PGR: Los 43 habrían sido ejecutados y calcinados

Los 43 normalistas de Ayotzinapa habrían sido asesinados y calcinados en el basurero del municipio de Cocula, según los testimonios de tres participantes materiales en el presunto multihomicidio presentados ayer por la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, la fiscalía aseguró que mantendrá la condición de desaparecidos de los jóvenes mientras no se acredite científicamente que los restos corresponden a las muestras genéticas aportadas por los familiares.


De acuerdo con los testimonios mostrados por el fiscal Jesús Murillo Karam, una vez quemados y reducidos a cenizas, los restos fueron introducidos en bolsas de plástico que se lanzaron al río San Juan, que atraviesa ese municipio.


Para el titular de la PGR no se trató de un crimen de Estado: Iguala no es el Estado mexicano. Dos días antes de que el presidente Enrique Peña Nieto viaje a China y Australia, Murillo aseguró en conferencia de prensa que los restos serán enviados a Innsbruck, Austria, y acerca de la coadyuvancia de peritos argentinos en las indagatorias, sólo mencionó que seguirán trabajando con la PGR para avanzar en la eventual identificación de los restos.
Al regresar de Guerrero, donde se había reunido con los padres de los desaparecidos, a quienes aseguró haber dado la misma información que a la prensa en ese momento, Murillo confirmó la detención hace ocho días de tres nuevos implicados en el asesinato y desaparición de los estudiantes normalistas: Patricio Reyes Landa, El Pato, Jonathan Osorio Gómez, El Jona, y Agustín García Reyes, El Chereje.


"Los tres capturados son miembros de la organización criminal Guerreros unidos, y al rendir su declaración confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula."


En el basurero de Cocula "hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durase horas (14, desde la noche del 26 de septiembre, hasta las dos de la tarde del día siguiente), arrojándole diésel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos.


"Cuando se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de El Terco de fracturar los restos de los huesos calcinados para ser depositados en bolsas negras. Según sus declaraciones, estas bolsas fueron vaciadas en el río San Juan, salvo dos, que uno de los declarantes dice haber arrojado completas."


Durante la conferencia –esta vez sí aceptó preguntas– dijo que, en consideración de los peritos mexicanos y argentinos, el alto nivel de degradación de los restos encontrados hace muy difícil la extracción de ADN que permita la identificación.


Murillo ya no hizo referencia específica a si la PGR esperará los dictámenes de los especialistas argentinos y, en cambio, anunció que, por recomendación de los equipos forenses, los estudios se realizarán en los laboratorios más altamente especializados del mundo, en la Universidad de Innsbruck, Austria. Por ello, acotó que los especialistas señalaron que no hay una fecha definida para entregar ¬resultados.


Aseguró que no hay evidencia de que los estudiantes de Ayotzinapa formaran parte o ayudaran a grupo criminal alguno; señaló que ya suman 74 personas detenidas y que "la investigación queda abierta hasta que podamos identificar todos los restos hallados en la barranca y en las bolsas localizadas en el río San Juan. Mientras, se seguirá considerando desaparecidos a los estudiantes para efectos de la investigación.
Casi al final, Murillo Karam cerró la conferencia con un Ya me cansé.


Todavía alcanzó a decir que es comprensible el rechazo de los familiares para el avance de las indagatorias: "Es natural (...) y no me sorprende".

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Republicanos se adjudican el control del Congreso en EU

Los republicanos triunfaron en las elecciones legislativas intermedias celebradas este martes, al conquistar el control del Senado y ampliar su mayoría de la cámara baja, lo cual implica que Barack Obama tendrá que gobernar sus últimos dos años con el Congreso en manos de la oposición.

La disputa central de estas elecciones fue sobre el control de la cámara alta, hasta ahora de mayoría demócrata. Al cierre de esta edición las proyecciones preliminares de varios medios concluyeron que los republicanos obtuvieron por lo menos seis curules adicionales que necesitaban para lograr la mayoría y asumir control del Senado (y todo parece que podrán ganar hasta ocho en total).


Aunque los republicanos –el partido responsable de la guerra en Irak y la mayor crisis económica desde la gran depresión– festejaban su victoria, no fue resultado de una ola a favor de sus propuestas, sino más bien consecuencia de un malestar nacional.


De hecho, el desencanto con Washington fue lo que prevaleció en las elecciones de este martes, algo que votantes expresaron en entrevistas y en sus votos, así como en los que decidieron simplemente no votar en una contienda en la que se esperaba menor participación que en comicios legislativos anteriores.


La contienda por el Senado se redujo a la competencia en ocho o nueve estados donde prevalecía una mínima diferencia en las preferencias entre candidatos, con algunas que se complicaban por la presencia de candidatos independientes o de terceros partidos. La disputa por el Senado en Luisiana se resolverá el 6 de diciembre en segunda vuelta, ya que ninguno de los candidatos obtuvo el 50 por ciento más uno necesario.


En la elección intermedia más cara en la historia del país estuvieron en disputa todas las 435 curules de la Cámara de Representantes y 36 de las 100 del Senado, junto con 36 gubernaturas, miles de puestos políticos locales y 147 medidas estatales.


La abrumadora mayoría de legisladores de ambas cámaras fueron relectos, o trasladaron su curul a colegas de su mismo partido.
En la cámara baja no estaba en riesgo el control de los republicanos, y las proyecciones preliminares al cierre de la edición indican la posibilidad de que los republicanos podrían ampliar su mayoría al nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial.


Con la reconquista republicana del Senado (donde tenían la mayoría hace ocho años) y el incremento de su ya amplia mayoría en la cámara baja, se proclamó que esta derrota fue no sólo del Partido Demócrata, sino de Obama, quien, aunque no estaba en las boletas, figuraba más que cualquiera de los candidatos en esta contienda.


En las elecciones a gobernadores estatales, las esperanzas demócratas de derrotar a republicanos en Florida y Texas se frustraron.
Entre las medidas estatales aprobadas por votantes hoy, Oregon se convirtió en el tercer estado en legalizar y regular la producción, distribución y venta de mariguana, informó la Drug Policy Alliance.


Según el guión general de los medios, los analistas y los propios políticos, estas elecciones giraban en torno a la reprobación de Washington –tanto de legisladores republicanos como del presidente demócrata y sus partidarios– y la aparente imposibilidad de logros por una cada vez más marcada polarización entre los partidos, lo cual ha llevado a un estancamiento político. Como ejemplo se señala la falta de consenso sobre una serie de temas importantes, desde el cambio climático hasta la inmigración, entre otras. Sin embargo, aparentemente no hay tal falta de consenso sobre políticas bélicas o de apoyo al sector financiero.


A la vez, se señalaba que esta coyuntura electoral estaba condicionada por preocupaciones de la opinión pública sobre múltiples crisis, desde renovadas amenazas terroristas hasta el ébola, percepciones de inseguridad económica, entre otras, que nutren la erosión de confianza en Washington.


Pero tal vez el factor que más ha definido esta elección, algo registrado en casi toda encuesta y análisis, es un creciente desencanto popular con la clase política. El Congreso padece sus peores índices de aprobación (alrededor de 14 por ciento) y el presidente está cerca de sus niveles más bajos de aprobación desde que llegó a la Casa Blanca. Más aún, una abrumadora mayoría opina que el país avanza en una dirección errónea.


Por ello se pronosticaba una participación más baja de lo común; ya de por sí la tasa de participación en elecciones intermedias es siempre muy inferior a los años en que se realizan elecciones presidenciales.


"Esta elección en sus dimensiones nacionales se trata de la frustración con el establishment político, y en particular con Obama", resumió Antonio González, veterano observador de elecciones estadunidenses y presidente del Instituto Willie C. Velásquez en Los Ángeles.


Tal vez la mayor consecuencia del desencanto y enajenación entre varios sectores es sobre las nuevas generaciones del electorado. Los llamados milenarios, la actual generación de jóvenes, tienen menos confianza en las instituciones nacionales –políticas, religiosas, empresas, medios, educativas– que nunca, según nuevas investigaciones reportadas por Ap. Pero lo sorprendente es que mantienen un alto nivel de optimismo sobre sí mismos y su generación. Simplemente no confían en sus representantes y otros en el poder.


Ante la desilusión generada por la cúpula política en este país, sobre todo para los jóvenes, la sátira política aparentemente es el mejor remedio. Casi un tercio de estadunidenses menores de 40 años prefieren los noticieros o programas de comentario político satíricos –como el Daily Show with Jon Stewart y el Colbert Report y ahora Last Week Tonight con John Oliver– que noticieros de televisión tradicionales, reporta la encuestadora Rasmussen. El Centro de Investigación Pew registró que votantes jóvenes no sólo reciben más información política de este tipo de programas, sino que confían más en ellos que en los medios tradicionales. Un ex corresponsal de Stewart, John Oliver, recientemente estrenó su propio programa de parodia y feroz critica satírica en HBO (Last Week Tonight).


Tal vez para encontrar las claves y esperanza en estas elecciones empapadas de propaganda y ahogadas en dinero de multimillonarios no hay mejores guías que algunos de estos maestros de humor político y sus seguidores entre las nuevas generaciones.


LA CAPITAL DE EE.UU. APROBó EL CONSUMO Y LA TENENCIA DE CANNABIS


El DC legaliza la marihuana


Según encuestas a boca de urna al cierre de esta edición, un 68 por ciento de los capitalinos votaron a favor de la medida contra un 32 por ciento. Otros estados decidían sobre aborto, caza de osos y compra de armas.

 

La capital norteamericana daba al cierre de esta edición un paso importante en la legalización de la marihuana. Según encuestas a boca de urna, un 68 por ciento de los capitalinos votó a favor de esta medida contra un 32 por ciento. Además de Washington DC, la legalización también se debatía en Oregon y Alaska, donde sus ciudadanos votaban para legalizar el consumo recreativo de la cannabis, como ya se ha hecho en Colorado, mientras que en Florida lo que se propone es autorizar su uso medicinal. En la elección general de 2012, el estado de Washington y el de Colorado se convirtieron en los primeros en legalizar el consumo de marihuana en adultos y han implementado sistemas para regular y gravar las ventas de cannabis. Las medidas en Oregon y Alaska también legalizarían las ventas de marihuana a cualquiera con edad para beber alcohol. En Washington se legalizarían el cultivo y la posesión de marihuana, pero no su comercialización. Las campañas en la ciudad han incluido un debate racial, ya que los partidarios de la medida dicen que los ciudadanos afroamericanos fueron arrestados desproporcionadamente por cargos relacionados con marihuana.


Los votantes de Florida decidirán si se convierten en el 24º estado en permitir el uso de la marihuana con fines terapéuticos. La medida necesita aprobación del 60 por ciento de los votantes. Cualquiera que sea el resultado de la votación, los promotores de la legalización de la cannabis ya planean expandir su campaña a California, el estado más populoso, en 2016. Del total de 146 medidas presentadas a votación este año, 35 son iniciativas ciudadanas. Entre las propuestas presentadas en estas elecciones en 41 estados y en el Distrito de Columbia las hay sobre el aborto, la administración de justicia, la financiación de la educación, inmigración, derechos de los padres, el salario de los funcionarios estatales, los seguros, impuestos o el derecho al voto.


- Colorado, Dakota del Norte (centro): En relación con el aborto, otro de los temas más controvertidos políticamente para la sociedad estadounidense, los votantes de estos estados se pronunciaban sobre propuestas que ampliarían la protección legal de la vida de los fetos a través de reformas a sus Constituciones.


- Washington (oeste): De aprobarse la propuesta legislativa presentada a referéndum, en este estado se prohibirá llevar a cabo verificaciones del historial de las personas que deseen comprar armas.


- California (oeste): En este estado, donde se debate la autorización de los juegos de azar, una polémica propuesta plantea permitir a una tribu indígena gestionar un casino fuera de su reserva. El record de financiación de una medida posiblemente esta vez lo marca una propuesta de este estado que aumentaría los límites del reclamo económico que puede exigir un paciente en casos de negligencia médica, y requeriría a los médicos someterse a pruebas aleatorias de alcoholemia y consumo de drogas. Según la organización ballotpedia, los que respaldan esta medida, impulsada por abogados de los consumidores, han recaudado algo más de 12 millones de dólares, mientras que los que se oponen a ella, en su mayoría asociaciones médicas, superan los 57 millones.


- Oregon (oeste): Hay una propuesta que requiere que el etiquetado de los alimentos especifique si contienen ingredientes genéticamente modificados y que ha recibido más de 20 millones de dólares de financiación. De esa cantidad, 16,3 millones de dólares, procedentes de multinacionales como Monsanto, Dow AgroScience, Dupont, Kraft, Kellogg's, PepsiCo y Coca-Cola, corresponden a una coalición opuesta a la medida, mientras que la campaña a favor del etiquetado identificativo de los alimentos con productos genéticamente modificados obtuvieron poco más de 6 millones de dólares. Con respecto a inmigración, los votantes de este estado se pronunciarán sobre una propuesta del Senado estatal que permitiría otorgar permisos de conducir a sus residentes, aunque no puedan demostrar su presencia legal en el país.


- Maine (este): El estado más permisivo en lo que se refiere a la caza de osos votaba la prohibición a que se usen cebos, el acoso con perros y las trampas en esta actividad.


No todas las propuestas prosperarán. Según las estadísticas, estas iniciativas, más populares en los estados del oeste y que cobraron un auge a partir de mediados de la década de 1970, tienen un porcentaje histórico de aprobación de menos de la mitad. Un estudio del Instituto de Iniciativa y Referéndum de la Universidad del Sur de California asegura que, de las 2421 iniciativas ciudadanas propuestas desde que en 1904 se presentó la primera en Oregon, se aprobaron 984, es decir, un 41 por ciento.


Las propuestas legislativas de estas elecciones fueron pocas teniendo en cuenta que la media desde el año 2000 está en 196 iniciativas, y ante las 226 medidas que presentaron los ciudadanos en las elecciones de 2006, que supuso un record histórico. Estas propuestas, pese a partir de ciudadanos o asociaciones de votantes preocupados por una cuestión en concreto, pueden recibir financiación de empresas interesadas o grupos de presión, ya sea tanto a favor como en contra de la medida.

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El Constitucional ecuatoriano da luz verde a la reelección indefinida

La Corte Constitucional (CC) de Ecuador ha avalado por unanimidad que la Carta Magna se enmiende sin necesidad de un referéndum. La Asamblea Nacional recibirá en breve el encargo para reformar 16 puntos de la Constitución ecuatoriana sin el concurso de los ciudadanos. La reelección indefinida de las autoridades de elección popular es uno de los puntos polémicos y todo apunta a que uno de los beneficiados sería el presidente Rafael Correa, cuyos seguidores llevan meses aupando su reelección.

 

El partido de Gobierno, Alianza País (AP), que presentó la solicitud de enmienda en el tribunal Constitucional, tiene los votos necesarios para cambiar la Carta Magna. Cien de los 130 integrantes de la Asamblea pertenecen a esta formación política y solo se requiere el apoyo de dos terceras partes de la Asamblea (92 asambleístas). "Le van a sobrar votos", ha dicho Luis Fernando Torres, asambleísta de la oposición en el legislativo.


Antes de pasar a la votación final deberá haber dos debates en el seno de la Asamblea con el intervalo de un año. La presidenta del órgano legislativo, Gabriela Rivadeneira, anunció este viernes que el primer debate se cerrará a más tardar la primera semana de diciembre y el segundo se haría doce meses después.


El aval de la CC a la enmienda de la Carta Magna se dio a conocer en la víspera del feriado de difuntos, por eso el líder del partido Creo dijo que "se ha enterrado" el principal valor de la democracia que es la alternancia en el poder y anunció que la próxima semana iniciará una campaña para recoger firmas y exigir una consulta popular por iniciativa ciudadana.


Incluso esta posibilidad de los ciudadanos corre el riesgo de desaparecer, pues la reforma constitucional plantea que no se convoque a referéndums por "cualquier asunto". Otro de los puntos que ha causado debate en el país es la intención de limitar las competencias de la Controlaría del Estado. El propio contralor, Carlos Polit, dijo en una entrevista en el canal Ecuavisa que esto "significaría un retroceso en la evolución del control de los recursos públicos en el Ecuador".


La reforma constitucional también rebaja la edad para buscar la presidencia del país de 35 a 30 años. Esto abre espacio a los jóvenes políticos de AP como la propia presidenta de la Asamblea. Y busca declarar a la comunicación como un servicio público, en concordancia con la Ley de Comunicación, que en su artículo 79, ya introdujo este concepto.


El retoque a la Constitución de Ecuador llega seis años después de haber sido aprobada en 2008. En ese año se refundó el país por una iniciativa del propio presidente Rafael Correa, que llegó a la presidencia en 2006 y motivó la formulación de una nueva Carta Magna.

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El profano ataque de los republicanos al sagrado derecho a votar

Existe en Arkansas una base de datos en la que podría figurar su nombre... Eso en caso de que usted viva en uno de los 28 estados de Estados Unidos que participan del Programa Interestatal de Verificación de Registro de Votantes. Se trata de uno de los crecientes componentes de una agresiva iniciativa desarrollada por los republicanos a lo largo y ancho de Estados Unidos que tiene por objetivo impedir que muchos estadounidenses puedan votar.


Varios estados han dado inicio al período de votación anticipada para las elecciones legislativas 2014 de Estados Unidos, que se llevarán a cabo este 4 de noviembre. Está en juego el control del Senado de Estados Unidos, así como muchas gobernaciones cruciales, bancas en el Congreso y referéndums. Una interrogante que surge en torno a estas elecciones es qué tan significativo será el impacto de las iniciativas para privar del derecho al voto a una gran cantidad de ciudadanos.


Hablé con Dolores Internicola en Fort Lauderdale, Florida, una de las zonas más afectadas por los esfuerzos del asediado gobernador republicano de Florida, Rick, Scott, por eliminar votantes de los padrones. Dolores perdió a su esposo, Bill, recientemente. Bill fue noticia en el año 2012, cuando a los 91 años de edad recibió por correo una notificación oficial de que su ciudadanía estaba en duda, por lo que debía comprobarla a fin de evitar ser eliminado de los padrones electorales. Como veterano de la Segunda Guerra Mundial que luchó en la batalla de las Ardenas, el oriundo de Nueva York se vio entristecido ante la posibilidad de no poder participar en el sistema electoral que él mismo había ayudado a defender contra la Alemania nazi. "Fue terrible", recordó su viuda. Bill logró votar en las elecciones de 2012, pero la misma amenaza de ser arbitrariamente inhabilitadas para votar se cierne sobre millones de personas este año.


El periodista de investigación Greg Palast y el documentalista Richard Rowley recorrieron el país y documentaron el impacto del Programa de Verificación de Votantes. La crucial investigación que hizo Palast sobre la ahora legendaria debacle electoral que vivió Florida en el año 2000 contribuyó a exponer de qué manera la entonces Secretaria de Estado de Florida, Katherine Harris, supervisó una depuración de votantes errónea y a gran escala que fue determinante para llevar a la presidencia a George W. Bush en las que continúan siendo las elecciones presidenciales más polémicas de la historia de Estados Unidos.


Greg Palast plantea una pregunta fundamental en su especial de dos partes producido por Al-Jazeera America sobre presuntos electores que votan dos veces. "Me interesé en este tema cuando Bush ganó por 527 votos. Y ahora, quince años después, escucho que denuncian 'fraude electoral. Un millón de personas cometen fraude electoral'. ¿Existe realmente esta inmensa ola de crímenes?"
El sistema de verificación que describe Palast comenzó como una iniciativa del Secretario de Estado de Kansas, el republicano Kris Kobach. Toma los registros electrónicos de los votantes de los estados intervinientes, los recopila en una base de datos centralizada en Arkansas e intenta identificar a cada uno de los votantes que pudiera haber votado en más de un estado. Estos "votos duplicados" fueron responsables, según el comentarista conservador Dick Morris, de más de un millón de votos fraudulentos en favor de Barack Obama, que le permitieron supuestamente "robarse las elecciones" de 2012. Aún así, según informa Palast, no se ha llevado a cabo ni un solo procesamiento por fraude electoral a consecuencia del sistema de verificación. En lugar de ello, la verificación ha provocado una depuración a gran escala de votantes habilitados, con frecuencia debido a problemas en la recopilación y organización de los datos.


La depuración de los padrones electorales es solamente una de las formas en que los republicanos procuran restringir el voto. En las últimas semanas, la justicia ha emitido fallos clave que han hecho de todo menos garantizar que se preserve el derecho al voto de decenas de miles de votantes. Texas aprobó recientemente una ley de identificación de votantes por fotografía que resulta altamente restrictiva. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió no expedirse respecto a su contenido hasta después de las elecciones a fin de evitar confusiones. Al emitir su voto en desacuerdo, la Ministra de la Corte Ruth Bader Ginsburg expresó: "La mayor amenaza a la confianza de la población en las elecciones en este caso es la perspectiva de que se aplicará una ley resueltamente discriminatoria que probablemente imponga un impuesto inconstitucional al voto e implique el riesgo de negar el derecho a votar a cientos de miles de votantes habilitados".


También se ha permitido que procedan leyes restrictivas de identificación de votantes y otras obstrucciones al voto en Wisconsin y Carolina del Norte. Desde hace tiempo se reconoce que exigir la presentación de documentos de identidad con fotografía afecta de forma desproporcionada a las personas de menores recursos y a las personas de color, dos sectores de la población que tienden a votar por el Partido Demócrata.


En el otoño de 1980, Paul Weyrich, un activista conservador que fundó instituciones de derecha como The Heritage Foundation, Moral Majority y American Legislative Exchange Council, habló durante una conferencia en Dallas. "No quiero que voten todas las personas", dijo, y continuó: "Las elecciones no se ganan con la mayoría de la población, nunca ha sido así desde los inicios de nuestro país y no es así ahora. De hecho, nuestra ventaja en las elecciones aumenta considerablemente cuando disminuye la población de votantes". Aquel sueño expresado por Paul Weyrich en 1980 se ha convertido en la triste realidad de 2014. El derecho a votar es sagrado y protegerlo es responsabilidad de todos nosotros.


Publicado el 31 de octubre de 2014


Amy Goodman, con la colaboración de Denis Moynihan


Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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El Frente Amplio rompe las encuestas y retiene la mayoría en el Parlamento

El Frente Amplio (FA) obtuvo la mayoría absoluta en ambas cámaras del Parlamento uruguayo en las elecciones del domingo, algo que no anticiparon las encuestas previas ni las realizadas a pie de urna pero que hoy quedó confirmado con las cifras del recuento oficial de los votos.


Con el 99,6 % de los votos escrutados, el FA obtuvo un 47,8 % de los sufragios, lo que le otorga 50 diputados de los 99 que tiene la cámara baja, los mismos que hasta ahora.


En el Senado tendrá 15 de los 30 legisladores, un empate que se romperá si el próximo 30 de noviembre el candidato presidencial del FA, Tabaré Vázquez, gana en la segunda vuelta electoral, lo que garantizaría que su compañero de fórmula, el candidato a vicepresidente Raúl Séndic, entre en la cámara con voz y voto.


Estos resultados aún no son oficiales, ya que resta por contabilizar un pequeño número de votos y unos 30.000 sufragios "observados", aquellos emitidos por el personal encargado de las mesas electorales y la custodia de las urnas durante la jornada de votación.


"Este escrutinio es primario y provisorio. Ahora resta analizar los recursos que se hayan presentado y los votos 'observados'. (...) Una vez hecho esto la Corte proclamará oficialmente los resultados. Con los datos que hay ahora sobre la mesa no se hace evaluación oficial", advirtieron a Efe desde la Corte Electoral.

Sin embargo, "extraoficialmente, sí se puede afirmar que es cierto que el FA obtendrá la mayoría", añadieron.
Así, salvo que una gran "anomalía" modifique estas cifras, el FA se hizo con su tercera mayoría legislativa consecutiva, una circunstancia que deja a Vázquez en una situación inmejorable, tanto anímica como políticamente, para competir por la presidencia.


Vázquez tendrá que disputar el balotaje con el candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, al no haber alcanzado el 50 % más uno de los votos necesarios para proclamarse vencedor en la primera ronda.


En un principio, durante toda la campaña electoral las perspectivas de Vázquez eran complicadas, ya que las encuestas le otorgaban a lo sumo el 46 % de los votos antes de la noche electoral, mientras que sus rivales de los partidos "tradicionales", el PN y el Partido Colorado (PC) llegaban a superar en conjunto el 50 %.


Así, de llegar a una segunda vuelta, esos dos partidos, que ya se aliaron en el pasado, podrían arrebatarle la presidencia a Vázquez, que ya gobernó Uruguay entre 2005 y 2010.

Sin embargo, la votación del domingo dibujó un panorama bien distinto.


Primero fueron las encuestas a pie de urna y los primeros votos escrutados los que reflejaron que el FA había obtenido una votación mejor de lo previsto, si bien aún lejos de la mayoría absoluta.


Eso llevó a los candidatos a salir a reconocer unos resultados en donde a todos se les hacía evidente la necesidad de obtener aliados tanto para ganar el balotaje presidencial como para gobernar el Parlamento.


Finalmente, los 1.108.527 votos que recibió el FA este domingo fueron incluso más que los 1.105.262 que sumó el hoy presidente José Mujica en la primera vuelta de las elecciones de 2009.

En segundo lugar quedó el PN de Lacalle Pou, con 716.527 votos, un 30,9 % del total, lo suficiente para garantizarse 32 diputados (dos más que ahora) y diez senadores (uno más).


Pese a subir en votos y escaños respecto a las elecciones de 2009, los nacionalistas esperaban mejores resultados, pues las encuestas les daban hasta un 33 % de los votos.

El Partido Colorado, que ha sufrido el mayor varapalo de estas elecciones, cosechó tan solo un 12,9% de los votos, muy por debajo del 17 % que los dirigidos por Pedro Bordaberry se llevaron en 2009.

Así, los colorados pasarán de 14 a 13 diputados y de 5 a 4 senadores con 299.062 sufragios.


La alegría, por el contrario, llegó al Partido Independiente que con el 3,1 % de los votos, sumó una banca en la Cámara de Representantes a las dos que ya tenía y logró entrar en el Senado.


Este resultado ubicaba al partido de orígenes democristianos de izquierda como "bisagra" parlamentaria en caso de que el FA no hubiera obtenido la mayoría, algo para lo que ya no van a ser necesarios.


Una novedad en esta elección es la entrada a la Cámara de Representantes del partido radical de izquierdas Asamblea Popular, que con 24.749 votos, un 1,1 %, tendrá un escaño.


 

A la izquierda de la izquierda

La deuda externa, la soberanía estatal y temas relacionados con la ecología, ignorados en los últimos años, se colarán nuevamente en la agenda política de Uruguay a la luz del resultado de las elecciones nacionales de este domingo, que tendrán una segunda vuelta el 30 de noviembre. Asamblea Popular (AP) y el Partido Ecologista, Radical e Intransigente (PERI), ubicados a la izquierda del gobernante Frente Amplio (FA), ocuparán entre dos y tres bancas en la Cámara de Diputados y aprovecharán "para hablar de estas cosas y mitigar alguno de los impactos más terribles de lo que se viene", dijo el candidato presidencial de AP, Gonzalo Abella. El PERI, liderado por el ingeniero agrónomo César Vega, también escindido del FA como Abella, considera "prioritaria" la defensa del medio ambiente y la naturaleza frente a las agresiones, y por eso "hará hincapié fundamental en esas premisas".


Estos dos sectores han denunciado reiteradamente el progresivo envenenamiento del agua, que es una de las principales riquezas del país, la destrucción del recurso de tierra o la aparición de trazas de glifosato en la leche materna, y lograron frenar por el momento los planes del gobierno de habilitar la instalación de megaproyectos de explotación minera a cielo abierto. La izquierda emergente tiene además entre sus postulados la renegociación de la deuda externa, que "también hace agua por todos lados", expresó Abella, y que se triplicó en los últimos diez años de gobierno del Frente Amplio.
Estos temas estuvieron ausentes en la reciente campaña, empobrecida en cuanto a propuestas renovadoras concretas y casi sin confrontación ideológica al haberse instalado en el país una suerte de acuerdo no escrito entre los partidos mayoritarios, para sostener el actual estado de cosas. La lucha electoral "se desdibujó", dijo Abella, y por eso confía en que el acceso al Congreso permitirá instalar en el debate lo que denomina "un proyecto artiguista de salvación de la patria ante los grandes problemas que se vienen".


Según los últimos datos oficiales divulgados ayer por la Corte Electoral de Uruguay, el Frente Amplio obtuvo mayoría parlamentaria al sumar cerca del 47,21 por ciento del total de los votos emitidos. En la Cámara de Diputados, de 99 miembros, el FA obtuvo 50 escaños, mientras que los partidos Nacional (PN) y Colorado (P.Col.) sumaron 46 y el Partido Independiente (PI) obtuvo tres diputados, mientras que AP y PERI ocuparán entre dos y tres lugares. En el Senado, el FA obtuvo 15 bancas, el PN 10 senadores y el Partido Colorado cuatro, mientras que el PI accedió a una banca por primera vez, ya que hasta ahora solamente tenía representación en la Cámara de Diputados.
E

l PN y el Partido Colorado son de tendencia conservadora y tienen una mayor proximidad ideológica, a pesar de que han sido adversarios históricos. Apenas terminó la elección, el candidato colorado Pedro Bordaberry prometió trabajar en favor del triunfo de Luis Lacalle Pou (PN) en el ballottage porque, a su juicio, es quien puede hacer los cambios que precisa Uruguay.

El Frente Amplio fue la expresión de la izquierda uruguaya desde su fundación, en 1971, pero se fue acomodando a posiciones de centro y dio lugar al surgimiento de una "verdadera izquierda", como se autodenominan la AP y el PERI, además de otros sectores minoritarios, de tendencia marxista o trotskista. Algunos analistas dan a Tabaré Vázquez como seguro ganador en la segunda vuelta. "Sigue la era progresista cinco años más, el resultado es bastante claro", afirmó el politólogo Adolfo Garcé, y consideró que la votación resultó "frustrante" para el PN y para el Partido Colorado.

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Domingo, 26 Octubre 2014 05:44

Hoy se vota en un clima de tensión extrema

Hoy se vota en un clima de tensión extrema

Hasta el minuto final, tal y como era previsible al término de la primera vuelta, el pasado 5 de octubre, Brasil vive la más disputada elección presidencial de los últimos 25 años. Ante la segunda y decisiva vuelta, la actual mandataria Dilma Rou-sseff, del Partido de los Trabajadores, logró situarse en una ventaja razonablemente confortable sobre su adversario, el neoliberal Aécio Neves, quien se presenta bajo la bandera socialdemócrata: ocho puntos, según el instituto Ibope, o seis, según el Data


Folha. Se confirmó, así, una tendencia observada en la semana anterior, con un ligero repunte de Dilma sobre Aécio, que hasta entonces se mantenía en una situación calificada como de empate técnico.


Pero ayer, faltando menos de 24 horas para que se conozca el resultado, los mismos institutos indicaron una reacción del candidato neoliberal: para el Data


Folha, volvió a existir una situación de empate técnico, al haber una diferencia de solamente cuatro puntos entre Dilma y su adversario. Ya para Ibope, la presidenta se mantuvo en clara ventaja, pero de solamente seis puntos.


Los grandes medios de comunicación reforzaron, a última hora, su apuesta por Aécio Neves. El disparo inicial partió de la revista semanal Veja, que tiene una circulación de alrededor de un millón de ejemplares. Según la publicación, un operador de cambio del mercado negro, Alberto Youssef, que se encuentra detenido a raíz de un escándalo de corrupción que involucra al PT y a varios otros partidos políticos, habría afirmado, al prestar testimonio a la Policía Federal, que Lula y Dilma conocían todo el esquema de desvío de recursos y pago de sobornos ocurrido en la estatal Petrobras. No hay una sola prueba de lo que Youssef afirmó a sus interrogadores. Y, si efectivamente acusó a Lula y Dilma, no hay ninguna prueba indicando que lo que se supone que dijo sea cierto. A propósito, la misma Veja reconoce, en el texto escrito en tono bombástico y acusatorio, esa ausencia absoluta de pruebas. Pero como se trata de la primera denuncia contra Dilma, la revista, de oposición sistemática al PT, dice que no existe ninguna razón para que alguien dude de lo que se supone que dijo el detenido. Para realzar aún más el carácter electoralista de la publicación, esta vez Veja se publicó un viernes, cuando, desde su fundación, hace más de 40 años, sale los sábados.


El tema apareció, desde luego, en todos los periódicos de ayer, con gran destaque en el noticiero de la TV Globo, el de mayor audiencia en el país. Ha sido el refuerzo final a la campaña de Aécio Neves. Curiosamente, a ningún medio le ocurrió recordar que, hace como diez años, el mismo Alberto Youssef hizo un acuerdo con la Justicia, comprometiéndose a denunciar toda una extensa trama de evasión de divisas a cambio de no ser condenado a la cárcel. Al final, fue preso: no se pudo comprobar lo que él confesó a cambio de la libertad.


En ese clima de extrema tensión, que culminó con un auténtico golpe mediático, 143 millones de electores brasileños se dirigen hoy a las urnas en todo el país. Y termina así una campaña que se caracterizó, además de la agresividad entre los candidatos, por una trayectoria sorprendente: cuando tuvo inicio, en julio, todo indicaba una disputa entre Dilma y Aécio, con un tercer candidato, Eduardo Campos, del Partido Socialista Brasileño, corriendo a mucha distancia y sin ninguna perspectiva concreta de victoria. A mediados de agosto, Campos murió en un accidente aéreo ocurrido en circunstancias confusas. En su lugar entró la ambientalista evangélica Marina Silva, que luego se transformó, acorde a los sondeos electorales, en un verdadero fenómeno. Muy rápidamente superó a Dilma y pareció condenar Aécio Neves al ostracismo.
Faltando poco más de una semana para la primera vuelta, y gracias a la contundencia de la campaña electoral de Dilma Rousseff, el fenómeno Marina se desinfló. Aécio Neves, que todo indicaba que estaba liquidado, reaccionó, la superó y pasó a la segunda vuelta. Marina, que tanto lo había criticado, y que tan criticada había sido por él, terminó por aliarse al neoliberal, que lideró todos los sondeos y encuestas durante las dos primeras semanas. Faltando cinco días para la fecha final, Dilma volvió a conquistar el liderazgo en los sondeos. Y ahora, a menos de 24 horas, el gran conglomerado de los medios de comunicación corrió para socorrer a Aécio Neves. Y así el país amanece este domingo, en un ambiente de absoluta indefinición.


Durante esta última etapa de la campaña, tanto en los debates transmitidos por las cadenas de televisión como en la propaganda política, quedó muy claro que ambos candidatos tienen proyectos radicalmente opuestos. Dilma Rousseff asegura que, si permanece al frente del gobierno, irá mantener la línea establecida desde 2003 por el entonces presidente Lula da Silva, de fuerte cuño social. Prometió adoptar las medidas necesarias para que la economía vuelva a crecer con fuerza (las previsiones para 2014 son de un crecimiento nimio, de alrededor de un uno por ciento), para mantener la inflación bajo control, pero fue enfática en la defensa de su programa social, que va de la Bolsa Familia a la creación de escuelas técnicas de enseñanza media, de más universidades populares, de más viviendas para la población de bajos ingresos (fueron casi 4 millones desde 2011). Prometió también mantener el desempleo en los actuales niveles, los más bajos de la historia. Ya su adversario concentra sus promesas en dos campos distintos: dice que va a mantener y mejorar la mayor parte de los programas sociales existentes, pero pretende adoptar medidas drásticas para favorecer a la iniciativa privada. Anunció también que fortalecerá el superávit fiscal, reducirá la inflación a la mitad y revisará los gastos excesivos del gobierno, sin aclarar si en tales excesos se encuentran los programas de vivienda popular, de médicos extranjeros actuando en regiones a las cuales los doctores brasileños se rehúsan a ir, o de becas subsidiadas para que estudiantes de las clases más bajas puedan concurrir a universidades.

Mañana se sabrá por cuál de los proyectos de país optó la mayoría de los brasileños.

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Sábado, 25 Octubre 2014 08:09

Frente Amplio de unidos y solidarios

Frente Amplio de unidos y solidarios

El candidato oficialista y favorito para las elecciones del domingo en Uruguay, Tabaré Vázquez, reivindicó ayer la unidad del Frente Amplio y apostó por la continuidad de las políticas sociales. "Hoy el FA tiene una unidad monolítica, férrea, nadie vislumbra el menor índice o señal de que no exista una unidad tremenda, fuerte. Lo que no quiere decir que haya unanimidad de opiniones, cosa que le hace muy bien al FA porque al no haber unanimidad es muy fermental, hay distintas posiciones y se puede discutir, opinar con fundamentos y con fraternidad, como se está haciendo para luego lograr una síntesis", dijo en una entrevista al diario La República.

 

Desde la medianoche del viernes comenzó a regir la veda electoral de cara a los comicios presidenciales, en los que 2.620.757 electores habilitados elegirán al sucesor de José Mujica a partir del 1º de marzo de 2015. Sin embargo, Vázquez concedió una entrevista en la que subrayó el trabajo conjunto de su partido y la posibilidad de que éste obtenga su tercer gobierno consecutivo. "Nos pareció que debíamos apuntar a llegar a octubre de este año haciendo un trabajo fuerte, para que se conociera a fondo el programa del FA, que importa más que las personas. Y en segundo lugar, trabajando para de alguna manera fomentar e impulsar el espíritu frenteamplista, el entusiasmo y la mística, preparando el terreno para las etapas posteriores", expresó.


La elección marcará también la renovación completa de los 99 miembros de la Cámara de Diputados y de los 30 senadores. En el terreno legislativo, el oficialismo aspira a conservar la mayoría parlamentaria que tiene desde 2005, aunque las últimas encuestas marcan que debería obtener cerca de un 46 por ciento y esperar que el partido Independiente no mejore sus dos diputados actuales y que los tres partidos que se presentan en la elección –Ecologista Radical Intransigente, de los Trabajadores y Unidad Popular– no logren representación parlamentaria. "Quizás estábamos un poco esperando, viendo a ver qué pasa. Pero bastó que hubiera un sacudón para que la impresionante maquinaria frenteamplista se pusiera en marcha y ahora ya está lanzada", confió Vázquez.
El FA conserva el liderazgo en todas las encuestas, aunque los 10 puntos que tiene de ventaja en promedio sobre el Partido Nacional (PN) no le asegurarían un triunfo en primera vuelta. Vázquez, oncólogo de 74 años y presidente entre 2005 y 2010, pidió en el cierre de campaña del jueves "un voto de confianza" para asegurar el tercer triunfo del FA, al que calificó como el mejor proyecto político para que los uruguayos vivan mejor.


Su compañero de fórmula, el ex presidente de la petrolera estatal Ancap Raúl Sendic, destacó durante el acto de cierre que se trata del mejor momento de la historia del Uruguay y opinó que ninguna fuerza política fue capaz de transformar al país como el FA, por lo que en línea con el slogan oficialista, aseguró que "Uruguay no se detiene".


Las últimas encuestas publicadas antes de la veda que rige desde las 24 del viernes, muestran que Vázquez alcanza un promedio de 43 por ciento, frente al 32 por ciento que muestra el candidato nacionalista, Luis Lacalle Pou, por lo que el FA no alcanzaría la mayoría absoluta de los votos emitidos con los que podría imponerse sin necesidad de una segunda vuelta.
Lacalle Pou, diputado de 41 años, aventuró durante su cierre de campaña del jueves que desde la noche del 26 "no será sólo el candidato del PN" y se mostró confiado en "representar a gran parte de la mayoría nacional", frente a la posibilidad de buscar acuerdos de cara a la eventual segunda vuelta del 30 de noviembre.


Hijo del ex presidente "blanco" Luis Alberto Lacalle (1990-1995), el candidato reforzó en su última aparición de campaña el mensaje "Por la positiva", con el que trazó una estrategia de evitar confrontaciones con el oficialismo. "La vida hay que vivirla por la positiva y es la única manera de unir al país. Queremos un país unido por la positiva, es la única manera en que vamos a merecer encabezar la jefatura del gobierno y del Parlamento", apuntó.


También el jueves, en otro lugar de la rambla montevideana, dio el punto de cierre a su campaña el candidato del Partido Colorado (PC) y senador Pedro Bordaberry (54), quien aparece tercero en las encuestas, con un promedio del 15 por ciento de intención de voto según Cifra, Equipos, Factum y Radar. Hijo del ex presidente civil de la dictadura, José María Bordaberry, el candidato del PC realizó esfuerzos por asociar su figura sólo a su nombre de pila, obviando el apellido. "Pedro" es la única palabra recortada sobre su foto en los afiches proselitistas. Bordaberry, que hizo de la inseguridad su lema central de campaña en base al slogan "Vamos a vivir en paz", aseveró junto a su compañero de fórmula, Germán Coutinho, que la del domingo es una decisión de las más trascendentes de los últimos 25 años.


"El domingo decidimos volver a vivir en paz o este camino de inseguridad. Cambiar la educación o mantener las desigualdades. El domingo sí a la baja, sí a la rehabilitación y no la situación actual de denuncias de malos tratos a los menores. Sí a cuidar los derechos de todos y especialmente de los honestos, de la víctima", expresó Bordaberry, en referencia al plebiscito que también definirá ese día si Uruguay acepta una reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años, como impulsó el PC.


De cara a la jornada del domingo, el jefe de policía de Montevideo, Mario Layera, informó que unos 2000 funcionarios policiales trabajarán para garantizar el normal desarrollo de los comicios.

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¿Zar del ébola? Necesitamos un director general de salud pública

La epidemia del ébola es una crisis mundial de salud que exige una respuesta conjunta a nivel mundial. Aquí, en Estados Unidos, las medidas que se tomaron fueron desarticuladas, y parecen estar más bien motivadas por el miedo que por la ciencia. Hay una razón clara para ello: el nombramiento del funcionario seleccionado por el Presidente Barack Obama para ocupar el cargo de Director Genera de Salud Pública, el Dr. Vivek Murthy, sigue estancado en el Senado. Uno podría imaginar que una epidemia como la del ébola haría que la gente trascienda la política partidaria, pero Vivek Murthy, a pesar de los impresionantes méritos de su labor médica, cometió un error crucial antes de ser nombrado: declaró que las armas eran un problema de salud pública. Eso provocó la oposición de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su sigla en inglés), que es todo lo que se necesita para detener el progreso de cualquier votación en el Senado estadounidense.

En octubre de 2012, el Dr. Murthy escribió en su cuenta de twitter: "Estoy cansado de los políticos que hacen política jugando con la problemática de las armas, poniendo en riesgo la vida de millones de personas por miedo a la NRA. Las armas son un problema de salud pública". Un año después, la Casa Blanca anunció su nominación para el cargo de director general de salud y el cuatro de febrero de 2014 testificó ante el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado. Obtuvo el apoyo tanto de los demócratas como de los republicanos en el comité, pero su nombramiento todavía no fue sujeto a votación en el Senado, presumiblemente porque el Senador Harry Raid, líder de la mayoría demócrata en el Senado, sabe que no contarán con los votos suficientes para aprobarlo. Los nombramientos necesitan solo una mayoría simple de 51 votos para ser aprobados. Como los demócratas tienen una mayoría de 55 a 45 en el Senado (al menos por ahora), la aprobación de Murthy como director general de salud pública debería haber sido cuestión de rutina.

Sin embargo, el temor percibido al poder de la Asociación Nacional del Rifle provocó que varios demócratas –sobre todo aquellos que se enfrentan a una reelección ajustada en 2014– indicaran que no votarán en apoyo a Murthy. Entre quienes se espera que voten en contra se encuentran Mary Landrieu, de Louisiana, Mark Pryor, de Arkansas, y Mark Begich, de Alaska. Estos senadores demócratas y otros senadores que aspiran a la reelección no quieren arriesgarse a provocar a la NRA antes de las elecciones de noviembre. Así que Estados Unidos no tiene director general de salud pública.

¿De qué se ocupa el Director General de Salud exactamente? El cargo se remonta a 1798, cuando el Congreso estableció el primer servicio de salud con financiamiento público para los marinos mercantes que padecían enfermedades. Ahora, el director general tiene al mando a más de 6.500 trabajadores de la salud del "Cuerpo Comisionado" de los servicios de salud, que tiene la tarea de proteger la salud pública estadounidense.

Otro papel igualmente importante del director general es oficiar como "médico del país", utilizar su cargo para organizar campañas de salud pública y educar e inspirar a las personas a tomar en serio la salud. Entonces, si bien hay un director interino, Boris Lushniak, que mantiene funcionando la organización, no ha asumido el papel público que el puesto requiere. En 1964, el entonces Director General de Salud Pública, Luther Terry, dio a conocer un revolucionario informe, "Tabaco y Salud", que provocó cambios significativos en las políticas de tabaco, como la impresión de etiquetas de advertencia en los paquetes de cigarrillos y la prohibición de publicidad de tabaco en radio y televisión. En la década de 1980, el Director General de Salud del presidente Ronald Reagan, C. Everett Koop, abogó por la educación y la lucha contra el VIH/SIDA, en contra de los deseos del propio Reagan, que ni siquiera pronunció la frase "SIDA" durante los primeros seis años de su gobierno, mientras miles de personas morían a causa de la enfermedad.

Podemos suponer que, si el Dr. Murthy fuera confirmado como director general, sería la voz cantante de la razón en la respuesta nacional a la epidemia del ébola. En su lugar, tenemos personajes desinformados que exigen prohibiciones de viaje desde y hacia los países de África Occidental, algo que todos los funcionarios de salud pública afirman que sería exacerbar la epidemia, conduciendo a las personas infectadas a cruzar ilegalmente las fronteras y evitar los puestos de control donde podrían ser derivadas para recibir tratamiento. Este escenario definitivamente provocaría más casos de ébola en Estados Unidos.

¿Y cuál es el problema de que el director general de salud impulse políticas de sentido común, basadas en datos de la realidad, para reformar nuestras leyes de tenencia de armas? La Campaña Brady para Prevenir la Violencia con Armas de Fuego señala en sus informes la escala del problema con las armas: en promedio, 128 estadounidenses resultan muertos o heridos por armas de fuego todos los días. Más de 30.000 mueren por violencia con armas todos los años. La Campaña Brady recibe su nombre por el secretario de prensa del Presidente Reagan, el difunto James Brady, que fue herido de gravedad en un intento de asesinato a Reagan.

Hasta donde sabemos, solo dos personas en Estados Unidos tienen ébola actualmente. En cambio, hay 300 millones de armas de fuego en circulación. El ébola se puede detener con procedimientos adecuados de salud pública y con el envío de una gran cantidad de trabajadores de la salud, equipos y otros recursos a Liberia, Sierra Leona y Guinea. El Senado debería votar inmediatamente para aprobar el nombramiento del Dr. Vivek Murthy como Director General de Salud.

 

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Viernes, 24 Octubre 2014 17:04

Un Estado fallido planificado

Un Estado fallido planificado

El Estado mexicano se ha convertido en una institución criminal donde se fusionan el narcotráfico y los políticos para controlar la sociedad. Un Estado fallido que ha sido construido en las dos últimas décadas para evitar la mayor pesadilla de las elites: una segunda revolución mexicana.

 

Familiares de los estudiantes desaparecidos rezan frente a un altar en Ayotzinapa el 6 de octubre de 2014 AFP Yuri Cortez
"Vivos se los llevaron, vivos los queremos", grita María Ester Contreras, mientras 20 puños en alto corean la consigna sobre el estrado de la Universidad Iberoamericana de Puebla, al recibir el premio Tata Vasco en nombre del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), por su trabajo contra las desapariciones forzadas. La escena es sobrecogedora, ya que los familiares, casi todas madres o hermanas, no pueden contener llantos y lágrimas cada vez que hablan en público en el XI Foro de Derechos Humanos.


Nada que ver con la genealogía de las desapariciones que conocemos en el Cono Sur. En México no se trata de reprimir, desaparecer y torturar a militantes, sino de algo mucho más complejo y terrible. Una madre relató la desaparición de su hijo, un ingeniero en comunicaciones que trabajaba para Ibm, secuestrado por el narcotráfico para forzarlo a construir una red de comunicaciones a su servicio. "Le puede tocar a cualquiera", advierte, diciendo que toda la sociedad está en la mira y que, por lo tanto, nadie debería permanecer ajeno al tema.


Fundem nació en 2009, en Coahuila, y ha logrado reunir a más de 120 familias que buscan a 423 personas desaparecidas, que a su vez trabajan con la Red Verdad y Justicia, que busca a 300 migrantes centroamericanos desaparecidos en territorio mexicano. "Daños colaterales", los llamó el ex presidente Felipe Calderón, tratando de minimizar la tragedia de las desapariciones. "Son seres que nunca tuvieron que haber desaparecido", replica Contreras.


PEOR QUE EL ESTADO ISLÁMICO. Un comunicado de Fundem, con motivo de la Tercera Marcha de la Dignidad, celebrada en mayo, destaca que "según la Secretaría de Gobernación, hasta febrero de 2013 se contaban 26.121 personas desaparecidas", desde que Calderón declaró la "guerra al narcotráfico" en 2006. En mayo de 2013 Christof Heyns, relator especial de ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, dijo que el gobierno mexicano reconoció 102.696 homicidios en el sexenio de Calderón (un promedio de 1.426 víctimas por mes). Pero en marzo pasado, tras 14 meses del actual gobierno de Peña Nieto, el semanario Zeta contabilizaba 23.640 homicidios (1.688 al mes).


La cadena informativa Al Jazeera difundió un análisis donde se comparan las muertes provocadas por el Estado Islámico (EI) con las masacres del narcotráfico mexicano. En Irak, en 2014, el EI ha acabado con la vida de 9 mil civiles, en tanto el número de víctimas de cárteles mexicanos en 2013 sobrepasó las 16 mil (Russia Today, martes 21). Los cárteles llevan a cabo cientos de decapitaciones todos los años. Han llegado a desmembrar y mutilar los cuerpos de las víctimas, y después exponerlos para atemorizar a la población. "Con el mismo propósito también atacan a niños y mujeres, y, al igual que el EI, publican las imágenes gráficas de sus delitos en las redes sociales".


Muchos medios de comunicación han sido silenciados a través de sobornos o intimidaciones, y desde 2006 los cárteles han sido responsables del asesinato de 57 periodistas (véase también la sección Papelera de Reciclaje, nota de Daniel Gatti). El Estado Islámico asesinó a dos periodistas estadounidenses, cuyos casos ganaron los grandes medios, pero pocos saben que los cárteles mexicanos asesinaron a 293 ciudadanos estadounidenses entre 2007 y 2010.


La pregunta no es, no debe ser, quiénes son más sanguinarios, sino por qué. Desde que sabemos que Al Qaeda y el Estado Islámico han sido creados por la inteligencia estadounidense, bien vale la pregunta sobre quiénes están detrás del narcotráfico.
Diversos estudios y artículos periodísticos de investigación destacan la fusión entre autoridades estatales y narcos en México. La revista Proceso destaca en su última edición que "desde el primer trimestre de 2013 el gobierno federal fue alertado por un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios federales acerca del grado de penetración del crimen organizado en las áreas de seguridad de varios municipios de Guerrero", sin obtener la menor repuesta (Proceso, domingo 19).


Analizando los vínculos detrás de la reciente masacre de los estudiantes de Ayotzinapa (seis muertos y 43 desaparecidos), el periodista Luis Hernández Navarro concluye que el hecho "ha destapado la cloaca de la narcopolítica" del estado de Guerrero (La Jornada, martes 21). En esa narcopolítica participan miembros de todos los partidos, incluyendo al centroizquierdista Prd, donde militaba el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, directamente implicado en la masacre.

 

Raúl Vera fue obispo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, cuando la jerarquía decidió apartar de esa ciudad a Samuel Ruiz. Pero Vera siguió el mismo camino de su antecesor y ahora ejerce en Saltillo, la ciudad del estado de Coahuila de donde provienen varias madres que integran Fundem. No tienen local propio y se reúnen en el Centro Diocesano para los Derechos Humanos. El obispo y las madres trabajan codo a codo.

 

En 1996 Vera denunció la masacre de Acteal, donde 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras oraban en una iglesia de la comunidad, en el estado de Chiapas, entre ellos 16 niños y adolescentes y 20 mujeres. Pese a que la masacre fue perpetrada por paramilitares opuestos, el gobierno intentó presentarlo como un conflicto étnico.


Controlar la sociedad.

Por su larga experiencia, Vera sostiene que la masacre de Ayotzinapa "es un mensajito al pueblo, es decirnos: 'vean de lo que somos capaces'", como sucedió en San Salvador Atenco en 2006, cuando militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que participaban en La Otra Campaña zapatista fueron brutalmente reprimidos, con un saldo de dos muertos, más de 200 detenidos, 26 mujeres violadas. El gobernador a cargo del entuerto era Enrique Peña Nieto, el actual presidente.
Esos "mensajes" se repiten una y otra vez en la política mexicana. El padre Alejandro Solalinde, quien participó en el Foro de Derechos Humanos, coordina la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado mexicano y dirige un albergue para migrantes que pasan por México hacia Estados Unidos, asegura que recibió información de que los estudiantes fueron quemados vivos. Luego de ser ametrallados, los heridos fueron quemados, como le relataron policías que participaron en los sucesos y "reventaron por conciencia" (Proceso, domingo 19).


Vera destaca la íntima relación entre los cárteles y las estructuras política, judicial y financiera del Estado, al punto, dice, de que es imposible saber dónde comienza uno y acaba el otro. Constatar esa realidad lo lleva a asegurar que los dirigentes de su país "son el crimen organizado" y que, por lo tanto, "no estamos en democracia" (Proceso, domingo 12).


Pero el obispo enfoca su reflexión hacia un punto neurálgico que permite desatar el nudo. "El crimen organizado ha ayudado al control de la sociedad y por eso es socio de la clase política. Ellos han conseguido que el pueblo no se organice, no crezca." Palabras más o menos, es lo mismo que ha señalado el subcomandante Marcos.


Por último, no se trata de una confluencia casual sino de una estrategia. Uno de sus constructores sobre el terreno es el general Óscar Naranjo, quien fue uno de los más destacados "arquitectos de la actual narcodemocracia colombiana" bajo el gobierno de Álvaro Uribe, como lo denunciara el corresponsal de Brecha en México Carlos Fazio (La Jornada, 30 de junio de 2012). Naranjo, un protegido de la Dea y "producto de exportación" de Estados Unidos para la región, se convirtió en asesor del gobierno de Peña Nieto.
Fazio destaca una información de The Washington Post donde el rotativo asegura que "7 mil policías y militares mexicanos fueron entrenados por asesores colombianos". No hace falta hacer volar la imaginación para descubrir dónde se comenzó a fabricar el Estado fallido mexicano.


Pero hay más. "El gobierno de Estados Unidos ha ayudado a algunos cárteles a través de la Operación Rápido y Furioso", por la cual "involuntariamente" 2 mil armas fueron a parar a manos de los narcos, recuerda la página antiwar.com. Es posible, reflexionan sitios dedicados al análisis estratégico, como el europeo dedefensa.org, que el caos mexicano sea favorecido por la creciente parálisis de Washington y la cacofonía que emiten sus diversos y contradictorios servicios. Sin embargo, todo indica que hay algo deliberado. Que pueda volverse un bumerán a través de la extensa y porosa frontera entre los dos países, tampoco debería ponerse en duda.

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Viernes, 24 Octubre 2014 06:22

"Hay narcopolítica pública y privada"

"Hay narcopolítica pública y privada"

Investigador del Centro de Estudios Históricos del prestigioso Colegio de México, Ariel Rodríguez Kuri dialogó telefónicamente con Página/12 sobre los efectos de la matanza y la desaparición de estudiantes de magisterio de Ayotzinapa y la crisis del municipio de Iguala con su alcaldía colonizada por los narcos y su alcalde José Abarca prófugo de la Justicia.


–¿México vive una situación de Estado narco o de narcopolítica?


–La masacre de Ayotzinapa es una de las muestras de que los poderes locales están copados, ya sea por la pura violencia de grupos delincuenciales o por otros métodos de connivencia que incluyen el soborno y las dádivas económicas. Sí hay un problema de narcopolítica y es probable que no incluya sólo a los poderes públicos, al Estado, sino a la esfera privada. Hay una denuncia contra Banamex, del grupo Citi, donde en los procesos contra el Chapo Guzmán, el jefe narco, descubrieron que había también personal de seguridad del banco involucrado. Esto fue denunciado por la propia matriz estadounidense. Por eso hablo de narcopolítica: el narco va permeando las esferas públicas y las privadas.
–¿Se puede saber hasta qué punto el narco permeó las distintas instancias del Estado?


–Tenemos muy claro que sí se estuvo colonizando el poder del Estado a nivel local. No hay una investigación seria para saber si tocó al gobierno federal. Pero ya sabemos que sí tocó al ejército y a las policías federales. Por lo tanto hay un problema muy delicado. También hablo de narcopolítica por la violencia y la impunidad que muestran los criminales en el caso de Iguala. Los narcos están penetrando a los actores de la vida pública mexicana, como los partidos políticos.
–Amnistía Internacional dijo que se trata de una catástrofe anunciada y evitable.

–Sí, y no sólo por lo que dijo Amnesty, sino por los procedimientos para combatir la narcopolítica. Haber colocado al ejército en función de policía tornó muy vulnerable la vida cotidiana de muchas personas y la vida del propio ejército, porque en este caso cambia lo que debe y puede hacer. Fue una discusión intensa entre 2006 y 2008 en México.
–En estos días la escritora Elena Poniatowska recordó la masacre de Tlatelolco en 1968.

–Me andaría con cuidado en la comparación con 1968. Aquélla fue una confrontación sin mediaciones entre un conjunto de estudiantes que demandaba libertades civiles con fuerzas formales o irregulares del Estado. No hubo ni siquiera algo tan malo como lo de hoy, por su extensión, ni en los peores años del macartismo en México, que por cierto fue horroroso pero que no llegó a los niveles alcanzados en otros países. Lo de ahora es más difícil de caracterizar porque insisto en que la narcopolítica permea todo: Estados, empresas, etcétera. Pero trazar una línea sin información precisa en cada caso es difícil y puede generar psicosis sobre la penetración de la narcopolítica. Uno de los problemas de la impunidad es que convierte en sospechoso a todo el mundo. Si continúa la impunidad, no quedarán a salvo ni políticos, ni empresarios, ni movimientos de protesta social. Y entonces habrá aparecido en la sociedad mexicana un arma con dos funciones: disuadir primero y reprimir después. En los últimos días aparecieron mapas sobre lo que algunos llaman el Triángulo de las Bermudas, por la desaparición de personas, sobre todo de varones y jóvenes. También sucede en Michoacán y Jalisco. Y aumenta.

–¿Hay cifras precisas? Leí que pueden ser más de 20 mil los de-saparecidos.


–Es que hay los que desaparecen y no dejan rastro hasta que otro hecho lleva al desenterramiento de las fosas. No sabemos cuántas fosas hay en México ni cuántos desaparecidos hay. En estos momentos el pesimismo nacional es muy profundo y la pregunta es si el país se está convirtiendo en una fosa.

–¿Qué efecto político genera ese pesimismo sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto?


–La repercusión sobre el gobierno nacional estaba fuera de los planes del presidente. No imaginó que un día debería argumentar que en México sí se puede invertir. Es un problema mayúsculo y recién va apenas por el tercer año de gobierno. Las crisis de esta magnitud son al sexto año. Recordemos el asesinato de Luis Donaldo Colosio y el levantamiento zapatista.

–Los dos hechos son de 1994.

–El último año de Carlos Salinas de Gortari. En esa época se incubó también la crisis económica de 1995. Veremos qué sucede hoy con esta crisis, porque le pegó a Peña Nieto en la línea de flotación.

–¿Por qué justo en el Estado de Guerrero?

–Guerrero tiene sus particularidades. Es el espacio del mayor brote guerrillero rural en México en la segunda posguerra. Son guerrillas campesinas. Genaro Vázquez y Lucio Cabañas eran profesores normalistas. Primero fueron cercados al PRI y luego se fueron radicalizando tanto por el no cumplimiento de demandas gremiales como por la represión. Estamos en presencia de maestros rurales. El primer brote de foquismo, Chihuahua, también fue dirigido por profesores normalistas. El normalismo es un producto directo de la revolución. Es un agente civilizador. Se buscaba formar para enseñar y formar para formar. Creo no violentar la historia si hablamos de una genealogía del normalismo en México, un fenómeno que tiene un peso espectacular en la política nacional.


–¿Por qué la relación entre el normalismo y las guerrillas rurales o los reclamos campesinos?

–En México entre el 25 y el 30 por ciento de la población vive en comunidades de menos de cinco mil habitantes, naturalmente relacionadas con el campo. A pesar de que la contribución en el PBI no supere el 5 o 6 por ciento, la incidencia demográfica, y por lo tanto simbólica, es muy importante.

–Ayotzinapa no pasa de los dos mil habitantes.


–Y es representativa de una proporción considerable de la población, que todavía en México se mide en millones y millones de personas. Sé que es un hecho atípico en la región y a veces por eso conviene explicarlo bien en el resto de América latina.

–El gobierno de Peña Nieto comenzó con pactos. ¿Haría falta un nuevo pacto contra la narcopolítica?


–Le contesto con un ejemplo de lo que haría falta en México. El jefe de gobierno del Distrito Federal propuso en mayo un aumento del salario mínimo. Pasar de los 67 pesos mexicanos (cinco dólares) a 83 (siete) en un país que tiene el menor salario mínimo de América latina. Y desató una Jihad entre los economistas ortodoxos de este país, que son hegemónicos, sobre todo por acto reflejo en los economistas vinculados al sector bancario. El menemismo en México está fuerte en los aparatos financieros. Por eso la guerra santa contra el aumento del salario mínimo. Claro, tanto conflicto convirtió el tema en un gran asunto nacional. Y generó discusiones. ¿Hace falta un nuevo pacto que esta vez tenga un gran alcance social? Un nuevo pacto, entonces, no sólo tiene que pasar por un aumento del ingreso de los siete millones de trabajadores que reciben el salario mínimo, sino por la dignidad del trabajo. Pero, ¿cómo se hace si sólo discutir el ingreso genera una hecatombe? En México las sesiones de la Corte Suprema son públicas, pero las de la Comisión Nacional del Salario Mínimo son secretas. Un secreto para pactar aumentos de uno, dos o tres pesos... Es necesaria una reforma social que tiene que ver con el mundo del trabajo. Si no, no habrá incentivos para el trabajo legal, cuando además hay sicarios que matan por cinco o seis mil pesos al mes. El crimen organizado se aprovecha de la gente y le da un AK-47 para que asesine. Por eso es imprescindible un nuevo pacto social y no sólo un pacto político que encare reformas puramente políticas, por más importantes que sean.


–¿Cuál sería la base de un pacto social?


–Es obvio que hay que ir a las calles, a las rancherías, y darle esperanza a la gente, porque el asunto se está saliendo de cauce. Hay una violencia latente que no es sólo por el crimen organizado. Hasta las propias clases medias están en una situación extraña. Hoy tienen una angustia nueva: qué pasará con los muchachos que están en la educación secundaria, porque no pueden con las cuotas y el consumo los endeuda. El debate apunta a la construcción de futuros más o menos estructurados que tienen que ver con ingresos dignos incluso para las clases medias de profesionales liberales o free-lance. Ya la clase media echa humo. O el gobierno propone el nuevo pacto social o se está metiendo en una bronca muy grande. Y las famosas reformas estructurales que buscan desregular y privatizar todo, lo sabemos, son una adicción.

–¿En qué sentido una adicción?

–Avanzan y avanzan y siempre terminan no siendo suficientes. ¿De qué reformas estructurales hablan si ya están entrando al país las grandes corporaciones y el Estado no es capaz de controlar a un jefe municipal y a un grupo de matones que sobornan y matan? Y la gran petrolera, ¿será neutra políticamente? ¿Y las fuerzas armadas? ¿Tienen alguna doctrina? Yo, por supuesto, esperaría que tuvieran una doctrina democrática y no estoy convocando a ninguna guerra. Pero hoy no tienen ninguna doctrina de defensa. Cuando se celebraron los acuerdos comerciales de integración con Estados Unidos se terminó la doctrina. Ahora, ¿qué pasaría si el Tea Party ganara? Ese grupo es tan antimexicano y tan antiinmigratorio que cerraría la frontera en la primera semana de gobierno. ¿Y qué haría México? ¿Alguien lo pensó? Hay tantas cosas a resolver... Por supuesto que el narco puso y pone dinero en las elecciones. La cuenta pendiente de Peña Nieto es la política anticorrupción y quedó en nada. Los asesinatos de Iguala cambiaron el tono de toda la administración. Obligaron a Peña Nieto a redefinir escenarios y a ocuparse de la política interna con la necesidad de ocuparse de realidades distintas.

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