2015: Crisis económica, paz y movilización social

Llegamos al 2015 y tres grandes procesos signaran su curso. Proceso de paz, crisis económica y elección de alcaldes y gobernadores.

 

Los diálogos de La Habana entre Santos y las Farc seguirán siendo eje primordial en el movimiento de la sociedad y el Estado. Se cerrará satisfactoriamente el tema de las víctimas y tomará plena forma el "fin del conflicto" con debates de mucho espesor. Ya hay un trecho recorrido en materia de cese al fuego y hostilidades. Una comisión de militares y guerrilleros ha realizado un encomiable trabajo para llevar a la práctica aspectos muy puntuales en la materia. Un asunto clave, desde mi enfoque, será el tratamiento de los ajustes institucionales para la paz que debe contemplar una reforma a fondo del Estado y su gobierno para ampliar los alcances de la construcción de una democracia en los términos pactados en materia de participación, pluralismo y garantías para los nuevos movimientos políticos y sociales. La política elevará su nivel en las conversaciones merced a la audaz iniciativa de la delegación plenipotenciaria de los revolucionarios, tal como lo registramos con la decisión del cese unilateral y definitivo del fuego y las hostilidades. La paz no tiene vuelta atrás y ya se ha dibujado el perfil de la Colombia de los próximos 30 años, como ocurrió al inicio del Frente Nacional de 1958 y con la Constituyente de 1991 que ya agotó sus recursos e instrumentos neoliberales.

 

La crisis económica con sus impactos fiscales tendrá consecuencias demoledoras en millones de colombianos. El desplome económico nacional es un escenario asociado a la prolongación de la gran crisis bancaria del 2008, pues sigue la recesión en el plano global, hoy en su sexto momento, detonado por la impresionante destorcida de los precios del petróleo apalancada por la ralentización de los Brics y la Unión Europea, y las maniobras geopolíticas de los gringos empeñados en asfixiar a Putin, a Venezuela y en sembrar el caos planetario. Serán 12 meses con desajustes en las cuentas del Estado: caída de los ingresos petroleros, severos desajustes en la balanza comercial, recortes en las inversiones en carreteras y viviendas, incremento de la deuda externa, disfuncionalidad del gasto militar, pinchada de la burbuja inmobiliaria, caída del PIB y recorte masivo de subsidios, como los de familias en acción, bonos juveniles y para los adultos. Crecerá la pobreza, miseria y segregación social de los sectores más débiles de la sociedad, pues los ricos no cederán en sus privilegios y la casta burocrática y política proseguirá en el saqueo de los patrimonios públicos a través de la mermelada en Regalías y los cupos presupuestales autorizados por el señor Santos y su camarilla presidencial.

 

Como lo han señalado algunos, esta tormenta enlazada con la volatilidad de los precios del petróleo tirará a la lona gobiernos y propiciará agudas rebeliones sociales. No lo descarto en Colombia.

 

Hasta el 25 de octubre todo el país vivirá una intensa agitación pública por cuenta de la elección de 1.113 alcaldes municipales y 32 gobernadores departamentales. Estas autoridades locales son elegidas gracias a acuerdos pasados del Estado con las guerrillas revolucionarias. Las negociaciones de las Farc con Belisario Betancur en 1986, dejaron como saldo la elección directa de los burgomaestres locales. La Constituyente de 1991 ordenó la elección ciudadana de los gobernadores. Son conquistas democráticas que es preciso consolidar y profundizar. La resistencia campesina y revolucionaria, el movimiento popular, deben integrarse plenamente a este proceso planteando programas de cambio y reivindicación de los derechos sociales, políticos y económicos de la multitud y sus singularidades. Hay que exigir garantías y señalar la manipulación clientelista de los gamonales locales y regionales favorecidos con las prebendas del señor Santos. La paz debe ser la principal bandera de los candidatos alternativos y de origen popular. Un elemento importante de este escenario es exigir, en el caso de Bogotá, la elección directa de los alcaldes locales y la creación de 20 nuevas localidades.

 

Es un escenario agitado en el que se dará la presencia de los movimientos sociales. La multitud se expresará con sus diversas problemáticas. Las de la salud, educación, tierra, vivienda, empleo, los derechos indígenas, los de los afros, los de las mujeres, jóvenes y tercera edad. Seguirá adelante el movimiento de las constituyentes por la paz y municipales. Millones de bogotanos harán sentir su inconformidad por el desastre de Trasnmilenio afectado por la mediocre administración del señor Petro y sus ineptos equipos de gestión atrapados por el clientelismo y la microcorrupción. En Medellín crecerá la movilización ciudadana contra el Pot neoliberal. En Barranquilla se sentirá la exigencia por la autonomía de las localidades. En Calí las masas populares demandarán la paz, mejoras en la movilidad y efectividad de los derechos sociales. En Bucaramanga crecerá el repudio a la corrupción. En Cúcuta se amplía la movilización por los derechos humanos. En el eje cafetero el ambientalismo marchará por la defensa de la naturaleza y contra el extractivismo minero. Las masas campesinas e indígenas del Putumayo, Huila, Caquetá y Tolima, radicalizaran sus pliegos agrarios y contra los proyectos mineros depredadores como el de la Colosa. En el Meta y los Llanos orientales reclamarán equidad con las regalías petroleras.

 

El movimiento social debe pedir garantías para su acción. De gran importancia es el acceso democrático a los grandes medios de comunicación monopolizados por conglomerados de la oligarquía dueña del Estado.

La Ceja, 28 de diciembre de 2014.

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El PP criminaliza de facto las protestas ciudadanas en España

La mayoría absoluta del Partido Popular (PP) aprobó este jueves en solitario la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, llamada por sus opositores ley mordaza por su carácter represor y porque pretende criminalizar la protesta ciudadana al prohibir manifestarse frente al Congreso de los Diputados o ante la sede oficial del Ejecutivo español.


A pesar de las críticas y oposición del resto de los grupos parlamentarios, la Unión Europea (UE), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y hasta de la Iglesia católica, el gobierno del conservador Mariano Rajoy siguió adelante con el trámite y rubricó una ley que también da cobertura legal a las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes que intentan llegar a territorio europeo procedentes de África.


En la sesión hubo protestas ciudadanas dentro del hemiciclo. Cuando el PP defendía el controvertido proyecto, un grupo de activistas del 15-M entonó La canción del pueblo, del musical Los Miserables, para expresar su rechazo a una ley que cercena derechos elementales. Tras la interrupción, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ordenó el desalojo de los manifestantes, que fueron sacados a empujones por personal de seguridad.


También hubo numerosos gestos de desaprobación del resto de los grupos parlamentarios, que quisieron poner en evidencia una de las leyes más regresivas de la historia de la democracia española; los integrantes el grupo de Izquierda Plural se amordazaron boca y manos y se pusieron en pie mientras hablaba el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
La ley mordaza supone numerosos cambios en la forma en que se interpretan las protestas ciudadanas en el código penal. A partir de ahora habrá numerosas acciones –como concentrarse frente al Parlamento o instituciones del Estado o fotografiar abusos policiales– que serán consideradas una falta grave, de carácter administrativo, y tendrán como consecuencia inmediata una multa que podría llegar hasta 30 mil euros (570 mil pesos).


La polémica normativa fue aprobada sólo con los votos de los diputados del PP, mientras que el resto, desde los partidos nacionalistas conservadores hasta la izquierda clásica y los socialdemócratas rechazaron tajantemente la legislación. Se comprometieron a que cuando cambie el gobierno y haya una nueva mayoría en el Parlamento, una de las primeras medidas será la derogación de la ley, tal como ocurrió con la ley de educación, que también aprobó en solitario el PP a pesar del rechazo de todos los grupos parlamentarios de oposición y de los sectores involucrados en la materia.

Ahora, para su entrada en vigor la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana tendrá que ser aprobada en el Senado y una vez superado este trámite, donde el PP también tiene mayoría absoluta, el gobierno tendrá que publicar la legislación en el Boletín Oficial del Estado.

Las medidas más polémicas son la prohibición y la aplicación de sanciones para las convocatorias de manifestaciones o actos de protesta frente a las instituciones o sedes del Estado, ya sea el Parlamento, el Senado, el Palacio Real, la sede del Ejecutivo y hasta las plazas de los Ayuntamientos.

Será ilegal intentar impedir un desahucio o lanzamiento, como viene siendo habitual en años recientes ante las numerosas familias expulsadas de sus casas por la falta de pago del crédito hipotecario.

Regreso al franquismo

Será ilegal no identificarse o desobedecer a un agente de policía, así como difundir imágenes de policías antidisturbios reprimiendo una protesta.

Además de la ilegalización de los actos de protesta más habituales en años recientes, otro de los puntos controvertidos de la ley mordaza es el que se refiere al trato que recibirán los inmigrantes en las vallas fronterizas españolas. La policía tendrá cobertura legal para devolver en caliente a los migrantes a territorio africano, sin siquiera ser identificado ni recibir asistencia legal o médica, como ocurre hasta ahora, a pesar de que estar prohibido por los tratados internacionales de derechos humanos y la propia legislación española.

La disposición añadida contempla que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.


El diputado socialista Antonio Trevín advirtió que esta ley retoma algunos aspectos de la que impuso el franquismo. Otorga la potestad sancionadora al Ministerio del Interior y se la arrebata a los jueces, por tanto, otorga a la autoridad una capacidad de intimidación muy importante frente a los ciudadanos ya que antes incluso de acudir a instancias judiciales, la administración puede sancionar económicamente e, incluso, embargar los bienes de los ciudadanos para satisfacer la multa.


Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, coincidió en que la ley supone resucitar el Tribunal de Orden Público franquista, de 1959, el llamado TOP, y con él, el regreso de los grises.

Feliu-Joan Guillaumes, diputado catalán de Convergencia i Unió, acusó al gobierno de comportarse de forma totalitaria, con lo cual cualquier argumento que quiera esgrimir pierde razón.


Toni Cantó, de Unión Progreso y Democracia, advirtió a los diputados del PP que son ustedes los que están bajo sospecha, no los ciudadanos, que están demostrando una paciencia y madurez extraordinarias. No se puede criminalizar lo que a todas luces es legal, como son los derechos de reunión pacífica y de asilo, con sanciones desproporcionadas además de ineficaces.


La nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana fue censurada en el exterior. El comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, sostuvo que la legislación va contra de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.


La ley entrará en vigor en enero de 2015, justo 12 meses antes de las elecciones generales en las que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se presentará a su primera relección con la peor valoración de un gobernante en la historia de la democracia española y con la caída en picada de su partido, que la mayoría de las encuentas lo sitúan como tercera fuerza política, por detrás del Partido Socialista Obrero Español y de la nueva formación política Podemos.

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Miércoles, 10 Diciembre 2014 08:40

Asesinato de un ecologista en la cumbre del clima

Asesinato de un ecologista en la cumbre del clima

En las cumbres del clima que organizan los grandes gobiernos nunca se arregla el clima, pero para solaz del populacho casi siempre aparece algún cadáver indígena y amazónico. No hay nada como el asesinato de un indígena para despertar de su bostezo a presidentes, ministros, petroleros y gasistas cuando se aburren en las cumbres del clima. Pero no se despiertan. Como no se despierta José Isidro Tendentza, 47 años, que fue hallado muerto a orillas del río Chuchumbletza, en la provincia de Chinchipe, sur de Ecuador, frontera con Perú, el 3 de diciembre. El cadáver de José Isidro Tendentza estaba semienterrado y tenía los pies, el cuello y las manos atados con una cuerda azul. José Isidro Tendentza se dirigía a Lima. Y no por turismo. En Lima se celebra estos días una cumbre internacional sobre cambio climático organizada por la ONU. Y en la alternativa Cumbre de los Pueblos, el indígena shuar José Isidro Tendentza iba a presentar una denuncia contra la compañía minera Ecuacorriente ante el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza. Quizá la denuncia de José Isidro también se encontró a orilla del río Chuchumbletza atada con una cuerda azul, que es el color de la bandera de la ONU.


Ayer, el centro de noticias de la ONU nos informaba de cómo va la cumbre del clima: "El secretario general de la ONU requirió a los Estados parte de la Convención del Cambio Climático (COP20) a arribar a un borrador equilibrado, bien estructurado y coherente que sirva de base sólida para las negociaciones con miras a un acuerdo sobre el tema el próximo año en París. Ban Ki-moon asistió hoy al segmento de alto nivel de la Conferencia sobre Cambio Climático que se lleva a cabo en Lima, Perú".


Ni una palabra sobre José Isidro Tendentza, 47 años, hallado muerto a orillas del río Chuchumbletza en la provincia de Chinchipe, sur de Ecuador, frontera con Perú, el 3 de diciembre.


Post en la página de Greenpeace de la activista Tatiana Nuño al llegar el lunes a Lima: "No os podéis imaginar cuál ha sido mi cara, cuando apenas una hora después de aterrizar en Lima, donde he venido para asistir a la cumbre de cambio climático de Naciones Unidas (COP), me entero de que la empresa petrolera Shell, organiza hoy lunes un evento dentro de la misma titulado algo así como: ¿Por qué desinvertir en combustibles fósiles, cuando un futuro de bajas emisiones de las energía fósiles es ya una realidad?".
Razones que Greenpeace alegaba en enero de 2013 contra Shell, esa deliciosa empresa que anteayer nos ilustró sobre ecología en Lima de manos de la ONU:


1. Shell no tiene ni idea de cuánto cuesta una marea negra y la limpieza del vertido. En marzo de 2012, el coordinador de emergencias de Shell en el Ártico, Peter Velez, admitió que Shell no había evaluado los costes de limpieza de un vertido en el Ártico. Los accionistas de esta empresa quedan por tanto, expuestos a enormes pérdidas financieras


2. La gabarra de Shell, el Arctic Challenger, no ha sido evaluada como "segura" por el gobierno de los EEUU, según los estándares de la Guardia Costera norteamericana. Este barco, el Arctic Challenger tiene 36 años y no podría soportar los temporales extremos del Ártico.

3. La Guardia Costera no confía en los dispersantes que Shell podría utilizar en el caso de un derrame de petróleo. En una entrevista el comandante de la Guardia Costera de los EE.UU. expresó sus dudas sobre el impacto de dispersantes en Alaska en caso de un derrame de petróleo, diciendo: "No estoy seguro de cómo se comportarán los dispersantes en las frías aguas de Alaska". Shell ha incluido el uso de dispersantes como una parte importante de su plan de respuesta a derrames de petróleo en el Ártico.


4. El buque de perforación de Shell encalló en Alaska hace pocos meses. El 15 de julio un barco de Shell de perforación, el Discoverer Noble, encalló en un puerto relativamente protegido y tranquilo de Alaska. Tanto el Discoverer Noble como el Kulluk son plataformas viejas y oxidadas y no la flota puntera de la que Shell se jacta. El Dicoverer fue construido en 1966.


5. Los buques de perforación de Shell se incendian. Como así ha ocurrdo con el Discoverer Noble.


6. El sistema que debe tapar un posible vertido de las plataformas de Shell ha fallado durante la fase de pruebas. En diciembre se reveló que ante un posible derrame de petróleo de Shell, el sistema de contención que supuestamente van a tener en el Ártico, no pudo aguantar ni siquiera la fase de pruebas.


7. El vicepresidente de la rama de Shell en Alaska ha admitido que "habrá derrames de petróleo".


8. El 31 de diciembre de 2012, la plataforma petrolera, la Kulluk, encalló frente a la costa de Alaska mientras era remolcada de vuelta al puerto de Seattle. Iba a ser una operación normal. Shell iba a transportar la plataforma de perforación Kulluk a puerto después de una malísima temporada de extracción en verano. Pero ocurrió: la plataforma acabó encallando frente a la isla de Sitkalidak, cerca de Kodiak, en Alaska.


Pero nos queda la esperanza: "El secretario general de la ONU requirió a los Estados parte de la Convención del Cambio Climático (COP20) a arribar a un borrador equilibrado, bien estructurado y coherente que sirva de base sólida para las negociaciones con miras a un acuerdo sobre el tema el próximo año en París".


Estas declaraciones tan concretas y urgentes me dejan enormemente tranquilo.


No digamos ni una palabra más sobre José Isidro Tendentza, 47 años, hallado muerto a orillas del río Chuchumbletza en la provincia de Chinchipe, sur de Ecuador, frontera con Perú, el 3 de diciembre.


José Isidro Tendentza iba a hablar contra esta gente, pero esta gente ya ha hablado.

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Viernes, 05 Diciembre 2014 06:51

Militares con prontuario

Militares con prontuario

El Senado colombiano ratificó en un acalorado debate el ascenso de al menos 39 oficiales del ejército entre los que figuran cinco militares sobre los cuales existen sospechas de que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, informó ayer el Ministerio de Defensa. Una amplia mayoría votó en el pleno de la Cámara alta a favor de esta promoción propuesta por el gobierno de Juan Manuel Santos, que ya había sido aprobada el 20 de noviembre por la Comisión Segunda del Senado. Los casos que generan polémica son los que involucran a los brigadieres generales Nicacio de Jesús Martínez Espinel, Jorge Alberto Eduardo Segura Manonegra, Emilio Enrique Torres Ariza y Gabriel Hernando Pinilla Franco, además de los sucesos que supuestamente tienen como protagonista al coronel Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, todos ellos promovidos a generales. Se los acusa de haber realizado ejecuciones extrajudiciales y homicidio agravado, ocurridos en las zonas en los que operaron batallones a su mando, pero también existe malestar porque, denunciaron los legisladores, sus historiales militares no se entregaron siguiendo los tiempos que establece el Senado.


Pese a las numerosas críticas del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA), que se opuso a las cinco promociones impulsadas por el Ejecutivo colombiano, el pleno del Senado dio luz verde definitiva al ascenso general en un debate al que asistió el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. El funcionario desmintió que los oficiales hayan violado derechos humanos porque, aseguró, los organismos competentes han señalado que no hay ninguna investigación contra estos militares. "Debe respetarse la honra de estos uniformados y la de sus familias porque los entes de control han señalado que no hay investigaciones en su contra", indicó Carlos Pinzón. Sin embargo, desde el Polo sostuvieron que, al no recibir toda la información sobre sus historiales castrenses, realizaron investigaciones por su cuenta con las que pudieron determinar la existencia de sospechas de graves crímenes cometidos por estos oficiales.


Por su parte, la ONG Human Rights Watch (HRW) alertó ayer que el gobierno colombiano impulsa varias reformas legislativas que tienen como finalidad blindar los crímenes contra civiles cometidos por militares en el marco del conflicto armado. En una rueda de prensa en Bogotá, el director de este organismo para las Américas, José Miguel Vivanco, denunció que el Ministerio de Defensa inició una "emboscada legislativa" para proteger a los militares que han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
"

Esa estrategia consiste nada menos que en una reforma constitucional y dos proyectos de ley", expuso Vivanco.
La reforma se refiere a la ampliación del fuero penal militar, una polémica medida que actualmente se debate en el Congreso y que, de aprobarse, implicaría que graves violaciones a los derechos humanos cometidos por militares sean juzgados por un tribunal castrense, advirtió la ONG. El responsable regional de HRW aseguró que en el proyecto se dice en términos directos y categóricos que a la Justicia penal militar le corresponderá el conocimiento de delitos tales como homicidios. Esta definición puede comprometer que se juzguen casos como el asesinato masivo de civiles presentados como guerrilleros para así conseguir resultados de guerra, hechos conocidos en el país como "falsos positivos", indicó Vivanco.

"Lo que persigue la reforma es que cualquier hecho que se produzca en el campo de batalla, y todo se produce en el contexto de hostilidades, esté amparado por unas órdenes que le dan un barniz de legalidad para proteger a todos los asesinos que participan en estas ejecuciones", apuntó Vivanco.

"Estamos hablando de retrocesos históricos de conquistas judiciales del Estado de derecho colombiano en los últimos 20 años", destacó el funcionario.

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Jueves, 04 Diciembre 2014 07:48

Pensando en volver

Pensando en volver

Tras 25 años de reconstrucción, la izquierda alemana volverá a comandar el gobierno en un estado federal. Para disgusto de la canciller Angela Merkel y el presidente Gauck, y en coalición con socialdemócratas y verdes, Bodo Menlow, líder local de Die Linke (La Izquierda), se transformará en primer ministro de Thüringen.

Las miles de personas que se subieron al muro del Berlín en la noche del 9 de noviembre de 1989 representan la imagen más simbólica del cambio definitivo que supuso para el mundo la caída del bloque socialista. Algunos de ellos, munidos de martillos y cinceles con los que desgajaban pequeñas partes de los enormes bloques de hormigón que encerraban a Berlín occidental, festejaban la apertura irrestricta de fronteras que el gobierno de la República Democrática Alemana (Rda) había anunciado apenas unas horas antes.


ALGUNOS YA SABÍAN.

Acaso lo más icónico no fue el hecho sino la manera y el momento en que tuvo lugar, porque si bien sorpresivo, de ninguna manera podía ser inesperado. En la memoria colectiva mundial está grabada la mítica conferencia de prensa de la tarde del 9 de noviembre en la que Günter Schabowski, vocero y miembro del Politburó de la Rda, responde "Ab Sofort" ("De inmediato") cuando un periodista le pregunta desde cuándo regiría el permiso para viajar a Occidente que había anunciado segundos antes. La confusión trasmitida por la imagen del dubitativo funcionario le dio un tono épico al momento y se convirtió en símbolo del final de la Guerra Fría. Sin embargo, como revelara mucho después el entonces alcalde de Berlín occidental, Walter Momper, el gobierno de la Rda tenía planeado abrir las fronteras de manera irrestricta en diciembre de ese mismo año. En 2009, en una entrevista con el periódico berlinés Taz, Momper contó que diez días antes del Mauerfall tuvo un encuentro con el propio Schabowski y con su par de Berlín oriental, Erhard Crack. "Primero ellos dijeron cuán contentos estaban por haber logrado deshacerse de Erich Honecker. Y entonces Schabowski dijo: 'Se dará libertad de movimiento para los ciudadanos de la Rda, eso es parte de un Estado moderno'." Momper además contó que aunque desconocía la fecha exacta en que la medida tendría efecto, estaba claro que sería antes de Navidad.


El 17 de octubre de 1989, apenas unos días antes del encuentro narrado por Momper, el Politburó había aprobado por unanimidad la destitución de Honecker como presidente del Consejo de Estado. Desde agosto de ese año, a través de Hungría y Austria, las fronteras se habían vuelto porosas. La insostenible situación económica y el descontento sumaban cada vez más gente en las calles, y las voces disidentes aparecían incluso dentro del propio Partido Socialista Unificado Alemán (Sed, en alemán), que ocupaba el gobierno de la Rda desde su creación en 1949. La figura de Honecker, negándose a aprobar reformas que se consideraban inevitables, aparecía como el único obstáculo para que la Rda pudiera replicar las transformaciones que Mijaíl Gorbachov había introducido en la Unión Soviética y que, con estilos diferentes, estaban teniendo lugar en Polonia y Hungría. Con el alejamiento del veterano líder las reformas se sucedieron con gran dinamismo: el 9 de noviembre se permitió a los ciudadanos viajar al oeste y el 1 de diciembre el Volkskammer (Cámara del Pueblo), el legislativo de la Rda, votó a favor de quitar la frase "bajo la dirección de la clase obrera y su partido marxista-leninista" del primer artículo de la Constitución –con lo que se rompía el monopolio del poder político que el Sed tenía dentro del gobierno–, y llamó a elecciones abiertas.

 

LA CAÍDA DEL REY.

El otrora todopoderoso Sed, que contaba con 2,3 millones de afiliados, 44 mil empleados y más de 750 inmuebles, estaba hecho trizas. Aunque el partido expulsó a Honecker de sus filas y se disculpó ante el pueblo "por las injusticias cometidas", su vinculación con el perverso y muy eficiente Ministerio de Seguridad del Estado de la Rda (popularmente conocido como la Stasi) despertaba una enorme desconfianza. Después de una serie de renuncias y expulsiones, y tras la elección de autoridades, el 21 de enero de 1990 el ala reformista logró torcer la muñeca de los antiguos líderes y abandonó definitivamente el nombre y la simbología del Sed para pasar a denominarse Partido del Socialismo Democrático (Pds). La nueva formación declaró su ruptura irrevocable con el estalinismo como sistema y revindicó el origen de su tradición política en personalidades como Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Apenas dos meses antes de las elecciones, el Pds, encabezado por dirigentes partidarios de la perestroika, como Hans Modrow, Lothar Bisky y Gregor Gysi, y etiquetado por la prensa internacional como "poscomunista", intentaba dejar atrás la oscura sombra del Sed.


El 18 de marzo de 1990 se celebraron las últimas elecciones del Volkskammer de la Rda. La Unión Democristiana (Cdu) venció ampliamente con un 41 por ciento de los votos, los socialdemócratas del Spd recogieron un 22 y el Pds apenas alcanzó el 16. Con el nuevo gobierno encabezado por el democratacristiano Lothar de Maizière, a quien acompañaban socialdemócratas y liberales, las negociaciones del proceso de reunificación se aceleraron considerablemente.


UNIÓN Y DESAPARICIÓN.

La ruinosa economía de la Rda, a la que Gorbachov no estaba interesado en rescatar, dejó al gobierno sin la posibilidad de establecer condiciones para la reunificación. Estaba claro que Alemania occidental (Rfa) iba a aportar el dinero para recomponer la economía oriental y con ello impondría sus términos; el fracaso de la experiencia socialista era absoluto, y los modelos sociales y las estructuras productivas de la Rda fueron consideradas disfuncionales o arcaicas. El 1 de julio de 1990 las dos Alemanias fusionaron sus sistemas financieros y el 3 de octubre se firmó el Einigungsvertrag (contrato de unificación), por el que Berlín volvió a latir con un solo corazón y los otros cinco estados federales que conformaban la Rda (Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt y Thüringen), junto a sus casi 17 millones de ciudadanos, pasaron a integrar la Rfa, por lo que, en términos prácticos, la reunificación se convirtió en una anexión de facto.


En diciembre de ese mismo año Alemania celebró elecciones para conformar el primer Bundestag (Parlamento Federal) unificado. La Cdu se impuso con holgura, y en coalición con los liberales Helmut Kohl inició su tercer mandato como canciller. En esa ocasión la votación del Pds fue de apenas un 2,8 por ciento, obteniendo 17 de los 622 escaños del Bundestag. La particularidad fue que mientras la votación de los poscomunistas en los estados federales occidentales resultó prácticamente inexistente –obtuvo el 0,3 por ciento–, en los orientales alcanzó el 11 por ciento. La asimetría observada en esa instancia se convertiría, con el correr del tiempo, en una característica de los resultados electorales del Pds, tanto a nivel nacional como regional.


DIE LINKE.

Mientras que en el oeste la presencia del Pds era testimonial, en las primeras elecciones que celebraron los lander (estados federados) que conformaban la Rda, el partido obtuvo una aceptable votación, en promedio un 18 por ciento, lo que le permitió ingresar a todos los parlamentos regionales, llegando a ser socio minoritario en los gobiernos del Spd en Sachsen-Anhalt y Mecklenburg-Vorpommern.


Pese al relativo éxito que lograba en las elecciones del este, en los comicios para el Bundestag la izquierda no lograba levantar cabeza: en 1994 el Pds obtuvo el 4,4 por ciento y 30 escaños, en 1998 el 5,1 y 36 legisladores, mientras que en 2002 su fracción parlamentaria quedó reducida a sólo dos representantes tras recibir el 4 por ciento de los votos. Para las elecciones federales de 2005 el Pds incluyó en sus listas a candidatos de la Alternativa Electoral por el Trabajo y la Justicia Social (Wasg), una escisión del Partido Socialdemócrata surgida a raíz del descontento que habían generado dentro de sus propias filas las reformas liberales llevadas a cabo por el canciller socialdemócrata Gerhard Schröder. Por su cercanía ideológica y su despliegue territorial, la alianza con la Wasg –liderada por una figura de primera línea como Oskar Lafontaine, quien además de ministro de Finanzas había sido presidente y candidato a canciller por el Spd– le dio a la izquierda la posibilidad de tener un mejor desempeño en los estados occidentales. En aquellas elecciones el Pds logró duplicar su votación, alcanzando el 8,7 por ciento y robusteciendo su representación en el Bundestag. Para 2009 ambas formaciones comparecieron a los comicios federales fusionadas en un solo partido –Die Linke– y consiguieron su mayor representación parlamentaria fruto de haber rozado el 12 por ciento.


En las últimas elecciones federales (2013) la izquierda alcanzó el 8,6 por ciento, logrando 64 escaños en el actual Bundestag. Pese a perder el 3 por ciento de su electorado con respecto a 2009, el descalabro de los liberales y el magro apoyo recibido por los verdes convirtió a Die Linke, por algunas décimas, en el tercer partido más votado, lo que simbólicamente representaba un cambio en el escenario político alemán. En esa ocasión el Spd, segundo en las elecciones tras los democratacristianos, se negó a intentar negociar un improbable acuerdo a "tres bandas" con los poscomunistas y los verdes y se embarcó en una gran coalición con Angela Merkel.


EN THÜRINGEN.

Desde el 14 de setiembre, cuando se conocieron los resultados de las elecciones regionales, todas las miradas se posaron en Erfurt, la capital de Thüringen: Die Linke estaba en posición de encabezar un gobierno regional por primera vez desde la reunificación. El Spd había descendido considerablemente en su votación y de esta manera la izquierda –que alcanzó un 28 por ciento y quedó sólo detrás de la Cdu, que tuvo un 34– se hallaba en posición de negociar la formación del gobierno. El líder local, Bodo Menlow, primero cerró un acuerdo con los verdes y luego tejió entendimientos con la dirección regional de los socialdemócratas, quienes, tras consultar a sus militantes, dieron el visto bueno a la coalición.


Pero no todos están contentos con la idea. Los líderes locales de la Cdu han sacado a relucir sus ya clásicas sospechas sobre los vínculos de los miembros de Die Linke con la Stasi. Sin embargo, en este caso las dudas no tienen demasiado asidero. La ficha de Bodo Menlow, quien se afilió al Pds recién en 1992, está limpia. Él mismo se ha encargado de remarcar que nunca hubiera pertenecido a un partido de corte estalinista. "Nuestra llegada al gobierno es un síntoma más de la normalidad en este país. Hay que respetar la democracia", dijo el candidato a ser primer ministro de Thüringen. Respecto de las acusaciones que pesan sobre algunos parlamentarios poscomunistas, dejó en claro que "a los diputados los eligen los votantes; y a los cargos de mi gobierno los elegiré yo". La canciller también se ha mostrado disgustada con la idea de que Die Linke comande un gobierno regional. Merkel había agitado fantasmas incluso antes de la elecciones, aconsejando a los votantes para que no dejaran que "Karl Marx vuelva a estar en la oficina del primer ministro" en Erfurt. Ahora, tras conocerse el acuerdo de coalición, Merkel consideró que era "una mala noticia" para Thüringen, y aprovechó las conmemoraciones de los 25 años del Mauerfall para dar una vez más su visión de la Rda, un "Estado injusto" que estaba "liderado por la Stasi, que pisoteó una y otra vez la libertad de las personas". Merkel reconoció además sentirse "triste" de "que todavía hoy tengamos con tanta regularidad esta discusión".


Pero la mayor sorpresa fue que Joachim Gauck también se metiera en la polémica por la llegada de Die Linke al poder en Erfurt. El presidente federal, entre cuyas labores no aparece la de hacer comentarios sobre la política partidaria o acerca de las negociaciones para formar gobiernos regionales, hizo caso omiso al rol que debe ocupar y en una entrevista televisiva se preguntó: "¿Se ha distanciado tanto actualmente el partido de las convicciones que hicieron que el Sed reprimiera a la gente, para que podamos confiar plenamente en ellos?". Las dudas sobre un partido político con más de 25 años de trayectoria en boca de Gauck, quien por definición ostenta un cargo en el que su autoridad moral es una herramienta clave, tomaron gran significación y recogieron encendidas críticas. La presidenta de Die Linke, Katja Kipping, dijo al diario Bild am Sonntag que las dudas del presidente "sobre las ideas de nuestros miembros y electorado son inaceptables. Un presidente no puede decir algo así", y reclamó que Gauck "debe sopesar mucho sus palabras". En este mismo sentido, el periodista Stefan Reinecke, en su columna del periódico Taz, aseguró que escuchar a los dirigentes de la Cdu utilizando los clichés acerca de la vinculación de los miembros de Die Linke con el Sed no es una sorpresa, pero que "el presidente ahora también toque esa corneta es vergonzoso".


En diciembre, si no surge ninguna improbable marcha atrás, Bodo Menlow se convertirá en el primer ministro regional. De esta manera el Spd de Thüringen dejará la coalición con la Cdu para pasar a ser una de las tres patas de una administración encabezada por Die Linke. La nueva ingeniería política que gobernará en Erfurt será un banco de pruebas para todos los partidos y puede transformarse en una nueva opción en el abanico de posibilidades de cara a las, todavía lejanas, elecciones para el próximo Bundestag.

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Jueves, 27 Noviembre 2014 06:05

¿Se abre paso la Constituyente de la paz?

¿Se abre paso la Constituyente de la paz?

En el Acuerdo especial para la superación del conflicto que sirve de soporte a la Mesa de diálogos de La Habana, se establece de manera universal la refrendación como mecanismo que confirmaría los acuerdos finales de paz a que llegue el gobierno de Santos y las Farc una vez se evacuen todos los puntos de la Agenda de temas consensuados. Sin embargo, hasta el momento no hay coincidencia en las interpretaciones de la misma. El gobierno promovió una ley estatutaria sobre el tema, y el pronunciamiento de la Corte Constitucional señala que un referendo sobre los pactos puede adelantarse el día de las elecciones de autoridades locales.


Pero la delegación de las Farc ha expresado repetidas veces su predilección por una Asamblea Constituyente como escenario de refrendación de los consensos. En ese sentido ha expuesto argumentos que articulan el poder constituyente y su potencia política con las reformas que lleven a la consolidación de la paz democrática. Una Asamblea Constituyente encarnaría dicho poder.


Esta propuesta ha sido descartada y estigmatizada porque se le interpreta como un salto al vacío. Como un triunfo de fuerzas extremistas que quieren implantar el castrochavismo y el socialismo del siglo XXI.

No obstante la historia está llena de sorpresas. El acontecimiento del General en el Chocó ha significado un vuelco de las cosas. No se hundió La Mesa. Tampoco Santos se salió con las suyas y la perplejidad, por no decir la fractura, carcome a los generales, que oscilan entre su amor al innombrable y su "obediencia" al Comandante constitucional.


También las Farc anuncian su intención de revisar las reglas y principios que regulan los diálogos por causa de las ligerezas e incongruencias del oficialismo que caprichosamente omite lo establecido según sus conveniencias políticas y electorales.


Lo curioso de las mutaciones registradas viene por el lado del giro de la ultraderecha opositora que apostaba a ultranza por la destrucción del proceso. Ahora aboga por ceses unilaterales, concentraciones de la guerrilla en zona protegida por las Fuerzas Militares en una hipotética desmovilización y pactos de paz según la fórmula del Procurador en Valledupar. Vaya Usted a saber si esta es la respuesta a la reciente invitación de los líderes guerrilleros a Uribe para que se vincule al proceso de conversaciones en Cuba.


Al percibir a Santos como un Zombi, a consecuencia del vértigo de los acontecimientos, aceleran -los de la derecha- el paso y muy orondos nos anuncian, como lo hace el señorial Lafaurie, que a "a mi empieza a gustarme la Constituyente" (http://bit.ly/1z0rple). Lo que no es mala cosa. Dice el latifundista ganadero que "las Farc insisten en la Constituyente, a mi juicio, un escenario más pluralista, por lo cual le apostarán a exigir una conformación a su favor, al estilo del Foro Agrario de 2012. Pero en condiciones normales, así la izquierda destape sus afectos y logre alianzas con sectores liberales de centro-izquierda y conservadores progresistas, las demás corrientes políticas harán lo suyo y propiciarán debates con resultados inciertos pero democráticos.

Limitada temáticamente, una Constituyente garantiza una participación más diversa y con menor injerencia gubernamental, máxime si se complementa con la iniciativa del Procurador, de generar un espacio de debate ciudadano para llegar a consensos mínimos sobre los acuerdos.


En fin. A mí empieza a gustarme la Constituyente, sermonea Lafaurie. (http://bit.ly/1z0rple)".


A mí, por supuesto, también me gusta la Constituyente por la paz. La misma se define por la Carta magna en dos versiones: 1) aquella que solo puede tratar ciertos temas; y 2) una soberana, que tiene capacidad de adoptar una nueva Constitución.


El artículo 376 de la Constitución establece que una Asamblea constituyente requiere que el Congreso defina en una ley su "competencia, periodo y composición" y que su convocación debe ser aprobada por la ciudadanía. La ley convocante puede, por tanto, conformar o una asamblea con competencia muy limitada o una con capacidad de adoptar una nueva Constitución. Esta última es la que demanda el país para construir la paz.


Ojo, Santos. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Si a Usted se le acabo el oxigeno a los demás no. Todo indica que hasta los militares les gusta la Constituyente. Vaya Usted a saber hacia dónde apuntan. Es cosa de hilar bien delgado. Sienten pasos de animal grande por los lados judiciales y quieren jugar en la redefinición del Estado y el régimen político.

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En el 2015, Bogotá no tendrá presupuesto participativo.

Se tramita en la actualidad el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la capital de la República para el año 2015. Los debates correspondientes se adelantan de manera casi clandestina en el Concejo distrital, la corporación que tiene la representación de 8 millones de ciudadanos. La cifra proyectada para el efecto alcanza los 17, 2 billones de pesos (8.700 millones de dólares).


Para distintos sectores llama la atención la falta de deliberación en el espacio público de esa importante herramienta de gestión estatal, teóricamente asociada con la solución de los principales problemas que afectan los sectores más pobres y aquellos que están en condiciones de extrema miseria y segregación social, que son millones de seres humanos. A pesar de que el señor Petro, el alcalde de Bogotá, se rasgas las vestiduras hablando de una Capital más Humana, la realidad es otra. Es la de los negocios de su familia, particularmente la de su esposa, hijos y cuñados, que aprovechan sus privilegios para adelantar operaciones y actividades contrarias a la ética y la ley. Esta izquierda de "saco y corbata" está mostrando que, como en México con el PRD, les importa un soberano pepino el interés colectivo de las mayorías, pues han sido infiltrados por las prácticas mafiosas y delincuenciales.

No obstante que inicialmente se ofreció el sistema de los presupuestos participativos para determinar la asignación de las partidas fiscales considerando las iniciativas y prioridades postuladas por las comunidades en sus Unidades Básicas de Participación, que para este caso son 186 urbanas y rurales, tal compromiso se desconocido sistemáticamente en los últimos meses de gobierno. De igual manera se está repitiendo para el próximo año.

Como bien es sabido, los presupuestos participativos son un canal de intervención democrática que permite la consulta y diálogo de las comunidades con las autoridades alrededor de las prioridades del gasto y la inversión de los dineros gubernamentales. Los presupuestos participativos son un instrumento de protagonismo popular y de gestión de los estados locales y municipales. La ciudadanía puede proponer y decidir sobre la inversión de parte de los recursos financieros estatales.

Esos presupuestos participativos y democráticos tienen como principal objetivo animar y estimular la intervención directa de las personas en este proceso, para de esa manera determinar las más importantes demandas e inquietudes de los habitantes, hombres y mujeres, en materia de gastos sociales fundamentales para de esa manera incluirlos en el presupuesto anual de las Alcaldías, dando prioridad a las materias más urgentes y adelantando un seguimiento, vigilancia y veeduría de los compromisos y acuerdos establecidos.

La más trascendental contribución de los presupuestos participativos es la fórmula de una ciudadanía protagónica, que propicia la intervención democrática de todos en la marcha de la ciudad. Es asumir la idea de que la gestión pública es algo que tiene que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos, que no solamente se consulta sino que igualmente se decide en el curso de la vida pública.

La puesta en práctica de los presupuestos participativos tiene múltiples potencialidades como:

Más transparencia, ética y eficiencia en la gestión gubernamental, al compartir entre todos el debate acerca de en qué se van a gastar nuestros impuestos.


Cualificar la comunicación entre gobierno y ciudadanía, generando espacios de interlocución entre políticos/as, vecinos/as, colectivos y personal técnico.

Se trata de un proceso abierto a todo el pueblo, que propicia la participación directa de todas las personas, superando así la lógica de la representación excluyente, que se limita a la acción de votar cada cuatro años.


Se trata de un proceso autorregulado, es decir, que son los propios participantes los que deciden cómo deben ser las «reglas del juego» que deben regir el proceso.

Promueve la reflexión activa y la solidaridad por cuanto todos los vecinos y vecinas tienen la oportunidad del conocer y dialogar sobre los problemas y demandas del resto.

Así, pues, los presupuestos participativos hablan de recursos financieros, e igualmente de nuevos escenarios de participación, de ampliación democrática en la vida local, de participar para decidir. Hablan en últimas de apropiación de los asuntos públicos por parte de la ciudadanía y el pueblo, lo que en el fondo constituye la esencia de la democracia protagónica y anti neoliberal.

Pero todas estas cosas positivas son las que no le interesan al señor Petro. La falta de participación ciudadana en la definición del presupuesto del 2015 es lo que explica el cumulo de problemas que registra esta herramienta como su alto endeudamiento que equivale al 56% (3 billones de pesos (1.500 millones de dólares), las dificultades que plantea un costoso proyecto de Metro que se planea sin los recursos suficientes y sin hacer las previsiones necesarias en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, los faltantes en la construcción de jardines escolares, colegios, centros de salud y de viviendas y las deficiencias en la ejecución que para octubre del 2014, presenta un faltante cercano al 45%. Es que el negocio con los bancos judíos es más importante que atender los problemas sociales de los más pobres.


Al proceder de esta manera Petro, por lo demás, viola una norma de la Alcaldía, el Acuerdo 489 de 2012 (http://bit.ly/1rekqGs), que establece, en el artículo 48, como uno de los objetivos de la estrategia financiera del Plan de Desarrollo la vinculación de manera directa de la participación ciudadana en i) la asignación del gasto, ii) la territorialización de las acciones públicas y iii) la puesta en marcha de la democracia participativa que signifique poder ciudadano desde la base social, sus territorios y sus organizaciones.

El Presupuesto Participativo –PP-, señala ese Acuerdo, es un proceso social que pretende en un territorio específico, sea esta la Unidad Planeación Zonal, la localidad o el Distrito, identificar y caracterizar la demanda social y definir mediante la decisión de los ciudadanos o el consenso entre ellos, la asignación presupuestal a tales proyectos, que la administración se compromete a ejecutar en la vigencia correspondiente.

Son esas absurdas e ilegales acciones las que llevan a pensar que la paz que se pretende conseguir para Colombia tiene pocas posibilidades de materializarse con esta clase de gobiernos y funcionarios autoritarios y ególatras. Para Petro, que durante años exigió a Uribe Vélez llevar a los líderes guerrilleros a la Corte Penal Internacional y a las mazmorras norteamericanas mediante la extradición, la paz es un paraguas que utiliza de manera oportunista para salvar su pellejo frente a la arremetida del Procurador que él ayudó a elegir con sus maniobras politiqueras como congresista sistémico que fue del régimen oligárquico de los paramilitares. Es ese el mundo de la izquierda de saco y corbata, como aquella que opera en otras latitudes y es repudiada por las masas enardecidas que pugnan por el poder popular como alternativa a las Estados fallidos.


Son estas circunstancias las que permiten elevar las demandas y exigencias por nuevas formas de organización comunal en Bogotá. Las masas deben avanzar en otras maneras de asociación que lleven a la emancipación y presencia de la resistencia popular revolucionaria en calles y plazas. Esa es una realidad que debemos asumir en todos los barrios y localidades en que se encuentra organizada la Capital de los colombianos.

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Lunes, 24 Noviembre 2014 06:25

Impulsan una ley del "Estado judío"

Impulsan una ley del "Estado judío"

El Consejo de Ministros del gobierno que preside Benjamin Netanyahu votó el primer borrador de un polémico proyecto de ley para definir a Israel como Estado judío. La iniciativa fue aprobada con los votos de los tres partidos de derecha y ultraderecha –Likud, Israel Beitenu y Hogar Judío– y que rechazado por el partido de centro Yesh Atid, la ministra de Justicia, Tzipi Livni, y la titular de la cartera de Deportes y militante del Likud, Limor Livnat. "En el Estado de Israel hay igualdad individual para todos los ciudadanos, pero el derecho nacional está reservado sólo para el pueblo judío", dijo el primer ministro en la apertura de la turbulenta sesión del Consejo. El proyecto de ley, propuesto por cuatro diputados ultranacionalistas, recibió 15 votos a favor y 7 en contra en una sesión en la que Netanyahu enfrentó a los gritos a Livni y a varios ministros del partido Yesh Atid, que dirige el titular del Ministerio de Finanzas, Yair Lapid.


Además de pretender definir a Israel como Estado judío por encima de su tipificación actual como Estado democrático, el proyecto daría prioridad al antiguo derecho israelita como fuente de inspiración legislativa y define el hebreo como única lengua oficial del país (ahora lo es también el árabe). El ministro de Finanzas describió la iniciativa como "una ley fatal" redactada únicamente para las primarias del Likud.


El proyecto de ley forma parte de la política del Likud y de Israel Beitenu desde la Legislatura anterior. Desde hace meses es debatido para incluirlo en una fórmula de consenso apoyada por todos los partidos en el gobierno. Por un problema burocrático en el proceso de legislación, la propuesta que aprobó ayer el Consejo de Ministros es en realidad una fusión de dos proyectos de ley individuales de la ultraderecha, primer borrador que fue girado al Parlamento (Knesset) donde será debatido nuevamente.


Una vez que el texto llegue a la comisión que lo tratará, Netanyahu espera moderar los elementos notoriamente nacionalistas a los que hace alusión el proyecto, de forma que el carácter judío de Israel sea equiparable –y no superior– a su carácter democrático, lo que podría leerse como una muestra de respeto a las distintas minorías, en su inmensa mayoría de origen árabe. El proyecto es visto con recelo por las minorías, que temen el avasallamiento de sus derechos civiles en el futuro.


"No habríamos llegado aquí si Livni se hubiera comportado de otra manera", protestó el primer ministro al justificarse por tener que aceptar los proyectos de ley individuales, en lugar de que el gobierno consensuara uno más moderado. Comentaristas y juristas señalaron que, incluso si llega a ser aprobada por el Parlamento en su versión más dura, lo cual parece improbable, se tratará de una ley estéril, porque ni ahora ni en el futuro estará garantizada su constitucionalidad, y cualquier cambio demográfico conduciría a su anulación. Y recordaron que otras leyes ya incluyen con claridad la "judeidad" de Israel.


Los detractores señalaron que el carácter judío de Israel fue definido en la Declaración de Independencia de 1948, que señalaba "el establecimiento del Estado judío en la Tierra de Israel, que será conocido como Estado de Israel". En base a esa declaración, que realza la igualdad para aquellos ciudadanos no judíos, se crearon cincuenta años después las Leyes Básicas del Estado, consideradas como una protoConstitución. Para Daniel Friedman, ex ministro de Justicia en el gobierno de Ehud Olmert, esta legislación declarativa no tiene la capacidad de resolver disputas sustanciales o sociales.

"En el mejor de los casos, no tendrá el más mínimo beneficio, y en el peor llegará hasta a causar un gran daño", explicó el especialista al recordar la ley de unificación de Jerusalén en 1980, que hizo que una veintena de países que tenían sus embajadas en la Ciudad Santa la abandonaran y retirasen así su reconocimiento como capital. Para Friedman, Israel ya tiene suficientes leyes que describen el carácter del país, como la que alienta la inmigración de cualquier judío del mundo en base a su origen (Ley del Retorno) o la del himno y la bandera, que reflejan claramente los símbolos nacionales.

A su vez, advierte que frente a la explosiva situación actual, con protestas y enfrentamientos desde hace dos semanas en las calles de Galilea por la muerte de un palestino-israelí alcanzado por disparos de la policía, la ley podría causar un grave daño a las relaciones entre la mayoría judía y las minorías. "¿Qué le dirán a su familia, que es un ciudadano de segunda?", interpeló a Netanyahu el publicista Menahem Ben, al recordar a Zidan Sayef, policía druso que murió hace unos días en combate con los terroristas que atacaron la sinagoga del barrio de Har Nof. Los drusos pertenecen a una de las minorías del país cuyos jóvenes prestan el servicio militar como cualquier joven.

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Proceso de paz y cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.

El proceso de paz adelantado en La Habana ya completa casi tres años (uno exploratorio, dos en La Habana) y existe un consenso general en la opinión publica en el sentido de que se trata una de las experiencias más sólidas en la materia, desde que en 1986 el gobierno de Belisario Betancur desarrolló la primera acción en tal sentido.

La etapa exploratoria y reservada (2010-2011) concluyó en un Acuerdo Especial para la superación del conflicto (http://bit.ly/1ntk4t5) que ha sido el soporte de las conversaciones y consensos posteriores.

Los diálogos de los dos años recientes han permitido construir importantes consensos en temas neurálgicos como el agrario, el de la participación democrática y los cultivos de uso ilícito.

En los días recientes se han dado desarrollos muy positivos en el tema de víctimas y el fin del conflicto.

El del "fin del conflicto" es una materia con gran variedad de asuntos de mucha trascendencia.

Hay tópicos muy delicados referidos a asuntos militares y estratégicos. Me refiero al acuerdo para avanzar en un eventual cese bilateral al fuego y de hostilidades y al de la dejación de las armas.

Podría decirse que es la hora de los técnicos y expertos en la ciencia de las armas y la estrategia de la guerra.

En ese momento tan sensible han ocurrido diversos hechos que conviene enlazar. No están sueltos y su enfoque holístico y complejo permite interpretaciones más aterrizadas en la perspectiva de la superación de la prolongada guerra civil colombiana.

El más notable es el nombramiento por parte del señor Santos de un "Comando de Transición" coordinado por el General Javier Flórez e integrado por 7 altos oficiales de las Fuerzas Armadas que ya se unió a una Subcomisión de la que hacen parte 7 delegados de las Farc para debatir los aspectos puntuales del cese bilateral al fuego y el de las armas de la resistencia campesinas guerrillera.

La presencia del General Flórez en La Habana refleja el compromiso constitucional del cuerpo de 120 generales de las Fuerzas Armadas con las conversaciones de paz. Es un paso trascendental que permite avizorar un buen futuro para el fin del conflicto social y armado.

Sin embargo, con este nivel político, las pugnas se han exacerbado notablemente. No todo es color de rosa en este escenario misterioso del universo militar y la gran magnitud de su poder. Finalmente el dominio de la élite oligárquica e imperial descansa en tal dispositivo militar y policial.

Es la trama donde está jugando a fondo la ultra derecha uribista. Para nadie es un secreto que una franja muy importante de oficiales, asociados directamente a los "falsos positivos" y la guerra sucia, tiene en Uribe Vélez un aliado central y definitivo. Dicho personaje se ha convertido en el vocero de la "oposición militar" al proceso de paz y es a través de él que se tramitan las intrigas y maniobras contra la Mesa de conversaciones de La Habana.

Lo que piensan los generales conspiradores y enemigos de la paz puede saberse al instante consultando el Twitter de Uribe Vélez (http://bit.ly/1ySVK4O), quien además traza allí la "línea" y orientaciones para destruir el proceso de paz. Pautas que curiosamente el primero en replicar es el actual Ministro de Defensa, principal francotirador en el gobierno sobre la Mesa de Cuba.

Los peores ataques al reciente debate del Representante del Polo Democrático Alirio Uribe sobre los 8 oficiales autores de centenares de "falsos positivos", candidatos seguros a su salida del aparato militar, se registraron en ese Twitter y los primeros datos sobre el oficial desaparecido en el Chocó se conocieron en esa cuenta.

La inferencia desprendida de este contexto es que algunos generales actúan mancomunadamente con el jefe de la ultra derecha porque los une el propósito de destruir el proceso de paz para impedir que con la superación del conflicto social y armado se avance en una reforma institucional que depure y supere la naturaleza contra insurgente y anti democrática de los aparatos armados, comprometidos por años en la organización de grupos paramilitares y en campañas de exterminio de partidos de oposición democrática, como la Unión Patriótica.

Este el cuadro en el que sucede el extraño incidente de las Mercedes que llevó a Santos a suspender unilateralmente La Mesa de paz de La Habana. Un acto arbitrario, por lo demás, que rompe las reglas establecidas en el Acuerdo Especial, pues allí está establecido que nada de lo que suceda en Colombia debe interrumpir el trabajo de los delegados plenipotenciarios en la capital cubana.

Es muy probable que si acuden a lo previsto en el texto de dicho Acuerdo, el incidente ocurrido quede superado con la mediación de los países garantes (Cuba y Noruega) y los acompañantes (Chile y Venezuela), pero sin nuevas imposiciones por parte de Santos pretendidas mediante una hipotética alianza con la derecha de la ex candidata presidencial Marta Lucia Ramírez, quien ha formulado una coalición (http://bit.ly/1zDe03i) para debilitar los diálogos de paz y acabar con La Mesa de La Habana. A Santos le conviene más recordar el respaldo a la paz que recibió de las doctoras Clara López y Aida Avella en la segunda vuelta presidencial, que permitió su triunfo y la derrota del candidato fascista Oscar Iván Zuluaga. Ignorar este vital apoyo en la conformación del gabinete es lo que tiene al Jefe de la Casa de Nariño en los actuales apuros. Son las consecuencias del oportunismo y la falta de ética.

Lo que procede es avanzar en unas reglas para implementar el cese al fuego y de hostilidades, sin pretender que el mismo sea un acto absoluto. Este debe ser el resultado de acuerdos humanitarios parciales que vayan disminuyendo la confrontación. Lo demás son sofismas y teorías absurdas como las de ciertos politiqueros (Benedeti et.al) que aprovechan el difícil trance para pescar en el río revuelto de la mermelada con chantajes y presiones presupuestales y burocráticas.

Medellín, 19 de noviembre.

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Domingo, 16 Noviembre 2014 05:53

El gran escándalo

El gran escándalo

En los últimos días, Brasil vivió escenas hasta ahora impensables. Por ejemplo: el director-presidente de la Camargo Corrêa, una de las mayores constructoras de toda América latina, Dalton Avancini, se entregó en la Policía Federal en San Pablo. Junto a otros altos directivos de la empresa fue conducido, en un avión de la policía, a Curitiba, capital de la provincia de Paraná, donde todos quedaron presos.

Otro alto –altísimo– ejecutivo de otra gigante del sector, Sergio Mendes Filho, presidente y heredero principal de la Mendes Junior, creyó que ir preso y viajar en un avión de la Policía Federal sería demasiada humillación. Prefirió entregarse viajando en su jet particular.


El presidente de la Queiróz Galvao, otra enorme constructora, Ildefonso Colares Fi-lho, optó por aguardar uno o dos días antes de entregarse. Para meditar de manera tranquila y poder reunirse con sus abogados sin ser molestado, se alojó en el Hotel Fasano, en Ipanema. La tarifa de mil dólares por día (con derecho a desayuno) no ha sido problema. Difícil fue entender que saldría de uno de los hoteles más lujosos del país directamente a una celda colectiva, con cama de cemento y una colchoneta de ocho escasos centímetros de espesor.


Otros altos ejecutivos de las mayores constructoras de Brasil –y del continente– están detenidos, en la misma situación.
No hay cómo negarlo: es el mayor escándalo destapado en la historia reciente de Brasil, un país donde la corrupción integra, desde hace siglos, el cotidiano de la gente. Se barajan cifras sin que se logre saber con certeza cuántos miles de millones de dólares fueron desviados, pero no es absurdo mencionar, para empezar, una cifra de alrededor de cuatro mil millones de dólares. Se trata de descubrir cuánto fue desviado de los contratos cuya suma se calcula en unos ochenta mil millones de dólares.


Cuando la Corte Suprema empiece a convocar a acusados y testigos, se golpeará al mero corazón político del país. Se conocerán los nombres de los beneficiados por el esquema. Ya se sabe que al menos 70 fueron denunciados por la red de corrupción. Entre ellos hay senadores, diputados nacionales, ministros, gobernadores, ex ministros, ex gobernadores. Tres grandes partidos están en el ojo del huracán: el PT de Lula da Silva, su principal aliado, el PMDB, y otro aliado significativo, el PP, pero hay más.

Se sabe que todos los contratos firmados por la Petrobras en los últimos diez años tenían un margen que oscilaba entre 2 y 3 por ciento para "hacer caja" de los partidos. En el caso de los contratos más sonoros, a veces se negociaba y esa tasa podía bajar un poquito.


Si se recuerda que a partir de 2004 las inversiones de Petrobras se multiplicaron con velocidad astronómica, superando los ochenta mil millones de dólares, se entenderá que estamos hablando de cantidades siderales solamente en el rubro "propina". Si a eso se agrega la sobrevalorización de costos y el desvío puro y llano de recursos, la cuenta se pierde en el infinito.


Conviene advertir que Petrobras, como toda gran empresa estatal, siempre ha sido objeto de negocios oscuros y, a veces, escandalosamente oscuros. Casi siempre las investigaciones se hicieron de manera relajada, y los escándalos terminaron disolviéndose en el tiempo. Ahora se investiga a fondo y los resultados son elocuentes.


El tema vuelve reforzado semanas después de que Dilma Rousseff lograra una difícil reelección. Frente a una pirámide de indicios y pruebas concretas del escándalo, en algunos centros urbanos, especialmente San Pablo, capital financiera y principal núcleo antipetista del país, se exige a gritos que se decrete el impeachment de la presidenta, o sea, su deposición. Algunas voces van al grano, bramando por un golpe militar.


Es una situación extremadamente delicada. En algún momento, más temprano que tarde, se conocerán los nombres de los políticos denunciados por los delatores, que a cambio de condenas más blandas aceptaron contar lo que hicieron. Sin saber quiénes son los acusados, ¿cómo puede Dilma negociar nombramientos con los partidos aliados? ¿Y si nombra a alguien para un ministerio y a la semana se sabe que ese alguien cobró propinas para facilitar negocios a las grandes constructoras?


Más allá del gobierno, es el mismo esquema político vigente el que está bajo la lupa. En las recientes elecciones generales, las diez empresas que hicieron las mayores donaciones "eligieron" al 70 por ciento de la Cámara de Diputados. Las constructoras (inclusive las que ahora podrán realizar juntas de directores no en sus sedes, pero sí en la cárcel) declararon haber donado unos 18 millones de dólares solamente a candidatos a diputado nacional. Jamás se sabrá cuánto donaron realmente. La bancada parlamentaria de las constructoras, o sea, los diputados que deben favores a esas empresas, superan a la mitad del total de la Cámara.


Mientras persistan las donaciones privadas, las elecciones en Brasil serán siempre una especie de ventanilla en la cual las empresas invierten hoy en los que podrán transformarse en deudores mañana: diputados y senadores y gobernadores y presidentes.


Ese es solamente uno de los problemas que salta a la vista en ese escándalo. Pero hay otros.

Por ejemplo: ahora se investiga a Petrobras, la mayor empresa latinoamericana y la que realiza las mayores inversiones de la región. Pero, ¿y cuando se investigue lo que pasa en las demás estatales? ¿Qué ocurre en las empresas de energía eléctrica, que también determinan cantidades millonarias de recursos en obras de construcción? La lista es ancha e infinita.

El objetivo final de la oposición –tanto la representada por los partidos políticos, que alcanzaron niveles importantes en las recientes elecciones, como la más activa, instalada en los grandes medios de comunicación que representan los más altos intereses del capital en Brasil– es llegar a Lula da Silva en primer lugar, y a Dilma como consecuencia. Para que la estrategia resulte están dispuestos a cualquier cosa. La gran pregunta que hacen es la siguiente: ¿cómo sería posible que todo eso ocurriese sin que Lula ni Dilma se dieran cuenta?

Se olvidan, desde luego, de un aspecto esencial: la corrupción no empezó ahora. Lo que sí empieza es la determinación de investigar a fondo lo que pasa. No importa si la primera consecuencia sea tener que cortar la propia carne. Lo que importa es que se investigue y se castigue.


Nunca antes los corruptores tuvieron el mismo destino –la cárcel– que los corruptos. Y aunque todo eso no dure más que una quimera, o sea, que los poderosos poderosísimos salgan de la cárcel en pocos días, al menos se establece un antecedente.

Es muy fácil pecar de ingenuidad, pero existe la sensación –por fugaz que sea– que de algo más podrá cambiar en este país.

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