Consumir política. Dilemas latinoamericanos

ALAI AMLATINA, 15/02/2016.- Yo consumo. El pueblo es una operación política, una invención, un conjunto de actores y ciudadanos, pero también es un universo de consumidores e individualidades que presionan sobre la política. Que están ahí, exigiendo ampliar sus posibilidades. La subjetividad posmoderna, la individuación y su vinculación con el consumo se han transformado en un problema electoral, y también político. Es un dilema para todos los gobiernos. El mercado -no solo en su dimensión compra-venta- se ha metido en la cama de la política. En los últimos años, el consumo fue incorporado como política pública: ampliar el mercado interno, el empleo, el salario, etc. Pero poco fue pensado como condición de la subjetividad posmoderna y global. Como práctica donde se realiza lo privado y una identidad vinculada a éste. El consumo es el territorio social de la diferenciación, la jerarquización y un indicador social del ascenso. El momento de lo privado que acecha a lo público. El ciudadano-consumidor es un voto en sí mismo.

II

La mayoría de los proyectos de cambio (Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador) partieron de un pacto social y económico basado en la lógica ganar-ganar. La gobernabilidad fue viable –por un tiempo- para los intereses de todos los actores. El Estado asumió un papel protagónico reapropiándose de los sectores estratégicos, redistribuyendo la riqueza a través de políticas públicas activas. Logró incluir a las mayorías sociales en clave de consumo gracias a la mejora en el empleo y salario. Mayorías y consumidores se articularon y se expresaron al mismo tiempo. Una asociación que no siempre va de la mano, sobre todo, cuando los problemas económicos aparecen y el Estado ya no aparece como “garantizador” del consumo. Ante coyunturas críticas, la figura del consumidor demanda lo mismo (a veces más) sin preocupación por el interés colectivo. Lo general es su enemigo. Emerge un consumidor liberal que no desea discutir sobre lo estatal ni sobre políticas gubernamentales. Lo que busca es seguir consumiendo.

III

La demanda interna creció y se democratizó significativamente en estos años. El mercado interno no pudo de ninguna manera ser satisfecho por el sector público. Pero la oferta privada nacional tampoco logró ser la respuesta a este nuevo fenómeno económico inclusivo. Fue imposible producir internamente al mismo ritmo que lo hacía el consumo interno. El mercado, sus intereses y actores, se expandió más allá del Estado. Se multiplicó y tomó su propio rumbo sin posibilidad real de ser gestionado ni controlado por las políticas públicas. He aquí la nueva cuestión de época.

IV.

Existe una vida social contemporánea que por momentos no es captada en su complejidad por los gobiernos. Un poder en ciernes y en transformación, cuya velocidad muchas veces no puede captarla. La gran avenida del consumo cobijó a todos aquellos que mejoraron su situación. Les tendió la mano. Con “lo social” satisfecho, el consumo se volvió la gran madre de la movilización ascendente.

V.

Tras las bambalinas del consumo, se fragua el dilema de época para estos procesos de cambio. A medida que el Estado recuperaba -por distintas vías- las divisas, se forjaba una mayor dependencia del capital privado en el uso de las mismas para importar bienes y servicios. Cuando la divisa se hizo escasa la política se encontró con el mercado y con ese mundo privado dispuesto a todo. Mientras tanto, los consumidores fueron a elecciones y votaron.

VI.

En este cambio de época se avanzó en materia de derechos sociales gracias a todo lo realizado en la esfera pública. Sin embargo, los gobiernos progresistas no pudieron limitar ni desgastar el consumismo y su lógica aspiracional. Paradójicamente, su estrategia de integración fue a través del mismo. Por tanto, se encontraron con el segundo dilema: aceptar la fuerza globalizadora de la cultura del consumo, mientras necesitaban limitar las exigencias venidas de los actores económicos-financieros globales. Este dilema se encuentra en el centro de la escena gubernamental. Es un proceso que no es considerado por los ciudadanos en su vida cotidiana. Solo es un dilema para el Gobierno; la persona consume y se encarga de su vida. Participa en la polis con su “bolsillo” pero no como un homo consumis sino con la resignificación política-social de su nueva condición de consumidor/ciudadano. Más allá, de su inclusión a través del universo de políticas sociales, privilegia opciones políticas que busquen saciar su propia individualidad y diferenciación. Esta defensa del “derecho individual de consumo” se enfrenta con los imaginarios de las políticas que le permitieron gozar de su condición actual. En momentos de turbulencias económicas, esta subjetividad puede ser expresada por opciones de derecha, cada vez más preocupada por la rebelión de “lo privado” y representada en una discursividad de lo cotidiano que evade e impugna los grandes relatos hiperideologizados. En el territorio de la subjetividad posmoderna ha encontrado su votante.

VII.

La izquierda debe lidiar con una subjetividad que también le pertenece y necesita. Deberá “descender” al mundo del individuo y de los actores para repensar sus prácticas en contextos de intensa globalización. Tendrá que pensar en el votante y en sus capacidades -siempre mínimas- de erosionar o reconducir esta subjetividad que puede poner en riesgos proyectos democratizadores, inclusivos y bienestaristas. La opción de votar por órdenes decididamente desiguales es una posibilidad que brinda el mundo contemporáneo y la lógica cultural del consumo. La izquierda no puede darle la espalda. Le tocará afrontar esta contradicción propia del proceso de cambio. La clave está en hacerlo creativamente.

por Alfredo Serrano Mancilla, Esteban De Gori -- CELAG.

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Posible No a otra postulación de Evo Morales en Bolivia: sondeo

El presidente boliviano, Evo Morales, cerró este domingo en Arani, departamento de Cochabamba, la campaña por el Sí a la reforma de la Constitución con miras a permitir su eventual relección. Pero la más reciente encuesta arroja por primera vez una posible derrota del mandatario en las urnas con 47 por ciento por el No y 28 por ciento a favor del Sí.

En el sondeo, el último que se puede publicar antes del referendo del 21 de febrero en que se decidirá si podrá postularse a un nuevo mandato, 25 por ciento no contestó. El diario Página Siete dio a conocer el estudio de la empresa Mercados y Muestras, que se hizo a 600 personas entre el 6 y y 10 de febrero en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, las más pobladas del país.

El periódico subrayó que se trata de una "encuesta rápida" efectuada después de que se conocieran las denuncias de tráfico de influencias que afectan al mandatario.

Otros estudios demoscópicos citados por Afp, que no identificó a las empresas que hicieron las consultas, refieren que el apoyo y el rechazo empatan en 40 por ciento, aunque es la primera vez que Morales no encabeza las encuestas. Recuerda que en 2006 asumió el poder con 54 por ciento de los votos, en 2010 con un abrumador 64 por ciento y en 2015 con 61 por ciento obtuvo un tercer mandato que concluirá en 2020.

En todo caso, encuestadoras y analistas políticos atribuyen la caída de popularidad del gobernante a acusaciones de tráfico de influencias y corrupción. Tanto el vicepresidente Álvaro García Linera como la ministra de Comunicación, Marianela Paco, sostienen que hay una "conspiración" de Estados Unidos.

La campaña para esta consulta nacional finalizará el próximo miércoles 17 de febrero. En este ámbito, el presidente, que promueve el ajuste del artículo 168 de la Constitución para poder buscar su cuarta relección desde 2006, enfrenta un escándalo por presunto tráfico de influencias que es investigado por la Asamblea Legislativa y la Contraloría.

El 5 de febrero, el periodista boliviano Carlos Valverde reveló que Morales mantuvo una relación sentimental con Gabriela Zapata, gerente comercial de la empresa China CAMC Engineering, con quien tuvo un hijo que falleció poco después de nacido. El gobierno de Bolivia y la firma china firmaron acuerdos por 585 millones de dólares.

El gobernante, de 54 años, rechaza haber influido a favor de la empresa, pero admitió la relación con Zapata –abogada de 29 años– entre 2005 y 2007. Aseguró que no la ve desde hace nueve años, y la empresa aclaró que cuenta con los servicios de la profesional desde 2013.

En tanto, la acusación de "conspiración" denunciada por el gobierno se basa en una entrevista que sostuvo Valverde con el embajador estadunidense Peter Brennan. El periodista aceptó que se celebró la reunión con el embajador, pero afirmó que sólo hablaron de su nuevo libro.

Mientras, en el acto proselitista con masiva presencia de organizaciones sociales en Arani, el jefe de Estado rememoró la lucha del sector campesino por un país digno y soberano, hecho que posteriormente se materializó con la nacionalización de los recursos naturales y el mejoramiento de la economía, citó la agencia boliviana Abi.

"Hicimos historia; en poco tiempo los hijos de ustedes van a estudiar cómo desde el movimiento campesino se recuperó la patria y cómo salvamos Bolivia, para ser un país con dignidad y soberanía", apuntó Morales. Resaltó que la nación se se liberó del capitalismo y neoliberalismo que la dejaron en la pobreza.

En entrevista con una emisora de radio local, Evo Morales sostuvo: “si el pueblo dice No ¿qué podemos hacer?, no vamos a dar un golpe de Estado, tenemos que irnos callados”.

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Domingo, 14 Febrero 2016 05:48

Sobre el 23 de marzo

Sobre el 23 de marzo

Argumentar en favor de una firma precipitada de un Acuerdo definitivo de paz el proximo 23 de marzo, un creciente escepticismo de la denominada opinion publica es un sofisma de distracción aupado desde la casa de Nariño. Era peor el descreimiento al inicio de los dialogos en La Habana. Hoy, con un buen trecho recorrido, la paz ha ganado mucho espacio nacional e internacional. Pero aun se requiere avanzar con paso firme en los delicados temas que estan pendientes. Montar un Plebiscito amañado que se financiara con la mermelada de la venta de Isagen (7 billones para comprar votos por caciques corruptos) es un acto descabellado que requiere ser contenido prontamente por la Corte Constitucional.

Una antigua apreciación hegeliana nos sugiere que las cosas se dan cuando las condiciones están dadas para que así ocurra. Son los tiempos ontológicos.

Es casi lo que se puede sugerir de la tan mentada fecha para la firma de un acuerdo final de cierre de las conversaciones de Paz que se adelantan entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y la delegación plenipotenciaria de las Farc en La Mesa de La Habana.

Me refiero al 23 de marzo próximo, día que fue seleccionado por las dos delegaciones desde hace unos meses, a instancias de la Casa de Nariño, para terminar los encuentros y diálogos entre ambas representaciones.

Al parecer tal hecho no sucederá, según se desprende de distintas declaraciones de los voceros que intervienen en el proceso político de paz.

Las circunstancias para una firma final todavía no están dadas por diversas razones de peso que resulta un error desconocer.

Aún están pendientes de negociación elementos gruesos como el cese bilateral del fuego permanente; la ruta de movilización política de las Farc, de acuerdo con sus intereses económicos, políticos y estratégicos; la eliminación de la peste paramilitar y la correspondiente depuración de las fuerzas armadas y policiales, que siguen actuando dentro de la mentalidad contrainsurgente anticomunista, como se puede registrar con la violenta acción del Esmad contra las legítimas protestas populares en Bogotá y en otras regiones, las que son estigmatizadas por las burocracias distritales y municipales como terroristas; el delicado asunto de la dejación de las armas en manos de las guerrillas revolucionarias, que debe ocurrir en el marco de la reciprocidad que implica la implementación y concreción de los consensos pactados; y la revisión de la situación judicial y penitenciaria de las personas vinculadas con la insurgencia guerrillera.

De otro lado está el complicado tema de la refrendación y protección constitucional y jurídica de los acuerdos.

En este campo hay una tremenda confusión como se infiere de las reflexiones hechas por varios analistas en el reciente Foro de paz organizado en el Hotel Tequendama por la ONU y la Universidad Nacional (8, 9 y 10 de febrero 2016). El enredo surge como consecuencia de la acción unilateral del gobierno en esta materia, quien tomó la drástica y solitaria decisión de tramitar un Acto Legislativo para crear una Comisión Legislativa Especial, modificar el procedimiento legislativo (ley 5) y otorgar facultades en materia de Paz al Presidente. También por la determinación de modificar la Ley de mecanismos e instituciones de participación para acondicionar la figura del Plebiscito, en su umbral y alcance vinculante, a los cálculos politiqueros de la coalición gobernante, la de la Unidad nacional Santista, que se propone canalizar los 7 billones de la venta de Isagen, convertida en mermelada liquida, en otro festival electorero de compra venta de votos en jornada clientelar que anuncian para los primeros días del mes de junio del año en curso.

El Plebiscito santista es otro escenario de la degradada democracia clientelar colombiana que será instrumentalizado para rebobinar la corrupta casta oficialista de caciques y barones bipartidistas, después del saqueo con las regalías petroleras y mineras y del desvergonzado asalto a Reficar. Sera otro festín de engaños, demagogia y reacomodos políticos para preparar las elecciones del 2018 en cabeza del “pinchado” cerebral German Vargas Lleras.

El Plebiscito santista es un fracaso, es una trampa contra la paz y con toda razón ha sido rechazado por la delegación de las Farc y por importantes sectores del constitucionalismo democrático. Es muy seguro que esta maniobra se refunda en los controles adelantados por la Corte Constitucional, pues es evidente que se concibió e hizo en contravía de principios básicos del derecho y la democracia participativa.

La delegación plenipotenciaria de la resistencia campesina revolucionaria, sin pretensiones dogmáticas, ha formulado la iniciativa de una Asamblea Constituyente soberana, conformada en el marco de amplias acciones afirmativas, que no corporativas de sabor hitleriano, como mecanismo adecuado para blindar los acuerdos de paz y darles el mayor nivel
de institucionalidad. Santos ha rechazado tal hipótesis con argumentos poco consistentes.

En sentido contrario ha procedido el denominado Centro Democrático que lidera el señor Uribe Vélez, quien, ni corto ni perezoso, y sin el menor pudor, ha canalizado este escenario para ingresar al debate de la paz, dejando ocasionalmente a un lado su irritante retorica bélica. Ahora, el uribismo, en sus versiones blandas, habla de acuerdo nacional (Holmes Trujillo, ver http://bit.ly/1o6xRIn ) y de ciertos condicionamientos a la concentración y dejación de las armas. Juegos verbales y ademanes políticos que incluyen claves para recuperar los espacios perdidos con nuevas figuras como la del prestante Senador Ivan Duque. Desde luego, si esa es la tónica del uribismo 3.0, sería necio desconocerlo y no evaluar sus elaboraciones recientes. Es lo que aclara los encuentros y diálogos de Leyva y Enrique Santiago con generales encarcelados (Rito et.al ) y con el propio jefe de la ultraderecha reacomodada para contrarrestar su marchitamiento electoral y mediático.

Recuerdo, por lo demás, los temas que aún están pendientes en los acuerdos agrarios, político, de víctimas y erradicación de cultivos ilícitos. Son casi 40 puntos que deben ser debatidos y acordados.

Por último, y no menos trascendental, está el tema de la implementación y verificación de los acuerdos. Asunto nada liviano que demanda mucha precisión y acciones concretas como los mencionados ajustes institucionales para la paz que implican una profunda reforma del Estado desde el nivel nacional hasta el municipal, local y veredal, para disponer de eficientes, herramientas de trabajo en la construcción de la paz. Acaso no fue para eso que ya se adelantaron a la creación del tal Ministerio del Posconflicto, en donde enchanfainaron a Rafael Pardo, que deja un desagradable sabor clientelista y de componenda politiquera? ¿Qué impide que medidas de reforma del Estado para la paz democrática se hagan ya? ¿Falta de voluntad política?

La implementación de los acuerdos está estrechamente asociada con la dejación de las armas. No puede pretender Santos y su casta militar, política, empresarial y yanqui, que la resistencia campesina deje su principal mecanismo de lucha y de garantía política (como lo propone de manera confusa el columnista E. Pizarro en la revista Semana, ver http://bit.ly/23ICOqS ) a cambio de nada, a cambio de dilaciones, pactos incumplidos y traiciones palpables, muy conocidas en la historia nacional desde el histórico levantamiento de los Comuneros al finalizar el siglo XVIII (1793), cuyos líderes fueron engañados por un arzobispo y decapitados por la guardia virreinal.

Pretender una firma del acuerdo final el 23 de marzo 2016 es un desatino gobiernista y de la trama del establecimiento profundo; el proceso de paz colombiano, como lo evidencia las experiencias de Sudafrica, Irlanda, El Salvador, requiere más trabajo, transparencia y compromiso social, que es el que le falta a Santos y su gabinete, embarcados en una andanada
neoliberal contra el pueblo mediante privatizaciones, recortes, salarios congelados, vulneración de los derechos humanos, abandonos como el de los niños muertos por desnutrición en la Guajira e incrementos de impuestos e Ivas que pauperizan aún más a millones de colombianos desconfiados con una paz (tal vez una entelequia), canalizada para relegitimar el modelo neoliberal de segunda generación.

Llegar a un Acuerdo definitivo de paz bien puede ser que se extienda hasta los primeros meses del año 2018, cuando se den condiciones propicias para la convocatoria y reunión de la Constituyente propuesta como una hipótesis política de largo aliento.

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La derecha encontró a un culpable, Lula...Y ahora busca el delito

La verdad es que hay, tanto en el PT como en el grupo más cercano a Lula da Silva, una clara incomodidad frente al silencio de la presidenta Dilma Rousseff y de su gobierno con relación a la verdadera masacre sufrida por el ex presidente. Una muy bien organizada acción articulada por amplios y poderosos sectores de la Policía Federal, del Ministerio Público y, claro, de los grandes medios hegemónicos de comunicación encontraron en un juez de provincia llamado Sergio Moro el eje para una campaña como no se ve en Brasil desde hace al menos 65 años, cuyo objetivo es la rápida y fulminante deconstrucción de la imagen del más importante líder popular surgido desde Getulio Vargas, el mítico presidente que, acosado por una campaña similar, optó por matarse en agosto de 1954.

Son ingredientes claros de toda claridad. De un lado, los partidos de oposición, encabezados por el PSDB (Partido de la Socialdemocracia Brasileña), noqueado por el PT de Lula en cuatro ocasiones sucesivas en sus intentos de volver a la presidencia.

Dando muestras de que su irresponsabilidad desconoce límites, el PSDB no solo intenta el golpe institucional por dos vías –la del juicio político en el Congreso, y la impugnación de las elecciones de 2014, que condujeron Dilma Rousseff a la presidencia, en el Tribunal Superior Electoral– también se dedica día a día a derrotar medidas propuestas por el gobierno que fueron precisamente creadas y defendidas durante los dos mandatos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), principal expresión del partido. Así, cualquier cosa que pueda ser perjudicial al gobierno, no importan las consecuencias sobre el país, merece el pronto respaldo del PSDB.

De otro lado, el verdadero combustible de la fogata destinada a intentar carbonizar a Lula da Silva viene de un esquema tan visible como absurdo, sin que nadie intente deshacerlo.

La cosa funciona así: algún funcionario de la Policía Federal advierte a los medios hegemónicos de comunicación que se detectó una sospecha sobre Lula da Silva (las pruebas o indicios son, por supuesto, innecesarias). La información es inmediatamente publicada por la prensa y diseminada por la televisión, especialmente la Globo, que creció y se fortaleció durante la dictadura militar (1964-1985) y no oculta sus nostalgias de los buenos tiempos.

Con base en esa noticia, algún fiscal de escalón intermedio pide a la Federal una investigación. El juez Sergio Moro la autoriza, y listo.

Muchos de los comisarios de la Policía Federal que investigan el esquema de corrupción implantado en la Petrobras y otras estatales hicieron campaña, por las redes sociales, para el derrotado Aécio Neves, del PSDB, frente a Dilma, en 2014.

Muchos de los fiscales que orbitan alrededor del juez Moro integran sectas evangélicas que se oponen a todo lo que se refiera al gobierno, y alegremente participan de cultos condenando a Lula, Dilma, al PT y todo lo que tenga olor a izquierda al fuego eterno.

Moro, ídolo máximo de la derecha, actúa como Justiciero Supremo. No parece preocupado por los escandalosos abusos dictados por su pluma afilada y su voz finita. Le importa mantener empresarios y políticos detenidos inexplicablemente hasta que acepten el recurso de la “delación premiada” y confiesen cualquier cosa con tal de volver a casa.

Hay, efectivamente, una inexplicable inacción de parte del ministro de Justicia de Dilma, a quien la Policía Federal está administrativamente subordinada. No se trata, claro está, de impedir que se investigue a fondo y sin límites todo y cualquier acto de corrupción. Pero ¿por qué no impedir el filtraje selectivo a la prensa de acusaciones sin ninguna prueba? ¿Por qué permitir que no se investiguen denuncias contra partidos de oposición, que se multiplican por doquier? Ninguna medida es adoptada para que los minuciosos reglamentos de conducta sean respetados y cumplidos.

De todas formas, algo ya se logró: Lula es culpado. ¿De qué? De ser dueño de un departamento de clase media en un balneario decadente que él mismo admitió haber tenido como opción de compra, de la cual desistió. De ser dueño de una finca que está a nombre del hijo de uno de sus mejores y más antiguos amigos.

Ambos inmuebles fueron refaccionados por constructoras involucradas en escándalos de corrupción. Y que, por su vez, son las mismísimas que financiaron la compra del inmueble y el lujosísimo mobiliario del instituto de otro ex presidente, Fernando Henrique Cardoso, del tan moralista PSDB.

Cardoso es un intelectual de alto coturno, un ejemplo nítido de las élites académicas no solo de su país, pero del continente. Una donación a su instituto es un acto de generosidad del empresariado.

Lula da Silva es un obrero de escasísima cultura académica, pero de indescriptible sensibilidad social e intuición política. Una donación a su instituto es, claramente, un acto de corrupción.

La gran prensa y la derecha resentida ya tienen el culpable: Lula da Silva. Ahora tratan de descubrir cuál crimen fue cometido.

Lo más importante, lo esencial, es impedir que él vuelva a ser electo en 2018.

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España. Más cerca del cambio, ¿pero cuál?

Casi dos meses después de las elecciones, el candidato del Psoe, Pedro Sánchez, intenta alcanzar acuerdos “transversales” para formar un gobierno “progresista y reformista” en el Estado español. Para conseguirlo, promete derogar las reformas salvajes de los conservadores y cambiar algunos capítulos de la Constitución. Nervios en el Partido Popular.


“No sé si felicitarte o darte el pésame”, dice un viejo refrán. En este invierno europeo, el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, podría ser perfectamente su destinatario: desde hace diez días intenta conseguir los apoyos necesarios para ser designado como presidente de España. Así se lo encargó el rey Felipe VI, quien tomó esta decisión tras mantener una nueva ronda de reuniones con los portavoces de todos los partidos con representación parlamentaria. Sánchez recogió el guante y puso manos a la obra. Sin embargo, España es tan ingobernable hoy como podría serlo mañana, ya sea con un presidente socialista o con unas nuevas elecciones. El panorama, reconocen desde filas socialistas, sigue siendo muy poco esclarecedor.

Siguiendo los pasos estipulados por la Constitución de 1978 –texto aprobado tras el final de la dictadura franquista–, el monarca entendió que el líder socialista tiene posibilidades de conformar gobierno, por lo que decidió encomendarle esa tarea. En realidad el Psoe quedó segundo en las elecciones del pasado 20 de diciembre, por detrás del PP. Sin embargo, el actual presidente en funciones y candidato a la reelección por la formación conservadora, Mariano Rajoy, no ha sido capaz de encontrar respaldo suficiente para mostrarse como una opción creíble ante Felipe VI. Después de tachar su nombre, el rey se inclinó por Sánchez.

“Yo voy en serio”, lanzó el candidato socialista tras conocerse el encargo de la corona. Para demostrarlo, el Psoe se encargó de filtrar a la prensa los nombres del equipo negociador que había designado el candidato de cara a las reuniones con sus posibles socios de gobierno. En ese ámbito entra Podemos, la formación de izquierdas liderada por el profesor universitario Pablo Iglesias, que en las elecciones de diciembre pasado quedó en tercer lugar. De hecho, fue el propio Iglesias quien algunos días antes había invitado a Sánchez a formar un gobierno de coalición, en el que también estaría dispuesto a entrar Izquierda Unida.

Sin embargo, el candidato socialista ya había adelantado que hablaría “con la izquierda y con la derecha”, en un guiño a otro partido emergente: Ciudadanos, capitaneado por Albert Rivera. En las elecciones europeas de 2009 Rivera y los suyos acudieron a las urnas bajo la marca de la coalición Libertas, que representaba a lo más ultra de lo ultra. Hoy mantiene un discurso liberal en lo económico y ultranacionalista en lo territorial, lo que le ha permitido atraer a votantes desencantados con el PP y sus innumerables escándalos de corrupción. Si bien las encuestas auguraban un ascenso brutal de esta nueva marca de la derecha, en realidad quedaron cuartos, bastante lejos de las previsiones iniciales. Ese fracaso fue también el del PP, que se quedó sin un socio potente para mantener a Rajoy en el poder.

 

“UN TIEMPO NUEVO”

 

Fue en este contexto que el equipo negociador del Psoe comenzó a explorar los posibles acuerdos para formar un gobierno “de cambio, progresista y reformista”. “Todos los españoles deben tener cabida en el cambio. El cambio será de todos los ciudadanos o no será”, afirmó el candidato socialista en el comienzo de las negociaciones. Según trascendió en las últimas horas, las conversaciones se prolongarán durante lo que queda de febrero, mientras que el pleno de investidura –en el que los diputados electos en diciembre deberán pronunciarse sobre la candidatura de Sánchez a la presidencia– podría tener lugar el 2 de marzo.

Antes de que llegue ese día el Psoe intentará tejer las mayorías necesarias para gobernar. Para ello la dirección socialista elaboró un documento de 53 páginas en el que fija las bases de lo que denomina como “un tiempo nuevo” para España. “El resultado de las elecciones del pasado 20 de diciembre plantea un escenario político nuevo, muy diferente al que hemos conocido durante los 37 años de democracia constitucional –sostienen en ese documento–. Se han multiplicado, a izquierda y derecha, los actores políticos. Se ha incrementado el pluralismo de las Cámaras y se ha puesto fin a un largo período de mayorías claras de un solo partido. Y la capacidad de formar un gobierno estable ya no está predeterminada, sino que tendrá que responder a acuerdos entre fuerzas políticas diferentes.”

Frente a esa realidad, el partido liderado por Sánchez cree que “existen condiciones suficientes de confluencia” para impedir un nuevo mandato del PP. Para ello la oferta del Psoe gira en torno a varios puntos esenciales en la España actual, severamente golpeada por años de crisis. De hecho, el documento presentado por los negociadores socialistas plantea “consolidar una recuperación económica justa y ambientalmente sostenible”, lo que abarcaría un programa de estabilidad presupuestaria y una “reforma fiscal progresiva”. En el ámbito laboral, plantea la derogación de la reforma desreguladora impulsada por el PP, que abarató el despido, quitó derechos a los trabajadores y facilitó los desmanes de los empresarios.1

No en vano la gestión de Rajoy deja como saldo unos niveles de pobreza alarmantes, especialmente entre la población infantil. De acuerdo a los datos ofrecidos por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, en España tres de cada diez niños se encuentran en riesgo de exclusión social. De hecho, el PP concluyó su mandato con un 22,2 por ciento de la población afectada por la pobreza, lo que equivale a casi 10,4 millones de personas. “Tener un trabajo o una pensión no garantiza no sufrir ese riesgo. Hay personas adultas con trabajos o pensiones en el 11,8 por ciento de los hogares en la pobreza, y un 2,1 por ciento que sufren tanto pobreza como privación material severa, y que disponen de alguno de esos ingresos”, destacaba la Red Europea en un informe presentado a finales de 2015. La propuesta de gobierno del Psoe incluye un “plan de emergencia social” que buscará “reducir las desigualdades sociales, combatiendo la pobreza y fortaleciendo los sistemas de protección social del Estado de bienestar”. Además, Sánchez se ha comprometido a “reforzar los derechos y libertades” de la población, que también ha visto mermadas sus garantías democráticas por polémicas normativas impulsadas en solitario por el gobierno de Rajoy, como la restrictiva “ley mordaza” y la reforma del Código Penal.

 

NO A UN PROCESO CONSTITUYENTE

 

Otro capítulo clave del documento socialista es el relativo a una revisión de varios apartados de la Constitución. Según se explica en el mencionado documento, se intentará “asegurar eficazmente los derechos sociales y completar el funcionamiento federal” del Estado. En cualquier caso, dejan bien claro que no se tratará de abrir un “proceso constituyente” –como ha reivindicado Podemos en innumerables ocasiones–, sino de “mantener los principios e instituciones esenciales”, así como “fortalecer los derechos reconocidos a los ciudadanos y adecuar su texto a las transformaciones experimentadas por nuestra sociedad”.

Para ello el Psoe plantea la creación de una subcomisión en el Congreso que tendría como único objetivo estudiar la posible reforma de la Constitución. Su puesta en marcha se produciría en el plazo de 30 días y tendría un tiempo estipulado de trabajo de seis meses, en los que sus componentes analizarían los posibles cambios constitucionales. Sin embargo, sus debates no valdrían para mucho: el PP conserva la mayoría absoluta en el Senado, por lo que todas y cada una de las reformas que quieran realizarse deberán contar con el visto bueno de los conservadores. En caso contrario, todos y cada uno de los intentos caerán en saco roto.

Conscientes de esta situación, los posibles socios de gobierno del Psoe han recibido con cautela su oferta de alianza. El portavoz de Podemos en el Congreso, Iñigo Errejón, sostuvo que todas las promesas podrían quedar en el aire si no hay una coalición efectiva entre su partido y el de Sánchez. Por tales motivos, Errejón reiteró que la única garantía de conseguir un verdadero “gobierno de cambio” es que Podemos forme parte de él. El “cómo” ya lo aclaró hace varios días Pablo Iglesias: la vicepresidencia y varios ministerios de peso –entre los que podrían estar Interior, Defensa o Economía– serían ocupados por miembros de esta nueva formación.

 

DUDAS SOCIALISTAS

Al menos públicamente, el Psoe se resiste a hablar de quiénes ocuparían los distintos cargos en un gobierno progresista. De hecho, su candidato ni siquiera ha descartado la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Ciudadanos, aunque sabe que sería imposible sumar a Podemos, cuyos principales portavoces han reiterado varias veces que Sánchez debe decidir a quiénes prefiere como hipotéticos socios de gobierno. “Un acuerdo del Psoe con Ciudadanos es un acuerdo del Psoe con el PP”, dijo Iglesias en una entrevista ofrecida el pasado lunes a la Cadena Ser, donde también aclaró que su partido votaría en contra de ese pacto.

A estas horas (mañana española de ayer jueves), Sánchez tiene dos alternativas: a Ciudadanos –para lo que necesitaría la abstención del PP en la sesión de investidura–, o Podemos e Izquierda Unida. En este último caso, también necesitaría los votos a favor de las formaciones nacionalistas vascas o catalanas, algo que no acaba de concretarse. Al parecer los seis diputados del Partido Nacionalista Vasco (Pnv) podrían sumarse a ese acuerdo con el Psoe y Podemos, aunque fuentes de dicha formación han indicado que no se pronunciarán hasta comprobar si Sánchez e Iglesias son capaces de ponerse de acuerdo.

Si se llegase a ese escenario, los nacionalistas pondrían sus exigencias sobre la mesa. En principio, no habría nada que el Psoe y Podemos no pudiesen digerir: según comentan desde la sede del Pnv, sus planteamientos irán encaminados a “profundizar” el autogobierno vasco y agilizar el proceso de paz en Euskadi, principalmente en materia penitenciaria –lo que implicaría el traslado de los presos de Eta y de otras organizaciones de la izquierda independentista a cárceles vascas, poniendo fin a la política de dispersión territorial que se aplica contra ese colectivo.

miedo, miedito, miedo. Mientras, en el PP aumenta el nerviosismo. Agobiados por un posible fin de ciclo, “los populares” se dedican a lanzar alarmas sobre un posible gobierno de cambio en España. La penúltima historia estuvo a cargo del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, conocido por sus habituales salidas de tono. En esta ocasión aprovechó una entrevista en la Cadena Cope –propiedad de la Conferencia Episcopal Española y muy próxima al PP– para alertar que una coalición del Psoe y Podemos con apoyo del Pnv resultaría “letal para España”. Fernández Díaz aseguró que existe una “agenda oculta” en las negociaciones que esos tres partidos mantienen actualmente. “Eta está esperando como agua de mayo un gobierno del Psoe con Podemos”, dijo, volviendo a echar mano del cuco etarra. Tras conocer estas declaraciones, el Partido Socialista anunció que pedirá la comparecencia urgente de Fernández Díaz en el Congreso para que explique sus palabras. “El PP cada vez que se ve desesperado vuelve a utilizar el terrorismo con fines políticos”, denunció Carme Chacón, actual diputada y ex ministra de Defensa en el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. También hubo quejas desde Podemos y el Pnv. Ya sea en una formación u otra, todos llegaron a la misma conclusión: Rajoy está muy nervioso. En los próximos días se sabrá si tenía motivos para estarlo.

N de R. Además de la llamada “ley mordaza”, que reprime con cárcel y con multas siderales protestas sociales banales, el gobierno de Rajoy ha recurrido insistentemente a un artículo del Código Penal aprobado durante el franquismo –y que había caído en desuso– para intentar llevar a la cárcel a sindicalistas por participar en piquetes o ejercer el derecho de huelga. Más de 300 han sido procesados por esos “delitos”. Esta semana comenzó el juicio a ocho dirigentes sindicales de la empresa Airbus para los cuales la fiscalía, basándose en testimonios incluso contradictorios de vigilantes de la fábrica, pide ocho años de prisión para cada uno.

 


 

Disparen sobre los titiriteros


Dos titiriteros españoles son acusados de “apología del terrorismo” por un espectáculo satírico en los carnavales de Madrid. El juez que los encerró fue policía durante el franquismo.

Alfonso Lázaro y Raúl García, dos titiriteros de convicciones anarquistas, jamás habían imaginado que podrían llegar a salir en la portada del Financial Times. No lo creían ni esperaban, pero ocurrió. El pasado martes 9 el afamado periódico británico llevaba a su tapa la curiosísima situación desatada en España, donde ambos artistas habían sido encarcelados por el contenido de su espectáculo de títeres. ¿El motivo? Las marionetas, según dictaminó un juez de la Audiencia Nacional –sucesora del Tribunal de Orden Público del franquismo–, hicieron apología del terrorismo.

“Escándalo político” e “intenso debate sobre la libertad artística”, fueron algunos de los conceptos vertidos por el Financial Times para referirse a este caso, que se convirtió en noticia el viernes 5 durante los carnavales de Madrid. La compañía Títeres desde Abajo había sido contratada por el Ayuntamiento de la capital española –en manos de Ahora Madrid, una coalición de izquierdas– para animar la tarde en el barrio de Tetuán. La obra llevaba como título La bruja y don Cristóbal, y los propios titiriteros habían advertido antes del inicio de la función que no era un espectáculo infantil, a pesar de que se lo promocionaba oficialmente como tal.

Según la sinopsis presentada por sus creadores, se trataba de una historia sobre la represión, la criminalización y las ansias de libertad. “En este espectáculo revivimos a don Cristóbal Polichinela, ese oscuro personaje de la tradición popular ibérica. En esta ocasión, Polichinela se presenta bajo diferentes formas para imponer su voluntad a base de cachiporra. Sin embargo, también habita en estas tierras una bruja que tiene la firme decisión de amar su libertad por encima de todo y no dejarse pisotear por ningún don Cristóbal, por mucho poder que éste se arrogue”, escribieron sus autores cuando aún eran unos completos desconocidos. Es decir, hace algo más de una semana.

El caos se desató cuando una de las marionetas enseñó un cartel que ponía “Gora Alka-Eta” (“Viva Alka-Eta”), en alusión a Al Qaeda y Eta. Según el guión de la obra, dicha pancarta había sido colocada por la policía para incriminar a la bruja y, de esa manera, meterla en la cárcel. Paradójicamente, los que acabaron en prisión fueron los dos titiriteros, acusados de “enaltecimiento del terrorismo”. El juez que los encarceló, Ismael Moreno, es un ex policía del franquismo que ahora actúa como magistrado de la Audiencia Nacional.

Este escándalo golpeó con especial dureza al Ayuntamiento de Madrid, responsable de la contratación de los artistas. La alcaldesa, Manuela Carmena –quien anteriormente se había desempeñado como jueza–, se negó a retirar la denuncia contra los titiriteros, aunque reconoció que su puesta en prisión era algo completamente desmesurado. Su decisión no sentó nada bien entre algunos de sus concejales, que reclamaron la inmediata suspensión de la demanda judicial por parte del consistorio madrileño.

A última hora de la tarde del miércoles 10, Lázaro y García fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares. Según la resolución judicial, están obligados a presentarse todos los días en el juzgado y no pueden abandonar el país. Aún continúan imputados, por lo que podrían volver a prisión (para uno de ellos se pide dos años de cárcel). No en vano este caso despertó innumerables protestas desde el mundo de la política y la cultura. La libertad de expresión, advierten los críticos, está siendo pisoteada.

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La paz, los desnutridos niños Wayúu de la Guajira, Reficar y las protestas contra Peñalosa por Transmilenio

Tres grandes acontecimientos golpean con furia a la sociedad colombiana por estos dias.Ocurren con el trasfondo de las conversaciones de paz impulsadas por el gobierno neoliberal y derechista del señor Juan Manuel Santos, quien administra parapetado en una coalición clientelista de politiqueros hundidos en la corrupción y el robo continuado de las rentas del Estado, en perjuicio de millones de colombianos que se debaten en la peor pobreza y miseria.

Muchas encuestas indican que la mayoría popular no cree en la estrategia de paz neoliberal santista orientada a rebobinar el régimen oligárquico que sirve a los intereses de una minoría plutocrática, nacional y global.

Si bien es cierto que los diálogos de paz adelantados en La Habana registran importantes avances en materia agraria, de democracia política y derechos de las víctimas de la guerra, tales resultados no se traducen en mejorías ciertas de las condiciones de vida de los más débiles de la sociedad: desempleados, mujeres, niños, campesinos, ancianos, discapacitados, jóvenes, victimas y trabajadores.

Llevamos casi cuatro años de paz, que la delegación de la resistencia campesina revolucionaria demanda sea con justicia, equidad y respeto por los derechos humanos fundamentales, pero los productos no son los mejores en todos los campos.

Resalto tres situaciones concretas por aquello de que por los hechos los conocereis.

La primera, los niños Wayuu de la Guajira siguen muriendo por montones, en hospitales públicos y en los andenes de sus pueblos, por causa de la desnutrición que se desprende de la pobreza y miseria de sus familias. Con un agravante que atropella la dignidad humana y es la corrupción de la burocracia santista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar/ICBF, que hace un robo continuado, desde el 2010, cuando se inició la primea administración de JMS, de los dineros aportados para paliar la hambruna Guajira.

Esas platas las asaltan los politiqueros de Cambio Radical y de la U, santistas todos, únicos dueños de las instituciones públicas locales, regionales y locales.

La segunda es el desfalco a Reficar, fechoría compartida por el santouruibismo. Pero el saqueo billonario no es solo en la construcción de dicha refinería en Cartagena. En medio de la paz, de los diálogos, de los acuerdos, los políticos santistas se dieron mañas para perpetrar el más grande asalto a la reciente y descomunal bonanza minero energética vivida por la economía colombiana por el auge de la demanda internacional de las materias primas.

Y la tercera es la arremetida violenta del alcalde de Bogotá, señor Peñalosa, contra las justas protestas frente al caos de Transmilenio que tiene sus antecedentes en la delincuencial gestión de Petro, el seudo progresista ex alcalde, protagonista del conocido carrusel de las contrataciones corruptas en las Alcaldías locales capitalinas.

No obstante que en los acuerdos de La Habana sobre participación política y víctimas se estableció dar garantías a la protesta social y garantizar los derechos de los movimientos sociales, Peñalosa y la Policía con el Esmad, dieron rienda suelta a todo el poderío represivo para aplastar la rebelión popular contra el gobierno neoliberal y cementero de la Capital.

No puede haber paz con niños Wayuu muriendo por hambre en la Guajira, con la corruptela de Reficar y Ecopetrol y con los desmanes policiales de Peñalosa para aplastar el justo rechazo del mal servicio de Transmilenio y las maniobras que quieren impedir la construcción del Metro para resolver en parte el problema de la movilidad de casi 10 millones de ciudadanos.

Si el neto de la entelequia santista de paz es esto, apague y vámonos. No
llevó el p......

Aun así, va creciendo la movilización social y la protesta popular contra la andanada neoliberal de la casta dominante. Que sigan los preparativos del gran paro cívico nacional, con pasos muy importantes en la región Nororiental colombiano.

Van 6 semanas del 2016 y se multiplican las acciones masivas populares por los derechos y la mejora de las condiciones de vida.

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¿Por qué no cae ningún capo gringo del narcotráfico?

Lo llamaron “Plan Colombia” y se inscribía en la estela de la “guerra contra las drogas” declarada por el mentiroso presidente Nixon hace 40 años. Lo suscribieron su sucesor Bill Clinton y uno de los peores presidentes que haya sufrido Colombia, Andrés Pastrana.


La pasada semana se celebró en Washington el 15 aniversario del “Plan”. Con reunión masiva en el ala este de la Casa Blanca y una superfiesta en la embajada colombiana, que inauguraba local. Allí se anunció una secuela que se llamará “Paz Colombia”, si el Senado le aprueba a Obama unos cientos de miles de dólares que añadir a los teóricos 10.000 millones ya gastados.


En principio, el objetivo central del Plan era combatir el narcotráfico, acabar con la producción y consumo de drogas, especialmente de la cocaína. Pero pronto, en la estela de una guerra fría que seguía vigente en América Latina, se orientó fundamentalmente a la lucha contra la subversión, representada especialmente por las FARC, que entonces contaban con 25.000 miembros y podían poner en jaque al Estado en numerosas zonas del territorio colombiano.


Helicópteros, pertrechos, asesores, para acabar con la “guerrilla comunista”, fueron el centro del convenio. Más adelante, a través de operaciones encubiertas con la CIA y la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) tristemente célebre por las revelaciones del perseguido Edward Snowden sobre sus actividades de interceptación y espionaje ilegal en todo el mundo, se vendió al Gobierno de Uribe tecnología sofisticada, especialmente las denominadas “bombas inteligentes” que contribuyeron a abatir jefes guerrilleros como el mando militar Jojoy, Alfonso Cano o Raúl Reyes, este último en territorio ecuatoriano mediante el apoyo logístico de la base militar estadounidense de Manta, hoy clausurada por el presidente Correa.


A pesar de los duros golpes infligidos a la guerrilla, “daños colaterales” incluidos, el Plan Colombia no consiguió terminar con las FARC, que han seguido ocupando territorio con más de 10.000 efectivos y manteniendo en jaque a las fuerzas militares. Por eso el actual presidente, Juan Manuel Santos, aun cuando fue ministro de Defensa con el guerrerista Uribe, decidió nada más iniciar su mandato entablar unas conversaciones de paz que se han desarrollado en los últimos años en La Habana, que ya han conseguido la tregua en las acciones de la guerrilla y permitirán alcanzar la paz negociada en los próximos meses. Lo que no consiguieron el Plan Colombia ni el Ejército en medio siglo, lo han logrado civiles y jefes guerrilleros sentados en una mesa desarmada en la capital cubana.


Junto al énfasis guerrero, la vertiente “antidrogas” del Plan Colombia ha desplegado su acción en los últimos 15 años, principalmente centrada en la fumigación aérea de los cultivos. Así como en el aspecto militar del acuerdo el dinero “donado” debía emplearse en la compra de todo lo empleado – “incluidas las botas de los soldados”, según me informaba un alto cargo del Gobierno Uribe–, en este caso, las beneficiarias de la fumigación eran, además de los aviones alquilados, las multinacionales químicas Monsanto y Dow Chemical, que se deshacían en Colombia a precio de oro de venenos cuya aspersión ya está prohibida en el mundo civilizado por la presión ecologista e incluso de los organismos de Naciones Unidas.
Cuatro millones de hectáreas han sido fumigadas en territorio colombiano durante el Plan Colombia, obligando al traslado de cultivos sin eliminarlos, antes bien aumentando el área sembrada de coca y, según el gran periodista Antonio Caballero (antiguo columnista de Público), “arrojando a los campesinos cocaleros en brazos de las guerrillas que los defienden y a las que pagan protección”.


Junto al Plan, los agentes de la poderosa agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) han operado en Colombia a sus anchas como una dependencia clave de la Embajada en Bogotá. Con sus investigaciones han logrado centenares de detenciones seguidas de extradición, para que cuenten lo que saben y enriquezcan el patrimonio informativo y la capacidad de presión de la agencia a todos los niveles, incluyendo centros de poder económico y político.


Más de mil extraditados desde Colombia. Célebres narcos como Pablo Escobar abatidos o grandes narcos, como los jefes del cártel de Cali, conducidos a cárceles estadounidenses. En estos días, el Chapo Guzmán, tras su enésima fuga, trincado en medio de la horterada que persigue a este tipo de personajes y reclamado de inmediato por la potencia del Norte...
Pero la pregunta que servía de titular a este comentario sigue en el aire.


Las toneladas de cocaína y heroína llegan puntualmente a Estados Unidos desde Colombia, México, Panamá o Perú para su distribución en su inmenso territorio mediante redes bien organizadas, hasta llegar, con pureza variable, al ejecutivo de Wall Street o al negro lumpen del Bronx...¿Quién las recibe? ¿Qué fantasmas invisibles se hacen cargo de las avionetas, los submarinos o las mulas viajeras que arriban a los aeropuertos con su carga de coca?


¿Por qué se habla de “chapos”, “escobares”, “orejuelas”, y jamás de un capo estadounidense? ¿Por qué nadie investiga cómo se manejan las inmensas cantidades de dólares que sin duda manejan los bancos lavadores del destino final de la droga, infinitamente superior en valor al de la compra de la hoja al perseguido campesino cocalero?


Hace tiempo, García Márquez le preguntó reservadamente a Clinton sobre todo esto. Más o menos le contestó que la respuesta era un grave problema de Estado y que se sabría, al modo de los misterios de Fátima, dentro de varias décadas.


Mientras tanto, los mayores consumidores y agentes del negocio de la droga son de la misma potencia que aparece como perseguidora implacable del narcotráfico.


Como decía el paisano citado por Carlos Fuentes refiriéndose a los gringos: “Ellos ponen sus narices, nosotros los muertitos”.

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Caracterización conceptual de los movimientos sociales

En los primeros días del 2016 estamos presenciando diversas expresiones del movimiento social y de la protesta popular.

En varias regiones y con ocasión de algunas problemáticas socioeconómicas, de derechos humanos, del postconflicto armado y ambientales, varios núcleos humanos hacen visible su inconformidad con manifestaciones, plantones y tomas de espacios públicos.

Bogotá es el escenario de importantes movilizaciones contra las primeras medidas neoliberales del nuevo alcalde de la ciudad, el señor Enrique Peñalosa.

Las organizaciones sindicales, los sindicatos agrarios y las redes defensoras de los bienes públicos han realizado encuentros y reuniones para preparar un paro cívico nacional que frene la arremetida neoliberal del gobierno del señor Santos.

La presencia de los movimientos sociales en el campo político nacional debe ser el resultado de la aplicación de los acuerdos de paz de La Habana en materia de participación política. Los mismos disponen que:

"Una sociedad democrática y organizada es una condición necesaria para la construcción de una paz estable y duradera, en particular en el marco de la implementación del Acuerdo Final. Por ello, y en atención al derecho de todas las personas a constituir organizaciones sociales del más variado tipo; a formar parte de ellas y a difundir sus plataformas; a la libertad de expresión y al disenso; al pluralismo y la tolerancia; a la acción política o social a través de la protesta y la movilización; y teniendo en cuenta la necesidad de una cultura política para la resolución pacífica de los conflictos y la obligación del Estado de garantizar el diálogo deliberante y público, acordamos que se adoptarán medidas para garantizar el reconocimiento, fortalecimiento y empoderamiento de todos los movimientos y organizaciones sociales, de acuerdo con sus repertorios y sus plataformas de acción social.

"Con ese propósito, el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales, sobre la base de los siguientes lineamientos, entre otros, que serán discutidos en un espacio de carácter nacional, que contará con la participación de los voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos: garantizar el derecho al acceso oportuno y libre a la información oficial en el marco de la Constitución y la ley; reglamentación del derecho de réplica y rectificación, en cabeza de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, frente a declaraciones falsas o agraviantes por parte del Gobierno Nacional; realizar conjuntamente con las organizaciones y movimientos sociales una caracterización y registro de organizaciones sociales; apoyar, mediante asistencia legal y técnica, la creación y el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales; por solicitud de las organizaciones y movimientos sociales, agilizar la sistematización e intercambio de experiencias exitosas de fortalecimiento de los mismos; fortalecer los mecanismos de financiación de iniciativas y proyectos propios de las organizaciones sociales; promover la creación de redes de organizaciones y movimientos sociales que hagan visibles los liderazgos y garanticen su capacidad de plena interlocución con los poderes públicos; acceso a mecanismos de difusión para hacer visible la labor y la opinión de las organizaciones y movimientos sociales; en las instancias de participación ciudadana se ampliará y garantizará la representatividad de las organizaciones y los movimientos sociales; diseñar metodologías que contribuyan a la efectividad e incidencia de las instancias de participación e interlocución; poner en marcha instancias de seguimiento y verificación del cumplimiento por parte de las autoridades de las obligaciones, compromisos y garantías, en cuanto al establecimiento, funcionamiento y eficacia de los espacios de participación ciudadana; crear una herramienta que permita valorar, hacer visible e incentivar la gestión de las autoridades públicas, con respecto a la participación de las organizaciones y movimientos sociales; se garantizará el intercambio de experiencias exitosas de participación ciudadana entre las organizaciones sociales y las autoridades; promover la construcción de agendas de trabajo locales, municipales, departamentales y nacionales, según el caso, que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de los diferentes sectores que se realicen a través de las organizaciones y movimientos sociales; las autoridades locales deberán atender de manera oportuna las peticiones y propuestas, y canalizarlas según su competencia, con el fin de que sean atendidas de manera pronta y eficaz.

"Acordamos también que el Gobierno Nacional considerará y evaluará la viabilidad de propuestas de garantías adicionales que surjan en el marco de ese espacio de participación de carácter nacional, en una Comisión de Diálogo con voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, escogidos a través de un mecanismo definido por los organizadores. El mecanismo deberá ser participativo y garantizar una representación pluralista y equilibrada en la Comisión.

"El Gobierno Nacional y las FARC-EP acordarán los organizadores, criterios y lineamientos para el desarrollo de ese espacio de participación de carácter nacional, con el fin de garantizar una representación pluralista y equilibrada.

"Por otra parte, en el acuerdo se reconoce que la movilización y la protesta, como formas de acción política, son ejercicios legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad de conciencia y a la oposición en una democracia; y que en un escenario de fin del conflicto se deben garantizar diferentes espacios para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías plenas para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica" (http://bit.ly/1PMGq4w ).

Desde ese consenso alcanzado en el marco de las conversaciones de paz para la terminación del largo y cruel conflicto armado nacional, resulta oportuno avanzar en una definición teórica de los movimientos sociales.

En esa dirección, la caracterización teórica de los movimientos sociales en Colombia y sus eventuales proyecciones políticas requiere, de manera preliminar, hacer una aproximación general a los principales aportes que al respecto se han producido tanto en Colombia como en el exterior en los años recientes.

El propósito de esta consideración, más que formular una definición taxativa de movimiento social, es recoger las principales visiones teóricas del tema para, con esto, acotar las reflexiones y precisar las propias elecciones epistemológicas.

1. El aporte de Raschke.

Una introducción inicial a la conceptualización de movimiento social la aporta Joachim Raschke (http://pendientedemigracion.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/lecturas/raschke.pdf) quien afirma que movimiento social es un actor colectivo que interviene en el proceso de cambio social. Lo que supone el desarrollo de determinadas conductas llevadas a cabo por individuos ligados entre sí. Pero esta articulación no implica forzosamente homogeneidad, por el contrario, se puede observar en el seno de un movimiento social una multiplicidad de tendencias, organizaciones y principios para la acción. Por otra parte las metas y objetivos de estos movimientos tienden a ser bastante amplios y, en este contexto, apuntan a cambiar estructuras importantes de la sociedad. En este caso la heterogeneidad del componente social se convierte en el rasgo propio del movimiento, mientras que los objetivos comunes operan como las premisas articuladoras del mismo.

2. Revilla Blanco y su definición de movimiento social.

Por el contrario, para Marisa Revilla Blanco (http://bit.ly/1K6MgOg ), el movimiento social es el proceso de (re)constitución de una identidad colectiva, fuera del ámbito de la política institucional. Este proceso dota de sentido a la acción individual y colectiva. El sentido de la acción es lo que permite distinguir al movimiento social del comportamiento colectivo, por cuanto éste es tan solo la agregación de intereses individuales en una coyuntura específica, mientras que en el movimiento social la identidad colectiva constituye en sí un incentivo selectivo para la acción.

3. Paramio y los grupos de interés.

Para Ludolfo Paramio (http://bit.ly/1KzrVkF ) los movimientos sociales no son otra cosa que las nuevas variantes de los llamados grupos de interés y su auge, en las décadas recientes, es una manifestación de la crisis de un sistema político dual, articulado en torno a la democracia de partidos y en un pacto corporativo entre los grupos de interés dominantes (sindicatos y patrones), que imponen los grandes rasgos del modelo de sociedad y los márgenes de su evolución. Es precisamente la agudización de la crisis del pacto corporativo la que ha detonado el crecimiento extensivo de los nuevos movimientos sociales (ecologistas, de género, antiarmamentistas, etc.). Pero en este punto cabe registrar las precisiones que establece Paramio en cuanto que estos nuevos movimientos sociales no difieren sustantivamente de aquellos que los precedieron; en ambos casos, tanto los tradicionales como los nuevos, son un colectivo que persigue objetivos comunes, que cuenta con una organización más o menos flexible y con un grupo dirigente organizado de forma regular; las diferencias se expresan en la tendencia a la integraciónde los tradicionales y en el carácter antisistémicode los emergentes.

En todos estos enfoques, y pese a sus matices, la acción colectiva, entendida como las diferentes expresiones de movilización social popular (protestas, motines, bandolerismo social, etc.) se convierte en el rasgo distintivo e identificatorio de los movimientos sociales.

4. La definición de Melucci.

En el caso de Alberto Melucci (http://bit.ly/1L98aLO ), la acción colectiva es considerada como el resultado de las intenciones, recursos y límites que un colectivo le determina a su conducta social; se trata de una orientación intencional, construida mediante relaciones sociales desarrollada en un sistema de oportunidades y obligaciones. Este accionar se articula en función de tres ejes: fines, medios y ambiente.

5. El enfoque de Pizzorno.

Mientras que para Alessandro Pizzorno (http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/5056) el eje de la acción colectiva no está en la visión olsoniana del free líder (relación costos‐beneficios), sino en su rasgo de eje articulador de las identidades colectivas. Lo anterior se deduce al constatar que la identidad colectiva tiende a intensificar su etapa formativa en losprocesos de movilización y conflicto.

6. La teoría de la movilización de recursos.

Otro de los planteamientos básicos respecto de los movimientos sociales es la llamada teoría de la movilización de recursos (http://www.ses.unam.mx/docencia/2015II/Jenkins1994_LaTeoriaDeLaMovilizacionDeRecursos.pdf) categoría acuñada por la sociología funcionalista norteamericana que propone un modelo multifactorial para explicar la formación de los mismos; en este planteamiento se subraya la importancia de factores como los recursos, la organización y las oportunidades políticas, además de las hipótesis tradicionales del descontento, en la emergencia y desarrollo de los movimientos sociales. En esta conceptualización la organización del grupo es el factor determinante del potencialde movilización y de las pautas que ha de seguir, mientras que la movilización se convierte en el proceso mediante el cual un grupo se asegura el control colectivo sobre los recursos necesarios para la acción colectiva. Siguiendo esta lógica movimiental los miembros de un colectivo social como cualquier actor socializado, se mueven tanto por valores y sentimientos interiorizados como por cálculos de interés personal. Debido a esto el principal objetivo de la movilización debe ser la generación de solidaridad y compromiso moral para con las amplias colectividades en nombre de las cuales se actúa.

Pero pese a estos sustantivos avances en la precisión del concepto y rasgos distintivos de los movimientos sociales, la evaluación correspondiente continúa arrojando notorios déficits.

7. Manuel Pérez Ledezma.

En su análisis de los diferentes aportes a dicha conceptualización Manuel Pérez Ledesma (http://bit.ly/1PfOCJx ) concluye que aún no están del todo claras las fronteras de ese campo de estudios. Los diferentes enfoques de las ciencias sociales (historia, sociología, politología, etc.) y sus principales exponentes (C. Tilly, A. Oberschall, G. Rudé, E. P. Thompson, S. Tarrow, etc.) tienden a fijar en categorías genéricas su objeto de estudio y, apartir de ellas, a construir razonamientos teóricos explicativos. Se hace necesario, a juicio de Pérez, sistematizar estas experiencias a objeto de convertirlas en aportes concretos al campo del análisis y proyección de dichos movimientos.

8. Moscoso.

Al parecer el dilema teórico fundamental que se debe dilucidar, como asegura Moscoso (http://bit.ly/1mmdfK8 ), se encuentra en la relación o puente que debe construirse entre el movimiento social y la acción política. Desde esta perspectiva las ciencias sociales deben poner fin a la actitud de enclaustramiento que las empuja a trabajar los movimientos sociales exclusivamente en su dimensión factual, para llegar a establecer y precisar las dimensiones proyectuales de rango estratégico (políticas), que permitan funcionalizar e incorporar la acción colectiva al proyecto político.

El análisis de estas relaciones y las eventualidades del proyecto político popular han sido escasamente trabajadas en Colombia. Sin duda alguna los principales déficits se encuentran en el ámbito de las ciencias sociales, las cuales por lo demás se encuentran mayoritariamente posicionadas en torno a las estructuras de dominación; pero no es menos efectivo que desde la trinchera de la intelectualidad orgánica el aporte ha sido más bien reducido.

Para Moscoso el marxismo debe buscar la clave a su explicación del desarrollo de los movimientos sociales en la interacción que se produce entre la 'demanda' y la 'oferta' de actividad política.

9. Archila y Munera definen el movimiento social en Colombia.

Ya en el caso colombiano, profesionales expertos en el tema de los movimientos sociales como M. Archila, plantean que los mismos son una expresión organizada de la sociedad civil sin que la agoten, pues en ella también están, entre otros, los grupos económicos, las asociaciones religiosas y los individuos. Por movimientos sociales entendemos, dice Archila, aquellas acciones sociales colectivas permanentes que se oponen a exclusiones, desigualdades e injusticias, que tienden a ser propositivos y se presentan en contextos socio espaciales y temporales específicos (http://bit.ly/1W3upbO ).

Los movimientos sociales, agrega Archila, cada vez más encarnan los múltiples derechos que la nueva ciudadanía reclama, lo que se sintetiza en la consigna del derecho a tener derechos. Ello no significa que necesariamente los movimientos sociales tienen que ser transformadores radicales de la sociedad, sino que, como dice Manuel Castells, ellos simplemente muestran los conflictos de la sociedad. En ese sentido, afirma, no son ni buenos ni malos, no son ni reformistas ni revolucionarios, sino que expresan los conflictos existentes en una sociedad concreta (http://bit.ly/1W3upbO ).

Leopoldo Munera, intenta construir una definición de los movimientos sociales y los elementos que lo componen mediante una revisión a diversos enfoques tales como el de las conductas colectivas; la movilización de recursos; la sociología de la acción; y el movimiento popular (file:///C:/Users/PAPELITOS%20J.J/Downloads/-data-H_Critica_07 10_H_Critica_07.pdf).

Digamos, para cerrar, que una caracterización más amplia de los movimientos sociales sugiere una revisión histórica sobre las diversas aproximaciones teóricas a dicho fenómeno o expresión social. Acercamientos que suman la definición del movimiento obrero, los fenómenos de masas y la sociología de las masas, las interpretaciones de la acción colectiva como irregularidades no institucionales, la movilización de recursos, las estructuras de oportunidades políticas y los nuevos movimientos sociales.

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Miércoles, 10 Febrero 2016 07:11

Venezuela va de picada

Venezuela va de picada

El New York Times puso a un reportero, Nicholas Casey, a viajar durante 30 días por Venezuela, escribiendo sus impresiones de viaje en un blog. La inversión resultó ser de valor, porque la política de medios del chavismo y del madurismo ha sido tan negativa como su política económica. La prensa de la oposición – El Nacional, por ejemplo, o Tal Cual– se ha ido empobreciendo a tal grado que casi no tiene ya reportaje de investigación. Pero en lo que a la noticia dura se refiere no resulta menos escuálida la página de aporrea.org, que fue durante años espacio predilecto de comentario chavista. Hoy Aporrea está en rebelión más o menos franca frente al madurismo, y por eso abre algunos espacios a la denuncia, pero ni así se puede afirmar que ofrezca un periodismo de investigación. En Venezuela, sólo hay periodismo ciudadano –o sea Whatsapp, Youtube y redes sociales–, pero tener periodismo ciudadano sin periodismo institucional es estar sujeto siempre al rumor, sin posibilidad de crear un sentido firme de la realidad. Aquello es el reino del rumor y de la teoría de la conspiración.


No son muchos los medios que se han molestado en mandar reporteros a Venezuela, pese a la importancia del caso. Por eso esfuerzos como los de Nicholas Casey y el Times se agradecen, por simples y mundanos que sean.


Casey se paseó por buena parte de Venezuela. Estuvo en Caracas y en Mérida, en Barquisimeto y Morrocoy, en Puerto Cabello y en varias otras partes... Y lo que vio a cada paso fue un paisaje de deterioro. Puerto Cabello, que es el puerto más importante de país, recibía hace un par de años al menos 10 buques de carga fresca diaria, fundamentales para todo, porque Venezuela todo lo importa. Cuando pasó por ahí en días pasados Casey, no entraban sino unos cuatro buques. La escasez es también falta de capacidad de comprar importaciones.


El reportero estadunidense visitó campos abandonados, y hospitales con colas de gente esperando medicinas que raramente llegan. Visitó tiendas de abarrotes bastante desabastecidas, pero aun así cuidadas por policías armados. Conversó con choferes y policías, con trabajadores que vigilan ruinas de planes de desarrollo inconclusos.


Y dondequiera encontró lo mismo: una economía constreñida a un grado preocupante. Un empobrecimiento colectivo palpable. Casey entrevistó a una joven pareja que había ido a pasear con su bebé a una de las bellas playas de ese país; su salario agregado sumaba apenas 2.19 dólares diarios, y aquello se considera un ingreso sólidamente de clase media. Se entrevistó con el ambulantaje –con los llamados bachaqueros, que han sido inculpados por Maduro dizque por ser artífices de la llamada guerra económica y que venden productos como frijol, jabón o papel de baño en las calles a cincuenta veces el precio oficial. Gente gastando medio salario de un día a cambio de una bolsita de frijol.


Al llegar a Mérida, un soldado preguntó al reportero si estaba ahí para cubrir la noticia. Casey preguntó que cuál noticia, y el soldado le habló de una epidemia de secuestros que asuela aquel lugar. Caracas rebasó ya a Tegucigalpa, y es la ciudad más peligrosa del mundo.


La prensa económica espera un colapso en Venezuela este año. La economía se contrajo 10 por ciento en 2015, y se había contraído ya 4 por ciento en 2014. Se espera que la contracción sea también bien pronunciada este año. El año pasado, la inflación venezolana fue la más alta del mundo, y se piensa que el país pasará a una situación de hiperinflación ya en cualquier momento; el Times proyecta una inflación de 720 por ciento para este año. El Financial Times, por su parte, informa que el Bolívar ha perdido 92 por ciento de su valor en los últimos dos años, y la proporción entre la deuda externa (que se cuadriplicó bajo Chávez) y el producto nacional bruto se torna cada vez más inmanejable: la declaración de una moratoria está ya prevista. La semana pasada, El País publicó que Venezuela está importando gasolina de Estados Unidos...


Frente a todo esto, sería importante que México explorase una política exterior regional coordinada con otros países, que buscaran entre todos evitar el colapso total de Venezuela. Hace unos meses el mundo presenció la expulsión de miles de colombianos ordenada por Maduro, inculpados de ser responsables de la plaga de contrabando que es resultado inevitable de una serie de políticas insostenibles. Siempre es fácil culpar de todo al extranjero, y por eso miles de colombianos tuvieron que regresar a su país, cargados de todos sus enseres. Esas imágenes fueron perturbadoras, pero la cosa se pondrá todavía peor si la economía venezolana se colapsa y los que comienzan a vadear ríos y atravesar fronteras son los propios venezolanos, buscando refugio en Colombia o Brasil. Importa que México ejerza algún liderazgo para contribuir a evitar una situación así.


El segundo pendiente, menos urgente, pero aun así relevante, es la necesidad de una reflexión crítica del caso desde la izquierda internacional, que apoyó con tanto entusiasmo a Hugo Chávez, un caudillo al que se le atribuyeron propiedades taumatúrgicas y hasta divinas, pero cuya magia dependió al final de los altísimos precios de petróleo que lo beneficiaron, y de la quiebra moral del sistema de partidos políticos que precedió su ascenso al poder. No es correcto echar la culpa de todo a Maduro y dejar perfumado a Chávez, el hombre que se religió sabiendo que tenía un cáncer incurable para dejar en la presidencia a un hombre que, además de autoritario e incompetente, ha tenido la mala fortuna de tener que administrar al país monoexportador que dejó Chávez ante el desplome de los precios del petróleo. La corrosión institucional a la que fue sometida Venezuela todos estos años es un aspecto clave del colapso inminente que amenaza aquella república.

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Inicio de las Cumbres de Paz trae expectativas y deja interrogantes

Luego de la mediática toma al Ministerio de Agricultura y de la presión ejercida con ello por parte de la Cumbre Agraria al gobierno nacional, a través de unas jornadas que prometieron preparar para 2016 un Paro Nacional que supere la protesta agraria de 2013, las distintas organizaciones sociales de la Cumbre discuten desde el pasado 29 de enero sobre la organización de la jornada de protesta.

Durante los días 29 y 30 del primer mes del año,y en la ahora progresista Ibagué, delegaciones de las distintas organizaciones sociales de Cumbre Agraria acudieron a la cita desde el Tolima, Boyacá, Cundinamarca y el Eje Cafetero. Unas 200 personas se encontraron en las discusiones programadas en cinco mesas: i) las garantías para la participación política, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario; ii) la participación y los derechos políticos; iii) los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición; iv) los derechos sociales, territoriales, económicos y culturales y; v) los conflictos territoriales. Pues bien, fueron esos los temas de las mesas, pero, ¿qué más viene preparando la Cumbre?

Es patente que este no será un año de guerra y que el calendario electoral no va ser fuerte. En un tiempo así, los movimientos sociales protagonizarán la irrupción en el escenario de la negociación política de la paz. Pareciera que la Cumbre quiere desembocar su plataforma en una Mesa Social para la Paz, que se enuncia desde hace unos meses por sectores de la izquierda social como una plataforma política que reclame para los movimientos sociales la participación sobre las cuestiones y temas que el gobierno nacional no está dispuesto a negociar con los movimientos insurgentes armados, pero que definitivamente tienen parte en el conflicto.

El encuentro de las delegaciones estuvo marcado por un sentimiento unitario. Y aunque muchas de las discusiones en las mesas no tienen oído ni activan la escucha, al menos, y como indicador del cambio de acento para la unidad de la izquierda social, esta vez el tono tanto de las vocerías políticas de las organizaciones de la Cumbre, como la mayoría de las voces de sus delegados, no fue persuasivo y la discusión resultó mucho más concreta para la definición táctica de este año.

Esta primera Cumbre de Paz, de una serie de 17, trazó para el mediano plazo una estrategia constituyente que permita refrendar jurídicamente una nueva situación política para quienes contradecimos a los gobiernos, al Estado, a las doctrinas rígidas y unívocas de la sociedad, a la economía capitalista de mercado, industria y superconsumo, y a la ley injusta de la desigualdad. Una Asamblea Nacional Constituyente o Proceso Constituyente es, entonces, el mecanismo de disputa con el Estado para darle vía de acción a ese nuevo pacto esperado entre clases y sectores de la sociedad colombiana.

Pero todo ejercicio constituyente implica uno destituyente, y un paro por fuerte que sea desde el campo, requiere de la participación activa de las urbes; al menos de las tres o cinco principales del país. El tino destituyente requiere de un impulso ciudadano que aún está por conformarse como bloque de acción social capaz de emplazar al gobierno y al régimen político, y si bien las acciones desencadenadas desde el pasado 24 de enero tienen como atributo fuerte un carácter antipolítico, aún falta que madure más la protesta ciudadana y se encamine en proyectos comunes de ciudad y de país.

Se requiere, pues, de un proyecto común de país que se junte por la defensa de los bienes comunes, por el trabajo decente, el respeto a la ciudadanía y la participación activa en la vida pública; por la democracia real, por otra democracia que será posible con el esfuerzo de las mayorías hoy excluidas. Democracia territorial, directa, económica, asamblearia, rotativa y profunda; enraizada en la esperanza de ese esfuerzo común. Pero también por la soberanía y las autonomías alimentarias de toda la población, la justa, digna y equitativa distribución del agua y la energía; por el acceso no mercantil a la salud, a la educación, al transporte y a la cultura. En general, por un país para los de abajo, sin aristócratas de ningún color ni caudillos del ímpetu. Se requiere una sensibilidad también común, dispuesta a la escucha activa sin miedo y con franqueza, para que las contradicciones establezcan espacios comunes de disputa como atributo fundamental del diálogo político entre la sociedad y el Estado, y para que los conflictos no sean agónicos ni fijados con la ley del mas rico.

Los conflictos territoriales con el Estado y entre comunidades que se agrupan en la plataforma agraria, campesina, étnica y popular, son el punto sobre el que mayor debate recae, justamente en el momento en que el presidente Santos sanciona la ley ZIDRE en el municipio de Orocué, al suroriente del Casanare. La ley permite el desarrollo de políticas públicas destinadas a fortalecer la agroindustria y, con ello, el gobierno marca una frontera territorial entre, por un lado, un modelo de desarrollo y producción de la riqueza social destinado a promover condiciones para la proletarización del campo y, por el otro, múltiples -pero pequeños- modelos de producción, territorialidad y uso de los suelos de eficiente producción agrícola, de cultura y organización social con respetuosas relaciones ecológicas, sociales y políticas hacia la flora, la fauna, el agua y el territorio, y cuya producción bien pudiera potenciarse para la soberanía y las autonomías alimentarias de toda la población colombiana. El proyecto ZIDRE plantea también esa frontera como contención a posibles ampliaciones de figuras de protección territorial campesina, étnica y ambiental sobre áreas geográficas del país como la Altillanura, La Guajira, el Urabá Chocoano y La Mojana.

Desde ya, un derrotero de preguntas podría plantearse para las organizaciones y personas que hacen parte de la Cumbre ¿Cuáles serán los mecanismos de diálogo, acuerdo y articulación de los conflictos entre comunidades de la Cumbre para llegar unidos, pero sin imposturas, a la disputa política contra el gobierno? En las tácticas frentistas, que hoy el movimiento socialista colombiano vuelve a retomar, se busca a través de la dirección unitaria de los movimientos, agregar sujetos, actores y factores para el cambio ¿Un momento de cambio profundo de las estructuras rígidas de la política en Colombia, no requiere más bien una lógica de multiplicar y potenciar las luchas, las rebeldías, los inconformismos y las iniciativas? ¿No requiere, pues, de una dirección colectiva más amplia que la que permite la política ya tradicional de la combinación de factores fuertes para dirección? ¿no requiere de mejores tácticas que la del golpe de mano a veces enmascarada de oportunismo de todo matiz? ¿no requiere de una política franca, abierta y desde abajo, más que de una combinación acertada de tintos y acuerdos?

¿Avanzamos hacia las localidades? ¿O avanzamos mejor hacia luchas nacionales? ¿Cómo articulamos ambas maneras de disputar el poder público como ciudadanía? La pregunta es confusa y no debe llamar a engaños. Es preciso instalar un principio, un fundamento y un criterio común: halar para y desde abajo, enraizar la protesta, territorializar la organización; movernos hacia el lugar y momento en que seamos horizontales, en el que los ilustrados no son pedantes, en el que los analfabetas no son ignorantes, en el que los liderazgos no van por lo alto, en el que las decisiones son de todas y para todos. Y particularmente en el ahora inmediato ¿Como pasar de la indignación y de la manifestación, a lucha organizada desde abajo? ¿Cuál plan asumir?

Aquí la declaración completa de Ibagué, tomada de www.comosoc.org

 

DECLARACION POLITICA DE LA 1ª CUMBRE REGIONAL POR LA PAZ

Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular

 

Durante los días 29 y 30 de Enero en la ciudad de Ibagué nos reunimos 300 delegados y delegadas de las organizaciones de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Quindío, en la 1ª Cumbre de Paz de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular.


Nos encontramos Campesinos, indígenas, afrodecendientes y poblaciones urbanas con nuestras banderas, símbolos, historias, tradiciones y saberes con las esperanza de construir desde la pluralidad y desde la Unidad una propuesta de Agenda política para la paz sostenible y con justicia social. Nos encontramos porque nos unen los sueños, las luchas, las resistencias como pueblos.


Destacamos en este espacio el compromiso del Alcalde de Ibagué, quien reiteró su aporte con la paz de la mano del Movimiento Social y Popular en la instalación de esta cumbre.


• Conforme a lo anterior la 1ª Cumbre por la Paz Regional de la zona centro del país, declaramos que:
• Continuamos fortaleciendo la movilización permanente en pro de desarrollar un Gran Paro Nacional que nos permita avanzar en la materialización de pliego unitario nacional de la cumbre.
• Respaldamos la salida política al conflicto social y armado, saludamos el avance de los cuatro puntos de la agenda de la Habana y la reciente decisión de naciones unidas y de la CELAC para realizar la verificación de Cese al fuego bilateral y el Monitoreo a la dejación de armas. Al tiempo exigimos al gobierno no seguir postergando el inicio de la negociación pública con el Ejército de Liberación Nacional para que construyamos un proceso de paz integral. Proponemos ente contexto de negociaciones que el mecanismo de refrendación debe ser consensuado con la sociedad para la legitimidad de dicho proceso.
• Reiteramos nuestro compromiso de impulsar un dialogo nacional participativo y decisorio frente al proceso de paz que desencadene en un gran proceso constituyente popular y democrático para la paz con justicia social.
• Reafirmamos las diversas propuestas de participación de la sociedad, como las constituyentes por la paz, la mesa social para la paz, la comisión étnica para la paz, los territorios de paz y otras propuestas para que de manera articulada fortalezcamos el proceso de construcción y participación desde los movimientos sociales y políticos.
• Reafirmamos que el proceso de Paz no es posible si continúa la criminalización de la protesta social, la judicialización a los líderes y lideresas sociales, y la privación de la libertad de los prisioneros políticos como los casos de los compañeros Feliciano Valencia, Uber Ballesteros, Miguel Beltrán y los miles que este momento se encuentran las cárceles el País.
• Reconocemos la necesidad de avanzar los lazos de unidad entre el campo y la ciudad como condición indispensable para la construcción conjunta de paz y hacemos un llamado a los sectores urbanos que trabajan iniciativas de Paz a que se sumen a esta propuesta.
• Rechazamos la reciente aprobación de la Ley de Zidres, por estar en contravía de los acuerdos parciales de paz y de los derechos del sector agrario.
• Continuamos trabajando en la defensa de lo público y por eso rechazamos la venta de Isagen y en la región la quiebra de la universidad del Tolima y del Hospital Federico Lleras Acosta. De igual manera denunciamos las políticas neoliberales como la reforma tributaria y el indigno aumento del salario Mínimo.
• Nos comprometemos a impulsar las conclusiones vertebrales de esta cumbre y continuar el trabajo en las regiones para consolidar las propuestas territoriales de paz, articulándonos organizativamente y impulsando una pedagogía popular para la paz.
• Llamamos a todos los sectores a cumplir y desarrollar juiciosamente las apuestas políticas, amplias, unitarias y movilzadoras de esta cumbre para la construcción de una paz democrática, estable y duradera que sea capaz de conquistar el país del tamaño de nuestros sueños.


"Sembramos esperanza y cosechamos país"

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