Lunes, 17 Febrero 2014 06:03

¡Populista, sí, a mucha honra!

¡Populista, sí, a mucha honra!

En el lenguaje corriente, ciertos políticos y académicos descalifican, abominan del término "populismo". Los "izquierdistas" critican al populismo porque éste no apunta a erradicar el sistema capitalista. Los conservadores lo critican porque, aun incompletamente, defiende más los intereses de los sectores populares.


Se lo usa, se lo invoca de manera peyorativa, como un insulto, como si fuera una "mala" palabra. Por cierto, populismo se deriva de lo popular, de pueblo. ¿Estará mal hablar de lo popular/pueblo o encarar políticas en defensa de lo popular?


En contraposición, ¿estos sectores preferirían emplear el concepto de elitismo o de grupos selectos (no populares) que serían diferentes y mejores que la gente común? Intentan vilipendiar y construir una idea estigmatizante, desvalorizada de lo popular, desde su propia posición de clase. Algunos por odio de clases y otros por inveterada miopía intelectual, reflotan la vieja antinomia de "popular versus antipopular".


Juan Cruz Varela, hermano de Florencio, fue un escritor y político argentino, instigador –junto a Salvador María del Carril– del fusilamiento de Manuel Dorrego, perpetrado por Juan Lavalle. En 1828, después de la caída del gobierno popular de Dorrego, escribió los siguientes versos: "La gente baja ya no domina y a la cocina se volverá". Fantástica y desgraciada oda antipopular, que refleja el pensamiento de muchos, de ayer y de hoy. Lo que estaba y está por supuesto también en juego en la actualidad es la disputa por quién ejerce el poder: uno u otro sector social.
En el basamento ideológico del retrógrado sistema de segregación racial, denominado "apartheid", se mencionaba que "El más educado de los negros es, por definición, inferior al menos educado de los blancos". Si adecuáramos esta afirmación a las categorías "rico/pobre", podríamos leer, remedando a los seguidores del "apartheid": "El más educado de los pobres, es, por definición, inferior al menos educado de los ricos".


El desprecio que algunos vuelcan sobre el populismo parece asimilarse a las críticas que se verifican, en el ámbito de la Justicia, hacia las concepciones "garantistas", que tienden precisamente a garantizar los derechos de todos. ¿Qué otra cosa se debería ser? ¿Antigarantista? Por ejemplo, al dictador Videla, a Martínez de Hoz, a la Sociedad Rural Argentina, a los Macri de hoy, los seducían y los seducen las ideas y las políticas antigarantistas. Quieren garantías (y especialmente privilegios) sólo para los poderosos.


Las políticas progresistas de Inclusión Previsional, de la Asignación Universal por Hijo, el Programa Pro.Cre.Ar de viviendas, el Programa Conectar Igualdad, el Programa Progresar han sido recurrentemente tildadas de populistas, de demagógicas. ¡Menos mal que existen estas políticas que propenden a una mayor justicia social! Estas medidas, ¿son criticadas por impericia, por irresponsable liviandad, por interés político de mera y burda oposición? Y ni qué hablar de aquellas extraviadas (para decir lo menos) expresiones de ese dirigente político nacional, que avergonzarían y enfurecerían a don Hipólito Yrigoyen, cuando criticó la Asignación Universal por Hijo y dijo que la misma "se iría por la canaleta del juego y de la droga".


Resultan asombrosas, cuando no tristemente patéticas, las opiniones de algunos cientistas sociales que aparentan pasar como objetivos y rigurosos, arremetiendo sistemáticamente contra lo popular, contra el populismo, obteniendo el beneplácito y la adulación de poderosos diarios, canales y radios que representan los intereses más antipopulares y que, como es coherente con su ideología, hasta apoyaron la dictadura cívico-militar-eclesiástica iniciada en 1976.


Muchos de estos cientistas sociales provienen del campo del "progresismo" o del "izquierdismo". Muchos hasta fueron funcionarios del menemismo y del gobierno de la Alianza y poco o nada hicieron desde los ministerios y reparticiones de Desarrollo Social. Convendría repasar y recordar sus nombres, para ver si se trata de las mismas personas.


Critican al kirchnerismo por populista. Lo mismo hacen otros con Evo Morales en Bolivia, con Rafael Correa en Ecuador, con Dilma Rousseff en Brasil. Lo que es un mérito, en beneficio de las mayorías más desprotegidas, intentan transformarlo en algo descalificable, en algo abyecto. Resulta evidente que no critican para mejorar y avanzar; critican para debilitar y retroceder.


En 2014, en el marco concreto de la cruda realidad internacional y nacional, resulta absolutamente pertinente apoyar las políticas de carácter popular, en línea con la defensa de los sectores más postergados.


De merecer una crítica o un epíteto insultante, de parte de los diversos sectores objetivamente antipopulares ("izquierdistas" o conservadores, cientistas sociales o no), preferiría y hasta me halagaría que me dijeran "populista". ¡Populista, sí: a mucha honra!


Por Norberto Alayón, Trabajador social. Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

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Marcha "contra el fascismo y por la paz" en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó ayer al ex mandatario colombiano Alvaro Uribe de financiar y dirigir los movimientos "fascistas" que buscan derrocarlo. En una marcha convocada por el oficialismo "contra el fascismo y a favor de la paz", Maduro dijo que los recientes hechos de violencia en Caracas fueron provocados por los grupos de oposición que intentan hacer caer su gobierno e instaurar la violencia en el país. Dijo que Uribe, a quien calificó como un enemigo de Venezuela, está detrás de los grupos financiando y dirigiendo estos movimientos. Maduro agregó que se pretendía, a través del canal colombiano NTN24, promover un intento de golpe de Estado en Venezuela, al transmitir en vivo los incidentes de la marcha opositora del miércoles en la capital, que terminó con tres muertos y 66 heridos.


"Pretendían, a través de un canal de televisión antivenezolano, hacer lo mismo que hicieron el 11 de abril de 2002 (cuando el fallecido presidente Hugo Chávez fue sacado del poder) y comenzar a generar zozobra, miedo y odio en Venezuela", señaló. Indicó además que con las imágenes se pretendía llevar al país a un escenario de desestabilización que justificara un golpe de Estado. El canal fue sacado de la programación de la televisión por cable en todo territorio venezolano. "Decidí sacarlo. Que se vaya con su veneno al diablo. A Venezuela no lo van a venir a desestabilizar, a llenar de violencia un canal antivenezolano, antibolivariano, fascistoide, que se vaya con su fascismo al carajo y deje tranquilo al pueblo", apuntó.


Maduro dijo que con la marcha oficialista se buscaba repudiar las acciones de violencia que la oposición generó, convocando públicamente a lo que calificó como fórmulas inconstitucionales para derrocar al gobierno legítimo que preside. Al responder a algunas voces opositoras, el presidente recalcó que no piensa renunciar "ni un milímetro" a su posición: "nadie me sacará del camino de construir la revolución bolivariana que nos dejó el comandante Chávez y construir el socialismo como futuro de paz y amor".


Asimismo, recalcó su acusación contra el dirigente opositor Leopoldo López de haber instigado el brote de violencia y de huir cobardemente. "Entrégate cobarde", repitió, al referirse a la orden de arresto contra López por cargos de terrorismo y asociación para el delito.
En la jornada, simpatizantes del gobierno marcharon en Caracas en repudio a los grupos "fascistas", a quienes acusan de intentar una conspiración. La manifestación de varios miles de personas y que estuvo acompañada por actividades deportivas y musicales avanzó hacia la céntrica avenida Bolívar, donde recibió el apoyo de dirigentes del oficialismo y miembros del gabinete de Maduro.


La manifestación oficialista salió de la Plaza Venezuela, en el este de la ciudad, donde se vieron carteles de apoyo al gobierno y de repudio a dirigentes de la oposición, entre ellos a López. A la vez, el ministro de Educación Universitaria, Ricardo Menéndez, acompañó la marcha y aseguró que el antichavismo intenta una escalada de violencia y que en ese esfuerzo manipula la nobleza que puede haber en el movimiento estudiantil de sectores disidentes. "Están utilizando el foquismo como expresión de quienes no tienen fuerza para hacer grandes manifestaciones. Buscan detenidos", alegó.


Por su lado, estudiantes universitarios se congregaron en la plaza Alfredo Sadel, en el este de la ciudad, para insistir en pedir la liberación de sus compañeros detenidos tras los incidentes del miércoles en la Fiscalía General, que dejó tres muertos y 66 heridos. El portavoz de los universitarios, Juan Requesens, señaló que el movimiento estudiantil no descansa y que seguirá en la calle luchando por su futuro. Los estudiantes realizaron la concentración en homenaje a las víctimas de la protesta del miércoles.


Maduro acusó a los responsables de la marcha por los hechos, tras el ataque a la sede de la Fiscalía General, afirmando que la oposición puso en marcha un golpe de Estado. La alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) se deslindó de los hechos y exhortó a Maduro a dejar de denunciar un golpe de Estado sin mostrar pruebas. La coalición opositora dijo además que el gobierno debe desarmar a los grupos radicales afines al gobierno, llamados colectivos, que actuaron después de la marcha, en medio de un cordón policial alrededor de la Fiscalía.

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Sábado, 15 Febrero 2014 07:05

Ciudadanía política y democracia

Ciudadanía política y democracia

Las luchas sociales reivindicando ciudadanía política marcan la topografía del capitalismo. El ejercicio pleno de los derechos de huelga, sindical, asociación política y acceso a una educación de calidad, sanidad y vivienda dignas, han moldeado las estructuras de dominio y explotación del capitalismo desde sus orígenes.


Las libertades públicas, como son el derecho de asociación, reunión y expresión no siempre han podido practicarse. En muchas ocasiones son secuestradas y puestas en cuarentena bajo la escusa de servir a intereses oscuros que promueven la desestabilización y el caos sistémico. Cuando el capitalismo se ha sentido con fuerzas, no ha dudado en suprimir o restringir los derechos políticos que dan acceso a la participación de la sociedad. Siempre que ha podido deshacerse de ellos lo ha hecho sin remilgos ni mala conciencia. No olvidemos que el capitalismo pasa por ser la forma más elevada de explotación violenta de todo cuanto existe en el planeta, empezando por el ser humano.
Por consiguiente, aquello que produce cortocircuito y altera sus planes es combatido haciendo uso indiscriminado de la represión, y la fuerza. Bajo el eufemismo de actuar en nombre de la razón de Estado y la seguridad nacional, justifica la tortura y el asesinato político. A lo dicho deben sumarse los mecanismos ideológicos de control social utilizados en el proceso de socialización.


Una primera conclusión sugiere que no existe derecho político concedido de buen grado. Todos, ya sea en el campo de las relaciones sociolaborales o las libertades públicas, el derecho a huelga, el establecimiento de la jornada laboral de 40 horas semanales, el descanso dominical, las pensiones, la seguridad social universal, el voto femenino, el divorcio, el aborto o el matrimonio homosexual, están precedidos de mártires, militantes detenidos, encarcelados, torturados y asesinados.


Para las clases dominantes no es plato de buen gusto compartir espacios hasta hace poco concebidos como su coto privado. Escuelas, universidades, teatros, hospitales, zonas de ocio y la moda, han perdido ese halo de exclusividad, enardeciendo a las élites que buscan una solución en la oligarquización del poder, la ostentación y el enriquecimiento obsceno.


Son las nuevas plutocracias que no dudan en profundizar las desigualdades sociales y dinamitan la ciudadanía política, apostando por sociedades duales como la fórmula para reestructurar el capitalismo en tiempos de crisis. El desmantelamiento de lo público viene de la mano de una elaborada política de abandono, recortes presupuestarios y deterioro de las instalaciones y bienes de uso colectivo. Edificios, carreteras, aeropuertos, hospitales, colegios, trasportes como el metro, autobuses urbanos, parques, ferrocarriles, etc., son abandonados hasta su total degradación, siendo posteriormente privatizados y vendidos por migajas a los capitales de inversión de riesgo, el capital financiero o las transnacionales. En la medida que ha podido soltar lastre, el capitalismo, ha tirado por la borda el conjunto de derechos políticos, sociales y económicos conquistado por las clases trabajadoras en los dos últimos siglos, y sobre los cuales asentaba su discurso de promover un orden social incluyente y democrático. Asistimos a una involución sin precedentes en la historia del capitalismo contemporáneo. Un proceso desmocratizador.


A partir de los años setenta del siglo pasado, las transnacionales se harán con el poder político cambiando las reglas de juego, alterando el equilibrio de poder entre orden político y orden económico, introduciendo reformas estructurales que dejan sin efecto el pacto social nacido tras la segunda Guerra Mundial, al menos en los países de capitalismo industrial avanzado. Los nuevos hacedores del capitalismo no dudan en imponer un orden mundial que borre del mapa todo obstáculo en su camino hacia el control del mundo. En otros términos ha decidido restringir el uso de la ciudadanía política, recortando al máximo los derechos sociales, económicos, culturales y políticos y renegando de la democracia como forma de vida y espacio vital donde se puede ejercer y realizar la ciudadanía.


Sin espacios para articular la ciudadanía política no es posible concebir la existencia de un ordenamiento democrático. Son dos términos entrelazados de manera orgánica. En la medida que los recortes, la represión y las desigualdades crecen, desaparecen las opciones de vivir en democracia, constatándose el divorcio entre capitalismo y democracia. El mejor ejemplo lo constituye la unidad productiva donde el capital realiza su plusvalor, la fábrica, donde impera la disciplina del capital y el reloj del fordismo y taylorismo marca los tiempos de trabajo y producción. En ella, los trabajadores están siendo sometidos a condiciones laborales cercanas a la esclavitud bajo el chantaje de un expediente regulador, disciplinario o ser despedido. El empresario se convierte en amo y señor, y la patronal puede impulsar las reformas laborales. O haces lo que quiero o te vas a la calle. Ese el discurso dominante. Y desde luego tal premisa poco o nada tiene que ver con un proyecto democrático, inclusivo y creador de ciudadanía.

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Venezuela denuncia la infiltración de grupos de choque formados en México

Los hechos violentos ocurridos este miércoles sólo tenían una intencionalidad política; querían derrotar a un gobierno legítimo, amparado en lalegitimidad y en la constitucionalidad, afirmó este jueves el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Sostuvo que enfrenta un plan preconcebido en Washington para derrocarlo. Más aún, su gobierno denunció que en los enfrentamientos participaron grupos entrenados en México y financiados entre otros por el ex subsecretario estadunidense de Estado Otto Reich.


El ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, denunció que grupos de infiltrados entrenados en México desataron los enfrentamientos del miércoles tras una protesta estudiantil opositora, de lo que identificó como el plan fiesta mexicana, implementado por grupos de extrema derecha que, subrayó, buscan llevar al país a la guerra civil.


De 2010 a 2012 se realizaron reuniones dentro y fuera de Venezuela para acordar el entrenamiento de grupos para generar caos y violencia y México fue escenario de esos encuentros, afirmó el ministro. Dijo que una de las más importantes reuniones que se realizaron para preparar a esos grupos ocurrió en México, en octubre de 2010.


Según Rodríguez Torres, los hechos violentos de este miércoles, tras varios días de manifestaciones estudiantiles contra la inseguridad, la inflación y la falta de productos básicos, fueron actos de carácter conspirativo y organizados por Gustavo Tovar Arroyo, a quien calificó de radical y fascista y ubicó al frente de la ONG Humano y Libre.


Aseguró que esos encuentros han sido financiados por el banquero Eligio Cedeño y el ex subsecretario de Estado para América Latina de Estados Unidos, Otto Reich. Entre los asistentes a las reuniones mencionó a Gaby Arellano que, indicó, atizó la protesta de esta semana, así como Vilcar Fernández, Yon Goicochea y el alcalde metropolitano caraqueño David Smolansky, entre otros.


Estados Unidos negó tener injerencia en la política interna de Venezuela. La vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, rechazó las teorías de conspiración y rumores.
En tanto, una tensa calma

prevalecía hoy en Caracas, en medio de una mayor presencia policiaca y militar como parte del reforzamiento de la seguridad que dispuso el gobierno tras los violentos incidentes ocurridos la víspera en el centro y este de la capital, que dejaron tres muertos, 66 heridos incluidos 17 militares y policías– y 69 detenidos, según un balance de la fiscal general, Luisa Ortega.


En algunas zonas del este de la capital se realizaron pequeñas manifestaciones de estudiantes opositores, que se desarrollaron de forma pacífica, así como marchas de un puñado de chavistas que respondieron a una convocatoria del gobierno de Maduro, con la consigna: Venezuela unida contra el fascismo

Por la noche, en un mensaje por cadena nacional, Maduro declaró: se quiere forzar la historia; es un aborto de la historia que se utilice un plan preconcebido en Washington para que arremetan contra la sociedad. Se han trazado un plan para derrocarme. No me vengan a decir que la marcha de ayer fue convertida en violenta por la represión del gobierno. Lo que tuvo la policía fue paciencia.


Advirtió que nadie lo va a sacar de su lucha por la patria. Llamó a seguir trabajando para derrotar la violencia fascista y anunció que este viernes, Día del Amor, presentará el Plan de Paz y Convivencia y el sábado toda Venezuela se movilizará por la paz y por la vida.
El gobernante bolivariano acusó a la agencia Afp de encabezar la manipulación informativa" y defendió la salida del aire de un canal colombiano por transmitir la zozobra de un intento golpista.


Mostró videos, fotografías, testimonios, de la violencia criminal que se ejerció de manera coordinada a partir de un plan para llenar Venezuela de violencia y sangre, e hizo énfasis en los llamados previos del dirigente opositor Leopoldo López a movilizarse en a calle contra el gobierno.
López, aseveró Maduro, deber ir preso.


Horas ante, el canciller Elías Jaua acusó a López, del partido Voluntad Popular, de ser financiado por Estados Unidos desde hace tiempo.
El dirigente de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, dijo que recibieron informaciones extraoficiales de una supuesta orden de detención contra López, e indicó que el político se encuentra en su casa con sus abogados, pero que no saldrá del país. Voluntad Poplar aseveró que su local caraqueño fue allanado por fuerzas de seguridad.


El ex candidato presidencial opositor Henrique Capriles afirmó que la violencia le interesa a este gobierno para tapar la crisis que estamos viviendo, y abogó por el diálogo. Dijo que no están dadas las condiciones para pedir la salida del presidente Maduro, rechazó que la oposición promueva un golpe de Estado, e indicó que las intentonas no las hacen los civiles, sino los militares.
El portal Noticias 24, de Venezuela, reportó que la Fiscalía General de la República emitió orden de c

aptura contra el jefe de la Casa Militar durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, Iván Carratú Molina, y el ex embajador venezolano en Colombia, Fernando Gerbasi, por su presunta vinculación con los actos de violencia del miércoles.


Añadió que el canal Venezolana de Televisión presentó un audio en el que Carratú y Gerbasi comparan lo ocurrido durante el golpe de Estado en abril de 2002, con lo sucedido en los disturbios de las últimas horas, y refirió que el presidente Nicolás Maduro se preguntó: ¿cómo sabían ellos que iba a haber muertos hoy en Venezuela?

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Jueves, 13 Febrero 2014 05:58

Violentas manifestaciones en Venezuela

Violentas manifestaciones en Venezuela

Al menos tres personas murieron y 23 resultaron heridas ayer en Caracas en el marco de las movilizaciones en rechazo y apoyo al presidente Nicolás Maduro. Estudiantes simpatizantes de la oposición, acompañados de varios políticos, se agolparon desde la mañana en la Plaza Venezuela, en el centro de la capital, para denunciar la política económica del gobierno y exigir la liberación de universitarios detenidos en los últimos días en protestas en el interior del país. Al mismo tiempo, oleadas de manifestantes vestidos de rojo, el color del chavismo, se dieron cita en distintas plazas de Caracas y otros estados del país para celebrar los 200 años de la denominada Batalla de la Victoria, con motivo de la cual se conmemora en Venezuela el Día de la Juventud. "Aquellos sectores políticos que quieran expresar su opinión en el país pueden hacerlo como siempre, pero tienen la obligación de hacerlo en paz, con respeto a la vida, al pueblo, no como vimos recientemente en los ataques hacia la familia del gobernador del estado Táchira, Vielma Mora, por parte de los sectores nazi-fascistas", expresó Maduro.


El jefe de Estado, quien llegó acompañado a la marcha oficialista de varios de sus ministros, aseguró que viene rebrotando en Venezuela una corriente nazi-fascista que pretende llevar al país por el camino de la violencia y el caos. "No podemos dejarnos sacar del centro de nuestra vida y del trabajo por cuatro vagos violentos de la cúpula de la derecha. La trilogía del mal representa el capitalismo privatizador, son la expresión del pasado y de quienes negaron el derecho al estudio a todos ustedes", dijo.


El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, confirmó la muerte de un supuesto militante chavista de 40 años, identificado como Juan Montoya, en un hecho que atribuyó al "fascismo". "El fascismo estaba ahí, ahí en la Fiscalía y lo estaban cazando, a un camarada íntegro, luchador. Fue asesinado vilmente por el fascismo", afirmó Cabello al dar la noticia durante un acto en el estado Aragua (centro-norte). Según el relato de Cabello, la muerte se produjo en una zona del oeste de Caracas conocida como La Candelaria, sede de la Fiscalía y donde la oposición concluyó la marcha convocada. Las otras víctimas fatales son Bassil Alejandro Dacosta, un estudiante de 24 años que murió mientras era intervenido por la herida de la bala en la cabeza con la que había ingresado al hospital, y Neyder Arellano Sierra, también estudiante y también baleado en la cabeza, según el diario El Universal de Caracas.


A la concentración antichavista asistieron dirigentes opositores, como Henrique Capriles, gobernador de Miranda, la diputada María Corina Machado, Leopoldo López, de Voluntad Popular, y Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas. En medio de banderas naranja, amarillas y azules, los colores de la oposición, se exigía la liberación de tres estudiantes tachirenses encarcelados, acusados de haber asediado la casa del gobernador Mora y se reclamó por la escasez de alimentos y productos básicos.


"No nos vamos a arrodillar, que le echen bola (empeño), vamos a ver quién puede más. ¡Tienen a nuestros estudiantes presos, los queremos libres!", clamó David Smolansky, alcalde del municipio caraqueño de El Hatillo y ex dirigente estudiantil, mientras la multitud coreaba: "Y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer". Medios opositores y organizaciones estudiantiles señalaron que cinco jóvenes resultaron heridos de bala el martes en Mérida, luego de que individuos en moto abrieran fuego contra la protesta. Los universitarios que encabezaron la marcha a la Fiscalía dijeron que no desistirían de su protesta hasta que sus compañeros sean liberados, alegando que las autoridades no tienen pruebas de que cometieran hechos fuera de la ley.


El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Juan Requesens, dijo que la manifestación de los jóvenes es pacífica y que el gobierno debe sacarse de la cabeza que pretenden derrocarlo. "Haremos todas las diligencias que tengamos que hacer para que liberen a nuestros compañeros, que el gobierno entienda que nuestra protesta es pacífica y siempre en el marco de la Constitución. El movimiento estudiantil no se va a involucrar en una agenda para tumbar el gobierno porque no es nuestra naturaleza, para eso están los políticos", indicó.


En las manifestaciones oficialistas la consigna era el apoyo a Maduro y las medidas que lanzó para combatir la llamada "guerra económica", señalada por el gobierno como la responsable de la inflación anualizada de 56,3 por ciento y la escasez de distintos alimentos y productos. Las concentraciones del gobierno fueron transmitidas en directo por la televisión estatal y contaron con la presencia del mandatario, mientras que las cadenas privadas difundieron simultáneamente las manifestaciones opositoras.


Dentro de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que reúne a 29 partidos opositores, el sector que encabeza López, a quien secunda la diputada Machado, quedó enfrentado al que lidera Capriles, hasta ahora considerado líder de la oposición. "Nosotros no hemos abandonado la lucha y nunca lo haremos, pero si la lucha es con carácter violento no estaremos allí, porque eso no nos llevará a un cambio real y permanente; el caos no se resuelve con más caos", sostuvo Capriles, según un comunicado que difundió su oficina de prensa.

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Las limitaciones de los programas antipobreza

La evidencia de que la aplicación de las políticas neoliberales conduce a un crecimiento de las desigualdades y de la pobreza así como a un aumento del endeudamiento de la población y el consiguiente aumento del sector bancario es enorme. Las experiencias en Latinoamérica (donde estas políticas se llevaron a cabo con toda intensidad a finales del siglo XX) y en la Unión Europea (donde se han estado aplicando durante las dos últimas décadas) muestran claramente esta realidad. Las desigualdades, tanto en Latinoamérica entonces como en la Unión Europea ahora, crecieron enormemente, como también lo hizo la pobreza, así como el sector financiero.

Mientras que mucho se ha escrito sobre esta situación en la UE, poco se conoce de las consecuencias del neoliberalismo en América Latina, lo cual es preocupante, pues mucho de lo que está ocurriendo ahora en la UE ocurrió antes en Latinoamérica. Y de ahí la especial relevancia de estudiar la experiencia latinoamericana. Una de estas experiencias que merece especial atención es la respuesta de los partidos de centroizquierda e izquierda al problema del aumento de la pobreza que ocurrió predominantemente en el periodo neoliberal. Antes de expandir este tema, es importante hacer dos observaciones. Una es que Latinoamérica es un continente muy distinto a Europa. Y otra, que tanto Latinoamérica como Europa son continentes con una enorme variedad de países, lo cual dificulta poder hablar de experiencias latinoamericanas sin añadir inmediatamente los diferentes matices que existen entre los distintos países que componen aquel continente.


El caso de Latinoamérica


Dicho esto, permítanme que hable de la situación social, enfatizando algunos elementos que aquellas experiencias tienen en común. Y uno de ellos es el elevado nivel de las desigualdades existentes en la gran mayoría de aquellos países, nivel que se acentuó todavía más durante la época neoliberal, y ello como resultado de la aplicación de políticas públicas neoliberales encaminadas precisamente a aumentar las desigualdades y que crearon, como consecuencia, el enorme crecimiento de la pobreza. Veamos los datos.


Mírese como se mire, y escójase el indicador que se escoja, todos los indicadores señalan a Latinoamérica como uno de los continentes con mayores desigualdades hoy en el mundo. Y entre ellos, Brasil alcanza su máximo nivel. Su índice de Gini (el indicador más común que se utiliza para medir la desigualdad) es uno de los más altos del mundo, 0,529 en 2011. A mayor el número, mayor es el nivel de desigualdades de un país (yendo de 0 a 1).


Decir que un país es muy desigual nos permite ya predecir qué otros indicadores estarán presentes. Alta desigualdad quiere decir gran concentración de la riqueza, lo cual quiere decir gran influencia política de los más ricos sobre el Estado y la vida política, lo cual quiere decir políticas fiscales muy poco progresivas y muy regresivas, lo cual quiere decir unos ingresos al Estado muy pobres. Esto es lo que pasa en España (incluyendo Catalunya), y en mucho mayor tamaño y dimensiones es también lo que pasa en Brasil y en la mayoría de países de América Latina. Los ingresos al Estado que derivan de la imposición directa (es decir, de los impuestos sobre las rentas) representan solo el 19% de todos los ingresos al Estado en Brasil, un porcentaje mucho menor que el que existe en el promedio de los países de la OCDE por impuestos directos (33%). Esta es una de las causas que los Estados sean tan pobres.


Los ingresos al Estado, sin embargo, pueden incrementarse o disminuir sin que haya cambios significativos en las políticas fiscales. Y ello como consecuencia del estado de la economía. Por ejemplo, si la economía crece mucho, aumenta con ello el consumo, y con ello los ingresos al Estado que se basan en el consumo, tal como ocurrió en España en la época del boom inmobiliario. Y esto es lo que también ocurrió en América Latina cuando hubo un boom resultado del aumento de los precios de los productos que exportaban. En realidad, la situación es incluso más acentuada en América Latina. En Brasil, por ejemplo, los impuestos indirectos –impuestos sobre el consumo– representan el 49% de todos los impuestos, un porcentaje mayor que el promedio de la OCDE, 34%.


Qué hicieron los partidos de izquierda ante la pobreza

El fracaso de las políticas neoliberales explica la sustitución de los partidos gobernantes que impusieron tales políticas por partidos de centroizquierda e izquierda en la gran mayoría de países de América Latina (a partir de los años noventa). Y los datos muestran las consecuencias de este cambio. Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) el gasto público social pasó de ser de $318 per cápita en 1990 a $819 en 2008 (en dólares constantes) en el promedio de Latinoamérica. Y si miramos el gasto público social como porcentaje de todo el gasto público, vemos que subió, durante el mismo periodo, de un 45% a un 63%. Este es un indicador de la sensibilidad social de las izquierdas.


Ahora bien, lo que también caracteriza las respuestas de las izquierdas al enorme crecimiento de las desigualdades (resultado de las políticas neoliberales) ha sido el gran predominio de los programas antipobreza en sus políticas públicas. Programas que se basan en transferencias públicas a distintos grupos poblacionales, sujetas a condiciones y exigencias a los beneficiarios según el programa. En definitiva, son programas antipobreza orientados a disminuir la pobreza, bien mediante la transferencia de fondos, bien ofreciendo crédito o cheques a las familias (por lo general, gestionados por la madre o esposa de la familia), garantizando un mínimo de rentas. En realidad, el gasto en estos programas antipobreza como porcentaje del PIB creció mucho más rápidamente (3,5% durante el periodo 1990-2008) que el que iba a los servicios públicos del Estado del Bienestar tales como sanidad, educación, vivienda o saneamiento, entre otros. Así, en sanidad creció solo un 1%, y en vivienda solo un 0,4%.


Resultado de ello, el gasto público social antipobreza (programas de transferencia de dinero a las poblaciones pobres) pasó a representar más del 50% de todo el incremento del gasto público social entre 1990 y 2008. Esta situación llevó a ciertas situaciones contradictorias (como bien señala Lena Lavinas en su excelente artículo "21st Century Welfare" en New Left Review, Nov/Dic 2013, del cual extraigo la mayoría de datos que presento en este artículo), tales como que algunas transferencias públicas a las familias se hacen condicionadas a que las familias envíen sus niños a las escuelas o centros de salud públicos cuando, en realidad, no existen tales centros o escuelas en los lugares donde residen estas familias.


¿Han sido estos programas exitosos?


La respuesta a esta pregunta no puede ser un simple sí o no. La pobreza ha disminuido en la mayoría de estos países. Ahora bien, lo que parece evidente -a partir de la evidencia existente- es que, excepto en el caso de la pobreza extrema, en la pobreza en general su impacto reductivo ha sido limitado. Otros factores han jugado un papel mucho mayor en esta reducción de la pobreza. En uno de los estudios más detallados y rigurosos sobre las causas de la disminución de la pobreza en Brasil, llevado a cabo por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística IBGE (citado por Lavinas), se documenta que las principales causas del descenso de la pobreza en Brasil desde 2001, han sido (1) el crecimiento del empleo y de los salarios como consecuencia del aumento del crecimiento económico, (2) el aumento del salario mínimo, que se incrementó un 94% en el periodo 2001-2012, y muy en tercer lugar (3) los programas antipobreza. El mayor impacto de este último tipo de programas ha sido entre la pobreza extrema, pero entre la pobreza en general ha sido muy limitado.


Por otra parte, la prioridad dada a los programas de transferencias públicas para reducir la pobreza se hizo en varios países a costa de mantener (e incluso acentuar) la pobreza de los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como sanidad y educación. Así, en Brasil el gasto público sanitario (de los más bajos en América Latina) pasó de representar un 13% de todo el gasto público en 2001 a un 11% en 2010 (el gasto público sanitario del gobierno federal representa solo un 0,8% del PIB). Lavinas critica que mientras el consumo de móviles, ordenadores y lavadoras ha crecido exponencialmente, el acceso de la población al agua potable o a servicios de saneamiento apenas ha mejorado. Una consecuencia de este empobrecimiento de los servicios públicos ha sido el notable aumento de los servicios privados, con un crecimiento muy notable de los seguros sanitarios privados y un aumento del crédito para financiarlos (con el consiguiente aumento del sector financiero).


La escasa prioridad dada por los partidos de izquierda a las políticas públicas redistributivas y a las reformas fiscales que permitan, además de unos mayores ingresos al Estado, conseguir mayores efectos redistributivos, ha imposibilitado el establecimiento de programas universales, es decir, servicios públicos de sanidad y educación públicas, por ejemplo, para toda la ciudadanía. Estos programas, junto con programas de creación de empleo y altos salarios, tienen mayor aprobación popular, mayor impacto reductor de la pobreza y mayor impacto redistributivo que programas de apoyo a sectores vulnerables a través de programas de transferencia de dinero a los pobres, tal como hemos demostrado Walter Korpi, Joakim Palme y Vicenç Navarro, entre otros. Estos últimos tienen un impacto menor en reducir la pobreza y en disminuir las desigualdades. La evidencia de ello en Latinoamérica y en Europa es robusta y convincente.


Mientras que la pobreza extrema ha disminuido, las desigualdades permanecen muy elevadas y los servicios públicos permanecen subfinanciados. Los países que tienen menos pobreza, como los países nórdicos de Europa, han alcanzado este resultado a través de los primeros, y no a través de los segundos tipos de intervenciones. El enorme crecimiento de las desigualdades y de la pobreza en España (incluyendo Catalunya) no se resolverá mediante transferencia de fondos a las poblaciones pobres para mantener un nivel (generalmente muy mínimo) de renta, sino a través de políticas macroeconómicas de creación de empleo y subida de salarios (con un aumento considerable del salario mínimo, entre otras intervenciones) y políticas sociales de carácter universal, con corrección del enorme déficit social que existe en España (incluyendo Catalunya).

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Colombia es una isla en América Latina, un caso raro y negativo en el hemisferio occidental, en fin, una patología altamente funcional en el mundo y en el panorama internacional. Napoleón tenía un término para el caso: un "idiota útil".

Después de ocho años de espionaje, chuzadas y persecuciones a diestra y a siniestra por parte del gobierno de Uribe, el gobierno del presidente Santos prometió, de un lado, no mirar por el espejo retrovisor y de otra parte, distanciarse radicalmente del pasado y mirar hacia adelante; incluso, si fuera necesario, traicionar a su propia clase social. Pues bien, no acaban de terminar estos cuatro años y las diferencias, todas, son simplemente de forma; nunca de fondo. Algo que tirios y troyanos reconocen, en la prensa oficial o en los medios independientes. El común denominador entre Uribe y Santos es la improvisación y el cambio de reglas en medio del juego en un caso, y el "cañaje" de consumado jugador de cartas, en el otro. Punto.


El más reciente escándalo se denomina "cámara gris" o "Andrómeda": el espionaje, por parte de miembros del ejército a los comisionados de paz: los del gobierno y los de la guerrilla. Y una fachada bastante poco inteligente, como era de esperarse de la (mal) llamada "inteligencia militar".


Varias cosas llaman la atención a una observación detallada: i) las expresiones del gobierno, desde las del jefe del Ejecutivo hasta las de su ministro de defensa fueron oscilantes de un día a otro: jamás hubo consistencia; ii) a la defensa de Uribe acerca del espionaje y al reconocimiento de ser la presunta válvula de escape, nadie contestó hasta la fecha de forma contundente; iii) el procurador, tan solícito de los medios en todos los asuntos del país y declarado enemigo de la paz y de las conversaciones en La Habana, no ha hecho hasta el momento absolutamente ninguna declaración en ningún sentido; iv) tan sólo desplazaron de la oficina de inteligencia del ejército (CITEC, CIME y DINTE) a dos generales que por lo demás estaban relativamente cerca del retiro y la jubilación; v) excepto por los miembros de una comisión del Congreso, el legislativo jamás se pronunció con vehemencia en contra del espionaje y las chuzadas; vi) luego de casi una semana ninguna decisión de fondo ha tenido lugar en el país o en el gobierno, en ninguna dirección.


El contexto más relevante de este espionaje es la combinación de dos elementos de importancia desigual, así: el período preelectoral y las negociaciones estratégicas desde todo punto de vista de las conversaciones y acuerdos conducentes a la forma de la paz en La Habana.
Una situación semejante en una democracia seria habría tenido las más rigurosas declaraciones y decisiones. Pero no en Colombia.
La pregunta inmediata que surge entonces es, ¿por qué?


Tres respuestas caben pensarse de manera razonable. En primer término, las chuzadas y el espionaje no alteran para nada, esencialmente, el balance estratégico del poder. Ni el político, ni el económico; ni el militar ni el social. En consecuencia ni al Estado ni al Gobierno le preocupan en el fondo esta clase de escándalos.


En segundo lugar, el poder de las fuerzas militares en Colombia es real en toda la línea de la palabra. La subordinación que le deben al jefe del ejecutivo por mandato constitucional es, como muchas en Colombia, un simple formalismo, un canto a la bandera. Muy atrás han quedado en la historia y en la memoria nacional algunos gobiernos liberales a los que no les tembló la mano frente al estamento militar.


Pero la respuesta más evidente es que estructuralmente no pasará nada con las chuzadas; nada más allá de lo que ya se ha dicho y hecho. Así como en Colombia no sucede estructuralmente nada. Un país institucionalmente autista, éticamente indolente, jurídicamente en convivio con la impunidad. En Colombia la historia no acontece en el orden institucional. Por el contrario, en el país si la historia tiene lugar es a pesar de dicho orden y de los intelectuales oficiales.


Todo el asunto del escándalo del espionaje y las chuzadas es un asunto sensible para la sociedad civil —esta vez en la forma del periodismo investigativo—, y un asunto de dignidad; de dignidad ética y política. Pero en el país, desde hace mucho, muchísimo tiempo, la dignidad —ética y política— es un tema que no preocupa a los estamentos y a la institucionalidad. Exactamente en este sentido Colombia es institucionalmente un país de (extrema) derecha. Y moralmente un país muy conservador.


En efecto, como la historia lo muestra, un sistema de extrema derecha es aquel en el que la ética se subsume a la Realpolitik, el fin justifica a los medios, y los núcleos del poder real se escudan en los cuarteles, en el palacio de gobierno y en los púlpitos de varias iglesias.
Literalmente, Colombia es una isla en América Latina, un caso raro y negativo en el hemisferio occidental, en fin, una patología altamente funcional en el mundo y en el panorama internacional. Napoleón tenía un término para el caso: un "idiota útil".


Cuando la ética es un asunto que no le duele al Gobierno ni al Estado, la política se vuelve un asunto turbio. Y entonces la última esperanza queda en la sociedad civil. (Sin dejar de omitir, claro, la actuación oportuna y discreta de la Fiscalía de Luis Eduardo Montealegre, que puede acaso ser llamada como una reserva de democracia).


Todo, con una salvedad: la falta de dignidad del Gobierno y del Estado es un asunto suyo, y para nada implica a la dignidad propia los ciudadanos, sus organizaciones y sus acciones.

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Lunes, 10 Febrero 2014 06:22

El camino boliviano

Acaban de cumplirse ocho años de la asunción del primer presidente de origen indígena en Bolivia, que marcó el inicio de la conformación de un Estado Plurinacional. Fernando Mayorga, uno de los principales analistas de este proceso, explica cómo fue posible su construcción, cuáles son los nuevos actores de la escena política y de qué manera se amplió la democracia participativa. Las tensiones entre nacionalismo e indigenismo. Los dilemas que enfrenta ahora el gobierno de Evo Morales.

Por El 22 de enero de 2006, Evo Morales se constituyó en el primer presidente indígena de Bolivia. Años después, la instauración de un Estado Plurinacional, con la nueva Constitución sancionada en 2009, fortaleció los niveles de democratización y participación de la ciudadanía. El reconocimiento del pluralismo atravesó los ámbitos jurídico, lingüístico, económico y político. Sin embargo, la relación Estado-ciudadanía no quedó librada de contradicciones. Reivindicando la consolidación de una democracia representativa, participativa y comunitaria, el politólogo boliviano Fernando Mayorga dialogó con Página/12 sobre los dilemas que arrastra la construcción del modelo estatal boliviano y la tensión existente entre nacionalismo e indigenismo en el marco de este proceso.


–¿Qué rasgos caracterizan el proyecto político que se abrió con el gobierno de Evo Morales? ¿Qué lo diferencia de los anteriores?


–Es un proyecto político que se despliega desde el año 2005, y particularmente desde el 2009, cuando se aplica la nueva Constitución. Es un proyecto político que está tendido en una contradicción entre nacionalismo e indigenismo. En el 2009, la Constitución instauró el Estado Plurinacional, reconociendo a diversas naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. En términos discursivos, se construyó un nuevo sujeto portador de derechos colectivos. Es una palabra bien complicada.


–¿Por qué?


–Son catro términos para designar a un sujeto en el reconocimiento del pluralismo en diversos órdenes. Pluralismo jurídico, pluralismo lingüístico, pluralismo económico y pluralismo político.
–¿En qué se expresan?


–El pluralismo jurídico se expresa en el reconocimiento de dos jurisdicciones, una ordinaria y otra indígena, con el mismo rango. Las prácticas, procedimientos y costumbres de las comunidades indígenas son formalizados como mecanismos de resolución de conflictos. El pluralismo económico se expresa en el reconocimiento de cuatro formas de propiedad: privada, pública, cooperativa y comunitaria.


–¿En qué se diferencia la comunitaria de la cooperativa?


–En que la cooperativa no tiene base territorial indígena, tiene lugar en el nivel urbano. Existe particularmente en el sector de la minería, donde los ex trabajadores mineros que fueron despedidos en el período de la caída de precios de los minerales o con las políticas de privatización, se asociaron para la explotación minera y formaron cooperativas en condiciones paupérrimas, de supervivencia. En Bolivia, hay 400 mil de esas cooperativas. Esto significa el reconocimiento a un sector que fue muy importante en las movilizaciones sociales y políticas que llevaron a Evo Morales al poder. En cambio, la comunitaria es más rural y campesina. Es una economía basada en la reciprocidad, en la circulación de ayuda comunitaria para la producción agrícola más que en la producción dirigida al mercado, y tiene fuertes rasgos culturales tradicionales.


–¿Cuáles son esos rasgos?


–La producción comunitaria está ligada a una forma de organización del poder interno con rotación, la toma de decisiones se da mediante asamblea. Eso que siempre fue parte de la economía boliviana ahora está formalizado. El tema es que con esta revolución democrática todo ese mundo indígena ahora pasa a formar parte del orden constitucional del país, en términos reales y legales. El problema lingüístico se expresa en el reconocimiento de más de tres decenas de lenguas nativas que ahora son idiomas oficiales, junto con el español. No solamente el quechua y el aymara, que corresponden a los grandes conglomerados indígenas, sino también otras treinta lenguas de tierras bajas. El pluralismo cultural supone un reconocimiento de las culturas originarias en todas sus facetas, de manera que se pueda expresar la bandera indígena tanto en tierras bajas como en las que no lo son, que está incorporada como símbolo oficial.


–¿Y el pluralismo político en qué se expresa, concretamente?

–El pluralismo político tiene una expresión particular. A diferencia de Ecuador y Venezuela, que han incorporado en sus constituciones a instituciones de la democracia representativa para ampliar la democracia participativa, en Bolivia, además de incorporar esas formas de democracia participativa –como el referéndum– se ha incorporado también la asamblea, el cabildo y la consulta previa.

–¿Qué características tienen esas instituciones? ¿En qué se diferencian de la democracia participativa?


–Además de la democracia representativa y participativa, también se reconoce la democracia comunitaria. A esa combinación de las tres la denominamos "modelo de democracia intercultural". En tanto que modelo de democracia, el correlato del Estado plurinacional es la democracia intercultural. Consiste en que el cinco por ciento de los diputados es indígena. De hecho, la discusión es si ello debería incrementarse a quince o a treinta y seis.


–¿Quiénes están dando esa discusión?


–Los indígenas. Se ha hecho el nuevo censo de población y vivienda el año pasado y sobre ese mapa demográfico se va a discutir esa proporción. Es un tema de decisiones políticas. El punto es que tú tienes un porcentaje de diputados que son elegidos por su pertenencia identitaria. Punto. Lo importante es que se hace eso sin provocar una situación de dualismo representativo. Bolivia tiene el Parlamento bicameral, en diputados tenemos este porcentaje de indígenas, hay nueve gobiernos departamentales, en las asambleas departamentales hay cuotas étnicas que pueden ser de cinco, diez o quince por ciento. En algunos casos, elegidos por usos y costumbres. Tú tienes representación vía identidad étnica en el Parlamento, en Diputados y en las Asambleas departamentales. En todo. A nivel municipal, se da desde mucho antes, desde 1995. Además, hay tres niveles de gobierno subnacional: el departamento, el municipio y la autonomía indígena. De los 367 municipios, en quince se votó en referéndum su transformación en autonomía indígena: ganaron 11.

–¿Dónde reside la dimensión nacionalista en este nuevo esquema de la democracia boliviana?

–Está en este retorno del Estado como protagonista, que se nutre de una experiencia nacionalista que viene de la revolución de los años '50. En Bolivia, la ideología más poderosa es el nacionalismo revolucionario surgido de la revolución de 1952. Es tan poderosa que de allí nació el campesinado y el sindicalismo campesino, donde se inserta Evo Morales. En esta figura de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, tú tienes la combinación de tres movimientos.


–¿Cuáles?


–El movimiento indígena de tierras altas del Altiplano, relacionado con el imperio incaico y el tiahuanacota. Los indígenas de tierras bajas, los de la Amazonia que son nómadas, cazadores y recolectores en su gran mayoría, se llaman a sí mismos "pueblos indígenas". Son campesinos propietarios privados con acceso a la tierra desde el '52, cuando tuvo lugar la revolución agraria. Una vez que se empieza a implementar la Constitución política, que reconoce derechos colectivos, empiezan a aparecer las tensiones, las contradicciones

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–En el marco de esta ampliación de la democracia en Bolivia, producto de reivindicaciones sociales que consolidaron el triunfo de Evo Morales, ¿cómo ve hoy la relación entre Evo y esos sectores?


–En el caso "Tipnis" (la marcha indígena contra la construcción de una carretera) aparece una contradicción entre un objetivo estatal de integración territorial –y, por tanto, de ejercicio de soberanía estatal– y un derecho colectivo de los pueblos indígenas que dicen: "respeten nuestro territorio". O ¿quién decide sobre el uso del territorio? Ahí el MAS opta por la vertiente nacionalista: privilegia lo estatal respecto del derecho colectivo indígena.

–¿Por qué?


–Por una cuestión muy simple: en ese proyecto político prevalece una lógica de construcción estatal. En Bolivia tienes el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas, que incluye el autogobierno, y derechos que se ejercen territorialmente. Con el siguiente panorama: la mayoría de la población es campesina indígena, con casi dos tercios del territorio bajo demanda de conversión en territorio indígena, dado que un tercio de los municipios tiene mayoría indígena y, además, las tierras comunitarias de origen donde son privilegiados los indígenas. Si haces prevalecer esos derechos colectivos sobre sus territorios, estaríamos en una situación de soberanía estatal que no tendría potestad ni autoridad sobre dos tercios del territorio boliviano. Entonces, prevalece la razón de Estado, la idea de nación. Allí es donde se producen estas contradicciones. El movimiento indígena promueve la Asamblea Constituyente, un nuevo orden constitucional, logra que se reconozcan los derechos colectivos, amplía la ciudadanía con sistemas de derechos, están en el centro de todo el ordenamiento jurídico boliviano. Sin embargo, entran en contradicción. Una tendencia común a cualquier Estado que busca la unificación.


–En su libro Dilemas, usted habla de los "dilemas" que enfrenta hoy el gobierno de Evo. ¿Podría nombrar los más importantes?


–El dilema general que cruza el discurso político del MAS se relaciona con la orientación del propio proceso de construcción del modelo estatal, se da entre nacionalismo e indigenismo. Cuánto de nacionalismo –es decir, cuánto de Estado– y cuánto de indigenismo –de la vigencia de los derechos colectivos–, que ha sido parte medular de la nueva Constitución y son la razón de ser del Estado. Esto tiene varias consecuencias.

–¿Como cuáles?


–Por empezar, sobre la organización vertical del Estado, toda vez que la Constitución reconoce un Estado descentralizado políticamente a través de gobiernos subnacionales que tienen autonomía y asambleas legislativas de la misma categoría. El Estado boliviano reconoce autonomía departamental, autonomía municipal, autonomía regional y autonomía indígena. El dilema reside en que el diseño de descentralización para la gestión está concentrado.


–¿En qué sentido?


–En el sentido de que refuerza el centralismo gubernamental, porque el MAS concentra el poder político e impide que se vaya implementando el régimen de autonomías más rápidamente. El presidente Evo Morales ha definido una estrategia del modelo de desarrollo que es muy sugerente: la Agenda Patriótica del Bicentenario plantea trece metas de desarrollo. Las tres primeras son las más importantes, porque se relacionan con rezagos históricos y estructurales de la sociedad boliviana: eliminación de la pobreza absoluta, acceso universal a servicios básicos y seguridad alimentaria. Allí hay un dilema para el proyecto, porque un sector del gobierno ha propiciado un discurso muy centrado en la descolonización, asumiendo que las distintas formas de Estado antes del 2009 correspondían al Estado colonial. Sobre ello, el discurso del MAS en la Asamblea Constituyente se basó en la idea de una refundación de Bolivia. Cuando Evo Morales dice "Agenda Patriótica del Bicentenario 2025", está afirmando la necesidad de una mirada de continuidad histórica, es decir, se pone una meta que se cumpliría en 2025 para recordar el nacimiento de la república. Eso significa una modificación en la visión respecto del intento de revisión histórica que negaba el pasado como negativo, como manifestación del colonialismo interno.


–¿Por qué se da este cambio idiosincrático?


–Porque se aferra cada vez más al nacionalismo revolucionario para definir la reorientación del modelo estatal. El nacionalismo revolucionario implica no solamente una visión del Estado o un tipo de interpelación al pueblo, sino además una interpretación del proceso histórico. Entonces se recupera una idea basada en la dicotomía Nación y anti-nación.


–Cuando mencionó la Agenda Patriótica, usted aludió a una revisión histórica.


–Claro, al definirla como prioridad de su gestión y poner como horizonte el 2025, está recuperando la idea de continuidad histórica que antes no tenía. Para cumplir esas metas, el MAS debe propiciar el fortalecimiento de las autonomías, sobre todo las departamentales, que tienen las atribuciones y están habilitadas para cumplir esas tareas. El gobierno central no puede hacer esas tareas. Es una idea centralista que debe convivir con una agenda patriótica que exige fortalecimiento de la descentralización política. Ese nivel subnacional departamental es donde el MAS tiene menor fuerza; en algunas regiones ha perdido las elecciones. Allí observo otro dilema, ya que propiciaría espacios favorables a la oposición, lo que tendría una consecuencia en el proceso político boliviano.


–¿Cuál cree que es la concepción de pluralismo que tiene el MAS?


–Para el MAS, el pluralismo que reconoce la Constitución se da en términos de manifestación de la diversidad étnico-cultural. La Constitución reconoce pluralismo jurídico, económico, lingüístico, cultural y político. Los cuatro primeros están clarísimos, además se traduce en instituciones. En cuanto al pluralismo político, ellos consideran que se expresa en lo que se denomina "democracia intercultural": la convivencia de instituciones de la democracia representativa, de la democracia participativa y de la democracia comunitaria. En Bolivia hay una tensión entre el grado de ampliación de la democracia con concentración de poder.


–¿En qué se traduce esa tensión?


–Buena parte del derrumbe de los sistemas de partidos en Bolivia, Venezuela y Ecuador tuvo que ver con la pérdida de legitimidad. Vinieron nuevos liderazgos. En Bolivia se trató de un nuevo liderazgo y nueva fuerza política, con la incorporación de nuevos actores y nuevas demandas en la política. Hay una profunda renovación que amplía la legitimidad. Eso va acompañado por una concentración del voto que permite que el proceso decisional esté en manos del MAS. En esta fase de la construcción del Estado plurinacional estamos bajo esa figura: el MAS controla las dos cámaras, tiene el control en siete de nueve gobernaciones y el 85 por ciento de los municipios.


–En el marco de esta concentración del poder, usted mencionó cambios en las pautas de participación, una ampliación de la participación de, por caso, las mujeres.


–Se concentra el poder en el MAS, que es el partido hegemónico. Ahora, dentro del MAS como partido de gobierno hay una renovación de las elites políticas en Bolivia, donde sobresale la presencia del campesinado indígena y las mujeres, muy claramente. En los dos casos, hay reglas que promueven e incentivan eso. En el caso de las mujeres, se ha pasado de la igualdad a la equidad de oportunidades. Actualmente, hay mujeres que son presidentas de las cámaras de Diputados y Senadores, se ha llegado a tener la mitad de ministras mujeres, algunas de ellas, también campesinas e indígenas. La presencia campesina es muy evidente en las esferas gubernamentales y en los espacios de representación. Esos son los actores que más visiblemente han ingresado en la política y, además, lo hicieron como actores decisivos.


–¿Con qué instrumentos cuenta hoy el Estado para regular el mercado, otra dimensión también en tensión?


–La capacidad regulatoria del Estado es muy débil. Lo que tiene, sin embargo, es un manejo adecuado de la estabilidad macroeconómica, relacionado con la generación de excedente económico por la exportación de hidrocarburos y minerales. Eso sostiene la economía boliviana y le da al gobierno de Evo Morales la capacidad de disponer de recursos para ejecutar políticas redistributivas. Hay problemas con la atracción de mayor inversión, no tanto por la política, como era antes, sino por la propia debilidad y falencias del Estado boliviano. En algunos casos le fue imposible regular el mercado. Un ejemplo ilustrativo fue el intento de elevar el precio de la gasolina, en diciembre de 2010. Ese intento de regular el mercado para eliminar una subvención derivó en una protesta popular que incluyó a los aliados del gobierno. Por lo tanto, esa medida no fue posible hasta la fecha. Además del gasolinazo, se dio el movimiento indígena con la famosa carretera del Tipnis, ocurrió con el sector de salud ante la pretensión del gobierno de ampliar la labor de los médicos de 6 a 8 horas. Todos esos episodios implicaron la apertura de espacios de negociación o búsqueda de soluciones de otra índole.

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Lunes, 10 Febrero 2014 06:10

¿Qué pasó?

En las calles de Harlem, afroestadunidenses, latinos y anglos bailaban; en Chicago un espléndido mosaico masivo de gente escuchaba palabras que provocaban lágrimas de alegría, y jóvenes, muchos por primera vez, pensaban que veían el alba de algo nuevo que permitía recuperar la esperanza, mientras por todo el país, de hecho por todo el mundo, se hablaba de un cambio histórico largamente esperado en la nación más poderosa del planeta. Todo porque Barack Obama había ganado la elección presidencial con la consigna de cambio real y el lema sí se puede.
Cinco años después nadie baila, llora o habla de un momento histórico, y muchos de los que estallaron en júbilo hace tan pocos años más bien lamentan que no se pudo. ¿Qué pasó?


Parte de la respuesta es que la lista de las promesas y expectativas no cumplidas es cada vez más larga.


Aunque la invasión de Irak se llevó a su conclusión, la guerra más larga en la historia del país, en Afganistán, continúa. Guantánamo sigue operando. Se amplía la presencia militar estadunidense en Asia, se multiplica el uso de nuevas tecnologías y tácticas militares, incluidos los asesinatos en otros países por medio de drones, y el presupuesto militar sigue en niveles estratosféricos.


La impunidad por crímenes de guerra así como por el mayor fraude financiero de la historia, sigue imperando. Nadie acusado de tortura, o de haberla ordenado, ha sido sujeto a proceso judicial. Ningún alto ejecutivo de los bancos más grandes está en la cárcel por el fraude financiero que detonó la peor crisis económica desde la gran depresión.


La promesa de una reforma inmigrante no se ha cumplido, mientras el gobierno de Obama marca récord de deportaciones: casi 2 millones en 5 años.


Obama, quien prometió el gobierno más abierto y transparente, es percibido por muchos defensores de derechos humanos y libertades civiles como líder de un régimen que ha ampliado las operaciones secretas y ha acusado con base en la Ley de Espionaje a más del doble de funcionarios (entre ellos Chelsea Manning y Edward Snowden) que todos sus antecesores desde 1917. Periodistas (incluido el Comité para la Protección de Periodistas) consideran a su gobierno como uno de los más hostiles contra la prensa en asuntos de seguridad nacional.


La lista de la desilusión continúa con organizaciones ambientalistas por su tibio esfuerzo en torno a la crisis del cambio climático; por millones de maestros y padres de familia que al apoyar a Obama no pensaban que votaban a favor de continuar con las políticas de la llamada reforma de educación de modelo empresarial implementadas por Bush; víctimas de la violencia incesante con armas de fuego, y sus familiares, aún no entienden cómo no ha logrado imponer mayores controles en el país más armado del mundo; opositores a las políticas de libre comercio (sindicatos, ambientalistas, organizaciones de protección del consumidor, granjeros y más), ante la promoción de más de lo mismo por esta Casa Blanca, y muchos suponían que habría una reforma penal en el país con más encarcelados del planeta (y la muy documentada disparidad racial en ese sistema), así como un cambio ante el fracaso de la guerra contra las drogas de los últimos 40 años.
La Casa Blanca y defensores de Obama subrayan que no es por falta de voluntad que no se haya logrado mucho

más, y señalan un Congreso dividido, donde los republicanos se dedican a derrotar casi toda iniciativa del presidente. Otros indican que la cultura política de Washington también logró imponerse sobre las buenas intenciones del presidente para estancar o limitar cualquier cambio a fondo. A la vez, resaltan que la reforma de salud –logro máximo del presidente– es uno de los avances de política social más ambiciosos en tiempos recientes; sin embargo, el propio Obama no ha logrado convencer de eso a la opinión pública hasta ahora.


La sabiduría convencional, como le dicen, es que 2014 es el último año que le queda al presidente para definir su legado, ya que a partir del próximo año se empezará a debilitar día con día al aproximarse al fin de su mandato y el arranque del ciclo electoral presidencial de 2016.
Aparentemente Obama ha decidido enfocar el fin de su mandato sobre la creciente desigualdad económica (sin precedente desde antes de la gran depresión), a la que llama el tema definitorio de nuestros tiempos, como su gran tema para concluir su mandato. Esto en medio de las ganancias empresariales más altas desde la Segunda Guerra Mundial, la mayor concentración de riqueza en el 1 por ciento más rico y una dramática brecha entre ellos y todos los demás, tendencias que se han acelerado durante la presidencia de Obama.


En su extenso perfil del presidente, David Remnick, el director de The New Yorker, reporta que en una de las cenas anuales con historiadores estadunidenses a las que convoca Obama en la Casa Blanca, solicitó al grupo que lo ayudara a buscar el vocabulario para abordar el problema de la creciente desigualdad económica sin ser acusado de promover la guerra de clases.


El economista Paul Krugman, en su columna en el New York Times, recordó recientemente que Franklin Delano Roosevelt, en un famoso discurso en 1936, habló del odio que enfrentaba por parte de las fuerzas del dinero organizado y cómo esa clase lo denunciaba. Respondió: le doy la bienvenida a su odio.


Krugman comenta que desafortunadamente Obama no ha hecho nada cercano a lo de Roosevelt para ganarse el odio de los no merecedores ricos. Aunque señala que sí ha logrado más de lo que algunos de sus críticos progresistas le conceden, aconseja que Obama y los progresistas deberían, en general, darle la bienvenida a ese odio porque es una señal de que están haciendo algo bien.
Tal vez si Obama dejara de preocuparse por las acusaciones de los ricos y defensores de más de lo mismo, y decidiera atreverse a dar la bienvenida al odio de aquellos que se oponen a mayor igualdad, menos guerras, a los derechos de los inmigrantes, el futuro ecológico del planeta y más, la gente tal vez bailaría de nuevo en las calles al final de su mandato.

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Viernes, 07 Febrero 2014 06:25

La militarización democrática

La militarización democrática

El reciente informe de Oxfam Gobernar para las élites muestra con datos fehacientes lo que venimos sintiendo: que la democracia fue secuestrada por el uno por ciento para ensanchar y sostener la desigualdad. Confirma que la tendencia más importante que vive el mundo en este periodo de creciente caos es hacia la concentración de poder y, por tanto, de riqueza.


El informe señala que casi la mitad de la riqueza mundial está en manos de uno por ciento de la población, que se ha beneficiado de casi la totalidad del crecimiento económico posterior a la crisis. Acierta Oxfam al vincular el crecimiento de la desigualdad a la apropiación de los procesos democráticos por parte de las élites económicas. Acierta también al advertir que la concentración de la riqueza erosiona la gobernabilidad, destruye la cohesión social y aumenta el riesgo de ruptura social.


Lo que no dice Oxfam es que la concentración de riqueza va de la mano con la militarización de las sociedades. Para defender la gigantesca concentración de riqueza, los de arriba se están blindando, militarizando cada rincón del planeta. Una de las recomendaciones dirigida a los miembros del Foro Económico de Davos suena demasiado ingenua: No utilizar su riqueza económica para obtener favores políticos que supongan un menoscabo de la voluntad de sus conciudadanos.


Vivimos en sociedades cada vez más controladas y militarizadas, ya sea en el norte o en el sur, bajo gobiernos conservadores o progresistas. Estamos ante una tendencia global que no puede ser revertida, en el mediano plazo, en los escenarios locales. Oxfam asegura que la desigualdad ha disminuido en América Latina en la última década. Ciertamente. Pero se trata de la región más desigual del mundo y se compara con la década de 1990, cuando la desigualdad llegó a un pico tan elevado que provocó estallidos sociales y levantamientos populares.

Entre los países donde la desigualdad ha disminuido destacan Brasil, México, Argentina y Colombia. En todos los casos la reducción se debe a razones similares (fiscalidad progresiva, servicios públicos y políticas sociales). Quiero destacar que existen tendencias de fondo, más allá de qué corrientes políticas ocupen el gobierno. Algo similar puede decirse de Europa: la crisis la pagan los trabajadores, tanto bajo gobiernos de derecha como de izquierda.


Me interesa destacar la tendencia a la militarización. El secuestro de los derechos. La criminalización de la protesta. Los de abajo vivimos en un estado de excepción permanente, siguiendo la máxima de Walter Benjamin. La militarización no es ni transitoria ni accidental, no depende de la calidad de los gobiernos ni de su discurso ni de su signo ideológico. Se trata de algo intrínseco al sistema, que ya no puede funcionar sin criminalizar la resistencia popular.


El Ministerio de Defensa de Brasil acaba de difundir (parcialmente por cierto) el Manual de garantía de la ley y el orden (GLO), en el que se define la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad interna (http://www.defesa.gov.br/arquivos/File/doutrinamilitar/listadepublicacoesEMD/md33_m_10_glo_1_ed2013.pdf). El GLO tuvo dos versiones: la primera, de diciembre de 2013, fue pulida en la publicada a finales de enero y se quitaron (o se enviaron a las páginas en blanco) los aspectos más chocantes. Por ejemplo, que las fuerzas armadas van a intervenir para restaurar el orden contra fuerzas oponentes.


Cuando el manual define cuáles son esas fuerzas, puede leerse: movimientos u organizaciones; personas, grupos de personas u organizaciones actuando de forma autónoma o infiltrados en movimientos. Cuando detalla las principales amenazas, se dice: bloqueo de vías públicas; disturbios urbanos; invasión de propiedades e instalaciones rurales o urbanas, públicas o privadas; paralización de actividades productivas; sabotaje en los locales de grandes eventos. En suma, buena parte del repertorio de acción de los movimientos sociales.


Es un buen ejemplo de militarización y de criminalización de la protesta. En rigor, el GLO es la actualización de un conjunto de normativas que figuran en la Constitución y se han ido reglamentando desde la década de 1990. Lo sintomático es que se actualiza luego de las masivas manifestaciones de junio cuando se celebraba la Copa FIFA Confederaciones, y cuando una parte del movimiento popular anuncia nuevas acciones durante la próxima Copa Mundial de Futbol. Por eso se considera como sabotaje cualquier movilización durante grandes eventos. Esa es la disposición de ánimo de un gobierno como el de Dilma Rousseff, que pasa por ser más democrático que los de México y Colombia, por ejemplo.


El problema no es que el gobierno de Brasil haya cambiado, sino que el Estado siente la necesidad de responder al desafío de la calle y lo hace como cualquier Estado que se aprecie: garantizado el orden a costa de los derechos. De lo que se trata en este caso es de asegurar que una de la más corruptas multinacionales, la FIFA, pueda celebrar su actividad más lucrativa sin ser molestada por acciones colectivas de protesta. Insisto: es apenas un ejemplo, no quiero focalizar en Brasil.


Ante la escalada de militarización que atraviesa el mundo, los de abajo organizados en movimientos estamos lejos de tener algún tipo de respuesta. Más aún: nuestras estrategias, nacidas en periodos de normalidad, están mostrando límites en momentos de crisis y caos sistémicos. En primer lugar, necesitamos ser conscientes de esos límites. En segundo, debemos aprender a defendernos.


Como señala el historiador chileno Gabriel Salazar: El poder popular es la única forma de tener una verdadera democracia. Un pueblo que tiene derechos pero no tiene poder no es nada. El derecho no vale sin poder. Los sistemas comunitarios de defensa nos enseñan algo sobre la construcción de poder entre los de abajo. El movimiento obrero tuvo una vasta experiencia, hasta el ascenso del nazismo, sobre formas de autodefensa. Puede ser el momento de refrescarlas

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