Lunes, 30 Diciembre 2019 07:17

Luces

Luces

Las luces que irrumpen, interrumpen, enfrentan la oscuridad que inunda este país, deben ser la noticia más importante en esta coyuntura estadunidense.

Aunque se tiene que usar la palabra “neofascismo” para describir de manera objetiva lo que sucede en esta nación, sorprendentemente también se tiene que usar la palabra “socialismo” (en las tres décadas de reportar sobre este país, nunca me imaginé que algún día tendría que usar esas dos palabras para informar sobre una coyuntura aquí).

La labor periodística de cubrir al régimen trumpista es incesante, pero esa no es la única nota. La otra igual, o tal vez, más importante, es sobre aquellas luces que desafían el asalto más siniestro y cruel en tiempos recientes, y que en gran medida brotan como respuesta a dos problemas fundamentales de nuestros tiempos: la desigualdad/injusticia económica producto de políticas neoliberales y el cambio climático.

Algo inédito este año es que la mayoría de los jóvenes y un amplio sector de la población aquí dicen favorecer el “socialismo”, y ahora hasta las cúpulas políticas y mediáticas admiten que ya no pueden descartar que Bernie Sanders, quien se define como un “socialista democrático”, gane la nominación como candidato presidencial del Partido Demócrata.

El fenómeno de Sanders es nutrido por diversos movimientos y luchas anteriores, que se suman a su llamado por una “revolución política” para recuperar esta democracia de las manos del uno por ciento más rico y devolverla a las mayorías.

Este fenómeno ya está ganando a nivel local y estatal, y en elecciones recientes una nueva generación de políticos, no pocos de ellos llamándose “socialistas”, fueron electos a gobiernos locales en varios puntos del país (en Chicago, seis concejales socialistas ganaron escaños).

A la vez, movimientos encabezados o impulsados por jóvenes están cambiando la dinámica política de Estados Unidos. Sorprendió a todos: adolescentes encabezaron y organizaron una de las movilizaciones más grandes del año, con más de 250 mil en las calles de Nueva York, y millones más en el mundo, inspirados por Greta Thunberg. A la vez, otras vertientes de esa expresión se organizaron en el Sunrise Movement, que está obligando a candidatos y políticos a definirse en torno a la crisis ecológica y adoptar una agenda progresista sobre la propuesta de un New Deal Verde (https://www.sunrisemovement.org). En las últimas semanas, artistas como Jane Fonda y Lily Tomlin se han sumado a las acciones de desobediencia civil de estos movimientos para denunciar la falta de respuesta al cambio climático por las cúpulas políticas y empresariales del país.

March for our Lives, encabezado por jóvenes que han sobrevivido tiroteos masivos en sus escuelas, no han dejado de asustar a políticos con su perseverancia y esfuerzos de organización nacional para exigir controles sobre las armas en manos privadas en Estados Unidos, en alianza con otras agrupaciones contra la violencia (https://marchforourlives.com).

Durante 2019 continuó un resurgimiento sindical en este país, y por segundo año una de sus vanguardias fue el magisterio, con los sindicatos de maestros de Chicago, Los Ángeles, Oakland, Denver y West Virginia en huelgas no sólo en busca de sus beneficios y salarios, sino por el “bien común”, al defender las escuelas públicas. En el sector privado, más de 30 mil trabajadores de una cadena de supermercados en Nueva Inglaterra realizaron una huelga de 11 días, otros 20 mil hicieron lo mismo en el noroeste poco después, mientras 49 mil trabajadores automotrices de General Motors realizaron la huelga más grande de ese sector en décadas durante seis semanas, entre otras luchas.

Y ante la ofensiva antimigrante más agresiva en décadas, el mosaico de organizaciones inmigrantes y sus aliados no han descansado en confrontar al régimen que ha colocado a niños y familias en campos de concentración y generado un clima de persecución en toda comunidad inmigrante.

De todas estas luces, se alumbra la esperanza para el Año Nuevo.

https://www.youtube.com/watch?v=d6szT5NnwTY

https://www.youtube.com/watch?v=UJJ8y4lQru

Publicado enInternacional
El fin de año que no se preveía en Venezuela

Caracas vive un diciembre más tranquilo que en años anteriores

Se respira cierta calma. Hay grandes colas en las calles, esta vez no por desabastecimiento, sino para gastar el bono en criptomoneda Petro, en un contexto de crisis económica. 

Nadie sabía en enero en qué situación se encontraría Venezuela a final de año. Pocos, muy pocos, imaginaban que se estaría en calma y que habría grandes colas en las calles, esta vez no por desabastecimiento como en el 2015 o 2016, sino para gastar el bono en criptomoneda Petro otorgado por el gobierno para las fiestas.

Caracas vive un diciembre con mayor tranquilidad que en años anteriores. La economía, en una dinámica de bloqueo y crisis -piezas imbricadas-, ha dejado mayores espacios de respiro para la población. Se han visto fuegos artificiales, mesas navideñas con el pernil entregado por el gobierno, consumo permanente en las arterias principales de Caracas.

Se trata de una situación que lleva varios meses y ha generado una meseta en la superficie de una economía cuyo PIB se ha contraído más de la mitad en seis años. Un escenario marcado por la emergencia y consolidación de un sector dolarizado de la población, el uso de esa moneda en las transacciones comerciales en barrios populares o zonas pudientes, y la multiplicación de los trabajos informales a.nte la caída sostenida de los salarios formales con la devaluación de la moneda nacional y el aumento de precios.

La situación en Caracas es más estable que en las demás partes del país. No se ven colas de gasolina como en las carreteras o ciudades del interior, el abastecimiento de luz se ha mantenido con pocos registros de cortes, y se ha consolidado un circuito de consumo para la franja minoritaria que vive y piensa en dólares.

Era difícil pronosticar este diciembre a principios de año con la autoproclamación de Juan Guaidó y el intento de ingreso por la fuerza desde Colombia el 23 de febrero. Tampoco en marzo, con el apagón/saboteo nacional que dejó al país a oscuras durante varios días, o el 30 de abril, con Guaidó y Leopoldo López junto a un puñado de militares en armas en las calles.

La ofensiva parecía casi imparable, no solamente por el primer momento de fuerza de la fórmula Guaidó y su atractivo para la oposición venezolana que volvía a movilizarse, sino principalmente porque detrás o delante del autoproclamado siempre estuvo el gobierno norteamericano.

El rol de Estados Unidos (EEUU) fue explícito durante todo el año. John Bolton, exasesor de seguridad, afirmó que no tenían problema en hablar de la Doctrina Monroe, y, para llevar el expediente Venezuela, fue nombrado Elliot Abrahms, un hombre que estuvo al frente de las guerras sucias de Centroamérica en los años 80, con hechos como la masacre de El Mozote, en El Salvador.

La alineación de Donald Trump, Mike Pompeo, Bolton, Abrams, el eje anticastrista encabezado por Marco Rubio, y los poderes pocas veces visibles del Estado profundo, conformaron un cuadro de asalto final. Ese cálculo de fuerzas resultó errado para quienes encabezaron la ofensiva: no solamente Nicolás Maduro sigue en el gobierno, sino que Guaidó y el conjunto de la oposición atraviesa sus peores meses.

La crisis de la derecha tiene varios elementos superpuestos: escándalos de corrupción dentro de la Asamblea Nacional (AN), la división entre quienes ven posibles acuerdos con el gobierno para, por ejemplo, las elecciones legislativas previstas para el 2020, y quienes solo plantean una salida por la fuerza, y la cuestión de la presidencia de la AN que deberá ser renovada el 5 de enero.

Quien esté al frente del legislativo es central tanto a nivel interno como internacional. En lo nacional porque define en gran parte quien quedará en la conducción de la derecha y su principal tribuna. En lo internacional porque la ingeniería del gobierno paralelo creada por EEUU tiene su principal punto de apoyo en la AN: reconocen a quien está al frente del legislativo como presidente encargado del país.

La apuesta norteamericana es mantener a Guaidó. Ya han afirmado, anticipándose a un escenario adverso, que su respaldo no es a él como persona, sino a la presidencia de la única institución que reconocen como democrática. Su permanencia allí sería sostener la actual correlación de fuerzas, mientras que su desplazamiento podría significar un retroceso para EEUU, así como una nueva expresión de su incapacidad para resolver el expediente Venezuela.

El siguiente paso clave luego del 5 será la convocatoria a las elecciones legislativas. Por el momento el tema de conversación de la mayoría de la población es el bono entregado por el gobierno, el reconocimiento del esfuerzo, o el cuestionamiento hecho por opositores que lo califican como un instrumento para controlar a la población y mantener el mismo cuadro sin resolver la situación económica.

Los problemas de fondo difícilmente tengan solución en un tiempo corto, por el impacto del bloqueo económico y financiero que seguirá escalando como ha sido anunciado por EEUU, por la baja producción petrolera que por momentos logra estabilizarse en un millón de barriles diarios, o la falta de capacidad del sector eléctrico para abastecer la actual demanda nacional.

La economía está en proceso de transición y metamorfosis en una combinación de escenario de guerra y orientaciones pocas veces explicitadas por el gobierno. Se trata de un cuadro complejo, marcado a su vez por la emigración y sus consecuentes remesas que traen dólares en los barrios populares y las clases medias.

Venezuela termina un año que han parecido ser muchos más. Por estos días en los barrios populares se gastan los bonos, se preparan las mesas de año nuevo, las rumbas con salsa, trap y reggaetón, se extraña a quienes están fuera del país, se pone en obra la capacidad de resiliencia de una sociedad que se prepara para un 2020 que será, seguramente, más complejo que el 2019.

Por Marco Teruggi

Desde Caracas

Publicado enInternacional
Lunes, 30 Diciembre 2019 06:04

La izquierda chilena frente a sí misma

La izquierda chilena frente a sí misma

El Frente Amplio se encuentra en pleno proceso de implosión solo unos meses antes de la decisiva votación sobre la asamblea constituyente que debe poner fin al experimento del neoliberalismo que perdura desde el golpe de Pinochet.

El terremoto político y social que vive Chile desde el pasado 18 de octubre ha sacudido a una clase política más desprestigiada y desacreditada que nunca. A dos meses del comienzo de las protestas, los efectos de estas se han hecho sentir a lo largo de todo el arco parlamentario, y la izquierda chilena no ha sido inmune a ello.

El Frente Amplio (FA), una coalición formada en 2017 que abarca a distintas fuerzas políticas ubicadas a la izquierda de la Nueva Mayoría (el centroizquierda), se encuentra en el momento político más tenso desde su nacimiento. Fuertemente criticado por sus bases y cuestionado por algunas de sus últimas decisiones políticas, el que parecía estar llamado a capitalizar el descontento social, se halla al borde de la implosión.

Las fricciones generadas a raíz de la firma del Acuerdo por la Nueva Constitución por algunos sectores del FA, han provocado la salida de la coalición de partidos y dirigentes de la talla de Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso. El edil, que puso fin a su militancia en Convergencia Social el pasado 15 de noviembre, señalaba en la carta de renuncia que firmó junto a otros 72 militantes de la formación, que Convergencia “ya no constituía el espacio que permite impulsar de forma adecuada la política de transformaciones democráticas que requiere el momento actual” y que a partir de ahora “aportaría de manera independiente y autónoma a la construcción de un proyecto de izquierda del siglo XXI desde los distintos lugares donde correspondiera actuar”.

La de Sharp no es la única fuga que ha sufrido el FA en las últimas semanas, y a la salida del Movimiento Democrático Popular (MDP) y el Partido Ecologista Verde, se unió el pasado 12 de diciembre la del Partido Humanista, formación que cuenta con tres de los veinte escaños de la coalición en el Parlamento. Una estampida provocada, por la firma de un acuerdo, “contrario en esencia a las demandas de los manifestantes” para unos, y necesario, aunque insuficiente para otros.

El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución anunciado la madrugada del 15 de noviembre abrió un cisma importante dentro de la coalición entre firmantes y no firmantes. De un lado, Revolución Democrática (RD), Comunes y el Partido Liberal se sumaron a la propuesta, sin coincidir en todos los puntos que recogía el Acuerdo, pero argumentando que suscribirlo suponía un avance y permitía seguir remando en la dirección correcta. Del otro, Convergencia Social, con la excepción de Gabriel Boric que lo suscribió a título individual, el Partido Humanista y el Partido Ecologista Verde, se bajaron de las negociaciones de un acuerdo que consideran, hecho a espaldas de la población y que deja todo bien amarrado para el oficialismo, al mantener algunos de los cerrojos de la constitución de 1980 como el quórum de dos tercios, que permitiría a la derecha bloquear cualquier mínima posibilidad de cambio.

Al margen de la cuestión de los quórum, o la ausencia en el Acuerdo presentado en noviembre de cuotas que garanticen la paridad entre hombres y mujeres y la representación de los pueblos originarios, una parte importante de este descontento provino de la puesta en escena del acuerdo. En un momento de impugnación a la clase política en su conjunto, la foto junto al oficialismo y la antigua Concertación, no gustó ni entre los manifestantes ni dentro de la coalición, ya que colocó al FA como uno más dentro del cártel político chileno.

“Algunos en el Frente Amplio quieren ser la nueva Concertación” declaraba el diputado y presidente del Partido Ecologista Verde, Félix González al explicar las causas que llevaban al partido a abandonar la coalición. Una frase que si bien puede sonar exagerada, muestra a la perfección el descontento de algunos sectores que ven en la política seguida por el Frente en el parlamento los últimos meses una traición a los intereses de los manifestantes.

De fuerza impugnadora a impugnada, lo que ha ocurrido en palabras del académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile Ernesto Águila, es que “la ciudadanía no diferencia de manera muy significativa en su rechazo a los partidos políticos tradicionales y al Frente Amplio”.

LA LEY “ANTISAQUEOS”

La sucesión de acontecimientos no le ha puesto fáciles las cosas al Frente Amplio, cuyas contradicciones internas se han agudizado hasta hacerse insostenibles desde que estallara la contingencia. Tras las críticas recibidas por la firma del acuerdo, la distancia entre la coalición y una parte importante de los manifestantes ha aumentado aún más tras su voto favorable en el Congreso a la Ley Antisaqueos hace unas semanas. Un proyecto de Ley impulsado por el Ejecutivo que endurece las penas para los hechos constitutivos de desórdenes públicos y tipifica seis nuevas conductas sancionables con penas de hasta cinco años de cárcel.

La paralización de servicios públicos de primera necesidad, el lanzamiento de objetos contundentes, los daños a establecimientos comerciales o industriales, dificultar la actuación del Cuerpo de Bomberos o impedir la libre circulación de personas y vehículos, son algunas de estas conductas recogidas bajo el nuevo proyecto de ley. La redacción del texto no ha estado exenta de polémicas, y algunos diputados y agentes de la sociedad civil como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, mostraron su rechazo aduciendo que su único fin era criminalizar la protesta social.

La mesa de Unidad Social, que abarca a más de cien organizaciones de la sociedad civil, calificó la ley como parte de una “agenda represiva” impulsada por el gobierno con el objetivo de aplacar las protestas. El comunicado emitido por la plataforma señalaba que bajo el amparo de la nueva ley, algunas formas de protesta legítimas, como los paros laborales en ciertas actividades, los cortes en la vía pública o las tomas pacíficas de terrenos o edificios, podrían entenderse a partir de ahora como constitutivas de delito, acarreando sanciones de hasta cinco años de prisión. Una manera de dar soporte legal a la criminalización de la protesta en un contexto con más de mil detenidos, una veintena de muertos y doscientas personas con lesiones de globo ocular a causa de los balines disparados por las fuerzas del orden.

Algunos diputados criticaron la excesiva penalización de determinadas conductas como lanzar piedras o montar barricadas y llamaron al Senado a remediar lo aprobado por el Congreso. Por su parte, la Cámara Alta someterá a modificaciones el proyecto aprobado por el Congreso, y como declaró el diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Seguridad Francisco Huenchumilla, “se partirá con una hoja en blanco para rearmarlo completamente”.

No obstante de lo que finalmente delibere el Senado, una de las sorpresas fue que entre los 127 diputados que votaron a favor del proyecto en el Congreso estuvieran los diputados del Frente Amplio con contadas excepciones como las diputadas Alarcón y Jiles del Partido Humanista, que en aquel momento aún no había materializado su salida de la coalición. En un inicio, diputados como Gabriel Boric justificaron su apoyo alegando que “aprobaron la ley en general porque rechazan los saqueos, pero que rechazaron los artículos que criminalizaban la protesta social”. Esta aparente seguridad inicial se vino abajo con el aluvión de críticas que recibió la coalición y sus máximos representantes tanto en la calle como en las redes sociales.

Las justificaciones iniciales de los diputados de Convergencia, Revolución Democrática y el Partido Liberal no fueron suficientes ni para algunos de sus compañeros como la diputada Jiles (Partido Humanista), que les recriminó duramente por redes sociales, ni para sus bases, que emitieron sendos comunicados calificando la votación de error político. Ante esta avalancha, los líderes de Revolución Democrática y Convergencia, Giorgio Jackson y Boric, acabaron retractándose y asumiendo que se habían equivocado votando a favor de la ley.

No obstante, el arrepentimiento no solo no les eximió de culpa ante la gente, sino que les hizo recibir aún más críticas por parte del resto de miembros de la cámara. Jiles tachó a Boric de mentiroso y de mala persona, mientras que otros diputados como Matías Walker (Democracia Cristiana) o el vicepresidente de la cámara Pepe Auth, acusaron a los frenteamplistas de “no tener carácter y de no estar dispuestos a recibir críticas de los suyos”.

El asunto dejó muy tocada a la coalición. Por un lado, aunque ya estuviera anunciada, selló su ruptura definitiva con los humanistas tras las virulentas críticas de Jiles, y por otro, mostró al grupo más endeble, inseguro y desubicado que nunca. La desconexión entre el Frente Amplio y los manifestantes ha aumentado conforme han ido avanzando las semanas; una situación que empeoró aún más con el apoyo a una ley, que según amplios sectores convierte a la coalición en cómplice de la represión del gobierno hacia los manifestantes.

UN FUTURO INCIERTO

Tras el meritorio e inesperado 20,2% obtenido por Beatriz Sánchez en las presidenciales 2017 y la creciente popularidad de algunos representantes de la coalición como Gabriel Boric o Giorgio Jackson, el estallido social parecía una oportunidad única para el Frente Amplio de convertirse en el canalizador del descontento y ganar terreno a sus adversarios. Sin embargo, la joven coalición se ha encontrado con un camino repleto de trabas y ha acusado el desgaste de las protestas tanto o más que sus oponentes.

Una reedición de la coalición tal y como se presentó en 2017 para futuros comicios parece improbable en estos momentos, y la principal duda reside en cómo encararán las distintas fuerzas políticas las próximas citas a las urnas. Respecto al plebiscito de finales de abril, que decidirá si el órgano constituyente se integra plenamente por independientes o si la mitad de sus miembros serán parlamentarios en ejercicio, parece que no habrá dudas y que las fuerzas progresistas en su conjunto apostarán por la Convención Constitucional (integrada únicamente por miembros electos para el efecto). Sin embargo, la posición que adoptarán cuando llegue el momento de presentar las listas de candidatos para integrar el futuro órgano constituyente, es una incógnita a día de hoy.

Parece que muy probablemente habrá ciertos cambios en la composición de los dos bloques a la izquierda de la Nueva Mayoría. La integración de las formaciones que abandonaron el FA por las discrepancias generadas por las protestas, en el bloque de Unidad para el Cambio es una de las opciones más plausibles en estos momentos. La coalición creada en junio de este año, compuesta por el Partido Comunista, el Partido Progresista y la Federación Regionalista Verde Social, podría integrar por estrategia y por principios a las formaciones salientes como el Partido Ecologista Verde o el Humanismo. De hecho, los acercamientos con los humanistas ya son una realidad, y Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y una de las figuras más reconocidas de los comunistas ya mencionó en una entrevista en la CNN que no descartaba concurrir junto a los humanistas en una alianza política y social que debería ser lo más amplia posible.

Otro de los interrogantes es si habrá listas de candidatos independientes impulsadas por los agentes sociales. Plataformas como Unidad Social o la Coordinadora de Asambleas Territoriales han adquirido gran relevancia con las protestas, recomponiendo un tejido social que llevaba muerto desde la dictadura; pero cuentan con menos recursos y capacidad de organización que los partidos a la hora de armar una lista. A pesar de haber demostrado un extraordinario poder de convocatoria durante las movilizaciones, configurar una candidatura requiere de una estructura y unos medios con los que no cuentan, lo que, unido a la falta de experiencia en el terreno electoral, les pone en desventaja respecto a unos partidos que tampoco han estado interesados en allanarles el camino simplificando los requisitos para la presentación de candidaturas de independientes.

Aún quedan muchas semanas por delante, pero a día de hoy la opción de una única candidatura que abarque a todas las fuerzas a la izquierda de la Nueva Mayoría parece inviable. Voces de ambos bloques abogan por una alianza lo más amplia posible, pero tras las acusaciones y descalificaciones esgrimidas contra el Frente Amplio estas semanas, cuesta imaginarse a todas las fuerzas de la izquierda conviviendo en una misma candidatura.

La fragmentación del voto será por tanto, uno de los principales escollos para la izquierda en los comicios que elijan a los miembros del futuro órgano constituyente. Tanto si vence la Convención Mixta, como si lo hace la Convención Constitucional, los asambleístas serán elegidos por el mismo sistema que rige para las elecciones al Congreso, en el que los escaños se asignan a través del método D’Hondt. El nuevo sistema, más representativo que el binominal que regía hasta 2017, a pesar de abrir la posibilidad de que nuevas fuerzas ingresen en el parlamento sigue penalizando mucho a las candidaturas que no se integran en una coalición amplia. Además, el conocido “arrastre” genera asimetrías que ya fueron criticadas en la última elección al Congreso, al resultar electos candidatos con menos de un 5% de votos, que eran “arrastrados” por otro candidato de su misma lista que contaba con un porcentaje alto de votos.

Estas peculiaridades del sistema chileno deberán ser tenidas en cuenta por las fuerzas políticas a la hora de armar las candidaturas que competirán por obtener un asiento en el órgano constituyente en octubre de 2020. Partidos y agentes sociales deben ser conscientes de los riesgos que implicaría una competición entre dos o tres listas distintas de la izquierda, sin contar la de centro izquierda que presumiblemente presentarán las fuerzas que integran la Nueva Mayoría.

El fuego amigo es otra de las amenazas que las fuerzas progresistas deberán sortear si quieren jugar un papel relevante en el proceso constituyente. Guste o no el acuerdo, la izquierda chilena se encuentra ante una oportunidad histórica de enterrar una Constitución diseñada por la dictadura y empezar a construir un nuevo modelo de país. El primer paso será el plebiscito de entrada, pero ocurra lo que ocurra a finales de abril, una mayoría del oficialismo en las elecciones a la Asamblea en octubre, agotaría cualquier mínima posibilidad de cambio. No será sencillo, pero para lograr una sociedad más justa, las fuerzas del cambio deberán dar batalla en todos los ámbitos, y uno de ellos es el electoral.

Por JAIME BORDEL GIL

SANTIAGO DE CHILE

2019-12-30 06:09

Publicado enPolítica
El general Nicacio Martínez (izquierda) saluda al general Eduardo Zapateiro (d) quien lo releva en la jefatura del Ejército. FOTO: EFE | VIDEO: AFP

El presidente Iván Duque informa del relevo del general Nicacio Martínez Espinel por “motivos familiares”

 

El jefe del Ejército colombiano, el general Nicacio Martínez, ha sido relevado de su cargo después de protagonizar un año lleno de polémicas. El presidente Iván Duque anunció ayer el cambio en una inesperada conferencia de prensa en la Casa de Nariño, donde estuvo rodeado de la cúpula militar. “Tuvimos una conversación profunda donde reconocimos su gran servicio al país y hemos tomado la decisión para que deje la comandancia del Ejército. Él me ha expresado sus motivos familiares, los cuales he acogido con sentimiento de gratitud”, dijo el mandatario al anunciar el reemplazo de Martínez, el general Eduardo Zapateiro.

El general Martínez sale al final de una semana en la que fueron asesinadas seis personas, entre ellas dos ambientalistas y líderes sociales en distintas regiones de Colombia y en medio de una crítica situación de seguridad en el país. Su gestión duró exactamente un año y estuvo marcada por un vendaval permanente. Su nombre permaneció en los titulares de los medios de comunicación y en los debates del congreso colombiano por una polémica directiva que exigía duplicar resultados y por su participación como segundo al mando de una brigada señalada por el asesinato de civiles entre octubre de 2004 y enero de 2006.

En mayo, la comandancia del Ejército ordenó a sus tropas duplicar la cantidad de bajas y capturas en los combates. La directiva fue fuertemente criticada incluso por oficiales de alto rango, quienes vieron en la iniciativa una vuelta a un periodo donde se multiplicaron los escándalos de los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron presentados como bajas en combate.

La polémica obligó a Martínez a retirar la directiva y negó también su participación en el caso de los falsos positivos ocurridos hace 15 años, hecho desvelado por EL PAÍS en junio pasado. El general aseguró entonces que su papel en la brigada se reducía a tareas administrativas. En esa época era segundo comandante y jefe del Estado Mayor de aquel grupo. La Fiscalía considera que 23 de 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en los departamentos de La Guajira y del Cesar se remontan a dicha etapa. A pesar de estos cuestionamientos, el presidente Duque lo mantuvo en el cargo y el Senado lo ascendió a general de cuatro soles justo en medio de la polémica

Las críticas al Ejército se recrudecieron cuando se conoció del asesinato a manos de soldados de Dimar Torres, un excombatiente de las FARC. La revista Semana demostró que se trató de un homicidio. Este hecho revivió nuevamente el fantasma de las ejecuciones extrajudiciales. La Fiscalía calcula que las fuerzas armadas perpetraron al menos 2.248 asesinatos entre 1998 y 2014.

La cúpula militar estuvo nuevamente en la mira de la opinión pública cuando se hizo público el bombardeo contra disidencias de las FARC en noviembre, y donde murieron siete menores de entre 12 y 17 años. El senador Roy Barreras, del partido del expresidente Juan Manuel Santos, denunció entonces que el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, intentó ocultar esas muertes al país. Días después del hecho, Botero dimitió del cargo. Barreras también denunció como falso positivo el caso de Flower Trompeta, que ahora investiga la Fiscalía. “Demostré que murió fusilado por la espalda cuando intentaba refugiarse en la casa de su abuela”, sostuvo Barreras.

La salida del general Martínez se da también en medio de una crisis de popularidad de la administración que Iván Duque, que ronda el 70 por ciento de desaprobación y de los anuncios de cambios en su gabinete. En reemplazo de Nicacio Martínez llega el general Eduardo Zapateiro, quien ha sido director de la Escuela de Cadetes del Ejército, de la Escuela José María Córdova; comandante del Batallón Colombia en el Sinaí y del Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

Por CATALINA OQUENDO

Bogotá 27 DIC 2019 - 17:07 COT

Publicado enColombia
Chile decidirá el futuro de su Constitución el 26 de abril en un referéndum 

El presidente del país, Sebastián Piñera, ha convocado el plebiscito tras las protestas sociales que reclamaban una solución a la desigualdad desde el pasado octubre. La votación planteará dos opciones: deshacerse definitivamente del texto normativo vigente desde la dictadura de Pinochet y redactar uno nuevo o una nueva reforma del mismo. 

 

La incansable lucha social de los chilenos por un cambio en su Constitución finalmente ha dado sus frutos. Después de llenar las calles de protestas desde el pasado 18 de octubre, el presidente del país, Sebastián Piñera, ha escuchado sus reclamas y ha convocado un referéndum en el que los ciudadanos podrán decidir sobre el futuro de su principal texto normativo. 

El plebiscito presentará dos opciones: o bien redactar una nueva Constitución o bien reformar la actual, vigente desde el año 1980 y creada durante la dictadura de Augusto Pinochet. La votación ha sido finalmente confirmada por Piñera este viernes con la firma de un decreto en el Palacio de la Moneda, sede del Ejecutivo.

"No es una elección cualquiera, porque con esta acción democrática y republicana vamos a tener que optar entre dos alternativas, las dos igualmente legítimas y democráticas", ha explicado Piñera.

La redacción de una nueva Carta Magna es uno de los principales clamores del estallido social, que deja al menos 24 fallecidos, ya que es considerada por la ciudadanía como el principal origen de las desigualdades en el país. En la Constitución actual, que ha sido reformada decenas de veces, se le concedió al Estado un papel "subsidiario" (secundario) en la provisión y administración de los recursos básicos, lo que favoreció su privatización.

En el caso de que los chilenos elijan redactar una nueva Constitución, también tendrán que votar qué procedimiento se elige para ello: una convención mixta de parlamentarios y ciudadanos o una asamblea de personas escogidas únicamente para ese fin.

"Nos va a permitir que los chilenos podamos decidir los caminos del futuro. Los chilenos vamos a tener la primera palabra en escoger qué camino queremos seguir y qué mecanismos queremos adoptar", señaló el mandatario.

Los plazos para una nueva Constitución

Si el plebiscito es aprobado, la elección de los constituyentes se realizará en octubre, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales, y la nueva Constitución –que debe redactarse en un máximo de un año– se ratificará en otro plebiscito, este con voto obligatorio.

Este proceso constitucional se acordó en noviembre entre casi todas las fuerzas políticas del Parlamento chileno –a excepción del Partido Comunista– después de que la ciudadanía pidiera en las calles de todo el país una nueva Carta Magna desde el pasado 18 de octubre.

27/12/2019 17:36 Actualizado: 27/12/2019 17:36

PÚBLICO / EFE

Publicado enInternacional
Jueves, 26 Diciembre 2019 05:34

Adiós al oasis chileno

Adiós al oasis chileno

Cuando se escriba la historia de la inédita revuelta del año 2019 que cambió el destino de Chile, destacará, sin duda, una frase pronunciada por el presidente Sebastián Piñera el 8 de octubre en un programa de televisión en Santiago: “En medio de una América convulsionada, Chile… es un verdadero oasis.”

Aquellas palabras trasuntaban una ceguera ilimitada y una soberbia impenetrable, no solo del Primer Mandatario, sino de toda una clase dirigente que no entendía lo que pasaba en el país real que  incubaba en esos mismos momentos el estallido social que ningún miembro de la encapsulada elite había anticipado.

En efecto, mientras Piñera peroraba televisamente, miles de estudiantes chilenos se saltaban con júbilo los torniquetes del Metro de Santiago, rehusándose a pagar un alza de treinta pesos que el gobierno había decretado recientemente, tan solo dos días antes de que Piñera se ufanara de que Chile fuera tan diferente del díscolo continente latinoamericano.

En vez de entender la desesperación que se agitaba detrás de esta forma de protesta pacífica, los ministros de Piñera (entre los que había una caterva de enriquecidos vilmente durante la dictadura de Pinochet) hicieron oídos sordos y respondieron con una violencia cada vez más salvaje, lo que, en vez de amenguar los desórdenes atizaron el descontento del que se valieron elementos anarquistas y lumpen, amén de grupos aliados a narcotraficantes para desatar saqueos y vandalismo. El presidente declaró que se trataba de una guerra a muerte contra el pueblo, impuso un estado de emergencia y toque de queda, y ordenó a los militares a la calle. Desde el tiempo de Pinochet que no se veían tanquetas y soldados patrullando las ciudades.

El pueblo chileno no se dejó amedrentar. En forma mayoritariamente pacífica, millones de hombres y mujeres y niños salieron a desafiar la represión, embarcándose en un octubre liberador que recordaba la gesta de otro octubre, el de 1988, cuando el pueblo chileno derrotó a la dictadura en un plebiscito que dio comienzo al lento retorno a la democracia. Aquella epopeya de 1988 había sido liderada por los políticos de centro-izquierda que supieron crear las condiciones para que el país pudiera respirar en paz después de tantos años de tiranía.

Aquellos líderes lograron, durante las décadas que siguieron, algunos notables progresos: una disminución importante de la pobreza, una serie de juicios a los más escalofriantes violadores de los derechos humanos de la época de Pinochet, algunas mejorías en la salud y la educación, proyectos de infraestructura y transporte, modernizaciones del aparato estatal. Pero no pudieron terminar del todo con los enclaves autoritarios que habían heredado de la dictadura ni supieron cuestionar la extraordinaria desigualdad de un Chile donde un pequeño y ávido grupo se había apropiado de una inmensa y obscena tajada de la riqueza nacional. El desparpajo con que estos aristócratas y nuevos ricos ostentaban sus franquicias y la impunidad de que gozaban alimentaba la rabia de los chilenos ordinarios para quienes el alza de los treinta centavos era una carga significativa y, por cierto, una provocación en un país donde la corrupción de los privilegiados rara vez se sancionaba.

Y sobrevino, entonces, una insurrección generalizada que sobrepasó las estructuras partidarias y los políticos desprestigiados que no habían sabido dar una solución a los problemas profundos de Chile, un movimiento que ha sacudido los cimientos del desigual modelo político y económico que ha regido al país durante las últimas décadas.

Menos de tres meses después de que los jóvenes se rebelaron contra una cúpula que no los incluía ni escuchaba, Chile ha cambiado en forma trascendental. Todas las fuerzas políticas han acordado un itinerario para dotar al país de una nueva Constitución que reemplace la que impuso fraudulentamente Pinochet en 1980, si bien la derecha se ha opuesto exitosamente a la paridad de género y la presencia necesaria de sectores independientes y de pueblos originarios en la constituyente. Y se están implementando medidas que comienzan a enfrentar - aunque en forma exigua – las graves deficiencias en pensiones y salud, en parques y viviendas y educación, que aquejan a la población en forma mayoritaria.

Queda por ver si estas reformas se efectuarán o si, de nuevo, se han de frustrar las ansias de un país más bello y equitativo. Queda por ver si los policías que respondieron a las demandas ineludibles de los jóvenes con balines y torturas van a ser juzgados y castigados. Queda por ver si la derecha chilena, acostumbrada a menoscabar la democracia con impunidad, aceptará una contracción de su poder y sus granjerías o si pondrán cada vez más trabas al proceso que llevará a una nueva Constitución. Queda por ver si las exigencias de políticas sustentables para enfrentar la crisis climática, derechos de sindicalización de los trabajadores, control de las aguas urbanas y rurales (Chile es el único país en el mundo donde el agua se encuentra en manos privadas), serán postergadas otra vez más. Queda por ver si los políticos de centro-izquierda se darán cuenta de que no hay que temer la movilización del pueblo. Queda por ver si los sectores fascistas, nostálgicos de la mano dura de Pinochet, no aprovecharán el desorden y los saqueos, para revivir la quimera de una nueva tiranía. Queda por ver si los militares, contemplando un país dividido y cada vez más destrozado por el vandalismo criminal de unos pocos que aprovechan las protestas pacíficas de la mayoría, no decidirán que es hora de salir de los cuarteles. Queda por ver si a los jóvenes chilenos que no tuvieron miedo a los golpes y las balas y las violaciones y los gases lacrimógenos tendrán espacio protagónico para respirar tranquilos, que se les permita sacar todo el potencial creador que tienen adentro. Queda por ver si las eternamente pospuestas demandas de mujeres maltratadas y de pueblos originarios tendrán el reconocimiento que se merecen.

Queda por ver, queda por ver.

Pero hay algunos que no verán más, casi trescientos jóvenes que quedaron ciegos debido a los disparos de la policía, aquellos que quedaron sin ojos para que los aislados dueños de Chile pudieran abrir los ojos a la realidad de un país al que han tratado con ignorancia y menosprecio, al que han querido olvidar. Otro sacrificio en la larga lista de sacrificios que han padecido tantos, las penas y pérdidas que nunca faltan para que nazca una patria nueva.

Lo que es seguro es que, en este sumamente convulsionado 2019, Chile despertó. Se ha cuestionado a fondo el modelo neoliberal consumista vigente, reivindicando un nuevo modelo humano donde prima lo humano y no el lucro desmedido.

No somos, mal que le pese a Piñera y los suyos, un oasis en América Latina, sino parte de la historia perpetua de nuestro vasto y rebelde continente que lucha desde siglos por un mundo más justo y participativo.

Dependerá del pueblo chileno cómo se escribirá la próxima página de esa historia.

* Este comentario se basa, en parte, en el folleto, Chile: Juventud Rebelde, que acaba de sacar Fondo de Cultura Económica que también ha publicado Allegro, la última novela de Ariel Dorfman.

Publicado enInternacional
Jueves, 26 Diciembre 2019 05:30

Ardió Hong Kong en la madrugada navideña

Ardió Hong Kong en la madrugada navideña

Manifestaciones, vandalismo y represión policial

 

La Nochebuena ha estado marcada por nuevos enfrentamientos entre Policía y manifestantes en las calles de Hong Kong, que volvieron a presenciar un intercambio de cócteles molotov y latas de gas lacrimógeno. Durante las primeras horas de la noche, cientos de manifestantes se congregaron en varios centros comerciales a ambos lados del estrecho, adonde también acudieron numerosos agentes antidisturbios.

Se registraron arrestos de manifestantes e incidentes como el de un joven que saltó desde el primer piso en el centro comercial Yoho huyendo de los policías. Fue trasladado consciente al hospital y, según fuentes médicas citadas por el diario local South China Morning Post, se encuentra estable. Pasadas las 23.00 hora local, las fuerzas de seguridad anunciaban que iban a llevar a cabo una operación para dispersar y detener a los manifestantes que cortaban la calle Nathan, la principal avenida de Kowloon, con barricadas improvisadas.

Y apenas una hora después, la Policía denunciaba que algunos de los manifestantes se habían negado a abandonar la zona y que habían lanzado cócteles molotov contra la comisaría de Tsim Sha Tsui y prendido fuego a una entrada de la estación de metro de Mong Kok. El operador del metro local, MTR, había anunciado el cierre de esa parada y de la de Tsim Sha Tsui para el resto de la noche, a pesar de que es habitual que durante la Nochebuena en Hong Kong los metros operen toda la noche.

Algunos manifestantes radicales también habían reventado los cristales de una sucursal del banco HSBC y provocado un incendio a la entrada; ese banco se ha convertido en el blanco de la ira del movimiento de protesta después de que varias cuentas de una plataforma que recaudaba fondos para manifestantes detenidos y heridos fuesen congeladas por supuesto lavado de dinero. 

El Gobierno emitió un comunicado ya entrada la madrugada en el que lamenta que los actos de los manifestantes "perturbasen gravemente el orden social, afectasen el ambiente festivo e impidiesen a otras personas disfrutar de las fiestas", algo que calificó de "intolerable". Asimismo, el Ejecutivo criticó la presencia de banderas independentistas hongkonesas en las protestas, y recordó que promover la secesión de la excolonia británica -que pertenece a China pero mantiene ciertas autonomías hasta 2047- es anticonstitucional y "no propicio para el interés general y a largo plazo de la sociedad de Hong Kong".

Las protestas llegaron de manera masiva a las calles hongkonesas el pasado 9 de junio a raíz de un controvertido proyecto de ley de extradición, ya retirado por el Gobierno, pero han mutado hasta convertirse en un movimiento que busca una mejora de los mecanismos democráticos de Hong Kong y una oposición al autoritarismo de Pekín. Sin embargo, algunos manifestantes han optado por tácticas más radicales que la protesta pacífica y los enfrentamientos violentos con la Policía han sido habituales.

Publicado enInternacional
Matanza de líderes, la peor crisis humanitaria

 

“La mayor tragedia humanitaria de Colombia es la violencia contra líderes sociales, que se ha traducido en centenares de asesinatos en los últimos tres años”: Rodrigo Uprimny.

 

Según el Consejero mayor de la ONIC, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el fin del Gobierno Santos fueron asesinados 66 líderes indígenas; desde el inicio del Gobierno Duque hasta hoy han sido asesinados 134 [1].

Por su parte el Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reporta que en el 2019 han asesinado 234 líderes y defensores, 167 corresponden a indígenas, negros, campesinos y ambientalistas, dedicados a defender el territorio y la implementación de los Acuerdos entre las FARC y el Gobierno, y 176 excombatientes y 42 familiares; 20 intentos de asesinato y 13 desapariciones forzadas [2].

El informe elaborado por el Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP) “Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz” [3], muestra que entre 2012 y julio de 2019 han sido criminalizados 249 líderes, 74 por ciento de estas judicializaciones son por rechazar el impacto ambiental de las empresas extractoras de recursos naturales.

Para el CSPP la judicialización y estigmatización de defensores y líderes sociales obedece al favorecimiento que le da el Estado a las empresas nacionales y trasnacionales; este Informe registra que 117 empresas tienen 365 convenios de cooperación con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, ¿Es posible ser imparcial en estas condiciones?

Los Departamentos que más convenios tienen con las empresas son Antioquia 60, Meta 34, Casanare 30, Santander 29, Cesar 28 y Putumayo 25; Departamentos donde están el 35,7 por ciento de los Títulos Mineros que existen en el país y el 46 por ciento de las zonas donde se realiza exploración y explotación de pozos petroleros, a su vez en estas zonas se registra el 58 por ciento de judicializaciones a defensores y líderes sociales.

Otro acuerdo que no se cumplirá

Colombia es el segundo país más peligro para los defensores ambientales , según informe de Global Witness en 2018, con 83 asesinatos; más de la mitad del total reportado por la ONG que registró 164 asesinatos en todo el mundo [4].

Iván Duque firmó el 12 de diciembre el Acuerdo Escazú, en el que hacen parte 21 países de Latinoamérica y el Caribe, cuyo propósito es proteger los protocolos para la protección ambiental y especialmente de los líderes que velan por el territorio.

El Acuerdo Escazú se enfoca en que los defensores tengan acceso a la información de proyectos que involucran el medio ambiente; sin embargo, el Gobierno guarda silencio frente a proyectos como la protección del páramo Santurbán y la ejecución de proyectos pilotos de fracking.

El día de los DDHH, represión y matanza

Jimmy Alberto Pacué de 24 años, comunero indígena del resguardo de Jambaló. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), informó que fue asesinado el 8 de diciembre en Caloto, mientras se desplazaba con su esposa y su hijo recién nacido.

El 10 de diciembre en Bogotá entre la Universidad Nacional y el Centro de Memoria, 17 personas entre ellos personal de la Primera Línea, fueron golpeadas y reprimidas con disparos de gases por parte del ESMAD; igualmente agentes de la fuerza pública secuestraron en carros particulares a María Fernanda Pérez y Harold Rodríguez, el joven fue brutalmente agredido y la joven fue liberada por la presión solidaria de la ciudadanía.

Heriberto Úsuga , campesino reclamante de tierras; el 12 de diciembre fue atacado por sicarios del Clan del Golfo, quienes le disparando cuando se encontraba en una finca ubicada en el corregimiento de Macondo en Turbo, Antioquia.

Luis Carlos Hernández Santiago de 42 años, representante de la Mesa Departamental de Participación de Víctimas y excandidato al Concejo de Curumaní, Cesar; fue asesinado el 12 de diciembre cuando se dirigía a la vereda Los Ranchos.

Humberto Londoño , coordinador del Comité de Conciliación en la vereda El Socorro, en el área de Cañón de Iglesias, hacía parte de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (ASOCBAC); fue asesinado el 6 de diciembre en la vía que comunica a Tarazá con la vereda La Caucana.

Manuel Antonio González Vuelvas, ex combatiente de las FARC que hacía parte de un proyecto ganadero colectivo y residía en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), Román Ruiz; fue asesinado el 13 de diciembre en la vía de Ituango a la vereda Santa Lucía.

Notas:

[1] El derecho a defender derechos. Rodrigo Uprimny. El Espectador, 15-12-2019.

[2] https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1205833102158958592?s=20

[3] [CSPP Informe: Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz. 2019 https://bit.ly/2RT3Qha

[4] https://www.globalwitness.org/es/campaigns/environmental-activists/enemigos-del-estado/

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licenc

Publicado enColombia
Francia: no habrá tregua navideña en la pugna por la reforma de pensiones 

Se cumplen 20 días de huelga; recién el 7 de enero habrá una nueva ronda de consultas

El país se puso al hombro la huelga en los transportes contra la reforma del sistema de pensiones y se adaptó a las múltiples perturbaciones que salen al paso en estas fiestas.

 

Las convicciones sociales requieren sacrificios. Francia se puso al hombro la huelga en los transportes contra la reforma del sistema de pensiones y se adaptó a las múltiples perturbaciones que salen al paso en estas fiestas navideñas. Siete líneas del Métro parisino cerradas, trenes que no saldrán, autobuses con cuenta gotas y una infinita fila de personas que caminan por la calle con sus valijas intentando subirse a algo que los lleve junto a sus familias. 

Papá Noel llegará tarde este año al arbolito de Navidad, a menos que sea huelguista y no venga. No se percibe malhumor, tal vez alguna que otra impaciencia. El presidente francés, Emmanuel Macron, dejó una suerte de regalo de Navidad cuando anunció que renunciaba a la pensión vitalicia de 6. 220 euros que le corresponde una vez que deje la presidencia. El gesto suscitó un aluvión de bromas y no movió la determinación de los sindicatos. No habrá tregua navideña en la pugna por la reforma que tiene a Francia caminando desde el pasado 5 de diciembre. 

Bajo el atractivo retórico de una reforma que debía desembocar en una “jubilación universal por puntos” para terminar con los 42 regímenes jubilatorios en curso se escondían algunos huecos que ponían en tela de juicio los derechos del conjunto de los futuros jubilados. Quienes se beneficiaban con los regímenes especiales fueron los primeros en oponerse a las transformaciones. En muchos casos, por ejemplo, los ferroviarios tienen la posibilidad de jubilarse a los 52 años. Ello explica por qué la huelga es más persistente en ese sector. Sin embargo, la gente entendió enseguida que el deterioro de la jubilación era más global, tanto por la ambigüedad en torno al valor del punto como por la perspectiva evidente de que la edad de la jubilación pasaría de los 62 a los 64 años.

Desde entonces, no es la lucha final sino la lucha sin final. La unión sindical se fisuró un poco con el retiro de uno los sindicatos del sector ferroviario, pero el núcleo más duro compuesto por la CGT, la CFDT y FO mantiene su confrontación con el gobierno. La huelga va perdiendo respaldos con el paso de las semanas (menos 5 puntos con relación al 5 de diciembre) pero no ha creado todavía un frente de hartazgo masivo. Con la renuncia a su pensión vitalicia, Macron quería dar un “ejemplo de coherencia” e igualdad. Los dos principios ya venían empañados, y no por él jefe del Estado sino por quien, hasta hace unos días, ocupaba el puesto de Alto Comisionado para la jubilación. Jean-Paul Delevoye se vio obligado a dimitir a raíz de un conflicto de intereses entre sus funciones y sus actividades privadas no declaradas. 

El ejemplo resultó un contra ejemplo. Este martes 24 de diciembre se cumplen 20 días de huelga. La cifra es tanto más expresiva cuanto que está muy cerca de superar los 22 días de huelga del invierno de 1995, cuando una reforma de las pensiones de corte liberal levantó a la sociedad francesa y forzó a la renuncia a quien la había promovido, el ex primer ministro Alain Juppé. Ni la comunicación gubernamental, ni la reunión con los sindicatos ni las incomodidades de la ausencia de transportes lograron que se decretara una tregua. Recién el 7 de enero de 2020 habrá una nueva ronda de consultas. Los sindicatos llamaron a otra jornada de movilización el 9 de enero. Ello muestra que habrá que seguir caminando. Los sindicatos han emprendido decenas de acciones para acercarse a los usurarios enojados y “mantener viva la llama de la protesta”. Conciertos en las estaciones de trenes, manifestaciones, distribución de comida en las estaciones y algunas acciones “puñetazo” como la ocupación de estaciones del Métro que recorren París sin conductor (automatizadas como la número 1).

Toda la sociedad se reciente: el turismo ha menguado, la gente necesita horas para llegar al trabajo y volver y el comercio, desde luego, también se ve afectado. Pese a ello, nadie que camine por París podría creer que en este mismo momento hay una doble crisis: una con respecto a la reforma, y otra de confianza ante un Ejecutivo que es mirado con recelo. Reina una suerte de activismo silencioso, casi inexpresivo, pero no por ello menos real. El escritor y documentalista Sylvain Tesson, adepto al rooftopper (caminar por los techos de París) y apodado “el príncipe de los gatos”, dijo hace unos días que Francia “es un paraíso poblado de gente que se cree en el infierno”. La frase apunta contra ese ingrediente de la identidad social francesa que huele a conflicto, manifestaciones, huelgas, movimientos sociales y una sensación permanente de malestar. 

Muchísimos turistas se preguntan “por qué los franceses protestan tanto si lo tienen todo: una de las mejores protecciones sociales del planeta, índices de pobreza bajísimos, unos vino de sabores de ensueño, una cocina delicada, paisajes que parecen pinturas, una capital extraordinaria y una cultura potente y tractiva”. Tal vez por eso protesten: para que su paraíso no se vuelva un infierno.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enInternacional
Lunes, 23 Diciembre 2019 05:42

Capitalismo con características chinas

Capitalismo con características chinas

El experimento de China con el socialismo fue caótico y no logró producir la tan deseada transición al desarrollo y la prosperidad.

Cuando el país rompió con el socialismo y avanzó con cautela hacia un modelo de desarrollo del campo liderado por el mercado a finales de la década de 1970, China era una de las sociedades más igualitarias en la tierra. También era bastante pobre, con más del 30 por ciento de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza[1], la misma cifra que Filipinas entonces.

Hoy, con su coeficiente de Gini -una medida de desigualdad- en 0,50 o superior, la desigualdad en China coincide con la de Filipinas. Sin embargo, el número de ciudadanos chinos que viven en la pobreza se redujo a alrededor del 3 por ciento de la población, mientras que más del 20 por ciento de los filipinos siguen siendo pobres. La desigualdad ha aumentado, pero en términos de sacar a la gente de la pobreza, China es considerada como una historia de éxito sin reservas, probablemente la única en el mundo.

El análisis de las características y vulnerabilidades clave de la economía contemporánea de China nos permitirá tener una idea de la dinámica y la dirección de las relaciones económicas de China con Filipinas y el resto del Sur Global.

Por ejemplo, es fácil confundir -como muchos han hecho- la alardeada Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda (BRI, por sus siglas en inglés) como un gran plan para la hegemonía global de China si no se tiene en cuenta el enorme problema de sobrecapacidad industrial de China, para el que se ha ideado dicha iniciativa como solución. Asimismo, uno no puede entender el problema del exceso de capacidad sin referirse, a su vez, a una de las características centrales de la economía de China: la descentralización de la toma de decisiones económicas, que ha llevado a una gran cantidad de proyectos competitivos, un gran desperdicio y una enorme excedente capacidad industrial.

La economía de China es una economía capitalista, aunque es exclusivamente china. Podría llamarse "capitalismo con características chinas", para dar un giro más preciso a la descripción desconcertante de Deng Xiaoping de su proyecto como "socialismo con características chinas". Deng, el pragmático sucesor de Mao, condujo la integración de China en la economía capitalista global en los años ochenta y noventa.

La economía política de la China contemporánea tiene cuatro características clave:

  1. Es una economía mayormente liberalizada o dirigida por el mercado.
  2. Está en gran medida privatizada pero con intervención estatal en áreas consideradas estratégicas.
  3. Su punto fuerte es la producción orientada a las exportaciones, sostenida por una fuerte “represión financiera”.
  4. Está descentralizada, con un alto grado de autonomía para la toma de decisiones a nivel local mientras que las autoridades centrales se centran en las estrategias y políticas macroeconómicas a nivel nacional.


Liberalización

La liberalización, o la eliminación de los controles estatales sobre la producción, distribución y consumo, tuvo lugar en tres etapas durante los años ochenta y noventa.

La reforma del mercado comenzó con la descolectivización y la restauración de una economía campesina basada en el mercado a principios de la década de 1980, seguida de la reforma de las empresas estatales urbanas y de la reforma de precios a finales de la década de 1980. En la década de 1990, la reforma de las empresas estatales se aceleró con el objetivo de transformar estas empresas en corporaciones capitalistas con fines de lucro.

A lo largo de estas fases, el objetivo principal de la reforma fue, como dijo Ho-Fung Hung, un experto en la transformación económica de China, "descentralizar la autoridad de planificación y regulación económica y abrir la economía, primero al capital chino en Asia y luego al capital transnacional de todo el mundo."


Privatización con intervención estatal estratégica

Si bien las señales del mercado derivadas de la demanda del consumidor local y la demanda global se convirtieron en el determinante dominante de la asignación de recursos, la mano visible del estado no desapareció. Simplemente se volvió más exigente. Al apartarse de la planificación central, el estado chino no siguió el llamado modelo de desarrollo del noreste de Asia -promovido por Japón, Corea del Sur y Taiwán- que restringía la inversión extranjera y favorecía a las empresas nacionales en general.

Por contra, en China, los sectores no estratégicos de la economía se abrieron a la competencia entre empresas privadas, locales y extranjeras, mientras que aquellas áreas consideradas estratégicas desde el punto de vista de la seguridad y el interés nacional fueron sujetas a una importante regulación estatal, con gran parte de la producción controlada por empresas estatales a las que, sin embargo, se les permitió cierto grado de competencia entre ellas.

En otras palabras, el gobierno permitió la inversión extranjera directa a gran escala para que las empresas locales accedieran y difundieran la tecnología extranjera en una amplia gama de industrias, manteniendo el control exclusivo y enfocando los recursos estatales en aquellas industrias consideradas vitales para el desarrollo integral de la economía.

Dado el retroceso masivo del estado en grandes sectores de la economía, resulta justificado describir la economía política de China como "neoliberal con características chinas", como lo hace el economista marxista David Harvey. Pero tal vez, se describe mejor como una economía de mercado con islas estratégicas de producción controlada por el estado y con una amplia vigilancia macroeconómica ejercida por el estado central.

En cualquier caso, el modelo actual está muy lejos de la gestión centralizada de la economía del estado socialista anterior a 1978.


Producción orientada a la exportación con represión financiera

Si bien la mayor parte de la producción nacional se había dirigido hasta entonces al mercado local, el impulso estratégico de la economía china posterior a la liberalización fue la rápida industrialización a través de la producción para la exportación, hecho que creó la imagen de China como "el fabricante del mundo".

Las exportaciones chinas llegaron a su apogeo en la primera década de este siglo cuando representaban un 35 por ciento del producto interno bruto, una cifra que triplicó la de Japón. Así, China se convirtió, como dice Hung, en el "centro de una red de producción global que comienza con estudios de diseño en los Estados Unidos y Europa; sigue a través de productores de componentes especializados y materias primas en el este y sudeste de Asia; y termina en China, donde los diseños, materiales y componentes se unen en productos terminados que luego se envían a todo el mundo". En esta división del trabajo centrada en China, Filipinas se integró como productor de alimentos, una fuente de materias primas y un proveedor de componentes industriales como chips para ordenadores.

Convertir la producción orientada a la exportación en la vanguardia de la economía significó restringir el crecimiento del consumo interno, un hecho que fue representado por una política de represión financiera, es decir, el tipo de interés sobre los ahorros de los consumidores se mantuvo deliberadamente bajo para así mantener un tipo de interés también bajo para los préstamos a empresas estatales y empresas privadas dedicadas a la producción para exportación. De 2004 a 2013, el tipo de interés real en promedio fue del 0,3 por ciento, una cifra extremadamente baja.

Un tercer ingrediente clave para la fabricación orientada a la exportación fue una política de mantenimiento del valor del yuan por debajo del dólar. De 1979 a 1994, a medida que China se alejaba de su antiguo modelo de sustitución de importaciones de la era Mao y adoptaba un modelo orientado a la exportación que requería un yuan subvaluado para que las exportaciones de China fueran competitivas en los mercados globales, el yuan se depreció constantemente frente al dólar, de 1,5 a 8,7. Ya en 1994, el yuan se devaluó un 33 por ciento en relación con el dólar, seguido de una fijación de 8,3 yuanes por dólar en los siguientes nueve años, lo que impulsó en gran medida la competitividad de los productos chinos en los mercados mundiales.

En su guerra comercial con China, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó a China de ser un "manipulador de divisas", manteniendo bajo -de forma supuestamente deliberada- el valor del yuan para inundar a los Estados Unidos con sus exportaciones. Sin embargo, la mayoría de los economistas dicen que China ha permitido que las fuerzas del mercado determinen en gran medida el valor del yuan desde hace más de una década.

El cuarto ingrediente en el modelo orientado a la exportación, su "combustible indispensable", según Hung, fue la "mano de obra barata llegada desde el campo a partir de mediados de la década de 1990". Si bien hubo una "ganancia demográfica" en forma de un excedente laboral importante en la China rural que permitió al país aprovechar la mano de obra de bajo salario durante más tiempo que otras economías asiáticas, esta última también fue el resultado de políticas gubernamentales que -en contraste con la década de 1980- canalizaron recursos de las áreas rurales a las áreas urbanas, generando un éxodo continuo de la población rural desde la década de 1990.

La combinación de políticas financieras favorables para el sector exportador, una moneda infravalorada y mano de obra con bajos salarios fue una fórmula que desencadenó una avalancha de productos chinos a bajo precio en el mundo. Esta avalancha resultó ser profundamente desestabilizadora no solo para los sectores industriales de las economías del Norte global, sino también para aquellos países del Sur global, como México y Brasil, cuyos trabajadores tenían niveles salariales más altos.

En estos países, China no solo fue una fuente de importaciones, sino también una causa de desindustrialización, ya que algunas corporaciones trasladaron sus instalaciones industriales -intensivas en el uso de mano de obra- al sureste de China y otras simplemente subcontrataron la fabricación de sus productos a empresas chinas que usan mano de obra barata. No es sorprendente que el resentimiento de la clase trabajadora se haya acumulado en lugares como el llamado "cinturón de óxido" de los EE. UU,[2] donde Trump pudo cosechar gran cantidad de votos con su retórica contra China en su camino a la presidencia en 2016.


Autoritarismo descentralizado

Pese a la imagen popular del desarrollo de China como producto de la dirección centralizada, una de sus características clave ha sido su carácter descentralizado.

La descentralización ha sido pues, uno de los ingredientes clave de la fórmula del crecimiento de China, que data de la década de 1990. La descentralización fue un estímulo para la intensa competencia entre las localidades ya que Beijing, según un informe, "comenzó a evaluar a los funcionarios locales por la rapidez con que la economía creció bajo su supervisión" y, a su vez, "compitieron entre sí para atraer a las empresas, ofreciéndoles tierra barata, exenciones de impuestos y mano de obra barata".

Descrita esencialmente como la conversión de la burocracia estatal en una "gran empresa", la descentralización buscó romper con la economía planificada y obligar a las autoridades locales a "apropiarse" del proceso de reforma, dándoles la responsabilidad de aportar los recursos para la inversión y permitiéndoles cosechar las recompensas de la acumulación exitosa de capital.

Por lo tanto, las autoridades provinciales y locales han tenido un gran poder en la interpretación e implementación de las directivas estratégicas de Beijing. La autoridad económica del gobierno central se ha debilitado deliberadamente, su papel se ha transformado en el de un "jugador indirecto" centrado en la gestión del contexto macroeconómico, como los tipos de interés, los tipos de cambio y la política preferencial hacia ciertas regiones y sectores. De hecho, China ha sido descrita como el "país más descentralizado de la tierra", con una proporción de ingresos del gobierno local que es más del doble que la de los países desarrollados, y también mucho mayor que la habitual en los países en desarrollo.

Sin embargo, es importante señalar que el control de la autoridad local y su dominio de los recursos en el proceso de acumulación y desarrollo de capital se dieron principalmente en aquellos sectores no estratégicos de la economía.  Algunas empresas estatales son importantes agentes del control central en todas las provincias donde se desarrollan los sectores estratégicos o clave, como la energía, las industrias pesadas, los ferrocarriles y las telecomunicaciones, que son controlados directamente por Beijing, aunque ellos mismos disfrutan de una gran autonomía. Pese a ello, la mayoría de las 150,000 empresas estatales del país, y dos tercios de todos los activos de empresas estatales, están controladas por los gobiernos provinciales y locales, no por Beijing.

La relación entre la autoridad local y el centro ha oscilado entre la descentralización y la recentralización a lo largo de los años, con la última fase de recentralización -aunque limitada- que tiene lugar actualmente bajo el liderazgo de Xi Jinping.

En la mayoría de los otros países, el grado de descentralización probablemente habría llevado a un debilitamiento permanente del centro. Sin embargo, China tiene una ventaja sobre otros países que hace que el sistema funcione y no se disgregue. Esa ventaja es la estructura del Partido Comunista, que es paralela a la estructura del estado en todos los niveles y en todas las regiones. Si bien se permiten conflictos internos entre facciones en un grado significativo, la estructura del partido y su disciplina concomitante es lo que hace posible la paradoja del "autoritarismo descentralizado".

La liberalización y la privatización junto con la intervención estratégica en industrias clave, la industrialización liderada por las exportaciones, la administración de divisas por parte del estado y el autoritarismo descentralizado: estos fueron los ingredientes del llamado milagro chino. También fueron responsables de generar los problemas que ahora enfrenta la economía, un tema que abordaremos en la próxima entrega de esta serie.

Por Walden Bello 

politólogo filipino que trabaja como director ejecutivo de Focus on the Global South, profesor de Sociología y Administración Pública en la Universidad de Filipinas y es investigador asociado del Transnational Institute.

 

[1] Nota del T.: El autor se refiere a lo largo del artículo a la pobreza en términos absolutos, no relativos.

[2] Nota del T.: El término Cinturón de Óxido (Rust Belt en inglés) hace referencia a una región de Estados Unidos que engloba principalmente estados del nordeste del país cuya principal actividad económica está vinculada a la industria pesada y las manufacturas.

Publicado enEconomía