Lunes, 20 Enero 2020 06:28

Claves

Claves

En un país gobernado por un régimen incoherente y caótico, empapado de corrupción, dirigido por un presidente que afirma que es un “genio muy estable” y que ha mentido o engañado más de 15 mil 400 veces desde que llegó a la Casa Blanca, no es nada fácil entender qué onda con este país.

Al inicio de este año electoral en el cual se determinará si el “genio estable” ya impeached es relecto o no, y cuáles podrían ser las alternativas, entre algunas de las claves necesarias para entender esta coyuntura están las siguientes:

La concentración de riqueza y la desigualdad económica han llegado a su punto más extremo en un siglo. No sorprende que siete de cada 10 estadunidenses afirmen que el actual sistema favorece de manera injusta a los intereses más ricos y poderosos (https://www.pewresearch.org/ fact-tank/2020/01/09/70-of- americans-say-u-s-economic-system- unfairly-favors-the-powerful/).

Las consecuencias de esta desigualdad se manifiestan de varias maneras, tal vez la mas dramática es el nuevo fenómeno de “las muertes de la desesperación” (frase creada por el Nobel de Economía Angus Deaton y la economista Anne Case para describir el incremento de fallecimientos por drogas, alcohol y suicidios en el país), sobre todo entre la clase trabajadora blanca devastada por la agenda neoliberal durante las últimas décadas.

El columnista Nicholas Kristof, del New York Times, y Sheryl WuDunn señalan que la combinación del debilitamiento de sindicatos y mayor poder del sector empresarial, la globalización, la destrucción de sectores industriales y agrarios, las políticas fracasadas de la guerra contra las drogas, así como la falta de inversión en educación y salud, entre otros factores, colocó a millones en el abismo mientras los más ricos multiplicaron sus fortunas en gobiernos de ambos partidos (https://www.nytimes.com/2020/01/ 09/opinion/sunday/deaths-despair -poverty.html?smid=nytcore-ios-share).

Algunos dicen que ya murió el sueño americano con indicadores de que los millennials serán la primera generación en no obtener un mejor nivel de vida que sus padres.

Unos 53 millones de trabajadores –44 por ciento de la fuerza laboral– califican como empleados de sueldo bajo hoy día: el salario mínimo federal está por debajo de su valor real hace 30 años.

La tasa de suicidios está a su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial, existe una epidemia (oficialmente declarada por autoridades de salud) de consumo de opiaceos y niveles crecientes de alcoholismo. De todos los países avanzados, sólo en Estados Unidos se ha reducido la expectativa de vida durante cada uno de los últimos tres años.

Una respuesta política ante todo esto es, como explica el profesor y ex secretario del Trabajo, Robert Reich, que “el apoyo de Trump proviene en gran medida de la clase trabajadora de Estados Unidos, cuyos sueldos no se han incrementado en décadas, cuyos empleos son menos seguros que nunca y cuya voz política ha sido silenciada por el gran capital”. Agregó que aunque Trump ha beneficiado sólo a las grandes empresas y Wall Street, ha logrado convencer a estas filas de que él es su campeón, “canalizando su ira contra extranjeros, inmigrantes, minorías y burócratas del ‘Estado profundo’”.

Pero a la vez, más votantes que nunca se oponen al capitalismo. Encuestas recientes han registrado que no sólo hay mayor rechazo al capitalismo, sino más apoyo a algo llamado “socialismo”, que incluye a la mayoría de los jóvenes. Una nueva encuesta de Harris encontró que cuatro de cada 10 estadundienses –y 55 por ciento de las mujeres entre 18 y 54 años– dicen que preferirían vivir en un país socialista que uno capitalista, reportó Axios (cuando hablan de socialismo, se refieren más al modelo europeo de acceso universal a salud, educación, salarios y beneficios laborales dignos).

Klaus Schwab, fundador y director del Foro Económico Mundial –el cual realizará su sesión anual en Davos esta semana–, escribió la semana pasada que “el capitalismo, en su forma actual, ha llegado a sus límites. A menos de que sea reformado desde adentro, no sobrevivirá”. (https://www.foreignaffairs.com/ articles/2020-01-16/capitalism-must- reform-survive).

Al parecer, el futuro del capitalismo estadunidense está en juego en las elecciones de 2020.

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Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho competirán en las elecciones de mayo.

Si hay una palabra en que todas las fuerzas contrarias al Movimiento al Socialismo coinciden esta es Unidad. El problema es cómo se entiende esto. Porque todos los candidatos señalan Unidad pero detrás de mí.

Así es muy posible que la derecha vaya atomizada en cuando menos 5 fórmulas. Todas ellas buscando salir segundos con la esperanza de que haya ballottage y reciban el apoyo de los otros contra ese fantasma que recorre Bolivia y que se llama proceso de cambio.

El primero en anunciar su candidatura fue Luis Fernando Camacho, abogado cruceño hijo de cochabambino que fue formado en la ultraderechista Unión Juvenil Cruceñista y llegó a ser su vicepresidente. Entre 2008 y 2009 la Unión Juvenil fue acusada de organización paramilitar por la Federación Internacional de Derechos Humanos.

Meses antes de la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, Camacho juró al Movimiento Nacionalista Revolucionario cuyo mandato concluyó con la renuncia de Goni el 2003.

El 2019 fue elegido presidente del Comité Por Santa Cruz. Irá acompañado de otro cívico. El potosino Marco Pumari quien coqueteó con el troskismo y posteriormente fue jefe de juventudes del MAS en su región organización de la que fue expulsado por un manejo “irregular” de dineros.

Agrupaciones como las del alcalde cruceño Percy Fernández han manifestado su apoyo al grupo cívico.

Tutito busca carguito

El segundo en lanzarse al ruedo fue Jorge Tuto Quiroga, un cochabambino que fuera ministro de gobiernos neoliberales, vicepresidente de Banzer y que finalmente asumió cuando el exdictador ya estaba desahuciado por el cáncer.

Fue candidato perdedor en otras dos contiendas electorales.

Recientemente Quiroga renunció a ser vocero internacional de Jeanine Añez para convencer al mundo que en Bolivia no hubo golpe de Estado.

Él siempre proclamó su admiración por el partido Republicano en Estados Unidos y estudio en Texas. Dice que Bolivia es demasiado pobre para ser de derecha. Bueno …

Verde que te quiero verde

La otra derecha cruceña es la comandada por el también excívico Rubén Costa cuyo nombre es Demócratas pero son conocidos como los verdes (uno de los dos colores de la región junto al blanco)

Ellos son los que actualmente se encuentran en el poder ya que Jeanine Añez es su militante.

En las elecciones del 2019 obtuvieron el 4.5 % de los votos pero ahora corren el peligro de desaparecer.

Camacho y Quiroga les disputan el electorado de ultraderecha. Pero de todos los verdes, la mejor posesionada es la actual presidenta Añez a quien un importante sector de su militancia quiere llevarla a las elecciones.

Ya la mandataria de facto ha abierto las compuertas a la posibilidad. Hay sillas que tienen la maldición del que se sienta no quiere irse más. La presidencial en Bolivia parece ser una de ellas.

El problema en los Demócratas (sólo tienen algún peso electoral en Santa Cruz y el Beni) es que Rubén Costa quiere apoyar a Camacho (para salvarse él mismo de las acusaciones de traición al movimiento autonomista cruceño) pero eso significaría subsumirse en un grupo inestable y aceptar las imposiciones de excívico que ha dicho: con todo gusto pero sin que éste obligado a nada y sin varios de sus cuadros a los que no quiero ni ver. En esta lista estaría incluso Oscar Ortiz.

Y por si fuera poco un sector del Partido Demócrata Cristiano anuncia la candidatura de Jasmine Barrientos, nieta del ex dictador René Barrientos y furibunda crítica de Morales.

El expresidente Carlos Mesa pretende desprenderse de izquierda y derecha y por ello ha señalado que su propuesta será respetuosa de los Derechos Humanos. No tiene el arrastre del 2019 donde primó el voto útil pero sí de sectores sobre todo de clase media que temen la violencia de cualquiera de los dos extremos. Al miedo a los indios se suma que más de uno considera que el actual gobierno está cometiendo arbitrariedades y abusos peores a los que le endilgan al partido de Evo Morales.

Mesa es sobre todo un intelectual de centro y sueña con terciar en la segunda vuelta y retornar al voto útil que lo llevó al 35 %.

Junto a él podría presentarse Samuel Doria Medina, un empresario y político que aún desoja margaritas para ver con quién irá a las elecciones.

Los milagros de Evo

Morales logró nuclear alrededor suyo a militantes de todas las izquierdas. Trotskystas, guevaristas, maoístas, kataristas, militantes del viejo PC. Los mejores cuadros de 40 años de lucha de esa histórica izquierda que había combatido a las dictaduras y al neoliberalismo se sumaban al llamado de eses indígena dirigente de los muy combativos cocaleros.

La derecha parece no tener el hombre, o la mujer, que posea ese imán.

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Chile: a tres meses de la rebelión antineoliberal
 
 El Despertar
 
Este 18 de enero se cumplen exactamente tres meses del estallido social del pasado 18 de octubre.

A partir de ahí comenzó el derrumbe del mito del exitoso modelo chileno. El oasis era sólo un espejismo. La principal vitrina del neoliberalismo fue quebrada y rodeada de barricadas, levantadas por estudiantes secundarios y todo un pueblo precarizado, endeudado y humillado por décadas.

Ese día despertó un Chile que estaba con sobredosis de sedantes y calmantes. Despertó y empezó a rencontrarse nuevamente. Una sociedad fragmentada en un conjunto de individualidades exprimidas y excluidas en su inmensa mayoría, se reconoció y comenzó a ser pueblo una vez más. La memoria histórica despertó con la alegría, la creatividad y la música de la juventud, principal motor de esta transformación en curso.

En las marchas aún no se ven banderas de partidos políticos, pero sí los símbolos históricos de justica: la bandera mapuche como símbolo de resistencia y lucha se juntó con la bandera chilena ahora resignificada. Consignas inmortales como El pueblo unido, jamás será vencido, es una de las más vitoreadas.

Estos tres meses han sacudido a la sociedad chilena como pocos otros tránsitos históricos. La indignación y la rabia, mezcladas con la alegría del rencuentro, se mantienen intactas en las calles de todo Chile. Las movilizaciones y las acciones directas aún mantienen en vilo a toda la institucionalidad y gobernabilidad que rige con base en la Constitución del 80, heredada de la dictadura.

El modelo no se toca

Ante esto, el gobierno de Sebastián Piñera y el statu quo neoliberal han respondido de la forma más brutal y despiadada. Estado de emergencia y toque de queda con militares en la calle durante la primera semana. Posteriormente, y, hasta la fecha, ha sido la policía militarizada de Carabineros de Chile la encargada de ejercer la peor de las represiones, comparada sólo con los peores años de la dictadura militar pinochetista. En cifras, hasta el 15 de enero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos reporta: 412 casos de tortura y tratos crueles, 191 de violencia sexual, entre estos muchas violaciones consumadas. Al menos 3 mil 649 personas heridas (sin contar otros miles de personas heridas, atendidas en terreno por los colectivos de voluntariado de salud agrupados en el Movimiento Salud en Resistencia), entre ellas 269 niñas, niños y adolescentes. Heridas oculares, 405 (33 con estallido o pérdida total de la visión, y otras, con pérdida parcial de la visión en el ojo afectado); 2 mil 63 personas heridas por disparos de distintos tipos de arma de fuego y 253 heridas por bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo.

Esta sistemática, grave y masiva violación a los Derechos Humanos en ascenso, demuestra la negativa del gobierno a escuchar el clamor popular y que el modelo neoliberal se defiende con el terrorismo de Estado, de la misma forma en que se impuso. También ha quedado claro una vez más, que Carabineros de Chile y las FFAA son instituciones mercenarias del capital y que su función es cuidar los privilegios de las minorías acaudaladas.

La gran explosión social que se vive en las calles de Chile no puede entenderse sin remitirse a la historia. Las causas de esta crisis están íntimamente relacionadas al modelo económico neoliberal y privatizador de los derechos sociales, que comenzó a instalarse tras el golpe militar contra el gobierno popular de Salvador Allende. Las actuales manifestaciones son en contra de ese modelo generador de obscenas desigualdades e injusticias. En octubre pasado comienza a terminar el ciclo político que empezó con el golpe de Estado del año 73. En estos momentos sólo lo sostiene el uso criminal de la fuerza.

En el terreno de las ideas, sólo una derecha ciega niega las causas reales; de forma muy absurda y torpe, sostiene que la rebelión es producto de un complot internacional castro-chavista.

Un proceso constituyente en marcha ¿desde abajo o desde arriba?

No era depresión, era el capitalismoEsta es la rabia contenida que intentaron callar con Fluoxetina

Rayados en las paredes de Santiago

 

* Médico, nieto del presidente Salvador Allende

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¿Qué significan los cambios en Rusia? 

El miércoles 15, en su discurso anual ante las dos cámaras legislativas, el presidente de Rusia Vladimir Putin propuso una serie de cambios lo suficientemente medulares como para despertar la suspicacia global. Los más importantes (aunque todavía no se conocen los detalles) apuntan a una nueva distribución de fuerzas entre los poderes Legislativo y Ejecutivo a favor del primero. Aunque los futuros presidentes van a conservar el control sobre las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el proyecto que el jefe del Kremlin piensa someter a consulta popular impulsa una participación mayor del parlamento en la elección del primer ministro, de los vices así como de los demás miembros del Ejecutivo y de las gobernaciones, atribución que hasta ahora, según la Constitución de 1993, es prerrogativa del presidente.

Que se haya elegido la consulta popular voluntaria y no la vía del referendum no es casual, tiene que ver con la intención de asegurarse el éxito. La consulta no requiere la presencia del 50% más uno del electorado y se gana con la mayoría simple.

Hay quienes ven en estos cambios la preparación de un futuro donde Putin, que tiene mandato presidencial hasta 2024 y por ley no puede presentarse para un nuevo período, podría seguir ejerciendo el control.

Para Vladimir Davydov, rector del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, la propuesta presidencial es un “avance hacia una mayor democratización a partir del aumento de poder del Parlamento sin que por eso el sistema deje de ser presidencialista”.

En cambio, para el doctor en Historia y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Petersburgo, Viktor Jeifets, “darle ahora más poder a la Cámara Alta es abrir la Caja de Pandora”.

“Creo que hay un modelo que funciona desde hace 20 años y es un riesgo cambiarlo por otro que no se sabe si va a funcionar. Algunos expertos opinan que esto es una forma de allanar el camino para que el presidente Putin tenga, después de 2024, poder fáctico desde otro organismo que no sea el Ejecutivo. Si se aumenta el poder del Senado podría ser ése un lugar desde donde ejercer el poder. Se habla también de otras opciones para alcanzar ese mismo objetivo. Por ejemplo, que Putin presida un nuevo y poderoso Consejo de Estado o alguna otra estructura como el Consejo de Seguridad. Yo opino que no hay datos suficientes para suponer que existe una intención ulterior pero, si observamos la lógica política de los últimos acontecimientos, parecería que estos expertos tienen razón.”

Siguiendo esta línea de razonamiento cobran sentido dos cambios claves que lanzó el líder ruso durante el discurso anual del miércoles frente al gabinete, los miembros del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, los presidentes de las asambleas legislativas de las regiones de Rusia, las autoridades de la Iglesia Ortodoxa, diplomáticos y 885 periodistas rusos y extranjeros acreditados para el evento.

El primero fue incluir, en la Constitución, al Consejo de Estado como agencia gubernamental. El segundo, aceptar la renuncia de Dmitri Medvedev como primer ministro y designarlo inmediatamente como subsecretario del Consejo de Seguridad, un cargo que no existía y que el presidente diseñó a la medida de Medvedev. “Le pedí que se encargara de los temas de seguridad y defensa –aclaró Putin-; se creará el nuevo cargo de vicepresidente del Consejo de Seguridad, y el presidente de este organismo, como saben, es el presidente”. Este Consejo está formado por el círculo más íntimo y de mayor influencia del presidente.

Entonces, ¿es real el enfrentamiento entre Putin y Medvedev que los grandes medios hegemónicos pregonan? Para Jeifets, no. “Dudo de que haya una controversia entre ellos. El poder de Medvedev no ha disminuido ya que se ha convertido en el suplente de Putin en un órgano clave”, aseguró el historiador. Cabe recordar que el primer ministro renunciante fue la mano derecha de Putin desde el minuto uno, o sea, desde 1999, cuando Boris Yelstin eligió al actual presidente como su primer ministro.

En cuanto al nuevo premier, Mijail Mishustin, Jeifets lo definió con tres palabras: “Es Míster No Name”. La prensa lo caracteriza como un tecnócrata exitoso que ganó su fama con la modernización tecnológica que aplicó como director de la agencia de impuestos, la AFIP rusa. Para el especialista de la Universidad de San Petersburgo “es difícil identificar si está más próximo a los conservadores, a los militares o a los liberales. Es una persona muy poco conocida. Se lo describe como un tecnócrata eficiente cercano al bloque económico liberal”.

Ciertamente, que el líder del Kremlin haya elegido un desconocido como primer ministro debe responder a alguna lógica. Jeifets ve, al menos, dos razones. “Putin lo está probando. Si Mishustin demuestra ser eficiente y leal tiene por delante una importante carrera política. Por otra parte, poner una figura poco conocida le permite al presidente mantener su propio peso político.”

Otro cambio constitucional de gran relevancia tiene que ver con la soberanía de Rusia en un mundo con pactos cada vez menos confiables. Hasta ahora la legislación internacional primaba sobre las leyes de la Carta Magna rusa. Según la enmienda propuesta por el presidente ahora “las decisiones de organismos internacionales tendrán validez si no entran en contradicción con la Constitución o no significa una restricción a los derechos fundamentales de la Federación Rusa”.

Finalmente Putin -quien sin dudas será recordado como el líder que transformó a la Rusia vasalla de Yeltsin en una potencia mundial con enorme peso en la arena internacional- señaló la hoja de ruta a seguir en dos temas centrales. El primero, vinculado a las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, la genética, los nuevos materiales y las fuentes de energía donde instó a los científicos a “alcanzar avances no menos espectaculares que los que Rusia logró en el campo de la Defensa”, lo que no es poco pedir.

El segundo, está referido al gran karma que arrastra el país más vasto de la Tierra con su bajísima densidad poblacional. Rusia tiene casi el doble de territorio de Estados Unidos y de China pero menos de la mitad de habitantes de EEUU (146 millones de rusos contra 330 norteamericanos) y la décima parte de los 1.400 millones de chinos.

Antes de anunciar una serie de beneficios para las parejas que quieran tener hijos, Putin lo dijo clarito y sin vueltas: “El destino de Rusia y sus perspectivas histórica dependen de la situación demográfica”.

*Autora de “Todo lo que necesitás saber sobre la Guerra Fría”. Editorial Paidós

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Manifestantes este sábado en las calles de Beirut. NATALIA SANCHA

 Los manifestantes secundan "una semana de rabia" contra la incapacidad de los políticos de formar Gobierno

Beirut ha vivido en la noche del sábado su jornada más violenta entrado el cuarto mes de protestas antigubernamentales. “Se nos acabó la paciencia y se acabó el plazo que le dimos hace una semana a los políticos”, sentencia un joven antes de romper unos adoquines y liarse a pedradas contra una fila de policías antidisturbios. Los manifestantes han declarado ”una semana de rabia” contra la élite político-económica que gobierna el país y que desde hace tres meses no logra formar un nuevo Gobierno al quedar enfrascada en un mercadeo de carteras y candidatos. 

Al menos 220 personas han resultado heridas y docenas de personas, arrestadas, durante los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. “Estamos en alerta máxima y tenemos 18 unidades móviles que han atendido a 100 personas en el terreno y trasladado a 65 a los hospitales”, resume Rodney Eid, portavoz de la de la Cruz Roja libanesa. “Hay heridos de todo tipo, por asfixia o golpes, y el balance incluye policías y civiles”, apostilla. Cientos de libaneses han acudido a Beirut desde diferentes ciudades del país para protestar frente al Parlamento. “La gente no tiene para comer, y no pueden pagar los hospitales”, protesta una mujer llegada de la norteña ciudad de Trípoli. Como el resto, acusa a la élite gobernante desde hace 30 años, gracias a un peculiar sistema confesional y de reparto de cuotas, de saquear al país y de llevarlo a la quiebra. Piden su reemplazo por un Gobierno de tecnócratas.

Un amplio despliegue policial ha impedido que los miles de ciudadanos congregados pudieran llegar al hemiciclo y repelido a las primeras filas a golpe de cañones de agua. Lo que ha provocado una lluvia de piedras como respuesta. El centro de la ciudad ha quedado totalmente sumergido en una irrespirable nube de gases lacrimógenos bajo la que durante horas las fuerzas de seguridad han perseguido a los manifestantes por centros comerciales y céntricas avenidas. Entre vitrinas de tiendes de Hermés o de Louis Vuitton, refinadas transeúntes cargadas con bolsas de compras han atendido a jóvenes descamisados incapaces de respirar o con el torso amoratado por los porrazos. “No tenemos trabajo, no podemos pagar los estudios, esto es una revolución de los pobres contra los políticos ricos y corruptos”, grita uno de los jóvenes.

Estos enfrentamientos ocurren transcurridas apenas 48 horas desde que la ministra del Interior, Raya el Hassan, hubiera de disculparse públicamente por “el exceso de violencia policial” contra manifestantes y periodistas. El abuso de la fuerza ha provocado la indignación popular. “Pedimos a las fuerzas del orden que respeten este lugar y no crucen las puertas”, se oía entrada la noche desde los altavoces del minar de la conocida mezquita de Mohammad Al Amin, donde mujeres, niños y ancianos habían buscado refugio huyendo de batalla campal.

Jóvenes de entre 20 y 30 años, entre ellos docenas de mujeres, han arremetido a patadas contra cajeros y reventados las cristaleras de bancos en lo que se ha convertido un ataque sistemático contra las instituciones bancarias que han impuesto un control informal de capital en el país tras que la libra libanesa se haya devaluado en un 60%.

La desesperación frente al deterioro económico, la perdida de empleo con el cierre de negocios y un vaticinado colapso financiero ha unido a jóvenes de diferentes confesiones que hace apenas dos meses se enfrentaban a palos en las calles. Unidos en la violencia contra las fuerzas del orden, jóvenes suníes llegados de Trípoli han cerrado filas junto con jóvenes llegados de la barriada chií de Beirut de Dahie, y feudo de Hezbolá. “Estábamos contra las manifestaciones, pero ahora es contra los bancos que no nos dan nuestro dinero y nos están robando”, dice un joven bajo el nombre de Ibrahim, desempleado a los 23. La mayoría de ellos cobra por jornada de trabajo y nunca ha pisado este céntrico barrio, concurrido habitualmente por la élite del país, por lo que muchos piden indicaciones y otros acaban perdidos para ser arrestados por policías.

El 30% de libaneses vive bajo el umbral de la pobreza, según cifras de la ONU. La crisis económica amenaza con sumergirles en la pobreza absoluta conforme los negocios cierran, los salarios se reducen a la mitad y las tradicionales ayudas de partidos y clanes confesionales no llegan para hacer frente a unos productos básicos cuyos precios han aumentado en un 25%. ¿Dónde está el Ejército? ¿Por qué no nos protege de la policía?, grita un grupo de manifestantes ante el avance de la policía. “Se acabó lo de manifestaciones pacificas”, zanja uno de ellos.

Por NATALIA SANCHA

Beirut 18 ENE 2020 - 17:18 COT

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En Bolivia, el gobierno de facto militariza las calles

La Paz. La Defensoría del Pueblo de Bolivia expresó ayer su preocupación por el inicio de operaciones conjuntas de patrullaje preventivo por parte de la policía y las fuerzas Armadas de cara a las marchas del 22 de enero anunciadas por los seguidores del presidente en el exilio Evo Morales. El Movimiento al Socialismo (MAS), del mandatario, anunció ayer que el ex canciller David Choquehuanca será su candidato en las elecciones de mayo.

En su comunicado, el organismo recordó los antecedentes de Sacaba y Senkata, donde 35 bolivianos perdieron la vida, 21 de los cuales fueron producto de similares intervenciones policiales-militares conjuntas.

Resaltó que tanto la policía como las fuerzas armadas deben enmarcar sus intervenciones en la ley, e hizo un llamado a las instituciones, líderes políticos y organizaciones sociales a garantizar la estabilidad democrática y pacífica que hoy vive el país.

Militares bolivianos ingresaron a la conflictiva región del Chapare, bastión político de Morales, a días de que pobladores de esa zona cocalera inicien manifestaciones contra el gobierno transitorio, informó el jueves el ministro de Defensa.

Luis Fernando López informó que a partir del (lunes) 20, por un tema constitucional y de leyes, iniciamos el tema de la erradicación de coca excedente y no descartó dirigir personalmente esas acciones.

Esa labor es usual en Bolivia y la realizan conscriptos del ejército y efectivos policiales.

Por separado, el comandante militar de la zona, Javier Espinoza, informó que un grupo de 300 uniformados ya ingresó a Chapare, pero para ejercicios de paracadismo, lo que levantó sospechas entre los cocaleros.

El poderoso dirigente del sector, Leonardo Loza, respondió que no nos atajamos (oponemos) a que cualquier miembro del ejército haga su trabajo (...) pero acá no pueden intimidarnos con tanquetas, con ametralladoras.

Agregó que el miércoles 22 los labriegos leales a Morales se movilizarán en Chapare para celebrar de manera pacífica el día de la fundación del Estado Plurinacional, como usualmente se hizo desde que entró en vigencia la nueva Constitución en 2009, cuando Bolivia dejó de ser república.

Las movilizaciones de sindicatos leales al ex mandatario, refugiado en Argentina desde diciembre, también se realizarían en otras ciudades, lo que motivó que el gobierno ordene operaciones de seguridad de policías y militares a partir de este jueves.

La Defensoría indicó que se debe crear un ambiente que posibilite alcanzar un proceso electoral transparente y participativo, dando prioridad al uso de mecanismos de prevención de la violencia como el diálogo y la concertación, y no el uso de la fuerza estatal.

En este sentido, destacó: Si bien el derecho a la protesta está constitucionalmente protegido, su ejercicio debe limitarse a la no comisión de delitos.

En ese marco, el Estado tiene la obligación de considerar su respuesta a estas manifestaciones sin distinguir su afinidad o divergencia, sino contemplando lo que dispone la ley, resaltó.

Las movilizaciones fueron convocadas hace cerca de dos semanas por la presidenta del Senado e integrante del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales, Eva Copa, con motivo del Día del Estado Plurinacional.

Los sectores afines al mandatario argumentan, además, que el 22 de enero finaliza el mandato interino de Jeanine Áñez, si bien el Tribunal Constitucional aprobó el miércoles el proyecto para prorrogarlo hasta las elecciones, programadas para el 3 de mayo.

Áñez se proclamó presidenta interina en su calidad de nueva titular del Senado después de que Morales dimitiera el pasado 10 de noviembre en respuesta a las irregularidades detectadas por la Organización de Estados Americanos en los comicios del 20 de octubre, que desencadenaron la crisis política que llevó a Morales a salir del país.

El mandato de Morales expiraba el 21 de enero, por lo que el de Áñez, que asumió el cargo para remplazar al líder indígena y evitar así el vacío de poder propiciado por la cascada de dimisiones de altos funcionarios, también lo iba a hacer ese mismo día.

Extienden el mandato de Jeanine Áñez

Sin embargo, el MAS y el nuevo oficialismo acordaron en diciembre consultar al Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de prorrogar el mandato de Áñez y de las demás autoridades de elección popular que también debían abandonar el cargo este mes.

Tras la decisión del Constitucional, Áñez se mantendrá como presidenta interina hasta que se conozca al ganador de las elecciones del 3 de mayo, con las que Bolivia pretende cerrar el capítulo abierto el 20 de octubre. Morales, refugiado en Argentina, no podrá presentar su candidatura, conforme a un acuerdo entre el MAS y los aliados de Áñez.

El partido de Morales anunció que David Choquehuanca, un indígena aymara, quien fue su canciller, será el candidato a la presidencia de Bolivia en las elecciones del 3 de mayo. La decisión fue apoyada por un pacto entre sindicatos que está conformado por campesinos, colonizadores (migrantes internos que cultivan zonas vírgenes), cocaleros e indígenas de la Amazonia.

Choquehuanca, de 58 años, logró el apoyo necesario para ser postulado por el MAS, creado por Morales. El ex canciller irá acompañado en la fórmula por el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez.

El ex presidente va a ratificar en los próximos días la decisión. Él no ha elegido, él ha pedido que decidamos en consenso, explicó ayer el diputado de esa fuerza política Juan Cala.

Rodríguez, de 30 años, es dirigente de los cocaleros de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, en el centro de Bolivia, de las cuales Morales continúa siendo su máximo líder.

Horas después, el presidente en el exilio tuiteó que habría cuatro precandidatos y que se reunieron con él en Argentina, donde está refugiado. Entre ellos Choquehuanca y Rodríguez, pero también el ex ministro de Economía, Luis Arce, y el ex canciller Diego Pary.

Cala y su colega, el senador Omar Aguilar, informaron que sólo es una formalidad, pero que Morales debe respetar la decisión de los congresos del MAS en Bolivia.

Choquehuanca y Rodríguez, tienen el apoyo de ocho de nueve regiones, agregó Aguilar.

También dijo que se prevé que el anuncio oficial lo hará Morales y luego el binomio será proclamado. La decisión se da a cinco días de que Morales brinde un informe desde Argentina sobre sus 14 años de gobierno. Morales considera que jurídicamente continúa siendo el presidente de Bolivia debido a que la Asamblea Legislativa aún no ha tratado su carta de renuncia.

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Urge permanecer alerta contra las reformas laboral y pensional en Colombia

Treinta y nueve días de huelga indefinida en Francia llevaron a que el gobierno reversara la propuesta fijar en 64 años la edad obligatoria para la jubilación. Las movilizaciones fueron permanentes, el ánimo no se doblegó, la lucha rindió sus frutos.

No obstante la victoria de las organizaciones sindicales, se convocó a una nueva marcha en el país para el 16 de enero. No hay que bajar la guardia, coinciden en asegurar los dirigentes de las organizaciones obreras.

Esa misma beligerancia es la que debe asistir a las diferentes expresiones organizativas en Colombia ahora que el ministro de Hacienda, Tomás Carrasquilla, considera que los dos asuntos deben abordarse mediante proyectos que hagan tránsito en el Congreso este año, como alternativa para hacer viable la generación de empleo y asegurar el funcionamiento del fondo público Colpensiones.

Aun cuando se trata de una falacia que les hace juego a los empresarios y de la que no quiere ser partícipe la ministra del Trabajo, Alicia Arango porque sabe el costo político que implica, todo indica que estas dos iniciativas serán apuntaladas con el propósito de sacarlas adelante.

El tema pensional

Colpensiones es la joya de la corona. A este fondo están afiliados 6.791.854 colombianos de los cuales 1.367.596 son pensionados. Lo que argumenta el gobierno nacional es que se puede producir un desfinanciamiento, y su brillante salida, es aumentar la edad de jubilación.

Por supuesto, esta propuesta no es fruto de un estudio serio sino más bien, la consecuencia de la recomendación que le hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al presidente Iván Duque.

Esta disposición, en caso de que se apruebe, terminaría perjudicando a buena parte de los 3.362.492 cotizantes activos a Colpensiones. Un enorme volumen de trabajadores verá frustrados sus sueños de salir al menos con salud después de muchísimos años de laborar. Lo que espera el ministro Carrasquilla, es que el jubilado salga con un bastón a dedicar buena parte de su tiempo a practicarse exámenes en la EPS, sacar el perro al parque o, en el mejor de los casos, a hacer mandados en la tienda de la esquina mientras que, para todos, se convierte en un mueblo viejo dentro de la casa al que no se sabe dónde ubicarlo.

Si no se aprueba la reforma pensional en el Congreso, el 30% de los afiliados activos a Colpensiones podrían jubilarse en el corto plazo. Una expectativa apenas justa. Y si hay algo que no podemos olvidar, es que durante su campaña, el hoy presidente Duque prometió no aumentar la edad de pensión.

La reforma laboral, otra papa caliente

En mi lejano Vijes solían repetir los veteranos: “El palo no está para cucharas”. Vigente hoy, ya que el panorama entre los colombianos es de alerta para evitar que el paquetazo de Duque, que tanto se empecinó en negar el gobierno nacional, no vaya a revivirse con nuevo nombre.  En otras palabras: “El mismo perro con diferente guasca”. Los áulicos de Duque y en particular el ministro Carrasquilla, son muy hábiles para eso.

Los empresarios están alimentando esta idea bajo el argumento de que el sistema laboral obedece a una estructura con veinte años de atraso. Eso es cierto, pero en detrimento de la clase obrera y ahora pretenden precarizar aún más su situación. Desmejorar su calidad de vida.

Lo que proponen los empresarios favorece sus propios intereses, como por ejemplo el tema de la flexibilización laboral o trabajo por horas, y va en contravía de lo que sugieren la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión de Empleo de la OCDE.

La movilización popular, un muro de contención

Lo que se avecina es altamente lesivo para la clase trabajadora. Y al igual que los obreros de Francia, no podemos bajar la guardia.

El único muro de contención para frenar las pretensiones del gobierno nacional, de los empresarios, algunos académicos y congresistas afectos al presidente Iván Duque, es la movilización popular. Expresar la inconformidad. No permitir que, como ha ocurrido en otras ocasiones, terminen pisoteando a la base popular.

Si se retoman las marchas, como es apenas previsible en Colombia, es necesario que evitar una reforma laboral y pensional constituyan de nuevo un estandarte de lucha. No de otra manera podremos evitar que se siga pauperizando a la clase trabajadora, históricamente golpeada por quienes tienen el poder político y económico.

Por Fernando Alexis Jiménez | @misnotasdeldia

Blog del autor www.cronicasparalapaz.wordpress.com

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El presidente de Chile anuncia una reforma de las pensiones después de tres meses de estallido social

La reforma del criticado sistema de pensiones pretende implementar un aumento gradual del 6 % en las cotizaciones, que pasarían del 10 % actual hasta el 16 %

Supondrá un aumento promedio del 20% en las pensiones de los hombres y del 32% en el caso de las mujeres

El presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, ha anunciado este miércoles una reforma al criticado sistema de pensiones, que es privado y se basa en la capitalización individual, cuando están a punto de cumplirse tres meses del grave estallido social que vive el país austral.

La iniciativa, que se presentará esta semana al Parlamento, pretende implementar un aumento gradual del 6 % en las cotizaciones, que pasarían del 10 % actual hasta el 16 %. Un 3 % del incremento de la cotización lo pagará el empleador, se sumará al 10 % actual e irá a la cuenta de ahorro individual del trabajador. El otro 3 % también estará a cargo del empleador, contará con un aporte inicial del Estado y se destinará a un fondo público, denominado Fondo de Ahorro Colectivo y Solidario.

Este fondo es otra de las novedades que presenta la reforma y sumará un pilar de ahorro colectivo al sistema previsional chileno para entregar "un aporte adicional a los jubilados actuales y futuros y beneficiará de manera especial a las mujeres, la clase media y los adultos mayores con dependencia severa", explicó Piñera.

En la actualidad, el modelo de pensiones de Chile se basa en el ahorro individual obligatorio gestionado por empresas privadas, las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y en una pequeña participación estatal a través del llamado Pilar Solidario, dirigido a los más pobres y a quienes tienen las pensiones más bajas.

Aumento del 32% en las pensiones de las mujeres

Esta reforma permitirá un aumento de 56.600 pesos mensuales (cerca de 73 dólares, 65 euros) para los hombres, lo que significa un aumento promedio de 20 % de sus pensiones y beneficiará a más de 500.000 pensionados. En el caso de las mujeres el beneficio será de 70.800 pesos al mes (unos 91 dólares, casi 82 euros), lo que significa un aumento promedio de 32 % de sus pensiones y va a beneficiar a más de 350.000 pensionadas, según dijo el mandatario.

"Con estas reformas, se garantiza que ningún pensionado quede por debajo de la línea de pobreza y que las pensiones de aquellos que hayan cotizado por 30 años o más estén siempre por encima del monto actual del salario mínimo", que es de 300.000 pesos chilenos (cerca de 400 dólares), señaló Piñera.

El presidente ha dicho que esta reforma "representa un cambio estructural" del modelo de pensiones y apuntó otra serie de novedades como la apertura de la administración de los fondos de pensiones a otros actores que no sean las AFP, como sociedades sin fines de lucro o cooperativas de afiliados para "fortalecer la competitividad de la industria", entre otras cosas.

"Chile ha sido un país ingrato con nuestros adultos mayores. Uno de los grandes temores que acechan a muchos de nuestros ciudadanos, además de la enfermedad o la delincuencia, es no tener los recursos necesarios para enfrentar con dignidad la tercera edad", ha reconocido Piñera. Estos cambios propuestos por el presidente se suman a los ya aprobados el pasado diciembre para aumentar en hasta el 50 % las pensiones más bajas.

Modelo de pensiones instaurado durante la dictadura

Ideado por José Piñera, uno de los hermanos del actual mandatario, e instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el sistema de pensiones chileno tiene como pilar básico el ahorro individual obligatorio.

Su cambio hacia un modelo más solidario es uno de las principales demandas del estallido social que vive el país desde octubre, que es el más grave desde el retorno de la democracia hace tres décadas y que ya se ha cobrado la vida de al menos 27 personas.

Las manifestaciones, que comenzaron en respuesta a un aumento en la tarifa del metro y se convirtieron en un clamor contra la desigualdad, han perdido fuerza, pero sigue existiendo descontento en las calles y la crisis parece lejos de solucionarse, pese a otras medidas sociales anunciadas por el Gobierno y al plebiscito sobre una nueva Constitución.

"Parece que el presidente Piñera no escuchó bien lo que está pidiendo la calle, que no quiere más el modelo de capitalización individual y quiere dar tránsito a un nuevo modelo mixto de pensiones con la seguridad social como sustento principal", ha lamentado el senador socialista Juan Pablo Letelier.

En Chile, cada trabajador aporta un 10 % mensual de su sueldo bruto a un fondo de pensiones personal del que puede disponer cuando se jubila y que es gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas que obtienen beneficios millonarios tras invertir los fondos en los mercados y son muy criticadas por las bajas pensiones que pagan.

El promedio de la pensión mensual pagada en agosto del año pasado por las AFP fue de unos 220 dólares.

Por EFE - Santiago de Chile

16/01/2020 - 07:38h

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El expresidente de Bolivia, Evo Morales, es recibo por una mujer tras su arribo al aeropuerto de Buenos Aires. REUTERS

El Ejecutivo transitorio activó una orden de búsqueda y captura internacional contra Morales, a quien se acusa de terrorismo y sedición

El Gobierno transitorio boliviano incrementó la persecución al expresidente Evo Morales y sus colaboradores. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se presentó ante la prensa con un par de esposas en la mano y anunció que acababa de activarse una orden de busca y captura internacional contra Morales, a quien se acusa de terrorismo y sedición. “Que venga, no tenga miedo, lo vamos a cuidar”, ironizó en su declaración. Por otra parte, se está revisando el patrimonio de todos los ministros, viceministros, directores, gobernadores y alcaldes del Movimiento al Socialismo (MAS). “Tenemos 600 personas investigadas, y es poco", afirmó Murillo. El propósito de esta investigación es encontrar cuentas o propiedades inexplicables que conduzcan a nuevos procesos por corrupción, además de los muchos que ya existen.

También fue aprehendido el dueño de un importante canal de televisión próximo al anterior Gobierno, luego de ser acusado de enriquecimiento ilícito por parlamentarios del oficialismo. Y, para completar el cuadro, una mujer fue detenida en el aeropuerto de El Alto cuando intentaba viajar a Buenos Aires con 100.000 dólares no declarados. Se la acusa de ser cercana al exministro Juan Ramón Quintana, actualmente atrapado en la residencia diplomática de México en La Paz, y de intentar llevar el dinero a Morales para “financiar el narcoterrorismo”. Ella declaró que el dinero pertenecía a la filial boliviana de la empresa petrolera venezolana PDVSA y que lo llevaba con la intención de pagar cuentas de esta empresa en la Argentina. La Policía allanó las oficinas de PDVSA en La Paz.

Otro blanco de la persecución legal han sido los llamados “guerreros digitales”, jóvenes que en el pasado trabajaban haciendo propaganda masista en las redes sociales y que, en estos días, algunos de ellos, han continuado publicando mensajes contra el oficialismo desde las computadoras del Estado que todavía estaban en sus manos y desde otras privadas. Una acusación los sindica de provocar “animadversión” en contra de la presidenta interina Jeanine Añez.

Además de policial y judicial, la presión sobre el MAS también es política. Andrónico Gutiérrez, líder efectivo de los sindicatos cocaleros y precandidato del partido izquierdista, anunció que este 22 de enero, el día en el que el mandato de Evo Morales se hubiera cumplido, comenzará otra etapa de la “resistencia pacífica al fascismo”, sugiriendo que se realizarían movilizaciones de protesta. En respuesta, el ministro Murillo tuiteó: “Andrónico, cuidado, el radicalismo... pone en riesgo tu liderazgo y tu futuro”. Rodríguez tuvo que salir a aclarar que no pensaba cometer ningún delito y denunció que el Gobierno buscaba asfixiar a la dirigencia sindical con procesos y detenciones. Evo Morales está acusado de terrorismo y sedición porque se lo considera el organizador, desde el exilio, del bloqueo de caminos campesino que, impidiendo que los alimentos llegaran a la ciudades, buscaba impedir que Añez se estabilizara en el poder.

Los grupos de ciudadanos que participaron en las movilizaciones contra Morales el año pasado, y que continúan movilizados, cumplen un papel activo en el arrinconamiento del MAS. En este momento, patrullas de vecinos continúan rodeando la residencia diplomática de México en La Paz, donde se encuentran refugiados varios exjerarcas de este partido, revisando a los automóviles que entran y salen del barrio, para evitar fugas. Otros grupos han cercado la casa del exministro de Gobierno, Carlos Romero, impidiendo que este salga de ella. Murillo señaló que sobre Romero no pende ninguna orden de detención, pero hasta ahora las autoridades no han hecho nada para impedir que los vecinos impongan su propia ley, de modo que el exministro se halla en una suerte de arresto domiciliario informal.

En otra ciudad del país, Cochabamba, las patrullas vecinales rodean las oficinas de la Defensoría del Pueblo, que consideran parcializada con el MAS, y también se manifiestan en contra de los concejales de este partido en la Alcaldía, pidiendo que renuncien.

Por FERNANDO MOLINA

La Paz 9 ENE 2020 - 16:54 COT

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Viernes, 10 Enero 2020 09:51

El contragolpe de Juan Guaidó

El contragolpe de Juan Guaidó

Juan Guaidó, cuyo liderazgo venía desfigurándose, ha logrado dar un vuelco a la situación coyuntural y revertir su desplazamiento, al menos temporalmente. Venezuela vuelve a la actualidad después de meses de permanecer en un segundo plano en una región convulsionada.

 

Este 7 de enero, Juan Guaidó ha retornado al palacio Legislativo y ha jurado como presidente [del Parlamento venezolano] para un nuevo período legislativo. Esto ocurre dos días después del nombramiento en el mismo cargo, del diputado Luis Parra, también opositor. ¿Qué pudo ocurrir para que llegara esta compleja situación, sobre todo cuando Venezuela llevaba meses alejada de la resonancia conflictiva mundial?

En medio de empujones con la Guardia Nacional y un performance agresivo, Guaidó logró penetrar las alcabalas militares que impedían su ingreso a la Asamblea Nacional, siendo juramentado por una plenaria de la cual no se conoce con exactitud el quórum. La sorpresiva acción puede implicar un reavivamiento de la política venezolana y genera nuevas expectativas en el campo opositor. Después de obtener un control casi total en las fuerzas armadas y en las calles de Venezuela, el Gobierno da un paso en falso en su afán de controlar el poder Legislativo, único poder dominado por la oposición.

La forma en la que intentó hacer a un lado a Guaidó y a la mayoría opositora —con la utilización de la fuerza militar para limitar el acceso al Parlamento a algunos diputados, con el incumplimiento de las reglas mínimas para sesionar y la censura de la información de medios públicos y privados— está provocando, hasta ahora, una derrota parcial para el chavismo en diversos campos. Guaidó, cuyo liderazgo venía desfigurándose, logró dar un vuelco a la situación coyuntural y revertir su desplazamiento, al menos temporalmente.

A pesar del acontecimiento del 7 de enero, una posibilidad real de cambio en las esferas políticas no parece estar planteada hoy, puesto que los factores de poder que sostenían el simulacro de presidencia de Guaidó parecen más debilitados. Estados Unidos ha privilegiado a Irán en la agenda geopolítica. La oposición confronta una división que parece ineludible. Los gobiernos de avanzada contra Venezuela, como Colombia y Chile, están envueltos en graves conflictos. Los organismos internacionales vieron en 2019 cómo el Gobierno peruano cerró el Congreso y cómo al presidente de Bolivia, Evo Morales, después de ganar elecciones, le dieron un golpe de Estado. Todo parece indicar que si no pudieron contra Maduro en 2019, en 2020 ya será tarde.

Pero la política es imprevisible y el contragolpe de Guaidó puede revivir la política en Venezuela. Para poder explicar la situación, narramos los acontecimientos de esta semana.

5 DE ENERO: OPOSITOR DISIDENTE SE JURAMENTA COMO PRESIDENTE DEL PARLAMENTO CON LOS VOTOS DEL OFICIALISMO

Para ese día, lo planificado por la “presidencia interina” era que Juan Guaidó dirigiera el debate parlamentario, llamara al pleno a votación de la nueva directiva y pudiera conseguir los 84 votos necesarios, que estaban en entredicho debido a las escisiones y rupturas internas que han acontecido en la oposición entre otras cosas por los escándalos de corrupción y, según los dirigentes de oposición, debido al soborno de diputados opositores por parte del oficialismo.

Un cordón de la Guardia Nacional permitió la entrada de todos los diputados menos Guaidó. Mientras los diputados opositores estaban esperándole en el hemiciclo, de manera intempestiva comenzó la sesión con los nuevos directivos ya posicionados y una elección relámpago convocada por un secretario legitimado desde el partido de Gobierno en la que se contaron 81 votos según diputados oficiales, y una juramentación en medio de empujones y desorden en la plenaria.

El nuevo presidente de la Asamblea Nacional electo en esta situación era el diputado Luis Parra, que viene de Primero Justicia, el partido de Henrique Capriles y Julio Borges, y su terna fue presentada por una articulación de diputados opositores disidentes que ha venido en crecimiento desde que se instaló, hace meses, una mesa de negociación entre el Gobierno y un ala moderada de la oposición confrontada con Guaidó.

Por su parte, Guaidó y el grueso de los diputados opositores se dirigieron esa tarde a un viejo edificio, sede de un conocido medio opositor, El Nacional, y desde allí eligieron a una nueva junta directiva del parlamento presidida por Guaidó. Según sus cuentas, fueron 100 diputados quienes lo reeligieron.

Hasta allí todo era previsible. El Gobierno de Maduro contaba con un nuevo panorama nacional e internacional que le permitía sacarle la silla a quien se autonombró presidente de la República con el aval de Estados Unidos y más de 50 países. Pero eso fue a comienzos de 2019. En 2020 hay cambios importantes. El conflicto con Irán tiene muy ocupado a Estados Unidos, muchos países de América Latina que impulsaron a Guaidó tienen crisis internas que le impiden generar acciones internacionales y las cartas que ha puesto sobre la mesa la coalición opositora y sobre todo Estados Unidos, han venido fracasando estruendosamente en su objetivo de sacar a Maduro del poder.

Parecía muy fácil sacarle la silla a Guaidó bajo estas nuevas condiciones pero la situación, dos días después, se complicó.

7 DE ENERO: GUAIDÓ RETOMA EL PALACIO LEGISLATIVO 

Juan Guaidó y los diputados opositores se presentaron en la entrada de la Asamblea Nacional. Después de forcejear con la Guardia Nacional que filtraba los accesos al Parlamento, pudieron entrar de forma inesperada para los diputados disidentes que sesionaban junto con los oficialistas, al parecer sin el quórum necesario.

Una vez dentro de la sede juramentaron nuevamente a la junta directiva presidida por Guaidó. Según algunas fotografías, tampoco parecían tener quórum. A los disidentes se les vio correr fuera del hemiciclo.

A pesar de que lo que sobresale es la incapacidad de ambos bandos de generar solidez a la institucionalidad parlamentaria, esta toma intempestiva revierte el momento de máxima debilidad de la oposición y especialmente de la figura de Guaidó y genera consecuencias adversas para el chavismo en varias esferas de interés.

CONSECUENCIAS DE LA PUGNA ENTRE PODERES

Por primera vez el chavismo acusa recibo de un contragolpe efectivo. De una manera inexplicable han quebrado sus defensas. ¿O ha habido negociación para permitir nuevamente la entrada de Guaidó? Se deja colar en el ambiente opositor la idea de que el Gobierno puede ceder y es derrotable, algo que nadie creía desde hace algunos meses. Y de que la misma toma que ocurrió en el palacio Legislativo podría pasar, a pocas cuadras, en el palacio de Miraflores, sede del ejecutivo. La oposición siempre peca de sobredimensionar sus triunfos parciales, aunque esta vez, ciertamente logró volcar la situación.

Dentro de la oposición, el contragolpe de Guaidó ha generado entusiasmo y ha unido sectores que, hasta hace horas, se enfrentaban agónicamente.

En las pocas horas de los acontecimientos, Guaidó alcanzó a pedir a Voluntad Popular, su partido, que lo liberara de la militancia como forma de responder a la presión de los sectores que vienen confrontando a su líder Leopoldo López. El partido accedió y esto permitió, en parte, recomponer la mayoría parlamentaria.

Guaidó es hasta los momentos el gran triunfador de las jornadas porque condujo la toma del palacio y agregó un performance agresivo que le permitió cautivar nuevamente a los más radicales. Sin duda ha tomado un nuevo aire con esta acción.

En el plano internacional, la acción del 5-E ha producido una ruptura profunda entre el gobierno de Maduro y los gobiernos progresistas que están tomando posiciones en América Latina. Especialmente agresivas han sido las palabras entre el canciller argentino y sectores del Gobierno venezolano. Pero México y España también han condenado la acción. El 5-E está produciendo un mayor aislamiento político en el gobierno de Maduro, quien ha expresado su deseo de establecer alianzas con el nuevo ciclo de gobiernos progresistas que apenas comienza.

La tardanza del Gobierno en calificar y explicar el hecho de la toma de la Asamblea por parte de Guaidó aumentó la incertidumbre. No hay claridad de cómo va a reaccionar ante el hecho y si va a seguir reconociendo a Luis Parra y la directiva escogida el 5 de enero.

Toda esta confusión puede tener un final feliz. Este año deben convocarse, por mandato constitucional, las nuevas elecciones legislativas. Al oficialismo podría interesarle incluso que ocurriera en el primer trimestre del año para fomentar la división opositora entre los abstencionistas y los que llaman a participar. Antes de terminar el año pasado, la oposición amagó con asistir a los comicios cuando formó, junto al oficialismo, un comité para preparar la nueva designación del Consejo Nacional Electoral. Los acontecimiento del 5 y 7 de enero pueden tender a acrecentar la tendencia radical y abstencionista de la oposición y en consecuencia y paradójicamente, a dejar el poder legislativo en manos del chavismo.

En todo caso, el intento de desplazar a Guaidó parece haber sido un error de cálculo de la dirigencia chavista, innecesario a todas luces debido a la proximidad de unas nuevas legislativas cuya convocatoria puede permitirle recuperar la iniciativa rápidamente.

Por OCIEL ALÍ LÓPEZ

SOCIÓLOGO, ANALISTA POLÍTICO Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

CARACAS (VENEZUELA)


PUBLICADO

2020-01-09 10:34

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