave que el gobierno pretenda usar para este ingreso los fondos de las pensiones de retiro. Por su parte el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Antonio Garamendi recalcó que este sistema no tiene ningún sentido si no conduce hacia lograr más empleos. "No podemos tener un país subvencionado", recalcó el representante del sector. Además pidió que el IMV se aplique de manera idónea y con la obligación de que los beneficiarios no puedan rechazar ofertas de trabajo.

Sin embargo el gobierno explicó que la asistencia será compatible con rentas salariales e incluirá incentivos al empleo. De esta forma los beneficiaros van a poder realizar en paralelo trabajos temporales o por cuenta propia sin perder el beneficio. El IMV cubrirá la diferencia entre la renta existente en cada familia y el umbral fijado para cada tipo de hogar. Este límite de patrimonio, que aumenta según el número de personas que forman el hogar, parte de 16.614 euros netos (unos 18 mil dólares) para una persona que viva sola, hasta un máximo de 43.196 euros (48 mil dólares). Sólo al sobrepasar ese monto los beneficiarios perderán la asignación. Antes de esta crisis, 4,5 millones de hogares españoles se encontraban en riesgo de exclusión social o pobreza severa. Esto suponía casi el 25 por ciento del total de la población, según un estudio del Banco de España de marzo pasado.

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Por una renta básica (transitoria) para nueve millones de familias en Colombia

Coalición de 54 senadores presentan proyecto de Ley para una Renta Básica de Emergencia

 

Una coalición de 54 senadores colombianos, integrantes de 9 partidos, radicaron el miércoles 27 de mayo el proyecto de Ley por medio del cual se entregaría a nueve millones de familias colombianas, unos 30 millones de personas pobres y vulnerables, una renta mínima equivalente a un salario mínimo mensual.

Bajo el título “Por el cual se crea el programa ingreso solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica” y se crea la renta básica de emergencia, estos senados pretenden que el “[…] Estado garantice a los colombianos una vida digna durante la crisis derivada de la pandemia del Covid.19”.

De acuerdo a los firmantes, “[…] el proyecto consiste en transferir por parte del Estado a la totalidad de hogares pobres y vulnerables del país, el valor de un (1) SMMLV por hogar durante tres meses. De otro lado, transferir un (1) SMMLV a cada uno de los trabajadores ocupados en los micronegocios (en promedio 3 trabajadores), para cubrir al menos 1.3 millones de micronegocios, microfocalizados con claridad […]”.

La iniciativa surgida de esta coalición […] propone modificar el programa de Ingreso Solidario creado por el Gobierno nacional mediante el decreto ley 518de 2020, disposición a todas luces precaria frente a la magnitud del problema social que enfrenta el pueblo colombiano…”. El ingreso solidario reconoce $ 165.000 a cerca de 3 millones de familias, lo cual es una cifra de dinero que en nada o muy poco contribuye para que los miembros de las mismas estén en sus casas sin necesidad de salir a rebuscar complementar sus ingresos

La propuesta de los 54 congresistas es realista con la situación de empobrecimiento, hambre, angustia e inseguridad sobre su presente y futuro próximo que domina en millones de hogares obligados a permanecer en encierro, para prevenir la multiplicación del virus, pero sin garantizarles por parte del ente nacional condiciones básicas económicas, alimentarias, mentales– para que permanezcan en sus casas. Una realidad de penuria que ha llevado a multitud de hombres y mujeres a saltarse el confinamiento y salir a las calles a vender todo tipo de mercancías, buscando con ello reunir unos pesos con los cuales garantizar el alimento de los suyos, así como tener con que pagar arriendo y otros gastos del día a día.

El mandato del gobierno, “quédate en casa” desconoce el extenso empobrecimiento que domina en la sociedad colombiana, con más de 13 millones de personas en edad de trabajar que se rebuscan por cuenta propia, viviendo al día y, por lo tanto, obligarlos al confinamiento sin ingreso alguno es condenarlos a la crisis total, con la cual no morirán por contagio viral sino por contagio –empobrecimiento– económico. El empobrecimiento ya existente ahora se extiende producto del desempleo que va ganando cada día mayores indicadores, y con la multitud de comerciantes y empresarios que han decidido cancelar sus negocios.

Por otra parte, al tiempo que radicaban esta iniciativa la misma coalición anunció que en las próximas semanas radicaran una propuesta de “[…] Reforma Tributaria Estructural (que garantice) que el sistema tributario tiene que ser progresivo, equitativo y eficiente.

Y precisan, “En la Reforma Tributaria Estructural estarán el impuesto progresivo al patrimonio de las personas naturales para patrimonios líquidos a partir de $2.000 millones y de las personas jurídicas de los patrimonios más elevados –el 0.1% de las personas jurídicas declarantes, cerca de 500 personas jurídicas– así como una mayor tarifa a la actual a los dividendos recibidos por personas naturales y empresas o sociedades. Así mismo, se propondrá eliminar los numerosos beneficios tributarios existentes, que no solo tienen enorme costo fiscal, sino que son injustificados e innecesarios”.

Al tiempo que así obraban los integrantes de 9 partidos, se conocía que el Gobierno a través de su Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no aceptaba la propuesta de renta básica. Horas después, en contravía de una propuesta que pretende aportar a sobrellevar en mejores condiciones económicas la presente coyuntura por parte de 30 millones de connacionales, el gobierno a través del presidente Iván Duque oficializaba el apoyo al empresariado nacional para que pague la prima de mitad de año a los trabajadores de sus empresas, aportándole medio salario mínimo por cada uno de estos. Como en otras medidas tomadas por decreto en medio de la crisis, el gobierno central sigue enfocado en apoyar a los que más tienen con el prurito de evitar que la industria quede liquidada.

Por ahora, y ante la propuesta de renta básica en curso y la iniciativa de próxima reforma tributaria estructural, el movimiento social colombiano queda ante la oportunidad de liderar un amplio debate nacional sobre temas sustanciales que están en la base del concepto de renta básica así como de justicia tributaria: ¿qué se entiende por trabajo? ¿Qué por ingresos dignos? ¿para que se trabaja? ¿qué se entiende por desarrollo? ¿qué se entiende por gobierno y para quién se gobierna? ¿qué es la solidaridad? ¿cuál es la diferencia entre renta básica y subsidios? ¿podría plantearse que la sociedad colombiano avance hacia la aprobación de una renta básica universal e incondicional? ¿cómo haría para ello? ¿qué es la justicia? ¿por qué el que más tiene debe tributar más? ¿cómo construir una sociedad de iguales?

Estos y otros interrogantes, estas y otras propuestas, requieren la movilización nacional de los excluidos, que sin romper normas básicas de salubridad deben salir por diferentes espacios públicos, sin dejarse contener por las redes sociales, para hacerle sentir al gobierno de los ricos y para los ricos, que en este país millones están excluidos y requieren ser tenidos en cuenta, además de que la pandemia –para ser vencida– debe ser enfrentada entre todos y todas, sin que ninguna familia ni ningún ser humano pierda sus derechos fundamentales, entre ellos y en primera instancia a vivir en dignidad.

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Demandamos todo el sistema tributario ante la Corte Constitucional

Junto a un grupo de reconocidos economistas y constitucionalistas del país, le solicitamos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario, y por ende de todo el sistema tributario, por no cumplir con los principios constitucionales que aseguran que este redistribuya el ingreso, sea equitativo y sea eficiente a la hora de recaudar.

 

Presentamos ante la Corte Constitucional una demanda solicitando declarar el actual Estatuto Tributario inexequible por no cumplir con los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en el artículo 363 de la Constitución Política de Colombia. Si bien consideramos que el Estatuto Tributario es inconstitucional, también le solicitamos a la Corte que le de tiempo al Gobierno y al Congreso para expedir uno nuevo sin afectar la situación fiscal del país.

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos de la región y del mundo. Si bien esta brecha se ha disminuido paulatinamente en los último 20 años, los niveles de desigualdad presentes son inaceptables en cualquier sociedad democrática. Los recursos con los que cuenta el Estado para disminuir la pobreza y financiar bienes y servicios públicos para igualar las oportunidades de los colombianos, son muy pocos, especialmente en tiempos de pandemia.

Es por esto que junto a un grupo de reconocidos economistas y constitucionalistas del país, le solicitamos a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario, y por ende de todo el sistema tributario, por no cumplir con los principios constitucionales que aseguran que este redistribuya el ingreso, sea equitativo y sea eficiente a la hora de recaudar.

Esta demanda le da una herramienta al Congreso y al Gobierno para que enfoquen el manejo económico de la crisis generada por el COVID-19, con criterios de justicia distributiva y progresividad tributaria. Esto no sólo conciliaría nuestro sistema tributario con los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia sino que evitaría que la crisis incremente la desigualdad y la pobreza. También es un llamado para que en el trámite del marco tributario colombiano, se tomen decisiones sensibles al contexto, a los efectos de la pandemia y a las necesidades de la población, en especial de los sectores más desfavorecidos y afectados. 

En ese sentido, expusimos a la Corte Constitucional las razones y evidencia para demostrar que en el país el ejercicio impositivo no disminuye la desigualdad de ingresos, y que esta falta de progresividad no se compensa con la priorización del cumplimiento de otros principios constitucionales, pues el sistema tributario impone tarifas diferentes a contribuyentes con las mismas características (equidad tributaria) y es ineficiente a la hora de recaudar, lo que facilita la evasión y elusión de impuestos (eficiencia tributaria).

¿Por qué demandamos todo el sistema tributario? 

Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha señalado que el principio de progresividad, en conjunto con los principios de equidad y eficiencia, “constituyen los parámetros para determinar la legitimidad del sistema tributario y (…) se predican del sistema en su conjunto y no de un impuesto en particular”[1], es necesario hacer un análisis integral del sistema tributario colombiano para verificar con la evidencia producida hasta el momento si los impuestos en el país cumplen con estos tres principios en su conjunto. 

Esto quiere decir que para la Constitución, no basta con que un impuesto en particular no cumpla con estos principios para que sea inconstitucional, sino que debe ser todo el conjunto de impuestos que rompan estos principios para que pueda ser declarado inexequible.

El sistema tributario colombiano no disminuye la desigualdad y no cumple con principios de justicia tributaria

A partir del análisis de las tarifas efectivas de tributación de las personas naturales y jurídicas en Colombia y de las investigaciones que estudian la tributación de las personas con mayores ingresos del país, mostramos ante la Corte Constitucional que: 

  1. El sistema tributario colombiano no disminuye los niveles de desigualdad de ingresosmedidos a través del índice de Gini.
  2. Las personas naturales y jurídicas que pertenecen al 10%, 1% y 0,1% de mayores ingresos en Colombia, pagan en impuestos una proporción menor de sus ingresos que el resto de la población colombiana, por lo que el sistema tributario no cumple con el principio constitucional de progresividad tributaria.

Estos resultados provienen del diseño institucional y normativo del Estatuto Tributario, y no de una falta de aplicación de las normas, su incumplimiento o una mala interpretación.

Una vez demostrada la violación del principio de progresividad, presentamos evidencia que demuestra que la falta de progresividad del sistema tributario colombiano no se justifica con el argumento de que este privilegia el cumplimiento de los otros dos principios establecidos en el artículo 363 de la Constitución, los de eficiencia y equidad tributarias.

El sistema tributario colombiano no es equitativo

El principio constitucional de equidad tributaria se refiere a la equidad tributaria horizontal, es decir, que contribuyentes con la misma capacidad de pago y las mismas características, deben pagar lo mismo en impuestos. Sin embargo, el sistema tributario colombiano – como consecuencia de la proliferación de regímenes especiales que  se derivan de los múltiples beneficios y tratamientos especiales en materia tributaria que se encuentran en el Estatuto Tributario – grava de manera diferenciada a personas naturales con las mismas características y nivel de ingresos, y a empresas con la misma actividad económica y tamaño similar.

La consecuencia de esto es que personas que tienen el mismo nivel de ingresos, paguen en impuestos cantidades diferentes dependiendo si los ingresos provienen de actividades laborales (salarios, honorarios…etc) o si provienen de la tenencia de capital (dividendos, renta de inmuebles…etc). En el caso de las empresas, la evidencia muestra que la tarifa efectiva de tributación de empresas de un mismo sector y con tamaños similares es muy distinta entre empresas, ya sea porque se encuentran en una zona franca o porque acceden a distintos beneficios tributarios específicos.

El sistema tributario colombiano no es eficiente

El principio de eficiencia tributaria busca principalmente que se logre el mayor nivel de recaudo tributario posible con el menor costo, y que el diseño del sistema tributario no facilite o estimule la evasión y elusión tributaria. Esto implica que la recaudación sea sencilla para la DIAN y que los niveles de evasión sean relativamente bajos.

En nuestra demanda argumentamos que, por un lado, la multiplicidad de regímenes tributarios especiales que nacen de los más de 250 beneficios tributarios que existen actualmente, hacen que el sistema tributario sea muy complejo, lo que tiene impactos considerables en la eficiencia del recaudo. Al mismo tiempo esta complejidad facilita la evasión y elusión de tributos, tal y como se muestra con los estudios de evasión que se han hecho para Colombia en los últimos años.

Por otro lado, presentamos cómo la productividad del recaudo del IVA, uno de los impuestos más sencillos de recoger, es muy baja en comparación con países similares de la región y del grupo de países de la OCDE, lo que permite argumentar que el principio de eficiencia tributaria no se cumple en Colombia.

La pandemia por COVID-19 refuerza la necesidad que el sistema tributario sea progresivo, equitativo y eficiente

La pandemia del coronavirus ha exacerbado nuestras injusticias y desigualdades estructurales. Para mitigar los impactos del virus y de las medidas de confinamiento – que se concentran principalmente en la población de menores recursos – el país debe adoptar una serie de medidas fiscales redistributivas que sean lo suficientemente robustas para que el Estado pueda garantizar efectivamente los derechos de todos sus ciudadanos, especialmente los derechos de las personas más vulnerables.

Sin embargo, producto del sistema tributario actual, el país tiene muy pocos recursos públicos disponibles para poder implementar políticas acordes a las necesidades de la emergencia generada por el COVID-19. Es imperativo entonces que se lleve a cabo una reforma estructural del Estatuto Tributario que asegure el cumplimiento de sus principios constitucionales, reduciendo así la desigualdad de ingresos y elevando considerablemente el recaudo de impuestos.

Tenemos la posibilidad de salir de esta crisis con una sociedad más desigual e individualista, o por el contrario, con una sociedad más igualitaria, solidaria y justa. Esto depende mucho de la decisión de tener un sistema tributario que lo permita.

¿Quienes firman la demanda?

Vivian Newman

Rodrigo Uprimny

Luis Jorge Garay

Jorge Enrique Espitia

Clara Leonor Ramírez

Leopoldo Fergusson

María Margarita Zuleta

Salomón Kalmanovitz

Víctor Javier Saavedra

María Fernanda Valdés

Amaranto Daniels

Carlos Julio Salgado

Consuelo Corredor

Jorge Iván González

Juan Camilo Cárdenas

Valentina Rozo Ángel

Fernando Barberi Gómez

Astrid Martínez Ortíz

Catalina Botero

Mauricio García Villegas

Esteban Hoyos Ceballos

Andrés Abel Rodríguez

Magdalena Correa Henao

Maryluz Barragán

Mauricio Albarracín

Alejandro  Rodríguez Llach

Alejandro Jiménez

[1] Corte Constitucional. Sentencia C-643 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Ver Corte Constitucional. Sentencia C-815 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Corte Constitucional. Sentencia C-397 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional. Sentencia C-615 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional. Sentencia C-100 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa. Corte Constitucional. Sentencia C-260 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Por: Dejusticia | Mayo 27, 2020

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Privatizaciones y política pública en AL

La pandemia que enfrenta la humanidad ha puesto de relieve la necesidad de que todos los países cuenten con sistemas de salud pública con capacidad de respuesta ante eventualidades que ponen en riesgo a sus poblaciones. Tras décadas de predominio de la visión neoliberal, en la que se desmantelaron prácticamente todas las áreas económicas de participación significativa del Estado, como la siderurgia, fertilizantes, etcétera, nos damos cuenta ahora, en medio de esta crisis, que también se privatizó la noción de que salvaguardar la salud de su población era responsabilidad del Estado.

Esta privatización de la responsabilidad estatal frente a la salud pública justificó que se quebrara la estructura de atención sanitaria, dejando que el sector privado atendiera los requerimientos de salud pública. El sector privado se ocupó de generar espacios rentables de atención médica, sin responsabilizarse de la atención de los requerimientos sociales. Frente a este quiebre de la capacidad de atención pública de la salud, la respuesta fundamental para evitar que la pandemia cobrara más vidas ha sido el confinamiento. Ello ha reducido significativamente la expansión del contagio, evitando fallecimientos, pero ha detenido abruptamente el funcionamiento económico.

El haber privilegiado lo privado frente a lo público en la salud en muchos países ha costado miles de vidas y costará decenas de millones de puestos de trabajo en el mundo. El colapso económico se propagará durante varios meses, provocando contracción de las actividades productivas y comerciales y, consecuentemente, una masiva pérdida de empleos en todos los circuitos económicos. Enfrentaremos una espiral recesiva que solo será posible detener, y después revertir, a través de la acción de los estados. La participación del sector privado es importante, pero lo decisivo es la acción estatal.

Corresponde a los gobiernos responder enérgica y eficientemente. Priorizar claramente las acciones a instrumentar es fundamental. La mayor prioridad, por supuesto, está en reforzar nuestros diezmados sistemas de salud, protegiéndolos presupuestalmente, recuperando la noción de que corresponde al Estado atender la salud pública. En segundo lugar, importa que a nivel regional latinoamericano nos propongamos impulsar la producción de equipos médico-sanitarios, así como de formar profesionales dedicados a la salud primaria de la población. En tercer lugar, es necesario ampliar las medidas económicas destinadas a proteger a la población que está siendo duramente golpeada por la crisis y que no cuenta con herramientas que le permitan defenderse.

Las acciones deben buscar impactar inmediatamente, por lo que parece útil remitirse a experiencias de apoyos generales, como el de adultos mayores en la CDMX o el ingreso ciudadano universal, que han probado ser de instrumentación relativamente sencilla, aplicándolos a nivel de los estratos con menores ingresos. El cuarto asunto es resolver la fuente de financiamiento del gasto implicado en las acciones anteriores. El monto de recursos que habrá que utilizar será de alrededor de 5 por ciento del PIB de cada país. La fuente con la que es posible y necesario financiar estas acciones es la tributaria. Es indispensable, y políticamente conveniente, que acordemos una amplia y progresiva reforma fiscal en la región que amplíe la capacidad financiera de nuestros estados.

Esta fuente de financiamiento, sin embargo, no aporta recursos de inmediato. Por su propia naturaleza demora un buen tiempo para que los nuevos ingresos se recauden. Por eso, se requiere acudir a otras fuentes. La más obvia es el endeudamiento público, tanto interno como externo. Sin embargo, aún con costos a la baja, es evidente que amplía las necesidades presupuestales para el servicio de la deuda en los ejercicios siguientes. En el caso mexicano, por ejemplo, el pago de intereses de la deuda pública equivale a tres puntos del PIB. Contratar más deuda es indudablemente comprometer pagos futuros mayores.

Por eso, ante urgencias sociales evidentes es conveniente dejar de pagar los intereses de la deuda pública externa, tanto con bancos privados como con organismos financieros internacionales, durante el tiempo necesario para que las economías recuperen su ritmo de crecimiento. No se piensa en posponer este pago de intereses, como han planteado los bancos privados en México, sino eliminarlo.

La crisis ha ratificado que el futuro de la humanidad está en riesgo. Tenemos una oportunidad para corregir situaciones que son ciertamente inadecuadas. Recuperar la solidaridad como un valor global, permitirá poner en el centro valores sociales fundamentales que la globalidad ha relegado. Es el tiempo de que juntos gobiernos y sociedad civil nos asociemos para construir un futuro mejor.

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Miércoles, 27 Mayo 2020 06:36

Miguel Ceballos Arévalo, no lo olviden

Miguel Ceballos Arévalo, no lo olviden

Mirate
así
qué cangrejo monstruoso atenazó tu infancia
qué paliza paterna te generó cobarde
qué tristes sumisiones te hicieron despiadado
no escapes a tus ojos
mirate
así

(Torturador y espejo. Mario Benedetti. A once años de su muerte)

Cuesta escribir esta opinión personal, pero debo hacerlo para tomar partido ante tanta degradación moral. Me obliga el corazón y la memoria en razón de conocer a algunos líderes amenazados y asesinados en meses recientes en mi departamento, el Cauca, en el suroccidente colombiano, a donde regresé unos meses para terminar mi trabajo final de doctorado en Comunicación de la Universidad de Sofía. Justo cuando por allí paseaba un funcionario que refleja claramente la vileza de una clase política adicta a la guerra y a las órdenes de Estados Unidos. Así que es aparentemente desde la distancia que juzgo. Pero no es así. Lo hago habiendo estado por muchos años muy cerca de la guerra.

Queriendo no desprenderme del todo de lo que pasa en mi continente, en medio de las evidencias por la acción de mercenarios contra Venezuela el 3 de mayo pasado, me encuentro un titular: el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó el 13 de mayo que Cuba alberga y apoya “terroristas”. Se basa en la siguiente prueba: no ha sido entregada al gobierno de Iván Duque la comisión negociadora del ELN (Ejército de Liberación Nacional: única y última guerrilla revolucionaria de Colombia), comisión que hace dos años está en la isla caribeña a petición tanto del Estado colombiano como de esa insurgencia, para el desarrollo de diálogos de paz que el actual gobierno de extrema derecha decidió no continuar.

Entre Washington y Bogotá se ha tejido una estrategia de presión a Cuba, a Venezuela y contra las posibilidades de conversaciones de paz, valiéndose del hecho de que Cuba nunca extraditará a luchadores políticos rebeldes que están allí por un acuerdo internacional como Noam Chomsky, Federico Mayor Zaragoza, ex Director General de la UNESCO y muchos otros eruditos han dictaminado (https://rebelion.org/docs/258251.pdf; https://www.elespectador.com/noticias/politica/academicos-la-onu-hay-que-salvaguardar-cuba-de-los-ataques-desde-bogota-articulo-893278).

Consultando hace unos días Telesur para seguir algunas noticias, hallo una opinión, la de Piedad Córdoba (https://www.youtube.com/watch?v=tsTWwRe1hC0). No comentaré el muy buen análisis político que ella hace, sino un detalle que me motivó a pensar sobre esa miseria moral de mi país, o, mejor dicho, de su estamento político, y en particular de quienes encarnan esa despreciable condición de lacayos, cuando felicitan tal decisión de USA, a todas luces una decisión inmoral e ilegal. Sólo hay que consultar por Internet: Ceballos / Colombia celebra la inclusión de Cuba en la lista de países que no apoyan la lucha antiterrorista…

Lo que como periodista y profesora me llamó la atención, fue lo dicho por la ex senadora Córdoba sobre cómo posa Miguel Ceballos, Alto Comisionado de Paz, encargado de escenificar el beneplácito oficial. Piedad Córdoba se refiere a la “gestual-corporal” de Ceballos. Sugerida esa clave, la del lenguaje o el código de la “gestualidad-corporal”, voy a las declaraciones de ese funcionario. No a uno, sino a muchos vídeos suyos en los últimos meses (http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/). Me produjo más inquietud el hecho de haberle visto a Ceballos durante una visita suya a la ciudad de Popayán. Sinceramente me pareció un funcionario cualquiera, de ningún modo sobresaliente. Un burócrata.

He pasado días enteros analizando muchas muestras. Para ello escucho decenas de entrevistas de radio y televisión. Incluso me he puesto a indagar sobre su trayectoria. Efectivamente, el perfil es fácil de establecer. Y me lo corroboran hechos que se han producido en los últimos días.

Ceballos no sólo es alguien sumiso, sujeto a las decisiones de otros, o sea alguien dispuesto a ser “empleado”, a estar subordinado, sino alguien que simula ahora, y lo ha hecho siempre, una preparación que no tiene. Ha fingido para trepar donde le permitan seguir actuando de forma ladina. Como cuando fue viceministro de justicia de Álvaro Uribe Vélez, quien le concedió el puesto por una suerte de deuda familiar a una ex senadora suya, hermana de Ceballos, quien lamentablemente falleció por enfermedad.

Así que esta costumbre parece se asentó en Miguel Ceballos, probando el mismo método en su estancia en Estados Unidos con funcionarios de ese país y con adeptos en la derecha para reforzar campañas contra una perspectiva de paz negociada. Basta repasar sus columnas de opinión adversando los acuerdos suscritos con las FARC. Hasta el cargo de hoy, concedido por Iván Duque con la adicional circunstancia de haber tenido una plaza en una universidad conservadora en Bogotá, la Sergio Arboleda, donde el presidente estudió.

Sin ningún mérito intelectual y ético, encaramó entonces como Alto Comisionado de Paz en un país donde la guerra no la vive él ni su clase social, sino los pobres. Su visión y su ocupación no son otras que la del propagandista y el tramposo. De eso ahora doy fe, tardíamente sí, y en la distancia, por la circunstancia de hallarme fuera del país. Intento recordar bien lo que aquella vez le escuché en Popayán sobre los acuerdos de paz y cómo respetarían lo firmado. Vagamente recuerdo su folclórico discurso, rodeado de sus escoltas militares.

Leo que en mi ciudad recientemente pasó otra vez en abril. Participando en un nuevo acto de propaganda contrainsurgente: presentar como “desmovilizados por voluntad propia” a guerrilleros del ELN, no desertores sino capturados en una operación militar en el Cauca. Precisamente cuando la guerrilla del ELN estaba en cese al fuego unilateral como gesto al pueblo colombiano por la pandemia del COVID-19.

Retomo lo que Pablo Beltrán, jefe guerrillero de la Delegación de Diálogos en Cuba, ha manifestado en varias entrevistas fácilmente accesibles por Internet: Ceballos ha engañado sistemáticamente. Mintió una y otra vez de forma descarada prometiendo cosas que nunca ha cumplido. Hay una operación de perfidia desde hace tiempo puesta en marcha. Desde cuando arribó Iván Duque al poder, financiado por dineros del narcotráfico y el paramilitarismo (ver por ejemplo el caso de la “Neñepolítica”). Ceballos usó a un coronel de inteligencia, Sarmiento, funcionario de su Oficina, para que hablara con el gestor de paz del ELN, Juan Carlos Cuéllar, a quien capturaron luego de conversar con Uribe Vélez. Hoy ese portavoz insurgente está preso.

Es fácil descalificar o sospechar de lo anterior. Pues está dicho por Pablo Beltrán, un contradictor político alzado en armas.

Forzada a hallar más argumentos objetivos, entre decenas de opiniones, subrayo apenas tres. De personas por completo ajenas a la guerrilla, que hacen parte del estamento político, y que tienen posiciones comprometidas con la paz. Una la del ex negociador de los acuerdos de paz de Estado, ex ministro, ex vicepresidente y ex magistrado Humberto de La Calle Lombana.

De La Calle escribió en El Espectador el 17 de mayo pasado: “Los protocolos suscritos para los miembros del ELN obedecen a una práctica milenaria sin la cual se harían imposibles las conversaciones entre antagonistas armados… la actitud de Cuba de honrar el compromiso adquirido con el Estado colombiano ni significa apoyo a la barbarie ni fomento del terrorismo. Uno mi voz a quienes lamentan esta actitud de Estados Unidos, pero con más fuerza critican la intervención del doctor Ceballos aplaudiendo y cobrando un apoyo que no engrandece nuestra política exterior y que puede tener efectos funestos no solo para cualquier salida con el ELN, sino frente a las propias FARC”. Y cita instrumentos convencionales absolutamente sólidos en la tradición diplomática, como los que a efectos similares firmó Noruega para el proceso con las FARC. Remata De La Calle: “Es inaudito que se acuse a Cuba simplemente por honrar la palabra empeñada con el gobierno de Colombia. La afirmación de que eso fue suscrito “con otro gobierno” carece de toda validez internacional” (https://www.elespectador.com/opinion/cuba-ha-apoyado-la-paz-columna-919882).

Humberto de La Calle había opinado ya en el diario El Tiempo, cuando el ELN declaró el cese unilateral al fuego: “Creo que el gobierno debería aprovechar esta circunstancia para reabrir una Mesa aunque su agenda se limite solo a aspectos humanitarios por ahora” (https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/el-coronavirus-mueve-la-agenda-de-la-paz-y-la-guerra-con-el-eln-478680).

Ceballos no sólo no hizo nada positivo para corresponder a esa manifestación constructiva de la guerrilla del ELN. Hizo lo contrario. Sacó de un foso de desprestigio a dos desertores del ELN, Francisco Galán y Carlos Arturo Velandia, que habían sido hace muchos años comandantes medios de esa insurgencia, y los nombró para fingir unas conversaciones inexistentes, interpretado con razón ese hecho por el ELN como “inamistoso”, según expresó el comandante Beltrán. Es lo menos que se puede esperar de Ceballos, señor Beltrán, teniendo claro su papel como agente de la guerra. A ese rol se refiere otro político muy conocido por su defensa de la paz negociada, el senador Iván Cepeda.

Cepeda, quien condena la lucha armada y no puede ser tildado de subversivo, acaba de pedir públicamente la renuncia del Alto Comisionado Ceballos. Las palabras de Cepeda son cristalinas (https://www.elespectador.com/noticias/politica/ivan-cepeda-pide-renuncia-del-alto-comisionado-para-la-paz-miguel-ceballos-articulo-920187). Primero, señala cómo Ceballos ha “desdeñado el hecho grave de que están ocurriendo de manera sistemática asesinatos contra los excombatientes”. Y enfatiza indignado por el agravio de Ceballos a Cuba: “Tiene el descaro de decirle al mundo que Colombia, como Estado, se siente orgulloso de que el país que contribuyó a lograr este acuerdo de paz hoy esté considerado como un país que tolera el terrorismo”.

Cepeda incursiona con fundamento en un terreno que no es extraño al derecho penal internacional, como dicen los expertos: “El señor alto comisionado lideró la traición de un protocolo internacional, en el cual el Estado colombiano se comprometió a respetar el carácter de país garante de Cuba”. Y agregó: “Eso nos lleva a pedirle que renuncie al cargo, porque usted no es un comisionado para la paz. O pedirle al Gobierno que le ponga otro nombre al cargo, porque usted ha sido un alto promotor del conflicto armado en Colombia”.

A todo esto se suma la voz del ex presidente Ernesto Samper, quien tampoco puede señalarse como afín a la guerrilla. Samper directamente en diferentes ocasiones ha calificado a Ceballos como un agente de corte militar, un Comisionado de Guerra. Dice en su cuenta de Twitter (@ernestosamperp ) el 14 de mayo: “Si el alto comisionado para la Guerra Ceballos representa la voluntad de paz del presidente, bien podrían nombrar, para ser coherentes, a un descendiente de Herodes en el ICBF para que cuide a los niños y a una cuota de Trump para que maneje Migración Colombia”. Y el 18 de mayo insistió: “¿Dónde estaba la canciller cuando Ceballos celebró el desconocimiento de los acuerdos de Colombia con Cuba y Noruega sobre la terminación de los diálogos con el ELN que, según Pepe Mujica, tendrá consecuencias muy graves para el derecho de la humanidad a entenderse a las buenas?”. Agrega Samper: “Se tiene que expedir el certificado de defunción de la política internacional de Colombia”. (https://www.elespectador.com/noticias/politica/se-tiene-que-expedir-el-certificado-de-defuncion-de-la-politica-internacional-de-colombia-ernesto-articulo-919607).

Entonces, Ceballos ahí es verdugo y sepulturero. Un Estado puede conducir una política de exitoso desarme de las guerrillas, como el gobierno Santos lo hizo nombrando gente inteligente o preparada para ello, que destapa las cartas en la mesa, siendo entonces la contraparte, como fueron las FARC, la que con sus luces escoge el camino: negociación o más guerra; o puede ese mismo Estado, pero ahora en manos de mediocres, pretender esa desmovilización jugando en el tablero de su casa con soldaditos de plomo, como Ceballos lo hace en su confinamiento mental.

Hay momentos en que a un ser racional es ya imposible pedirle sea razonable. Como igualmente es inútil pedirle a alguien que perdió toda decencia y compostura, que no se arrastre más y levante la cerviz. Resulta infructuoso también pedirle no se sumerja más en la pequeñez. De ahí que decir “Alto” comisionado le quede grande. Samper y Cepeda tienen razón. Debe cambiarse el nombre.

Pudiéndolo en todo caso hacer, rectificando de algún modo, al menos recordando sus estudios de Derecho, dado que ha pasado por alguna universidad y ostenta que sabe algo de la materia, Ceballos debería haber estudiado experiencias donde cumple una función el derecho internacional, como nos lo dice De La Calle. Ya no lo hará. Pero lo que sí le queda pendiente a Ceballos es asumir la responsabilidad penal futura que implica hacer parte de una maquinaria de guerra sucia, como en su momento en distintos regímenes genocidas cumplieron esa tarea de distracción y ocultamiento funcionarios que le homologan. Goebbels, entre los nazis, con producciones como Theresienstadt, para presentar a ojos de visitantes “la bondad del matadero”.

Sin disimulo Ceballos actúa no sólo como el propagandista que es sino como transmisor de amenazas, según afirmaciones suyas en vídeo y por escrito hace escasos días, el 15 de mayo, en las que advierte solapadamente a los guerrilleros y “a sus familias”, para enseñar la bondad de una paga y la conveniencia de más cosas, a cambio de la rendición. Lean ustedes mismas: “Es muy importante también, hacer un llamado de nuevo, a todos aquellos que hacen parte del ELN, -para ellos ya existe una ruta establecida-, para que den ese paso a la desmovilización, y opten por preservar su vida y opten por preservar la vida de sus familias” (http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/prensa/Paginas/integrantes-grupos-armados-busquen-transito-legalidad-tendran-beneficios.aspx).

Amenazar y matar a familiares de gente del ELN no es nuevo. El propio Carlos Velandia, hoy al servicio de Ceballos, cuando era militante tuvo que afrontar cómo fue salvajemente asesinado su hermano. Ceballos sabe de qué habla. Lo que ignora, o de lo que no se da cuenta al mencionar a las “familias”, es que sus hijos crecen en un país donde él como padre en lugar de sembrar esperanzas de paz, está cultivando procesos de guerra que tarde o temprano devuelve tempestades.

Una esperaría que tanto oscurantismo y entreguismo de este funcionario, fuera un poco vergonzante para él. Pues dejará una mancha imborrable agrediendo a Cuba, ovacionando que ese país sea injustamente considerado cómplice del “terrorismo”, cuando el régimen para el que trabaja Ceballos promueve acciones armadas totalmente ilegales con mercenarios amparados en bases militares, paramilitares y de narcotraficantes en suelo colombiano. Hechos prohibidos en las normas de los derechos humanos y del derecho internacional. Hay que ver la diferencia entre el anterior Alto Comisionado, Sergio Jaramillo, y el actual comisionado de guerra(https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/ivan-mora-el-embajador-cubano-que-se-la-jugo-por-la-paz-491076).

Nadie por sí sólo corregirá el rumbo, nadie. Ni el asalariado Ceballos, ni su padrino Uribe, ni su jefe Duque, ni si dios Trump. Sólo la política, de vez en cuando guiada como producción de hechos de coerción o de arrinconamiento y sanción ética que no da escape al violador, obligará a que Ceballos o su sucesor tomen otro camino. Por ahora no renunciará, senador Cepeda. Nada lo obligará. Ni a Duque a cambiarlo. Salvo para promocionarlo.

Ceballos tampoco devolverá su diploma de abogado y otras credenciales que le abultan. Definitivamente el cargo público de comisionado “para la paz” en un país en guerra, le quedó muy grande, mientras juega con fuego y riega pólvora. Por eso, a la hora de juzgar el atentado del ELN en el que mató a 22 policías en enero de 2019 en Bogotá, ¿no cabría hacer un juicio ético a quien había podido evitarlo?

En el país donde vivo una célebre película me recuerda a Ceballos. Se llama en español “Un minuto de Gloria”, de Petar Valchanov y Kristina Grozeva (2016). Ceballos es Julia Staikova. La funcionaria desalmada. La expresión de la perversión que se encadena en una burocracia a espaldas de la humanidad, de la dignidad y de la paz. Debería Ceballos verla y tomar nota de lo que al final recibirá su nombre. Miguel Ceballos Arévalo, no lo olviden.

Por María Celeste Pérez Almada | 27/05/2020

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Protesta de trabajadores ayer en Quito, contra el paquete de políticas para enfrentar la crisis dejada por la pandemia.Foto Ap

Quito. Sindicatos y organizaciones sociales salieron ayer a las calles y plazas en varias zonas de Ecuador, en rechazo a las medidas económicas impuestas por el presidente Lenín Moreno ante una fuerte crisis de liquidez en medio de la pandemia del coronavirus.

El colapso de los precios mundiales del petróleo y los efectos de la pandemia han bajando los ingresos fiscales en 8 mil millones de dólares, presionando al gobierno a un recorte del gasto, que incluye reducción de la jornada laboral y del salario de funcionarios públicos, así como el cierre de algunas oficinas estatales.

Las medidas llevaron a sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales a recorrer, con carteles y consignas en contra del gobierno, las calles del centro de Quito, donde se mantiene un duro confinamiento por el creciente número de contagios y muertes por el coronavirus. Protestas similares se reportaron en Guayaquil y Portoviejo.

“Con esta ‘ley de inhumanidad’ todos los trabajadores regresan a ser peones, a ser esclavos”, aseguró a Reuters Mesías Tatamuez, presidente del sindicato Frente Unitario de Trabajadores, quien exigió al presidente que deje de pagar la deuda externa y con eso atienda la emergencia sanitaria.

A las protestas se unieron trabajadores del ferrocarril, cuya empresa, con más de 400 empleados, fue cerrada por decreto.

Las marchas de esta jornada son demostración de la alerta que lanzaron organizaciones sociales y movimientos indígenas, cuyas directivas anunciaron que se mantendrán en resistencia.

Moreno también pondrá en vigor reformas recién aprobadas por la Asamblea Nacional para modificar las condiciones de los contratos laborales, en un intento por salvar empleos, y a partir de junio regirá un sistema para fijar los precios de los combustibles, con lo que busca reducir los subsidios.

El centro histórico de Quito, donde se ubica el Palacio de Gobierno, estuvo resguardado por un fuerte cerco policial.

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Martes, 26 Mayo 2020 06:30

Si me muero, sepan quién me mató

Si me muero, sepan quién me mató

Esta es la crónica más delirante y real que escribo en mis 27 años en O Estado de São Paulo. Si muero de Covid-19, sepan que fui asesinado. Sé que puedo morir a pesar de las precauciones que tomo. Estoy desde hace 50 días encerrado en casa. No bajo siquiera para atender a los motoristas que traen medicamentos, compras de supermercados o domicilios. Gasté hectolitros de alcohol desinfectante. Después de recibir una llamada telefónica llegué al extremo de darle un baño al aparato con miedo a ser contaminado por el sonido. Cuando veo los telediarios desconecto si el presidente comienza a hablar, enrabietado, desperdigando saliva, tosiendo, estornudando, dando la mano, insensible, prepotente.

Tengo miedo de infectarme. Aquellos ojos claros que podrían ser amorosos y cordiales nos fusilan con chispas de odio. Cómo debe sufrir quien vive así, a la defensiva. Porque él es pura defensiva todo el tiempo. Según dicen los sabios no podemos mirar los ojos de una persona que lo odia todo, el mundo, la vida, porque podemos atraer a nuestro interior lo que ella tiene de maligno. Existe el peligro de que nos volvamos como ella, malvada, perversa. Doña Ursulina, señora sabia, que guisaba como pocas, abuela de un querido primo, acostumbraba decir respecto de la gente ruin: "Esa no es gente, es el demonio". Y este presidente se dice religioso, acude a las ceremonias de culto, agrada a los fieles, los obispos, los pastores, quienes sean. ¿A quién quiere engañar?

Pero algún dios está atento. Los dioses existen, cada uno bajo una forma, espíritu, soplo divino. Sea mi Dios, sea Mahoma, Jehová, Alá, el Sol, Shiva, Buda, Brahma, Jaina, el conquistador, o Zeus, Júpiter y cuantos más hubiere, y los nuevos que andan por ahí. Bolsonaro me recuerda un dios de los maorís, en Nueva Zelanda, de nombre Whiro, el maléfico, señor de las partes más oscuras de la vida. Leyendo sobre culturas primitivas encontré semejanzas interesantes. Dice Joan Rule en "Los foes de Papúa, Nueva Guinea" (en Las religiones del mundo), que en aquel país, en la tribu de los foes, "los hombres con una relación con las cosas maléficas y que sabían los encantamientos debidos eran favorecidos y no se les molestaba. Por consiguiente, a quienes provocasen la ira del espíritu se le hincharían las piernas o el estómago". ¿Es o no es una definición justa para el bolsonarismo, las milicias, el gabinete del odio, las redes de fake news, la destrucción de personalidades, los ataques a la nauraleza?

Rule nos revela otra creencia que es una metáfora perfecta para nuestros tiempos. Cita la existencia de "Soros, espíritus errantes que andan aquí y allá, siempre a la espera de perjudicar a los humanos". Estos espíritus se hallan encarnados en aquellos que se oponen al confinamiento, predican en favor de la hidrocloroquina (ningún periódico pregunta quién se está lucrando con esta historia), el fin del Tribunal Supremo, el regreso a la dictadura, la tortura, el cierre del Congreso. Porque esta turba es una secta con su dios Bolsonaro, a cuyo lado los Soros y los Whiros son cándidos y celestiales. Sabemos que todas las investigaciones acabarán a manos de la Fiscalía del Estado. No nos ilusionemos. Esta crónica mía es desestructurada de manera adrede, porque retrata los tiempos que vivimos, en los que no sabemos adónde ir, qué hacer, qué pensar, de quién esperar.

Lo que hay que hacer lo saben muchos y tienen en sus manos el poder. Pero no lo hacen. No quieren. ¿Qué es lo que pasa?, díganmelo. ¿Estamos anestesiados? ¿Hipnotizados? ¿Adormecidos? ¿Deprimidos? ¿O es que hemos fumado mucho crack? Para terminar, quiero decir que, si muero de Covid-19, sepan que fui asesinado. No necesitan llamar a la Policía Federal ni a Hercule Poirot, al inspector Maigret, Phillip Marlowe, Sherlock Holmes, Perry Mason, Arséne Lupin, Nero Wolfe, Kay Scarpetta, Miss Marple, Charlie Chan (¡ah, esas series!), ni al inspector Melo Pimenta (Jô Soares), ni a Ed Mort (Veríssimo), Bellini (Tony Bellotto), Mandrake (Rubem Fonseca), el doctor Leite (Luis Lopes Coelho) o el delegado Espinosa (Garcia Roza). Tengo un estante lleno de libros de ellos aquí en casa. No, no es necesario gastar cerebro en investigaciones, si bien ahora, en las series, el crimen es descubierto en laboratorios, con microscopios, dextetropinas, anfetaminas, insulinas, el ADN y productos químicos de que hablan los autores sin tener idea de qué se trata. Sepan, caros lectores, que si muero fui asesinado por el presidente con su interferencia en la Salud Pública. Yo y millares más, puesto que ya superamos los 22 mil muertos.

Por Ignácio de Loyola Brandão, escritor y periodista brasileño.

Traducción de Ricardo Bada

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EU corre hacia el abismo sin plan federal contra el Covid: Chomsky

La pandemia pasará, pero no es el peor problema; el calentamiento climático avanza y los esfuerzos aislados no son suficientes, advierte

 

Nueva York., Estados Unidos corre hacia el abismo sin un plan federal para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, retirando financiación a la salud pública mientras ignora el inexorable avance del calentamiento climático, aseguró el filósofo estadunidense Noam Chomsky, considerado el fundador de la lingüística moderna.

Estos son extractos de una entrevista con el influyente intelectual de izquierda de 91 años, autor de más de 100 libros y actualmente profesor de la Universidad de Arizona, confinado hace dos meses en Tucson junto con su esposa, la brasileña Valeria, su perro y un loro que repite sin cesar "soberanía" en portugués.

–¿Cómo interpreta lo que sucede en Estados Unidos, que se ha convertido en el país más golpeado por el virus en el mundo?

 

–No hay un liderazgo coherente. Es caótico. La Casa Blanca está en manos de un sociópata megalómano que sólo está interesado en su propio poder, en sus perspectivas electorales, y al cual no le importa lo que pasa en el país, ni en el mundo.

 

“Debe mantener el apoyo de su base electoral, que es la gran riqueza y el poder corporativo.

 

"Hay 90 mil muertes e inevitablemente habrá más, porque no hay un plan coordinado."

 

–¿Cómo emergerá el paisaje político estadunidense y mundial tras la pandemia? ¿Nos inclinaremos hacia un mundo más cooperativo, democrático, o veremos un alza del extremismo, del nacionalismo?

 

–En cuanto (Donald) Trump llegó al gobierno lo primero que hizo fue desmantelar toda la maquinaria de prevención de pandemias, eliminar financiamiento a los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, la mayor institución gubernamental de salud pública del país), cancelar programas que trabajaban con científicos chinos para identificar potenciales virus. Estados Unidos estaba particularmente mal preparado.

 

“Esta es una sociedad privatizada, muy rica, con enormes ventajas (...) pero dominada por el control privado. No hay un sistema de salud universal (...) absolutamente crucial ahora. Es el máximo sistema neoliberal.

 

“Europa en muchos sentidos es peor, porque los programas de austeridad amplifican el peligro, por el severo ataque a la democracia y la transferencia de decisiones a Bruselas y la burocracia de la troika no electa (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional). Pero al menos tiene el residuo de cierta estructura socialdemócrata que otorga algún apoyo, que es lo que pienso que falta en Estados Unidos.

 

“Con todo lo grave que es esta pandemia, no es el peor problema. Habrá una recuperación de la pandemia, a un gran costo. Pero no habrá ninguna recuperación del derretimiento de los casquetes polares y el alza del nivel del mar y los otros efectos letales del calentamiento climático.

 

“¿Qué estamos haciendo sobre esto? Cada país está haciendo algo, no lo suficiente. Estados Unidos está haciendo mucho. Concretamente está corriendo hacia el precipicio, eliminando todos los programas, todas las regulaciones que pueden mitigar la catástrofe.

 

"Esta es la situación pero no tiene que ser así. Hay fuerzas contrarias globales. La pregunta es cómo estas fuerzas opuestas emergerán. Eso determinará el destino del mundo."

 

–Varios países están utilizando tecnología para rastrear a los ciudadanos o archivando su ADN para luchar contra el virus. ¿Entramos con la pandemia a una nueva era de vigilancia digital?

–Hay compañías desarrollando tecnología para que los empleadores puedan ver qué hay en tu pantalla y vigilar lo que haces, qué tecla aprietas, si te levantas. Y será complementado con video.

 

“La llamada ‘Internet de las cosas’ está llegando. Es práctico. Implica que puedes prender la hornilla cuando estás conduciendo a casa. Pero también que la información está yendo a Google, Facebook y al gobierno. Una enorme cantidad de vigilancia, de control e invasión potencial.

 

“Si dejamos que las inmensas compañías tecnológicas controlen nuestra vida, eso es lo que sucederá. Será como en China, donde algunas ciudades tienen un sistema de créditos sociales, hay tecnología de reconocimiento facial en todos lados y todo lo que haces es vigilado. Si cruzas la calle en el lugar equivocado, pierdes créditos.

 

"No es inevitable, así como el calentamiento climático no es inevitable. Sucederá a menos que la gente lo detenga."

 

–¿Pero está justificado para contener el avance del virus?

 

–Puede ser, en tiempos de amenaza. Pero nada es permanente. Se puede decir, "sí, puedes tener esta autoridad ahora, pero puede ser revocada en cualquier momento".

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Lunes, 25 Mayo 2020 06:46

¿Pasarán?

Partidarios del presidente estadunidense, Donald Trump, asistieron ayer al desfile de barcos Make America Great Again, en el lujoso e histórico barrio de la batería, en el centro de Charleston, Carolina del Sur. Por increíble que parezca, algunos consideran que pese al mal manejo de la pandemia del coronavirus, el magnate tiene grandes posibilidades de relegirse en noviembre.Foto Afp

En una plática entre amigos alguien pregunta: ¿ganará Trump a pesar de casi 100 mil muertos y cerca de 40 millones de desempleados por su manejo de la pandemia?, y por ahora nadie duda que increíblemente es posible, pero aún más increíble es que no se puede descartar que interrumpa y hasta anule el supuestamente sagrado proceso electoral estadunidense.

A los que piensan que es exagerado pensar que Trump podría tratar de cuestionar y hasta intentar sabotear el proceso electoral, sólo tiene que recordar que lo ha hecho desde que ganó; ha insistido, sin ninguna prueba, en que un fraude masivo fue lo que lo privó de una mayoría en el voto popular en 2016. Más recientemente ha amenazado a dos gobiernos estatales encabezados por demócratas por el gran delito de enviar solicitudes para votar por boleta vía correo en las elecciones generales de noviembre, como parte de preparativos de un voto durante una pandemia, pero que él acusó de ser "ilegal" y parte de un "escenario de fraude electoral". Esto es parte de una gama de esfuerzos no tan secreto para suprimir el voto, algo que favorece a los republicanos.

A finales de la semana pasada, al visitar una fábrica automotriz de Ford, Trump hizo un comentario raro, y por lo tanto, difícil de hacer sin un propósito consciente: “la empresa fundada por un hombre llamado Henry Ford… buenas líneas sanguíneas, buenas líneas sanguíneas. Si uno cree en esas cosas, uno consigue buena sangre”. Una organización judía progresista denunció las declaraciones: “Ford fue un simpatizante nazi, escribió El judío internacional, el problema principal del mundo… Y Hitler dijo que Ford era una ‘inspiración’ y le otorgó la condecoración nazi más alta para extranjeros”, y acusó que las palabras de Trump fueron un mensaje bien recibido por antisemitas y nacionalistas blancos en este país. No es la primera vez.

Vale recordar que hace un par de semanas Trump elogió y hasta incitó a grupos ultraderechistas, algunos armados, a manifestarse en los capitolios de un par de estados con gobernadores demócratas contra las medidas de mitigación de la pandemia, las cuales denunciaban como atropellos del gobierno de sus "libertades". Trump los califico de "gente buena", a pesar de que algunos llevaban símbolos racistas y hasta fascistas, incluyendo esvásticas.

A la vez, algunos legisladores están preocupados y han solicitado mayor información sobre poderes de emergencia secretos (existen unos 60) que pueden ser empleados por el Ejecutivo después de declarar una emergencia nacional; lo cual hizo el presidente a mediados de marzo. Trump, en algunos comentarios, ha nutrido esa preocupación: "Tengo el derecho de hacer muchas cosas que la gente ni sabe", comentó en marzo, y más recientemente proclamó, erróneamente, que como presidente tenía "autoridad total" sobre gobernadores respecto de las órdenes para reabrir la economía. Tampoco son las primeras veces que ha hecho ese tipo de comentarios en sus más de tres años en la Casa Blanca.

Por otro lado, el yerno de Trump, Jared Kushner, comentó en días recientes a la revista Time que no podría descartar la posibilidad de que se postergue la elección federal.

A la vez, se continúa intensificando la retórica oficial antichina, ampliando el abanico de discriminación y odio racial más allá de los latinos ahora a los asiáticos, y a la vez las medidas antimigrantes impulsadas bajo la falsa justificación de salud pública –incluyendo anular el derecho al asilo y protecciones para menores de edad– se están extendiendo, todo alentando la xenofobia que ha caracterizado este régimen.

Aunque algunos argumentan que la especulación sobre una ruptura fundamental con las reglas del juego democrático están teñidas con demasiada paranoia, la historia está repleta de lecciones parecidas. Pensar que no podría pasar aquí es tal vez lo más peligroso.

Y si eso o algo parecido ocurre, la siguiente pregunta es: ¿pasarán? Esa consigna de la guerra civil española otra vez está en el aire, pero ahora en inglés estadunidense.

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