Dimite el presidente de Guatemala, implicado en un caso de corrupción

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha presentado su dimisión, según informa France Presse. El mandatario, implicado en un escándalo de corrupción relacionado con las aduanas, ha renunciado después de que fuera emitida una orden de captura contra él. El Congreso del país ya levantó ayer la inmunidad del presidente. El país vive una gran crisis política a solo unos días de las elecciones legislativas de este domingo.


Según explicó la Fiscal General del Estado de Guatemala, Thelma Aldana, la Fiscalía pidió la orden de aprehensión del mandatario al juzgado de Mayor Riesgo B, que lleva el caso conocido como La Línea, una red de defraudación en aduanas que, según la denuncia interpuesta por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), era liderada por el mandatario. El juzgado confirmó que emitió la orden solicitada por la fiscalía, que acusa al exgeneral de asociación ilícita, soborno y fraude aduanero.


Pérez Molina ha dimitido un día después de que el Congreso (unicameral) despojara de la inmunidad al mandatario. La defensa del aún presidente ha informado de que Pérez se presentará por propia voluntad ante el juez a las ocho de la mañana (hora local, 16.00 en España).


En una entrevista con Canal Antigua, la fiscal Aldana señaló que, en todo caso, es potestad del juez ejecutar la orden y enviar a Pérez a prisión. La otra posibilidad es que solo sea escuchado en una audiencia y siga en libertad.


"Debe respetarse el principio universal de presunción de inocencia", dijo Aldana, quien reiteró que es preocupante procesar al presidente y a su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, quien esta noche fue trasladada del cuartel militar donde permanecía internada con toda clase de comodidades, a la prisión de mujeres Santa Teresa, en la que se encuentran recluidas delincuentes comunes.


El traslado de Baldetti fue seguido con muestras de júbilo por centenares de personas, quienes incluso quemaron petardos al paso del vehículo que la llevaba hasta la prisión.

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Un juez ordena la detención del presidente de Guatemala para evitar su salida del país

Un juez de Guatemala pidió anoche la detención del presidente del país, Otto Pérez Molina, para evitar una posible fuga. Ayer, el mandatario perdió la inmunidad del cargo y está acusado de liderar una red de corrupción aduanera.


La fiscalía, que solicitó la medida, informó en su cuenta oficial de Twitter de esta decisión horas después de que el Congreso retirara los privilegios al presidente, involucrado según investigaciones oficiales con la red de corrupción aduanera conocida como "La Línea". La medida, otorgada por el magistrado Miguel Ángel Gálvez, impide al presidente de salir del país.


La Fiscal General y jefa del Misterio Público (MP), Thelma Aldana, explicó a periodistas que "existe el riesgo" de que el presidente pueda salir del país y que, por ello, tuvo que tomar la decisión de pedir esa orden.


"Creo que es una medida precautoria necesaria", explicó Aldana a periodistas minutos antes de que el MP confirmara que el juez había otorgado el arraigo, cuyo objetivo es asegurar la presencia del mandatario durante el proceso penal que enfrenta.


Cuestionada por si la decisión del presidente de aferrarse al cargo interfiere en el proceso, Aldana dijo que no, que en este momento Pérez Molina tiene las mismas condiciones de un "ciudadano común" aunque esté en el ejercicio de la Presidencia.


La fiscal dijo que, "a corto plazo", también analizan pedir la prisión preventiva del presidente. Los fiscales están estudiando el caso, y aunque no descartan imputarle más delitos a Pérez Molina, por ahora lo acusarán de "asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera".


Aldana reconoció que la situación actual le provoca una "mezcla de sentimientos", ya que aunque Guatemala está evidenciando que "nadie es superior a la ley", es una "pena" que un presidente en el ejercicio del cargo "sea sometido" a un proceso.


No obstante, agregó que el caso "La Línea", del que supuestamente Pérez Molina y su ex vicepresidenta Roxana Baldetti (ya en prisión) eran los líderes, es "muy grande" y aún queda mucho material por investigar.


(Con información de agencias)


¿Qué enfrenta el presidente de Guatemala tras perder su inmunidad?


Apenas se supo que al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, le habían retirado su inmunidad, fuera del Congreso los manifestantes comenzaron a corear: "El pueblo, presente, no tiene presidente".


Se ha convertido en uno de los lemas, pero la realidad es que el mandatario, en la cuerda floja por un escándalo de corrupción que ha generado movilizaciones históricas en el país, por ahora sigue al frente del Poder Ejecutivo.


Con el voto de 132 diputados, de los 105 necesarios, Pérez Molina, de 64 años, se quedó este martes sin inmunidad —la primera vez que un presidente guatemalteco sufre esta situación— y ahora podrá enfrentar a la justicia.


Apenas dos horas después de haber sido desaforado, el juez Miguel Ángel Gálvez otorgó medida de arraigo solicitada por el Ministerio Público (MP) para evitar su salida del país, con lo que queda abierta la posibilidad de que se le dicte una orden de arresto.


La fiscal general, Thelma Aldana, indicó que luego de haberse retirado la inmunidad "el presidente será sometido a los tribunales del país, como un ciudadano ordinario".


"Nunca imaginé y nunca hubiera querido iniciar un antejuicio contra el presidente, sin embargo, la evidencia hizo imperativa hacer esta solicitud", aseveró.


El presidente fue acusado el 21 de agosto por la fiscalía y por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo avalado por Naciones Unidas, de liderar una mafia de corrupción aduanera que defraudó a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).


El comisionado Iván Velásquez aseguró que en las más de 80.000 escuchas telefónicas realizadas en el marco de la investigación y en los más de 5.000 mensajes de correo electrónico revisados existían referencias a "el uno" y "la dos", que corresponderían a la participación de Pérez Molina y de su exvicepresidenta, Roxana Baldetti.


Baldetti se vio forzada a renunciar en mayo y se encuentra en prisión.


Pérez Molina, acusado por la fiscalía y la Cicig de los delitos de asociación lícita y cohecho pasivo, ha defendido su inocencia desde que estalló el escándalo en abril y en numerosas ocasiones rechazó estar involucrado.


"Es una situación delicada y compleja, como nunca se había visto en el país. Yo tengo dos opciones: una es renunciar y la otra someterme a la justicia, y es lo que voy a hacer", aseguró el lunes en sus últimas declaraciones públicas.


¿Cómo sigue el proceso para el presidente?


En resumidas cuentas, la fiscalía podría ahora pedir la comparecencia de Pérez Molina ante un juez, quien de encontrar indicios para imputarlo, deberá determinar si el presidente puede esperar el juicio en libertad o si debe hacerlo en prisión preventiva.


De acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Antejuicio, un dignatario o funcionario público solo podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez ordene su prisión preventiva.


De hacerlo, en ese momento Pérez Molina dejará de ser presidente y asumirá el cargo el vicepresidente Alejandro Maldonado, quien a su vez deberá proponer una terna de reemplazantes al Congreso y se convertirá en presidente hasta el fin del mandato, previsto para el 14 de enero.


Pero para que todo ello ocurra se debe cumplir en primer lugar con el formalismo de que el Congreso emita una resolución en la que se declara con lugar el antejuicio.


De esa forma el presidente pierde formalmente su inmunidad y el expediente retorna a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El máximo organismo judicial deberá enviarlo al tribunal ordinario que corresponda, y mientras tanto el presidente seguirá en su cargo pendiente de la investigación del MP.


Otras opciones


La justicia podría:


- Solicitar una orden de captura contra el presidente y la revisión de sus cuentas bancarias y propiedades. En este caso, Pérez Molina estaría obligado a dejar el cargo.


- Una posibilidad más es que el presidente sea sometido a arresto domiciliario.


- Y una alternativa adicional es que el MP solamente lo cite para que presente su primera declaración.


En todo caso, el juez es quien deberá decidir si el presidente enfrentará o no su proceso en libertad.


El mandatario había solicitado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, que pretendía evitar la votación ocurrida este martes.


La petición no ha sido resuelta por el órgano de justicia, que tiene entre 24 y 48 horas para tomar una decisión, pero de acuerdo con medios locales es previsible que los ministros acuerden no amparar al mandatario.


El retiro de inmunidad llega en un momento delicado en la vida del país, a días de las elecciones generales del próximo domingo en las que no se espera que ningún candidato obtenga los votos suficientes para evitar una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.


(Con información de BBC)

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Miércoles, 02 Septiembre 2015 06:08

Dilma negoció un acuerdo para el presupuesto

Dilma negoció un acuerdo para el presupuesto

La presidenta necesitaba aplacar el ímpetu desestabilizador de sus enemigos, obcecados en impedir que el Congreso debata el presupuesto. Lo logró negociando con Eduardo Cunha, del PMDB, acusado de recibir coimas en el caso Petrobras.


Dilma alcanzó un armisticio, provisorio. La presidenta recibió ayer en el Palacio del Planalto al titular de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, un golpista que se jacta de serlo, con quien llegó a un acuerdo para que el Congreso dé tratamiento al proyecto de presupuesto general de la Unión para 2016. Cercada por una crisis primero política, dado el virtual aislamiento del Planalto, y después económica, por la incipiente recesión, Dilma necesitaba aplacar el ímpetu desestabilizador de sus enemigos obcecados en impedir que el Congreso debata el presupuesto. Lo logró.


Durante la conversación con Eduardo Cunha, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mandataria insistió en la necesidad de establecer una convivencia "armónica" entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, una casa donde se arman las trampas para impedir la gobernabilidad de la joven administración petista iniciada en enero, tras la victoria en las presidenciales del año pasado. El diputado Cunha formuló ayer declaraciones en un tono sobrio, distinto al que había empleado en los días previos a la marcha por el impeachment realizada el 16 de agosto.


Cunha sostuvo que "como presidente de la Cámara, no puedo negarme a conversar con la presidenta de la República" que lo había convidado el lunes mientras ajustaba los números del presupuesto gastos e ingresos que prevé un déficit próximo a los 9000 millones de dólares en 2016. "Tuvimos una conversación institucional que permitió dejar abierto el diálogo con el Ejecutivo, fue una conversación sincera sobre la situación del país, ella (Rousseff) no me hizo ningún pedido concreto, debatimos la situación y me pidió apoyo para que podamos encontrar una solución estructural al proceso", contó el parlamentario .


A pesar de militar en el PMDB, partido que forma parte de la alianza oficialista, Cunha saltó a la oposición el 17 de julio pasado, mientras Dilma encabezaba la cumbre del Mercosur en la que se habló de los golpes de nuevo tipo y la amenaza desestabilizadora que sobrevuela la región. Ese día, luego del plenario de mandatarios en el Palacio Itamaraty, Dilma habló a solas con Cristina Fernández en la residencia oficial de Alvorada, donde según trascendidos evaluaron la inestabilidad brasileña.


El hecho de haber reconstruido puentes con Eduardo Cunha para que se discuta el presupuesto en el Congreso es un logro político valioso, aunque ese deshielo esté condenado a ser provisorio. Paralelamente el gobierno conquistó ayer el aval del presidente del Senado, Renán Calheiros, otro influyente pemedebista (del PMDB) quien descartó por completo obstruir la tramitación del presupuesto del año próximo.


Algunos sospechan que Cunha aceptó cruzar del Palacio del Congreso al Planalto dado que perdió parte de capacidad de presión y/o chantanje luego de ser imputado en el escándalo en perjuicio de Petrobras, el "Petrolao" que salpica a varios caciques del PMDB, aunque la prensa prefiera noticiar los casos que involucran a miembros del Partido de los Trabajadores, como el ex ministro José Dirceu, que ayer fue imputado formalmente por la Justicia.


La semana pasada la Procuraduría General de la República, basada en pruebas "consistentes", acusó a Cunha de haber cobrado cinco millones de dólares de sobornos para facilitar contratos en Petrobras, y de utilizar una cuenta bancaria de la evangélica Asamblea de Dios para recibir los dineros paridos por el diablo. Ahora se abre la disputa en el Legislativo, donde el gobierno no tiene mayoría y buscará la aprobación de su proyecto en medio de una recesión técnica. Según reportó la semana pasada el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas la semana pasada, en el segundo trimestre la actividad económica cayó el 1,9 por ciento. El consumo de las familias, que fue el motor de la expansión económica con inclusión social de los 13 años de gobiernos petitas, se desplomó el 2,1 por ciento. Nadie discute que este año el Producto Interno Bruto caerá en torno del dos por ciento en 2015, pero mientras el mercado pronostica una retracción del 0,4 por ciento para 2016 el gobierno avizora una expansión del 0,2 por ciento.


Por cierto, la presidenta y sus ministros estuvieron reunidos el fin de semana pasado buscando una fórmula para evitar que el presupuesto del año que viene arroje un saldo negativo cercano a los 9000 millones de dólares porque esto agravará el peso de la deuda. En ese marco de deliberaciones, el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, ex ejecutivo del Banco Bradesco y monetarista, propuso recrear el presupuesto al cheque con el cual podría atenuarse ese balance negativo. Pero esta sugerencia de Levy fue frontalmente rechazado por la Federación de Industrias de San Pablo, la Confederación Nacional de la Industria, los principales dirigentes del Congreso y el propio vicepresidente Michel Temer.


Acá otra vez se tocan la política y la economía. Temer, del PMDB aparentemente oficialista, da pasos hacia un golpe blando que obligaría a la salida de Rousseff y lo entronizaría como presidente de un gobierno de coalición. En las últimas semanas Temer recibió homenajes de la Federación de Industrias de San Pablo y de un sector del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña, cuyo máximo líder Fernando Henrique Cardoso recomendó a Dilma que renuncie. Estos y otros respaldos han robustecido el peso del vicepresidente Temer en desmedro del poder de Dilma, que sabe de su deslealtad, y del ministro Joaquim Levy golpeado por la prolongación de los efectos del ajuste, que él había anticipado que sería un período breve, más la recesión y la suba en la tasa de desempleo.

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La tozudez de los hechos y la ceguera suicida

Un excelente artículo de François Houtart sobre Ecuador (El Ecuador de 2015: el agotamiento de un modelo en un contexto de crisis mundial, Rebelión, 27/8/15) pone los puntos sobre las íes. El autor, hay que recordarlo, no es ningún ultraizquierdista encapuchado con una molotov en la mano sino, entre otras cosas, el ex presidente del Tribunal Juárez sobre la deuda de Estados Unidos con Cuba y el embargo a ese país que funcionó en Coyoacán y estuvo formado por una serie de personalidades antimperialistas entre las cuales tuve el honor de contarme.


Pues bien, para Houtart estamos ante un fin de ciclo de las políticas de los gobiernos latinoamericanos que algunos califican de progresistas y otros de populistas. O sea, de un grupo muy heterogéneo de gobiernos que abarca sobre todo los de Venezuela, Ecuador y Bolivia, pero también el de Argentina, que se autocalifica de populista y convierte las tonterías de Laclau en dogma oficial porque las mismas sostienen que se terminaron las clases y el sujeto del cambio es la juventud, ese divino tesoro interclasista. ¡Qué lástima que los grandes banqueros e industriales ganen más que nunca con sus políticas de clase suspendiendo, despidiendo, eliminando las leyes de protección laboral, comprando por nada los recursos nacionales para aumentar así la explotación y el despojo de 90 por ciento de la población!


Caen los precios de las materias primas (agroganaderas o minerales) bajo los efectos del estancamiento productivo de los países más industrializados o, en el caso del crudo, de la sobreproducción, más el shale oil estadunidense y el aflujo al mercado del petróleo iraní cuya venta fue congelada por tantos años por el bloqueo imperialista. Rusia y China, prestamistas de los gobiernos progresistas antes mencionados o importantes inversionistas en América Latina, pasan grandes dificultades y deben devaluar sus monedas. Venezuela atraviesa un periodo turbulento, pues disminuye la renta petrolera y, por tanto, no puede importar los bienes que necesita y, a mediano plazo, menos aún mantener la ayuda solidaria a Cuba, Nicaragua, El Salvador y los países del Caribe. Ecuador, que depende de la exportación de crudo, vive una crisis aumentada por la dolarización de su moneda y Brasil, la famosa potencia emergente de muchos analistas superficiales, aparece como lo que es, un país dependiente con una distribución brutalmente desigual de la riqueza y no puede ya basarse en la exportación de autos (de marca extranjera) ni de soya y, al mismo tiempo, hacer una política redistribucionista del ingreso y asistencialista para asegurarse una mínima paz social.


En Brasil y en Argentina, las fábricas del ramo automotor cierran varios días, despiden, suspenden miles de obreros. La corrupción masiva desprestigia al gobierno brasileño. Los proyectos de fracking y mineros se interrumpen en todas partes porque no son rentables dados los precios del crudo y de los minerales. Eso es bueno para el ambiente y la agricultura, pero provoca conflictos sociales, como el de los mineros bolivianos en Potosí, hunde las esperanzas del gobierno argentino en el shale oil de Vaca Muerta o exacerba la extracción desesperada de petróleo por los gobiernos en los territorios indígenas en Ecuador (Yasuní) o de Bolivia (en las autonomías guaraníes) provocando conflictos entre los gobiernos neodesarrollistas y extractivistas y los indígenas y ambientalistas.


De este modo la crisis capitalista mundial y las políticas de los gobiernos progresistas (que no tocaron y, por el contrario, preservaron a las trasnacionales, las finanzas y el gran capital y se adecuaron al tipo de inserción en el mercado mundial que ellos les fijaban), conducen en este momento al debilitamiento de esos gobiernos, que pierden consenso en las clases medias pobres y hasta entre los trabajadores y los pueblos originarios. Por supuesto, la CIA, el imperialismo y sus agentes oligárquicos y capitalistas locales aprovechan la crisis y esta situación para tratar de debilitar y derribar a gobiernos a los que difícilmente pueden ganar en las urnas y provocan corridas bancarias y choques sociales. Pero las protestas de los indígenas, ambientalistas y sindicatos combativos no tienen nada que ver con esas maniobras antidemocráticas y subversivas. Rafael Correa calumnia y reprime a los indígenas y a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que llamaron a una protesta pacífica que no pedía su renuncia, como él dice, y además desconoce la Constitución ecuatoriana cuando impone la exploración petrolera en los territorios indígenas; Evo Morales y Álvaro García Lineras, por su lado, atacan la democracia y las autonomías comunitarias e indígenas y pretenden acallar las voces de protesta mientras declaran que harán exploraciones petroleras quieran o no los pueblos guaraníes. Esos son los hechos concretos y tozudos.


Los formados en la escuela cristiana, como Correa y Maduro, ven al mundo como una lucha entre el bien y el mal en la que ellos, por supuesto, son el bien y quienes los critican el mal, agentes del imperialismo o estúpidos manejados por la derecha. Los educados en la religión estalinista, igualmente maniqueos, hacen una amalgama infame entre las críticas constructivas y de izquierda y los intentos de golpes derechistas, padecen además el síndrome autobusero y respetan el cartelito que dice no molestar al conductor (cualquiera que sean los virajes y maniobras locas de éste). Para ellos no hay duda: el aparato de Estado (capitalista) debe decidir y aplicar las políticas (capitalistas) supuestamente para bien de esos menores mentales que serían los trabajadores y los intelectuales que toman partido por ellos. Los maniqueos se niegan a ver que, además de una oposición proimperialista, los progresistas enfrentan también una oposición social de izquierda. Ellos, en su ciega ignorancia, pavimentan la vía suicida de los progresistas a quienes acríticamente pretenden defender.

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El 1 por ciento a la reconquista de Bogotá

Aupados en una supuesta "apoliticidad", algunos de los más ricos de Colombia y de su capital, al conformar ProBogotá el 1 de agosto de 2014, oficializaron e hicieron pública su decisión de recuperar la principal ciudad del país para sus intereses. Rafael Pardo, Enrique Peñalosa, y Francisco Santos, son sus candidatos. ¿Lograrán su propósito?

 

Con una agenda claramente política, así lo niegue públicamente, ProBogotá –PB– se lanza por la reconquista de la alcaldía de Bogotá tras doce años de ausencia del gran capital en la administración directa de la mayor urbe del país. Creada a mediados del año pasado, este tanque de pensamiento, conformado y financiado por las empresas y grupos empresariales de mayor músculo financiero, no solo locales sino también extranjeros, se propuso, como primer gran objetivo, retomar el poder capitalino para los intereses del gran empresariado.

 

Se trata de un modelo de intervención para gestionar ciudades a partir de la injerencia de lo privado en lo público, dentro del espíritu más audaz y avasallador de la economía de mercados. Lo ocurrido aquí es una réplica de otros experimentos realizados en ciudades como Londres, Barcelona, Sidney, Auckland, Berlín y Toronto, en donde las grandes fortunas del capital se ponen al servicio de iniciativas hegemónicas para postular, hacer elegir y luego controlar a alcaldes y gobiernos locales cercanos a los intereses del sector empresarial. De esta forma, sitúan a través de sus inagotables formas de financiación, de la gestión del conocimiento, de la influencia y articulación de sus capacidades empresariales, a unos gobernantes "amistosos" (business-friendly), para que sean dóciles a las demandas cada vez más voraces de los grupos que encuentran en la grandes ciudades, como Bogotá, un terreno fértil de mercado para su usufructo, en detrimento de las necesidades más amplias y urgentes de tipo social que padecen los grandes conglomerados urbanos.

 

Este movimiento, impulsado por inmensas fortunas de empresarios y que ya tiene dimensiones globales, es una reacción a la tendencia de muchísimos años de las grandes ciudades de elegir de manera consistente, alcaldes de izquierda, gracias a los enormes bases de trabajadores, estudiantes y trabajadores que se concentran en las ciudades. Es así como Roma, París, Madrid, Sao Paulo, entre otras, se han caracterizado por elegir alcaldes comprometidos con las causas sociales de los más desfavorecidos.

 

En Colombia, esta no es la primera iniciativa de este tipo. Desde hace varios años opera ProAntioquia –PA–, que reúne a las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), así como a otras nacionales y extranjeras, y cuyo propósito principal, aunque no público, es hacer elegir al alcalde de Medellín, al gobernador de Antioquia y los alcaldes de otros municipios claves en la geografía antioqueña y, en consecuencia, sustraer las administraciones del departamento y sus principales municipios de gobiernos con vocación auténticamente democrática. Y basta con mirar los resultados de las elecciones en ese departamento durante los últimos años para comprobar la eficacia que ha tenido este tipo de proyectos; gracias, en gran parte, a disponer, de manera abundante, del recurso más escaso para cualquier proyecto político y el que mueve todos los demás: el financiero.

 

La ciudad como negocio

 

No es una casualidad que PB surja a mediados del 2014, a poco más de un año de las elecciones que tendrán lugar en el próximo octubre, el tiempo suficiente para poner en marcha toda una serie de mecanismos y dispositivos de poder para asegurar, que en el palacio Liévano se siente, a partir del primer de enero del 2016, un alcalde que obedezca a sus propósitos. Por ello, no es sorprendente la estrategia de haber impulsado tres candidatos representantes de los grupos de poder económico, como Peñalosa, Santos y Pardo, todos a cual más cercanos al gran capital, para contrarrestar y atajar la indudable fuerza que desde un comienzo mostró la candidata del Polo, Clara López, buscando con esta estratagema, diversificar las opciones del electorado conformado por una cada vez mayor clase media, para intentar así debilitar el voto social y popular que ya ha adquirido la disciplina de votar por candidatos de talante democrático.

 

Para el director ejecutivo de PB, Luis Guillermo Plata, exministro de Comercio del gobierno de Uribe y alfil del uribismo, la coyuntura actual es "una oportunidad única" para reconquistar el poder para el sector privado. Afirma, en el documento llamado Propuestas de PB para la nueva administración distrital 2015-2019: "Para PB el momento actual representa una oportunidad única de contribuir a que los siguientes 4 años se traduzcan en un avance significativo en el proceso de transformación y crecimiento armónico hacia una ciudad-región que sea un mejor lugar para vivir, y trabajar e invertir. Y esta es precisamente nuestra razón de ser". (El énfasis es nuestro).

 

El 1 por ciento

 

¿Quién conforma PB? Setenta de los tradicionales dueños de la ciudad, de los dueños del país: los grupos financieros Bolívar-Davivienda, Colpatria, la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo (y por consiguiente El Tiempo), el Grupo Santodomingo, el Grupo Corona, la revista Semana; el grupo industrial Haime, el grupo Pedro Gómez, Avianca, Alquería, Amarilo, además de grupos extranjeros como Citi, IBM, Microsoft, ExxonMobil, Terpel, McKinsey, por solo mencionar los principales. Allí está concentrada, entre PA y PB, el gran capital que controla de manera hegemónica a Colombia.

 

A pesar de llamarse a sí misma como entidad "apolítica", basta con conocer sus programas, iniciativas y publicaciones para revelar que su intención principal es tener una injerencia grande en la gestión de lo público. Desde su enfoque estratégico de "Pensar, Proponer e Influir" se vislumbra lo que admite, de manera explícita, como un "primer frente de trabajo" y es, "liderar el cambio que impacte significativamente la vida de millones de ciudadanos al impulsar una visión de largo plazo, al 2038, para la Región Capital" que se abre a la vez en una triple estrategia de inconfundible sabor neo-liberal: desarrollo económico, desarrollo urbano sostenible y calidad de vida; una agenda hecha a la medida de los intereses de la gran acumulación de capital.

 

Bastaría con auscultar las finanzas de las campañas del trío Pardo-Santos-Peñaloza, para detectar las líneas de alimentación que van desde los animadores de PB con las respectivas campañas de estos candidatos, que disputan por estos días, codo a codo, la simpatías de los bogotanos con la principal candidata de la izquierda. En realidad, a PB le da lo mismo que quede cualquiera de estos tres; al abrir el abanico de candidatos neoliberales, se logra de manera paradójica, quitar cualquier acusación de apoyar a un candidato particular o de ser considerada esta una entidad con favoritismos políticos. El objetivo, por ahora, es arrancarle a la izquierda el gobierno de la capital del país, conseguido de manera democrática desde hace doce años, reconquistarlo y no volverlo a soltar.

 

La ciudad y el país

 

Por otra parte, los vasos comunicantes entre PA y PB tampoco están ocultos. En un evento denominado 1er Encuentro PB, realizado a fines del año pasado, en el que participaron representantes de las fundaciones hermanas Barcelona Global, London First, y Partnership for New York, así como el líder conservador británico Greg Clark, secretario de estado para la Oficina de Comunidades y Gobierno local, PA (que tiene en su base al grupo Argos, Celsia, Isagen, Haceb, Éxito, Sura, Orbis, Mineros, Familia, Protección, y también Renault, El Tiempo, ExxonMobil, Siemens, Deloitte), compartió sus principales enseñanzas y lecciones aprendidas a sus colegas de PB, entre ellos lo que denominan la movilización de las capacidades empresariales; es decir, poner en acción todo su músculo empresarial y privado para influir en la gestión de lo público. De esta forma queda clara que la tenaza PA-PB quiere controlar los dos principales centros urbanos del país, que representan más de la mitad del PIB nacional.

 

Una de las más efectivas estrategias desplegadas, pero no la única, por supuesto, por este tipo de instituciones es el trabajo voluntario, llamado "voluntariado dinámico", realizado por todo tipo de jóvenes, profesionales y ejecutivos de las mismas empresas que conforman las fundaciones con que estas despliegan parte de sus postulados políticos, jóvenes que son desplegados por toda la ciudad para realizar encuestas, investigaciones, caracterizaciones y otras actividades de propaganda, práctica no muy lejana de los cuerpos voluntarios de la Italia y la Alemania de los años veinte y treinta del siglo pasado.

 

Clientes, inversionistas o empleadores vs. "sustitutos, subordinados y subversivos"

 

En resumen, PB toma cuerpo a la sombra, imagen y semejanza de las otras iniciativas mencionadas existentes en las grandes ciudades del llamado primer mundo, atendiendo a las necesidades del gran sector empresarial, del capital y de los inversionistas que ven a las ciudades, no como centros necesitados de amplios programas de cubrimiento, de protección social, de reconocimiento y desarrollo de lo individual y lo social, sino como mercados para ser explotados comercialmente, donde los ciudadanos son mirados como clientes potenciales, donde se articulan diferentes "formas de lucha" esbozadas en estrategias y tácticas de largo y corto plazo, donde lo que prima es la cultura empresarial, no la pública, donde la ciudad se convierte en un terreno fértil para hacer "lobby" de negocios, donde hay que presentar una fachada de "apoliticidad" para no generar sospechas o suspicacias, donde se rechaza todo tipo de "ideología" que no sea aquella del enaltecimiento del capital, y en donde se trabaja sobre el apalancamiento de las capacidades y habilidades de las empresas y sus líderes parta intervenir e influir, desde lo privado en la gestión pública, para el mayor y continuo aprovechamiento del capital.

 

Todo lo anterior, a costa de los ciudadanos de las grandes urbes que cada vez ven menos probabilidades de reconocimiento (y en su lugar encuentran la política del desprecio), de integración, de progreso, de educación. A los actores urbanos, se les ve, desde esta perspectiva bajo la clasificación tripartita capitalista de clientes, inversionistas o empleadores; y de esta manera quieren que estos ocupen el lugar de los "sustitutos, subordinados y subversivos", en referencia a empleados y servidores públicos y a los ciudadanos que no se pliegan a los intereses de las fuerzas hegemónicas del poder.

 

¿Lograra PB su propósito en octubre próximo? El reto para los sectores sociales y políticos alternativos, para impedir que así sea, es inmenso. De su imaginación y capacidad por disponer una política que en verdad concite e integre a todos los sectores sociales, depende la fuerza para impedirlo, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, para lo cual es indispensable la constante movilización y participación ciudadana, avanzando en un proceso de amplia y democrática politización de las mayorías sociales, factor fundamental para cerrar la brecha entre dirigentes y dirigidos, y para despertar la pasión que toda política realmente de cambio requiere para llevarse a cabo.

Publicado enEdición Nº 216
Doce años de gobierno de la izquierda en Bogotá

En vísperas de octubre, tiempo de elecciones territoriales, no todo debe ser liderazgo individual, promesas, discursos, alianzas pasajeras, también es necesaria la reflexión, la evaluación, la pregunta por lo hecho en ciertos espacios de gobierno, tratando de identificar aciertos, errores y desde ellos, cómo proseguir el ejercicio de la administración pública con alcances cada vez más transformadores.

 

Pensando en ello, nuestro equipo organizó y llamó a distintas organizaciones y procesos sociales a llevar a cabo cuatro sesiones para evaluar el significado y los alcances de los doce años de gobierno que ahora suma la izquierda en Bogotá.

 

La pretensión no es fútil, pues no es posible reivindicar la continuidad del ejercicio alternativo de gobierno en esta ciudad, como podría también serlo en cualquier otra, cuando no valoramos de manera positiva la necesidad de una reflexión colectiva y pública para identificar posibles errores cometidos en estos años de labor, su origen, su posible reiteración, así como los aciertos, sus manifestaciones y la forma más adecuada para asegurar su profundización.

 

Lo primero que asombra, a la hora de intentar el ejercicio aquí aludido, es el poco interés de las organizaciones partidarias que han tenido que ver con estos doce años de gobierno alternativo en Bogotá, por responder de manera desprevenida e interesada al llamado. De su desinterés queda un interrogante, ¿han evaluado y sistematizado, en sus ejercicios de reflexión interna, estas experiencias públicas? Todo parece indicar que no, que los hechos los han superado y que, más allá de los buenos deseos, no existe una brújula estratégica con la cual se guíen. ¿Pesa más el afán electoral-clientelista por administrar la llamada cosa pública que el diseño de un proyecto de largo plazo que brinde el protagonismo a la ciudadanía para que asuma en sus manos su propio destino y la transformación de la ciudad, con todo lo que ello implicaría para un proyecto político frentista o partidista?

 

Superado el desdén organizativo por el llamado reflexivo, abordamos uno a uno los tres gobiernos liderados, surgiendo como interrogantes acumulados por el ejercicio de gobierno local, y por aclarar:

 

1. ¿Los gobiernos locales alternativos deben resignarse a la administración más eficiente y pulcra de lo público o pueden liderar rompimientos en las dinámicas históricas heredadas de sus ciudades, y en la relación nacional-local?

 

Este interrogante emana de la valoración contrapuesta que resalta entre los dos primeros gobiernos evaluados (Luis Garzón y Samuel Moreno) y el de Gustavo Petro, los primeros de los cuales aceptaron que su misión era la de garantizar su estabilidad y eficiente gestión social, en el marco del Estado Social de Derecho, pero sin intentar el cuestionamiento a la matriz urbana y de desarrollo territorial heredada. Distinto al gobierno de Petro, que sin haber logrado sus propósitos determina como central de su ejercicio la ruptura con el modelo urbano existente, volcado al copamiento cada vez más autodestructivo del territorio, sin matriz ambiental, sin valoración del cambio climático, donde los intereses de los urbanistas determinan los ejes de gobierno. Para hacerlo efectivo, ante el cerramiento que le hace el establecimiento, el alcalde se ve obligado a conectarse con los sectores populares, motivando lo protagonismo, aunque este propósito queda ahogado entre el caudillismo de su gestor y las maniobras y acuerdo que debe lograr con el gobierno central para impedir su expulsión del Palacio Liévano.

 

2. Esta disputa entre lo viejo y lo nuevo, entre el negocio y los intereses colectivos, pregunta por el papel de los movimientos sociales y la posibilidad de que la misma administración local propicie su fortalecimiento sin cooptarlos, ¿será posible? Por ello, ¿cuál debe ser la relación que propicie un gobierno local con los movimientos sociales?

 

De la evaluación realizada queda claro que las relaciones desprendidas de estas tres administraciones con lo social, sus manifestaciones son bastante diferentes. Por ejemplo, de sus principales ejecuciones en derechos –educación, salud– no se desprende la determinación por potenciar actores populares en cada uno de estos sectores, si bien en educación el sindicato distrital sale beneficiado por medidas como la decisión de terminar con los "Convenios de concesión" con instituciones privadas, asumiendo el proceso educativo de cero a once en manos del Distrito. Un faltante, entonces, es que las medidas tomadas para fortalecer lo público no corren al mismo tiempo de la mano con decisiones por implicar en tales realizaciones la participación activa, crítica y decisiva de la sociedad en su conjunto, o de comunidades barriales en particular.

 

3. Queda identificado también, en el ejercicio evaluativo llevado a cabo, que en las tres administraciones el alcalde, pese a pertenecer a un movimiento o partido, rompe en la práctica con el mismo una vez llega al alto cargo. Ni el Polo controló los suyos, y mucho menos lo hizo el movimiento Progresista. De esta manera, con funcionarios como ruedas sueltas, las organizaciones terminan por padecer las consecuencias de sus errores y en escasas ocasiones por favorecerse de los aciertos.

 

El caso más notorio de estos es el de Samuel Moreno Rojas, afanado por los negocios particulares, y un interés de lucro familiar. Esta misma actuación, debe preguntarse por las relaciones con los otros partidos con presencia en la ciudad, en nuestro caso los partidos tradicionales, verdaderos controladores del Concejo Distrital, y controladores de buena parte de la burocracia bogotana. No hay que dejar de lado el nefasto papel jugado por sectores liberales como el samperismo, verdadero Caballo de Troya en una administración supuestamente alternativa, siempre afanado por la clientela, beneficiada de la misma y blindado ante el escándalo y la censura pública por la efectiva privatización –robo– de lo público que propiciaron y llevaron a cabo diferentes funcionarios ligados a una u otra organización política.

 

¿Cómo lograr que los alcaldes rindan periódicamente a la ciudad informes de su gestión, informes más allá de la formalidad, que eduquen y entreguen herramientas para la comprensión de la gestión pública y para su control? ¿Cómo educar y potenciar los liderazgos comunitarios a través de estos informes? ¿Cómo debatir estos mismos informes con sus organizaciones de origen y pertenencia, para que los programas difundidos en las campañas electorales sirvan en realidad como matriz directora de la gestión, sin quedarse en el simple papel? ¿Y cómo debaten estas mismas organizaciones con la sociedad sus proyectos de corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo poner en práctica aquello de mandar obedeciendo base de un real proceso democrático?

 

4. Un común determinante es la positiva gestión realizada en sectores vitales como educación y salud. Desde la primera administración (Lucho), hasta la actual (Petro), la línea de continuidad no se rompe, más bien parece profundizarse, obligando al gobierno central a retomar las conquistas en educación y particularidades en salud, es decir, el conjunto nacional sale beneficiado de la lucha contra el neoliberalismo liderada y vivida en Bogotá, con manifestaciones específicas en los campos aludidos, si bien con la actual administración tal pugna amplía sus objetivos a basuras, transporte, vivienda, territorio.

 

Pese a ello surgen interrogantes frente a lo realizado y lo que debe venir, en particular en salud: ¿qué tanto en estos tres periodos de gobierno fue posible enfrentar el modelo hegemónico de salud?, ¿qué tanto se avanzó en configurar una política de izquierda en salud?, ¿cuáles pueden considerarse como los principales logros y aprendizajes en esta materia?, ¿cuáles deberían ser los pasos a seguir para profundizar tales logros garantizando que los mismos estén cada vez más en manos de la participación y apropiación (conocimiento) de la ciudadanía en general, en particular de los sectores más excluidos de la urbe?, ¿cuáles son las proyecciones, posibilidades, retos en materia de salud?

 

5. También se resaltó en la deliberación sostenida, la corroboración de lo siempre reconocido a la izquierda colocada al frente de gobiernos locales: su sensibilidad y énfasis social –ahondamiento de una variable de la democracia liberal– y eficiencia para administrar las finanzas. Pero, ¿esta realidad está llegando a su límite? ¿Aguanta una ciudad como Bogotá el alza en los impuestos hasta ahora pagados? Si así fuera, ¿cómo proceder y garantizar que quienes más tienen sean en realidad quienes más paguen, exonerando a los sectores populares de una sobrecarga en este rubro, vía para empezar a superar las inequidades y segregaciones?

 

Este aspecto del debate es importante ahondarlo pues la ciudad parece encaminarse en una senda de amplío crecimiento en construcción vertical, lo que podría aprovecharse para que la plusvalía que ello propicia se irrigue en beneficio del conjunto social y no solamente tome la dirección de los bolsillos de los especuladores del suelo. Así mismo, y en este sentido, actuando con mucho cuidado para que el incremento del predial no termine desplazando de su territorio a sus históricos pobladores, porque la realidad hoy es que por esta vía se expulsa a los pobres de la ciudad, estableciendo de facto que grupos de ciudadanos no merecen vivir en la ciudad.

 

6. Desprendiéndose de lo anterior el interrogante por el modelo urbano por construir, un tema central en el programa liderado por el actual alcalde capitalino, terminó anulado al terminar en el limbo el Plan de Ordenamiento Territorial radicado en el Concejo.

 

Este aspecto reclama especial atención pues amplios sectores populares que la habitan están sometidos a constante presión para que abandonen sus tradicionales hábitats, no pocos de los cuales ya han terminado por habitar la periferia de La Sabana, estableciéndose en los municipios circunvecinos que rodean a la capital, donde el costo de la vida es un poco más liviano.

 

La disputa de modelo urbano entre capital y sociedad es evidente, pretendiendo el primero de éstos una reorganización del territorio más valorizado del país. Los interrogantes, por tanto, para el gobierno que ha de venir –si es de corte progresista– y para los actores sociales urbanos, ¿qué ciudad queremos?, ¿cómo la construimos?, pero también, ¿la ciudad para quién?

 

7. Pero también fue relacionado como interrogante, en perspectiva de un gobierno cada vez más volcado a los intereses sociales, en franco debate con el gobierno central, ¿cómo actuar para enfrentar y derrotar en otras áreas el neoliberalismo? La preocupación es por aspectos y temáticas como finanzas, participación, transporte, cultura, territorio, así como servicios públicos en general (agua, luz, telefonía, medios de comunicación). No olvidar que sectores estratégicos de la vida cotidiana como estos últimos, son ajenos a la ciudadanía en cuanto a su financiación, administración, gestión, rendimientos, planes de largo plazo, etcétera.
Estas son algunas de las reflexiones que dejaron los conversatorios sostenidos al momento de evaluar los doce años de gobierno de la izquierda en Bogotá, muchas enseñanzas quedan sin citarse y todas sin profundizarse. En la edición septiembre-octubre de este mismo periódico saldrá un informe especial sobre el particular, pues el debate debe continuar para que hagamos del ejercicio institucional, en lo posible, un mandato popular de hondo calado antineoliberal donde el que gobierna no se sirve sino que sirve, de tal manera que el actor social, con autonomía profundice su liderazgo, presionando siempre sin cortapisas para quien esté arriba gobierne con los de abajo.

 

A la luz de la experiencia

 

Guiados por las luces proyectadas desde la experiencia de los doce años de gobierno alternativo en Bogotá, y siempre con la vista proyectada a las elecciones de octubre próximo, debemos relacionar temas clásicos de la agenda política y social alternativa:

 

¿Para qué se gobierna? ¿Con quiénes debe gobernarse? ¿Cómo garantizar que los movimientos sociales, como sector más activo de la sociedad, se potencien y no terminen cooptados y minimizados? ¿Cómo lograr la politización del conjunto social? ¿El realismo político impide o niega a la utopía? ¿Cómo hacer para que la utopía oriente todas nuestras acciones sin sacarnos de la realidad efectivamente existente? ¿Qué implica y/o significa un gobierno de cara o abierto a la ciudad? ¿Cómo actuar para que lo electoral no termine por subsumir el conjunto de las energías de los sectores alternativos?

 

Es decir, ¿cómo actuar para no institucionalizar el conjunto de nuestras acciones y proyectos? E, incluso, así se integre el gobierno de la ciudad, ¿cómo actuar para mantener viva la disposición a la lucha social directa?

 

Podría también preguntarse, de acuerdo a lo anterior, ¿cómo gobernar garantizando la concreción cada vez más renovada de la democracia realmente existente? ¿Cómo construir una forma de gobernabilidad y de gestión pública propia de la izquierda? ¿Cómo forjar una forma de conducción de gobierno que controle los egos, personalismos y autoritarismos de los gobernantes?

 

Pistas para esa nueva democracia: deliberativa, asambleatoria, refrendataria, que priorice la justicia social y con ella la redistribución cada vez más amplia y efectiva de la renta social, que brinde cada vez más espacio a los sectores históricamente más excluidos de la sociedad: mujeres, las llamadas minorías sociales (negritudes, indígenas, pobres, sin techo), pero también a los excluidos (desempleados, presos).

 

Podemos concluir, el tema es apasionante, pero más que ello, urgente de abordar, tanto por la cercanía de las elecciones –que demandan en caso de continuar en el palacio Liévano un sector alternativo– superar errores y profundizar dinámicas que ahonden el cambio, como por la relación que el mismo mantiene con una temática que está al centro de la reflexión mundial: la democracia y porque se concluyó también que las grandes ciudades tienen un margen de maniobra con lo nacional que debe ser aprovechado.

 

Esto no es casual. Como es conocido el sistema de dominio, reproducción y control vigente vive una crisis sistémica y, como parte de la misma, la democracia, soporte y base de este sistema se quiebra por todos los costados. Todos y cada uno de sus componentes fundacionales e históricos están en derrumbe, de ello da cuenta que:

 

- Los gobiernos no son de mayorías sino de minorías.
- Las mayorías sociales se sienten cada vez menos convocadas a la participación real y decisiva; prima la forma sobre el contenido.
- La política cada vez es de menos, la han privatizado –sobre todo en su expresión electoral y legislativa.
- La riqueza social rellena cada vez menos bolsillos, concentra renta y poder político.
- Los poderes económicos y comunicacionales actúan de hecho como partidos, imponiendo su lógica e intereses. La sociedad no participa de la toma de decisiones, las padece.
- Las decisiones más trascendentales para la vida cotidiana de los pueblos no se toman en el ámbito local sino que provienen de imposiciones desprendidas de los grandes megapoderes existente en el mundo.

 

La realidad es que con la llamada democracia liberal lo máximo que puede hacerse es refrendar las formas y los mecanismos de dominación y control realmente existentes, de ahí que la pregunta que debe orientar una gran parte del quehacer social y política alternativo es, ¿cómo darle forma y robustecer una democracia realmente protectora, potenciadora y movilizadora de las mayorías sociales?

 

Podemos decir con toda seguridad que mientras este interrogante no sea resuelto, con nuestros buenos deseos al participar de las formas de la democracia restricta existente y disputar los espacios institucionales existentes, no logramos quebrar ese modelo sino, y por el contrario, reforzarlo. El problema, entonces, no es la participación sino hacerlo sin clara comprensión de las manifestaciones de la crisis sistémica que porta el actual sistema, una de cuyas expresiones más notables es la irrelevancia democrática liberal; el problema no es participar sino asumirla sin la disposición absoluta a mandar obedeciendo, como síntesis de una nítida vocación rupturista de los límites impuestos por la institucionalización gubernamental, soportados en una irrenunciable vocación de poder colectivo.

Publicado enEdición Nº 216
Sábado, 29 Agosto 2015 06:56

Disuelven el Congreso y llaman a votar

Disuelven el Congreso y llaman a votar

Las elecciones anticipadas se hicieron necesarias tras la dimisión, hace nueve días, del primer ministro Alexis Tsipras, en el marco de una severa crisis política desatada al interior de su partido y de la coalición gobernante.

 

El presidente de Grecia, Prokopis Pavlopulos, disolvió ayer el Parlamento y convocó a elecciones anticipadas para el próximo 20 de septiembre, horas después de que jurara en su cargo el equipo ministerial que integrará el gobierno provisional encargado de gobernar el país hasta los comicios.


El Parlamento que surja de las elecciones se constituirá el 1º de octubre, de acuerdo con el decreto firmado por Pavlopulos.
Las elecciones anticipadas se hicieron necesarias tras la dimisión, hace nueve días, del primer ministro Alexis Tsipras, en el marco de una severa crisis política desatada al interior de su partido y de la coalición gobernante tras obtener el primer desembolso del tercer rescate para Grecia. Tsipras justificó su decisión en la necesidad de pedir un nuevo mandato al pueblo tras el cambio de rumbo que dio el gobierno de Syriza y de cara a aplicar con el apoyo popular los acuerdos alcanzados con las instituciones, que incluyen un nuevo y severo ajuste.


La disidencia interna dentro de su partido y en las filas de su grupo parlamentario –donde más de 40 diputados le negaron el respaldo en la votación del tercer rescate– fueron el detonante de estas elecciones anticipadas. Uno de los resultados de esta fractura interna fue la fundación de un nuevo partido, Unidad Popular (UP), dirigido por el ex ministro de Energía Panayotis Lafazanis. La oposición de derecha y el nuevo partido Unidad Popular, formado por los 25 diputados disidentes de Syriza, deseaban que los comicios fueran una semana después para tener más tiempo para la campaña electoral.
La campaña electoral va a ser una de las más cortas de la democracia griega y, con 23 días, sólo supera en dos jornadas a la celebrada en 1996.


Poco antes de disolver el Parlamento, Pavlopulos tomó juramento al nuevo equipo de 10 ministros que gobernarán de forma transitoria junto a la presidenta de la Corte Suprema y ahora primera ministra interina, Vasiliki Thanou, que ya tomó posesión de su cargo. El nombramiento de un gobierno interino es necesario en Grecia cuando la disolución del Parlamento se produce como consecuencia de la dimisión de un primer ministro.


Una encuesta publicada ayer por el periódico Efimerida ton Syntakton registra que los griegos quieren seguir apostando por Syriza y que un 23 por ciento de los electores daría su apoyo al actual partido en el poder, frente al 19,5 por ciento que respaldaría a los conservadores de Nueva Democracia (ND).


En tanto, UP, la formación creada a partir de la escisión de Syriza, sólo contaría con la simpatía del 3,5 por ciento de los votos, frente al 2 por ciento que conseguirían los Independientes.


El 64 por ciento de los consultados cree que la decisión de Tsipras de dimitir para buscar un nuevo mandato en elecciones anticipadas fue "equivocada", mientras que el 68 por ciento está de acuerdo en que Grecia debe permanecer en el euro a cualquier precio, incluso si eso significa más austeridad.


Un tercio de los que apoyaron al partido de Tsipras en las elecciones de enero que lo llevaron al poder ahora se muestran dubitativos de si volverán a votarlo, según el periódico. Además, según el sondeo, hay un 25,5 por ciento de indecisos, lo que supone el mayor bloque.


En declaraciones a la edición del rotativo digital Avgi, el hasta ahora primer ministro Tsipras dio por comenzada la "gran batalla electoral".


"El pueblo griego dará un mandato fuerte para el presente y el futuro. Grecia no puede volver atrás y no lo va a hacer, solo marchará hacia adelante", dijo Tsipras.


Los griegos votarán así por tercera vez en este movido año, en el que el país tuvo que aceptar más austeridad a cambio de un tercer plan de ayuda de hasta 86.000 millones de euros. Estos comicios son además el quinto sufragio en seis años en un país duramente afectado por la crisis, con una tasa de desempleo superior al 25 por ciento.


Las nuevas medidas económicas, entre ellas un aumento del IVA, fueron precisamente las que motivaron la escisión en Syriza. El líder de la nueva formación de los disidentes, Lafazanis, repitió en los últimos días que no excluía una salida de Grecia de la zona euro. Tsipras espera que la renovación de los 300 escaños del Parlamento le permita reafirmar su base.
La cartera de Finanzas recayó en George Chouliarakis, principal negociador de Grecia para la puesta en marcha del tercer plan de ayuda en Bruselas.


Durante el traspaso de poderes con su predecesor Eucleides Tsakalotos, el nuevo ministro subrayó que "el objetivo principal" del gobierno interino es "no perder el tiempo". "Hay que avanzar para consolidar la economía griega lo antes posible y restablecer la confianza", afirmó.


De la misma forma, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, recordó, en una carta de felicitación dirigida a la nueva primera ministra griega, "la necesitad de realizar reformas a tiempo para garantizar el éxito del programa" firmado entre Atenas y Bruselas.

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Exigen miles la renuncia del presidente de Guatemala

La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas de Guatemala se sumaron, por separado, a los llamados de los distintos sectores de la población para que renuncie el presidente Otto Pérez Molina, acusado de dirigir presuntamente una organización de defraudación aduanera, a fin de mantener la paz en este país centroamericano.


Al cierre de esta edición, Pérez Molina reiteró que no renunciará porque no ha cometido ningún delito. Quiero decirle a todos los guatemaltecos que estoy aquí, que voy a dar la cara. Seguiré al frente del país, no voy a huir, declaró a la emisora local Radio Sonora, pese a manifestaciones masivas y un paro parcial iniciado el martes pasado en demanda de su salida del poder.


Decenas de miles de personas se volcaron de nuevo a las calles de esta capital para exigir la salida de Pérez Molina, en momentos en que se integró en el Congreso una comisión especial de diputados que analizará el retiro de la inmunidad al mandatario para que sea investigado por su presunta vinculación con una organización conocida como La línea, integrada por funcionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios con el fin de ayudarles a evadir impuestos.
El presidente del Congreso, Luis Rabbé, comentó que los cinco diputados que integran la comisión fueron seleccionados mediante un sorteo realizado durante una sesión ordinaria del pleno, y tienen hasta 60 días para analizar el expediente y presentar un informe con su recomendación.


Al grito de ¡renuncia ya!, miles de personas, encabezadas por universitarios, marcharon este jueves en la capital guatemalteca para exigir la salida de Pérez Molina y que sean suspendidas las elecciones generales, previstas para el 6 de septiembre, hasta que se convoquen sin candidatos corruptos.


Otto, la cárcel te espera, la corrupción nos está quitando la vida, Otto ladrón, se leía en algunas de las pancartas que portaban los manifestantes durante la marcha que salió de la sede central de la Universidad de San Carlos, en la periferia sur de la capital, hacia el centro histórico.


En un giro sorprendente, la Procuraduría General, que representa jurídicamente al Estado, solicitó al gobernante que presente su renuncia al cargo con el fin de evitar la ingobernabilidad que traiga como consecuencia la inestabilidad de la nación.


A la petición se sumó la Contraloría General de Cuentas, ente auditor del Estado, que exhortó en un comunicado a que en aras de mantener la paz social y ante las demandas de distintos sectores de la población, presente de manera inmediata su renuncia... para evitar mayores incidentes sociales.


Pérez fue involucrado el pasado viernes con La línea. El fraude fue revelado en abril por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, ente adscrito a la Organización de Naciones Unidas, ONU).
Según la fiscalía, Pérez es uno de los líderes de la banda de defraudación aduanera junto a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció y se encuentra en prisión preventiva.


Desde el viernes pasado y tras las denuncias de corrupción, 13 altos funcionarios, entre ellos siete ministros, renunciaron a sus puestos, incluido el embajador ante la ONU, Fernando Carrera. Los fiscales dijeron que en el caso hay 100 personas investigadas, al menos la mitad en prisión desde el 16 de abril, cuando se destapó el escándalo. La Cicig se encontró que Pérez Molina y Baldetti habrían recibido unos 262 mil dólares por cohecho en sólo una semana.


Además, el gobierno enfrenta acusaciones por otro caso de fraude en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por un monto aproximado de 14.5 millones de dólares, así como un desvío de 6.7 millones de dólares del Ministerio de Gobernación.


El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el máximo órgano del sector empresarial, renovó su pedido al presidente para que dimita. Hacemos un llamado a Otto Pérez Molina para que no se aferre al cargo y escuche el clamor de todo un país que rechaza de forma categórica los actos de corrupción cometidos en su gobierno, dijo en un comunicado.


Consideramos que el presidente debería reflexionar en su conciencia la decisión de no renunciar, dijo a su vez la Conferencia Episcopal católica en una declaración en la cual externó su temor de que su postura cause más polarización en el país y genere mayor conflictividad.

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Miércoles, 19 Agosto 2015 07:30

Ecuador. La represión como límite

Ecuador. La represión como límite

Para las gentes de izquierda, en todo tiempo y lugar, la represión fue siempre un punto de inflexión, una línea roja que no se debe cruzar. Desde siempre las gentes de izquierdas rechazamos que cualquier Estado, del color que sea, pueda cruzarla sin que levantemos la voz, sin colocarnos incondicionalmente del lado de quienes sufren la represión, sin manifestar nuestro más decidido rechazo a un modelo de resolución de conflictos que es brutal y causa el dolor de quienes carentes de armamento militar reivindican lo que consideran justo.


El presidente Rafael Correa cruzó una línea que lo coloca del lado de tantos gobiernos opresores de nuestro continente. La muestra de ello se evidencia en el "glorioso" saldo de cientos de heridos y decenas de detenidos fruto de la intervención de los cuerpos de élite de la Policía Antimotines y las Fuerzas Armadas en localidades como Girón en Azuay, Pisanquí en Imbabura, Saraguro en Loja, Quito en Pichincha, El Chasqui en Cotopaxi o Logroño en Morona Santiago, entre otros lugares del país.


Rafael Correa cruzó esa línea de un modo muy perverso: usando nuestro lenguaje, los modos y estilos que utilizan los movimientos populares y partidos de izquierda, pronunciando palabras como revolución, cambio, justicia social y tantas otras cuyo sentido es violentado en el momento que se inicia la represión sobre los sectores sociales que históricamente han sido y siguen siendo marginados en esta sociedad.


El régimen que encabeza Correa está mostrando, en su furiosa reacción al paro encabezado por las organizaciones indígenas y sindicatos de trabajadores, su verdadero carácter: un nuevo modo de dominación, donde las políticas sociales pretenden acallar a los movimientos para lubricar el mismo modo de acumulación basada en el despojo y la violencia contra la naturaleza y las personas.


En Ecuador no hay ninguna revolución en marcha desde el poder estatal, sino la profundización del modelo extractivo, la dependencia creciente del mercado capitalista global, lo que requiere un resposicionamiento autoritario del Estado y de los modos de gobernar. Lo que está sucediendo, es consecuencia directa de este modelo: la caída de los precios del petróleo no hizo sino disparar una crisis que los de arriba pretenden sea pagada por los de abajo.


Nuestro apoyo incondicional a los sectores populares organizados en movimientos. Nuestro rechazo a la represión que no es más que la antesala de una salida por derecha de la crisis actual. Sólo la acción decidida y autónoma de los movimientos puede inclinar la balanza hacia soluciones populares y de izquierda.


Disfrazar este tipo de actuaciones bajo argumentos que hacen alusión a supuestos golpes blandos o intentos de desestabilización al régimen, no reflejan nada más que una manifiesta incapacidad para gobernar sin ejercer violencia sobre las gentes.


Es esta manera de gobernar, en la que el uso de la prepotencia, el privilegio del poder, el dominio y la superioridad se convierten en una conspiración contra el débil.

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Miércoles, 19 Agosto 2015 06:59

Cien días de promesas incumplidas

Cien días de promesas incumplidas

Cameron había dicho que no cortaría el reintegro impositivo para familias con hijos, pero lo hizo; además congeló la ayuda universal a la niñez por cuatro años y un plan de modernización de la red ferroviaria en el centro y norte del país.


Los proverbiales primeros cien días de gobierno de los conservadores dejaron en el camino un reguero de promesas traicionadas. Como el mismo primer ministro, David Cameron, indicó poco antes de que se cumpliese la fecha, "este gobierno no ha desperdiciado un minuto". No falsea la verdad. En este período el gobierno ha avanzado con todo tipo de medidas en su plan para achicar el Estado: algunas anunciadas, la mayoría ocultas.


Las promesas preelectorales suelen tener una invisible fecha de vencimiento: reivindicadas antes de las comicios, se diluyen una vez alcanzada la victoria. Cuando quedaban pocas semanas para las elecciones y todas las encuestas vaticinaban una final reñida entre conservadores y laboristas, una mujer le preguntó a Cameron en un diálogo televisivo abierto al público si los conservadores pensaban cortar los tax credits (reintegro impositivo) para familias con niños. Cameron fue enfático: "No vamos a hacer eso".


Los conservadores ganaron el 7 de mayo con mayoría parlamentaria propia y en junio el ministro de Finanzas, George Osborne, anunció una profunda reforma de los tax credits. Esta reforma equivale a recortar unos 9000 millones de libras de las 30.000 millones destinados a esta política que compensa con ayuda estatal los bajos salarios que paga el sector privado. Al mismo tiempo, dado el impacto que esto tendría sobre los indicadores sociales, el gobierno anunció que se eliminaría la definición oficial de pobreza calculada como todo ingreso disponible por debajo del 60 por ciento del ingreso promedio.


Los conservadores señalaron que esta medición debía ser reemplazada por otra que no se reduciría a factores exclusivamente económicos ya que, según los tories, hay factores que gravitan en el tema, como el nivel educativo, la estabilidad familiar o el alcoholismo. En la práctica, sin fecha concreta para el nuevo índice que deberá ser elaborado por un comité de expertos, la medición de la pobreza ha dejado de existir.


En la misma vena se congelaron la ayuda universal a la niñez por cuatro años y un plan de modernización de la red ferroviaria en el centro y norte del país, parte de lo que el gobierno pomposamente había prometido como una nueva "northern Power House" (usina norteña) para achicar la diferencia entre un norte empobrecido y un sur afluente. La agenda verde con el programa de insulación de hogares con energía renovable, "el mayor programa de renovación de hogares desde la Segunda Guerra Mundial", ha sido igualmente archivado en estos primeros cien días.


En la plataforma electoral conservadora figuraba un corte del gasto fiscal de 12.000 millones de libras por año, pero sin ofrecer detalles al respecto. Con la premisa de que eso no les iba a tocar a ellos sino a otros, muchos votaron igual a los conservadores. La guadaña ha sido despiadada. Entre gastos recortados y congelados quedaron atrapados beneficios para la vivienda, los salarios de más de cinco millones de empleados de la administración pública y el financiamiento de la BBC.
No todas han sido promesas traicionadas. Los tories, que siguen reivindicando la privatización thatcherista de los '80, prometieron avanzar en este terreno. Gente de palabra, iniciaron este mes la reprivatización del Royal Bank of Scotland –estatizado durante el estallido financiero de 2008– con la venta de un 6 por ciento de su paquete accionario. Como negocio fue francamente desastroso: una pérdida de mil millones de libras. No sólo se pagaron 3,30 libras por acciones adquiridas a 5,02 libras, sino que se vendieron a menos de lo que se le había ofrecido en enero de este año (4,10).


La diferencia en el precio no importaba tanto porque, según el gobierno, las acciones del banco aún en manos estatales (un 73 por ciento) se valorizarán más gracias a la dinámica misma de la privatización. En estos cien días esta dinámica se puso en marcha. El gobierno vendió lo que le quedaba del Servicio Postal de la Corona (Royal Mail), privatizado mayoritariamente (también a precio vil) durante la coalición conservadora- liberal demócrata de 2010-2015, e indicó que quería "devolver el banco Lloyd al sector privado en los próximos años", equivalente a unos 13.000 millones de libras en acciones.


En línea con la persecución de las metas fiscales de cero déficit para 2020, el gobierno podría también vender Urenco (procesamiento nuclear) y Canal 4 (televisión comercial estatal). Con la oposición laborista dividida, desmoralizada y sumergida en un intenso debate interno sobre la elección de su próximo líder, nadie ha cuestionado con fuerza esta política que ni siquiera parece sustentarse en una lógica básica de almacenero que saca una ganancia de una venta. Los conservadores se han convertido en expertos de los pases de magia retóricos: hacer votar un programa de ajuste en las elecciones de mayo fue uno de sus logros más notables. Como señaló el cómico Mark Steele, en su columna en The Independent, "tenemos suerte de que estén a cargo de la economía para reparar el desastre de los laboristas y que puedan vender a menos lo que nosotros compramos a más; este ojo para los negocios es extremadamente raro".

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