Suspende Maduro diálogo con la oposición por bloqueo de EU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, canceló ayer el viaje de su delegación a la mesa de diálogo con la oposición que se instalaría hoy y mañana en Barbados, en respuesta al bloqueo que esta semana impuso el gobierno de Estados Unidos, y anunció una "revisión" al mecanismo de negociación.

Esta decisión se tomó "en razón de la grave y brutal agresión perpetrada de manera artera por la administración de Donald Trump contra Venezuela, que incluye el bloqueo ilegal de nuestras actividades económicas, comerciales y financieras", explica un comunicado.

Trump firmó el pasado martes una orden ejecutiva que congela todos los bienes del gobierno bolivariano en territorio estadunidense y sanciona a terceros que apoyen a la presidencia de Maduro, en una decisión que fue celebrada por Guaidó, quien se proclamó "presidente encargado" en enero pasado.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien encabeza la delegación oficialista, anunció la ruptura, por ahora, de las negociaciones. No se precisó si se retomará el proceso más adelante.

Al cierre de edición no se conoció reacción de Guaidó, cuya delegación ya está en Barbados.

En tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció que un barco que se dirigía a su país con 25 mil toneladas de soya para la producción de alimentos fue retenida en el Canal de Panamá, lo que fue rechazado por autoridades de esa zona.

Miles de chavistas vestidos de rojo y con banderas venezolanas marcharon en el centro de esta capital para rechazar el bloqueo de activos de Venezuela en Estados Unidos.

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, denunció que "una agresión de este tipo no es contra los chavistas, sino contra todo el país, donde se ha levantado un sentimiento de patria y nacionalismo, ante esta nueva agresión del imperialismo".

En tanto, la cancillería de China manifestó que su gobierno se opone a la interferencia estadunidense en los asuntos internos de Venezuela, tras la aplicación de las nuevas sanciones, y llamó a Estados Unidos a dejar de "acosar" a otros países.

La Unión Europea reiteró que está en contra de la aplicación de sanciones unilaterales estadunidenses, mientras el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que no existe una solución militar a la situación política o económica que atraviesa Venezuela.

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Los hondureños vuelven a la calle para exigir la salida de Juan Orlando Hernández

 El presidente del país centroamericano ha sido señalado por la fiscalía de Nueva York por usar dinero del narcotráfico para financiar su campaña presidencial

Miles de hondureños volvieron a las calles este miércoles en las principales ciudades del país centroamericano en la que es la segunda jornada de protestas para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Las movilizaciones llegan después de que la fiscalía del distrito sur de Nueva York vinculase al mandatario con una presunta conspiración para usar dinero del narcotráfico en sobornos para lograr apoyos a su última campaña electoral y conceder favores con el fin de mantenerse en el poder. Las manifestaciones se tornaron violentas en la capital, Tegucigalpa, donde oficiales antidisturbios dispararon gases lacrimógenos contra los manifestantes. Un día antes ya se habían producido graves incidentes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en San Pedro Sula —la segunda ciudad en importancia—, que dejaron varios heridos —entre ellos un camarógrafo de un canal local— por la represión policial.

 “Estamos en una nueva etapa de las protestas”, apunta desde Tegucigalpa la dermatóloga Ligia Ramos, integrante de la Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación en Honduras, la organización gremial que desde abril pasado ha convocado protestas contra el Gobierno de Hernández. “El Gobierno está inmerso en escándalos de corrupción que han cansado a la población. Esto ya es demasiado, exigimos que él [Hernández] salga para poder reconstruir Honduras”, subraya en declaraciones a EL PAÍS.

Las manifestaciones comenzaron en abril como respuesta a la pretensión de Hernández de imponer reformas al sector salud y educación, que médicos, maestros y estudiantes consideraron un paso para privatizar los servicios públicos del país centroamericano. El presidente reaccionó con una violenta represión que dejó al menos seis muertos y 80 heridos, según un informe preparado por Amnistía Internacional. Y en junio, el mandatario ordenó el despliegue del Ejército en las principales ciudades del país, lo que hizo que se menguaran las protestas. Estas se reanudaron, sin embargo, el martes, después de que se conociera el señalamiento de la fiscalía neoyorquina contra Hernández.

Los policías intentaron este miércoles contener las protestas en la capital, pero fueron recibidos a pedradas, por lo que respondieron disparando gases lacrimógenos y con agua a presión. En paralelo, cientos de personas marcharon de forma pacífica por otro extremo del mismo bulevar hasta las inmediaciones de la residencia presidencial, que permanece custodiada por un fuerte contingente de las fuerzas de seguridad.

Otro grupo de manifestantes, casi todos con el rostro cubierto, bloquearon la calle que cruza frente a la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) impidiendo el libre tránsito de vehículos por la zona, en protesta por el ataque de este martes a universitarios en San Pedro Sula, norte del país, por fuerzas de seguridad. En un comunicado, la UNAH condenó "enérgicamente la agresión". Periodistas hondureños exigieron hoy en Tegucigalpa y San Pedro Sula respeto a su trabajo y un alto a la violencia contra los comunicadores sociales tras la agresión contra el camarógrafo Carlos Castillo.

Supuestos vínculos con el narcotráfico

Hernández ha sido señalado por la fiscalía de Nueva York en una presunta conspiración para usar dinero del narcotráfico con el fin de mantenerse en el poder, algo que el presidente ha rechazado y que ha atribuido la denuncia en tal sentido a "un ataque con afán de venganza" de narcotraficantes de su país. Aunque la fiscalía del distrito sur de Nueva York no identifica al mandatario por su nombre ni ha presentado acusaciones en su contra, en el documento se alude al hermano del excongresista Juan Antonio Tony Hernández como CC-4 (Juan Orlando Hernández) y se subraya que fue "elegido presidente de Honduras a fines de 2013". Según el documento, se destinaron 1,5 millones de dólares para sobornos en apoyo a la campaña de Hernández y que se compraron regalos y favores a políticos locales a cambio de protección, y además involucra a otros políticos hondureños, a quienes no menciona por sus nombres, pero.

“El presidente viene siendo asediado por una gran cantidad de escándalos desde 2015. Ahora la gente exige su renuncia no solo por esos escándalos de corrupción, sino por las irregularidades en las elecciones presidenciales, que consideran fueron fraudulentas”, explica a EL PAÍS Eugenio Soza, sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en relación con los comicios generales de 2017, cuyo resultado causó un gran descontentó que llevó a miles de hondureños a las calles y socavó la legitimidad del mandatario.

“La plataforma ha planteado ahora la necesidad de la movilización para la renuncia del presidente, pero está por verse si realmente se va a convertir en una ola de protestas fuertes o no va a ser sostenible en el tiempo. Probablemente las protestas tomen oxígeno, pero a nivel de articulación todavía es un movimiento bastante débil”, explica el catedrático Soza en conversación con EL PAÍS. Será clave, agrega, el papel que Estados Unidos juegue tras conocerse el señalamiento de la fiscalía de Nueva York, dado que Washington tiene en el Gobierno de Hernández a un aliado en su estrategia para frenar la migración de centroamericanos hacia territorio estadounidense. “Es un desafío para los líderes políticos y sociales. Está por verse qué acciones van a tomar, o si esperarán a ver qué hace Estados Unidos”, en un país donde la clase política y las élites son obedientes a los designios que llegan desde el gigante norteamericano.

La médica Ramos, sin embargo, asegura que las manifestaciones se mantendrán. “Nos estamos organizando, porque este ha sido un movimiento de lucha social autoconvocado por varios sectores sociales. Ahora solicitamos a la empresa privada que se nos una, a los campesinos, a las universidades privadas”, cierra. “También hemos convocado a los partidos políticos, aunque todavía no nos hemos reunido con ellos”.

Por S. Maldonado

EFE

México / Tegucigalpa 8 AGO 2019 - 03:05 COT

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¿Cómo está actuando EE.UU. en las elecciones en Sudamérica?

Primero fue Evo Morales Ayma: el presidente boliviano, que busca un nuevo mandato, denunció a fines de julio que EE.UU. había enviado agentes de inteligencia a su país, en vías a reunirse con la oposición a su gobierno de cara a las elecciones de octubre próximo. “Quiero que sepan, el Departamento de Estado de Estados Unidos está enviando sus agentes de inteligencia. Estamos informados: están reuniéndose con algunos comités cívicos. ¿Qué estarán planificando? ¿Qué mentira estarán inventando otra vez?” dijo el Jefe de Estado, que suele confrontar públicamente con el país del norte, desde una agenda anti-imperialista, desde antes de llegar al gobierno

Luego fue Rodolfo Nin Novoa, canciller de Uruguay: afirmó días atrás que Estados Unidos "se mete en la campaña electoral" uruguaya. ¿Qué fue lo que provocó el encono del canciller del Frente Amplio? La decisión de EEUU de emitir un alerta a los turistas que visiten Uruguay en torno a la inseguridad. "Es notorio que el tema de la seguridad está en la campaña electoral en Uruguay. Hay un plebiscito planteado (Vivir sin miedo) para reformar la Constitución y endurecer las medidas para combatir el delito. Es uno de los ejes de campaña del Partido Nacional" recordó Nin Novoa, vinculando la campaña doméstica de la derecha con el anuncio de Washington.

Es interesante otra frase de Novoa para graficar porqué cree que EEUU. intenta un cambio de gobierno en Uruguay. "No tengo ningún dato más que la historia de Estados Unidos en los últimos 50 años" afirmó el canciller, con gran poder de síntesis. Si bien tiene razón en cuanto a los frondosos antecedentes, por ahí no hace falta ir tan atrás: el ex presidente Lula da Silva, en sus recientes entrevistas en la cárcel de Curitiba, denunció el involucramiento del Departamento de Justicia de EE.UU. con el juez Moro, algo que aparece con sutileza en los chats filtrados por el periodista Glenn Greenwald. Moro, que condenó a Lula, es ahora Ministro de Bolsonaro, quien llegó al Planalto por esa condena. Viene bien recordar la secuencia completa para darnos cuenta del absurdo que fue aquella elección en el país más importante del continente.

En Argentina, la connivencia del actual presidente de la Nación con EE.UU. viene de larga data: el periodista Santiago O´Donnell documentó cómo Macri, cuando era Jefe de Gobierno, pedía en la Embajada de EE.UU. mayores presiones sobre Néstor Kirchner y aseguraba que Washington era "pasivo y permisivo" con el ex presidente, algo que se desprende de los cables filtrados en WikiLeaks. El antecedente directo era el "No al ALCA" de 2005 en Mar del Plata, en el cual Kirchner tuvo una destacada actuación como anfitrión, junto a Lula y Chávez. Luego del kirchnerismo, Macri llegó a la Rosada: se vinculó primero con Obama, apoyó a Hillary Clinton y, tras su derrota, giró velozmente a un trumpismo irreflexivo e incondicional, bajo la necesidad de que este lo apoye en el rescate del Fondo Monetario Internacional.

Visto estos antecedentes, y reflexionando sobre lo que sucede en Bolivia y Uruguay, surge una pregunta crucial: ¿cómo estará actuando EE.UU. en la decisiva elección de Argentina, aquella que puede cambiar la correlación de fuerzas a nivel regional? Es tarea del mundo académico y periodístico investigar rigurosamente y responder sin vacilaciones a esa pregunta, decisiva para el futuro de una democracia no tutelada en nuestro país. En estas elecciones presidenciales Argentina no solo define quien se sienta en Balcarce 50: también define si tendrá (o no) márgenes de autonomía en un mundo que va camino a una confrontación cada vez más nítida entre EEUU y China, como lo muestra la escalada arancelaria y una posible guerra de monedas. Por los ejemplos que hemos visto en este artículo, y como parte de esa misma puja con China, EE.UU. está decidido a tener un rol cada vez más activo -y ampliamente cuestionable- en nuestra región. Es tarea de las y los latinoamericanos poner un freno a ese injerencismo. ¿Será Argentina la nueva punta de lanza, tal como sucedió en 2005 en Mar del Plata?

Juan Manuel Karg es politólogo UBA. IIGG - Facultad de Ciencias Sociales

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Bolsonaro devuelve favores políticos convirtiendo Brasil en paraíso de los agrotóxicos

 

262 nuevos pesticidas han sido colocados en el mercado. La bancada ruralista del Congreso fue fundamental en la elección del presidente, y les necesita para aprobar sus principales reformas.

 

 

El lobby del agronegocio brasileño sabe ganar elecciones y sacar adelante legislaturas. Su presión fue clave en el impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff y en la llegada a la cima de Jair Bolsonaro. El dirigente ultraderechista, que no se cansó de repetir que esquivaría la vieja política de intercambio de favores, ahora agradece al agronegocio los servicios prestados, convirtiendo Brasil en paraíso de los productos tóxicos. Exigencias del guion.

De la misma manera que en los últimos días Bolsonaro ha prometido apadrinar a un magistrado evangélico para alguna de las próximas plazas libres en el Tribunal Supremo, una de las primeras medidas que tomó cuando ganó las elecciones de octubre de 2018 fue entregar el ministerio de agricultura a Tereza Cristina, la que fuera líder del Frente Parlamentario Agropecuario. La denominada bancada ruralista del Congreso Nacional se traduce actualmente en casi la mitad de la Cámara de Diputados y casi la mitad del Senado Federal, liderados por el diputado Alceu Moreira (Movimiento Democrático Brasileño, MDB). Esta maniobra de recompensa ha significado, en la práctica, vía a libre para el agronegocio, pasando por encima de las mínimas exigencias medioambientales de una era como la actual.

Dejando al margen el discurso gubernamental que banaliza la deforestación de la selva amazónica, el gran caballo de batalla de los activistas medioambientales latinoamericanos, Bolsonaro está en el centro de todas las críticas por ir aprobando uno tras otro el uso de todos los productos fitosanitarios que van solicitando los miembros de la bancada ruralista, elegidos a base de los votos del agronegocio en las regiones del país con mayor nivel de actividad. El sector necesita mantener su actividad y su porcentaje de beneficios, y la excesiva reglamentación bloquearía sus planes.

La última tanda de providencias logró que 51 nuevos pesticidas aterrizaran en el mercado. En total ya van 262 desde enero. “El Gobierno está pasando por encima de la opinión pública y de las instituciones sanitarias”, se lamentaba en un comunicado Marina Lacôrte, coordinadora de la campaña de Alimentación y Agricultura de Greenpeace.

Trece de esas sustancias han sido prohibidas o no permitidas en la Unión Europea. “Podemos producir sin agrotóxicos, en equilibrio con el medio ambiente y respetando la salud de las personas”, indica Lacôrte. “Sin embargo, cada vez llega más veneno a la mesa de la población brasileña y más insostenible queda nuestra agricultura, inviabilizándola a largo plazo. Es escandaloso”.

El presidente y su ministra de agricultura demostraron su buena sintonía en la presentación del “Plano Safra 2019/20”, el tradicional sistema de créditos, subvenciones e incentivos agropecuarios del Gobierno Federal. Tereza Cristina (Demócratas), ingeniera agrónoma y empresaria del sector rural, está habituada a frecuentar la primera línea de fuego.

Desde su primer cargo de relevancia, como consejera de desarrollo agrario de su estado, Mato Grosso do Sul, ya hizo hincapié en la liberación de pesticidas; apoyó el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff; abandonó su anterior partido porque criticaba la gestión de Michel Temer, y ya como coordinadora de la bancada ruralista dirigió proyectos de ley que iban en esta misma línea agresiva contra el medio ambiente.

Hace unos días, en un encuentro preparatorio de la reunión de ministros de agricultura de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) que tendrá lugar en septiembre precisamente en su estado, la ministra Tereza Cristina sostenía, con aparente tranquilidad, que “Brasil está listo y dispuesto a contribuir para garantizar la seguridad alimentaria global, incorporando, en el centro de su estrategia, los principios de desarrollo sostenible”.

Dado que el intercambio de favores continúa, la bancada ruralista ha sido uno de los apoyos del presidente Bolsonaro para que la primera votación de su reforma de la seguridad social  en la Cámara de Diputados le haya resultado medianamente favorable. La inmensa mayoría de los diputados que defienden los intereses del agronegocio le apoyaron. Interponiendo alguna enmienda a su favor –que recortó una parte del ahorro económico que ha programado el Gobierno–, pero votaron sí a la reforma, lo cual le garantiza oxígeno al presidente hasta después del parón vacacional.

El desparpajo de Bolsonaro y Tereza Cristina a la hora de aprobar el uso de decenas de nuevos agrotóxicos ha llegado ya al Tribunal Supremo, al cual se le acumula el trabajo por momentos en esta legislatura. La abogada Vera Lúcia da Motta, integrante del Partido Verde, ha presentado una acción por incumplimiento de preceptos fundamentales de la Constitución Federal. “La liberación de los nuevos productos no ha sido precedida de un análisis serio de seguridad química ni de impacto tóxico y ambiental”, argumentan.

El PV, que está tratando de movilizar a la población en torno a marchas de protesta, pide suspender los efectos de las medidas gubernamentales, que, en su opinión, “exponen de modo perverso a toda la población a riesgos incalculables de contaminación y desarrollo de diversas enfermedades, sin que los ciudadanos tengan posibilidad real de defensa”. En la lista de productos tóxicos permitidos, la organización subraya la presencia del Imazetapir, la Sulfentrazona y el Sulfoxaflor. Este último polémico en Estados Unidos “por ser uno de los principales responsables del exterminio de abejas en algunas regiones del país”.

 

05/08/2019 08:40 Actualizado: 05/08/2019 08:40

Por víctor david lópez

@VictorDavLopez

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La renuncia oficial de Rosselló no acalla las protestas en Puerto Rico

El exgobernador anuncia que su nominado a secretario de Estado, Pedro Pierluisi, jurará el cargo para sucederlo

 

Ricardo Rosselló ha dejado de ser oficialmente el gobernador de Puerto Rico. Este viernes a las 17.00 horas, en medio de la incertidumbre sobre quién lo sucedería, Rosselló ha dicho en un comunicado de prensa que el excongresista Pedro Pierluisi jurará el cargo. El gobernador saliente nombró esta semana a Pierluisi como secretario de Estado, y por ende, quien es quien debe asumir como nuevo gobernador. Una hora antes del anuncio, la Cámara de Representantes aprobó con el mínimo de los votos el nombramiento de Pierluisi. Sin embargo, no se sabía con certeza si podría hacerse ya con la gubernatura porque el Senado aún no ha votado sobre el asunto. Rosselló argumentó que no se necesita la aprobación de ambas cámaras sobre porque nombró al nuevo secretario de Estado cuando la Legislatura no estaba en sesión.

La calle no recibió bien la noticia. La filtración hace tres semanas del chat entre Rosselló y los altos mandos de su Gobierno con mensajes sexistas, homófobos y donde se orquestaban posibles delitos de corrupción, encendió la furia de los boricuas. El pueblo salió en masa a exigir su dimisión, hasta conseguirlo el miércoles pasado. Este viernes volvieron a protestar fuera de La Fortaleza, la casa del gobernador, porque no quieren que Pierluisi tome el control de la isla. El exdegelado de Puerto Rico ante Estados Unidos es considerado como no apto para hacerse con la gubernatura por posibles casos de conflicto de interés. Pierluisi trabajó como asesor de la Junta de Control Fiscal (JCF), el polémico ente estadounidense que supervisa las finanzas de la isla. Por estos antecedentes es que los boricuas salieron una vez más a la calle para reclamar contra sus líderes.

La filtración del chat provocó una ola de renuncias en el Gobierno puertorriqueño. Luis G. Rivera Marín, que figuraba entre los miembros del grupo de Telegram dimitió como secretario de Estado. Cuando Rosselló hizo lo propio, todas las miradas se dirigieron a la jefa del Departamento de Justicia, Wilma Vázquez, que por dictamen constitucional es quien debe asumir como gobernadora cuando no hay nadie al frente de la secretaría de Estado. En un principio se vio dispuesta, pero el pueblo se manifestó en contra. La Oficina de Ética Gubernamental está investigándola a Vázquez por su negativa a indagar irregularidades en la gestión del devastador huracán María. Con su rechazo, Rosselló se apuró en nombrar a un secretario de Estado para que lo sucediera.

Rosselló, del Partido Nuevo Progresista (PNP), citó el Artículo 1 de la ley número 7 para anunciar que Pierluisi jurará como próximo gobernador de Puerto Rico -sin especificar cuándo-. La normativa citada explica que es el secretario de Estado quien debe asumir como gobernador. Los expertos constitucionalistas citados por Reuters cuestionan que la acción sea legal ya que la Cámara de Representantes había aprobado el nombramiento del abogado, pero el Senado todavía no vota sobre el asunto. El presidente de la Cámara Baja, Thomas Rivera Schatz, adelantó el jueves que Pierluisi no cuenta con los apoyos suficientes para asumir el cargo: "Pedro Pierluisi no tiene los votos de la mayoría. No los tiene".

De los 51 legisladores de la Cámara de Representantes, 26 votaron a favor de Pierluisi, 21 en contra y uno se abstuvo. Tras conocer el resultado de la Cámara Baja, Schatz afirmó que había que respetar la votación. "El próximo miércoles, el pleno del Senado atenderá (la votación). Ese día quedará resuelto el asunto. Puerto Rico PRIMERO. Nadie tenga dudas", escribió en su Twitter. Sin embargo, a los pocos minutos, cuando se dio a conocer la renuncia de Rosselló y su justificación de que no eran necesarias las dos cámaras para oficializar al nuevo secretario de Estado, porque lo había nombrado cuando la Legislatura no estaba en sesión, el tono fue distinto. “Las recientes expresiones del gobernador saliente sobre la forma de llevar a cabo la transición luego de su bochornosa salida son más que elocuentes”, criticó Schatz.

Antonia Laborde

Washington 2 AGO 2019 - 18:11 COT

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Bolsonaro, cada vez más enfrentado a los militares

Julio fue un mes traumático en las relaciones entre el presidente Jair Bolsonaro y las Fuerzas Armadas brasileñas.

Comenzó con un plato fuerte: el 5 de ese mes el vicepresidente Hamilton Mourão concedió una entrevista a la revista Crusoé, en la que reveló haber recibido un pedido del presidente para "actuar con mayor moderación", a la vez que rechazaba "la desconfianza del presidente en los militares que estarían interesados en tomar el poder".

Esos días Bolsonaro felicitó a su vice por haber estado una semana sin hablar con la prensa, ya que las declaraciones de Mourão, o la atención que recibe por parte de los medios, suelen molestarle.

El enfrentamiento principal saltó el 19 de junio, cuando se conmemora el aniversario del nacimiento de Santos Dumont (pionero de aviación brasileña), que la Fuerza Aérea celebra todos los años en Brasilia.

Sorprendió la ausencia del presidente, que algunos explicaron por el incidente de la detención en Sevilla, España, de un miembro de la comitiva de Bolsonaro que se dirigía a Japón para participar de la cumbre del G20, en un aparato de la fuerza aérea portando cocaína.

Sin embargo, Bolsonaro no sólo dejó plantados a la cúpula militar sino a los embajadores de Japón, Ucrania y Estados Unidos, todos ellos aliados cercanos de su Gobierno, para participar en el ceremonia del Día Nacional del Fútbol, también en Brasilia. Del acto castrense tampoco participó Mourão ni el ministro de Defensa.

El mismo día, en el ya tradicional Café de la Mañana, con los medios, Bolsonaro atacó al gobernador de Maranhão, Flavio Dino, miembro del Partido Comunista de Brasil (PCdoB).

Por el modo como lo hizo, se trató de un ataque a todos los nordestinos, la región más pobre de Brasil que vota masivamente por Lula y contra la ultraderecha que representa el presidente.

Agregó que los gobernadores del Nordeste "intentan todo el tiempo a través de la desinformación, manipular a los votantes". Fue interpretado como un ataque racista, ya que en la región predomina la población afro. El ataque a Dino fue justificado por algunos, por su actitud tibia respecto a la cesión de la base de cohetes de Alcántara (en su estado) a los EEUU.

Las reacciones no se hicieron esperar. Al día siguiente todos los gobernadores del Nordeste, firmaron una nota donde expresan "sorpresa e indignación profunda" con las declaraciones de Bolsonaro.

Ese día, en una entrevista en el conservador O Estado de São Paulo, el general de Luiz Eduardo Rocha Paiva condenó las declaraciones del presidente señalándolas como "antipatriotas" e "incoherentes", por dividir al país.

Rocha Paiva es un destacado militar, ahora en la reserva, que fue comandante de la Escuela de Comando y del Estado Mayor del Ejército, y secretario de general del arma. Además respaldó con vigor el golpe de Estado de 1964, por lo que sus pares lo tienen en gran estima.

El presidente no perdió la ocasión para contraatacar. Acusó al prestigioso general de ser un aliado del gobernador comunista y agregó una ofensa gratuita: "Inadvertidamente descubro una sandía, un defensor de la guerrilla de Araguaia".

"Sandía" es el nombre que se da entre los militares a los que, sin decirlo, simpatizan con la izquierda: verdes por fuera y rojos por dentro. La guerrilla de Araguaia fue la principal lucha armada en la selva durante la dictadura.

Dentro y fuera de los cuarteles hubo gran malestar. El redactor jefe de la página Defesanet, Nelson Düring, dijo que el ataque a Rocha Paiva era "una ofensa ignominiosa y deshonrosa", y relata una serie de ofensas anteriores recibidas por las Fuerzas Armadas, que no habían trascendido.

El editorial lo considera "el último de una serie de desaciertos entre la presidencia y los comandos militares".

El mismo día 21, el gurú de Bolsonaro, el profesor Olavo de Carvalho, que reside en EEUU, difundió un video con ataques muy fuertes a los militares que rodean al presidente. Se interpretó que el video estuvo inspirado por uno de los hijos del mandatario, Carlos Bolsonaro, que en esos momentos estaba en Virginia visitando a su referente ideológico.

Una respuesta más dura aún provino del hermano del insultado, el general Paulo Ricardo da Rocha Paiva. Una carta abierta pone el dedo en las principales diferencias de los uniformados con el presidente. Dice que lo votó pese a unas declaraciones que fueron una "señal roja", cuando dijo que "Alcántara es para ustedes", en referencia a los EEUU.

Sin medias palabras, denuncia el "acoplamiento militar automático con el Tío Sam y la OTAN", abandonando a los aliados de la región sudamericana. El tono del extenso escrito del general retirado es fuerte, frontal y por momentos agresivo, cargado de adjetivos peyorativos. Bolsonaro no tuvo más remedio que dar marcha atrás y guardar silencio, lo que evidencia que los cuarteles no lo están mirando con buenos ojos.

Las razones de semejantes deslices del presidente son más oscuras aún. La antropóloga Isabela Oliveira Kalil, en una extensa entrevista en el diario Valor, sostiene que una parte de la base social de Bolsonaro se siente defraudada y exige un gobierno más derechista aún.

Un estudio etnográfico en la zona metropolitana de Sao Paulo, focalizado en los comportamientos conservadores, muestra que entre los varones de 40 a 45 años hay mucha disconformidad porque observan que Bolsonaro no se comporta como extrema derecha, razón por la cual lo votaron.

El principal punto de insatisfacción es que esperaban una liberalización mayor en la tenencia de armas.

Antes de terminar el mes, el presidente tuvo otro desliz verbal que le puede costar caro. Aseguró que sabe cómo desapareció el padre del actual presidente de la Orden de Abogados de Brasil durante la dictadura militar.

Se trata de Fernando Santa Cruz, padre de Felipe Santa Cruz, desparecido luego de haber sido detenido por agentes del régimen en 1974. Las declaraciones de Bolsonaro pueden constituir delito, ya que dice conocer cómo se produjo un crimen que está encubriendo.

El desgaste que viene sufriendo Bolsonaro obedece a que una porción de la sociedad, que coincide con las posiciones más ultras de sus hijos y de su gurú (Olavo de Carvalho), le exigen una posición más derechista aún. En tanto, las colisiones con los militares puede ser el principal factor de deterioro de la apoyatura de un presidente que lleva poco más de medio año en el cargo.

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Fotografías: Luis Gutiérrez, Medellín, 26 de julio de 2019.

El pasado viernes 26 de julio el país volvió a presenciar multitudinarias movilizaciones en defensa de la vida y en rechazo del asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, las que en lo corrido del año suman más de 80 y desde la firma del Acuerdo con las Farc en 2016 ascienden a más de 600.

Esta jornada fue como un espejo en donde se reflejaba la jornada de “Velatón Nacional” escenificada el 6 de julio de 2018, pues al igual que en esa ocasión fueron miles de miles las personas que salieron a las plazas de las principales ciudades, pueblos y regiones de Colombia, como también de distintas ciudades de otros países, todas las cuales manifestaron su rechazo ante una realidad que no se detiene y desangra día a día los activos de los movimientos sociales, a la par que apaga voces críticas del establecimiento.

 

 

Una movilización que parece un viaje en el tiempo

A la jornada convocada por el movimiento “Defendamos la paz” –en el que coinciden múltiples sectores políticos del país, que defienden el cumplimiento e implementación del Acuerdo firmado con las Farc– y apoyada por los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos del poder, asistieron miles de activistas, estudiantes, artistas, personajes públicos como actores y actrices de televisión, intelectuales, movimientos sociales, defensores de derechos humanos y múltiples sectores democráticos del país. Con una paradoja, la convocatoria no logró tocar a las gentes del común que representan a las mayorías nacionales. Todo un cerco de población al que ni teniendo como aliado a los medios oficiosos se logra acceder.

En Bogotá el rito se cumplió. Cada una de las personas que se movilizaron llegaron a la Plaza de Bolívar y se quedaron unos minutos; algunos encendieron velas, otros cantaron algunas arengas, entre conocidos se cruzaron saludos, y luego de esto se retiraron del lugar para darle paso a los otros miles que llegaban a la Plaza. Después de esto, todo volvía a la normalidad, cada quien regresó a su vida cotidiana y el tema del asesinato de los liderazgos sociales continua, sin contención, sin despertar otro tipo de acciones que no sean las movilizaciones, las protestas masivas, unas más que otras, que pese a ello simulan un viaje en la máquina del tiempo: así es porque siempre se realizan de las mismas formas, con las mismas actividades, llegando a los mismos lugares y encontrándose con las mismas personas. Lo más preocupante: sin lograr su cometido.

 

 

El cinismo del Gobierno campea sobre Colombia

En la ciudad de Cartagena, con rosto compungido, el presidente Iván Duque decidió sumarse a la movilización por la vida de los líderes y lideresas sociales. Su “solidaridad” con los centenares de familias en duelo, con los movimientos sociales golpeados por la perdida de sus hermanos, hermanas, y por las amenazas que pesan sobre muchos de ellos, tuvo un adelanto en su discurso del 20 de Julio ante un Congreso integrado por una mayoría que está en contra de las luchas y propósitos de las víctimas del status quo. La simulación pesa más que la verdad: todos estaban afectados por los efectos de la violencia en curso.

Tanto en el discurso de marras, como en el ensayado rostro, el Presidente insiste en trasmitir el mensaje que los culpables de las muertes de los distintos liderazgos del país no tienen nada que ver con las instituciones estatales y que, por lo tanto, los autores parecen ser de otro mundo. Pese a esto el recibimiento que le dieron los cartageneros fue contundente y en medio de abucheadas y gritos de rabia tuvo que salir corriendo del lugar.

Es increíble el cinismo de un Gobierno que detrás de sus actos de supuesta preocupación por el asesinato de voces críticas, lo que hace es lavarse las manos. No hay duda, mientras así sucedía en Buenaventura atentaban contra la vida de Carlos Alberto Tovar, uno de los líderes del Comité del Paro Cívico. Aún sin silenciarse el eco de los 6 disparos que impactaron la humanidad de Carlos, un día después de la movilización, fue asesinada en Caquetá Yissela Trujillo, victima de desplazamiento forzado, despojo de tierras y amenazada, quien sería ultimada junto a su esposo. Pasado otro día, el domingo 28 de julio, le arrebataban la vida en el Chocó al indígena Emilio Vitucay.

 

Una situación preocupante

Es innegable la fuerza que tiene cada movilización que aglutina a tantas personas indignadas, es increíble la fuerza que se siente cuando una parte activa de la sociedad sale a rechazar la política de muerte que se instauró en Colombia, pero también es innegable que hace falta más imaginación, constancia, organización y propuestas para realmente cambiar esta realidad que padecemos en el país.

Seguramente muchos y muchas dirán que vamos avanzando, que únicamente falta ganar las próximas jornadas electorales para que cambie esta realidad, que lo único que hay que hacer es pedagogía para que la gente vote bien. A lo mejor así es, pero a lo mejor el problema es más complejo y tiene que ver con una sociedad que padece las consecuencias de una historia de muerte y miseria, que aunque le dicen que vive en la democracia más antigua del continente, lo que padece es una dictadura civil, en donde la democracia simplemente es un formalismo, una sociedad donde el poder realmente imperante se niega al menor de los cambios y, por tanto, en la que nunca ha sido factible construir con las voces de las mayorías, con sus sueños y anhelos. Sociedad marcada con el signo de violencia homicida, dirigida contra toda aquella persona y proceso social que pretenda un giro para darle espacio a una democracia real, incluyente, participativa, radical, dejando atrás la concentración de la riqueza y del poder. Y en los días que corren, que pretenda un medio ambiente y una naturaleza en general para la vida, protegiéndolo ante las pretensiones de los empresarios de mineras de todo tipo, así como de los negociantes de la madera y similares.

¿Será posible lograr un cambio real en la cotidianidad que estamos padeciendo? ¿Qué tal si lo intentamos? ¿Qué tal si empezamos a protegernos de manera colectiva, reivindicando vocerías a varias voces, dejando de dar declaraciones a una sola voz, aislando al establecimiento en todo territorio donde lo alterno levante banderas, cuestionando el formalismo electoral, y poniendo en marcha formas alternas de gobierno, dándole cuerpo a otra economía posible? Tal vez así, por fin, logremos superar las movilizaciones que parecen viajes en la maquina del tiempo. Tal vez así nuestro grito de protesta supere la formalidad, sembrándose como vida que emerge de la muerte de los miles con que intentan atemorizar a toda la sociedad colombiana.

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"Un sector del poder económico bloquea la paz en Colombia"  

Rodrigo Londoño, conocido en su época de combatiente como "Timochenko", considera que una parte del poder económico en su país se opone a los acuerdos de paz. 

 

El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido en su época de combatiente como "Timochenko", considera que un sector del poder económico en Colombia bloquea la paz a la que él condujo a la guerrilla, ahora convertido en un partido político bajo la misma sigla.

Tres años después de la firma del acuerdo de paz, Londoño destaca de ese periodo, en una entrevista con EFE, que fue un "error político" presentarse a las elecciones legislativas de 2018, en las que su partido, la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia (FARC), cosechó apenas 55.000 votos. También lamenta que Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez" y Seuxis Pausias Hernández, alias "Jesús Santrich", quedaran fuera "de la construcción de la paz" y se encuentren en paradero desconocido.

--En la firma del acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016 usted dijo: "Que la palabra sea la única arma de los colombianos" ¿Qué balance hace del cambio de las botas por los votos?

--El balance es bien complejo, porque tiene su parte positiva, logramos terminar un conflicto que llevaba más de 50 años; desafortunadamente, no logramos la paz completa; y desafortunadamente, todavía queda un sector de la clase dirigente de este país que quiere impedir que la palabra se escuche, que hace oídos sordos a la palabra y que todavía quiere usar la violencia como la forma de dirimir conflictos, y la violencia como un instrumento de la política en Colombia.

--¿Qué cree que mueve a ese sector que está en contra el proceso de paz?

--El poder económico.

--¿El poder económico no quiere la paz de Colombia?

--No todo, un sector porque no es todo el sector, toda la clase económica y dirigente del país. Gracias a que un sector de la clase dirigente abrió las compuertas, abrió ese espacio para llegar al acuerdo que llegamos. Hicimos varios intentos y fue en el de (el expresidente Juan Manuel) Santos en que lo logramos.  Antes no, porque ese sector nunca había abierto la compuerta. Esta vez la abrieron pero quedó un pequeño sector que no quiso, que se quiere mantener ahí porque los acuerdos son la letra pero también el espíritu. Hay que entender el espíritu que acompaña a esa letra y que ese sector no ha querido asimilar. La pregunta que me hago es: ¿el presidente (Iván) Duque y su partido habrán estudiado estos acuerdos, los habrán estudiado en su letra y en su espíritu? Porque a estos acuerdos los acompañó un espíritu. Fue un pulso muy duro con ese sector de la clase dirigente que asumió y que dio esa apertura, esa posibilidad.

--El acuerdo se hizo con el ex presidente Santos. Hoy hay un presidente de un signo muy distinto, ¿confía en el presidente Duque para llevar adelante la paz?

--El problema con el presidente Duque es que está representando un partido que ha levantado las banderas de ese sector que se opone a los acuerdos, que se opone a la reconciliación sobre la base de lo que acordamos en La Habana: sobre la verdad, la justicia la reparación y la no repetición. A eso le tiene mucho miedo. Desde el principio he dicho que es el presidente de los colombianos, él ya no puede ser el presidente de un partido político, él tiene que recoger el sentir de los colombianos y espero que reflexione y no siga en ese camino al que lo están conduciendo los sectores más poderosos de ese partido.

--Dicho de otro modo, espera que el presidente Duque haga un cambio de 180 grados con respecto a la paz.

--Que recoja el clamor de la gente, que asuma un acuerdo que hizo un grupo insurgente como las FARC con el Estado colombiano. Un acuerdo que ya no es de las FARC, que la mayoría de los colombianos han asumido como suyo. La reflexión que debería hacer él es que en ese acuerdo están las bases mínimas para que comencemos a construir la Colombia que cada uno piensa, pero en paz, sin la violencia.

--¿Cómo ha observado la respuesta de la ciudadanía frente a sus propuestas en la política legal, esperaban más apoyo? Por ejemplo, en las elecciones al Senado obtuvieron unos 55.000 votos.

--Lo primero, fue un error nuestro político habernos lanzado a la campaña electoral de la forma en que nos lanzamos y en unas condiciones sumamente complejas. Estamos recién nacidos a la política abierta, estamos aprendiendo, pero además lo estamos haciendo sin haber cambiado las normas de juego que está en los acuerdos; aquí, salvo el punto sobre la reforma política, prácticamente no se ha cumplido ninguno. Estaba el estatuto de oposición que la Constitución del 91 lo había ordenado y es gracias al acuerdo de paz que se logra establecer. Del resto, las reglas de juego siguen siendo las mismas, que impiden a cualquier sector alternativo llegar a posiciones de poder.

Para mí fue un error gravísimo y me parece que el resultado no refleja (la situación actual). Estábamos comenzando a insurgir en la vida política legal del país y yo creo que ahora que hemos ido avanzando y hemos ido a más sectores explicando a la gente nuestro proyecto mucha gente ha cambiado de forma de llegar.

--Pero sigue habiendo, y se ve en las encuestas, un rechazo no hacia la paz sino hacia las propuestas del partido FARC.

-Creo que venimos haciendo una experiencia interesante en el Congreso, se viene haciendo un trabajo. No teníamos ningún conocimiento de cómo funciona (el Congreso) que es una maquinaria política para poder estar inmersa en ella. Creo que este primer año ha permitido conocerla, pero también llegar a muchos sectores con propuestas políticas, hemos hecho varios debates de control muy importante, se han planteado iniciativas importantes y ahora comienza una nueva legislatura que nos va a traer mayores beneficios políticos.

--Ustedes han tenido este año diez congresistas.

-Nueve (Por el encarcelamiento de "Jesús Santrich").

--Nueve, pero en este primer año apenas han presentado propuestas de ley, ¿a qué obedece eso, están aprendiendo o tomando el pulso?

-Tengo entendido que se han presentado algunas, pero no tengo aquí bien claro (el caso). Por ejemplo, Sandra (Ramírez) viene trabajando el tema de rutas terciarias (rurales), es un tema muy interesante para el campo colombiano.

Un elemento muy interesante en este escenario político es que no somos ya los nueve compañeros nuestros allá representándonos, sino que somos 40 y pico senadores que más o menos coincidimos con el objetivo de consolidar la paz en Colombia.

--¿Ustedes aspiran a conformar un bloque o a hacer parte de un bloque alternativo en que haya fuerzas de izquierda, de centro-izquierda o verdes?

--Estamos trabajando en eso y no ha sido fácil.

-En aquel 24 de noviembre, tras usted estaba Jesús Santrich y a su lado Iván Márquez, dos personas que están en paradero desconocido y fundamentales en el proceso de paz, uno de ellos el jefe negociador de paz, ¿usted sabe dónde están ellos?

-Ni idea de donde están.

-¿De algún modo responden ante usted como líder del partido?

-Ellos se marginaron del partido alegando, por lo menos Iván Márquez, inicialmente problemas de seguridad, alegando temores, pero al partido no dijo absolutamente nada, desapareció del panorama.

Conocemos las cartas que todo el mundo conoce que ha publicado y de Santrich sé lo que saben todos, el proceso (judicial por un presunto caso de narcotráfico) que pasó, lo acompañamos, fuimos solidarios con él, hicimos toda una pelea para que se le respetaran sus derechos. Lo liberaron y la reacción fue la que todo el mundo conoce (desaparecer y no responder ante la justicia), la cual nosotros no compartimos, la cual condenamos, y de ahí para adelante no sé en qué andan ni qué están haciendo.

--¿Está decepcionado?

-Da mucha tristeza, da mucha tristeza, da pesar porque gente con la que uno compartió, con la que trabajó, este proceso, a veces se especula y si algo me da seguridad y fortaleza es saber que esto lo construimos entre todos, es una construcción colectiva.

Santrich es un hombre que en toda esta letra (del acuerdo de paz) tiene que ver. Aquí está la mano de Santrich. Todo eso a uno le duele, pero 50 años de confrontación lo tienen a uno preparado para afrontar una situación de este tipo.

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El intento de exterminar a Sintraisa hace parte de la estrategia para la venta de ISA, y para el despido de trabajadores de ISA y su filial Intercolombia

Si bien el gobierno de Uribe en 2004 no pudo vender a ISA, hoy es propósito que la venda su títere “el presidente Duque”.

Los gobiernos de turno en Colombia no pueden incumplir los acuerdos que firmaron sus predecesores y menos los compromisos con la banca mundial, so pena de recibir el castigo que hoy sufren los pueblos de Siria, Libia, Venezuela, y para ello tienen a sus vasallos.

En las dos últimas décadas, los gobiernos de turno en Colombia, han tenido en común  la venta del patrimonio público y el propósito de transferir a las corporaciones privadas todas las empresas del estado, primordialmente las más rentables -aquellas que prestan servicios públicos- en las cuales, pueden imponer tarifas a su antojo con la garantía de una rentabilidad siempre creciente, que se convierte en otra causa de empobrecimiento de los pueblos, sin que los gobiernos, ni las nuevas generaciones puedan hacer nada en beneficio del usuario y menos en contra de la multinacionales que operan y despojan a su antojo.

Un caso en Colombia nos sirve de muestra, el que se vive en los departamentos de la Costa Atlántica con la empresa Electricaribe, que hoy distribuye la energía a más del 20% de la población colombiana y que fue intervenida tardíamente por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -Sspd-; territorio en el cual la multinacional prestó un mal servicio, obtuvo grandes ganancias, no obtuvo ninguna sanción, mientras ponen al pueblo a salvar la empresa con el incremento en la tarifa a través del plan de desarrollo del Sr. Duque; y la multinacional demanda al estado por un gran monto de dinero que seguramente pagarán las futuras generaciones por el despropósito de nuestros gobernantes de privatizarla en 1998, bajo los supuestos de que se mejoraría el servicio, se incrementaría el empleo y de la promesa de reducción de la tarifa a la población; supuestos que nunca se cumplieron, por el contrario, se incrementó la tarifa del servicio, quebraron una empresa rentable, saquearon los activos, corrompieron a algunos sindicatos, promovieron la corrupción y se robaron la plata de los pensionados, la que hoy tiene que pagar el pueblo colombiano a través de impuestos; igualmente pasó en el sector salud con Saludcoop y hoy con Medimas.

Por eso la propuesta de venta del patrimonio público a todas luces es contrario a los intereses del pueblo colombiano, no tiene ninguna razón que la justifique, como no la tuvo la venta de Telecóm, de Isagen, ni de UNE, la de los bancos del estado, y tampoco la tienen para justificar la venta de ISA.

Con la firma del acuerdo de Paz, con el aumento de la corrupción a todo nivel, con el asesinato de líderes sociales que ya suman más de 600, con la aniquilación de sindicalistas y el exterminio de sindicatos, se crea el escenario propicio para salir a “vender” el patrimonio público de los colombianos y en su proceso promover más la corrupción a los más altos niveles en beneficio de empresarios y de algunos funcionarios en el alto gobierno.

El escenario para la venta de ISA, desde el año 2005, se ha orientado internamente por su junta directiva, a través de los planes estratégicos y sus administraciones, así han definido e implementado una política de exterminio del sindicato y de flexibilización laboral, que obedece al objetivo del gobierno nacional de entregar a ISA en “bandeja de plata” a las multinacionales, haciéndola altamente rentable en el mercado eléctrico de Latinoamérica con mínima resistencia de la sociedad.  Así lo hemos advertido, ante los permanentes y sistemáticos ataques que las administraciones de ISA han cometido contra Sintraisa y contra los trabajadores, desconociendo derechos, tercerizando áreas, secciones y funciones, para hacer de ISA una empresa atractiva sin mayores responsabilidades laborales y de gran flexibilidad.

En razón de dicha estrategia se crea a Intercolombia -empresa de papel- que seguramente, entrará en liquidación tras la venta de ISA; quedando ISA con todos los activos, utilidades y rentabilidad, pero sin la responsabilidad ni el pasivo de la mano de obra. La suerte de los trabajadores de Intercolombia, poco importará para el nuevo propietario.

Debe entenderse que quien compre a ISA, debe tener experiencia, y por tanto sus propios trabajadores y debe ser altamente eficiente en mano de obra, lo que nos deja ante el escenario de que un buen número de trabajadores de Intercolombia y de ISA engrosarían la lista de desempleados en Colombia, muchos de los cuales hasta tendrán que demandar para que les paguen sus prestaciones.

La administración actual de ISA en cabeza de su presidente Bernardo Vargas Gibsone y su Vicepresidente de Talento Organizacional Carlos Humberto Delgado Galeano, han tratado de desconocer a Sintraisa, porque saben que es parte de los obstáculos para la privatización de ISA. Por lo que han adelantado a nombre propio y de terceros una serie de acciones legales, ilegitimas y hasta ilegales, para desconocer a Sintraisa, a sus representantes y a los trabajadores sindicalizados, tales como: demandas contra la estructura sindical, violación al fuero sindical, falsedad ante autoridades administrativas, violación al derecho de asociación y negociación colectiva al negarse a negociar los pliegos de peticiones, entre otras acciones; el propósito es desconocer los sindicatos y los derechos de los trabajadores que laboran para ISA desde su filial Intercolombia y exterminar a Sintraisa, la cual, desde la legalidad y sus actos se niega a desaparecer, aprestándose  a jugar el papel histórico que le corresponde, aun ante la adversidad de la realidad ya descrita, y ante la indiferencia de los que en poco tiempo ya no serán trabajadores de esa empresa que construyeron.

Es nuestro papel resistir y advertir que la realidad la creamos los trabajadores; que de nuestras acciones colectivas de hoy depende el futuro de las nuevas generaciones de trabajadores en Colombia y en el mundo; que no podemos sucumbir ante el interés de un grupo corrupto de políticos y empresarios que se enriquecen a costa de vender las fuentes de bienestar de las futuras generaciones.

Hacemos un llamado a rechazar la privatización de ISA, y hacer un frente común para que el patrimonio público se conserve como garantía de sostenibilidad y bienestar para el pueblo colombiano y para futuras generaciones de trabajadores en Colombia. 

Medellín, 15 de julio de 2019

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL SINTRAISA

Publicado enColombia
Domingo, 28 Julio 2019 06:32

En malos términos

En malos términos

La renuncia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno de México, Carlos Urzúa, reveló las diferencias en materia de política económica en el interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Jalonada por diferentes fuerzas, la “cuarta transformación” prometida por el mandatario aún debe afrontar grandes desafíos a su viabilidad.

La renuncia de Carlos Urzúa, el 9 de julio, tomó por sorpresa a propios y extraños. Si bien no era la primera salida de un funcionario de alto rango de las filas del gobierno federal, la investidura y responsabilidad de Urzúa, hasta entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, tienen relevancia aparte.

La confianza de los inversionistas y los mercados financieros fue uno de los objetivos más importantes a consolidar por Andrés Manuel López Obrador (Amlo), incluso antes de tomar posesión como presidente constitucional. En ese sentido, Urzúa mantuvo reuniones con los ejecutivos de los fondos de inversión y las calificadoras de riesgo. Se encargó de disipar los temores alrededor del programa de gobierno de López Obrador: sería un gobierno “responsable”, no se incrementaría el monto de la deuda y se presentarían proyectos de presupuesto con un superávit primario a fin de garantizar su pago.

Sin embargo, luego de casi siete meses como titular de Hacienda, Urzúa presentó una carta con señalamientos críticos que nadie del equipo del presidente se había atrevido a hacer hasta ese momento. La de Urzúa es, hasta la fecha, no sólo la renuncia más importante en el interior del gobierno de López Obrador, sino una que aún genera dudas sobre sus verdaderas causas.

URZÚA Y SUS MOTIVOS. En su carta de renuncia publicada en la red social Twitter, Carlos Urzúa explicó las razones que lo llevaron a tomar la decisión de abandonar el gabinete, pero sin entrar en detalles. Al tiempo que lamentó la ejecución de políticas públicas “sin sustento” –no aclaró a cuáles se refería–, aseguró que el gobierno encabezado por López Obrador toma decisiones “sin evidencia” suficiente y varias de sus políticas públicas se guían más bien por el “voluntarismo”. Además, denunció que hay “conflicto de interés” en el gobierno federal, pero sin dar nombres.

Tras el revuelo mediático provocado por su dimisión, días más tarde Urzúa dio una entrevista al semanario Proceso, en la que abundó en sus motivos. Entrevistado por Hernán Gómez –académico y analista político que simpatiza con el gobierno de Amlo–, el ex secretario se refirió a la construcción de la refinería de Dos Bocas, que el gobierno impulsa en el estado de Tabasco, y criticó cómo, a pesar de que la licitación se declaró desierta en mayo, el presidente López Obrador siguió empeñado en continuar la obra, ahora bajo la dirección estatal. También la emprendió contra la construcción del Tren Maya, un megaproyecto que conectará los cinco estados del sureste mexicano, y el hecho de que el gobierno federal le haya destinado recursos millonarios para este año, a pesar de que apenas se encuentre en la fase de planeación.

Aunque celebró otras decisiones del gobierno, Urzúa consideró un error cancelar la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México, pues, según dijo, se había invertido “demasiado dinero”. Lo mismo opinó sobre la controversia entre la Comisión Federal de Electricidad y empresas canadienses y estadounidenses por la construcción del gasoducto marino Texas‑Tuxpan, y alertó que si no se cumplen los términos pactados en los contratos con estas compañías, está en riesgo no sólo el suministro de energía, sino también la aprobación de la versión modernizada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Según Urzúa, Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, es un “estatista” que “ignora” el concepto de “valor presente”.

En la entrevista con Proceso, el ex secretario de Hacienda puntualizó, además, que el blanco de sus acusaciones de “conflicto de interés” es el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, aunque no presentó pruebas de hechos concretos (Proceso, 14‑VII‑19). El ex secretario calificó a Romo –accionista del grupo financiero Vector, uno de los intermediarios bursátiles más grandes de México– de personaje de “extrema derecha” y dijo no comprender cómo alguien como él puede formar parte del primer círculo del presidente López Obrador. El empresario, sostuvo Urzúa, es un admirador de Augusto Pinochet y Marcial Maciel (quien, además de haber liderado la orden católica Legionarios de Cristo, estuvo involucrado en casos de pederastia).

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO. El presidente López Obrador respondió de forma contundente a la renuncia de su secretario de Hacienda, y los primeros efectos de la salida del alto funcionario se hicieron sentir en el mercado cambiario. En medio de la volatilidad de los mercados financieros, en menos de una hora Amlo transmitió un mensaje en video a través de sus redes sociales, acompañado del subsecretario de la cartera, Arturo Herrera, para informar su nombramiento como nuevo titular de la dependencia federal.

El objetivo del gobierno mexicano fue enviar señales de confianza a los inversionistas y poner de manifiesto que había orden en el interior de su administración, e insistió en que el nombramiento de Herrera era un “relevo natural”. El mandatario se limitó a señalar que, ante el proceso de transformación en curso, había desacuerdos en su gabinete. “Él (Carlos Urzúa)no está conforme con las decisiones que estamos tomando, y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años”, dijo. “A veces hay incomprensión, dudas, titubeos, incluso en el interior del mismo equipo, pero nosotros tenemos que actuar con decisión y con aplomo, por eso acepto la renuncia del secretario de Hacienda”, informó el presidente.

La pronta designación de Herrera en el frente de la Secretaría permitió al peso mexicano recuperar el terreno perdido ante la divisa estadounidense al final de la jornada. Pero la forma de la renuncia sembró dudas. En la conferencia que había brindado previamente a los medios, López Obrador evitó la confrontación con Urzúa. Cuestionado sobre los señalamientos de este sobre “conflictos de interés” y “voluntarismo”, el mandatario mexicano explicó que había solicitado apoyo a Alfonso Romo para organizar las instituciones de la banca de desarrollo, pero desestimó las acusaciones y se atajó con que sus proyectos de infraestructura no han cambiado. Incluso, afirmó, estos ya han sido presentados en sus libros y sus tres campañas para la presidencia. La lucha contra la corrupción, explicó el mandatario, además, se ha mantenido como bandera en su trayectoria política durante décadas.

POLÍTICA ECONÓMICA A PRUEBA. La renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue utilizada por los opositores de López Obrador como una “evidencia” de los “peligros” alrededor del gobierno. Un sector de los simpatizantes de Amlo, por su parte, calificó a Urzúa de “traidor” que finalmente se atrevió a mostrar su “verdadero rostro”: un tecnócrata defensor a ultranza del neoliberalismo.

Las contradicciones, más allá de las acusaciones de unos y otros, están a la vista. Abanderado por una coalición electoral que aglutinó a fuerzas políticas de corrientes diversas de pensamiento –situación que se refleja también en los integrantes de su gabinete–, López Obrador propone una política económica sujeta al jaloneo de fuerzas contrapuestas, aun cuando el mandatario mexicano asegura encabezar un “gobierno de todos, pobres y ricos”, que pondrá en marcha la “cuarta transformación” de la historia de México (véase “En busca de la utopía progresista”, Brecha, 7‑XII‑18).

Crítico del neoliberalismo, una política económica que, sentencia, ha beneficiado a una “pequeña minoría” a costa del sufrimiento de la “mayoría del pueblo”, el de Amlo es un programa de gobierno que impulsa una nueva forma de hacer política, pero evitando conflictos con el poder económico. Hasta el momento, la lucha contra la corrupción es el elemento que amalgama estos dos objetivos.

Sin embargo, López Obrador necesita grandes sumas de dinero para financiar una amplia gama de programas sociales y, al mismo tiempo, se ha comprometido a no impulsar una reforma fiscal en sus primeros tres años de mandato. Reforma que, según Urzúa, es la única salida para garantizar la provisión de recursos en el largo plazo y que, tarde o temprano, tendrá que enfrentar el presidente.

Amlo apuesta a la reducción de los gastos de la administración pública y al combate a la corrupción como fórmula para “liberar fondos para el desarrollo”. Al cabo de la mitad de su sexenio, sin embargo, resta ver si eso será suficiente para continuar financiando las políticas sociales y las grandes obras de infraestructura y si, en caso contrario, su gobierno será capaz de resolver esa contradicción. La política económica de la “cuarta transformación” está a prueba.

26 julio, 2019

 

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