Brasil: Situación cambia y oposición no se da cuenta

ALAI AMLATINA, 15/04/2015.- Confiada en las movilizaciones de hace un mes, la oposición convocó a nuevas manifestaciones, pero ha fracasado. Todo había sido preparado de la misma manera, con el rol determinante, una vez más, desempeñado por los medios de comunicación.

TV Globo no transmitió el partido de futbol como tradicionalmente lo hace, en São Paulo, para dejar espacio a la cobertura de lo que creía sería una manifestación todavía más grande que la anterior. Folha de São Paulo publicó una cuestionable encuesta, justo en vísperas de las manifestaciones, intentando animar a los opositores a seguir movilizados.

Pero el fracaso fue rotundo. No hubo nada que se pareciera a lo de hace un mes. En ciudades donde docenas de miles se habían movilizado – como Brasilia o Belo Horizonte o Rio de Janeiro – poca gente se ha dispuesto a hacerlo de nuevo. La Agencia Reuters calculó en 140 mil personas los manifestantes del domingo 12, cifra muy por debajo de lo que había sido calculado para un mes antes. La repercusión general demuestra que el momento más fuerte de la oposición ha quedado atrás.

¿Qué es lo que ha cambiado en este último mes, para que las cosas se muestren ya distintas en Brasil? En primer lugar, el gobierno ha retomado la iniciativa política, avanzando en la recomposición política de sus alianzas. Si hasta recientemente, el PMDB se acercaba a la oposición, el nombramiento de su presidente y vice-presidente de la república, Milton Temer, como coordinador político del gobierno, ha revertido la correlación de fuerzas interna en ese partido, que así se reposiciona dentro de la base política del gobierno.

Por otra parte, hay síntomas de que la situación económica, si bien no presenta todavía señales de retomar el crecimiento, demuestra que el estancamiento va quedando hacia atrás y presenta perspectivas de reactivación en varios sectores importantes. Incluso los niveles de inflación apuntados – muy por debajo de los que Fernando Henrique Cardoso dejó a Lula – no están descontrolados y, sobretodo, el nivel de empleo, a pesar de actitudes de sabotaje de sectores del gran empresariado, no se ha alterado. A pesar del terrorismo económico de los medios de comunicación, las mismas agencias de riesgo han manifestado que la economía brasileña no presenta las fragilidades que la oposición insiste en destacar.

El gobierno, a su vez, ha tomado medidas de simpatía popular, sea respecto a los descuentos del impuesto a la renta, sea en el diseño de la política salarial de aumentos por encima de la inflación, estableciendo un equilibrio respecto a las medidas de ajuste de las cuentas públicas.

Por su parte, el movimiento popular vuelve a ocupar las calles, con movilizaciones nacionales como la del día 15 y una huelga general contra el proyecto de ley de tercerización de la mano de obra que la Cámara de Diputados ha aprobado en primera votación.

Otro factor que ha contribuido al cambio de la situación está el hecho de que Lula ha retomado su actuación como coordinador ad hoc del gobierno y movilizador del PT y de los movimientos sociales. Al mismo tiempo, el gobierno ha hecho nombramientos – en el Ministerio de Educación, en la Secretaria de Comunicaciones y en el Instituto de Investigación Aplicada, IPEA,– de personas claramente identificadas con la izquierda, atendiendo a demandas de ese sector.

El otro factor nuevo ha sido la explosión de los casos de corrupción – cada uno, muy por encima de los costos que envuelven las denuncias sobre Petrobras – tanto del HSBC, como de una gran cantidad de empresarios que han logrado evitar el pago de impuestos con propinas millonarias a funcionarios encargados de recaudar el impuesto a la renta. Así, parte importante de opositores que estaban promoviendo y financiando las movilizaciones en contra de la corrupción, se han visto comprometidos en casos mucho más graves de corrupción, debilitando el ímpetu de la oposición y de las movilizaciones.

El gobierno Dilma ha completado sus primeros 100 días, atravesando crisis de distinto orden: de alianzas políticas, de enfrentamiento con los medios de comunicación y con el gran empresariado. Han enfrentado su peor momento, porque la arquitectura que Lula había montado se estaba deshaciendo. La recomposición de las alianzas con sectores partidarios de centro y con sectores del gran empresariado es lo que está cambiando, permitiendo que el gobierno salga del asedio al que ha sido sometido en su primer momento. El fracaso de las manifestaciones de esta semana confirman las señales de cambio favorables al gobierno.

 

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Trabajadores de Cerro Matoso salen a huelga por cambio inconsulto de la jornada laboral

El martes 14 de abril, pese a los esfuerzos del Ministerio de Trabajo para evitarla, arrancó la huelga en el complejo minero de Cerro Matoso, único productor de níquel del país y el mayor de América Latina, ubicado en el municipio de Monte Líbano (Córdoba), perteneciente desde 1991 a la australiana BHP Billiton, la compañía minera más grande del planeta.

Esta huelga, que afecta a más de 1.000 trabajadores, había sido aprobada desde el 27 de marzo por la asamblea general de afiliados del Sindicato de Trabajadores de Cerro Matoso (Sintracerromatoso), en respuesta a la implementación unilateral por parte de la empresa de una jornada de 12 horas en las áreas de mantenimiento, laboratorios, preparación demineral y mantenedores de turno.

La última huelga en Cerro Matoso se registró en el 2008 y duró 36 días.

Tradicionalmente en esta empresa las actividades se han desarrollado a tres turnos: de 7 am. a 3 pm., desde esta hora hasta las 11 pm., y de 11 pm. Pero la compañía empezó a imponer un nuevo modelo de 4 días de trabajo (con dos jornadas diurnas continuas de 7 am. a 7 pm., y a continuación dos nocturnas de 7 pm. a 7 am.) por 4 días de descanso; un modelo que no fue consultado con el sindicato y que éste califica de arbitrario, violatorio del reglamento interno, de la convención colectiva y las normas laborales. Además va en contra de la salud de los trabajadores, que estarían más tiempo expuestos a los factores de riesgo que tiene la extracción del níquel.

Ya en el mes de noviembre del año pasado la empresa intentó implementar el nuevo horario, pero una tutela interpuesta por Sintracerromatoso echó atrás la medida el 7 de diciembre. Hasta el 1º de marzo pasado, cuando lo volvió a imponer. Ya tiene a 150 trabajadores laborando con el nuevo horario, para el próximo 20 de abril espera incorporar otro tanto, y el 1º de julio cobijar a todo el personal.

En un comunicado la empresa justificó el cambio horario como una medida tendiente a aumentar la productividad y amortiguar el impacto de bajos precios del níquel en el mercado internacional. Sostiene que en el pasado Cerro Matoso fue una mina exitosa por el alto valor del níquel, pero hoy esas condiciones ya no existen porque la mina se está agotando y los precios del mineral han caído. Señala, además, que el cambio horario cumple con las
horas semanales exigidas y lo autoriza el Código Sustantivo del Trabajo como jornada extraordinaria.

Pero Sintracerromatoso, sindicato filial de la CUT, desestima estos argumentos. Su presidente, Domingo Hernández García, cita el artículo 17 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, que establece que la jornada para todos los trabajadores será la equivalente a la establecida para los turnos rotatorios, o sea de 42 horas semanales, siendo una jornada calculada como horas semanales promedio en el lapso de un año.

"La empresa quiere ganar productividad y bajar gastos, ser competitiva, pero eso no lo puede hacer a costa de los trabajadores, no lo podemos permitir", agregó Hernández García, quien criticó la actitud de la actual administración de la empresa, que en el año y medio que lleva al frente del complejo minero no esconde su propósito de desmontar la convención colectiva, violando incluso las normas laborales de Colombia.

Ya fue multada por el cambio horario

En contra del argumento de la empresa también cuenta la reciente multa de 100 salarios mínimos (unos $64 millones) que la Inspección de Trabajo de Montelíbano le aplicó por haber impuesto el cambio horario en noviembre del año pasado.

"Una decisión tan importante no puede ser el producto de discrecionalidad del empleador, cuando se debe cumplir con las leyes laborales que no han sido tenidas en cuenta por el empleador; ni que decir de la Convención Colectiva de Trabajo, que le impone límites a las decisiones unilaterales de los empleadores", considera la Inspección de trabajo en oficio conocido el lunes pasado.

Y ante lo que dice la empresa en el sentido de que la huelga es ilegal, Sintracerromatoso responde que ésta es imputable al empleador, y es legal porque se ajusta al artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo. "Los trabajadores de base son 700 y a Sintracerromatoso están afiliados 520, y el personal total de la compañía, incluidos los administrativos, son 1.050, lo que indica que somos sindicato mayoritario y por tanto estamos autorizados a convocar la huelga", señaló Domingo Hernández.

El otro sindicato que hace presencia en Cerro Matoso es Sintramineros, minoritario, que no apoya la huelga.

Publicado 15 de abril de 2015.

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Lunes, 13 Abril 2015 19:34

La educación en cese de actividades

La educación en cese de actividades

Desde el lunes 13 de abril los trabajadores de la Universidad Nacional están en paro. El sindicato promotor del cese de actividades aclara que no se trata de un conflicto nuevo, sino del resultado de irregularidades presentadas en el cumplimiento de los acuerdos pactados el 20 de septiembre de 2013, firmados tras un paro de más de cuatro semanas.


Por medio de un comunicado de prensa, el Comité Pro-mejora salarial aclara a los medios de comunicación, estudiantes y comunidad en general, que el paro declarado a partir del lunes 13 de abril, no se trata de una medida para pedir aumentos en el salario, sino de una presión para concluir con los conflictos que no han podido solucionarse desde el 2013.


Según el comité, el aumento salarial fue decretado desde el 1 de enero de 2014, sin embargo no se concretó de manera efectiva, "Se dejó sin aumento a 60 profesores del colegio Iparm y a 75 trabajadores oficiales que realizan labores de mantenimiento". Aunque estos incrementos quedaron pendientes, las autoridades del centro de estudio si aprovecharon la declaración de aumento salarial para hacer efectivo el incremento de sus ingresos, beneficiándose del mismo el rector Ignacio Mantilla y todo el cuerpo directivo y asesor.


Además, informa el sindicato,139 cargos de libre nombramiento y remoción no fueron reconvertidos a carrera administrativa como se había comprometido la Institución al momento de la negociación del anterior cese de labores, y se siguen otorgando cargos a dedo, señalaron. Lo que más les preocupa de este punto, es que los contratos de los administradores de justicia disciplinaria de la Universidad son de dicha modalidad, por lo cual, dependen directamente del rector, quitándole independencia al ente.


Toda esta situación se torna en un contexto de malestar por la reelección de Mantilla, "corresponde a la más descarada expresión de la antidemocracia y de la política gubernamental que pretende hacer estallar nuestra Institución desde adentro, con actos de despilfarro y desgreño de los recursos de la Universidad, como los que han venido cometiendo Mantilla y el vicerrector Hernández, lo que se convierte en un acto oprobioso que agravia aún más a una comunidad burlada por el gobierno nacional", afirmaron.


Finalmente, resaltaron que están en total disposición para encontrar soluciones por medio del diálogo, pero al mismo tiempo rechazan la "criminalización que están haciendo los vicerrectores (Jorge Iván) Bula y (Diego) Hernández del movimiento de Trabajadores".


Docentes en paro indefinido


"Ehh ohh, paro nacional, ehh ohh todos a marchar", canta la Asociación Distrital de Educadores (ADE), luego del anuncio oficial del 22 de abril como el día para iniciar el paro indefinido por parte de los docentes agremiados en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode.
Ya han trascurrido 44 días intentando acuerdos pero, según Luis Grubert, presidente de Fecode, "no hay un solo punto en el que podamos decir que hay avance" por lo cual, este lunes realizaron un plantón frente al Palacio de Nariño, donde llevaran puesto tapabocas para pedirle al presidente Santos que él mismo negocie con los educadores.


La invitación del magisterio para que se unan al paro se extiende a los padres de familia, los estudiantes, la Mane. Mientras esto sucede, la Central Uitaria de Trabajadores y los sindicatos estatales ya anunciaron el acompañamiento a este nuevo conflicto laboral que se cierne sobre el país.

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Marchas en 100 ciudades de Brasil contra Rousseff

Fuera Dilma, fuera el PT (Partido de los Trabajadores) y gobierno de corruptos, fueron algunas de las consignas más gritadas por más de 580 mil brasileños que se manifestaron este domingo en las calles de Sao Paulo, Brasilia, Río de Janeiro y decenas de ciudades más, para exigir la destitución y juicio política contra la mandataria Dilma Rousseff.


Según la policía y algunos organizadores, unos 580 mil ciudadanos marcharon en más de 100 ciudades en 18 de los 27 estados de Brasil, en repudio a la corrupción en la estatal Petroleo Brasileiro (Petrobras) y contra la política de ajuste fiscal y recortes presupuestarios del gobierno con miras a reactivar la industria y otros servicios, que ha generado malestar en la población.


En Sao Paulo, donde ocurrió la mayor movilización el pasado 15 de marzo, había este domingo por la tarde unas 275 mil personas, de acuerdo con la policía. Los organizadores no habían dado estimaciones al cierre de esta edición, pero hablaban informalmente de entre 600 mil y 1.2 millones de manifestantes. En Brasilia se mencionó que habría unos 25 mil y en Río de Janeiro la cifra rondaba los 15 mil.


El mes pasado, en todo el país, la policía calculó más de 1.7 millones de manifestantes (de los cuales un millón salieron sólo en Sao Paulo), cifra bastante superior a la de este domingo.


"Queremos abrir un lugar a la indignación del pueblo brasileño. Nuestro objetivo es que Dilma salga del poder mediante un proceso dentro de la ley. Puede ser su renuncia o un impeachment (juicio político), pero que se vaya. Fue elegida en octubre, pero ahora el pueblo quiere su salida", sostuvo Janaina Lima, portavoz del movimiento Vem Pra Rua (Ven a la calle), en la protesta paulista.


Lucimar Penteado, sicóloga de 57 años, explicó que protesta contra la corrupción, contra el caso de Petrobras. Yo no voté por ella (Dilma Rousseff), tampoco quiero que sea destituida, pero sí protesto para que el gobierno mejore, indicó
Por el caso de corrupción en Petrobras son investigados 13 senadores, 22 diputados, dos gobernadores, el tesorero del PT y ex funcionarios. Fueron malversados unos 4 mil millones de dólares en la última década. Rousseff, del PT, tiene la popularidad casi por el piso y enfrenta dificultades en los frentes político y económico, con una inflación del 8.13 por ciento.


Como en la anterior protesta, muchos manifestantes de todo el país vistieron la camiseta amarilla y verde de la selección brasileña y reclaman el juicio político a la presidenta que comenzó su segundo mandato hace poco más de tres meses. La segunda jornada de protestas presentó una original mezcla de política, carnaval y coreografías propias de fanáticos de futbol.
Hay grupos de extrema derecha que exigen una intervención militar, tal como ocurrió en las protestas del 15 de marzo. Se trata de una marcada minoría, pero presente en muchos de los actos, que reivindicó una vez más el regreso de las fuerzas armadas al poder, con frases como SOS Fuerzas Armadas o intervención militar ya.


Un sondeo de Datafolha mostró el sábado que 63 por ciento de los más de 2 mil 800 consultados está a favor de abrir un juicio político contra la presidenta por el caso Petrobras, aunque también 64 por ciento cree que Rousseff no sería apartada de su cargo por ese caso.


Los expertos jurídicos aseguran que no hay elementos que permitan la destitución de Rousseff y ningún partido político ha impulsado esa vía.


La insatisfacción con el gobierno de Rousseff también quedó en evidencia en el sondeo del sábado, que reveló que el índice de aprobación de su gestión se mantiene desde marzo pasado en un ínfimo 13 por ciento, mientras los que la reprueban llegan a 63 por ciento.


Los actos fueron convocados por los mismos grupos que lo hicieron el mes pasado, los cuales se definen como apartidarios: el Movimiento Brasil Libre (MBL), Revoltados Online (Indignados OnlineO y Vem Pra Rua (VPR, Ven a la Calle).


Los tres grupos defienden la renuncia o destitución inmediata de la presidenta, a la que tildan de haber estafado durante la campaña electoral al no haber admitido que promovería el ajuste fiscal que, de hecho, está implementando su equipo, y de tener vínculos estrechos, al igual que el PT, con el millonario caso de corrupción en Petrobras.


Las protestas son apoyadas además por los partidos opositores como el Partido de la Social Democracia Brasileña, cuyo presidente, el senador Aécio Neves, disputó con Rousseff la segunda vuelta de la elección presidencial y perdió por estrecho margen.

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Domingo, 12 Abril 2015 05:57

Brasil: ¿qué le pasa a ese país?

Brasil: ¿qué le pasa a ese país?

Brasil es, hoy, un país con un escenario económico grave y tenso, preocupante. Los agentes del mercado financiero, los especuladores de siempre, dicen que es un panorama crítico y caótico. No hay datos concretos para que se crea en esta versión; sin embargo, para creer que se trata de un cuadro tenso y grave, hay muchos.


Brasil es un país dividido, que enfrenta una oleada de insatisfacción popular, amplia y hábilmente manipulada por los grandes conglomerados de comunicación, y blanco del oportunismo vulgar de una oposición que no tiene otro proyecto alternativo que pedir a gritos la renuncia o la destitución de una mandataria elegida por mayoría de votos hace cinco meses.


Es también un país dividido entre los beneficiados de siempre, que ahora reclaman la devolución de sus privilegios, y los ninguneados de siempre, que lograron subir al escenario del mercado de consumo y de un bienestar mínimo, y ahora exigen, con todo derecho, más y más.


El tránsito social que elevó, en los pasados 12 años de gobierno del PT, a más de 40 millones de brasileños de la pobreza a una clase mínimamente media es motivo de críticas sonoras y severas. Dicen los privilegiados de siempre que no se trata de otra cosa que una banal maniobra populista, que costó miles de millones al Estado.


Es una reacción típica y previsible de una clase mezquina, que jamás admitió perder algo de lo mucho que tiene para que muchos que no tenían nada pudiesen tener algo.


Y, curiosa y paradójicamente, uno de los grandes nudos de Brasil es precisamente esa nueva clase media, que vio cómo la vida mejoró a lo largo de los 12 años pasados, pero de la puerta de casa hacia adentro. Hacia afuera, en el mundo del cotidiano, todo sigue igual: la salud pública que no cura, humilla y mata; el transporte público que no transporta, tortura, la educación pública que no educa.


En suma, uno de los grandes nudos en que se metió Brasil es precisamente esa nueva clase social que fue llevada a las puertas del paraíso de la clase media, pero no logró entrar. Quedó en el umbral, luego de haber conocido parte de sus bondades, pero sin librarse del universo de maldades que atormentaban su vida anterior.


Si se logra olvidar por un instante todo el inmenso océano de actuales circunstancias vividas por Brasil –escándalos de corrupción, el agotamiento del sistema de financiación de campañas electorales, el colapso de los partidos políticos, la crisis terminal del llamado presidencialismo de coalición, que establece y consolida el chantaje y el canje de intereses menores como principio básico del quehacer político– , lo que se verá es un país en plena contradicción.


Hay un partido, el PT de Lula da Silva, agobiado frente al bombardeo de denuncias de corrupción. Y un gobierno, el de Dilma Rousseff, que parece inerte. Sin embargo, también existe sólido espacio para creer que, con lucidez y tiempo, se logrará salir del actual cuadro.


El problema es saber cuál será la herramienta mejor capacitada para corregir los equívocos de la política económica a lo largo de los últimos dos o tres años, bajo la primera presidencia de Dilma Rousseff. Y también saber cómo quitar de la piel del PT el sello de corrupción, para retomar el proyecto de crear un nuevo país.


El actual cuadro es motivado, de un lado, por una formidable y tremenda campaña de los grandes conglomerados de comunicación, que alienta el respaldo de una oposición que, a falta de propuestas concretas, se lanza al peligroso ejercicio del cuánto peor, mejor.


En ese mismo cuadro, pero del otro lado, están las conquistas logradas por el proyecto político que desde hace 12 años preside el país. Y en ese punto hay que atentar para un detalle delicado: el mismo proyecto que llevó a por lo menos 40 millones de personas –casi una Argentina entera– al mercado de consumo, a la clase media, ha sido incapaz de propiciar mejor transporte urbano, mejor educación, mejor sistema de salud, mejor seguridad pública.


Quizás el gran equívoco del proyecto de Lula y del PT haya sido no haberse precavido frente a un dato específico: al crear una nueva e inmensa clase media, creó un nuevo frente de reivindicaciones.


Los que ascendieron asumieron, muy rápidamente, las posiciones de las clases medias tradicionales, las mismas que los reniegan y siempre los renegaron. No se trata, de ninguna manera, de un caso de ingratitud, se trata de un caso de falta de previsión.


Es una falla estratégica grave de quienes, al lanzar e implementar un plan de inclusión social de larguísimas dimensiones, creyeron que con esto bastaba.


No, no basta. Además de refrigeradores, automóviles y televisores, hay que entregar al pueblo servicios públicos básicos y esenciales de calidad. Entre ellos, la concientización, la idea de qué es ser ciudadano. O sea, el derecho de reclamar derechos legítimos sin dejarse manipular por quienes siempre se los negaron.


Ello es algo dramático y triste que se ve en Brasil: los ninguneados de siempre, que ahora son alguien, lado a lado con los que los ningunearon siempre, y siempre los ningunearán

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Sábado, 11 Abril 2015 06:30

Dilma y los chacales

Dilma y los chacales

Acosada por el Congreso, controlado –tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado– por dos parlamentarios altamente especializados en chantaje político, enfrentando un difícil y complejo cuadro económico, con impactantes caídas en los índices de popularidad, viendo cómo los sectores más conservadores de la sociedad civil, fuertemente insuflados por los grandes conglomerados de comunicación, se lanzan en campañas descomunales para destituirla, Dilma Rousseff parecía atónita y sin capacidad de reaccionar.


Para enturbiar aún más el escenario, su equipo de articulación política no hizo más, a lo largo de los últimos tres meses –exactamente los tres primeros de su segundo mandato presidencial–, que dar amplias y robustas muestras de una ineficacia sideral. Y, para colmar un vaso ya demasiado lleno,, sigue la tensión provocada por una oleada de denuncias de corrupción, especialmente en Petrobras, con todo lo que significan sesiones de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) transmitida en vivo, escenario perfecto para que la oposición, que no tiene ninguna otra propuesta de cambio que destituir a la presidenta y a fulminar el PT, luzca sus patéticos talentos histriónicos.


Luego de ser muy presionada por el ex presidente Lula da Silva y frente a un indiscutible cuadro problemático y sin solución aparente, Dilma decidió, a principios de la semana, invitar a Eliseu Padilha, un experimentado político, su actual ministro de Aviación Civil, a cambiar su insulsa cartera por la de Relaciones Institucionales, o sea, ocuparse de coordinar las relaciones con el Congreso, con movimientos sociales y con todo lo que significa como fuente de reivindicaciones y problemas.


La reacción de los caciques del PMDB, léase del partido aliado que de manera increíblemente infiel controla el Congreso, fue inmediata. Y forzaron su colega de siglas a rechazar la invitación.


Es algo insólito: un ministro que se niega a atender a un pedido de la presidenta y, peor, logra mantenerse al frente de su puesto. Resultado: nuevo desgaste para una más que desgastada mandataria, nueva iniciativa desastrada de un gobierno desastrado.


Dilma decidió, entonces, quemar uno de sus últimos cartuchos: convocó a su vicepresidente, que a la vez preside el rebelde e infiel PMDB, a asumir la articulación política de su gobierno. Michel Temer, que poca o inexistente atención recibió de Dilma especialmente a partir de su reelección (ya era el vicepresidente de la república en el primer mandato), es un negociador hábil, profundo conocedor de los vericuetos de la Cámara de Diputados (donde ocupó un escaño de 1987 a 2010, cuando se tornó vicepresidente de Dilma) y ex presidente de la casa. Y, viejo zorro político, aceptó. Diplomático y elegante, no exigió nada: "Sugirió" a la mandataria que suprimiese sumariamente la cartera de Relaciones Institucionales. De esa forma, la articulación política del gobierno se trasladó directamente a la vicepresidencia de la república.


Otra "sugerencia": poder contar con "un bolígrafo nuevo", es decir, con tinta suficiente para firmar nombramientos tanto en el segundo y tercero escalón del gobierno como en las estatales. De inmediato, empezó a negociar puestos y presupuestos.


Lo que se vio en seguida deja bien claro hasta qué punto es confuso, contradictorio y desvirtuado del sistema político (más allá de escenarios circunstanciales, por complejos que sean) brasileño. La noticia de que su presidente, y que a la vez ocupa la vicepresidencia del país, haya sido convocado para ayudar a superar una seria crisis de interlocución entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo causó profundo malestar en el PMDB. En lugar de entender que se abre un amplio espacio de poder para el principal (y, nunca es demasiado reiterar, desleal) aliado, los caciques que controlan el Congreso entendieron que aumentó de manera exponencial la posibilidad de que pierdan poder de chantaje.


Ambas interpretaciones son correctas: el PMDB gana poder, mientras que Eduardo Cunha, en Diputados, y su colega Renan Calheiros, en el Senado, algo pierden. Seguirán demonizando al gobierno, pero ahora con menos fuerza.


Hay un tercer aspecto: al ser atraído para la articulación política, o mejor dicho, para por fin instaurarla, el PMDB se hace socio del PT en la crisis. Soluciones, ahora, dependen directamente de que ambos partidos se entiendan. Los berrinches desleales de Cunha y Calheiros se debilitan.


No hay que dejar de observar que, una vez más desde su asunción para el segundo mandato presidencial, Dilma tardó demasiado para reaccionar. Por primera vez, sin embargo, reaccionó de manera hábil. Hasta ahora, además de tarde, reaccionaba de manera torpe.


Los críticos a su gestión –y los hay por doquier– se apresuraron a decir que ella ahora está en manos de dos ministros de los cuales no puede, al menos por ahora, librarse: el neoliberal Joaquim Levy, en Hacienda, encargado de hacer, en el campo de la economía, todo aquello que Dilma dijo que harían sus adversarios en caso de que llegasen el poder, y Michel Temer, del mismo PMDB, que no hizo más que sabotear su gobierno.


Las medidas económicas anunciadas, y que despertaron fuerte reacción negativa en la izquierda y en el electorado de Dilma, tendrán necesariamente que ser negociadas por Levy, cuya torpeza a la hora de pronunciarse casi equivale a la intransigencia a la hora de defender su proyecto extremista. A Temer le tocará buscar espacios para maniobrar tanto entre parlamentarios como en el equipo económico.


Dilma no puede librarse de Temer porque él es, al fin y al cabo, un vicepresidente electo por el voto popular. Le queda el consuelo de saber que es impensable, en Brasil, un mandatario tener a su vice como opositor. Bastaría con vaciar su bolígrafo. Pero, además, confía en sus habilidades.


Con relación a Levy, reemplazarlo para retomar algo parecido (igual, ni hablar) a la política económica de su primer mandato correspondería a abrir las jaulas donde el sacrosanto mercado financiero nacional e internacional encierra sus más abominables y perversas fieras.


La mandataria, en todo caso, parece estar absolutamente segura de la imperiosa necesidad de implementar medidas que, por más que sean impopulares, son las únicas que podrán asegurar la recuperación económica que le urgen al país. Al mismo tiempo, tiene plena conciencia de que está acorralada por expertos en negociados y chantajes, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, y que Temer tiene experiencia y firmeza suficiente para domarlos o al menos debilitarlos.


Habrá entendido, además, que cada paso dado desde el estreno de su segundo mandato (por no mencionar todos los dados en la política económica de los últimos dos años del mandato anterior) ha sido desastroso. Que el núcleo que asesores políticos que armó, contrariando a Lula da Silva, la llevó directamente al borde del precipicio. Que será muy difícil, aunque no imposible, recuperar a mediano plazo parcelas significativas de su popularidad, que, acorde con los últimos sondeos, bajó a tenebrosos 12 por ciento.


Dilma, una mujer valiente, detesta las menudencias del juego político pequeño y casi siempre sucio del cotidiano. Pero parece haber empezado a conformarse frente a la realidad: llevar adelante un proyecto osado y ambicioso como el iniciado hace doce años es imposible si se ignora que los chacales acosan por todos lados.


Hay que aprender a neutralizarlos al máximo: ignorarlos es una especie de suicidio.

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Dilma afirma que el ajuste es necesario

La presidenta de Brasil se siente obligada a renunciar a su programa de crecimiento con distribución del ingreso y aumento de la demanda interna con el que llegó al gobierno en 2011. Pero la austeridad no afectará a Petrobras.


En manos del sepulturero. Para limar las asperezas surgidas en las últimas semanas, Dilma Rousseff convidó a su ministro de Hacienda, Joaquim Levy, a dialogar durante un viaje de Brasilia a San Pablo, el estado más rico e industrializado del país, donde ambos asistieron a un velorio.


Dilma ratificó ayer en el Palacio del Planalto, sede presidencial, la "necesidad imperiosa de promover una reducción de gastos", lo cual implica un ajuste estimado entre 60.000 millones y 80.000 millones de reales (20.000 a 27.000 millones de dólares). Con esas palabras respaldó a Joaquim Levy, con quien habría conversado sobre sus declaraciones inoportunas y repetidos bloopers durante el viaje a San Pablo para asistir al entierro del hijo del gobernador de esa provincia.


Es la segunda vez que la presidenta procura encuadrar a su (in)subordinado ministro. Hace dos semanas, durante un encuentro con sus ex jefes de la banca privada, Levy deslizó críticas sobre la supuesta torpeza de Rousseff y días más tarde participó en un almuerzo cuyo anfitrión acababa de publicar un artículo a favor del impeachment presidencial.


En la Explanada de los Ministerios, la ancha avenida brasiliense que va de la Presidencia al Congreso, dicen que Dilma ya habría despedido a cualquier otro ministro que hubiera desafiado su autoridad como lo hizo Levy. Pero lo mantiene en su puesto porque sólo él, con sus ínfulas de primer ministro de facto, garantiza el aval del mercado hacia un gobierno con la popularidad en caída libre.


Desarrollista convicta, la presidenta se siente obligada a renunciar a su programa de crecimiento con distribución de renta y aumento de la demanda interna con el que llegó al gobierno en 2011 y aceptar los consejos ortodoxos de Levy, ex funcionario del FMI y el Banco Bradesco.


Según el cientista político André Singer, las medidas propuestas por Levy suponen enterrar el pacto social gestado durante los tres primeros gobiernos del PT (dos de Lula y uno de Dilma), cuyo punto culminante fue el virtual pleno empleo alcanzado en 2014.


Para Singer, ex portavoz de Lula, "estamos asistiendo a una política deliberada que busca destruir el pleno empleo porque el capital lo considera incompatible con las inversiones competitivas". Esa tesis es similar a la de las dos líneas internas más importantes del PT, que formalizarán sus críticas a Levy en el congreso partidario de junio.


Entre tanto, fuentes del gobierno dejaron trascender que hay consenso en el gabinete sobre la necesidad de alcanzar un superávit primario que bordee el uno por ciento, pero mientras algunos ministros defienden un corte de 80.000 millones de reales, otros prefieren que sea de 60.000 millones.


Los más moderados argumentan que se debe evitar una austeridad muy radical para evitar el riesgo de una recesión profunda y una disparada de los índices de desempleo.


Por lo pronto, las proyecciones anticipan un año pésimo. El Boletín Focus, divulgado cada lunes por el Banco Central, proyectó que el PBI sufrirá una retracción del 1,01 por ciento en 2015 y la inflación trepará al 8,2 por ciento, pese a que las tasas de interés ya están en el 12,75 por ciento anual y podría seguir creciendo.


El diseño del paquete económico aún está inconcluso pero además de limitar el gasto público también prevé aumentar impuestos y quitar recursos destinados para el seguro de desempleo. El filo de la guadaña no se detiene ahí: habrá menos créditos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social destinados, por ejemplo, a grandes empresas constructoras.
Esto menguará los fondos para continuar la ampliación y construcción de carreteras, como la BR 163 en la región amazónica o la BR 101, en el nordeste. A lo que se suma la amenaza de parar algunas obras indispensables para los Juegos Olímpicos del año próximo en Río de Janeiro.


Como consecuencia de este enfriamiento de la industria de la construcción ya fueron despedidos 25.000 trabajadores según Miguel Torres, presidente de Fuerza Sindical, la segunda central laboral del país. Paulo Skaf, titular de la Federación de Industrias de San Pablo, dijo que no tiene cifras definitivas, pero arriesgó una "pérdida de 50.000 puestos de trabajo" en ese estado, que representa casi el 40 por ciento del PBI nacional. El vocero patronal Skaf reiteró su apoyo a una "solución" ortodoxa consistente en reglamentar la tercerización del empleo, iniciativa respaldada por un amplio espectro de partidos en el Congreso.


Petrobras


Durante su discurso de ayer en el Planalto y en las declaraciones de la semana pasada a la agencia Bloomberg, Dilma despejó cualquier duda sobre su decisión de ir a fondo con el plan de austeridad. Sin embargo, dio a entender que las reformas (o contrarreformas) no llegarán hasta la petrolera Petrobras, envuelta en un escándalo de corrupción por el cual debió renunciar su antigua dirección en febrero. "La lucha por la recuperación de Petrobras es una lucha mía y de mi gobierno, y tengo la certeza de que es algo que interesa al pueblo brasileño... lo que está en juego es la soberanía", aseguró, antes de recibir un aplauso cerrado.


Con esa afirmación pareció abortar cualquier especulación sobre cambios de la legislación petrolera que limiten las atribuciones de Petrobras sobre los campos de aguas ultraprondas, o de "pre sal", donde yacen unos 60.000 millones de barriles.
El opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña impulsa un proyecto de ley, en el que Petrobras pierde atribuciones y las petroleras extranjeras recuperan derechos similares a los que tenían durante la gestión del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). La iniciativa socialdemócrata cuenta con la venia del mercado y, acaso, del propio Levy. Pero seguramente el ministro de Hacienda evitará reconocerlo públicamente

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Lunes, 06 Abril 2015 07:23

La "revolución pasiva" de Santos

La "revolución pasiva" de Santos

Truncha habrá de quedar la "revolución pasiva" de Santos con la que quiere remediar la crisis orgánica del sistema de dominación oligárquica que él encarna.

 

Ya se conoce el informe de la Comisión Historia encargada por la Mesa de conversaciones de La Habana que conforman el gobierno y las Farc del análisis del conflicto colombiano y sus víctimas, en el que se presentan las visiones de las raíces del conflicto, tanto en la realidad nacional, como en aspectos de orden internacional, las explicaciones de su extensión temporal y las graves consecuencias que ha tenido. Se trata de importantes estudios en los que, desde enfoques diversos, se presenta una visión global de la prolongada guerra nacional colombiana (http://bit.ly/1Ah17QJ).

El reto de hoy, para el pensamiento crítico, se refiere a la necesidad de caracterizar el actual proceso, su posible evolución, así como los desenlaces que pueda tener en el mediano y largo plazo. El funcionamiento de la Mesa de conversaciones ha creado un momento abierto e indefinido que, desde el lado revolucionario, debe permitir conquistar profundos cambios en la sociedad y el Estado, en el sentido de la superación de la crisis orgánica del sistema de dominación oligárquica.

Es evidente que en Colombia hay un enorme desprestigio de las instituciones actuales.

No hace falta acopiar muchos hechos, pues la percepción de crisis institucional es absoluta. Tal crisis institucional, al producirse paralelamente a una grave crisis económica como la que está en curso, deviene en lo que Gramsci llamaba crisis orgánica, como lo hemos planteado en otros análisis. Y que nosotros, desde hace años, llamamos crisis del régimen. Lo que es simplemente constatar un amplio sentimiento de repudio ante el sistema político vigente y los perversos daños que produce sobre la vida de millones de colombianos.

Sabemos por Gramsci que la irrupción de una crisis orgánica sólo es posible cuando el bloque dominante, que en nuestro país está conformado por la élite política, militar y empresarial, no puede resolver una grave crisis económica.

La reciente crisis en el sistema judicial a raíz de los escándalos por corrupción en la Corte Constitucional y el desorden masivo en otros ámbito del poder político, nos indican las dimensiones del desbarajuste del régimen tradicional. De igual manera lo muestra la crisis económica y fiscal del Estado.

Es en tal momento que se pone en cuestión absolutamente todo lo político, y se abre una oportunidad para la transformación real.

Santos, como representante del actual bloque oligárquico de poder, adelanta una "revolución pasiva" para desactivar y erradicar los factores de inestabilidad y colapso. Ese plan lo inició con su Ley de Víctimas y restitución de tierras y el reconocimiento de la existencia de una prolongada guerra civil que el gobierno de Uribe Vélez se empeñó en desconocer durante sus dos periodos gubernamentales.

El movimiento popular, social y las fuerzas revolucionarias plantean y proyectan una estrategia enderezada a concretar las más genuinas banderas de cambio democrático en la perspectiva del socialismo. Si los más desprotegidos, el pueblo, se organizan, pueden aprovechar el momento para disputarle el poder al débil bloque dominante y convertirse ellos mismos en la nueva clase dirigente. Entrar por la grieta del sistema.

Pero también puede suceder, por supuesto, que ese bloque dominante logre restaurarse y recuperar el control de la política.

Precisamente Gramsci llamó "revolución pasiva" a esta segunda opción, es decir, al proceso político cuyo objetivo es la reforma del sistema desde arriba. Esto es, donde el bloque dominante es el que dirige el inevitable cambio surgido con la crisis total.

 

La "revolución pasiva" del santismo

 

De todas las posibles respuestas a las crisis de hegemonía, una de ellas es la que normalmente va más asociada a los procesos de transición política marcados por la "revolución pasiva".

Señalemos de manera preliminar que, la "revolución pasiva" es una construcción categorial de gran amplitud, se trata de un criterio o canon de interpretación y no un programa/instrumento político como lo es para la burguesía que encarna el señor Santos. En ese sentido permite esbozar un ejercicio de aplicación analítico-interpretativa buscando dar cuenta de una combinación-desigual y dialéctica-de dos tensiones, tendencias o momentos: restauración y renovación, preservación y transformación o, como indica Gramsci, "conservación-innovación".

La "revolución pasiva" emerge como expresión de la "crisis orgánica" de la sociedad burguesa así como antítesis o fracaso de la revolución activa de las clases populares

Una revolución pasiva es un proceso de modernización impulsado desde arriba que recoge sólo parcialmente las demandas de los de abajo y con ello logra garantizar su pasividad, su silencio más que su complicidad. Se produce porque comparte el diagnóstico de que hace falta un cambio. Es posible cuando el bloque dominante acepta también que las viejas instituciones ya no son suficientes ni adecuadas para mantenerles en el poder, y cuando entiende que han de actuar antes de que otro sujeto tome el control de la situación. Es decir, la característica crucial de la revolución pasiva es que surge para disputarle la dirección del cambio a las organizaciones populares.

Constituye una especie de salida intermedia entre la dictadura y el cambio revolucionario. Para que pueda realizarse, tiene que existir una amenaza lo bastante fuerte para poder derribar un régimen y lo suficientemente débil para instaurar un nuevo sistema. En esta situación, mezclada de debilidad y fortaleza, algunos representantes de las clases políticamente débiles y económicamente fuertes logran integrar y hacer suya parte del programa de demandas de los grupos adversarios y consiguen, de este modo, realizar una revolución pasiva.

Posteriormente, si hay lucidez en el poder político asediado o en algunos de sus sectores, se inicia una segunda etapa, en la cual se asumen parte de las demandas de la oposición -salvo las más radicales, que serían las que llevarían a la superación total del viejo orden – así, se logra dirigir desde arriba el cambio y la transición.

Gramsci caracteriza estas maniobras políticas como un conjunto de procesos de "innovación-conservación" "revolución-restauración", o "revolución sin revolución". Se trata de una transformación desde arriba por la cual los poderosos modifican lentamente las relaciones de fuerza para neutralizar a sus enemigos de abajo.

Toda revolución pasiva es la expresión histórica de determinadas correlaciones de fuerza y, al mismo tiempo, un factor de modificación de las mismas. Por ello, en relación con su génesis, Gramsci anota que se trata de reacciones de las clases dominantes al "subversivismo esporádico, elemental e inorgánico de las masas populares" que "acogen cierta parte de las exigencias populares". O sea no caracterizada por un movimiento subversivo de las clases subalternas sino como conjunto de transformaciones objetivas que marcan una discontinuidad significativa y una estrategia de cambio orientada a garantizar la estabilidad de las relaciones fundamentales de dominación.

En el inicio del proceso está entonces una acción desde abajo –aunque sea, esporádica, elemental, inorgánica y no "unitaria"- la derrota de un intento revolucionario o, en un sentido más preciso, de un acto fallido, de la incapacidad de las clases subalternas de impulsar o sostener un proyecto revolucionario pero capaces de esbozar o amagar un movimiento que resulta amenazante o que aparentemente pone en discusión el orden jerárquico. En efecto, si bien el empuje desde abajo no es suficiente para una ruptura revolucionaria sin embargo alcanza a imponer –por vía indirecta- ciertos cambios en la medida en que algunas de las demandas son incorporadas y satisfechas desde arriba.

La singularidad de esos momentos es que determinados proyectos antagónicos se disputan entre sí la victoria, pero coincidiendo todos ellos en el descrédito de las instituciones previas o, dicho de otra forma, en la necesidad de superarlas. En la necesidad del cambio. Esto es importante, porque significa que proyectos políticos antagónicos pueden compartir un espacio común: el de la necesidad de un cambio. El corolario sale rápido: si esos proyectos políticos no perfilan y distinguen sus propias propuestas ideológicas, y si se mantienen en el llano discurso de deseo de superación de instituciones preexistentes, entonces tales proyectos políticos pueden ser en gran medida intercambiables.

La revolución pasiva implica por lo tanto la capacidad de las clases dominantes, frente a la explosión de las contradicciones sociales y políticas, de gobernar, integrar destruyendo las contradicciones fundamentales evitando que devengan protagónicas en la crisis orgánica.

Mediante la revolución pasiva los segmentos políticamente más lúcidos de la clase dominante y dirigente intentan meterse "en el bolsillo" a sus adversarios y opositores políticos incorporando parte de sus reclamos, pero despojados de toda radicalidad y todo peligro revolucionario. Las demandas populares se resignifican y terminan esfumándose en la maquinaria de la dominación.

La revolución pasiva consiste, pues, en lograr el retorno a la "normalidad" del capitalismo. Se trata de resolver la crisis orgánica reconstruyendo el consenso y la credibilidad de las instituciones burguesas para mantener el orden oligárquico. Es decir: la continuidad del capitalismo. Lo que está en juego es la crisis de la hegemonía burguesa, amenazada por las rebeliones populares y la resistencia campesina revolucionaria armada.

Se pretende volver a legitimar las instituciones del sistema capitalista, fuertemente devaluadas y desprestigiadas por una crisis de representación política que hacía años no vivía nuestra sociedad.

Se plantean por tanto las siguientes cuestiones, ¿En qué medida los cambios reproducen o restauran el orden existente o lo modifican para preservarlo? ¿En qué medida "acogen cierta parte de las exigencias populares"? ¿Cuánta y qué parte? Las variaciones posibles son diversas pero acotadas por dos puntos límites: la revolución pasiva no es una revolución radical –al estilo jacobino o bolchevique- y la restauración progresiva no es una restauración total, un restablecimiento pleno del estatus quo anterior.

En relación a su dinámica, la modernización conservadora implícita en toda revolución pasiva, es conducida desde arriba. Ese arriba se refiere tanto al nivel de la iniciativa de las clases dominantes como a la cúpula estatal, ya que el lugar o el momento estatal aparece crucial a nivel estratégico para compensar la debilidad relativa de las clases dominantes, las cuales recurren, por lo tanto, a una serie de medidas "defensivas" que incluyen coerción y consenso.

Se conforma de tal manera un modelo de dominación basada en la capacidad de promover reformas conservadoras maquilladas de transformaciones "revolucionarias" y de promover un consenso pasivo de las clases dominadas.

 

Cesarismo y transformismo

 

La revolución pasiva se ve acompañada del cesarismo y el transformismo. Se apoya en un cesarismo progresivo (la presencia de una figura carismática que cataliza y canaliza las tensiones y encarna el paternalismo asistencialista) y el transformismo (el desplazamiento de grupos dirigentes progresistas del movimiento popular hacia posiciones conservadoras en puestos en las instituciones estatales).

En otros términos, hay dos momentos en el proceso de revolución pasiva.

El primero, la restauración. En ese primer momento el bloque dominante trata de bloquear (con el Cesarismo populista de derecha encarnado en Uribe Vélez) la organización popular que crece al calor de las demandas políticas, evitando de esa forma una transformación radical del sistema desde abajo.

El segundo, el transformismo (santista, en este caso). En este momento el bloque dominante recoge algunas de las demandas populares y las hace suyas, adaptándolas previamente a sus propias necesidades y confundiendo así a las masas populares en revuelta.

En nuestro caso, lo que resalta es el transformismo promovido por Santos. Por medio del transformismo Gramsci designa un proceso de deslizamiento molecular que lleva al fortalecimiento del campo de las clases dominantes, a través de un paulatino drenaje (absorción) por medio de la cooptación de fuerzas del campo de las clases subalternas o, si se quiere, viceversa, un debilitamiento del campo subalterno por medio del abandono o traición de sectores que transforman oportunistamente sus convicciones políticas y cambian de bando.

Con el transformismo, Gramsci quiere referirse a dos realidades: a) el proceso de absorción de las demandas menos radicales y la articulación de éstas en un programa más moderado; y b) la captación e integración de dirigentes de los grupos políticos rivales. A través del transformismo se logra quebrar la relación de fuerzas anterior que había obligado a adoptar la estrategia de reformismo político preventivo.

El transformismo aparece entonces como un dispositivo vinculado a la revolución pasiva en la medida en que modifica la correlación de fuerzas en forma molecular en función de drenar –por medio de la cooptación– fuerzas y poder hacia un proyecto de dominación en aras de garantizar la pasividad y de promover la desmovilización de las clases subalternas.

Aunque el concepto de revolución pasiva remite al ámbito superestructural es evidente que, más allá de la dimensión socio-política, es clara la referencia a una consolidación capitalista por medio de la intervención estatal en la vida económica en función anti-cíclica, como lo demanda la coyuntura creada con la caída de los precios del petróleo y sus efectos en los ingresos fiscales del gobierno. En este sentido cabe toda la extensión bicéfala de la expresión "formas de gobierno de las masas y gobierno de la economía" usada por Gramsci para referirse al estatalismo propio de una época de revolución pasiva.

Estamos en la situación del Estado ampliado, que incluye a la sociedad civil y pretende controlar las relaciones de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas mediante la planificación.

En el tiempo de la revolución pasiva la concepción del Estado ampliado, vinculada con los procesos inéditos de difusión de la hegemonía no comporta la puesta en mora o la disminución de la concepción del Estado «según la función productiva de las clase sociales», sino significa una complejización radical de la relación entre política y economía, una intensificación molecular de una primacía de la política entendida como poder de producción y de gobierno de los procesos de pasivización, estandardización y fragmentación.

 

Consecuencias de la revolución pasiva

 

Las principales consecuencias de las transiciones políticas guiadas por el modelo de la revolución pasiva son las siguientes:

a) La ausencia de una verdadera participación popular, dado que son las cúpulas de las organizaciones políticas las que pactan y consensuan "por arriba" los contenidos y los plazos del proceso de transición.

b) La modificación, en parte, de la realidad política anterior. Especialmente, la oposición intenta enmascarar su debilidad presentando dichas modificaciones como cambios políticos profundos.

c) El debilitamiento de las fuerzas radicales opositoras y la integración de muchos miembros de dichas fuerzas en los antiguos grupos rivales a través de diversos mecanismos de aplicación de la estrategia del transformismo.

d) La inexistencia de una hegemonía alternativa. Hay que tener en cuenta que la revolución pasiva no siempre resuelve la crisis de hegemonía que la provoca, entendida como escisión entre sociedad política y sociedad civil con mayores o menores grados de intensidad, que son los que marcan el nivel orgánico o coyuntural de cada crisis de hegemonía. Conviene tener presente que Gramsci contempla diversas posibilidades de respuesta a dicha crisis:

a) Guerra civil entre los grupos que luchan por la hegemonía.

b) Reacción de la clase dominante a través de un nuevo tipo de dictadura o de una reestructuración de sus posiciones en la sociedad política mediante mecanismos diversos de reforma interna.

c) Insurrección revolucionaria de masas con dirección política que logra imponer un nuevo sistema.

d) Subversivismo de masas sin dirección política.

e) Solución cesarista de la crisis a través de un caudillismo.

f) Prolongación de la crisis y extensión del caos político y social por la incapacidad de respuesta de los grupos dominantes y la existencia de una sociedad civil débil e inerte.

g) Pacto y consenso entre las fuerzas antagónicas ante la imposibilidad de la victoria de una de ellas y, por lo tanto, construcción de un nuevo régimen en el que se integran parte de las demandas de cada una de las fuerzas intervinientes. Este pacto y consenso sirve para crear un nuevo dominio político, pero no resuelve el tema de la dirección social, cultural y económica. Y sólo la suma de dominio y dirección crea una nueva hegemonía.

Cerremos, esta parte señalando que ese el programa político de la burguesía con su intento de revolución pasiva impulsada desde las alturas seudo reformistas del santismo neoliberal. Lo que queda de ese experimento de Tercera vía es un mecanismo de expropiación de las demandas populares por la vía de "renovaciones", "modernizaciones" y "recomposiciones" parciales, que preparan el camino a restauraciones más de derecha en su totalidad. Es un detalle que no debemos ignorar.

Está en marcha una suerte de transición liberal, dirigida por el mismo bloque dominante. Ese gran poder privado y salvaje que teme un cambio desde abajo y desde la izquierda y que quiere retocar el sistema desde arriba y por derecha neoliberal.

Pretenden logra transformaciones importantes en la organización social, pero reduciendo al mínimo la "iniciativa popular" en la producción de esos cambios. Por eso aquello de que el modelo no se negocia, al decir de Humberto De La Calle.

La operación del bloque dominante es la misma: la restauración del sistema por medio del transformismo.

 

El programa de cambios democráticos

 

Por supuesto, lo visto es un lado de la cuestión política en el momento. Y la política es un arte cuyo principal instrumento es la estrategia. El desafío para los revolucionarios es identificar las rutas convenientes de acción. Por eso nos preguntamos ¿qué sucede cuando la iniciativa la toman nuestros enemigos? ¿Qué hacer cuando los segmentos más lúcidos de la burguesía intentan resolver la crisis orgánica de hegemonía, legitimidad política y gobernabilidad apelando a discursos y simbología "progresistas", poniéndose a la cabeza de los cambios para desarmar, dividir, neutralizar y finalmente cooptar o demonizar a los sectores populares más intransigentes y radicales?

¿Cómo enfrentar esa iniciativa? ¿De qué manera podemos deconstruir esa estrategia burguesa?

Gran parte de las reflexiones de los marxistas sobre la lucha de clases han girado en torno a la necesidad de asumir la iniciativa política por parte de los trabajadores y el pueblo. Desde luego, considerando siempre las condiciones concretas de la lucha social, que en este caso se ubica en una coyuntura de compleja y desigual combinación de las movilizaciones populares y de masas, pues, dentro del conglomerado de olas y mareas políticas que se entrecruzan, no todo aparece tan nítidamente diferenciado ni delimitado como pudiera suponerse.

Estamos ante un difícil desafío: pensar desde la teoría revolucionaria no en la posibilidad inmediata del asalto al poder o de una ofensiva abierta de las masas populares, sino en aquellos tiempos del proceso de la lucha de clases donde el enemigo pretende mantener y perpetuar el modelo neoliberal de manera sutil y encubierta. No lo pretende hacer de cualquier manera. Paradójicamente, las clases dominantes intentan resolver su crisis orgánica, garantizar la gobernabilidad y mantener sus jugosos negocios enarbolando nuestras propias banderas (oportunamente resignificadas). Resulta más sencillo enfrentar y golpear a un enemigo frontal que intenta aplastarnos enarbolando banderas neoliberales y fascistas, como en el caso de Uribe Vélez. Pero resulta extremadamente complejo responder políticamente cuando el neoliberalismo se disfraza de prospero, continúa beneficiando al gran capital en nombre de "la democracia", los "derechos humanos", la "sociedad civil", el "respeto por la diversidad", los diálogos de paz y la reparación de las víctimas con la restitución de las tierras despojadas por el paramilitarismo.

En otros terminos, resulta relativamente fácil identificar a nuestros enemigos cuando ellos adoptan un programa político de choque o represión a cara descubierta. Pero el asunto se complica notablemente cuando los sectores de poder intentan neutralizar al campo popular apelando discursivamente a una simbología "progresista". En esos momentos, navegar en el tormentoso océano de la lucha de clases se vuelve más complejo y delicado.

De tal manera que, a la capacidad de la oligarquía de operar recomposiciones de todo tipo, es necesario oponer una lucha política de tipo acumulativo, cuyas definiciones estratégicas no van más allá, en situaciones ideales, de la constitución de un "bloque o frente amplio popular" que opera un cambio importante en la relación de fuerzas.

Además, sabiendo que una comunidad política vive siempre en un ámbito institucional que tiene la apariencia de haber estado siempre ahí. Que hay instituciones que rodean y envuelven nuestra vida cotidiana, que también van cambiando, pues todo cambia. Y los sistemas políticos no son ajenos a ese proceso. La pregunta más obvia es ¿hacia dónde se debe cambiar?

Desde el campo popular y revolucionario, es inevitable ver nuevos procesos constituyentes, como ha sido planteado por la delegación revolucionaria en la Mesa de conversaciones en La Habana, es decir, procesos que constituyan nuevas instituciones políticas o que produzcan cambios radicales en los diseños vigentes hasta ese momento. Habitualmente estos procesos se refieren a la institución superior, la Constitución. Pero es preciso recordar acá que no todos los procesos constituyentes son iguales. A veces los procesos constituyentes tienen una perspectiva popular que refleja las demandas y exigencias de las gentes más desfavorecidas, esto es, lo que llamamos comúnmente el pueblo. Así fue claramente en los casos de Francia entre 1789 y 1792, de México en 1917, de Rusia en 1918 y 1924, de España en 1931 o de Italia en 1948. Sin embargo, otras veces los procesos constituyentes son dirigidos desde arriba, desde las mismas élites que gobernaban las instituciones previas.

Un proceso constituyente implica a su vez un proceso destituyente, porque la constitución de nuevas instituciones se hace sobre la eliminación de las anteriores instituciones. Dicho llanamente, si quiero algo nuevo es porque no me gusta lo viejo o directamente no lo tengo; si quiero democracia ampliada es porque la que tengo es ficticia. Por eso puede afirmarse que una crisis institucional es el reflejo de una enorme grieta, de un proceso destituyente abierto de facto.

Así pues, hay momentos políticos, como el de hoy, en los que las instituciones vigentes se ponen en cuestión. Es entonces cuando se abre el debate sobre cómo han de cambiar, y en ese momento diferentes proyectos políticos confrontan entre sí en torno al tipo de instituciones nuevas que hay que crear.

Es por tal razón que los cambios de fondo que demanda Colombia, no se pueden lograr sin confrontar con las instituciones centrales del aparato de Estado oligárquico. Debemos apuntar a conformar, estratégicamente y a largo plazo —en términos de varios años y no de tres meses— organizaciones populares de lucha revolucionaria.

Así que no habrá transformación social radical al margen del movimiento de masas, en el entendido que los procesos de transición pacifista deben captar la hilazón entre el arte político y el arte militar, entre la fase político-militar y la técnico-militar, pues "las revoluciones siempre son guerras".

Publicado enColombia
Lunes, 06 Abril 2015 07:15

La democracia como mentira

La democracia como mentira

Después de padecer largas dictaduras militares a lo largo del siglo XX en América Latina, y apartadas las polarizaciones ideológicas que llevaron a conflictos armados en no pocos países, la recuperación, o edificación, del estado de derecho pareció ser la meta a conseguir como salvaguarda de un futuro en que democracia y desarrollo pudieran caminar de manera integral y paralela.


Bien podría decirse que la aspiración de finales del siglo XX fue hacer que la realidad política respondiera a la letra de las constituciones, un ajuste en el que habíamos fracasado desde los días de la independencia. Ni más ni menos, regresar al siglo XIX para poder tener siglo XXI, recuperando el cúmulo de ideas que habían fundado las repúblicas liberales.


Las democracias empezaron a funcionar basadas en el regreso al fundamental derecho de elegir, y a partir de allí fue necesario probar la eficacia de las instituciones, como salvaguarda para evitar el temido regreso a la concentración viciosa de poder y al arbitrio de una sola persona mandando por encima de las leyes. Esta había sido la persistente realidad impuesta desde el siglo XIX, que acabó con el sueño benéfico de la majestad de las constituciones y el imperio de las leyes, algo que a los caudillos siempre les pareció una tontería infantil.


Pronto se descubrió, antes de que se cerrara el siglo XX, que la institucionalidad democrática era capaz de resucitar de las cenizas de las dictaduras militares, solamente donde esa institucionalidad había prosperado antes, como en Uruguay o en Chile; pero donde históricamente había sido débil, o apenas existente, era difícil reinventarla, como en la mayoría de los países centroamericanos.


En otros, como Venezuela, era el agotamiento del sistema democrático, desprestigiado por la corrupción, el que abría paso a nuevas propuestas que con el tiempo vinieron a probar su dramático fracaso. Pero tampoco el populismo, proclamado con pompa revolucionaria, venía a ser nada nuevo en América Latina; ya lo conocíamos desde tiempos de Perón, Getulio Vargas y Rojas Pinilla.


También aprendimos, o recordamos lo que ya la historia enseñaba: que la democracia populista no es más que un seudónimo del autoritarismo, o una etapa previa a entrar en la dictadura sin apellidos. Esas fronteras son muy sutiles. Si hay concentración absoluta de poder, cercenamiento de la libertad de expresión; si hay miedo de los ciudadanos frente al poder, si la corrupción descompone a la autoridad, estamos en los umbrales de la dictadura. De allí a la represión sangrienta no hay más que un pequeño paso. Y el populismo no es más que el celofán en que se envuelve ese regalo envenenado.


Pero otro elemento, para nada sorpresivo, se sumó al panorama de fin de siglo, y se expande hoy con fuerza de incendio: la corrupción, tan integral a la propia democracia recuperada, como si fuera parte de ella; en muchos sentidos, porque la propia debilidad institucional, que incluye la falta de transparencia y de controles sobre la voracidad de no pocos de quienes suelen ascender al mando, la facilita. Apenas un gobierno elegido por el voto popular se instalaba, quienes entraban a ocupar las oficinas públicas parecían listos desde el primer día para empezar a robar. Y la fiesta sigue. Si no veamos el caso de Petrobras en Brasil.


Los escándalos de corrupción siguen repitiéndose, y el electorado parece padecer de una incurable nostalgia por los gobernantes juzgados y condenados por delitos de malversación y enriquecimiento ilícito. Allí tenemos el reciente regreso triunfal a Guatemala del ex presidente Alfonso Portillo, recibido multitudinariamente en el aeropuerto tras cumplir en Estados Unidos una condena por lavado de dinero, bajo propia confesión.


El panorama se agrava con la incidencia pertinaz del crimen organizado, que alienta la corrupción en todos los estratos, como en México, donde los narcocárteles buscan minar el estado de derecho y han avanzado bastante. Y en no pocos países envuelven en sus redes a magistrados, fiscales, policías, ministros, porque los narcodólares tienen un peso excesivo y desproporcionado capaz de descalabrar el andamiaje institucional. Es una hidra de múltiples cabezas que apenas le cortan una retoñan 100; una hidra capaz de asesinar masivamente, incinerar, desmembrar, decapitar, con mucho que enseñar en cuanto a métodos de crueldad a los sicarios del califato islámico.


Por ahora, habría que hacer que el Estado exista, volviéndolo visible. El Estado sólo es real cuando tiene el control de un territorio; si no, tiende a ser sustituido, en los barrios por las pandillas juveniles criminales, como en San Salvador o San Pedro Sula, en los municipios y en las áreas rurales por los propios jefes narcos, que actúan como si fueran el Estado, pero al margen del Estado, imponiendo su propia ley. Es una anarquía concertada, que aparenta orden, pero es un orden impuesto por el miedo y el terror.


En esas condiciones, el Estado sólo queda en el papel. Si los narcos instalan escuelas, clínicas, sistemas de agua potable, es porque el Estado ha fallado en su función esencial de hacer eso mismo. Pero para que recupere su soberanía interna, debe funcionar primero como un verdadero Estado democrático.


Lo que se da en llamar clase política debe ver más allá de sus narices. Concertar planes a largo plazo, sin interponer identidades ideológicas. El desarrollo estratégico de un país incluye no sólo las inversiones, el crecimiento de la economía y la calidad y la extensión de los programas sociales, sino también la seguridad pública vista como un modelo diferente, no solamente represivo.


Seguridad ciudadana significa crear vínculos activos con la comunidad. Los narcos no son marcianos; nacen y crecen en las comunidades pobres, tienen vínculos afectivos con los suyos, y saben ejercer el populismo. Allí hay un desafío. El Estado debe vincularse socialmente con esas comunidades. Las fuerzas especiales de tarea, enmascaradas con pasamontañas, seguirán fracasando en la prevención y el control del delito si el Estado no piensa primero en la integración, la transformación social y la eliminación de la pobreza crónica.


Masatepe, abril de 2015.
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Miércoles, 01 Abril 2015 17:20

Los sectores sociales a reflexionar

Los sectores sociales a reflexionar

La Semana Santa se presenta como una pausa para algunas de las causas que adelantan diferentes sectores sociales, pero otros, como los indígenas, continúan con la lucha. Acá un breve informe sobre cómo va cada sector en estos días de "reflexión".


Los primeros meses del año 2015 quedaron marcados con la impronta de la presión de varios sectores sociales. Algunos lograron parte de sus propósitos, como los camioneros, por ejemplo. que acordaron con el Gobierno volver obligatorio un flete de referencia, mientras que los corteros de caña del ingenio Risaralda lograron la formalización de su trabajo. Sin embargo, aún hay sectores que siguen en conversaciones y las agendas ya están programadas para cumplir con sus objetivos.


Fecode: las negociaciones van del 6 al 10 de abril


La Federación Colombiana de Trabajadores por la Educación (Fecode), participó el pasado 25 de marzo en una sesión plenaria con las comisiones de diferentes empleados estatales y el Ministerio de Hacienda. Esta reunión, que fue apoyada por la movilización social de los sindicatos del sector y el magisterio, fue calificada como el inicio "efectivo" de la negociación entre las partes.


En este primer encuentro oficial fue expuesto el tema de educación en el Plan Nacional de Desarrollo y se empezaron a mover propuestas sobre el tema de los salarios. Por ahora, es conocido que las partes se derán cita después de Semana Santa, entre el 6 y el 10 de abril. Pero continúa el llamado por parte de Fecode a todos los docentes para que defiendan el pliego de peticiones.


Pequeños mineros: en la sala de espera


A la espera de una medida transicional para evitar la quema de camiones estaban los pequeños mineros. Medida que debería aplicarse mientas concluye el proceso de elaboración de un decreto reglamentario que les permitirá formalizar su trabajo. Para esta época siguen en espera, pero al menos ya tienen una fecha de reunión.


El 9 de abril se reunirán en el Ministerio de Minas y Energía con el Ministerio de Ambiente, "No solo porque dicen que somos depredadores del medio ambiente sino porque la política ambiental frente a la minería no es clara, hay muchas ambivalencias y hay varias interpretaciones que crean problemas", le dijo la directora de Conalminercol, Luz Stella Ramírez, a desdeabajo.


Sin embargo, Ramírez señala que persiste un gran disgusto en el sector porque la Fiscalía se niega a establecer una fecha para reunirse con ellos. Una reunión de gran importancia dicen, porque con este Órgano podrían encontrar una solución a los operativos del decreto 2235. "Se hacen operativos sin mediar un debido proceso, sin presunción de inocencia, sin derecho a la defensa y terminan mal". Según Ramírez, la Fiscalía le dice al Gobierno que no ve necesaria esa reunión, por lo cual éste aún no decide qué medidas tomar.


A lo anterior se suma, lo que parece una coartada a la libre expresión, "Los alcaldes nos invitaron a participar del Congreso de alcaldes que tuvieron en Cartagena. Inicialmente el espacio de intervención era de una hora, después nos dijeron que de 20 minutos y cuando ya estábamos allá dispuestos a hablar los 20 minutos nos dieron 5 porque el viceministro del Medio Ambiente se puso furiosísimo porque íbamos a hablar", dijo Ramírez.


Así pues, esperan la reunión del 9 de abril, pero al mismo tiempo, de no lograr algo concreto, no descartan la posibilidad de un paro.


La Uso sigue en el radar


La Unión Sindical Obrera (Uso), también es uno de los sectores sociales que ha mencionado la posibilidad de un paro, principalmente por los despidos masivos que Ecopetrol realizó bajo el argumento de la caída en el precio del petróleo.


Esa amenaza había mermado pero, con el despido de Edwin Palma, vicepresidente de la Uso, por publicar en redes sociales los salarios de los ejecutivos de Ecopetrol –que alcanzarían hasta los 60 millones mensuales (ver cuadro)–, la amenaza fue reactivada.


La publicación de Palma, que los trabajadores dicen, ya la habían realizado medios alternativos, causó polémica por la incongruencia de la petrolera estatal, pues mientras se despiden obreros, los ejecutivos, en supuesta "época de austeridad", continúan devengando altísimos salarios.


Frente a esa situación, Edwin Castaño le dijo a desdeabajo, "tuvimos una reunión el día lunes a las cinco de la tarde con la persona designada por el Gobierno. El Gobierno se reunió el sábado con Ecopetrol en las horas de la mañana y se miró toda la situación, estuvo Luis Eduardo Garzón y el Ministro de Minas, el doctor Néstor Humberto Martínez, el presidente Gutiérrez de Ecopetrol y otros funcionarios de la empresa. Ahí quedó asignado José Noé Ríos para reunirse el lunes con nosotros, con dos propósitos: uno, que el compañero Palma pasara la carta de reconsideración que le da un plazo a la empresa de responder hasta el lunes si reconsidera el despido o lo ratifica; dos, José Noé nos pidió que la Uso emitirá un comunicado público donde se manifestara que se respetaba la Constitución y la ley y eso fue lo que se hizo el día de ayer".


Con respecto a la resolución de la Asamblea Nacional de Delegados de la Uso, que había definido el paro de carácter indefinido, éste quedó en pausa, pues esperarán, sobre todo por el cambio de presidente de la estatal petrolera –el primero de abril es el último día en que Javier Gutiérrez estará al frente del alto cargo-, dando una pausa para que los compromisos que asumió el Gobierno sean cumplidos.


Según Castaño, los compromisos son los siguientes:

 

  • • Uno, saber de parte del Gobierno cuál era el futuro de Ecopetrol, si venderán o no alguno de sus activos. En esa pregunta el director de planeación fue tajante, dijo que por ahora el Gobierno no está buscando alternativas de venta ni privatización.
  • • Segundo, el tema de la modernización de la refinería de Barrancabermeja, y en este item el mismo Ministro de Minas y el director de Planeación manifestaron que eso estaba dentro de las cuentas del PND, en su capítulo de las regiones.
  • • Tercero, el tema de ICP, como un establecimiento estratégico para Ecopetrol y para la industria petrolera. Manifestaron que ahí no había ningún tipo de amenazas.
  • • Por último, los trabajdores dicen que trataron temas laborales, en los cuales quedaron los compromisos por parte de Luis Eduardo Garzón de generar con el nuevo presidente de la petrolera estatal, Echeverry, un escenario lo más pronto posible para tratar todo el tema de las desvinculaciones , terminaciones de contrato, liquidación, así como el tema de persecución o la política antisindical que tiene Ecopetrol.

 

Los 10 salarios más altos de Ecopetrol

 

Javier Gutiérrez, Presidente: $60.518.347 (nuevo presidente Juan Carlos Echeverry) 
Héctor Manosalva Rojas, Vicepresidente Desarrollo y producción:$60.518.347
Carlos Eduardo Samudio, Director Centro de servicios compartido: $47.347.000
Héctor Augusto Castaño, Vicepresidente de activos con socios:$44.600.936
Ayde Mary Martínez; director relaciones laborales:$37.372.000
Lina Beatriz Duran, Jefe unidad mercadeo y proveedores:$24.622.000
Claudia Janeth Wilches, Jefe asuntos jurídicos laborales:$24.530.000
Ricardo Jaramillo, Coordinador de abastecimiento:$24.408.000
Yohani Arciniegas, Jefe de relaciones sindicales:$24.621.000
Sergio Augusto Corredor, Jefe unidad de servicio comparativo: $24.522.000

 Información tomada de Las2Orillas: http://www.las2orillas.co/los-10-salarios-mas-altos-de-ecopetrol-en-epoca-de-crisis/

 

Los indígenas no se van de vacaciones, invitan a la reflexión


A diferencia del pequeño u obligado receso que deben tomar los sindicatos y los pequeños mineros, por la espera a que el Gobierno Nacional vuelva a las actividades cotidianas, la Liberación de la Madre Tierra, como la persistencia de los indígenas, no descansa.


El 24 y 25 de marzo, las comunidades se reunieron para efectuar una minga de siembra, en donde realizaron un roce de la caña perteneciente al ingenio Manuelita de Ardila Lulle. Lo realizaron para sembrar semillas de plátano, yuca y de maíz, "Ya hemos sembrado 10 arrobas de maíz, se puede ver ya el plátano y el frijol creciendo [...] La gente está muy entusiasmada y aquí se va a quedar", cita el Tejido de Comunicación de la Acin.


Este proceso de siembra, explican, es uno de los más importantes en la Liberación, principalmente por la limpieza y el ánimo de regresarle el equilibrio a la Madre Tierra. Sin embargo, a ese proceso se unió el Ejército, pero no precisamente para ayudar con la siembra.


Según la Acin, las tropas ingresaron a la hacienda Miraflorez, la finca donde la limpieza fue realizada, y quemaron la Tulpa de los mayores –que es donde la comunidad se reúne con los mayores, planean las labores colectivas y donde se hacen rituales de armonización–. También destruyeron gran parte de los cultivos y se ubicaron al lado de los indígenas para tomarles fotografías, lo que luego les ayuda a iniciar procesos judiciales.


Pese a esta provocación, los indígenas culminaron su siembra, pues la persistencia es una de sus cualidades, que no solo realza en Miraflorez, también en la Emperatriz.


En conversaciones con desdeabajo Apolinar García, coordinador del cabildo Huellas, dijo que los trabajadores de la hacienda siguen realizando sus labores con normalidad, pero que los enfrentamientos también se están volviendo parte del paisaje.


Desde el 5 de marzo "ya van 41 heridos porque el Esmad casi, día de por medio, ataca a la gente con gases y también con tiros recalzados que son muy peligrosos, pueden matar a la población civil", dijo García.


Según él, Semana Santa no representa un cambio en sus actividades, "La comunidad dijo que iban a seguir derecho hasta que realmente recuperen la tierra". Falta ver si el Esmad descansará o si seguirá con los ataques. Pero más aún, faltará ver si el Gobierno Nacional se toma estos días para reflexionar sobre la situación del Cauca, que va de mal en peor, pues ya se cumplen tres meses del proceso de Liberación de la Madre Tierra, sin que el Gobierno asuma su responsabilidad ante la demanda de las comunidades indígenas, los heridos van en aumento, lo que hace muy factible que a medida que pase el tiempo la iniciativa indígena de opcupar más tierra se multiplique por todo el departamento.

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