El tribunal penal de Minia (sur de Egipto) condenó hoy a muerte a 183 supuestos seguidores de los Hermanos Musulmanes, entre ellos el líder de la cofradía, Mohamed Badía, por disturbios y actos de violencia en esa provincia el pasado agosto. Según informó la agencia estatal de noticias Mena, otros 496, sobre un total de 683 acusados, fueron absueltos, mientras que cuatro personas recibieron una sentencia a cadena perpetua.
Alrededor de 120 acusados se encuentran en prisión preventiva por el asesinato premeditado de un policía, mientras que el resto fueron juzgados en rebeldía.


Según dijeron fuentes judiciales a Efe, los acusados que son procesados en ausencia se exponen a penas mayores, que luego pueden ser revisadas si finalmente comparecen ante el tribunal. Los juzgados estaban acusados de homicidio, intento de asesinato, robo, uso de la fuerza, ataque contra instalaciones públicas en multitud, provocar incendios y posesión de armas de fuego sin licencia.


La corte, presidida por el polémico juez Said Yusef Sabri, emitió su veredicto definitivo tras recibir el dictamen no vinculante del muftí de Egipto, Shauki Alam, a quien envió un fallo preliminar con 683 condenados a muerte en abril para que éste emitiera su opinión, como es preceptivo en la ley egipcia.


Los allegados de los procesados, que esperaban a las puertas del tribunal, reaccionaron con estupor a las sentencias, confundidos por las diferentes versiones que ofrecían los abogados de los inculpados a la salida de la sesión, según dijeron a Efe testigos presenciales.
Los hechos se remontan a agosto pasado, cuando una ola de violencia sacudió la aldea de Al Adua, en la provincia de Minia, tras el desmantelamiento de las acampadas en las plazas cairotas de Rabea al Adawiya y Al Nahda, donde los islamistas protestaban por la destitución militar de Mohamed Mursi.

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Aislado y desacreditado por la humillante derrota militar, el primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, probablemente se vaya pronto, maltratado como está por las exigencias ligeramente veladas para que renuncie inmediatamente por parte de figuras poderosas que alguna vez lo apoyaron. Pocas horas después de que el presidente Obama dejara implícitamente claro que quiere un cambio de liderazgo político en Bagdad, el líder espiritual de los chiítas iraquíes, el gran ayatolá Ali al Sistani, llamaba a un nuevo y "efectivo" gobierno que evite los errores del anterior. Nadie en Bagdad tiene ninguna duda de que él quiere que se vaya el primer ministro. Cuanto más tiempo Al Maliki se aferre al poder es más probable que el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL) gane más victorias y la comunidad sunnita permanezca unida detrás del grupo del EIIL.
Fuentes militares en Bagdad dicen que la clara señal de Obama, de que Estados Unidos no iba a usar su fuerza aérea para preservar el statu quo en Bagdad, ha "dañado la moral y la confianza del ejército". El ejército había estado esperando, de manera poco realista, una promesa de ataques aéreos para detener el avance del EIIL y sus aliados.

Hay otras voces menos diplomáticas que exigen que Al Maliki, quien ocupa el cargo desde 2006, debe irse. Umm Nahid, un residente de Ramadi, capital de la vasta y abrumadora mayoría sunnita en la provincia de Anbar, le dijo a The Independent que la ciudad había sido tomada mayormente por el Consejo Revolucionario de las tribus de Anbar, dirigido por Hatem Suleiman. Suleiman dice que está impidiendo que el EIIL avance hacia Bagdad, pero dejará de hacerlo a menos que el ejército iraquí se retire totalmente de Ramadi, que todos los prisioneros sean liberados (se cree que unos 100.000 están en la cárcel) y, sobre todo, que "se retire Al Maliki del poder".


Su amenaza subraya notablemente la medida en que Al Maliki se ha convertido en una figura odiada por los cinco o seis millones de habitantes de la fuerte comunidad sunnita iraquí. La hostilidad hacia el primer ministro como responsable de su opresión ha permitido a los fanáticos del EIIL colaborar con diferentes grupos armados sunnitas con los que previamente estaban luchando. Para los sunnitas, el odio y el miedo a Al Maliki es una poderosa fuerza unificadora igual que el odio a Saddam Hussein solía permitir a los chiítas y los kurdos paliar sus diferencias.


Al Maliki no lo ve de esa manera y ha rechazado los pedidos para que renuncie como lo piden las potencias extranjeras, pero los políticos iraquíes que siempre se le han opuesto ahora creen que lo pueden derrocar. Para el 30 de junio a más tardar el Parlamento iraquí debe reunirse para elegir un nuevo presidente, y un primer ministro. Parece que Al Maliki, a pesar de que le fue bien el 30 de abril en las elecciones parlamentarias, no tiene los suficientes votos para sobrevivir.


Como segunda línea de defensa, tratará de garantizar que alguien de adentro de su propia coalición Estado de Derecho, y cerca de él, como su ex jefe de Gabinete Tariq Najim, se haga cargo. Trataría de seguir siendo una potencia en las sombras y, en el peor de los casos, para proteger a su familia –y su gobierno se ha convertido en una extensión de su familia– de la persecución, igual que Boris Yeltsin que llegó a un acuerdo cuando Vladimir Putin asumió el cargo de líder de Rusia en 1999.


Estas maniobras parecen insignificantes y totalmente egoístas, cuando los combatientes del EIIL están a menos de una hora de Bagdad. La capital misma podría entrar en erupción en cualquier momento que EIIL decida activar sus células en los enclaves sunnitas. En los últimos días, fuentes militares dicen que descubrieron una célula similar al EIIL en la zona mayoritariamente chiíta de Karada, que pretende ser una organización de caridad pero, en la práctica, está bajo el control de un ex general de la época de Saddam, que estaba monitoreando las defensas de la ciudad.


El peligro de la caída de Bagdad hace que sea perjudicial negociar sobre el futuro liderazgo de Irak. "La gente puede aceptar a Tariq Najim porque están desesperados por conseguir que Al Maliki se vaya", dijo un observador. Otros candidatos como Iyad Allawi, Ahmed Chalabi y varios otros tienen partidarios pero las disputas prolongadas harían muy difícil reactivar y reorganizar el ejército.


Hay otro jugador en la lucha por el liderazgo iraquí cuyas opiniones pueden ser decisivas. Se trata de Irán y Al Maliki en los últimos años ha sido en gran medida el hombre de Irán. Fueron los iraníes los que finalmente fueron responsables de que se quede en el poder tras las elecciones de 2010. Los políticos iraquíes, familiarizados con el liderazgo iraní, dicen que es incierto lo que hay que hacer y, al menos hasta hace poco, el líder espiritual supremo de Irán, Ali Jamenei, mantuvo el apoyo a Al Maliki. Puede ser que los iraníes quieran exigir un precio a Estados Unidos por haberlo abandonado, pero los iraníes no querrán que Bagdad caiga o tener que enviar tropas para impedir que esto suceda.


Un problema en la actual crisis es que los líderes políticos iraquíes pueden están confiando demasiado en Estados Unidos o en Irán para que los rescaten. "Les gusta creer que los estadounidenses tienen una varita mágica y los iraníes siempre se queden con ellos", dice Ghassan al Attiyah, politólogo y activista iraquí. Los estadounidenses pueden estar dispuestos a luchar contra el EIIL, pero no quieren que se los arrastre a una guerra sectaria contra los sunnitas.


De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.

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Sobre la participación de la Izquierda en el gobierno de Santos.

Para la segunda vuelta presidencial la presencia de varios matices de la Izquierda democrática, apoyando la candidatura del Presidente Santos fue trascendental y de amplia incidencia en el resultado final que permitió la derrota del candidato ultraderechista Oscar Ivan Zuluaga por cerca de un millón de votos.


La coincidencia en el tema de la defensa del proceso de paz propicio la constitución de un potente bloque político convertido en el eje de la dinámica política en el mediano y largo plazo. La voz cantante en la vida pública ya no será la de la guerra y el belicismo a ultranza como le gusta a Uribe Velez y sus partidarios.


Conocidos los resultados electorales, el Presidente Santos ha dicho que en su gobierno hay un espacio para la Izquierda. Es apenas obvia tal afirmación.


Algunos líderes de dicho campo político han mostrado perplejidad y dudas sobre su ingreso a la segunda administración del doctor Juan Manuel Santos. Los argumentos se refieren a una eventual perdida de independencia y a conjeturas sobre apoyos a programas incompatibles con sus proyectos políticos, como planes económicos, financieros, de orden público y militares.


La Izquierda en sus diversas tendencias debería salir de esas dudas que la paralizan y tomar la decisión de acompañar a Santos en su gobierno, específicamente en la política de paz y en la construcción de un ambicioso plan en ese sentido.

Los espacios estatales que le corresponden debe asumirlos e impedir que el uribismo, a través del zuluaguismo ablandado, se infiltre en las esferas gubernamentales para seguir en su sabotaje crónico del procesos de diálogos que se adelantan en La Habana.

La Izquierda debería mirar y analizar la reciente experiencia de Chile, en que un núcleo muy importante de dicha orientación política, la del Partido Comunista, hizo parte de la coalición que llevo a La Moneda a la Presidenta Bachelet, y hoy participa de importantes cargos en su gobierno, sin perder su independencia. Esa presencia en cargos oficiales ha permitido que el debate sobre la reforma tributaria, la reforma política y educativa, tenga ingredientes progresistas que fortalecen los derechos fundamentales de la sociedad.

No hay que perder de vista que el Estado y su maquinaria administrativa son un campo de tensiones de diversas fuerzas, en el que se da una intensa lucha entre diferentes concepciones ideológicas y políticas. Lucha en la que debe intervenir el ciudadano para defender y profundizar sus derechos en la perspectiva de la democracia, la equidad y la justicia social

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La Izquierda que apoyó a Santos no debe caer en la trampa de los falsos maniqueísmos patrocinados por ciertos parlamentarios pegados al sectarismo político.

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Lunes, 16 Junio 2014 06:16

La paz de Santos gana en Colombia

Juan Manuel Santos consiguió la noche de este domingo el respaldo al diálogo de paz que inició con la guerrilla en noviembre de 2012 y al que había fiado su carrera política y la reelección. Obtuvo el 50,9% de votos frente al candidato uribista, Óscar Iván Zuluaga, abanderado de la mano dura contra las FARC, que se quedó en el 45%, lo que muestra la brecha que la negociación de La Habana ha abierto entre los colombianos. El resultado garantiza la continuidad del proceso, el que más posibilidades tiene de prosperar por los avances que ya ha conseguido Santos, después de tres intentos frustrados que han lastrado la confianza de los colombianos en esta apuesta.


Exultante y rodeado su familia, pronunció anoche un discurso en el que subrayó la trascendencia de la elección. "La historia tiene sus momentos, y este es el de acabar con este cruento conflicto", dijo. Habló de que la paz es la oportunidad de "emprender profundas reformas" y destacó: "El mensaje de hoy es también para las FARC y el ELN: Este es el fin. Es el fin de 50 años de violencia". Santos advirtió que el camino "no ha sido, no es ni será fácil", y se dirigió a los que desconfían del proceso: "Esta no será una paz sin impunidad. Será una paz justa".


La campaña ha sido una de las más crispadas, salpicada de escándalos y vertebrada en torno a la negociación. El uribismo y su candidato Zuluaga —considerado por muchos una mera extensión del muy popular y carismático expresidente Álvaro Uribe— consiguieron derrotar a Santos en primera vuelta, agitando la acusación de que el presidente es un castrochavista que ha vendido el país a la guerrilla, y sobre todo el rechazo de una parte de los colombianos a la participación en política de la guerrilla si hay un pacto final. Zuluaga, que en la primera vuelta consiguió el 29,2% de los votos frente al 25,6% de Santos, no reconocía la naturaleza política del conflicto armado y puso condiciones —que las FARC dejen de cometer atentados y de reclutar niños— para que continuara la negociación.


Las conversaciones de paz no han logrado una gran movilización del electorado colombiano, pero sí han reducido la abstención del 60% de la primera vuelta, celebrada el 25 de mayo, al 53%. La calle de la universidad a la que acudieron por la mañana a votar Gloria Roa, de 53 años, y su hija Diana Tipazoc, de 22, tiene unos desniveles tan pronunciados que parecen escalones. Viven en un barrio de clase media de Bogotá, el 7 de Agosto, de casas bajas de colores, socavones en el suelo, enjambres de cable colgando de postes y plagado de talleres de coches. Diana participó porque quería que continúe el diálogo de paz con la guerrilla. "He visto los debates en televisión y creo que hay que intentar acabar la guerra. Por eso voy con Santos", dice.


La visión contraria provocó que Diana Bautista, médico de 26 años, acudiera a votar. En la primera vuelta se abstuvo, pero recogía el temor de una parte de los colombianos respecto a la negociación con la guerrilla: "Me da miedo que gane Santos, se les está dando demasiado a las FARC a cambio de nada. Ellos siguen matando, robando y extorsionando", argumenta. Cree, además, que el Gobierno apenas ha hecho nada por la sanidad pública, que es "terrible", describe. "Hay pocos especialistas, el servicio está saturado, faltan algunas medicinas... Solo en los últimos dos meses hicieron algo, eliminar las trabas burocráticas para que todos puedan tener servicio de urgencias", explica.


Santos puede exhibir exitosas cifras macroeconómicas —crecimiento del 4,3%, reducción estadística de la pobreza en 2,5 millones de personas, una tasa de paro en descenso, en el 9,6%— en sus primeros cuatro años de Gobierno, pero todavía Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo. Muchos acusan a los políticos de ser una élite desconectada de los problemas de la gente. "Yo no voto por ninguno. Esto ha sido una batalla entre ellos, no les preocupa la delincuencia, no hay buena educación, hay mucha pobreza", decía Gloria Roa junto a su hija, que va con Santos. La campaña no ha abordado los temas que le importan: "Nosotros aún estamos pagando la universidad de ella a plazos. Acabó en diciembre y está con nosotros en una tienda que tenemos de accesorios de coche porque no hay trabajo ni tiene experiencia", asegura.


El proceso de paz ha acaparado la atención en la campaña, pese a que asuntos como la educación, la inseguridad o el paro figuraban como prioritarios para los ciudadanos en las encuestas. Lo son, por ejemplo, para Ana Jennifer Gómez, que va por la calle a votar con sus cuatro hijos de la mano. Ella iba a votar por Zuluaga. "Acaban de venir a vivir a Bogotá conmigo. Soy desplazada de la zona de Caquetá por las FARC. Mis hijos se quedaron con su abuela mientras yo trabajaba aquí de interna y les mandaba dinero", cuenta. Para ella, que trabaja 12 horas al día en un taller de costura, la paz es algo muy lejano: "Sé cómo es la guerra y cómo es el campo. Los políticos solo quieren poder, allí no llega ninguna ayuda". Ella va a pedir el subsidio que se da a los 5,5 millones de personas que, como ella, han tenido que huir de sus casas en estos 50 años de conflicto en los que ha habido 220.000 muertos. Ella no confiaba mucho en el futuro del proceso de paz que recibió el apoyo de la mayoría. Estaba concentrada, decía, "en ver cómo podemos sobrevivir todos aquí. Tengo que sacar a mis hijos adelante".


La Colombia que no vota


En la segunda vuelta votaron 16 millones de personas de los 33 que estaban habilitados

S. B. / E. R. Bogotá 16 JUN 2014 - 00:44 CET


Los habitantes de Barú, una isla sobre el Caribe colombiano muy cerca de Cartagena de Indias, decidieron abstenerse de votar. Se quedaron en sus casas durante las legislativas de marzo, también en la primera vuelta presidencial a finales de mayo y lo hicieron de nuevo este domingo como protesta por el olvido en que los tienen sus gobernantes. "Sin agua, sin carretera y sin educación, Barú no participa en la votación", fue el mensaje que algunos exhibieron en pancartas.


Esta es una de las manifestaciones del desencanto de los electores colombianos con sus políticos. En los últimos 16 años, los que salen a votar no han superado el 49%. Sin embargo, en esta última elección presidencial el abstencionismo se disparó y llegó en la primera vuelta al 60% y en la segunda al 53%. "No me gusta ninguno de los dos, así que no voy a ir a votar", dijo Ángelo, de 25 años, en la mañana del domingo. Está junto a un puesto de arepas en una zona de oficinas de Bogotá junto a Laura, de 22, que tampoco vota. "Zuluaga es la vuelta de [el expresidente 2002-2010] Uribe, y Santos no ha hecho nada. No hay seguridad en la calle, toda la política es corrupción", criticó.


En las dos vueltas presidenciales a la apatía de siempre se sumó la guerra sucia entre Santos y Zuluaga, que al final se reflejó en el elevado número de abstencionistas (votaron cerca de 16 millones en la segunda vuelta, de los 33 que estaban habilitados para votar). A esto habría que añadir el voto en blanco, que de un habitual 2% llegó en la primera vuelta al 6% y en la segunda al 4%. Uno de los políticos que abanderó esta opción es el senador del Polo Democrático de izquierda, Jorge Enrique Robledo, para quien aliarse con Santos o Zuluaga, como ha hecho la mayor parte de la izquierda y la propia excandidata presidencial Clara López, era traicionar su conciencia.


Colombia ocupa el primer lugar entre los países abstencionistas de la región. Los analistas coinciden en que al descrédito de los partidos políticos se suma una falta de conexión entre los políticos y las necesidades reales de la gente. Esa es la razón por la que Lorena, una camarera de 20 años, tampoco votó. "Prometen cosas que no pueden cumplir. Solo se preocupan de la paz con las FARC, pero no hablan de la violencia que vivimos en la calle, hay robos y asesinatos todos los días", dice.


La percepción de inseguridad también influye. A pesar de que las FARC decretaron un alto el fuego durante la primera y la segunda vuelta, el uribismo denunció que no había garantías para votar en ciertos lugares del país en donde grupos armados presionaban a los electores. Así ocurrió el domingo en el Chocó, en el Pacífico, donde integrantes del ELN, la otra guerrilla con la que se ha empezado a negociar, impidieron que se instalaran mesas de votación. Aunque el Gobierno aseguró que controla el orden público en todo el país, casos como el del Chocó, provocan que algunos electores prefirieran quedarse en sus casas.


 

El campo, una cuestión pendiente

López San Migue

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Hay un tema ineludible que el nuevo gobierno de Colombia tendrá que atender: la situación del campo. El sector rural paralizó gran parte de las rutas nacionales en los recientes paros agrarios, un asunto que Santos en su momento minimizó, pero durante la campaña admitió que se había equivocado. Los productores agropecuarios reclaman desde hace tiempo mejoras en las condiciones de su actividad, y realizaron dos grandes huelgas masivas, una entre agosto y septiembre del año pasado, y la otra entre abril y mayo de este año.


Los campesinos no dejan de señalar que el gobierno de Santos, así como el de sus antecesores, incumplió convenios para solucionar diversas crisis económicas que provocan altos costos de producción y de combustible. La crisis del campo está fuertemente vinculada al modelo de economía abierta, en el que prevalecen los Tratados de Libre Comercio (TLC). Los trabajadores rurales han reclamado un mayor presupuesto para el campo, condonación de créditos, reducción del precio de los fertilizantes y combustibles y freno a las importaciones de productos agrícolas que entran por la vía tanto de los TLC como del contrabando.


Un estudio que presentó en diciembre la organización Oxfam, pasado un año y medio de entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Estados Unidos, concluyó que los productos más vulnerables de la economía campesina ante las importaciones provenientes del país del Norte son "el lactosuero, seguido por el arroz, el maíz blanco, la leche en polvo y la carne de cerdo". Fernando Barberi Gómez, investigador de Oxfam, dijo al diario El Espectador que los resultados eran desalentadores. "En estos primeros meses las importaciones desde Estados Unidos han crecido a un ritmo mucho mayor que las exportaciones a ese país, provocando un deterioro en la balanza comercial. Y el sector campesino colombiano se ve forzado a competir en desigualdad de condiciones con productos que disfrutan de importantes subsidios al sector agropecuario en EE.UU." Esto, dice el documento, hace prever una caída en la producción agropecuaria y, por supuesto, los ingresos de las familias campesinas.


Tras las huelgas agrarias, el gobierno puso en marcha subsidios y salvaguardas para productos sensibles al libre comercio. Sin embargo, distintas organizaciones de agricultores sostienen que estas medidas no han surtido los efectos prometidos, y continúan pidiendo que se renegocie el acuerdo con Washington, e incluso el que tiene Colombia con la Unión Europea. El punto central es la renegociación de los TLC, advirtió a Página/12 Diego Jaramillo Salgado, profesor de la Universidad del Cauca. Y agregó: "El impacto de las políticas neoliberales generó una reacción casi de supervivencia del campo, que se levantó. Ante ello, el Ejecutivo avanzó en acuerdos diferenciados, ya que no es lo mismo lo que reclaman los cafeteros que los cosechadores de papas. Esto dividió al movimiento campesino. No obstante, creo que la búsqueda de cambios estructurales llevará más tiempo".

Es indudable que el sector rural se vio afectado por el conflicto armado, aunque en menor medida el último tiempo. Un gran número de campesinos emigró hacia las ciudades desde los años noventa hasta 2010, forzado por la violencia paramilitar y guerrillera; asunto que mermó tras la desmovilización de los paramilitares y con el avance del diálogo con la guerrilla de las FARC, actualmente en curso.


El emblema que llevó al presidente-candidato a ganar la reelección es su apuesta por la paz. Uno de los puntos de negociación ya acordado con las FARC trata sobre la tierra: el acceso y uso de la tierra, la formalización de la propiedad, el estímulo a la producción agropecuaria y los subsidios, entre otras cuestiones. Si Santos logra concretar el acuerdo de paz, probablemente los campesinos logren mejorar su realidad.


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Lunes, 02 Junio 2014 07:27

Seguridad, empleo y educación

Seguridad, empleo y educación

Salvador Sánchez Cerén asumió la presidencia de El Salvador. Al ser investido oficialmente, el maestro de 69 años se suma a la tradición iniciada por otros ex guerrilleros que fueron elegidos presidentes en sus países: Raúl Castro, en Cuba; José Mujica, en Uruguay; Dilma Rousseff, en Brasil, y Daniel Ortega, en Nicaragua. Ayer juró en un acto en el que prometió gobernar para todos, mantener un compromiso irrenunciable con la justicia social y combatir la corrupción. Además de jefe de Estado, Sánchez Cerén ocupará el cargo de comandante general de las Fuerzas Armadas. El flamante mandatario ganó la presidencia el 9 de marzo, por segunda vez consecutiva por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), durante la segunda ronda electoral en la que derrotó a su principal adversario, Norman Quijano, candidato de la opositora y derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Sánchez Cerén había vencido en la primera vuelta a Quijano por casi 10 puntos, pero ese margen quedó redu

cido en la segunda ronda a 0,22 puntos porcentuales (50,11 por ciento sobre 49,89 por ciento), según datos del Tribunal Supremo Electoral.
Durante la ceremonia de asunción, Sánchez Cerén manifestó que los recursos del pueblo son sagrados y sólo deben utilizarse para el desarrollo y el bienestar del mismo, y aseguró que seguridad, empleo y educación serán las prioridades de su gestión al frente del FMLN. El presidente remarcó que recibía con humildad y profundo respeto la banda presidencial que le colocó el titular del Parlamento, Sigfrido Reyes, luego de tomarle el juramento constitucional. A su asunción asistieron los presidentes de Bolivia, Evo Morales; Ecuador, Rafael Correa; Costa Rica, Luis Guillermo Solís; de la República Arabe Saharaui Democrática, Mohamed Abdelaziz; de Guatemala, Otto Pérez Molina, y de República Dominicana, Danilo Medina; y el vicepresidente argentino, Amado Boudou.

El nuevo gobierno, dijo Sánchez Cerén, trabajará por una mayor integración del país al mundo y para ampliar las relaciones comerciales, y su tarea será llevada a cabo con honestidad, austeridad, eficacia y transparencia. "Trabajaré incansablemente para promover acciones que faciliten los cambios estructurales que El Salvador necesita", remarcó el jefe de Estado, quien subrayó que, como ocurriera durante la gestión del saliente mandatario Mauricio Funes, el espíritu del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980, guiará a este nuevo gobierno.


Sánchez Cerén aseguró que garantizará la gobernabilidad, la inclusión social, la seguridad jurídica y otros beneficios para los salvadoreños, y pidió a sus connacionales que ejerzan "una contraloría social, que exijan compromisos éticos a sus funcionarios". Funes estuvo en el acto, pese a que su madre murió anteayer, y por eso se realizó un minuto de silencio en su homenaje. Llegó acompañado de su esposa, Vanda Pignato, y apoyándose en un bastón, debido a sus problemas por una fractura de cadera.


Otro que juró en la ceremonia fue el nuevo vicepresidente y también ex combatiente guerrillero, Oscar Ortiz, quien durante cinco períodos consecutivos, desde 2000 hasta el año pasado, fue alcalde del municipio de Santa Tecla. Sánchez Cerén integró el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) durante los 12 años en los que se extendió el conflicto armado interno, desde 1980 a 1992.


En buena parte de su discurso se refirió a ese pasado, por ejemplo, cuando admitió que el Estado salvadoreño tiene una deuda moral con los desaparecidos del conflicto armado y sus familias "que debe ser solventada" y cuando prometió reivindicar la memoria histórica e impulsar iniciativas que ayuden a que se conozca la verdad. "Es tiempo también de asumir la responsabilidad con las personas lisiadas y los ex combatientes", destacó, y se comprometió a atender y dar los beneficios necesarios para que los familiares de los combatientes caídos puedan reincorporarse plenamente a la vida social y laboral del país.


El conflicto armado interno dejó al menos 75.000 muertos, 8000 heridos y 12.000 desaparecidos, según datos oficiales. Al llegar al recinto parlamentario donde asumió como presidente, Sánchez Cerén fue saludado por cerca de 6000 asistentes al grito de "¡Sí se pudo, sí se pudo!", y "El pueblo unido, jamás será vencido".

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Miércoles, 28 Mayo 2014 06:50

Evo Morales: arrasar es la consigna

El próximo 12 de octubre se celebrarán elecciones presidenciales y legislativas en Bolivia y el jefe del Estado, Evo Morales, que gobierna desde 2006 y busca su tercer mandato, no se conforma con ganar, quiere superar los dos tercios de votos y escaños: arrasar es la consigna.
¿Pero a qué viene esa necesidad? En una reciente entrevista en Vanity Fair, publicación poco afecta a lo precolombino, aseguraba el presidente que "no más", que había que dar paso a otras generaciones. Pero son bastantes los que en Bolivia creen que la magnitud de su victoria puede ser indicador o pretexto para cambiar de opinión. Pedro Rivero, director del diario de Santa Cruz El Deber, da por sentado que "Evo ganará sin despeinarse", mientras la oposición "sigue deshojando la margarita en torno a una candidatura única que sea capaz de plantarle cara al caudillo, hasta ahora imbatible".


El presidente, convertido en oráculo de la Bolivia indígena, ha desplegado en los últimos meses una gran actividad para amueblar de lujo su victoria. El politólogo Horst Grebe subraya cómo "ha puesto en campaña a todo el aparato público, sellado alianzas con la cúpula sindical, cooperativas mineras, campesinos y productores de coca, con regalos y beneficios como un aumento salarial bastante por encima de la inflación". Eso hacia dentro, pero hacia fuera la actividad no ha sido menor: "A su estrategia electoral ha incorporado la demanda contra Chile de restitución de un acceso soberano al Pacífico, presentada - el 13 de abril de 2013- ante la Corte Internacional de La Haya", que reivindica los 400 kilómetros de costa que La Paz perdió en la guerra de 1879, 83. Con gran habilidad el mandatario ha logrado atraer a una voz crítica como la del expresidente Carlos Mesa a un comité de reivindicación de la salida al mar, lo que no ha impedido al veterano periodista y politólogo tachar la candidatura reeleccionista de Morales de anticonstitucional. Y aun se podría añadir a la lista de operaciones de prestigio el lanzamiento en China del satélite de comunicaciones boliviano Túpac Katarí, el 20 de diciembre del año pasado, y muy señaladamente la cumbre del 14 y 15 de junio en Santa Cruz del Grupo 77 + China, una especie de acampada fraternal del mundo en vías de desarrollo, que agrupa a 133 Estados, bajo la presidencia de Bolivia en todo 2014.


La reunión se presenta como apoteosis del plurinacionalismo, santo y seña de la revolución que Morales quiere extender, según sus propias palabras, no solo a toda América Latina sino al resto de la Humanidad. Y, como afirma el periodista de radio y televisión José Pomacusi, la reunión se celebra en Santa Cruz, la ciudad de la Media Luna que ha sido el bastión tradicional de lo poscolombino, que "hoy lo tiene, sin embargo, como favorito electoral, compartiendo sonrisas con los empresarios cruceños, que con su Gobierno ganan más dinero que nunca". En su obra de autogratificación, cuenta con palmeros excepcionales como el expresidente brasileño Inàcio Lula da Silva, que en mayo de visita en La Paz aseguraba que "Bolivia nunca ha estado tan bien como ahora".


En ese panorama triunfal no han dejado de aparecer, sin embargo, brotes de sarpullido que podrían infectarse. A fin de abril estalló una insurrección masiva de suboficiales que protestaban por la situación material en que vivían, de los que 715 fueron inicialmente pasados a retiro. Como dice la directora del semanario Uno, Maggy Talavera, "muchos creyeron ver entonces el anuncio de una ruptura entre el Gobierno y uno de sus aliados privilegiados". Militares y policía, como describe Juan Carlos Rivero (El Deber), "absorben cerca del 50% del Presupuesto y la gratitud de la cúpula castrense se ha dejado sentir expresando su adhesión al proceso de cambio, así como en la sustitución del grito de guerra "subordinación y constancia" por el de "Patria o muerte, venceremos", donde el eco del castro-chavismo suena como tintineo de dólares.


Ocurre que, como subraya el periodista cruceño, "las condiciones en que se forman y viven suboficiales y sargentos son deplorables. Tanto que muchos deben comprarse su propio uniforme. Y su acceso al seguro médico y la educación superior son muy limitados, por lo que exigen la descolonización de las Fuerzas Armadas". El término "descolonización" es altamente sensible para un presidente cuya justificación ante la historia es que está deshaciendo la colonización impuesta por una minoría de blancos, mayormente españoles, que ha perdurado desde la conquista. Y la "descolonización" de las Fuerzas Armadas ha sido hasta ahora puro maquillaje, como incluir motivos indígenas en banderas y estandartes, lo que se ha calificado de un cierto gatopardismo, que cambia la parte para que todo siga igual.


Talavera ve, sin embargo, en el movimiento una intencionalidad que desborda la simple protesta alimenticia: "El trasfondo es otro; lo que se disputa es el mando de tropas bajo un modelo similar al de las milicias venezolanas, que es el que parece que se considera en una próxima reforma legal. La presión está muy bien calculada en estos meses preelectorales, porque es el mejor momento para lograr atención cuando el poder está en campaña para ser reelegido". Y, aunque se desactivó la protesta contentándose los suboficiales "con no cambiar de destino y ser reintegrados en la institución militar, el problema de la colonización de las Fuerzas Armadas no está en modo alguno resuelto", asegura José Pomacusi. Juan Carlos Rivero apunta que "no se descarta que puedan surgir conflictos similares, especialmente en las filas policiales, que reciben todavía peor trato que los militares".


La cuestión de fondo puede consistir, como sugiere Talavera, en que las Fuerzas Armadas que, como pretende la autoridad, son no deliberantes, obedecen y callan, "sí que deliberan, hacen política y se adscriben de manera militante al Gobierno de turno. Se puede decir que lo hacen con premeditación y alevosía, según una ruta que muchos afirman que ha sido diseñada por el ministro de la presidencia y exmilitar Juan Ramón Quintana, junto con el vicepresidente Alvaro García Linera, ambos consejeros áulicos del presidente. El director de El Deber remata que, de la crisis, "quedaron efectos y consecuencias, debidas a la desinstitucionalización de la entidad tutelar de la patria".


Los 715 sancionados - de los que casi 400 pertenecían al Ejército de Tierra, 300 a la Fuerza Aérea, y 21 a la exigua armada lacustre del Titicaca - fueron progresivamente reincorporados al servicio (187 el 30 de abril) y los restantes por etapas. Pero lo hicieron sin reintegrar a filas al que se califica de líder de la protesta, el sargento Lorgio Cartagena, sancionado en un primer grupo de 13 suboficiales el 21 de abril, y retirado definitivamente el 22 de mayo. Los casos que aún están bajo examen se supone que concluirán con la readmisión de la mayoría.


¿Le ha hecho daño al presidente la revuelta de subalternos? Encuestas recientes reflejan un apoyo popular de un 34%, muy lejos del Himalaya habitual por encima del 60% en el que ha vivido muellemente el jefe del Estado. La escritora Susana Seleme, que se declara "demócrata opositora al régimen de Evo Morales", sostiene que "hay un desgaste del poder por rechazo al continuismo y a la megacorrupción que la propaganda oficial no puede tapar". Según la politóloga, el lema inicial de Morales "indígena-pueblo originario-campesino, así como la restauración del mundo precolombino y la defensa de la Madre Tierra, quedaron en el olvido". Para ella, ha acabdo imponiéndose, en cambio, "la creencia en una única institución: Estado-Gobierno-partido único-pueblo" y quienes "se rebelan son descalificados como neoliberales, delincuentes, traidores a la patria, amén de un largo y absurdo etcétera".


Ante las elecciones de octubre, una oposición cuyas figuras más representativas son Juan del Granado. candidato del MSM (Movimiento Sin Miedo); Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, por el MDS (Movimiento Democrático Social); y el industrial Samuel Doria Medina, al frente del Frente Amplio, tiene poco que hacer ante el líder indígena, digan lo que digan encuestas coyunturales.


El presidente es un viejo zorro aunque solo tenga 54 años y, como subraya Pedro Rivero, todo parece jugar a su favor: "La fiebre mundialista –el Mundial de fútbol en Brasil a fin de junio- cobra temperatura y hasta el presidente se pondrá en onda para debutar en la depauperada Liga Nacional. Así, con circo de por medio, el deporte concentrará la atención del público antes de que los ajetreos preelectorales ganen de nuevo impulso". El mandatario es un futbolista frustrado y, si el gremio cocalero del que procede hubiera tenido selección, seguramente habría destacado en ella.


El publicista Raúl Peñaranda hace un dramático colofón: "Evo Morales lo tiene todo a su favor: maneja a su antojo los recursos del Estado, sujeta con mano de hierro un bloque de medios de comunicación, controla la Justicia y manipula movimientos sociales y sindicatos. Aun así, no está claro el margen de victoria; que si fuera corto, en el caso de que la oposición lograra unirse, constituiría una buena noticia para la maltrecha democracia boliviana. Pero, al contrario, una victoria amplia implicaría fortísimos desafíos para la libertad de expresión, los derechos humanos y, en general, toda la sociedad"

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¿Quiere Evo Morales arrasar electoralmente, para perpetuarse en el poder como el primer bolivariano, Hugo Chávez, hizo hasta su muerte en Venezuela, y podría hacer otro tanto en Ecuador Rafael Correa? La respuesta, en 2018

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Golpe de Estado y toque de queda en Tailandia

El tráfico en la hora pico era tan caótico como siempre. La única diferencia del jueves por la noche en Bangkok era que la música que se reproduce desde las radios al mundo provenía de bandas militares. Esa tarde, el jefe del ejército de Tailandia lanzó un golpe de Estado, tomando el control del gobierno, deteniendo a los líderes políticos rivales y bloqueando las emisoras nacionales e internacionales. El Consejo Nacional de Paz y el Orden también impuso un toque de queda durante la noche y prohibió reuniones de más de cinco personas.


Dos días después de que el ejército interviniera e impusiera la ley marcial, el general Prayuth Chan-ocha anunció ayer en la televisión que por 12ª vez desde que el país dejó de ser una monarquía absoluta, en 1932, las fuerzas armadas se apoderaron del gobierno. Pero salvo por un puñado de elementos, la Constitución, dictada bajo un régimen golpista anterior, en 2007, había sido suspendida, dijo.


"El ejército intervino para que la situación volviera rápidamente a la normalidad, para que el pueblo tuviera amor y unidad como en el pasado, para reformar los sistemas políticos y económicos, y para otorgar igualdad a todos", expresó. Ayer por la noche agregó que iba a asumir el papel de actual premier.


El ejército dijo que había impuesto el golpe de Estado con el fin de preservar la ley y el orden, pero dada la situación ahí parece que va a hacer lo contrario. Miles de partidarios del derrocado gobierno han dicho que van a marchar y protestar para preservar la democracia. Hace cuatro años, más de 90 personas murieron en la violencia política que se desató en Bangkok. Estados Unidos, que es un aliado de Tailandia y tiene vínculos muy estrechos con el Ejército Real de Tailandia, denunció los acontecimientos de ayer diciendo que revisaría la ayuda militar al país. "No hay justificativo para este golpe militar", dijo el secretario de Estado, John Kerry.


El golpe se llevó a cabo después de que el ejército convocara a los líderes de las facciones rivales, enfrentados políticamente desde hace mucho en el país, al segundo día de conversaciones en un complejo deportivo militar en Bangkok. En las conversaciones participan el gobierno, el partido gobernante Phua tailandés, el partido Demócrata opositor, el movimiento de Camisa Roja y los manifestantes antigubernamentales conocidos como el Comité de Reforma Democrática del Pueblo (PDRC). Habían comenzado el miércoles, pero no habían podido llegar a un acuerdo.

El portavoz del ejército, Werachon Sukondhapatipak, dijo que el golpe se había declarado porque el ejército había sido incapaz de lograr que los diferentes grupos llegaran a un compromiso. "No estuvieron de acuerdo en la reunión y en ese momento se llevó a cabo el golpe", dijo a The Independent. "Estamos tratando de llegar a un acuerdo."

Pero muchos vieron la organización del Gen Prayuth de la reunión como una hábil estratagema. Hasta anoche, los altos dirigentes de las facciones rivales quedaron en custodia del ejército y no pudieron responder sus teléfonos. "Fue una treta. No se detiene a la gente porque no se llega a un acuerdo", dijo Sean Boonpracong, asesor del gobierno derrocado. "Han ocultado cosas a través de la ley marcial. Nadie creyó que serían tan descarados."


La acción del ejército se produjo después de meses de protestas del PRCD que socavaron al gobierno respaldado por el ex primer ministro Thaksin Shinawatra. Thaksin fue derrocado en un golpe de Estado de 2006, pero siguió moviendo los hilos desde el exilio en Dubai. Su hermana, Yingluck Shinawatra, fue elegida en 2011, pero fue destituida de su cargo hace dos meses.

 

El PDCR hizo campaña para destituir a la familia de Thaksin de la política de Tailandia, insistiendo en que son corruptos y venales. Ellos rechazaron la perspectiva de más elecciones hasta que se lleven a cabo una serie de "reformas no especificadas", alegando que el sistema está arreglado.


Sin embargo, hay otros factores implicados. Tailandia es un país que está cambiando rápidamente y los partidarios de Thaksin lo recuerdan como alguien que ayudó a introducir los préstamos de asistencia sanitaria y pequeños préstamos, la patada inicial para su viaje hacia la clase media. El movimiento de la Camisa Roja, que en gran parte lo apoya, cree que los manifestantes contra el gobierno quieren reducir la democracia electoral y limitar el poder político y el derecho de voto a los ricos y poderosos.


Varios analistas creen que un factor vinculado de forma paralela e inextricable es la lucha por el poder detrás de las escenas sobre qué miembro de la familia real será el sucesor del monarca enfermo, el rey Bhumibol Adulyadej, de 86 años, que controla activos por valor de más de 306 mil millones de dólares.


De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12

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Traducción: Celita Doyhambéhère.

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Tsunami demográfico/electoral de Naremdra Modi en India: primacías y peligros

Quizá haya concluido la gran etapa del hoy agónico Partido del Congreso de la dinastía del Mahatma Gandhi/Nehru que marcó la vida política de India, amputada en la etapa colonial por la ruptura de los dos brazos islámicos de su cuerpo entero: al este Bangladesh y al oeste Pakistán.
Desde su independencia distócica, el notable Partido del Congreso, de figuras idílicas (Nehru y su hija asesinada Índira Gandhi, sin relación familiar con el inconmensurable Mahatma) –que gobernó 54 años de sus 67 años postindependencia con una interrupción de 13 años en favor del partido ultranacionalista hindú Bharatya Janata–, sin llegar a ser laico, tenía una inclinación proto-hindú (alrededor de 85 por ciento de la población de mil 270 millones de habitantes) y ostentaba una acrobática relación con la poderosa minoría islámica (primordialmente sunita): 13.4 por ciento (165 millones) de la población total, lo cual coloca a India como el tercer país islámico más poblado del planeta, detrás de Indonesia (204 millones del total de 250 millones) y de Pakistán (190 millones), pero antes de Bangladesh (142 millones).


Quizá el Partido del Congreso haya fenecido de muerte biológica cuando los sucesores de la dinastía Nehru/Gandhi, amén de haber sucumbido a una hipertrofiada corrupción, exhibieron una dramática catatonia al no saber responder al anhelo de la avasallante juventud hoy desempleada y sin horizonte (los ninis de India).
El triunfo del ungido primer minist

ro Narendra Modi –soltero de 63 años e hijo de un humilde vendedor de té, proveniente de la baja escala de los ghanchis– refleja en el país de las castas y la metemsicosis (emigración de las almas) un tsunami demográfico (2/3 partes tienen menos de 35 años de edad) que opera una profunda revolución social al haber defenestrado a la élite que forjó la independencia, hoy reducida humillantemente a 44 escaños del total de 545 de la Lok Sabha (su Parlamento).


El Partido del Congreso, nominalmente laico, había colocado a India en el tercer lugar de la geoeconomía mundial al haber desplazado a Japón, según las proyecciones de este año por el Banco Mundial.


En un país tan complejo como India, que he tenido la fortuna de visitar varias veces, no proceden las perentorias fórmulas simplistas, por lo que sería más conveniente abordar su asombrosa dinámica telúrica en forma multidimensional y en varios niveles.


Dependiendo de cómo se aborde la hipercompleja ecuación de India en sus múltiples dimensiones y niveles, se pueden sacar conclusiones susceptibles de ser ventajosas o peligrosas para el orden local/regional/global

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Llama poderosamente la atención el estruendoso silencio de la prensa rusa y china, mientras la prensa británica, desde The Economist hasta The Financial Times, festeja ruidosamente la odisea neoliberal de Modi, seguida sigilosamente por The New York Times y The Washington Post, que expresan el punto de vista de la administración Obama, que desea reparar las dañadas relaciones con India, debido, en parte, al reciente maltrato de una funcionaria consular en Nueva York expulsada sin miramientos.


Es relevante que la administración Obama busque desagraviar las relaciones con un personaje como el futuro primer ministro Modi, a quien canceló su visa de entrada a Estados Unidos debido a la imputación por su participación teledirigida en la carnicería de más de mil musulmanes en la hoy célebre provincia de Guyarat (63 millones de habitantes y la parte más noroccidental), que ha sido propulsada como el paradigma neoliberal a seguir en toda la federación.


La elección de Modi devuelve la esperanza a su vibrante juventud desempleada, pero al mismo tiempo arroja grandes interrogantes sobre el destino de India, en especial su frágil equilibrio con la poderosa minoría islámica.


El paso de Modi por el grupo paramilitar islamófobo Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) provoca trémulos en todo el sur y sudeste asiáticos, donde viven más de mil millones de musulmanes: 62 por ciento del total global de mil 600 millones.


La prensa occidental ha derramado mucha tinta sobre el modelo Guyarat, donde Modi experimentó su neoliberalismo de característica hindú, que ha cautivado a un amplio sector de la población gracias a su gran manejo de la mercadotecnia política que ha permeado en la burguesía, en la pujante clase media y en un sector de la subsidiada clase rural (otrora bastión electoral del Partido del Congreso).


No faltan quienes resalten en forma negativa que el crecimiento de India haya caído al 5 por ciento, la mitad del pico del 2004 al 2008, lo cual es relativo porque tampoco es lo mismo la macroeconomía global antes de la quiebra de Lehman Brothers en 2008 que en la fase actual.


Para The Economist, la ardua tarea de Modi comporta tres rubros en el sector económico: 1. La limpia de los bancos podridos, que puede alcanzar 4 por ciento de su PIB y que en términos relativos es ligeramente mayor al rescate bancario de Wall Street. Viene una advertencia para los ditirámbicos neoliberales a ultranza: no habrá recuperación hasta que los bancos sean lo suficientemente fuertes para financiar un nuevo ciclo de inversiones; 2. Se debe romper el ciclo de estanflación desestabilizadora. La revista británica coquetea con la ominosa abolición del mercado agrícola manejado por el Estado con el fin de reducir los altos precios alimentarios; y 3. La creación de más empleos decentes: más de 10 millones de personas al año entrarán al mercado laboral en la próxima década (debido al estallido demográfico juvenil).


A nivel regional, India es una genuina potencia del océano Índico y vecina de dos potencias nucleares, la islámica Pakistán (con la que ha tenido tres guerras) y China (con la que libró una guerra), mientras ha mantenido excelentes relaciones militares con Rusia y ha exhibido altibajos en su relación tormentosa con EU, que busca desprenderla de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para crear un eje con Japón y Australia en Asia para cercar a China.


Pese a las sanciones contra Irán, India –tan dependiente en importaciones de petróleo– ha sabido conservar excelentes relaciones con la teocracia chiíta. ¿Mantendrá Modi dicha relación contra los vientos y mareas del hinduismo militante?


El tsunami electoral del ultranacionalista hindú Modi se escenificó en víspera de la visita histórica del zar geoenergético global Vlady Putin al mandarín Xi Jinping a Shangai, lo cual seguramente merecerá la específica atención de ambos mandatarios

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Con el aplastante ascenso de Modi al poder ¿se fractura o se consolida el de por sí laxo bloque de los BRICS?


Todo dependerá del camino que seleccione Modi, quien ha colocado a India en la bifurcación entre el huntingtoniano cuan ominoso Choque de Civilizaciones y el creativo Diálogo de Civilizaciones.


La cumbre de los BRICS en Fortaleza (Brasil) en julio significará una de las varias pruebas inaugurales de fuego de la nueva India.


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El segundo Bacheletismo: condiciones y expectativas

ALAI AMLATINA, 20/05/2014.- El 11 de marzo de 2014, Michelle Bachelet tomó posesión de la Presidencia de Chile por segunda vez. Bachelet se une así a la lista de tres mujeres mandatarias en Latinoamérica, la región del mundo que concentra la mayor cantidad de mujeres en las jefaturas de estado de sus países, indicando quizás una modernización social.

 

La mandataria entra en un momento tumultuoso para su país, pues el movimiento popular se expresa en agitaciones estudiantiles y sociales, con amplia aceptación en la ciudadanía frustrada ante una mejora económica reconcentrada y una sensación que lo económico predomina sobre todo otro valor social. Dicha situación hizo que el expresidente y millonario chileno Sebastián Piñera terminara su gobierno con niveles bajísimos de aceptación pública.

 

De acuerdo con el Plan de Gobierno actual, con Piñera se perdió fuerza y presencia en la región Latinoamericana, colocando las relaciones con los países vecinos en el eje rector del comercio por sobre el de la política, entendida ésta como la búsqueda del bien común. Por ello, la prioridad explícita del Gobierno de Bachelet busca fortalecer la integración de América Latina y Asia Pacífico y sobre todo en recuperar las relaciones de cooperación con Brasil y Argentina, y las vecinales con los países fronterizos.

 

No hay una clara prioridad del nuevo gobierno respecto a la Alianza del Pacífico, pues no desean antagonizar con otros proyectos de integración que tienen en marcha, empero el comercio entre estos países representa el 50% del total de Latinoamérica (Alianza del Pacífico, 2014). La Alianza del Pacífico consiste, entre otras cosas, en tener representaciones comerciales comunes en Asia que han iniciado en Vietnam. Piñera firmó el último día de su gobierno el "Protocolo del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, que liberará el 92% de las partidas arancelarias del comercio en la región" (CNN Expansión, 2014) dejando pocos grados de libertad al nuevo gobierno para hacer algo muy distinto.

 

Chile quiere consolidar su posición como "país puerto" y "país puente" entre el Atlántico Sur y Asia Pacífico, así como ser mediador y promotor de las relaciones entre América Latina y los países del Sudeste Asiático. En 2013, tuvo un total de exportaciones con los países de la ALADI de 8,730 millones de dólares, e importaciones de 14 mil millones de dólares. Con el Mercosur, las exportaciones fueron de 4,400 millones y las importaciones de 7387 millones de dólares. (Véase ALADI, 2014).

 

Su intercambio comercial con las economías de la APEC en 2012 fue de $96,434 millones de dólares, desglosado en $50, 207 millones en exportaciones y $46,227 en importaciones. Es decir, 61.4% de las exportaciones chilenas son a estos países mientras el 58.1% de las importaciones provienen de los países de la APEC. Además, el 58.3% de la inversión extranjera directa en Chile proviene de las economías de la APEC, y el 26.8 de su inversión directa fue también en estos países (Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, marzo 2014), centradas en Perú y Colombia.

 

De 2010 a 2013, firmó Tratados de Libre Comercio con Malasia, Vietnam, Hong Kong y un Acuerdo de Inversión con China. (Véase "Plan de Gobierno 2014-2018", en http://bit.ly/190NbLz ).

 

Especialmente en la mira se encuentra China, su mayor socio comercial de exportación con el 23.3% del total, seguido por Estados Unidos con el 12.3%, Japón con el 10.7%, Corea del Sur con el 5.8% y Brasil con el 5.5%. Las importaciones vienen el 22.9% de Estados Unidos, el 18.2% en China, el 6.6% en Argentina y el 6.5% de Brasil (CIA Factbook, 2014). Esto último habla de la relevancia del TLC para Estados Unidos quien está recuperando un mercado perdido hace años. Los TLC que subyacen a la Alianza del Pacífico son preferencias arancelarias que recuerdan las preferencias imperiales que tan desesperadamente Estados Unidos quiso desmontar en la Carta del Atlántico de 1942 para desarmar el imperio británico. Sólo que ahora es a favor suyo.

 

La relación con China tiene varios obstáculos e impedimentos. El 75% de las exportaciones de Chile a China son cobre y los términos de intercambio no están mejorando conforme las importaciones chinas van adquiriendo mayor densidad tecnológica y las chilenas se mantienen en materias primas minerales y vegetales. De acuerdo con la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco, enero 2014), órgano desconcentrado del Ministerio de Minería, las tendencias del precio del cobre no serán las más beneficiosas para Chile. El promedio del precio del cobre de 2012 fue de US$360.5 c/lb, y para 2013 el promedio bajó a $332.1 c/lb aunque un terremoto en el país del sur ha incrementado los precios a inicios del 2014. Para este año, se espera que el precio del cobre tenga un rango de fluctuación de US$3 por libra.

 

Lo que está por verse son los grados de libertad del nuevo gobierno que al fin y al cabo, en su versión anterior firmó el TLC con Estados Unidos. Más allá de trabajar en la ampliación de un mercado ampliado suramericano, ¿podrá dicho país entrar en un comunidad de naciones con intereses similares? Han jugado a ser la Gran Bretaña de la Unión Europea, observador no participativo salvo en algunos puntos. La reversión chilena al esquema de integración regional fue el inicio del fin del Pacto Andino en 1977, apenas ochos años después de fundado. La firma del TLC con Estados Unidos fue el final de ese proceso de apertura. ¿Podrá Bachelet revertir esta política nacional? A su favor tiene que el crecimiento de las exportaciones a Asia se ha reducido y el eje está ahora en el consumo interno a través de mejoras salariales, al costo de mayores déficits externos. Si el mercado latinoamericano los ayuda, pragmáticamente virarán. Lo más alentador, sin embargo, está en la idea de comunidad política y las señales mandadas al exterior al tener reuniones dentro de CEPAL Santiago con el presidente de Uruguay, José Mujica.

 

De otro lado, el intento de cubrir la demanda ciudadana de recuperar la gratuidad de la enseñanza y mejorar la calidad de la educación junto con un programa público de pensiones para jubilados, expresión del límite real del programa privado de jubilación inventado por ellos, podría no verse contradicho por sus compromisos internacionales, en especial la Alianza del Pacífico, extensión del TLC con Estados Unidos. Lo cierto, es que de Chile, el país más estable de América Latina en términos de inflación y crecimiento, se puede esperar acciones determinantes, innovadoras y sagaces propias de su historia.

 

Por Oscar Ugarteche es Economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org

Y, Aura Montañez, Miembro del proyecto OBELA, IIEC-UNAM.

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La policía expulsa del Parlamento hondureño al expresidente Zelaya

"Dictadura", "gobierno autoritario", "despótico", denunció el derrocado expresidente hondureño Manuel Zelaya, en medio de violentos disturbios que estallaron el martes en la tarde en el Congreso Nacional de Honduras, mientras policías antimotines desalojaban a simpatizantes y diputados del opositor Partido Libertad y Refundación (LIBRE) que tomaron a la fuerza un sector de la sede parlamentaria en Tegucigalpa en protesta por una norma que establecía una serie de medidas de seguridad para entrar al recinto.


"Hay una dictadura en el Congreso Nacional, porque no quieren que metamos proyectos en favor del pueblo hondureño. No nos están dando la palabra", alegó Zelaya, al justificar la arremetida de LIBRE en el edificio lanzada después de que del presidente del Congreso, Mauricio Oliva, del gobernante Partido Nacional, dictara medidas de seguridad para ingresar a la sesión. Zelaya acusó ante una muchedumbre al presidente hondureño Juan Orlando Hernández de haber instalado un "régimen militar" y un "gobierno autoritario y despótico".


Zelaya reclamó "nuestros derechos" de participar libremente en los procesos legislativos. EL exmandatario asumió la Presidencia en 2006 y fue derrocado en junio de 2009 por militares y políticos. Huyó del país y a su regreso, en 2011, creó LIBRE. En noviembre de 2013 su partido perdió los comicios presidenciales con Xiomara Castro, su esposa, como candidata. De 128 legisladores, LIBRE tiene 36 y PN es mayoría con 43, mientras que el resto es de otros partidos

Al zafarrancho se unieron, en apoyo del exmandatario, los integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), una agrupación que tras el golpe de Estado exigió la restitución de Zelaya en la Presidencia. Citado por el diario La Tribuna, de la capital hondureña, el diputado Rafael Alegría, de LIBRE, explicó que los miembros de la Resistencia "llegaron a apoyarnos porque dentro del hemiciclo no nos dan la palabra y como el Congreso es del pueblo, ellos tienen derecho a estar allí".


El Gobierno de Honduras alegó en un comunicado emitido por la secretaría de Seguridad y la Dirección General de la Policía, que el martes, cerca de las 15:00 horas, "llegaron aproximadamente tres mil personas" del Frente a los alrededores del parlamento. Una hora después el grupo tomó la parte baja del Congreso, "algunos de ellos con sus dirigentes al frente comenzaron a subir las gradas del hemiciclo, provocando daños materiales al inmueble, quebrando los vidrios laterales de acceso a la segunda planta", detalló. Al interior unas 80 personas "entre diputados y miembros" de LIBRE "portaban piedras, palos y líquidos inflamables con los cuales encendieron llantas en los bajos del Palacio Legislativo", indica el texto.


La Policía Nacional "procedió a restablecer el orden público haciendo uso racional de la fuerza". Las autoridades pidieron a la sociedad mantenerse "al margen de estas acciones ilegales que violentan el Estado de Derecho".


La Tribuna relató que en el zafarrancho algunos simpatizantes de LIBRE rompieron los anillos de seguridad y arrojaron restos de cristales a la policía, que se encontraba en el segundo piso "atrincherada para evitar confrontación". Se trató de una "batalla campal histórica", narró el diario.


Mientras Zelaya y su grupo permanecían encerrados en el edificio, los cuerpos antimotines prepararon su respuesta, se desplegaron y, tras atacar a los ocupantes con varas policiales y lanzar gases lacrimógenos, desalojaron a los miembros del partido.
"Las fuerzas del orden lograron decomisar armas blancas, piedras y hasta bombas molotov que los militantes de Libre que ingresaron por la fuerza a la Cámara Legislativa portaban en sus mochilas", denunció el Congreso en un comunicado y responsabilizó a LIBRE de los destrozos.

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