Capturan en Colombia a presuntos cerebros de la 'operación Gedeón'

03-09-20.-Acciones policiales en Bogotá y en Barranquilla, Colombia, dieron como resultado la captura de los "cerebros de la Operación Gedeón" quienes tenían planes contra el Gobierno de Venezuela.

Así lo informan fuentes del gobierno colombiano, precisando que las detenciones se lograron con base en el cruce de información de agencias de "Estados Unidos, como el FBI y la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional", reseñó el diario El Tiempo.

Su "misión era desestabilizar y generar tensión desde Venezuela contra los gobiernos de Colombia y Estados Unidos". Por esta razón fueron capturados cuatro venezolanos, según publica el diario.

Los capturados fueron identificados como Yacsi Alexandra Álvarez, Rayder Alexander Russo y los hermanos Juvenal y José Sequea Torres, quienes "habrían participado en la coordinación de la operación", destaca la prensa colombiana.

De acuerdo con el informe de inteligencia, Yacsi Alexandra Álvarez, de 39 años, es señalada "de ser la coordinadora y logística de la organización", y "personas de confianza de Clíver Alcalá", quien se entregó a las autoridades norteamericanas en días pasados.

La mujer habría comprado en Bogotá los uniformes que se entregaron a los militares que participaron en Gadeón.

Rayder Alexánder Russo, de 33 años, de acuerdo con la investigación él sería uno de los autores intelectuales –acusados por el gobierno de Venezuela– de haber planeado el atentado contra Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018 a través de la activación de artefactos explosivos ubicados en dos drones.

La Fiscalía General de Venezuela ha ejecutado la detención de varias decenas de implicados en la operación Gedeón, que el pasado 3 de mayo intentó el derrocamiento del Gobierno a través de una fallida incursión marítima.

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La vuelta de Henrique Capriles sacude a la oposición venezolana

Mientras Guaidó pierde terreno, el ex candidato presidencial apuesta a las legislativas

El mapa opositor se modifica a tres meses de unas elecciones que serán clave en varios sentidos. Los indultos de Maduro no cambiaron la postura de Washington. 

 

Desde Caracas.Ya ni Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, parece capaz de salvar a Juan Guaidó. El opositor venezolano que fue portada de revistas y periódicos, invitado a la Casa Blanca, está siendo desplazado por un antiguo dirigente de la política venezolana: Henrique Capriles, quien fue candidato presidencial contra Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El resurgimiento de Capriles estaba preanunciado. El dirigente, alejado del centro de atención mediática, venía sosteniendo que la “ficción de gobierno” de Guaidó era insostenible, en particular debido al próximo escenario de elecciones de la Asamblea Nacional que implicará una renovación del poder legislativo.

Su regreso al centro de la escena se dio en cuatro pasos. En primer lugar, con su rechazo público al proceso de unidad planteado por Guaidó. En segundo lugar, con el reconocimiento del indulto otorgado por Maduro a 110 opositores venezolanos como un paso importante, a diferencia de dirigentes de la oposición que cuestionaron la medida.

Indultos

En tercer lugar, porque al día siguiente de los indultos trascendió la información que Capriles habría mantenido un contacto con el canciller de Turquía, Mevlut Cavusoglu, como parte de los esfuerzos de diálogos. El diplomático había estado en Caracas en agosto, luego de su paso por República Dominicana para la toma de posesión del presidente Luis Abinader, a la que asistió Pompeo.

En cuarto lugar, Capriles anunció el miércoles su decisión de dar la disputa en las elecciones legislativas: “no le vamos a regalar a Nicolás Maduro la Asamblea Nacional”, afirmó. Su postura de indefinición acerca del 6 de diciembre quedó así resuelta: apostará a la elección, alejándose de la línea abstencionista.

No es el único en haber dado ese giro. Stalin González, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, que también habría hablado con Cavusoglu, anunció su alejamiento del partido por no compartir la estrategia de no participar en las elecciones.

Esa migración política de la abstención al bloque de quienes participarán era predecible: Guaidó, acusado de acaparar política y recursos -con sonados casos de corrupción- no ha ofrecido nada nuevo en medio de su agotamiento, y Estados Unidos, que llama a la oposición a mantenerse tras de su figura, tampoco aportó ningún elemento novedoso más que anuncios de nuevas sanciones económicas.

En cuanto a las voces abstencionistas alejadas de Guaidó, tampoco tienen mucho eco. María Corina Machado, por ejemplo, quien plantea que es necesaria una “operación internacional de paz y estabilización” en el país, fue descalificada por Elliot Abrams, encargado de Estados Unidos para Venezuela, quien calificó su postura como de “realismo mágico”.

El mapa de la oposición venezolana se modifica así a tres meses de unas elecciones que serán clave en varios sentidos. Por un lado, para lograr que una parte mayoritaria de la oposición regrese al camino electoral, lo cual significa una ruptura con la estrategia de Washington. Por otro lado, para que exista un reconocimiento internacional de la contienda, del poder legislativo que emerja de los resultados, y de las elecciones a alcaldes y gobernadores que seguirán.

De cara al reconocimiento internacional, el gobierno venezolano envió una carta-invitación a la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas para participar como observadores y acompañantes electorales en las elecciones. El indulto presidencial fue bien recibido, por ejemplo por Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores Europeos, por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por el canciller argentino Felipe Solá.

La postura estadounidense se mantiene: Washington no reconoce las elecciones del 6 de diciembre, llama a mantenerse tras Guaidó, y amenaza con nuevas sanciones económicas, entre las cuales podría estar el fin de las exenciones petroleras, que afectarían a Venezuela en su capacidad de abastecerse de diésel, combustible esencial para, entre otras cosas, el transporte por tierra de mercancías y personas.

¿Terminará Washington por soltar a Guaidó más adelante? Habrá que esperar los resultados del 3 de noviembre en Estados Unidos para tener mayores certezas al respecto. 

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El gobierno de facto de Bolivia admitió su vínculo con una consultora denunciada por Facebook

La red social acusó a CLS Strategies de desinformar a través de cuentas falsas

Una investigación publicada por Página/12 reveló que CLS había sido contratada por 90 mil dólares para una campaña comunicacional realizada entre diciembre de 2019 y marzo de 2020.

 

A través de un breve comunicado, el gobierno de facto de Bolivia admitió haber contratado a la empresa estadounidense CLS Strategies, cuestionada por desarrollar campañas digitales de desinformación a través de cuentas falsas. La consultora prestó sus servicios luego de las elecciones de octubre de 2019 "para realizar una tarea de cabildeo en busca de respaldo a la democracia boliviana y en apoyo de la celebración de nuevos comicios presidenciales". Pero el documento, presentado por el régimen para "clarificar" su situación tras la difusión de un artículo del Washington Post  que expuso el irregular funcionamiento de la compañía, es más bien una declaración de principios: en el marketing político, cabildear alude a hacer lobby para influir y alcanzar determinados fines. 

El miércoles, Facebook había anunciado la eliminación de una "red de desinformación" con ramificaciones en distintos países. A través de CLS, dicha red publicaba contenido a favor del gobierno transitorio de Bolivia. Se trata de 133 cuentas operadas desde Estados Unidos que violaron la "política de Facebook contra la injerencia extranjera y el comportamiento inauténtico coordinado". La investigación del periodista Adair Pinto publicada en Página/12 reveló que CLS había sido contratada por una suma de mil dólares diarios por una campaña comunicacional realizada entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. "Gracias a esta investigación se ha descubierto cómo articula mediáticamente el gobierno de facto este tipo de estrategias con Estados Unidos para sembrar una realidad paralela con el objetivo de mantenerse en el poder", asegura Pinto en diálogo con este diario.

El gobierno de Áñez alegó que CLS Strategies "logró contactos entre autoridades del gobierno boliviano y funcionarios del ejecutivo y legislativo de Estados Unidos". El comunicado oficial agrega que CLS no pudo recibir su pago por los servicios prestados "debido a las restricciones legales vigentes". Sin aportar demasiada claridad al nexo que los une, el régimen fundamentó su alianza con la consultora estadounidense en el "respaldo de la democracia", asegurando que "no ha contratado a esta empresa para ningún otro servicio o actividad".

¿Cómo operaba CLS?

Según el Washington Post, en Bolivia existió una red de desinformación a cargo de CLS Strategies, empresa de relaciones públicas con sede en Washington que invirtió millones de dólares para apuntar a usuarios en América latina. El diario menciona a un socio de CLS, Juan Cortiñas, que explicó que su firma, además de incidir en redes sociales, se dedica a promover "elecciones libres y abiertas, y se opone a regímenes opresivos".

El 'Reporte de Comportamiento Inauténtico' publicado por Facebook esta semana y que cobró mayor relevancia con la nota del Post, señala que las cuentas que operaban para CLS "publicaban contenido para apoyar a la oposición política en Venezuela y el gobierno interino en Bolivia, así como para criticar al partido político mexicano Morena", que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018. El patrón seguido por estas campañas digitales era siempre el mismo.

"Esta red usaba cuentas falsas, algunas de las cuales fueron detectadas y desactivadas por nuestros sistemas automáticos, para amplificar su contenido, evadir la aplicación de nuestras políticas, dirigir a las personas a dominios fuera de la plataforma, engañar a las personas sobre los responsables detrás de esta actividad y administrar páginas, haciéndose pasar por entidades de noticias independientes, organizaciones civiles y páginas políticas", advierte el informe de Facebook que agrega que varias de esas cuentas fingían ser locales, pero en realidad estaban digitadas desde Estados Unidos. Otras simulaban pertenecer a partidos políticos para engañar a los usuarios.

Semanas atrás, Adair Pinto había revelado que el ministerio de Gobierno de Bolivia se comprometió a pagar 90 mil dólares por los servicios de comunicación estratégica de CLS, en un país donde escasean los insumos médicos en plena pandemia de coronavirus. El contrato al que tuvo acceso el periodista es elocuente. "CLS Strategies brindará asesoría en comunicaciones estratégicas en asuntos tales como las elecciones libres y justas fijadas para 2020 en Bolivia y el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, entre otros temas de interés para el Estado Plurinacional de Bolivia en Estados Unidos", señala la compañía en una parte del documento. "Detrás de todo esto hay intereses muy oscuros como la explotación del litio. Ese me parece que es el fondo del asunto", sostiene Pinto.  

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La Justicia electoral de Ecuador no aceptó la candidatura de Rafael Correa

El Consejo Nacional Electoral no aceptó la validación de su candidatura ya que el expresidente no hizo el trámite de manera presencial. "Ya no saben qué inventar", indicó Correa.

 

La Justicia electoral de Ecuador no aceptó la candidatura a vicepresidente de Rafael Correa para las elecciones del próximo 7 de febrero. Según las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) el exmandatario debía presentarse en forma personal para avalar su inscripción. Sin embargo, al encontrase en Bélgica, lo hizo a través de su hermana y apoderada Pierina Correa el martes pasado. También lo presenció en vivo, vía streaming, para dejar en claro que validaba el trámite. Sin embargo, el CNE emitió la lista con los candidatos inscriptos y sólo figura su compañero de fórmula, el economista Andrés Arauz. El expresidente denunció que la maniobra fue hecha a su medida para dejarlo afuera de las elecciones. "Cumplimos todos los requisitos de su absurdo reglamento. Ya no saben qué inventar", indicó Correa.

 

Fuera de la elección

El consejero del CNE, José Cabrera, aclaró que el acto administrativo debía realizarse de manera personal. "De acuerdo al reglamento vigente desde 2012, el trámite es indelegable y personalísimo", sostuvo el funcionario. Luego presentó una lista con los candidatos inscriptos y no figuraba la casilla de "vicepresidente" en el partido de Correa. Para el exmandatario Cabrera citó equivocadamente el reglamento para inducir a un error. "Acto personalísimo NO SIGNIFICA presencia física. Además, ¡hasta lo juicios se hacen telemáticamente!", posteó el expresidente en Twitter.

El martes su hermana se había presentado en las oficinas del CNE para llevar la documentación necesaria, junto al candidato a presidente por el frente Unión por la Esperanza (UNES). También se pudo ver a Correa vía streaming explicando lo que allí estaba ocurriendo. “Además de la presentación que está haciendo mi apoderada, estoy mandando en este momento al CNE y a organismos internacionales, a través de internet y con firma electrónica, mi aceptación a la candidatura a vicepresidente”, había señalado el exmandatario. 

Sin embargo, avalándose en la ausencia del candidato, el funcionario del organismo electoral no le entregó a su apoderada los formularios para hacer la inscripción. El expresidente denunció que el requerimiento de presenciar personalmente el trámite fue agregado a último momento para impedir su participación. “Pusieron este trámite de `aceptación personalísima´ que no existe ni en la ley. Por el contrario, la inscripción de las candidaturas sí pude hacerse vía internet, como sí lo indica la ley. Las primarias de los partidos también las pudimos avalar vía internet. ¿Quién entiende este absurdo?”, expresó el político ecuatoriano. Ahora, el caso podría llegar hasta el Tribunal Contencioso Electoral.

 

"Presiones políticas"

 

Para Alejandra Vivanco, abogada y exsubcontralor del Estado el cambio en la reglamentación del CNE se hizo por presiones políticas. “Antes de que saquen esta nueva reglamentación algunos miembros del organismo fueron denunciados y se pidió su destitución. Ahora están a la espera de que la Contraloría General de Estado (CGE) emita una resolución sobre este asunto. En paralelo tres de sus miembros fueron llamados a declarar ante la Fiscalía. Es muy difícil que bajo estas circunstancias los miembros del CNE actúen con independencia. Deberían denunciar una intromisión electoral”, sostuvo la exsubcontralor. Además enfatizó que antes de este cambio, las inscripciones podían hacerlas en forma personal los representantes legales de cada partido. “Esta reglamentación es antidemocrática y anticonstitucional”, enfatizó Vivanco.

Correa enfrenta varios procesos judiciales en Ecuador con órdenes de prisión. Si finalmente su candidatura es validada, gozaría de inmunidad y podría regresar al país para las elecciones. La justicia ecuatoriana confirmó en julio una condena a ocho años de cárcel contra el exmandatario por cohecho, en la causa conocida como “Sobornos 2012-2016”. Allí se lo acusa junto con una decena de exfuncionarios de haber recibido dádivas de empresarios a cambio de obra pública. La empresa brasileña Odebrecht figura entre las implicadas. La Suprema Corte Nacional de Justicia resolverá este jueves si avala o no la sentencia. Correa no podría participar en política si el tribunal mantiene la condena en su contra, tal y como marca la ley.

Además el exmandatario afronta otro juicio por el secuestro en Colombia del opositor Fernando Balda en 2012. Sin embargo esta lunes el exagente de Inteligencia de Ecuador, Raúl Chicaiza, confesó que fue presionado para involucrar al expresidente en el caso. Chicaiza dijo que Balda se reunió en varias oportunidades con el ahora presidente, Lenín Moreno, para armar la denuncia.

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Navalny tiene 44 años y pelea por su vida en un hospital de Berlín.   ________________________________________ Imagen: AFP

Qué es y cómo funciona el agente químico detectado en Alemania 

 

 “Se han encontrado pruebas inequívocas del suministro de un agente nervioso del grupo Novichok”. De este modo, el gobierno de Alemania, a través de la canciller Angela Merkel, confirmó que el Alexei Navalny, el opositor ruso, recibió dosis del poderoso agente surgido en la antigua URSS. Navalny, de 44 años, sigue internado en el hospital Charité de Berlín. "Es la víctima de un crimen que mi gobierno repudia", agregó Merkel.

Tras la confirmación del gobierno alemán de que hay rastros de Novichok en el organismo de Navalny se acrecientan las sospechas de un atentado del gobierno de Vladimir Putin contra el dirigente opositor. Navalny arribó a la capital alemana el 22 de agosto luego de sentirse mal dos días antes en la ciudad de Omsk, en la estepa siberiana, lo cual motivó sospechas de haber sido envenenado por orden del Kremlin.

¿Qué es Novichok? Se trata de un agente químico desarrollado en la entonces URSS en los años 70. En ruso quiere decir “recién llegado”. Los soviéticos trabajaron en lo que es un arma química en el marco de un programa militar cuyo nombre clave era “Foliant”. 

No sería la primera vez que se atenta contra un opositor con Novichok: ese agente se usó contra el ex espía ruso Sergei Skripal y su hija en marzo de 2018. En esa ocasión, el ataque se produjo en Salisbury, en el Reino Unido. Aquel episodio derivó en una seria crisis diplomática entre el gobierno conservador de Theresa May y Vladimir Putin.

Según se sabe por un desertor, el Novichok se experimentó en un campo de ensayo en Uzbekistán. Allí viajaron a fines de los 90 técnicos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para desmantelar ese campo y descontaminar el área donde se producía y probaba el agente en pequeños lotes.

Dentro del Novichok figura el Novichok A-230, que es entre cinco y ocho veces más potente que el agente nervioso VX, y que asimismo es difícil de detectar. El VX fue el agente usado en el atentado contra Kim Jong-nam, el medio hermano del líder de Corea del Norte, Kin Jong-un, muerto en 2017.

Se han fabricado variantes del A-230 y, de acuerdo a la prensa norteamericana, se aprobó el uso de una de ellas en el Ejército para usarse como arma química.

Ahora bien, aunque es líquido, se cree que funciona en estado sólido y que también puede esparcirse como polvo extrafino. Funcionaría como “arma binaria”, esto es, se almacena dividido en dos componentes químicos menos tóxicos, que activan al Novichok cuando se mezclan. Esto facilita su desarrollo, dado que los componentes, por separado, no figuran en las listas de sustancias prohibidas

¿Cómo es el efecto? La reacción al contacto es muy rápida, no importa que sea por inhalación o por tocar Novichok. Los primeros síntomas aparecen a los dos minutos, aunque podrían tardar casi 24 horas en algunos casos. Al exponerse al agente, lo primero que hay que hacer es quitarse la ropa y lavarse el cuerpo con agua y jabón, además de enjuagarse los ojos y recibir suministro de oxigeno.

El agente actúa a través del bloqueo de las señales nerviosas a los músculos, lo que deriva en el colapso de las funciones del organismo. Los síntomas van de los ojos en blanco, convulsiones, babeo y dificultades para respirar, hasta la entrada en coma.

Novichok puede llevar a la muerte. Primero se produce la ralentización del ritmo cardíaco y las vías respiratorias se obstruyen, lo cual produce la muerte por asfixia.

Los expertos estiman que hay variantes de Novichok diseñadas especialmente para resistir los antídotos ya desarrollados para combatir a los agentes nerviosos. 

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El imperialismo estadounidense, la catástrofe climática y la nueva Guerra Fría

Entrevista a Paul Oquist

 

Es evidente que la humanidad se enfrenta a varias amenazas extremadamente graves. Lo que está en juego en las luchas que definirán la próxima década tendrá implicaciones sísmicas para el futuro de nuestra especie.

Me reuní con el Dr. Paul Oquist, representante de larga data de Nicaragua ante las Naciones Unidas en materia de cambio climático, para entrevistarlo con motivo del lanzamiento de su nuevo libro Equilibra: la filosofía y la economía política de la existencia y la extinción, en el que se exploran las múltiples amenazas existenciales a las que se enfrenta la humanidad.

La pandemia mundial de coronavirus -que ya se ha cobrado la vida de más de 800.000 personas en los primeros ocho meses de 2020- sigue propagándose de manera incontrolada en muchas partes del mundo, en particular en los Estados Unidos, el Brasil y la India. Al mismo tiempo, la perspectiva de una catástrofe humana mucho más grande se avecina a medida que las temperaturas mundiales siguen aumentando hacia el punto crítico de 1,5°C. Si se supera este umbral, se producirán cambios drásticos en el clima, lo que dará paso a una era de sufrimiento humano con condiciones meteorológicas extremas, hambrunas, inundaciones, huracanes, sequías y olas de calor a una escala que amenazaría la vida de millones de personas.

Oquist sostiene que los Estados Unidos son un gran obstáculo para que la humanidad logre la cooperación para resolver nuestros problemas. Los EE.UU. se han fijado el objetivo de lograr la “dominación del espectro completo”, argumenta. Es esta mentalidad de “América primero” la que está impulsando la política exterior estadounidense hacia una constante agresión contra los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina, incluida Nicaragua, y hacia un gran ataque a China, a través del lanzamiento de una nueva Guerra Fría.

Frente a estas inmensas amenazas a la humanidad, Oquist está reclamando un movimiento global de “supervivencia” para desafiar la dominación de los EE.UU. y hacer frente a los problemas urgentes que enfrenta la humanidad, desde el cambio climático hasta las armas nucleares.

Lo que está en juego: las amenazas existenciales a las que se enfrenta la humanidad

Empecé preguntando al Dr. Oquist cuáles son los principales mensajes que intenta transmitir en su nuevo libro, Equilibra. Su respuesta es franca y al punto: “Estamos realmente en un estado de cosas mucho más precario de lo que pensamos. Vivimos en una falsa estabilidad”.

Sostiene que el equilibrio a largo plazo del planeta, un equilibrio vital que sostiene y hace posible la vida humana, es ahora inestable y se enfrenta a múltiples amenazas a corto plazo que podrían desequilibrarlo.

La razón de esto, sostiene Oquist, es debido a los “puntos de inflexión” – puntos de inflexión a los que nos acercamos después de 170 años de emitir carbono desde la revolución industrial, más allá de los cuales “los ecosistemas básicos que mantienen la vida humana y la vida en general” se enfrentan a un “impacto permanente e irreversible”.

El enfoque en la acumulación de capital a toda costa, y un sistema económico dominante que “se basa en tomar ganancias a corto plazo a pesar de las consecuencias negativas a largo plazo” es fundamental para el problema, dice Oquist.

“El uso continuado de los combustibles fósiles es un ejemplo de ello”, dice, y “la creencia de que el crecimiento de la producción, el consumo y la acumulación de capital puede continuar sin cesar, sin pensar, sin límite alguno en un planeta con recursos finitos, degradados y limitados”.

El riesgo de un intercambio nuclear es otro escenario en el que el equilibrio de la Tierra, y los ecosistemas que sostienen a los humanos podrían ser expulsados en un corto espacio de tiempo: “Es un triste comentario sobre nuestra especie que estemos jugando a la ruleta rusa con nuestra propia existencia, que estemos jugando con un suicidio potencial de las especies al tener estas 4.000 armas nucleares operativas desperdigadas por ahí; y si continúan desperdigadas algún día serán usadas, así que deshagámonos de ellas mientras podamos”.

Los Estados Unidos son el “desafío número uno” para resolver el cambio climático

Le pregunté al Dr. Oquist cuáles son los principales desafíos para detener la catástrofe climática en la próxima década. Su respuesta fue enfática: “El desafío número uno es los Estados Unidos de América… Los EE.UU. son un gran problema. El resto del mundo tiene que hacer el trabajo pesado porque los EE.UU. se llevan la palma en este tema.”

Oquist procedió a explicar cómo los EE.UU. han desempeñado un papel destructivo en los debates internacionales sobre el cambio climático durante dos décadas, comenzando con el Protocolo de Kyoto en 1997:

“El Protocolo de Kyoto era un buen acuerdo, era legalmente vinculante, tenía objetivos para el mundo… Los EE.UU. eran signatarios del Protocolo de Kyoto y luego el Senado de los EE.UU. no lo ratificó, así que los EE.UU. quedaron fuera”.

Caracteriza el próximo período de la política internacional de cambio climático en el período previo al Acuerdo de París de la ONU en 2015 en los siguientes términos:

“Los europeos y el derecho latinoamericano hicieron concesión tras concesión tras concesión a los EE.UU. con el fin de que se sumaran al Acuerdo de París.” Una de las concesiones importantes hechas a los EE.UU. fue hacer que el Acuerdo de París no fuera “legalmente vinculante” sino “voluntario”.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos europeos y de los gobiernos de derecha de América Latina, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en 2017 que los Estados Unidos se retirarían del Acuerdo de París. Oquist dice:

“Así que, dada toda esta historia, se puede imaginar el trago amargo que fue para los europeos y la derecha latinoamericana que, habiendo hecho todas las concesiones del mundo, los EE.UU. se retiraran del Acuerdo de París. Así que una vez más los EE.UU. están fuera del acuerdo. La mayor economía del mundo no va a participar en el Acuerdo de París y actualmente basa su modelo económico en los combustibles fósiles. Los EE.UU. son el mayor productor y exportador de petróleo y gas del mundo.”

Por qué Occidente debe pagar por la crisis climática

La clase dirigente de los Estados Unidos está decidida a bloquear una demanda vital que ha sido presentada constantemente por los países en desarrollo en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático: que los países y las empresas más responsables de causar el cambio climático paguen por las pérdidas y los daños causados por el cambio climático. Esto tal vez no sea sorprendente, ya que los EE.UU. son responsables de un cuarto de todas las emisiones de carbono jamás liberadas.

Oquist explica por qué la demanda de los países en desarrollo por pérdidas y daños es justa:

“Sabemos, desde la revolución industrial, quiénes son los grandes países emisores y quiénes son las grandes empresas emisoras. Se les debe hacer responsables de las pérdidas y daños en la medida de su responsabilidad por haber causado el problema. Algunas personas dicen que eso es muy radical. No, no es radical en absoluto”.

Señala que la idea de que si se causa daño a otra persona se debe pagar por ello es una parte central del derecho común. “Es la única manera científica de decidir quién debe pagar por la pérdida y los daños… preguntándose histórica y actualmente quién lo ha causado y en qué medida. Entonces pueden contribuir proporcionalmente al costo.”

Para Oquist, la negativa de los EE.UU. y Occidente a pagar por la crisis climática es una continuación de la explotación de los pueblos y recursos del mundo en beneficio del capital. Señala que el capital en Occidente se enriqueció utilizando un recurso común, el presupuesto mundial de carbono.

Dominio de todo el espectro: desde el cambio de régimen en América Latina hasta la nueva guerra fría de los EE.UU. contra China, lo que significa para el mundo “América primero”.

Oquist cree que “hay un bajo nivel de conciencia sobre el hecho de que América Latina este siglo ha sido objeto de acciones muy viciosas de cambio de régimen por parte de los EE.UU.”.

“Hubo el golpe de estado en Venezuela en 2002 en el que Hugo Chávez fue detenido y llevado a una isla. Sólo después de 3 manifestaciones, de una gran presión de algunos sectores del ejército y de una cierta presión internacional, eso se resolvió. Jean-Bertrand Aristide ganó las elecciones presidenciales en Haití con el 92% de los votos, pero eso no fue suficiente. Los EE.UU. lo depusieron en 2004; incluso hubo una breve intervención militar en ese momento. En 2009 el presidente electo Zelaya en Honduras es depuesto en un golpe de estado, seguido por Paraguay donde el presidente electo Lugo es depuesto por un golpe de estado. Luego tenemos a Dilma en Brasil con el golpe de estado”.

“Y luego, para completar esta lista tan triste, tenemos el golpe de Estado boliviano de 2019, que derrocó a un movimiento social y una revolución muy poderosa que había llevado por primera vez a los grupos indígenas a encontrar su independencia. Porque la independencia antes de eso no había sido para los grupos indígenas, había sido para los grupos de descendencia europea no para los indígenas que nunca fueron reconocidos”.

Sobre el fallido intento de golpe de estado respaldado por los Estados Unidos en Nicaragua en 2018, Oquist dice que la realidad de lo que realmente ocurrió no se entiende en los Estados Unidos y Europa debido a la distorsionada cobertura de los medios de comunicación occidentales. Dice que:

“24 oficiales de policía fueron asesinados por disparos en ese golpe. Tomaron las carreteras del país e hicieron un gran daño a la economía del país porque querían estrangular la capital impidiendo la entrada de alimentos. Estos bloqueos en la autopista fueron muy, muy violentos, se impusieron violentamente, se mantuvieron violentamente y de ellos se obtuvieron secuestros, torturas, asesinatos”.

“Los EE.UU. usaron el mismo manual que en las revoluciones de color”, afirma. Como en muchos otros casos en el continente donde los EE.UU. intentan cambiar de régimen, cualquier acción tomada para controlar la violencia extrema y los intentos de golpe de Estado por parte del gobierno se presenta entonces en los medios de comunicación occidentales como la represión gubernamental de los manifestantes pacíficos. “Lo cual es ridículo” dice, claramente frustrado por la facilidad con la que tan obvias mentiras no son cuestionadas.

Me resulta difícil entender por qué los europeos tienen tanta dificultad para entender que hubo un intento de golpe de estado. Cuando todo lo que tienen que hacer es escuchar al Presidente Trump, al Vicepresidente Pence y al Secretario de Estado Pompeo que declaran explícitamente que quieren un cambio de régimen, que quieren derrocar los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua”.

La política de EE.UU. de “dominio del espectro completo” está llevando al mundo hacia una nueva guerra fría, según Oquist. Los EE.UU. están “tratando de imponer su voluntad a todo el mundo con su política de ‘América primero’”.

“La etapa actual del imperialismo es la política de EE.UU. de dominación del espectro completo. No sólo dominar el mundo militar y políticamente, sino también dominar los medios de comunicación, dominar los medios sociales, dominar la ciencia y la tecnología. Es por eso que tienes esta segunda guerra fría inminente, esta vez entre los EE.UU. y China, porque los EE.UU. quiere seguir siendo hegemónico en lo que respecta a la ciencia y la tecnología – y sucede que en términos de inteligencia artificial y 5G está detrás de China.

“Los EE.UU. y sus aliados no tienen sistemas que puedan competir con el Huawei. EEUU es muy explícito en contra del socialismo – lo combatirá internacionalmente dondequiera que se encuentre, como declaró Trump. Pero parece que tampoco cree mucho en el capitalismo, porque en lugar de competir con Huawei en un mercado libre quiere excluirlo del mercado”

Un nuevo movimiento para la supervivencia

Con las amenazas de una guerra permanente, una nueva guerra fría, armas de destrucción masiva, calentamiento global y degradación ambiental identificadas en Equilibra, ¿qué soluciones ve Oquist como un camino a seguir para la humanidad? Sus esperanzas están puestas en la gente.

“Si se mira la historia de los últimos siglos, un cambio social importante, realmente profundo, un cambio transformador ha venido de los movimientos sociales.”

Cree que se necesita un movimiento para la supervivencia, que una a los movimientos sociales y a los gobiernos progresistas que resisten la presión de los Estados Unidos en todo el mundo, para superar el cambio climático y las demás amenazas urgentes a las que se enfrenta la humanidad.

Sin esta presión, las negociaciones de la ONU seguirán sin llegar a ninguna parte. “Las negociaciones de la ONU pueden prolongarse durante otro siglo sin resolverlo. Lo que puede resolverlo es la gente – tiene que ser la gente organizada en un movimiento social para la supervivencia que obligue a los políticos y obligue a los países en sus votos y en sus acciones en las organizaciones internacionales a tomar las medidas para abolir los combustibles fósiles, para abolir las armas nucleares, para controlar nuestra ciencia y tecnología”.

Oquist considera que las elecciones de noviembre en EE.UU. son críticas en su potencial para romper la “coalición de negación del clima” que crece alrededor de Trump. Si Trump pierde las elecciones “los EE.UU. volverán al Acuerdo de París”.

También ve esperanza en el grupo de estados y ciudades de EE.UU. que dicen “todavía estamos en el Acuerdo de París”. “Son muy influyentes y estas ciudades pueden tomar acciones muy importantes y los estados también porque tienen poder sobre la energía y las emisiones y por lo tanto eso es una señal positiva dentro de los EE.UU.”.

Sin embargo, es en la gente joven en la que más confía. “Quedé muy impresionado en Madrid, una tarde saliendo tarde de la reunión de la COP de la ONU. Greta había tenido una gran manifestación. Se veían esos jóvenes de 16 y 17 años allí con sus carteles yendo a casa. Y luego vi a niños de 10, 11, 12 años que se iban a casa con sus carteles. Partiendo de eso se puede obtener un cambio generacional muy profundo… Podemos ver un giro de oleaje más rápido de lo que pensamos cuando esta generación tome posiciones en su activismo que obliguen a los políticos y las organizaciones internacionales a tomar medidas.”

“A los 67 años de edad esa es mi esperanza – ver que algo suceda mientras aún estoy en este planeta y mi esperanza es que la juventud venga al rescate con un movimiento de supervivencia.”

Por Fiona Edwards | 02/09/2020 

Traducido del inglés por Alexandre Anfruns. Fuente original Eyes on Latin America

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Miércoles, 02 Septiembre 2020 05:40

¿Por qué repunta Bolsonaro?

¿Por qué repunta Bolsonaro?

A pesar de la cantidad de muertes y de la pésima gestión de la pandemia de covid-19, la aprobación de Jair Bolsonaro crece. No solo mantiene la fidelidad de sus votantes duros, sino que recibe la aprobación de parte de la población más pobre del Nordeste, a la que ha dirigido programas sociales de emergencia. Los cambios en la estrategia bolsonarista y los errores de la oposición progresista explican mucho de lo que está sucediendo en Brasil.

 

Las últimas encuestas de diferentes institutos de opinión pública son claras: la popularidad de Jair Bolsonaro es la mayor desde que asumió su mandato. Si bien se plantea una duda metodológica muy pertinente, y es que la pandemia ha obligado a que todas estas encuestas se realicen por teléfono y esto dificulta mucho el acceso a la población brasileña más empobrecida, lo cierto es que las más de 120.000 personas muertas parecen no pasarle factura al presidente de Brasil. ¿Cómo es esto posible?

 

Fieles, críticos y arrepentidos

 

Para entender las razones por las que 57,8 millones de brasileños votaron por Bolsonaro, dividimos a sus votantes en dos categorías: votantes radicales, que hoy en día constituyen entre 10% y 15% de su base de apoyo, y votantes moderados, la gran mayoría de su base electoral. Los primeros, el núcleo duro bolsonarista, son fundamentalmente hombres blancos, de clase media-alta, del sur-sureste del país y de entre 25 y 45 años. Tienen una adhesión emocional y psicológica absoluta a Bolsonaro y a su proyecto, no solo en lo político, sino también en lo vital, lo que significa compartir su visión del mundo violenta, racista, LGBT-fóbica y machista. Pero ¿por qué muchos de los más moderados aún continúan confiando en un presidente tan abyecto?

Bolsonaro representa una tendencia política antisistémica y antipartidista. Así, su imagen se constituye como la del outsider, como el único político honesto que, genuinamente, quiere luchar contra un sistema corrupto. Al día de hoy, uno de los legados más problemáticos de la operación Lava Jato es una intensa criminalización de la política que caló hondo fundamentalmente en las clases medias tradicionales brasileñas, que compartían la visión del entonces juez Sérgio Moro como el héroe anticorrupción. Gran parte del público fiel a Bolsonaro continúa manteniendo su apoyo no tanto porque confía plenamente en el presidente o porque está totalmente satisfecho con su gestión, sino porque no reconoce otra alternativa política o electoral viable justamente por entender que el sistema en su conjunto está intrínsecamente corrompido. Bolsonaro todavía es visto por este público como honesto y auténtico.

Para entender cómo se comporta su base electoral moderada, emprendimos junto con Camila Rocha una investigación en la que clasificamos a este electorado en tres categorías: fieles, críticos y arrepentidos. Veamos los argumentos de cada grupo. Además de la honestidad, los argumentos que los más fieles repiten cuando justifican su apoyo son muy recurrentes: a) «en comparación con los 14 años de gobiernos petistas, Bolsonaro aún no ha tenido tiempo de gobernar»; b) «el Partido de los Trabajadores (PT) dejó el país destruido política, económica y socialmente, por lo que recomponerlo no es una tarea fácil»; c) «cuando Brasil empezó a encarrilarse, llegó la pandemia y todo se detuvo»; d) «Bolsonaro hace todo lo posible por mejorar la situación del país, pero la persecución permanente que sufre por parte de la prensa, los políticos de oposición y el Tribunal Supremo [unos de los principales enemigos de presidente] hacen que no consiga gobernar».

Sin embargo, es entre la clase media y alta más «lavajatista» donde Bolsonaro perdió más adhesión. Esta población recibió como un duro golpe la dimisión del ministro Moro, a cargo de la cartera de Justicia y Seguridad Pública, el 24 de abril de 2020, tras acusar a Bolsonaro de interferencia política en el nombramiento del director de la Policía Federal a fin de proteger a sus hijos de las investigaciones llevadas a cabo sobre ellos. A su vez, los hijos de Bolsonaro son uno de sus mayores problemas. Varios procesos pesan sobre los tres que tienen representación política. Sobre Flávio Bolsonaro, senador por Río de Janeiro, pesan acusaciones de realizar transacciones financieras ilegales por valor de 1,2 millones de reales (más de 200.000 dólares). Sobre Carlos Bolsonaro, concejal por Río de Janeiro, pesan dos acusaciones: la primera por nombramiento de cargos fantasma en su gabinete y la segunda, la más importante en este momento, por ser uno de los supuestos coordinadores de la campaña de noticias falsas a través de millones de mensajes ilegales durante la campaña electoral. La misma acusación de coordinar el esquema masivo de noticias falsas pesa sobre Eduardo Bolsonaro, diputado federal por San Pablo. Esta última investigación sobre fake news electorales es la que más preocupa en Brasilia, ya que el Tribunal Supremo Electoral ha abierto un proceso de impugnación de la candidatura Bolsonaro-Mourão sobre la base de esta investigación.

Además de la frustración por la salida de Moro y de su visión negativa de los hijos del presidente, quienes votaron por Bolsonaro y ahora están decepcionados o arrepentidos presentan los siguientes argumentos: a) «Bolsonaro no cumple con el decoro que su función exige, es excesivamente violento, autoritario, histriónico en su forma de conducir el gobierno y con sus polémicas continuas causa gran inestabilidad»; b) «la gestión de Bolsonaro de la pandemia de covid-19 es irresponsable e inhumana, no se preocupa ni por los enfermos ni por los muertos».

Podemos decir que los dos factores principales para el debilitamiento de Bolsonaro eran el covid-19 y las sospechas de corrupción que involucraban a sus hijos. La mayoría de los brasileños considera que su comportamiento frente a la pandemia denota falta de carácter y humanidad. En paralelo, el 18 de mayo de 2020, Fabrício Queiroz, ex-asesor de Flavio Bolsonaro y sospechoso de ser su testaferro, fue arrestado después de pasar un año escondido en una casa propiedad del abogado de la familia Bolsonaro. Según Datafolha, 64% de los brasileños cree que Bolsonaro conocía el paradero de Queiroz todo este tiempo.

En las últimas semanas, parece que Bolsonaro y sus asesores entendieron este mensaje de su base más desencantada y cambiaron su estrategia: han hecho desaparecer a sus hijos del espacio público y de las redes sociales y han «domesticado» a un Bolsonaro que está más moderado que en los inicios de su presidencia. Como consecuencia de este giro estratégico en su comportamiento, su popularidad ha vuelto a crecer. Sobre los más de 110.000 muertos por la pandemia y las críticas a su gestión, Bolsonaro también tiene una estrategia clara: la culpa de estos números y de la crisis económica que se avecina no la tiene él, la tienen los gobernadores de los estados y los alcaldes que no siguieron sus recomendaciones de que la gente pudiera salir a trabajar, decretaron confinamientos que solo algunos cumplieron y, de esta forma, no lograron atajar la pandemia y agravaron la crisis económica. Parece que esta reciente táctica también puede estar comenzando a funcionar.

En paralelo, la popularidad de Bolsonaro comienza a aumentar entre los más pobres, a causa, fundamentalmente, de una ayuda de emergencia de 600 reales (112 dólares) mensuales que recibirán durante la pandemia y que es esencial para la supervivencia de millones de brasileños. Por otro lado, Bolsonaro comienza a invertir políticamente en el Nordeste, la región más empobrecida del país y feudo electoral histórico del lulismo. Sabe que si se gana a las clases populares con ayudas económicas, se allanaría el camino hacia la reelección. Los datos impresionan: 65,3 millones de brasileños están recibiendo la ayuda y un tercio de ellos están en la región Nordeste. No hay que olvidar que parte del apoyo popular a Luiz Inácio Lula da Silva se basó en este tipo de transferencias de ingresos.

El problema es que este ingreso no puede ser para siempre, y el neoliberal ministro de Economía Paulo Guedes, el nexo con el empresariado y el capital nacional e internacional, ya está insistiendo en que es incompatible con sus políticas de ajuste presupuestario y fiscal. ¿Serán capaces Guedes y Bolsonaro de llegar a un acuerdo para mantener a lo largo del tiempo algún flujo de ingresos (aunque sea de valor menor a 600 reales) que garantice el apoyo de los más pobres pero, al mismo tiempo, de continuar con los planes privatistas y las reformas (tributaria y administrativa serían las próximas) para mantener satisfechos a los dueños del dinero? Veremos.

No debemos olvidar que Bolsonaro mantiene la fidelidad de los principales obispos de las mayores iglesias evangélicas pentecostales y neopentecostales, como la Iglesia Universal del Reino de Dios y la Asamblea de Dios. Los más pobres componen el mayor contingente de estas iglesias, por lo que su apoyo es un factor muy importante para entender la adhesión popular al bolsonarismo. Por eso, el presidente brasileño continúa apostando por un conservadurismo religioso que se pauta por la dinámica de la moralización y la cristianización de la vida pública y privada. Temas como el rechazo al aborto y el combate al feminismo son explotados con gran crédito moral por figuras del gobierno como la ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos, la pastora Damares Alves.

 

El impeachment se aleja

 

Si la nueva estrategia bolsonarista basada en la combinación de su propia moderación, el ingreso de emergencia y la culpabilización de alcaldes y gobernadores por la pandemia continúa funcionando, el ex-capitán puede reforzarse como una alternativa viable para las próximas elecciones presidenciales de 2022, no solo entre los leales, sino también entre un buen número de partidarios críticos que parecen estar mejorando sus perspectivas y lo votarían de nuevo, especialmente contra el PT. El antipetismo sigue siendo bastante fuerte entre la población. Además, el PT ha dado algunos pasos que han desencantado a su propia base, como por ejemplo la elección de Jilmar Tatto como candidato a la alcaldía de San Pablo en las próximas elecciones municipales de noviembre de 2020. Su nombramiento levantó muchas críticas entre los afiliados, bastantes de los cuales han migrado hacia una candidatura que parece irradiar más entusiasmo: la de Guilherme Boulos, el líder de los «sin techo», postulado por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

Pero el problema no es solo el PT, sino también la ausencia de un nombre fuerte que aglutine el campo de la centroderecha y la derecha moderada y que consiga arrebatar votos a Bolsonaro. Se barajan diversos nombres, como el del gobernador de San Pablo João Doria, el del propio ex-juez Moro y el del conocido presentador de televisión Luciano Huck, pero de momento nada está definido.

En el plano institucional, la posibilidad de un impeachment, que llegó a parecer plausible en los meses anteriores, está diluida. Bolsonaro cuenta, además, con el apoyo de amplios sectores de las Fuerzas Armadas. Es el gobierno más militarizado de la historia brasileña, con 11 ministros militares y casi 3.000 cargos gubernamentales ocupados por personas procedentes de las Fuerzas Armadas. Estas se han beneficiado enormemente de su presencia en el gobierno, con una buena reforma de las pensiones aprobada al mismo tiempo que se realizaba una reforma antipopular y regresiva de las pensiones para los civiles, y con un aumento del presupuesto militar en un momento de restricciones en otras áreas. Bolsonaro también está negociando su estabilidad con el poderoso presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, quien tiene en su poder nada más y nada menos que 47 pedidos de impeachment diferentes, y con un grupo de partidos políticos llamado el centrão, que reúne a unos 200 diputados (de 513 en total) que no tienen una identidad ideológica específica y, por tanto, se venden al mejor postor. Están vinculados a prácticas clientelistas y corruptas, pero tienen el poder de equilibrar la gobernabilidad del país.

El hecho de que un impeachment se vea ya muy lejos también influye positivamente en la percepción de la población del gobierno de Bolsonaro, porque se entiende que este está pasando por un momento de mayor estabilidad y que el presidente está siendo capaz de mantener la gobernabilidad incluso en contextos como el actual.

¿La popularidad de Bolsonaro seguirá subiendo? ¿Será capaz de mantener su nuevo giro estratégico? De momento parece que mantener la moderación le va a costar mucho. En los últimos días ya protagonizó una nueva polémica al responder con tono amenazante a un periodista que le preguntaba por sospechas de corrupción en el caso Queiroz «Qué ganas de reventarte la boca a golpes». Las elecciones municipales de noviembre próximo serán importantes para que el campo bolsonarista y el democrático midan fuerzas, pero lo cierto es que Bolsonaro continúa alimentándose de que mucha gente indefinida políticamente no llega a confiar en los proyectos políticos de la izquierda. Urge que el PT y el resto de los partidos democráticos se coloquen como alternativas viables, porque de lo contrario corremos el riesgo de que Bolsonaro se mantenga tranquilo en el poder a pesar de los más de 100.000 muertos y de los múltiples retrocesos que está comandando.

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Documentos desclasificados revelan que EE.UU. sospechaba hace más de 20 años de los presuntos vínculos de Uribe con el paramilitarismo

El secretario de Defensa de EE.UU., Donald Rumsfeld, fue informado que era "casi seguro" de los nexos del expresidente colombiano con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

 

Desde hace más de 20 años, el Gobierno estadounidense tuvo conocimiento sobre los presuntos vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) con los grupos paramilitares, según documentos de las agencias de EE.UU. que fueron desclasificados por la organización sin fines de lucro Archivo Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés). 

En un documento desclasificado de 1997, el exlegislador Jorge Valencia Cardona contó a funcionarios de la Embajada de EE.UU. en Colombia la cercanía que tenía Uribe Vélez con los grupos paramilitares. Valencia narró sobre "la red de relaciones" de Uribe —quien en ese entonces era gobernador del departamento de Antioquia— con "terratenientes, paramilitares y guerrillas".

De acuerdo con la declaración de Valencia, Uribe Vélez tenía nexos con terratenientes del oriente antioqueño que pagaban a los paramilitares para ir "tras las guerrillas". 

El padre del expresidente colombiano, Alberto Uribe, fue asesinado en 1983 por presuntos miembros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Según consta en un cable dirigido al Departamento de Estado de EE.UU., Valencia contó que en una ocasión fue detenido con violencia por paramilitares, quienes amenazaron con matarlo si no admitía que había colaborado con grupos guerrilleros

Los grupos paramilitares no aceptaron el dinero que Valencia les ofreció, pero lo que aparentemente salvó su vida fueron unos documentos que llevaba en una maleta y que mostraban que conocía al entonces gobernador de Antioquia, Uribe. 

"Oh, tú conoces a 'El Viejo'", le dijeron sus captores, en referencia a un apodo que recibía Uribe. Después de este incidente, supuestamente los paramilitares dejaron de hostigar a Valencia

Trato con las AUC

Durante el Gobierno de George W. Bush (2001-2009), el subsecretario de Defensa para asuntos de Seguridad Internacional, Peter Rodman, advirtió al secretario de Defensa de EE.UU., Donald Rumsfeld, sobre los vínculos de Uribe cuando fue gobernador de Antioquia con el grupo paramilitar conocido como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

"Es casi seguro que Uribe tuvo tratos con los paramilitares (AUC) mientras era gobernador de Antioquia", escribió Rodman en una nota dirigida a Rumsfeld en 2004. 

Sin embargo, Rodman le expresó a Rumsfeld que no conocía "informes que sugirieran que las drogas fueran parte del panorama".

El presunto vínculo de Uribe con las AUC ha sido también señalado por miembros del grupo paramilitar. El antiguo comandante del Bloque Cacique Pipintá, Pablo Hernán Sierra, aseguró en septiembre de 2019 que las reuniones entre los excombatientes ilegales y el político ocurrieron en una finca propiedad del expresidente.  

"Todos los jefes de las autodefensas saben que Álvaro Uribe fue nuestro referente político, él nos entregó el fusil y después nos lo quitó", dijo el excomandante Sierra. El exmandatario ha negado reiteradamente los nexos con los grupos paramilitares.  

Financiamiento del Cártel de Medellín

En otro cable de la Embajada de EE.UU. revelado por NSA, se hace referencia a una declaración de un conocido de Uribe, que aseguró que los hermanos Ochoa Vásquez, quienes fueron socios del narcotraficante Pablo Escobar, exlíder del Cártel de Medellín, habrían financiado la campaña del político conservador al Senado.  

Uribe se encuentra en prisión domiciliaria por orden de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que lo investiga por fraude procesal y soborno a testigos. 

En 2012, Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente pedir a exparamilitares testificar en su contra a cambio de beneficios. Sin embargo, en 2018, la Corte archivó esta investigación contra Cepeda y abrió una nueva indagación, esta vez al propio exmandatario, por la presunta manipulación de testigos.

Cepeda mantuvo conversaciones con varios exparamilitares que le aseguraron que Uribe propició la existencia de un bloque narcoparamilitar en los años 90.

Publicado: 1 sep 2020 00:03 GMT

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Una operación contra Rafael Correa queda al desnudo 

La confesión del exagente de Inteligencia Raúl Chicaiza expone el armado de una causa

Chicaiza dice que fue presionado para involucrar al exmandatario en el caso del fallido secuestro del opositor Fernando Balda en 2012. Huyó de Ecuador y permanece en Argentina. 

 

El exagente de Inteligencia de Ecuador, Raúl Chicaiza, confesó que fue presionado para involucrar al expresidente Rafael Correa en el caso del fallido secuestro del opositor Fernando Balda en 2012. Chicaiza aseguró en conferencia de prensa que se vio forzado a acusar al candidato a la vicepresidencia de Ecuador para evitar nueve años de cárcel. También denunció que, a pesar de cumplir su condena, nunca recibió la asistencia correspondiente al programa de protección de testigos. "Mi vida ha corrido riesgo. He tenido tres atentados de bala y un accidente de transito", aseguró el exagente desde Argentina, donde espera que se termine de tramitar su condición de refugiado. Sobre Balda, un opositor al proyecto de Correa que incluso coqueteó con presentarse a las elecciones presidenciales de 2021, Chicaiza aseguró que "se reunía clandestinamente con Lenín Moreno para armar el montaje de su caso". 

"Nos sacaban de los centros de reclusión social intempestivamente con el fin de presionar y que se involucre con nuestro testimonio anticipado a altos mandos jerárquicos, y desde el Ejecutivo al economista Rafael Correa", dijo Chicaiza en una conferencia de prensa virtual desde Argentina. Luego del cumplimiento de la pena que se le impuso por participar en el operativo por el secuestro de Fernando Balda en Bogotá, en julio del 2019, Chicaiza quedó en libertad bajo el programa de protección de testigos de la Fiscalía. Sin embargo, el exagente advirtió que no se le brindaba la protección requerida en tres cartas dirigidas al presidente Lenín Moreno, a la ministra de Gobierno María Paula Romo, y a la fiscal General Diana Salazar que no fueron respondidas. 

"En el mes de agosto pedí refugio a Argentina de acuerdo a los convenios y tratados de Ginebra que su país siempre ha respetado. Apliqué en el mes de agosto. Desde el momento en que pisé territorio argentino se me dan las garantías y ahora aguardo que se me brinde el documento oficial del refugio", explicó Chicaiza a Página/12. "Tengo solicitado refugio por mi seguridad y mi vida, ya que en Ecuador se ha vulnerado nuestra Constitución, ya que es obligación del Estado velar por los derechos de los testigos protegidos. El Estado colombiano no supo protegerme", agregó el exagente.

Chicaiza afirmó que por involucrar a Rafael Correa en el intento de secuestro de Balda la justicia le ofreció "seguridad, reinserción laboral y cargos públicos para mis familiares". Pero no cumplieron con ninguna de las promesas. El testimonio del exespía es la única prueba en la que se apoyó el Tribunal para imputar al actual candidato a la vicepresidencia de Unión por la Esperanza (UNES).

"Somos los chivos expiatorios de la justicia para alcanzar fines políticos. Si tuviéramos una justicia independiente tendríamos que averiguar qué hacía Fernando Balda en Colombia. Y Balda se dedicaba junto a su esposa a vender equipos de tecnología para interceptación de celulares de Colombia a Ecuador. Todas estas pruebas las presentamos ante la justicia, pero parece que no les interesa", aseguró Chicaiza.

El exasambleísta Balda denunció que fue introducido de manera forzada en un vehículo en 2012, en la ciudad de Bogotá, Colombia, para ser devuelto a Ecuador. Al cabo de 90 minutos, el intento de secuestro fue frustrado por la policía local que acudió al llamado de taxistas. Los autores fueron detenidos y juzgados en Colombia y confesaron que en el secuestro intervinieron agentes ecuatorianos de la Secretaría Nacional de Inteligencia, bajo las órdenes de la presidencia de Ecuador. 

Chicaiza, quien ya cumplió condena por el caso, aún duda de la carátula de secuestro que figura en la causa. "La justicia colombiana debería decir por qué esto amerita que sea un secuestro. Deben decir donde está el requerimiento. ¿Fue económico, político, social? Dentro de la policía mundial hay normas y protocolos para saber si fue un secuestro, un paseo millonario o una situación para llamar la atención y sacar beneficios a largo tiempo, como lo está haciendo Balda en Ecuador", aseguró el exespía ante la consulta de este diario.

"El Ejecutivo actual tenía sus tentáculos de poder y los sigue teniendo. Es necesario que Ecuador conozca quién es Balda. Este pseudo-activista ha manejado a la justicia a su antojo bajo el mando de Lenín Moreno", manifestó Chicaiza. Hasta hace pocos días, Balda seguía firme en su sueño de ser candidato presidencial, pero finalmente decidió postularse a la Asamblea Nacional de Ecuador. 

En 2006, Balda se había sumado al movimiento Alianza País liderado por Correa. Un año después abandonó ese espacio para sumarse a las filas del Partido Sociedad Patriótica. A los 48 años, este hábil operador político buscará llegar al Congreso a través del movimiento Libertad es Pueblo, fundado por Gary Moreno, hermano del presidente.

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Manifestantes durante la protesta contra el racismo que se llevó a cabo el domingo por la noche afuera de un recinto policial en Portland, Oregon.Foto Ap

El presidente califica de grandes patriotas a miembros de milicias // El magnate quiere visitar hoy Kenosha, pese a que el alcalde y el gobernador de Wisconsin le piden no hacerlo

 

Nueva York., El presidente Donald Trump y sus bases ultraderechistas están fomentando confrontaciones violentas contra manifestantes que luchan por la justicia social como Black Lives Matter, apostando a la violencia (que ellos generan y fomentan) como herramienta clave para su estrategia de relección cuyo tema central es "la ley y el orden"

En los últimos días, Trump ha intensificado su ataque retórico contra lo que llama "izquierda radical", centrando su mensaje de su campaña en "salvar" al país de lo que califica de "violencia" en las manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policiaca en varias ciudades como Portland, Oregon; Minneapolis y Kenosha, Wisconsin, y Chicago.

Esto continúa con la narrativa que ofreció al aceptar la nominación republicana la semana pasada, cuando declaró: "tu voto decidirá si protegemos a los estadunidenses que obedecen la ley, o si daremos cuerda suelta a los anarquistas violentos, agitadores y criminales". Casi todos los días amenaza con enviar más fuerzas federales armadas para reprimir a manifestantes.

El pasado fin de semana en Portland hubo enfrentamientos entre activistas de justicia social y derechistas fieles a Trump, con una caravana de autos y camionetas protrumpista decorados con banderas nacionales desde donde se dispararon bolas de pintura y gas pimienta contra los manifestantes. Hubo altercados y un hombre de las milicias murió (aún no hay detalles de quién fue responsable). El presidente retuiteó un video mostrando las acciones de sus simpatizantes escribiendo: "era de esperarse"; o sea, justificando la violencia de sus partidarios.

Trump ha expresado de manera abierta su apoyo a los actos de sus simpatizantes este fin de semana –al igual que a lo largo de su presidencia–, algunos de los cuales se identifican como parte de milicias, incluso los llama "grandes patriotas". Eso, incluso después del incidente en Kenosha, donde un joven de 17 años que se identificó como miembro de una milicia pro-Trump mató a dos manifestantes e hirió a otro con un rifle semiautomático la semana pasada.

La Casa Blanca reitera que "sólo el presidente Trump ha demostrado la valentía y el liderazgo para imponer la ley y el orden".

Pero la abrumadora mayoría de la "violencia" por la cual Trump responsabiliza a la "izquierda radical" proviene de la derecha.

De hecho, los incidentes más violentos en tiempos recientes han sido perpetrados por derechistas –neonazis y del Ku Klux Klan, entre otros– que apoyan a Trump, como el del tiroteo masivo en El Paso hace un año, que buscó matar a mexicanos para "frenar la invasión hispana" en Texas, el supremacista blanco que condujo su auto contra una manifestación antiderecha racista en Charlottesville, Virginia, matando a una mujer, y muchos más. En casi todos, el presidente ha manifestado su simpatía y ha rehusado condenar a los responsables.

"Extremistas del ala derecha cometieron dos tercios de los atentados y complots (terroristas) en Estados Unidos en 2019 y más de 90 por ciento de los perpetrados entre enero y el 8 de mayo de 2020", concluye una investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. El "terrorismo" de extrema derecha dentro de Estados Unidos es responsable de la mayoría de todos los incidentes "terroristas" en el país desde 1994, agrega.

Alerta que este tipo de "terrorismo en Estados Unidos probablemente se incrementará a lo largo del año", incluso en respuesta a la elección presidencial en la cual "antes y después, extremistas podrían recurrir a la violencia, dependiendo de los resultados de la elección".

Se han detectado por lo menos 497 instancias de agrupaciones de extrema derecha que buscan confrontar manifestaciones de Black Lives Matter desde el asesinato de George Floyd hace tres meses, con 64 casos de agresión física, 38 ataques con automóvil y nueve casos de disparos contra manifestaciones, según una investigación del Centro de Análisis de la Derecha Radical publicada en Huffpost.

Más aún, mientras extremistas de derecha han matado a cientos de personas, los "extremistas" de izquierda no han matado a nadie con su actos violentos en los últimos años.

Además, un ex agente de la FBI, Michael German, ha documentado la infiltración de supremacistas blancos en las filas de las fuerzas de la policía en por lo menos 12 estados, en su investigación para el Brennan Center of Justice.

La FBI designó este año la violencia "de odio" doméstica como prioridad de seguridad nacional, igual a la que otorga a agrupaciones terroristas como Isis.

La campaña de Trump está intentando presentar los incidentes violentos en las calles como ejemplo de lo que será Estados Unidos con un presidente demócrata, a pesar de que las imágenes que está utilizando suceden en un Estados Unidos bajo el gobierno republicano del magnate.

Historiadores y expertos sobre maniobras políticas repiten que estas tácticas de fomento de violencia para provocar algo que pueda calificarse de "crisis de seguridad pública" siempre han sido empleadas por políticos autoritarios como Trump, que prometen ser los que pueden "salvar" al país e imponer "orden".

Trump está considerando visitar Kenosha ese martes, a pesar de que tanto el gobernador de Wisconsin como el alcalde de esa ciudad, ambos demócratas, le han solicitando que no lo haga. El candidato presidencial demócrata Joe Biden también está contemplando una visita.

Demócratas denuncian que es el presidente quien está incitando la violencia en las calles del país. El alcalde de Portland, Ted Wheeler, acusó a Trump de ser "el que ha creado el odio y la división" que ha llevado a incidentes de violencia no vistos en décadas.

Biden condenó la violencia de cualquier especie, pero atacó a Trump al calificarlo de "presencia tóxica" que amenaza la seguridad de todos en el país al incitar la violencia mientras fracasa en el manejo de la pandemia.

Los demócratas desean evitar que el enfoque de la elección sea la "violencia", ya que esa es justo la estrategia de Trump para distraer del tema de la pandemia (Estados Unidos acaba de registrar 6 millones de contagiados y más de 180 mil muertos por Covid-19, por mucho el líder mundial), y de la crisis económica, ambos no convenientes para su relección.

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