"Los gobiernos progresistas han generado sociedades más demandantes"

Enclavado en medio de dos gigantes, Uruguay es percibido como un territorio atado a la suerte de Argentina y Brasil. En estas líneas, Caetano subraya los retos estratégicos de Uruguay a largo plazo, el presente de su sistema político y las difíciles relaciones con sus socios del Mercosur.


–¿Qué diferencias hay entre José Mujica y Tabaré Vázquez?


–En primer lugar, son dos figuras que manejan el centro presidencial de manera antagónica. Vázquez es un planificador, Mujica entiende la política como un ensayo y error. Vázquez es más cauteloso, Mujica mucho más audaz. Vázquez tiene un perfil de mayor moderación. Mujica también es un pragmático neto, pero Vázquez tiene una mayor capacidad de ejecución. A Mujica no le gusta ejecutar, no le gusta mandar. Vázquez tiene una vocación presidencial y Mujica, en realidad, llenó el lugar presidencial de política, porque le gusta hacer política. A Vázquez no. Pero lo que marca la diferencia es que el país, el mundo y el Frente Amplio son muy distintos en relación a 2005, cuando Vázquez asumió su primer gobierno. El Frente Amplio gobernó diez años con bonanza, como casi toda Sudamérica. Estamos en el decimotercer año de crecimiento económico ininterrumpido, pero hasta 2014 con un promedio cercano al seis por ciento. Ahora empieza una desaceleración que tiene que ver con el contexto internacional, y las previsiones son de entre un 2,5 y un 2,8, de acuerdo a la Cepal. Entonces el Frente Amplio debe demostrar que tiene el libreto para épocas que no son de abundancia. Este segundo gobierno de Vázquez comienza a desplegarse. Pero las señales que ha dado son contradictorias. Las pautas salariales para el sector privado fueron muy rechazadas por el movimiento sindical, que le ha hecho un paro muy importante. Las pautas salariales para el sector público han sido mucho más aceptables. Uno advierte que este gobierno no se ha instalado, que conviven dos enfoques. Uno cauteloso, liderado por el equipo económico, que busca una adaptación al nuevo contexto de desaceleración, y otro más neodesarrollista, que intenta responder a esa desaceleración con la profundización de algunas reformas. Pero Vázquez cuenta con un libreto, que estuvo presente durante la campaña y que es exigente. El incremento del presupuesto educativo de un 4,5 a un 6 por ciento es un salto importante, aun cuando la transformación educativa va más allá de la inversión. Se ha anunciado un mega plan de inversiones públicas con fuerte orientación a la infraestructura superior a los 12 mil millones de dólares, que representa un quinto del PBI del Uruguay. Hay un planteo de aumentar la inversión en ciencia y tecnología al uno por ciento del producto, con el objetivo de cambiar la matriz productiva. Hay libreto, el tema es ver cómo se financia y cómo se orienta la perspectiva.

–Uruguay viene sosteniendo que se ve perjudicado dentro del Mercosur. Incluso Tabaré Vázquez coqueteó con la idea de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Por qué piensa que el Mercosur está fallando para Uruguay?


–El Mercosur tuvo una etapa comercialista en donde creció en comercio e inversiones en los 90. Pero con la crisis de la convertibilidad no tenía muchas posibilidades de dar respuestas a esa crisis. Parecía atisbarse otro Mercosur, más integral, que discutiera otros temas además del comercio, como el financiamiento intrazona, políticas públicas regionales, complementación productiva. Esto está en los grandes planes de 2013, en el Acta de Copacabana y en el Acta de Buenos Aires. En el Plan 2004-2006 de la Cumbre de Asunción de 2003. Lo cierto es que los gobiernos progresistas no consolidaron ese otro Mercosur. Y más aún, profundizaron su nivel de incumplimiento. Para el Uruguay eso es particularmente perjudicial, porque necesita ampliar mercados. No tiene estrategia mercado internista. Uruguay necesita que el Mercosur sea un bloque que pelee espacios en un contexto internacional complejo.


–¿Qué debería cambiar entonces?


–La agenda del Mercosur es paupérrima. Ha sabido decir que no cuando era necesario. Le dijo no al ALCA y fue muy importante. Pero no pudo construir una alternativa en términos de expansión comercial. En un mundo de mega concertaciones comerciales, donde Estados Unidos impulsa un acuerdo transpacífico y transatlántico, y China hace lo suyo en el sudeste asiático, tiene el peligro de quedar aislado. En ese sentido, Uruguay y Paraguay necesitan un Mercosur mucho más dinámico. El problema es que Argentina y Brasil tienen políticas muy proteccionistas, y han mantenido una dinámica del mercado interno y del mercado regional con preferencias arancelarias que Uruguay no puede tener. Entonces reclama más vigor. Ahora Brasil se suma a ese reclamo, porque la era de las commodities se ha acabado. La iniciativa norteamericana de un TLC con Uruguay en 2006 tenía como único objetivo poner una cuña en el Mercosur. En términos comerciales, Uruguay no es nada para Estados Unidos. Sin embargo, aquello parecía la tormenta perfecta, porque Uruguay tenía el contencioso con Argentina, que no eran solamente las pasteras. Eran los puertos, las políticas cambiarias, el turismo, el dragado de los ríos.


–¿Cómo ve la relación entre Argentina y Uruguay, que se muestra muchas veces como de amor-odio?

–Durante el período de Mujica se dio una situación rara. Mujica ha sido el presidente más filoargentino de la historia del país. Entre otras cosas porque la filosofía histórica que genuinamente tiene construye una historia rioplatense. Esa idea de una nación y dos estados. Cuando Mujica dice que Argentina y Uruguay no son hermanos, sino gemelos que nacieron de la misma placenta, dice de manera muy gráfica su visión de la historia del Río de la Plata. Esa visión no es mayoritaria en el Uruguay. Argentina, y sobre todo Buenos Aires, es el Otro del Uruguay. Eso no le daba votos a Mujica, y sin embargo apostó todos los boletos a construir una relación privilegiada con Argentina. La verdad es que no encontró el eco que esperaba. Cuesta no ver una responsabilidad importante en el gobierno argentino, cuando del otro lado tuvo un interlocutor como Mujica, obsesionado por reconstruir el vínculo entre los dos países. Ahora es más difícil, porque Vázquez tiene otra visión. Perdimos una gran oportunidad. Pero insisto en que más allá de los vínculos de amorodio, Argentina y Uruguay tienen muchos vínculos virtuosos como para estar condenados al enfrentamiento. Uruguay y Argentina son mucho más que sus gobiernos.


–¿Y cómo evalúa la relación entre Uruguay y su otro gran socio, Brasil?


–Lo de Brasil es lo más preocupante en estos momentos en América latina. Aunque suene descabellado, hay una hipótesis golpista. La democracia está en peligro. No creo que prospere, pero el hecho de que estemos hablado de un movimiento pro impeachment contra Dilma Rousseff, de una corrupción generalizada que afecta al gobierno y al PT, es muy grave. Porque la región ya tiene focos de crisis política que erosionan la solidez de las democracias. Pero Brasil es el país más importante de América latina. Allí una desestabilización, más allá de la caída del PT, sería un golpe mortal para los gobiernos progresistas de la región. La corrupción no es de derecha ni de izquierda. Pero el impacto de un hecho de corrupción en un gobierno de derecha es una cosa, y en un gobierno de izquierda es otra. Para la izquierda es algo devastador, porque pierde toda legitimidad. A esto se suma una crisis económica importante. En el corto plazo implica una recesión muy fuerte para este año. Los gobiernos progresistas han generado sociedades más demandantes. Ahí está su éxito, pero también representa un compromiso.


–Usted ha escrito sobre la partidocracia y su papel en la construcción del Estado uruguayo. ¿Cree que luego de diez años de gobiernos del Frente Amplio los partidos tradicionales están algo desorientados?


–A nivel internacional, el concepto de partidocracia no tiene buena prensa, aunque en realidad es la idea de un sistema político en el que los partidos serían los actores centrales. Creo que ese ha sido y sigue siendo, en buena medida, una de las virtudes de la democracia uruguaya. Esto es, que los partidos sean fuertes, que no se fragmenten y que tengan solidez. De todas maneras, no cabe duda alguna de que hay uno de esos partidos tradicionales que hoy está siendo muy desafiado, que es el Partido Colorado, históricamente un partido de gobierno en el Uruguay. Después de la crisis de 2002 ha caído en un pozo político y electoral muy hondo del cual no está pudiendo salir. En la elección del 2004 sacó un diez por ciento, en la de 2009 un 17 por ciento y en la del año pasado un 13 por ciento. Para un partido cuya peor performance histórica había sido del 30 por ciento, y que tenía vocación de gobierno, es una situación muy grave. El Partido Nacional (Blanco) ha estado entre guarismos muy bajos de 22 por ciento, pero por lo general está en un 30 o más, mientras que el Frente Amplio está entre un 48 y un 50. El desafío de supervivencia lo tiene el Partido Colorado.

–Hace unos años, usted afirmó que el Frente Amplio había hecho una "renovación política sin renovación ideológica". ¿A qué se refería?

–Esto tiene que ver en buena medida con el desafío de las izquierdas y de los progresismos en América latina. Las izquierdas no han tenido renovación ideológica. Aquello que decía Marco Aurélio Garcia: antes teníamos muchas ideas y pocos votos y ahora tenemos muchos votos y pocas ideas. El pragmatismo es una parte de la renovación ideológica, pero no es todo. Por ejemplo, Uruguay se encuentra ante desafíos importantes, como la revolución en el sector agropecuario, con un incremento muy vigoroso en la tasa de inversión. Pero la tasa de inversión ha crecido básicamente por la inversión extranjera directa. Y la revolución productiva en el sector agropecuario requiere de una diversificación de la matriz productiva. Si se quiere dar un salto en el desarrollo, la intensificación productiva sustentable no basta. Para esa cuestión el Frente Amplio todavía no avizora grandes cosas. Y lo que necesita es financiar la continuidad de la era progresista. Pero por otro lado se ha autocercenado la posibilidad de discutir impuestos. Hay un reforma fiscal importante que ha dejado al gran capital por fuera, entre otras cosas porque el país necesita inversión extranjera. Pero eso supone demandas importantes.


–También podría pensarse que las demandas de la sociedad son más fuertes.


–Hay una sociedad que se ha vuelto mucho más demandante, y ese es uno de los éxitos del Frente Amplio. Cuando llegó al gobierno en 2005, el movimiento sindical tenía 100 mil trabajadores afiliados. Hoy tiene 400 mil. Hay una vieja dialéctica en el Uruguay, que es impulso y freno. Y un movimiento transformador que se detiene a mitad de la jornada termina anquilosándose. Esta falta de renovación ideológica tiene que ver también con debates como el del nuevo modelo de inserción internacional, sobre todo con la participación de Uruguay en el TISA, que es la negociación plurilateral impulsada por Estados Unidos y la Unión Europea para definir reglas en términos de servicios. Ahí hay un debate muy fuerte, sobre todo dentro del Frente Amplio. Hay además un debate respecto a temas cruciales como la intensificación de la producción con cuidado medioambiental. El tema de la megaminería durante el gobierno de Mujica fue crucial y este gobierno dejó afuera ese proyecto. Pero a la demanda de renovación ideológica se le suma una demanda ineludible: la tríada de liderazgo que orientó al Frente Amplio para este crecimiento electoral y para el ejercicio del gobierno está viviendo su último partido. Mujica tiene 80 años y Vázquez y Danilo Astori tienen 75.


–Pero hay toda una nueva generación de dirigentes dentro del Frente, como Constanza Moreira, Mónica Xavier, Sendic hijo y Daniel Martínez, muchos de los cuales ocupan cargos importantes.


–Liderar el Frente Amplio no es una tarea fácil. Son nombres que están lejos de concitar los apoyos necesarios como para liderar una fuerza política que es tan extraña. Nació como una coalición y un movimiento en el 71, se ha convertido en un partido de coalición, tiene tensiones importantes y hasta ahora las ha administrado bastante bien. Pero las ha administrado con liderazgos fuertes. ¿Quién sustituye a Mujica en términos de la construcción política permanente, en la captación electoral? ¿Quién sustituye a Vázquez en el ejercicio del gobierno, en esa capacidad de decisión? ¿Quién sustituye a Astori en ese rol complicado y poco amable de marcar los equilibrios en términos de una política macroeconómica sólida? No es sencillo y falta poco tiempo. Las próximas elecciones son en 2019, y hay por delante un gobierno en donde el Frente tiene que demostrar que puede gobernar en un ciclo económico no tan favorable.


–En su último libro, La provocación del futuro. Retos del desarrollo en el Uruguay de hoy, habla de "reforma permanente" y del espíritu de transformación. ¿Cuáles son los cambios estructurales que debe atender Uruguay en el presente?


–El Uruguay ha tenido una década muy buena. El último informe del Banco Mundial pone al Uruguay entre los países de renta alta. Ha bajado la pobreza de un 40 por ciento en 2004 a un 9,7 por ciento el año pasado. Sin embargo, tiene retos estructurales que si no son enfrentados con éxito hará perder al país la capacidad de seguir avanzando desde la perspectiva del desarrollo. El primer reto es la transformación educativa con sentido igualitario. Es un país de escala pequeña, con 3,4 millones de habitantes, que siempre se quiso hijo de la educación. Pero la educación ya no es el instrumento de integración social que era, sino que por el contrario se ha vuelto un instrumento de desintegración. Los hijos de los ricos tienen rutas de incremento del conocimiento y de la formación muy buenas, y los hijos de los pobres tienen rutas contrarias. Ni los gobiernos anteriores a la izquierda ni la izquierda lo han logrado revertir. El segundo desafío es cambiar la matriz productiva. Uruguay sigue dependiendo de sus exportaciones del sector agropecuario en un porcentaje gigantesco. Tiene poca agregación de valor en términos de industrialización y complejos productivos y en términos de incorporación de ciencia y tecnología. Si eso no se consolida, Uruguay va a seguir dependiendo de las oscilaciones de los precios. Hace diez años no se plantaba prácticamente soja. Hoy hay océanos de soja en el territorio uruguayo. Hace diez años no teníamos un rodeo con trazabilidad. Hoy lo hay. Si no hay transformación en ese plano, es difícil imaginar que el Uruguay vaya a soportar ciclos económicos adversos sin generar impacto. Tercero: el modelo productivo rural ha estallado y existe una situación de infraestructura y de logística muy deteriorada. En cuarto lugar hay un reto en lo que tiene que ver con políticas sociales de nuevo tipo para profundizar la cohesión social. Ha bajado la pobreza pero tenemos todavía un sector importante de la población con vulnerabilidad importante.


–¿Dónde más observa esos problemas de inequidad?


–Uruguay es un país con perfil igualitario, pero tiene una injusticia de género terrible, que se ve en unos indicadores de violencia doméstica impresionantes. La participación política de la mujer en lugares clave de poder es muy baja. En el Congreso y en los sindicatos es bajísimo.

–El primer reto que enumera es la educación pública, un tema sobre el que usted tiene una postura muy crítica. ¿Piensa que la educación en Uruguay está en crisis?


–Es una crisis de largo aliento y multicausal ante la cual todos los partidos fracasaron. La educación en el Uruguay tiene una gran relevancia. Es un país pequeño que siempre ha apostado por desarrollar sus recursos humanos. Uruguay tiene los niveles de igualdad en la inclusión digital más altos de toda América latina. Sin embargo, la traducción de esa inclusión digital en términos de transformación educativa de los jóvenes no ha sido lograda. Y esto particularmente en la educación pública, porque si bien no hay grandes diferencias entre los desempeños en enseñanza privada y pública, a la privada van los hijos de los ricos y a la pública los hijos de los trabajadores en un porcentaje muy grande. Los barrios con niveles socioeconómicos más bajos tienen los desempeños educativos más bajos. Si se mejoran las condiciones económicas, se lleva a cabo una política redistributiva y se desarrollan nuevas oportunidades en base a una economía más sólida, pero no se transforman las capacidades de los ciudadanos, uno encuentra las dos rutas: los hijos de los ricos que ingresan tardíamente al mercado laboral, pero con mejores condiciones y mayor formación, y también tardíamente a los roles de la adultez, mientras los hijos de los pobres ingresan muy tempranamente, aunque en condiciones de extrema debilidad, en el mercado laboral y desertan rápido del sistema educativo. Esto genera reproducción de marginalidad y de pobreza. Políticas educativas de nuevo tipo y mayor presencia del Estado son los ejes de la transformación.


–¿Cuáles son los pros y los contras de ser un país pequeño?


–La escala siempre es relativa. En términos geográficos, no es tan claro que el Uruguay sea un país pequeño. Si estuviera en Europa no sería visto como un país pequeño. Pero está entre Argentina y Brasil, dos países gigantescos. Entonces, geográficamente, se autopercibe como un país pequeño. Pero sobre todo, el tema de la escala tiene que ver con la población. Uruguay tiene la misma población desde los años 60. Tiene, por lo menos, 600 mil uruguayos fuera de fronteras, una diáspora importante, con la cual tiene niveles de conectividad diversos, algunos virtuosos y otros no tanto. Ser un país pequeño da muchas posibilidades. Por ejemplo, permite ser lo que Uruguay ha sabido ser: una república experimental. En un país pequeño se pueden experimentar políticas públicas audaces, cosas que en países gigantescos cuestan todavía más. Se puede construir una cultura política que puede dar a funcionar por la escala. Hay muchas ventajas.

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Brasil, el peligro de un naufragio y Julieta Venegas

Para los que aprecian vivir en turbulencia permanente y dormir cada noche cercados por un mar de incertidumbres, Brasil es una especie de paraíso. Para quien aprecia ver sus pocas proyecciones positivas trituradas por la trayectoria cada vez más errática de un gobierno sin lastro ni rumbo, nada mejor que el Brasil de hoy. Para los que no aprecian ni una cosa ni otra, son tiempos duros de vivir en mi comarca de América.

 

Esta semana, por ejemplo, hubo un poco de todo, siempre en dirección al desastre. La olímpica desconfianza en la capacidad del gobierno llevó el dólar a valorizarse casi 10 por ciento frente al real. En los 12 meses pasados, esa valorización roza la casa de 50 por ciento. Es verdad que el dólar viene valorizándose frente a casi todas las demás monedas, pero un nocaut como el que se aplica a la brasileña es único.


También esta semana se supo que, en el mismo lapso, alrededor de un millón de puestos laborales fueron cerrados en Brasil. Así, parte muy significativa de la tan sonada nueva clase media surgida en los 11 años pasados, es decir, alrededor de 40 millones de brasileños que ascendieron de la clases D y E a la C, corren el grave riesgo de retroceder.


Hay una clara insatisfacción en las clases medias urbanas, una clara y muchas veces sórdida campaña de los medios hegemónicos de comunicación contra la presidenta Dilma Rousseff y su gobierno, un desaliento creciente en las bases sociales que siempre respaldaron al Partido de los Trabajadores y, por si fuera poco, hay, dentro del mismo PT una profunda decepción con la presidenta que eligió.


Y el gobierno no reacciona. No logra. No sabe cómo. Y, cuando lo intenta, resulta mal.


El PT está consciente de que está perdiendo su trinchera más valiosa: las calles. Las manifestaciones comandadas por la derecha y por la extrema derecha, especialmente en São Paulo, llevan mucho más gente a las calles que las convocadas por el PT.


El partido, que siempre contó con 25 por ciento de apoyo consolidado en la opinión pública (es una marca promedio histórica), en los 10 meses pasados vio bajar esa participación a 15 por ciento. Los partidos de oposición, sumados, tenían 10 por ciento de aprobación hace un año; ahora, tienen 11. Es decir, lo que el PT perdió se quedó en el aire, sin herederos, y mientras tanto, el gobierno sigue sin rumbo, y el PT no encuentra espacio para recuperarse.


Es verdad que Dilma Rousseff logró en la semana que termina una importante victoria en el Congreso: sus vetos a leyes aprobadas por los diputados; proyectos delirantes que costarían, a un presupuesto nacional ya absolutamente deshidratado, siderales 40 mil millones de dólares, fueron mantenidos tanto en la Cámara como en el Senado.


En un primer momento, se sintió la brisa de algún aliento. Una victoria en la Cámara de Diputados, comandada por un golpista significaría una barrera contra los movimientos que pretenden por la vía parlamentaria decretar la destitución de la mandataria.


A la vez, Dilma intentó llevar a cabo una reforma ministerial para satisfacer el hambre inmoral del PMDB, su principal aliado, y mantener cierta gobernabilidad. La victoria alcanzada en la manutención de los vetos indicaría ser este un buen camino.


Dulce, ingenua ilusión. El sistema político brasileño es mucho más burdo y tosco de lo que parece, y, una vez más, iniciativas que el gobierno considera fundamentales tropiezan en la realidad. En lugar de calmar sectores del PMDB y armar un centro de protección al acorralado gobierno, el intento de reforma tuvo que ser suspendido. La capacidad de chantaje del PMDB es demasiado grande para los ineptos estrategas de Dilma. Gracias a esa inepcia, ni el mismo Lula, con su todavía consistente capital político, logra ayudar, por más que actúe presionando al aliado desleal.


Lo más grave, sin embargo, se nota en dos otros frentes. Uno, el judicial. Las investigaciones llevadas a cabo por un tribunal de primera instancia controlado por un juez de provincia, muy mediático, adulado por los defensores del fuera Dilma, muerte al PT y cárcel para Lula, prosiguen en ritmo frenético.


Lo que se filtra a la prensa, atropellando cualquier noción básica de sigilo procesal, no hace más que minar, día a día, la imagen del PT y de sus principales dirigentes.


El otro frente es el mismo PT, donde crecen las voces que defienden, pura y llanamente, que el partido abandone a Dilma a su suerte, a menos que ella acepte dar un vuelco radical y volver a abrazar su programa electoral, honrando las promesas traicionadas. Que vuelva a gobernar para el pueblo, y no para el capital. Que vuelva a abrazar el proyecto que cambió la cara del país.


Considerando la persistente necedad demostraba hasta ahora por la presidenta, es más fácil que Julieta Venegas se pare bajo mi ventana y me dedique una serenata la próxima noche de luna llena.


Es decir, hoy mismo, porque en el Brasil actual las próximas noches de luna llena son imprevisibles.

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Sábado, 26 Septiembre 2015 13:14

"Vaca ladrona no olvida el portón"

La privatización de los bienes públicos de quienes habitamos Colombia fue iniciada con todo vigor durante los años noventa del siglo XX, en el gobierno de César Gaviria, el mismo que saludó al país con aquel eufemístico "Bienvenidos al futuro". La "modernización" de la economía fue el eslogan inmediato de los políticos, periodistas y académicos convencionales que se sumaron, casi en su mayoría y de forma automática, a los principios impuestos por los organismos multilaterales que hicieron del "mercado" el deus ex machina llamado a conducirnos a un mundo de ensueño. Sostenían, sin el menor asomo de sonrojo, que el "dejar hacer" de los padres del liberalismo diesochesco, envuelto en jerga seudotécnica, en muy poco tiempo nos haría parte del llamado primer mundo. Un cuarto de siglo después, las distancias con el centro capitalista se amplían y la reprimarización de la economía nos pone en una innegable situación de volatilidad nunca antes conocida.

 

Desde aquel cuatrenio, hasta el presente en que gobierna Juan Manuel Santos, han transcurrido veinticinco años y cinco presidentes, todos los cuales han desarrollado los mandatos del modelo económico, social y cultural bautizado como neoliberalismo. Con su plumas han firmado los decretos y leyes que permitieron la venta de empresas situadas en renglones estratégicos vitales para el bienestar de todos los connacionales, tales como: energía, telecomunicaciones, puertos, salud, educación; antes de ellos y para permitir el negocio privado, también fueron desmontados los ferrocarriles nacionales y la flota naviera del país.

 

Desde allí, gobierno a gobierno, vienen aprobando y operativizando las reformas que dieron paso a la legalización de la informalidad laboral –subcontratación o trabajo temporal– como política social, a la extensión del horario nocturno de trabajo sin valorarlo como horas extras, a la quiebra del campo al legalizar la importación desmedida de todo tipo de alimentos, al desmonte de subsidios que blindaban algunos renglones de la economía nacional ante el poder de las empresas multinacionales, potenciadas y protegidas por diversos Estados –llegando por esa vía a la perdida de la soberanía alimentaria–; a la renuncia del proyecto de Estado-nación, vinculado regionalmente, consolidado en renglones básicos de la industria; a la autorización de la subcontratación de todo tipo de servicios –hasta para la guerra– con los cuales los privados se enriquecen a costa de la construcción de obras o de asesorías de diversa índole, para lo cuales el Estado entrega miles de millones con los cuales podría, perfecta y directamente, hacer lo mismo o mejor a menor costo, potenciando trabajo estable, bien pago y útil para el fortalecimiento de miles de familias criollas a la par de la cohesión del conjunto social nacional.

 

La firma de desiguales Tratados de Libre Comercio, que someten a la Nación a injustas relaciones comerciales, jurídicas, financieras y de otros órdenes ante diversidad de Estados y sus grandes empresas, también son parte de este modelo que, argumentado desde la superación de la ineficiencia y corrupción estatal dio paso a la ineficaz gestión y administración privada, con la cual se enriquecen unos pocos, sin importar las consecuencias de tan grotesca visión de la vida ni el ahondamiento y prolongación hasta lo inimaginable de la brecha social que caracteriza a Colombia.

 

De la mano de su gestión la contracara de la corrupción estatal se dejó ver tal y como es. La corrupción desmedida de particulares (como empresa o individuo), que ha sometido a los pobladores de diversas ciudades y regiones del país a padecimientos cotidianos, mala calidad de vida y en ocasiones hasta la muerte, producto del mal funcionamiento –y hasta cierre– de centros de salud, acueductos, empresas de energía, sistemas de transporte, además del constante incremento de tarifas para acceder a diferentes servicios, los que deben ser cancelados por los ahora considerados clientes para poder gozar de lo que antes podía entenderse como un derecho humano fundamental o un factor básico para acceder a vida digna.

 

Con los hechos como prueba, la falsa premisa que las organizaciones estatales son, por principio, ineficientes y corruptas y las organizaciones privadas eficientes y transparentes, quedó desmentida por los hechos. Desde el mismo proceso de enajenación de las empresas del Estado la corrupción de los privados fue evidente. Pese a ello, hoy pocos recuerdan, por ejemplo, que cuando fue privatizada la Empresa de energía eléctrica de Bogotá, quienes la apropiaron, de forma inmediata, la descapitalizaron en 4 billones (millones de millones) de pesos de la época, en uno de los fraudes más grandes hecho a los intereses de la capital del país. La apropiación sistemática de los recursos de la salud, en un desangre continuo del patrimonio social, es otra de las herencias de ese mundo de "fantasía" y "transparencia" que nos prometía el paradigma de la "modernización de la economía" y que hoy se soporta como si de un orden natural se tratara.

 

Las consecuencias de este modelo de muerte están a la vista: una sociedad desgarrada, cada vez más polarizada, con la delincuencia de lo que podríamos llamar "cuentas menores" multiplicada por calles y veredas, haciendo así realidad aquel adagio de "sálvese quien pueda". Y no es para menos, ante el abandono estatal de algunas de sus principales funciones los "zorros saltan las cercas". Los efectos culturales de este modelo son desastrosos y nadie los puede ocultar, lo único a que atina el sistema es a ahondar el control social y la violencia oficial (ver suplemento).

 

Pese a lo evidente parece que la clase dominante ni sus gobernantes de turno aprenden la lección. A pesar de sus discursos sobre justicia y cohesión social, persisten en entregar a los privados los bienes que son del conjunto social; sin duda y como dicen en el campo, "vaca ladrona no olvida el portón".

 

De esto da cuenta la medida tomada el pasado 10 de septiembre por el Consejo de Estado, al dar a conocer su concepto con el cual autoriza la venta de Isagen, uno de los pocos bienes públicos eficientes y rentables que aún permanecen bajo control estatal. Según el ponente, magistrado Hugo Bastidas de la Sección Cuarta de la Corporación, la venta es legal y no afecta a la Nación, autorizando al mismo tiempo el gasto del dinero que recaude fruto de su venta por parte del Gobierno Nacional.

 

Así, con esta decisión, la suspensión provisional de la venta de la energética, promulgada el pasado 14 de mayo, producto de los alegatos interpuestos por diversas personas en contra de los decretos 1609 y 2316 de 2013 –que permiten la enajenación del 57,61 por ciento de acciones que posee la Nación de la empresa–, queda levantado. Ahora su venta es cuestión de meses.

 

Queda el gobierno Santos, de esta manera, con manos libres para recoger e invertir en las llamadas vías 4G, cinco billones y algo más de pesos, una inmensa masa de dinero que le permitirá a su Vicepresidente liderar su prevista campaña electoral en el 2018. Con tal inversión espera el Gobierno, además de garantizar que su modelo de país gane continuidad, cumplir con las exigencias de las multinacionales en su afán por interconectar por vía terrestre y acuática el norte con el sur del Continente. Vaya paradoja, ¿acaso cuando se entregó la red vial principal del país en concesión al sector privado no prometieron que el Estado iba a liberar recursos para otras necesidades sociales, a través de esa estrategia? ¿Que el país sería atravesado en todos los sentidos por autopistas de primer orden no fue otra de las promesas del modelo neoliberal? ¿Quién responde por el hecho que un cuarto de siglo después tengamos una de las infraestructuras viales más atrasadas del Continente? Falsas promesas, neoliberalismo y manipulación.

 

Dándole continuidad a tal modelo económico, político y social, ahora pasan a privatizar una empresa como Isagen, que genera recursos permanentes, para invertir en un sector al que, se nos decía, afluirán capitales externos luego que se garantice su manejo y explotación al sector privado, ¿no deja de ser esta una de esa ironías con las que suelen cerrarse los capítulos de las equivocaciones intencionadas de unas élites siempre dispuestas a la entrega, y de una sociedad muy poco amiga de la crítica?

 

La medida esta legalizada pero aún hay mucho por hacer y liderar por parte de diversidad de sectores sociales ante tal anuncio, pero por el momento la enseñanza para todos, una vez más, es que lo jurídico es un recurso pero lo fundamental a la hora de pretender impedir una medida antipopular por parte del Estado es la resistencia colectiva y callejera. Aunque el recurso es viable, no basta con los alegatos jurídicos, pues lo que está en debate no es el respeto o violación de una u otra norma legal, como lo sustenta el Magistrado ponente, sino la pertinencia o no de la venta de una recurso público fundamental como el que concentra y administra Isagen, tras el cual descansa el debate sobre soberanía nacional y otros anexos al tema de Estado y Nación.

 

La democracia, y su viabilidad también está presente pues una decisión de este tamaño no le corresponde tomarla ni a un equipo de Gobierno ni a un Tribunal, sino al conjunto nacional. Lo que evidencia este tipo de medidas y decisiones, lo que desnuda, es que la democracia formal que reina en Colombia está totalmente viciada y llamada a ser superada. Cómo no. Este tipo de medidas exige la implementación de una democracia refrendataria, es decir, una que permita que el conjunto de habitantes de un país dado tenga la potestad de decidir cómo proceder finalmente ante el intento de un Gobierno por enajenar, transferir, transformar, etcétera, recursos fundamentales de los cuales depende el bienestar del conjunto social. Mucho más aún cuando el Presidente de turno no difundió, defendió y sustento tal medida en el curso de la campaña electoral que lo llevó a la Casa de Nariño.

 

Mientras el debate asume su curso, sin dar el brazo a torcer, hay que valorar esta decisión de los jueces, avalando las pretensiones y planes oficiales, además como la oportunidad para que los movimientos sociales refresquen ante el país el debate sobre neoliberalismo, democracia y modelo social que requieren los más de 48 millones de habitantes de Colombia para mejor vivir, cohesionados, en deliberación permanente, y abiertos e integrados solidariamente a su región.

 

Reto inmenso. Hay que defender a Isagen como patrimonio colectivo e impedir su venta. Hay que derrotar el modelo neoliberal para que este tipo de medidas no vuelvan a tomarse.

Publicado enEdición Nº 217
Sábado, 26 Septiembre 2015 13:07

Apariencias, manipulaciones y mucho más

Apariencias, manipulaciones y mucho más

La crisis que una vez más viven las relaciones entre Colombia y Venezuela desnuda el modelo informativo que practican varios medios nacionales, su incondicionalidad con el gobierno de turno, a la vez que la ausencia de una política social, económica y política integral en nuestro país, causa de la inmensa diáspora que tomó forma en los años 60 del siglo XX y aún no termina. Narcotráfico, paramilitarismo, multinacionales, además de ineficiencia y errores en la política oficial del país vecino también resaltan. ¿Quién le coloca el cascabel al gato?

 

No fue gota a gota, tampoco como un chorro. No, fue más intenso. Sus voces ensordecedoras llegaron por radio como una cascada. Unas veces, dando parlante a funcionarios como el alcalde de Cúcuta para decir: "El señor Maduro no puede actuar como un tirano, como un nuevo Hitler" (02-09-2015), y en otras para dejar de informar y los periodistas pasar a actuar como simples propagandistas, desinformadores, como simples creadores de opinión. Así dijo uno de ellos el pasado 28/08 a las 05:10:20 por igual onda y franja radial: "Maduro cada vez más demente, más dictador, más arbitrario...", "El gobierno de la banda de Maduro...", "[... ] queda la arbitrariedad de este tipo que nos ha tocado como Presidente, entre comillas, de Venezuela, que está en manos de militares, de Diosdado Cabello [...]".

 

Sin control público, ni responsabilidad profesional, el 27/08/5:02:36, vociferó: "[...] este espectáculo es verdaderamente ofensivo, degradante, eso ni en la época nazi, porque ese señor Maduro y su banda se parecen cada vez más a los nazis. Eso de revolucionario y bolivarianismo no tiene absolutamente nada, es un fachista, así de claro [...]". El día anterior ya había vomitado: 26/08/05-06, "[...] de los centenares de colombianos que están siendo bellacamente, de manera indigna, humillante, expulsados de Venezuela en las más lamentables condiciones, violando cualquier principio revolucionario, bolivariano es pura carreta de un régimen oprobioso, arbitrario, dictatorial que la emprendió, además Maduro contra los medios de comunicación en Colombia, como si nosotros fuéramos los responsables de la penosa situación que se vive y atraviesa ese hermano país; las peores épocas de toda la historia de Venezuela en manos de una dictadura que algunos quisieran que se trasladara a Colombia, pensando en candidaturas de ese mismo corte en el año 2018".

 

Así y mucho más, realzando, además, hasta la morbosidad las difíciles condiciones de vida de muchas de las personas que llegaban a Cúcuta desde la frontera del país vecino, trasmitieron las ondas radiales y las televisivas desde el pasado 19 de agosto, cuando por orden del gobierno que encabeza Nicolás Maduro fue cerrada la frontera que linda con la capital de Norte de Santander, mandato extendido luego al límite con La Guajira.

 

Mucha propaganda, poca o nula información veraz. Voces, gritos, que daban eco en lo fundamental, a las palabras y las acciones provenientes desde el alto gobierno, que sin perder la ocasión procedió a transformar la pobreza y las necesidades de quienes buscan mejor destino para los suyos más allá del territorio que los vio nacer, en un nacionalismo hirsuto que con el sedicente argumento de defender la dignidad de los compatriotas deportados, pretendía alardear de comprometido y eficiente.

 

Era (¿es?) sorprendente verlos hacer lo que nunca han realizado para calmar, suplir y superar las necesidades de los millones de connacionales robados, violados, y obligados por el paramilitarismo a salir de sus terruños, a lo largo y ancho del país durante las últimas tres décadas, para continuar llenando las ciudades con sus necesidades y afán de sobrevivir, como ya había sucedido en los años 50, 60 y 70 del siglo anterior, y como continuó siendo durante los primeros años del siglo que corre; realidad que aunque con menor intensidad, aún no culmina.

 

Propaganda y un poco de algo más. "Bienvenidos a Colombia", "Aquí tendrán lo que les negaron allá", con estas y otras expresiones el presidente Santos instaba al nacionalismo. Parecía en campaña electoral (¿lo está?), cargando niños, dando besos, colocando cara de compungido. Afán de evidenciar lo que no son y lo que no serán: solidarios, justos, buenos gobernantes.

 

Palabras y gestos que poco durarán pues no responden a una política oficial, a un plan político, económico y social de largo plazo para superar las desigualdades que resquebrajan el país o, como mínimo, una política constante para superar los graves indicadores de pobreza que caracterizan a toda la frontera entre Colombia y Venezuela, donde, como es el caso de La Guajira, no son extrañas ni pocas las muertes que ya no debieran ocurrir, como las ocasionadas por desnutrición o hambre. Políticas de pantalla, limitadas, que no dan cuenta del real costo de vida en el país, con subsidios temporales reducidos a $250.000 para arriendo, con mercados mínimos y con búsqueda de puestos de trabajo no calificados para los recién deportados o huidos del país vecino.

 

Lo que niegan

 

La orden expedida el 19 de agosto por el presidente Maduro para cerrar la frontera es uno de los coletazos de la grave crisis económica que azota a su país. Beneficiaria por años de un alud de dólares producto de los buenos precios de que gozaba el petróleo, y superada por esa bonanza que por manejos ineficientes terminó –a la par y como efecto de la guerra económica que sufren desde hace varios años– traducida en inflación, carestía y destrucción de buena parte de los logros sociales alcanzados por la Revolución Bolivariana, a la vez que polarizando la sociedad entre los sectores más populares –a quienes se han dirigido los beneficios de la redistribución de la renta– y una clase media y alta inconforme con los giros que va tomando su sociedad.

 

¿Por dónde se fugan los alimentos que cada día deben llegar a las mesas de los venezolanos? ¿Quiénes están acumulando los dólares que cada día se fugan del país? ¿Cómo hacer para reencausar la economía nacional y controlar la inflación? Estas y otras muchas preguntas deben haber sido sopesadas en los Consejos de Gobierno encabezados por Maduro, y las respuestas seguramente fueron diversas, pero una o varias de ellas apuntaron hacia los 2.219 kilómetros de frontera compartidos con Colombia.

 

El diagnóstico indica que por ella salen miles de toneladas cada mes, a tal punto, según Juan Carlos Tanus –vocero de la organización "Colombianos en Venezuela", que quienes lideran ese negocio de contrabando cuentan, ante el cierre de los pasos fronterizos, con mercancía para surtir por 9 meses sus expendios en Colombia, con particularidades como las de Cúcuta que, según el diagnóstico venezolano, se surte en un 80 por ciento de mercancías sacadas de manera ilegal desde la patria de Bolívar.

 

Negocio inmenso, a tal punto que el contrabando de gasolina alcanza a 1 millón 300 mil litros diarios (se calcula, según Tanus, que 17 millones de colombianos se surten de esta gasolina que llega, incluso, hasta Bogotá, además de otros muchos productos sacados de manera ilegal). Entre alimentos, electrodomésticos, drogas y otros, además del combustible, las cifras anuales del negocio del contrabando, con multinacionales, paramilitares, narcotraficantes y otros detrás del mismo, bordea los 12 mil millones de dólares, algo así como 4 puntos del PIB colombiano, con lo cual Venezuela termina asumiendo parte de la política pública y social que le correspondería implementar al gobierno de Santos en la frontera y otras partes de su país. Un inmenso costo para cualquier sociedad, y un inmenso yunque para cualquier proyecto político que quiera girar a favor de los empobrecidos la historia de su país.

 

El contrabando, aunque histórico entre ambos países, nunca había alcanzado la dimensión ni la estructura de que ahora goza, aupado tanto por los errores políticos, administrativos, financieros y la corrupción oficial que realzan como constante en Venezuela, como por la capacidad que tienen las multinacionales para ello, así como por la decisión de paramilitares y narcotraficantes de meterse en el negocio, lavando por su conducto grandes sumas de dinero e implementando, consciente o inconscientemente, las políticas internacionales destinadas a quebrar la Revolución Bolivariana.

 

Contrabando que ganó inmensas proporciones una vez el gobierno vecino tomó la decisión de cerrar el grifo a la fuga de dólares, al prohibir el envío de divisas hacia Colombia, las cuales estaban autorizadas hasta 1.500 dólares por persona mes. Si bien mucho trabajador surtía así a sus familias, la verdad es que la autorización servía para desangrar las divisas provenientes del petróleo y para engordar los bolsillos de los enemigos del proyecto bolivariano.

 

El gobierno colombiano, de manera oficial, también contribuye a esto. Así lo asegura Tanus cuando aclara que la Resolución externa Nº 8 del 5 de mayo de 2000 del Banco de la República, con la cual se reglamentaron las casas de cambio en Colombia, potencian el empobrecimiento del bolívar y consolidan el contrabando.

 

Con esta Resolución, por ejemplo, el Banco de la República de Colombia cotizaba para inicios de septiembre la moneda vecina en 252 pesos por bolívar, pero en la frontera "[...] las mafias criminales tienen la facultad de pagarlo a 4,8".

 

¿Qué permite este manejo de la moneda?

 

"Si yo vengo a Venezuela a comprar 1 kg de arroz y tengo que comprar el bolívar a 252, no me alcanza porque con (los) 2.700 pesos (con) que compro 1 kg de arroz en Colombia obtendría al cambiarlo en el Banco 11 bolívares. Si por el contrario, tomo esos 2.700 pesos, se los llevo a un cambista y me da 560 bolívares, compro 21 kilos de arroz en Venezuela", explicó Juan Carlos Tanus.

 

Entonces, según el mismo analista, "[...] si diariamente 11 mil vehículos cruzan la frontera, si cada uno lleva un kilo de arroz, serían 11 toneladas de arroz y multiplique cuántas veces va un carro hasta la frontera para llevar no sólo arroz sino también otros productos. En estudios que hemos hecho determinamos que 72 por ciento de los productos de contrabando desaparecen si desaparece la resolución número 8 del año 2000". Lo que permite explicar que el contrabando no perderá su dinamismo, ni dejará de afectar en la manera que lo hace a la economía venezolana, sino se elimina la Resolución Nº 8 del 2000, la que según puede deducirse, se transforma en el talón de Aquiles de la negociación que afrontan las cancillerías de ambos países, empantanada, todo parece indicar, porque el gobierno colombiano no acepta su responsabilidad en esta crisis, tomando los correctivos a que ello obliga. No es gratuito que en Cúcuta se estimen hasta en 700 las llamadas casas de cambio y que Carlos Eduardo Luna Romero, actual candidato de la coalición del partido de la U y el partido Liberal a la alcaldía de Cúcuta, haya sido presidente de la Asociación de profesionales del Cambio de Norte de Santander (Asocambios), y luego presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, como tampoco puede considerarse una simple coincidencia que en algún momento fuera encargado de negocios de la embajada colombiana en Venezuela.

 

Estamos, por tanto, ante una parte de la realidad que llevó al gobierno vecino a romper en su aguante con la política fronteriza, desde donde se coordinaba el contrabando y el desangre de su economía, fortaleciendo con ello bandas paramilitares, las mismas que ya tenían control de territorios específicos adentro de la frontera, pero donde también se estaban instalando barrios de invasión, y donde los indocumentados crecían sin parar.

 

No está de más recordar que según el gobierno vecino la cifra de connacionales instalados allí ronda los 5 millones seiscientas mil personas, y que la migración de colombianos, a pesar de la crisis que afecta a Venezuela, no para. Cada año continúan asentándose allí más de cien mil colombianos. Para hacernos una imagen de lo que esto significa, recordemos que en la Unión Europea, sumados sus 28 Estados socios y sus poco más de 300 millones de pobladores, tales países están conmocionados y en disputa por ver quién acepta 20 mil, 30 mil, 50 mil emigrantes africanos, para legalizar en un año 200 mil: y Venezuela, un solo país, con algo más de 20 millones de pobladores, ve arribar a su territorio cifras similares de colombianos año tras año. Esta es la crisis que niega el gobierno de Santos.

 

Como puede deducirse, el tema no es minúsculo, ni puede reducirse a los mil y algo más de deportados hacia Colombia, ni a los otros diez mil o más que salieron por trochas pues, todo indica, que estos connacionales no habitaban aquel país con los registros o formalidades que exigen sus leyes (recuerden ustedes lo que le sucede a los cubanos, asiáticos y otros que cada mes capturan en nuestro país, en procura de llegar a los Estados Unidos). La crisis debería llevar a discutir entre quienes habitamos Colombia –para tomar medidas sobre el particular– ¿qué es lo que sucede en nuestro país para que tanto connacional tenga que buscar mejor vida en Venezuela (o en países como Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, España, Francia, etcétera)? ¿Por qué no se implementan políticas redistributivas que quiebren la colosal concentración del ingreso que ratifican las investigaciones independientes y las mismas oficiales? ¿Por qué no domina entre nosotros un régimen de verdad democrático, que más allá del rito electoral, garantice igualdad, justicia y felicidad? ¿Qué está sucediendo en nuestro país para que sus migrantes ganen mala fama, como en Chile, por implementar modelos de control y expoliación social como el llamado "gota gota", y en países como Estados Unidos, España y otros ir llenando celdas como "mulas" o sicarios?

 

Dicen algunos que de toda crisis surge algo bueno, procuremos que ésta no sea la excepción.

 


 

Recuadro 1

 

La Resolución Nº 8 del 2000

 

La consideración de esta Resolución propuesta por la canciller venezolana Delcy Rodríguez, debe tener muy preocupada a (María Ángela) Holguín toda vez que se devela el nivel de complacencia que tiene el gobierno colombiano con el empobrecimiento del bolívar, y con su disposición para afectar al pueblo venezolano.

 

Recuadro 2

 

¿Cuál es el fondo del desabastecimiento en Venezuela, la baja producción o el contrabando?

 

Ejemplifica Juan Carlos Tanus: "Si usted tiene 30 millones de venezolanos, pero además tiene que atender a 17 millones de colombianos con gasolina usted tiene que producir para 47 millones igual pasa con los productos de la canasta básica que no solo es para los venezolanos también está abasteciendo a Colombia por lo menos un 60 por ciento de la población colombiana consume productos venezolanos. Usted cierra la frontera y la primera crisis es la gasolina y la segunda en unos ocho meses va a ser los productos se han surtido de tal forma que aguantarían un bloqueo de 9 meses".

Publicado enEdición Nº 217
Sábado, 26 Septiembre 2015 12:59

El tinglado electoral

El tinglado electoral

Una nueva contienda electoral está en curso en todo el país. La campaña por controlar territorios y presupuestos se torna electrizante pues el sector financiero y otros grupos económicos están dispuestos a llegar –en el caso de la capital del país– hasta las últimas consecuencias para retomar su control. No es para menos: el gobierno de Bogotá dispone de un presupuesto anual de cerca de 20 billones de pesos, y una nómina de no menos de 50 mil empleados.

 

La historia se repite

 

El 30 de octubre del año 2011 ganó las elecciones de Bogotá Gustavo Petro Urrego. Tuve la oportunidad de conocer de primera mano el triunfo pues por azares del destino ese mismo día terminé fungiendo de testigo electoral en Corferias, bastante atento al conteo de votos en cada una de las mesas de votación. Desde que fueron abiertas las primeras urnas fue clara la tendencia: el candidato progresista llevaba entre diez y quince votos de ventaja en cada puesto de votación sobre Enrique Peñalosa y Gina Parody, sus directos competidores.

 

Aquella noche de finales de octubre fue bastante clara y fría en Bogotá; recuerdo a los activistas agitando banderas tricolores en la carrera séptima, eufóricos por el triunfo de su candidato, después embriagados, y horas más tarde durmiendo el arrullo etílico, sintiendo, con seguridad, que habían triunfado, que desde el día siguiente "sería todo diferente" pues habían contribuido al triunfo que iba a alterar definitivamente el futuro aciago de la ciudad. No eran más que un puñado de esperanzas vanas, cándidas, pueriles.

 

Han transcurrido cuatro años desde aquel momento y la situación llega casi al mismo punto de los días que antecedieron a la victoria de Petro: las campañas en plena ebullición, la agitación electoral, las fotos, los discursos, las encuestas bipolares y gran parte de los mismos problemas que enfrentan a diario millones de ciudadanos capitalinos aún sin resolver, fundamentando discusiones y propuestas, contribuyendo a trivializar debates electorales en los que la competencia por acumular votos ha embebido de demagogia y futilidad las mismas propuestas de gobierno.

 

Las encuestas

 

El trasfondo del escenario se encuentra matizado, al igual que en el 2011, por las encuestas de intención de voto, que siguen encargándose de vaticinar cuál será el resultado efectivo de las elecciones por la alcaldía más importante del país. Cuatro años atrás las mismas encuestas solo tuvieron capacidad de predecir el resultado hasta pocas semanas antes de las elecciones que ganó Petro con 721.308 votos (32.16%), 150.000 más que Peñalosa quien logró el 25.07 por ciento del total de la votación, ambos resultados porcentualmente pobres en términos de representación si se tiene en cuenta que para el periodo electoral del 2011 –de acuerdo a la Registraduria Nacional del Estado Civil– votaron 2.324.885 ciudadanos capitalinos, tan solo el 47.40 por ciento de las personas habilitadas para hacerlo en esta ciudad. Seis meses antes de estos comicios las encuestas catalogaban como virtual ganador a Peñalosa, con diferencias hasta de 15 puntos porcentuales frente a Gustavo Petro.

 

Dos meses antes de las elecciones del 2011 Carlos Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría, escribía "Las encuestas también son semejantes a la mirada inocente del niño que en el cuento de Hans Christian Andersen se dio cuenta de que el rey no tenía vestido: muestran con inusitada frecuencia cómo importantes candidatos de importantes partidos en realidad no tienen votos". Pero no solo esto, también pueden mostrar ficticiamente que tienen más votos de los que en realidad poseen. En fin, toda una distorsión de la realidad para favorecer al candidato de su preferencia. Sobre este particular el sociólogo francés Pierre Bourdieau planteó: "Las problemáticas que proponen las encuestas de opinión están subordinadas a intereses políticos, y esto pesa enormemente tanto sobre la significación de las respuestas como sobre la significación que se le confiere a la publicación de los resultados". Por tanto, las encuestas de intención de voto no pueden entenderse por fuera de esta subordinación a intereses específicos y a las pretensiones de simplificación del campo sujeto a sus mediciones.

 

Una perla

 

El 14 de agosto del año en curso, el diario El Tiempo1 presentó los resultados de una encuesta desarrollada por Datexco Company, pagada por el diario junto a la W radio. La noticia titulaba "Encuesta de Datexco: Peñalosa (31.4%), Pardo (28%)". El titular no deja duda: allí reposa una de las estrategias mediáticas para manipular la información, pues la nota no explica muy bien que las cifras obtenidas a partir del estudio se consolidaron en el hipotético escenario de que la candidata a la alcaldía de Bogotá por el Polo, Clara López Obregón, no concurriera a las urnas. Solo poco antes de terminar la noticia realizan una breve alusión en dos líneas al respecto de que en el escenario fáctico tendría lugar un empate entre los tres aspirantes a la alcaldía, hipótesis manejada en los más recientes sondeos.

 

Evitando discutir la fiabilidad de las encuestas, el análisis debería fijarse en este tipo de dispositivos ejecutados en los medios de comunicación para asociar palabras e imágenes de candidatos con números que expresan tendencias de votación poniendo y quitando favorabilidades, sobre el hecho mismo de las intenciones de los medios de incidir en la contienda electoral a través de la manipulación en la presentación de las cifras por las que pagan millonarias sumas. Las encuestas, los discursos basados en sus cifras, llevan consigo formas de exhibiciones y ocultamientos, estrategias de vaticinio que pueden modificar, al menos, la forma en que los electores se representan la contienda electoral. Nunca responden a los intereses puros por aproximarse probabilísticamente a la verdad.

 

Detrás de los bastidores del discurso

 

La forma como exponen sus propuestas los candidatos, nos permite presentar la hipótesis de que los electores carecen de los elementos suficientes para llevar a cabo –de forma idónea– la selección del/a candidato/a de sus preferencias. Esta hipótesis se soporta en la retórica ambigua y simplista de las propuestas en boga, con la cual ocultan los intereses particulares de los sectores del poder alineados sobre cada uno de los candidatos en disputa.
El primero de los elementos de análisis que debe ser destacado son los efectos producidos en los grupos hegemónicos por la sucesión de gobiernos de izquierda democrática durante doce años en Bogotá. Más de una década sin controlar su enorme presupuesto ha terminado por afectar su estructura de poder clientelar, golpeando sus intereses de acumulación y reproducción de capital a corto y mediano plazo.

 

Estos sectores han decido no quedarse con los brazos cruzados, invierten infinidad de recursos para lograr su propósito. De ello da cuenta la constitución de ProBogotá el primero de agosto de 2014, como lo develó este mismo periódico en su anterior edición (agosto 20–septiembre 20), donde se precisa: "[...] este tanque de pensamiento, conformado y financiado por las empresas y grupos empresariales de mayor músculo financiero, no solo locales, sino también extranjeros, se propuso como primer gran objetivo, retomar el poder capitalino para los intereses del gran empresariado. Se trata de un modelo de intervención para gestionar ciudades a partir de la injerencia de lo privado en lo público, dentro del espíritu más audaz y avasallador de la economía de mercados". ProBogotá apoya las candidaturas de tres aspirantes a la alcaldía de Bogotá: Enrique Peñalosa (Uribismo "Light"), Rafael Pardo (Corriente Santista) y Pacho Santos (Uribismo de línea dura). Tres candidatos que representan a grupos de poder específicos, con ambiciones particulares que sin embargo comparten el espectro ideológico neoliberal. Tres candidatos capaces de diversificar las apuestas del capital financiero por retomar el control de la alcaldía a partir del voto de los estratos medios capitalinos, candidatos que intentarán sobreponerse al voto social y de opinión que para ellos ya ha hecho suficientes estragos.

 

Su pretendido "rescate" de Bogotá está sustentado en discursos reactivos que sustentan entre dientes la continuidad de las políticas sociales consolidadas por los gobiernos de izquierda en la ciudad, al tiempo que descalifican las administraciones de los últimos doce años en aspectos como: administración, seguridad, movilidad, crecimiento de la ciudad, relaciones con las autoridades policiales, manejo de Transmilenio y SITP, inversiones del Distrito, entre otros aspectos cuya gestión no ha encuadrado dentro de su matriz de pensamiento político económico.

 

En perspectivas del 25 de octubre, no deben descartarse cualquier tipo de alianza entre estos tres candidatos de las elites, del capital financiero y de la ideología neoliberal. Sus propuestas y discursos, en varios aspectos enfatizan perfil social y popular, pero no es posible confiarse en ello, pues pretenden una ciudad "bien gerenciada" pero para el capital, como fue la constante durante todo el siglo XX, cuando controlaron en sus manos y bolsillos esta urbe, permitiendo su descomunal crecimiento, y un desorden que favorece los negocios que siempre pretenden, así como el control social, el miedo y la división social, junto al control policivo, que siempre necesitan.

 

Otra de las personas que aspira a regir el destino de Bogotá es la candidata del Polo Democrático Alternativo –PDA–, Clara López Obregón, quien ha manifestado encontrarse comprometida con la continuidad de las políticas sociales implementadas desde hace doce años en la capital. Su candidatura espera obtener nuevamente el voto de confianza de la ciudadanía; su confianza parte de su loable gestión cuando tuvo que afrontar la alcaldía de la ciudad luego del descomunal escándalo de corrupción originado por los hermanos Iván y Samuel Moreno Rojas. Bogotá es pieza fundamental para el PDA, y debe ganarla pues con ello defiende su unidad, accediendo a niveles importantes de poder que le permitirían refrendar su propuesta política ante millones de personas.

 

Si el PDA gana las elecciones no tendrá una tarea fácil, pues nuevamente serán interpuestas toda serie de cortapisas al sostenimiento de las políticas de corte social, deberá encarar la heráldica labor de impulsar en el Concejo un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, el desafío por constituir movimiento social por fuera de los ajetreos del balcón del Palacio del Liévano, tan necesario para robustecer el ejercicio de la gobernabilidad del Distrito de manera más seria y ética de lo que lo han podido conseguir el fútil embellecimiento de barrios populares, el pliegue del Distrito a la empleabilidad clientelar.

 

Clara López también deberá demostrar a sus electores que ahora realmente es más amarilla que roja, que las sospechas sobre su vocación real de gobierno infundadas en sus prolijas relaciones con el ala samperista del Partido Liberal, solo son producto de la paranoia sectarea de la izquierda y que las palabras del exministro liberal Alfonso López Caballero escritas en una carta enviada a Horacio Serpa: "Con Clara López tiene el Partido Liberal una carta ganadora [...] Con ella el Partido volverá a hacerse escuchar en Bogotá y a participar directamente en los destinos de la ciudad. Quienes abrigan alguna reticencia a votar por Clara porque no se sienten identificados con el Polo han de saber que muchas de las mejores mentes y de los más caracterizados dirigentes liberales la apoyan", corresponden a nobles intenciones democráticas, a la voluntad del Partido Liberal por gobernar, junto con el Polo, de manera pulcra una vez más a la capital del país.

 

Las opciones y los escenarios están ante quienes eligen. Frente a cualquiera de ellos es necesario reiterar los interrogantes planteados en el artículo "Doce años de gobierno de la izquierda en Bogotá" publicado en la edición anterior de este mismo periódico: "¿Cómo actuar para que lo electoral no termine por subsumir el conjunto de las energías de los sectores alternativos? ¿Cómo actuar para no institucionalizar el conjunto de nuestras acciones y proyectos? ¿Cómo actuar para mantener viva la disposición de la lucha social directa? ¿Cómo construir una forma de gobernabilidad y de gestión pública propia de la izquierda? ¿Cómo forjar una forma de conducción de gobierno que controle los egos, personalismos y autoritarismos de los gobernantes?"

 

La ventana

 

El próximo 25 de octubre muchos más soñarán con el cambio mientras asisten a las urnas con ilusión de construir con votos un mejor mañana. Otorgarán a uno de los candidatos el poder para que los gobierne y esperarán de forma pasiva a ser gobernados de una manera justa, equitativa e incluyente, mientras la exigencia, el imperativo de toda ciudadanía en el país bien debería propugnar por el ejercicio de su propio gobierno y los mecanismos de control necesarios para que quienes incumplan la misión encomendada sean siempre recordados.

 

Otros quizás despertarán del embriague etílico de todas las borracheras de su vida, teniendo la plena conciencia de que avanzaron más rápidas las palabras que las acciones de quienes prometieron revolucionar la realidad a cambio de que les dieran la facultad de gobernarlos "representativamente". Hasta tanto, algunas de las claves de la superación del estado de cosas actuales permanecerán ocultas en las lenguas muertas del empoderamiento ciudadano, al que nadie quiere apostar.

 

 


 

1 http://www.eltiempo.com/bogota/encuesta-de-datexco-entre-penalosa-y-pardo/16233735.

 


 

Recuadros

 

¿Continuidad? ¿continuidad reformada?

 

Más allá de los trivializados discursos sobre la solución a problemáticas puntuales, en todas las apuestas de gobierno resalta la manifiesta imposibilidad de replantear estructuralmente la ciudad, de desarrollar rupturas respecto a la matriz hegemónica de gobierno, de ahí que se oscile entre una continuidad y una continuidad reformada, nada diferente ni originalmente revolucionario, ninguna alternativa capaz de transcender la somera manipulación de variables endógenas al sistema o subsistemas asociados. Se ha vuelto infecunda la imaginación política para enfrentar los problemas de la ciudad, al ser esterilizada por los límites que imponen al cambio las leyes, los códigos, las cortes y los organismos de control.

 


 

Recuadro 2

 

Movilidad

 

Rafael Pardo
1. Modalidad intermodal; 2. Mayor grado de sinergia entre peatones, bicicletas y transporte público; 3. Mejoramiento del servicio de Transmilenio (ampliación de estaciones, eficiencia operacional, mejoramiento de vías, señalización, información al usuario) y el SITP
Desarrollo de infraestructura para peatones y usuarios de bicicleta; 4. Desarrollo del metro, mejoramiento de la malla vial, construir nuevas carreteras (Avenida Longitudinal de Occidente - ALO). 5. La posibilidad de cobrar a los carros particulares por congestionar ciertas zonas de la ciudad.

 

Enrique Peñalosa
1. Disposición de una malla vial reparada; 2. Mejora en la gestión del tráfico y en la construcción de nuevas vías; 3. Rápida construcción del metro, con modificaciones a los diseños iniciales e incorporando tramos elevados; 4. La expansión de las troncales de Transmilenio; 5. Volver técnica y financieramente viable al SITP; 6. Incrementar el uso de la bicicleta del 6 al 15 por ciento y la infraestructura de ciclorutas; 7. Cultura ciudadana para mejorar el tráfico; 8. Construcción de la ALO; 9. Interconexión entre SITP y transporte intermunicipal.
"Proponemos generar desarrollo y calidad de vida para todos, con un sistema público de transporte masivo más rápido, cómodo y eficiente, que incluya la Primera Línea del Metro y que integre a todos los sectores de la ciudad".

 

Clara López Obregón
1. Robustecimiento del Sistema Integrado de Transporte a partir de la interconexión del existente con el metro; 2. Mejoramiento de la malla vial y modificar la construcción de la fase III de Transmilenio, conectando a Soacha con el norte de la ciudad a través de la Avenida 68; 3. Una de las preocupaciones inmediata está relacionada con el estado de las troncales de Transmilenio de la Caracas y Autopista Norte, sobre las que propone inversiones inmediatas para solucionar el problema de las vías.

 

Seguridad

 

Enrique Peñalosa
1. El alcalde de la ciudad debe liderar la Policía y exigir resultados. 2. Prevención del delito (atención a jóvenes vulnerables); 3. Mejoramiento de entornos que fomentan el crimen (espacios poco iluminados, con basuras, escombros y "graffities"); 4. Fortalecimiento de la Policía con mejores medios técnicos (cámaras de vigilancia con reconocimiento facial y placas de vehículos); 5. Incremento del número de policías; 6. Renovación a la línea 123 y creación de un nuevo sistema de denuncias; 7. Cero tolerancia al atraco y acoso en Transmilenio; 8. Creación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana; 9. Garantizar a las mujeres el acceso efectivo a la Justicia, sancionar a sus agresores y castigar el maltrato intrafamiliar.
"Vamos a imponer el imperio de la Ley. Haremos cumplir las normas generando espacios urbanos limpios, seguros donde reine el orden y no el hampa. Vamos a garantizar el derecho sagrado a vivir sin miedo".

 

Clara López Obregón
1. Enfrentar la inseguridad en la ciudad a partir de la profundización de la inclusión social mediante la cultura democrática; 2. Ampliar la cobertura de la política pública hacia sectores vulnerables, mano dura con la delincuencia, pero que también mano tendida para sacarlos de las actividades delincuenciales; 3. Gestionar la seguridad a partir de criterios técnicos, de inclusión social y de eficiencia; 4. Atacar las bandas de microtráfico en las localidades y en los colegios, pero proporcionar oportunidades de trabajo y educación para evitar que los jóvenes emprendan o perduren en el camino del crimen. 5. Incrementarse el número de efectivos de policías a partir de los recursos humanos de la misma institución y no mediante la creación de grupos policivos paralelos. 4. Profundización de las políticas de inclusión social, como timonel de la política de seguridad del Distrito.

 

Rafael Pardo
1. Relaciones más armónicas entre la Policía y la administración distrital; 2. El fortalecimiento de los cuadrantes de Policía; 3. Implementación de un nuevo sistema de denuncia, "banco de datos de rostros" para lograr implementar la tecnología de reconocimiento facial, grupos elite infiltrados en el servicio público, son algunas propuestas puntuales para el aseguramiento de la seguridad en la ciudad; 4. Creación de una "Guardia urbana" de cinco mil hombres y mujeres que atenderán las contravenciones contempladas en el Código de Policía, garantizando que "quien incumpla una norma sea sancionado".

 

Modelo de ciudad

 

Clara López

1. "Toda la actividad administrativa, económica y social, así como las relaciones con la ciudadanía y el Concejo Capitalino estarán atravesadas por lo que ahora se conoce como el derecho a la ciudad que garantice a todos y todas el disfrute y aprovechamiento de la vida social en igualdad de oportunidades y de acceso al ejercicio de los derechos fundamentales sociales y colectivos". 2. El derecho a la ciudad comprende: el derecho al ambiente sano, el derecho a que los niños sean privilegiados, el derecho de las minorías étnicas, de la diversidad sexual, a una perspectiva de género, a la igualdad de oportunidades, el derecho a la salud pública, derecho a no ser desplazado de la ciudad por proyectos de renovación urbana, al acceso a toda la ciudad, entre otros.
"Es necesario continuar fortaleciendo el entorno favorable a la actividad privada mediante la construcción de la infraestructura que facilite toda clase de actividad productiva generadora de empleo y que contribuya a mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos como una manera concreta de ir cerrando la brecha entre las dos ciudades".

 

Rafael Pardo
1. Desarrollar una gestión urbana que localice y distribuya con equidad territorial las oportunidades de desarrollo y bienes colectivos como recreación, cultura, educación y salud. 2. Urbanismo de la demanda, atender las necesidades de las personas evitando que éstas tengan que desplazarse demasiado para poder satisfacerlas. 3. Ciudad como plataforma física de la competitividad y la innovación, capaz con su sistema urbano de generar confianza en los agentes económicos, atender las demandas de espacio público con calidad. 4. Ejecución de actividades urbanas integrales en subscentros de la ciudad, el replanteamiento de las normas de uso y aprovechamiento del suelo hacía el interés común.

Enrique Peñalosa
"Ajustaremos el Plan de Ordenamiento Territorial con una gran participación ciudadana y de los diversos sectores, para que sea una ciudad respetuosa de la dignidad humana, incluyente, eficiente, atractiva y competitiva que propicie el buen vivir de sus habitantes y el disfrute de sus visitantes".
1. Recuperar Metrovivienda como agencia encargada de ofrecer soluciones de vivienda a los sectores más populares.; 2. Construcción de vivienda popular incluye la recuperación de tierras de los urbanizadores ilegales, el acceso a los programas y convocatorias de vivienda hechas por el Gobierno Nacional; 3. La renovación urbana es una de las estrategias centrales para construir ciudad; la apuesta de Peñalosa incluye la construcción de parques, andenes, colegios y centros comunitarios. (recuadro, ¿Continuidad?)

Publicado enEdición Nº 217
De la indignación al paro: entre viejas y nuevas formas de las mismas inercias

"Horrible esta jornada nocturna

Y todavía pasaremos peor la que viene.
Los arroyos de agua serán ríos
de caudalosa furia transeúnte
Hasta oleajes de océanos coagulados.
Aún les niego mis ojos cerrados".1

 

Luego de la simultánea toma de las instalaciones del Incoder y del Ministerio de Agricultura por parte de integrantes de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular el pasado 1 de septiembre, alrededor de 3.000 personas llegadas a Bogotá y procedentes de regiones como Arauca, Cauca, Nordeste de Antioquia, Cesar, Tolima y Catatumbo, regresaron a los ríos, veredas y barrios en los que viven y luchan. Partieron a la espera de la ejecución de los distintos proyectos productivos que exigen para sus territorios, además de continuar en el camino de lucha sobre los ocho puntos gruesos del pliego2. Las vocerías nacionales de la Cumbre anuncian, desde ya, una nueva jornada de protesta como paro nacional para 2016.

 

Con titulares como "Encapuchados se toman el Ministerio de Agricultura", "Indígenas con papas bomba se tomaron el Ministerio de Agricultura", y haciendo eco a las declaraciones del ministro Aurelio Iragorri tales como "si trajeron comidas para siete días, pues aquí nos quedamos un mes y el Ministro no sale y no va a firmar acuerdos en los que tengamos que violar la ley"; los medios empresariales de comunicación cubrieron rápidamente el acto.

 

Pues no hubo que esperar siete días ni violar ninguna ley. Tras unas horas de ocupación de las instituciones ya indicadas, cuando caía la tarde de aquel martes que daba la bienvenida al noveno mes del año, entre la Cumbre y el Ministro acordaron tanto la tramitación inmediata de los proyectos productivos que hacen parte del eje económico de la negociación, además de la interlocución sobre los conflictos territoriales entre las comunidades y el Estado, así como las garantías para la protesta.

 

En esta ocasión, tal vez por la víspera electoral, el Gobierno le dio celeridad verbal al trámite de los proyectos que se vienen negociando, con lentitud, desde la expedición del decreto 870 del 8 de mayo de 2014, por medio del cual desde el Ministerio del Interior se regula una mesa de interlocución entre el ente oficial y la Cumbre Agraria. Sin embargo, la desconfianza generada por la actuación del Ministro, la violencia que no da descanso en el campo, la situación de violación de los derechos humanos y la relativa complejidad de los aspectos más gruesos del pliego, anuncian que la lucha social, la protesta y la disputa de la hegemonizada opinión pública, serán berracas, por decir lo menos.

 

¿Qué queda de estas jornadas y qué se proyecta?

 

La agenda de movilización fue variada entre visitas a localidades y universidades, marchas y acciones culturales de comunicación en la calle. Pero quizá la acción central de las jornadas fue aquella toma. Y aunque pareciera modificar los repertorios de la acción colectiva entre las fuerzas sociales y políticas que conforman la Cumbre, resulta, también, en consonancia con la debilidad que tienen hoy las plataformas políticas del movimiento campesino, étnico y popular, para convocar una protesta que articule sectores y procesos de cara a disputas globales del modelo económico, del régimen político o de la hegemonía monopólica sobre los bienes comunes.

 

Esta es una acción cuya contundencia, en tanto golpe mediático, parece lograr mayor efectividad para superar la situación defensiva en el terreno político y en la acción comunicativa directa. Como parte de este mismo proceder, hace solo unos meses, campesinos de la Asocación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) se tomaron durante algunas horas las instalaciones del Incoder en Popayán y semanas antes habían hecho lo propio, campesinos de Ascamcat, con la Defensoría del Pueblo en Bogotá.
Otras acciones, como las marchas y los mítines, no logran romper la rutina urbana, parece que ya hacen parte de su cotidianidad. De ahí la importancia de estas ocupaciones de oficinas y similares, las que podríamos situar a medio camino entre un repertorio tradicional de protesta y uno creativo. Como ejemplo y contraste inmediato puede señalarse la reciente ocupación, también en Bogotá, por parte de 300 desplazados del llamado Puente Aéreo en el aeropuerto El Dorado.

 

La democracia interna, una necesaria reflexión sobre el poder y la emancipación

 

Para el día 3 de septiembre estaba convocada una asamblea popular en la Plaza de Bolívar. Pero la verdadera asamblea que sucedió allí fue la de la tarima y de la agitación persuasiva. Una muestra más de la incapacidad en la convocatoria para estas jornadas, que no atrajo a mayorías críticas de los sectores urbanos en disputa y resistencia. De esa manera, no cabe duda, la de la Plaza fue una asamblea de agitación que no tuvo acciones deliberativas y sí, por el contrario, una comunicación que desde la tarima no procuraban doble vía, es decir, una dinámica poco comunicativa, no incluyente, y por lo tanto unilateral.

 

Contrario a esta opinión, podría decirse, como en efecto lo hacen desde algunos círculos universitarios, que la Cumbre tiene sus propias asambleas y mecanismos de participación política. Sí. Pero lo que demuestra el descenlace de esta asamblea es justamente la incapacidad para la convocatoria, además de la coalición por lo alto en que se constituye hoy la unidad de procesos sociales que conforman la Cumbre Agraria. El reto es inmenso. Lograr un momento, modo de acción y forma de vida en que la práctica política sea orientada por una razón común –y no particular– implica cambios que no podemos asumir esperando quedar intactos en nuestras identidades políticas y formas de hacer.

 

Alcances de las jornadas

 

Con cinco objetivos fundamentales fueron planteadas las jornadas desde su preparación: i) la articulación con otros sectores en conflicto; ii) consecución y demanda de garantías para la protesta y para la misma negociación; iii) denunciar el Plan Nacional de Desarrollo como política global de gran desarrollo minero y agroexportador, y como plan de ordenamiento territorial para la seguridad y el despojo; iv) la promoción de sus economías propias o formas de producción alternativas y, por último; v) la preparación hacia un paro nacional el próximo año. Y de todo ello, ¿qué se logró?

 

Muchos sectores urbanos apenas se acercaron. Solo la Cumbre Urbana Popular parece haberse promovido; pero incluso sectores y organizaciones hermanas de la Cumbre, como las estudiantiles universitarias, algunos sindicatos y movimientos urbanos, no pudieron trascender de la acción solidaria y actuar en lucha propia.

 

El conjunto de acciones logró presionar al Gobierno para iniciar una mesa de interlocución entre la Cumbre, la Fiscalía General, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, con el fin de tratar las garantías para la protesta y la negociación. He aquí un logro. La expectativa queda abierta con ello, pues el panorama nacional no da señales de confianza, como puede observarse a partir de un informe parcial realizado por algunas de las organizaciones integrantes de la Cumbre, presentado como un balance de la situación de vulneración en derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre el periodo que va de junio de 2013 a julio de 2015, el cual registra 2.373 hechos entre acciones bélicas, amenazas, atentados, confinamiento, desplazamiento forzado, detenciones arbitrarias, asesinatos, allanamientos ilegales y ejecuciones extrajudiciales3; o bien, como también puede leerse en el informe presentado hace unas semanas por la organización no gubernamental Somos Defensores, en el que se indican 34 asesinatos a defensores de derechos humanos en el ultimo año y un incremento de 216 por ciento en amenazas4.

 

Sin embargo, ni la denuncia del Plan Nacional de Desarollo5, ni la promoción de las economías propias tuvieron algún impacto significativo durante las jornadas, aunque podría esperarse que la ejecución de los proyectos productivos que ya están en marcha facilitara este aspecto.

 

La preparación de un paro nacional hacia 2016 fue un objetivo implícito. Aquí está casi todo por verse, pero desde ya puede señalarse la dificultad en la convocatoria y la ausencia de una acción deliberativa popular, como muestras de la profunda crisis en legitimidad y representatividad de nuestra democracia realmente existente, incluso en su arista más alternativa. La tensión inercial entre una renovación táctica y las formas tradicionales en los repertorios de acción, toca en sus mismas raíces a las formas de dirección de los movimientos sociales así esto no se asuma explícitamente y con franqueza.

 

Puede indicase aquí, de igual manera, que las delegaciones que acudieron a la cita de la indignación fueron las más sólidas bases sociales de los distintos procesos y organizaciones de la Cumbre, y que tampoco en la regiones hubo movilizaciones convocantes; ni la Caravana Genaro García que inició con un plantón frente a la gobernación de Nariño, ni la marcha de acompañamiento en Arauca o el campamento y bloqueos de vías en el nordeste antioqueño por parte de sectores lecheros y paneleros, entre otras acciones, demuestran suficiente capacidad de movilización de cara a un paro nacional para 2016.

 

Hay temas estructurales que no se negocian y de ello hay conciencia por parte no solo del Gobierno autoritario que negocia a través del dilatador Ministro de Agricultura, sino también de la Cumbre Agraria; razón que lleva a autoconcebir ese pliego de ocho puntos como una plataforma de lucha. Pero se alista un paro que coincidirá con un momento en el que los procesos para la finalización de la guerra armada contrainsurgente y la consecución de la paz, entrarían en una fase entre el cierre de la negociación dialogada y la apertura hacia una nueva disputa política por la refrendación de los acuerdos, en el caso del proceso con las Farc. En cuanto a la negociación con el Eln, sería apenas en un momento de despegue.

 

¿Cómo podrían irrumpir con voz y propuesta propia los movimientos sociales en una situación así esperada? ¿Las agendas de movilización estarían subsumidas a los ritmos de la paz? O, por el contrario, ¿podrían aparecer mecanismos y acuerdos conjuntos entre movimientos sociales, organizaciones guerrilleras y Estado nacional? ¿Cómo jugaría esta apuesta táctica de la Cumbre, de cara a una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué mecanismos y eslabones de plataforma realmente convocante de las mayorías oprimidas y de los sectores activos en conflicto, se requieren para emplazar con efectividad al régimen, convocar a la sociedad y disputar el sentido común de futuro en la sociedad colombiana?

 

 


 

 

Recuadro

 

¿De dónde viene la Cumbre Agraria?

 

Ya dos años han pasado desde aquel agosto de 2013 cuando el Paro Agrario Nacional irrumpió nuestra absorta y resignada cotidianidad. Fue un estallido que cuestionó desde las políticas agropecuarias del Estado colombiano hasta el modelo mismo de desarrollo. El tratamiento represivo que dio en su momento el Gobierno Nacional a la protesta le resultó, de cara a la opinión pública, un contrasentido que impulsó más la indignación no solo de los manifestantes, sino incluso de la solidaridad en la ciudades. Un grado significativo de espontaneidad cívica y popular le dio resonancia a la batalla campesina en las urbes.

 

Solo pasaron dos meses y las comunidades indígenas del Cauca convocaron la Minga Nacional Indígena, Social y Popular, en la que decidieron incorporar sus esfuerzos a la Cumbre Agraria, escenario de unidad que para ese momento agrupaba a las organizaciones sociales agrarias cuya matriz política extensa son la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos.

 

Con ellos, llegaron también las comunidades del Proceso de Comunidades Negras. Nace entonces la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular a inicios de 2014 convocando a un paro agrario durante el siguiente abril; aquel paro originó su reconocimiento como interlocutora por parte del Estado a través de la Mesa Única de Negociación que es regulada por decreto del Ministerio del Interior.

 

Muchas fueron las reuniones y acuerdos, pero muchas más las demoras y trabas. Casi 16 meses en algunos acuerdos y 24 en el caso de otros, llevaron al estallido de esta inconformidad por parte de la Cumbre para convocar las jornadas de la indignación entre el 30 de agosto y el cinco de septiembre pasados.

 

 

 


 

 

1 Rengifo, Leonardo: "Prosaicas, Metáforas y Estallidos: Memoria poética del Paro Nacional Agrario"; La República (Cartagena, Agosto-Octubre de 2013)
2 Los puntos son: 1) Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial; 2) economía propia contra el modelo de despojo; 3) Minería, energía y ruralidad; 4) Cultivos de coca, marihuana y amapola; 5) Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia; 6) Derechos sociales; 7) Relación campo-ciudad; 8) Paz, justicia social y solución política.
3 Ver informe completo disponible en la web: http://issuu.com/cumbreagraria
4 Ver nota sobre el informe disponible en la web: http://desdeabajo.info/colombia/item/27043-los-nadies-de-colombia.html
5 Sobre el actual PND puede consultarse el suplemento publicado hace dos ediciones por desdeabajo y disponible en la web: http://desdeabajo.info/sumplementos.html

Publicado enEdición Nº 217
"Si no hay acciones de protesta, acciones de hecho, el Gobierno seguirá incumpliendo..."

César Jerez, un dirigente joven, urbano, pero ligado al campo colombiano, sugiere en esta entrevista algunos puntos de discusión alrededor de la perspectivas abierta para los movimientos sociales a partir del Paro Nacional Agrario de 2013, el de 2014 y el surgimiento de la Cumbre Agraria como plataforma de unidad campesina, étnica y popular; nos brinda, además, su opinión sobre la articulación de los sectores urbanos más allá de la mera solidaridad con el campo, de la tensión entre las elecciones y la protesta social, evalúa los alcances de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y aporta su mirada sobre el proceso de paz.

 

Conversamos con Jerez días antes de las jornadas de indignación llevadas a cabo en todo el país entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre, dentro de las cuales el suceso de mayor relevancia estuvo centrado en la toma simultánea a las instalaciones del Ministerio de Agricultura y del Incoder. Aquí su palabra.

 

dese abajo –da–. ¿Cómo se encuentran las negociaciones entre el Gobierno Nacional y la Cumbre Agraria?
César Jerez –CJ–.El Gobierno prosigue con los incumplimientos. Esa ha sido la actuación oficial: dilatar e incumplir los compromisos y acuerdos firmados como condición para levantar el Paro Agrario del año 2014. La negociación de los 8 puntos sustanciales** ha sido lenta; por eso está en preparación un reclamo al Gobierno a través de una movilización prevista para la primera semana de septiembre. (ver artículo: De la indignación al paro... p. 16).

 

da. ¿Qué objetivos tienen estas jornadas y cuáles son los alcances esperados?
CJ. Está claro que si no hay acciones de protesta, acciones de hecho, el Gobierno seguirá incumpliendo. Dentro de estas jornadas es de vital importancia que las regiones se movilicen y que la protesta logre tener un impacto claro y contundente sobre el Gobierno Nacional. Vamos a participar en todas las expresiones que se están coordinando, pero consideramos fundamental la acción de hecho como el mecanismo más efectivo para que el Gobierno reflexione y avance en el cumplimiento de los acuerdos.

 

da. Dentro de la Cumbre Agraria convergen distintos sectores sociales y políticos, fundamentalmente agrarios, ¿cómo elevar la plataforma que es la Cumbre de cara a abanderar líneas de acción y articulación social que trasciendan la perspectiva estrictamente agraria?
CJ. Siempre hemos dicho que la Cumbre Agraria, como referente más importante de movilización social en el país, es toda una oportunidad para aglutinar, para convocar a otros sectores sobre todo del mundo urbano, en el cual hay mucha más dispersión que en el mundo rural, y en el cual sus organizaciones sociales atraviesan una crisis. No es posible desconocer la crisis del sector sindical, que se ha alejado un poco de la agenda política de los movimientos sociales, debiendo izar una agenda mucho más abierta, de cara al país, que sirva de base de lucha por las transformaciones económicas, políticas y sociales que el país requiere. En ese sentido, en esa articulación de lo urbano y lo rural hay mucho por hacer todavía.

 

da. Un punto significativo del Paro Agrario de 2013 fue la resonancia alcanzada en las ciudades. En ese sentido ¿cómo evalúa o comprende la situación política de los sectores cívico-populares, en cuanto a la movilización en las ciudades?
CJ. En el 2013, después del paro agrario del Catatumbo y del Paro Nacional Agrario, faltó enganchar esas expresiones de solidaridad con lo concreto de nuestras luchas. Esas expresiones de solidaridad debieron tener unos escenarios concretos de confluencia en los barrios, en colectivos, en las organizaciones sociales. El reto es identificar cómo la solidaridad suscitada se materializa en una agenda que se consolide en un accionar político. Nosotros pensamos que ese reto es mucho más grande para las organizaciones urbanas; hay que salir de la crisis de la marginalidad, de la dispersión, hay que construir plataformas conjuntas, y pensamos que la Cumbre Agraria todavía puede ser un referente importante, por ejemplo, en el Frente Amplio por la Paz (Fap). Este podría ser un escenario, un punto de llegada para mucha más gente, pero debemos ser amplios, dejar los sectarismos, dejar los intereses individuales.

 

da. Adentrandonos en la actual coyuntura política nacional, en las elecciones por realizarse en octubre, ¿qué piensa de ellas? ¿le parece que el momento político generará desconexiones entre organizaciones y eso repercutirá en el eco que genere la movilización?
CJ. No consideraría que deba ser un problema. Por el contrario, y pongo el ejemplo de las Zonas de Reserva Campesina: en Anzorc hemos decidido participar en las elecciones locales y regionales, y lo vemos como una forma de garantizar escenarios propicios para el cumplimiento de los acuerdos y para darle un sostén político a los procesos de paz. El reto por resolver es lograr que esos mecanismos de participación política directa los convertimos en mecanismos de participación electoral formal, y es ahí donde surgen distintas contradicciones, porque la política electoral está viciada. La izquierda electoral urbana es decadente en muchos aspectos y esa manera de hacer política convencional, cargada de vicios, de pactos por debajo de la mesa, de alianzas con sectores que no son éticos ni transparentes, nos hace daño. Pero eso no significa que no se deba participar en elecciones enel actual momento; creo que las elecciones pasadas lo demostraron cuando organizaciones sociales se proyectaron en el escenario electoral y ganaron espacios. El tema de las alcaldías y las gobernaciones es mucho más sensible. Nosotros, como Zonas de Reserva Campesina (ZRC), vamos a ganar varias alcaldías y eso será importante en el plan y acumulado de luchas que venimos gestando desde el campo colombiano.

 

da. Girando la mirada hacia la política agraria del gobierno de Juan Manuel Santos, ¿qué piensa del Plan Nacional de Desarrollo (PND) impulsado por el Gobierno Nacional para este mandato?¿Qué opinión le merece la política de desarrollo rural en particular?
CJ. Pues es una postura totalmente paradójica la del Gobierno, incluso irresponsable. Todo lo hecho en materia del Plan de Desarrollo y de paquetes legislativos va en contravía del espíritu de los acuerdos de La Habana. El Gobierno actúa como si no hubiera proceso de paz; como si el proceso no implicase reformas en lo económico, lo político y lo social. Promueve, en cuanto al sector agrario, una ley que tiene como fin apoderarse de los baldíos de la nación, que por Ley 160 deben ser para los campesinos sin tierra. El PND fortalece el modelo económico extractivo, la locomotora minera; deja sin espacio la posibilidad de implementar los acuerdos parciales de La Habana. Así que esta es una actitud oficial totalmente contradictoria que nos alarma y nos alerta. Es impensable que si se firma un acuerdo final del proceso de paz, ese acuerdo se configure como un "gran conejo", no solamente para la guerrilla sino para el país. El Gobierno también debe cumplir los compromisos con las organizaciones campesinas, indígenas y afro, y si esto no ocurre, pues se está lanzando un mensaje bastante ambiguo al país de que aquellos acuerdos por firmarse no se cumplirán.

 

da. Usted, en uno de sus más recientes artículos ("El falso positivo agrario del gobierno Santos") plantea varios puntos críticos en la política agraria. Uno de ellos es sobre la Reforma Rural Integral, que aparece a la vista de los colombianos como una democratización del campo, pero que en el fondo existe la iniciativa de crear las Zonas de Interés para el Desarrollo Rural y Económico –Zidres–, que pareciera ser una legalización del despojo a campesinos. ¿Le parece que esto va en una vía de tensionar los alcances que puedan tener las ZRC e incluso un punto crítico con respecto a las movilizaciones venideras?
CJ. Fíjese que uno de los acuerdos parciales en La Habana es la creación de un fondo de tierras para solucionar los problemas de acceso, microfundio o minifundio; y la ley que se está planteando actualmente es el sexto intento del gobierno de Santos por apropiarse de los baldíos y legalizar lo que fue ilegalmente adjudicado a grandes familias, a grandes terratenientes del país, lo que deja sin piso el acuerdo parcial. Es decir, lo que estamos viendo es una esquizofrenia donde el gobierno firma un acuerdo parcial y reconoce que hay un problema estructural de acceso a la tierra, pero por otro lado implementa acciones e iniciativas en el PND y en este proyecto de ley de Zidres que deja sin piso la posibilidad de tener un fondo nacional de tierras. Esto es muy grave, es un mal mensaje. El Gobierno ha planteado la recuperación de unas tierras supuestamente de las Farc en el Caquetá y en el Meta, en los llanos del Yarí, lo que representa un falso positivo jurídico, todo un contrasentido. En aquellos territorios lo que hay es un proceso de construcción de ZRC, fincas campesinas; y lo que busca este falso positivo es dar la sensación que se le está ganando a las Farc en cuanto a las tierras. Pero esas tierras son de campesinos y con esa iniciativa oficial lo que se configura es una nueva modalidad represiva, puesto que los que están viviendo en esas fincas, sus poseedores, van a ser catalogados como testaferros de las Farc, lo cual es muy grave.

 

da. ¿Qué balance tiene de las ZRC en cuanto a sus objetivos de ordenamiento y desarrollo territorial?
CJ. Tenemos 6 ZRC constituidas legalmente y otras 7 que ya surtieron todo el proceso y trámite administrativo de constitución pero que tienen un veto impuesto por el Ministerio de Defensa que impide su constitución en el Consejo Directivo del Incoder, y además tenemos otros procesos hasta sumar 70 en diferente grado de formación y constitución en todo el país. Nosotros decimos que con ZRC, con el cabal cumplimiento de la Ley 160, como un inicio hacia la reforma agraria, con resguardos indígenas con derechos territoriales ampliados, con territorios colectivos de comunidades negras y con áreas protegidas, estaríamos constituyendo un ordenamiento territorial incluyente, popular, desde abajo, que defienda el territorio, que defienda la tierra. Esto no excluye otras modalidades del ejercicio de la territorialidad. Nosotros, en la Cumbre Agraria, hemos dicho que caben todas las propuestas de territorialidad campesina y que debemos ser concretos y acertados en la forma en que esas nuevas propuestas van a ser incluidas en las negociaciones con el gobierno. Pero la actual correlación de fuerzas nos dice que va a ser difícil imponer una ley que garantice esos territorios, por lo tanto, es mucho más viable pensar en sofisticar la actual reglamentación de la Ley 160 para que esos derechos territoriales campesinos sean reconocidos. También le hemos propuesto al Gobierno la creación de un sistema nacional de ZRC que esté dentro del PND, lo cual en esta oportunidad no se logró, pero la disputa sigue y esa es nuestra meta en el futuro inmediato.

 

da. ¿Qué percepción tiene sobre el proceso de paz en La Habana, teniendo en cuenta los últimos meses en que tanto el Gobierno Nacional como las Farc tensionaron tanto sus posiciones políticas y militares, hasta colocar en riesgo la permanencia de la Mesa?
CJ. Después de 30 años de intentos por llegar a un acuerdo de carácter político con las Farc, en esta oportunidad hay un avance sustancial, así los acuerdos sean parciales. Ahora, en la negociación el Gobierno ha tenido errores que han minado su capital político frente a la sociedad y el proceso: el secretismo, el aislamiento, el hecho de ventilar propuestas en medios de comunicación sin que hayan sido abordadas en La Habana. Pero hay un error que es mucho más estructural: el enfoque mismo del proceso que tiene un carácter doctrinario-militar. Las Farc sí quieren firmar un acuerdo; personalmente estuve reunido todo un día en La Habana abordando el tema de las ZRC y ellos me manifestaron directamente esa voluntad. Ahora, las Farc quieren firmar un acuerdo final a cambio de transformaciones mínimas en lo económico, lo político y lo social.

 

da. ¿Cómo juega ahí el tema del cese bilateral de fuegos?
CJ. Ya lo han dicho ellos, si no hay un cese bilateral al fuego va a ser muy difícil que haya un ambiente favorable a la firma de los acuerdos, a la retoma de los asuntos pendientes en lo que va negociado. El Gobierno se metió un harakiri de tiempo, un cronometro de 4 meses. Pero nosotros, en Anzorc, estamos optimistas en que esas trabas pueden superarse; el camino es retomar los asuntos pendientes, llegar a una medida concreta y definitiva sobre el desescalamiento, que es el cese al fuego. Además, lograr que el tema de justicia no se pierda, ya que hay toda una propuesta sobre justicia restaurativa que está sobre el tapete y, finalmente la refrendación, que es vital para los acuerdos con las Farc, pero también lo será para los acuerdos con el Eln, y también para los acuerdos del Gobierno Nacional con el movimiento campesino, indígena y afro. Nosotros necesitamos un escenario en el horizonte, donde los acuerdos con los movimientos sociales y las guerrillas sean incluidos y tengan un marco normativo y constitucional, y en ese sentido solamente hay una posibilidad y es la Asamblea Nacional Constituyente.

 

da. ¿Qué opinión le merece la manera en que se ha dado esta primera fase de acercamiento entre el Gobierno y el Eln?
CJ. Bueno, pienso que la fase de acercamientos, la fase no pública, debe ya culminarse, debe iniciarse la negociación entre el Eln y el Gobierno. Nosotros como Anzorc, de manera pública hemos manifestado que las partes deben ceder para lograr una agenda marco inicial, en tanto no se puede dejar pasar el tiempo. A este Gobierno le quedan 3 años que en términos de negociación es un tiempo escaso. Pareciera que el Gobierno tiene una posición doctrinal militar con el Eln, considerando que si las Farc no están van a poder aniquilar al Eln en poco tiempo, lo cual, ya lo sabemos por historia, es una postura totalmente irracional. Lo que queda aquí, son las soluciones políticas y por eso nosotros estamos reclamando a las partes el inicio del proceso. Como Anzorc, cuando se dé el inicio del proceso vamos a ser los primeros en reclamar la participación en el mismo, llevando allí nuestras propuestas y diagnósticos y sirviendo de enlace a las formulas que solucionen el conflicto en el campo colombiano.

 

da. ¿De qué manera los movimietos y organizaciones sociales, así como las políticas pueden arrebatarle la noción de paz al Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos, que pareciera ser una paz excluyente que no plantea grandes reformas para resolver los problemas estructurales del país y del campo?
CJ. Pienso que la paz estructural, la paz con justicia social, es la que está trazada aquí en la Cumbre Agraria. Si se revisan estos 8 puntos de la agenda de negociación con el Gobierno, son puntos de carácter estructural que implican política pública transformadora, no sólo para el campo sino para todo el país. La Cumbre Agraria tiene el potencial para contar ya con una agenda conjunta, de aglutinar sectores campesinos, indígenas y afros, pero le queda el reto de coordinar la movilización. Sólo la acción de la movilización va a lograr que alcancemos una paz con justicia social, incluyente y que tenga en cuenta la agenda que se está proponiendo desde la Cumbre Agraria.

 


 

* Coordinador de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina a nivel nacional; integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra.

** Los puntos que trata la agenda son: 1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial; 2. La economía propia contra el modelo de despojo; 3. Minería, energía y ruralidad; 4. Cultivos de coca, marihuana y amapola; 5. Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia; 6. Derechos sociales; 7. Relación campo-ciudad; 8. Paz, justicia social y solución política.

 

Publicado enEdición Nº 217
La Paz en las finanzas del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

En el artículo 5° del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018, "Todos por un Nuevo país" se da cuenta, con cifras del Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), de sus estrategias transversales y objetivos. Se propone en este escrito una reflexión sobre las mismas, enfatizando en lo atinente a la paz. Para el análisis, los montos señalados en el Plan se indican en dólares del 2014 (presentadas en el Plan en millones de pesos de 2014), y en sus respetivos porcentajes; igualmente, se desagrega para un año, pues los montos se presentan para todo el periodo; esto con el propósito de facilitar a quienes lo lean su comprensión y seguimiento, como sus propias conclusiones.

 

Propósitos, estrategias y finanzas

 

Es el objetivo del Plan: construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno, la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (Ocde), también conocida como "el Club de los países ricos", y la Agenda de desarrollo post 2015. Afirma como sus pilares: La paz, la equidad y la educación, que esperan ser consolidados a través de las que denomina seis estrategias transversales: 1. Competitividad e infraestructura. 2: Movilidad social. 3. Transformación del campo. 4. Seguridad, justicia y democracia para la paz. 5. Buen Gobierno y 6. Crecimiento verde; junto a seis estrategias regionales para gestionar territorialmente el desarrollo: 1. Caribe. 2. Eje cafetero y Antioquia 3. Centro oriente. 4. Pacífico. 5. Llanos orientales y 6. Sur de Colombia.

 

El Plan indica seis fuentes de financiación: 1. El Gobierno central. 2. El sector descentralizado. 3. Las entidades territoriales. 4. El sector privado. 5. El Sistema General de Participaciones (SGP). 6. El Sistema General de Regalías (SGR). Los gastos "no podrán superar en ningún caso el Monto de los Recursos disponibles del Plan Macroeconómico y el Marco Fiscal del mediano plazo del Gobierno Central".

 

Los montos presupuestados

 

Su valor se estima en una cifra total cercana a los $704 billones, constantes de 2014, es decir, $176 billones por año. En dólares del 2014 ($2.417 por dólar –USD–) representa un total redondeado para los cuatro años de: USD 291 mil millones y/o de USD 72 mil millones por año.

 

Inicialmente se presentan los montos porcentajes (por año y en dólares) de los recursos previstos en el Plan Total, según estrategias y objetivos, por parte de las seis fuentes de financiación antes señaladas (Cuadro N°1). Posteriormente, se concentra la atención en las dos estrategias concernientes directamente con el proceso de paz: 1. Transformación del Campo (Cuadro N° 2) y 2. Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de la Paz (Cuadro N° 3). Cada uno acompañado de algunos comentarios puntuales.

 

El Plan concentra los esfuerzos financieros en las estrategias de: 1. Movilidad y 2. Competitividad, juntas suman cerca de USD 52 mil millones, garantizándoles un poco más del 71 por ciento de los recursos. Las estrategias relacionadas con la paz suman cerca de USD 20 mil millones, es decir, el 26.6 por ciento. 3. Seguridad: USD 14.2013 (19.7%) y 4. Transformación del campo: USD 5.096 (7%). Crecimiento verde, clave en los propósitos del Plan, tiene asignados cerca de mil millones de dólares, que representa el 1.4 por ciento. El resto, 1 por ciento, queda asignado a la estrategia de Buen Gobierno. El sector privado centra su participación en competitividad e infraestructura con cerca del 18 por ciento del total presupuestado (USD 12.546), de ellos el 54 por ciento (USD 6.799) para la estrategia del desarrollo minero energético contemplada en el Plan. Al respecto cabe señalar que esta inversión es, en lo fundamental, de origen extranjero; de un total de USD 16.000 entre el 2013-2014, el 40 por ciento (USD 6.400) va al sector minero energético con una tendencia a disminuir.

 

(http://www.procolombia.co/sites/default/files/reporte_de_inversion_-_2014.pdf)

 

Por su parte el 71 por ciento de las fuentes de financiamiento están concentradas: 1. En el gobierno central (37.1%) y 2. En el sector privado (33.5%). El 30 por ciento es responsabilidad de SGP (19%), E. Territoriales con (6.9%) y SGR (3.0). El sector Descentralizado solo aporta el 0.50 por ciento.

 

En lo que concierne a las estrategias relacionadas directamente con la paz, los montos establecidos pueden apreciarse en los siguientes dos cuadros:

 

En el cuadro N° 2, correspondiente a la estrategia Transformación del campo, se destaca la responsabilidad del sector privado con el 72 por ciento del monto total, que junto con el Gobierno central, con el 20.8, suman cerca del 93 por ciento del esfuerzo presupuestado. Se resalta la participación cero (0) del descentralizado. A manera de indicador, el monto total asignado a esta estrategia de USD 5.096 es menor en un 25 por ciento al contemplado en la inversión minera energética: US 6.790.

 

Este cuadro (No. 3), destaca: el peso del Gobierno Central con el 94.3 por ciento (USD 13.405), concentrado en el objetivo de Seguridad y Defensa con USD 9.435 (66.3% del total de la estrategia); y del sector privado con menos del 1 por ciento, apuntado en el objetivo de la Prestación de Servicios de Justicia. Los objetivos relacionados concretamente con la paz suman en su conjunto USD 318 millones, es decir, el 2.3 por ciento del monto total de la estrategia; Transición de paz con USD 148 (1.3%) Derechos Humanos USD 129 (0.90) y las Drogas USD 41 (0.28%).

 

Enmarcado lo anteriormente descrito del Plan en el escenario por el que atraviesa la economía a nivel mundial y nacional, tan dependiente de aquella, la prospectiva nos resulta poco halagüeña para el alcance de sus propósitos, en donde muy seguramente se logre la firma del conflicto con la insurgencia, que no va a significar la superación de las deudas centenarias de nuestro desasosiego sociopolítico.

 

Bogotá, agosto 21 de 2015.

 

* Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Miembro del Grupo de Seguridad y Defensa, y del Centro de pensamiento y seguimiento al diálogo de Paz de la Universidad Nacional.

Publicado enEdición Nº 217
El parón económico reaviva la desafección política en Latinoamérica

Los motores de las economías latinoamericanas están perdiendo fuerza. El maná de las materias primas a precios altos se ha esfumado y el tirón de la locomotora china, el primer importador de commodities del mundo, es cada vez más débil, atenazado por la crisis interna del gigante asiático. El crecimiento económico en la región ha entrado en una fase de hibernación –los pronósticos de los organismos internacionales ronda el 1% para el medio plazo– tras más de un lustro de vigorosos avances. Y con el enfriamiento de la economía, llegan también los vientos de preocupación política. Sólo 37% de la población latinoamericana se muestra satisfecha con la calidad democrática de sus respectivos países, según un amplio estudio de la consultora chilena Latinobarómetro basado en encuestas realizadas en 17 Estados.


Las relaciones entre el estado de salud de la economía y el grado de aprobación de las instituciones políticas son dibujadas como dos líneas paralelas en el informe, que lleva realizándose desde hace dos décadas. De la mano de la caída del PIB en la región, este 2015 se ha registrado el grado de afección política más bajo de los últimos 10 años. Confirmando la misma lógica, el desaliento político tocó suelo en 2001, coincidiendo con la última gran crisis económica para Latinoamérica.
"El crecimiento, las reformas, la expansión de derechos y la expansión de acceso a servicios han llegado sin duda a un segmento de la población que nunca antes había podido disponer de ellos. Es la nueva clase media. América Latina nunca antes había vivido un período sostenido de tanta prosperidad, pudiendo sacar de la pobreza cerca de 100 millones de habitantes", constata el informe.


La conclusión destilada por Latinobarómetro tras estas dos décadas pulsando el estado de ánimo político de la región es que el vaso está medio lleno. "Pero ese vaso mitad lleno trae consigo la impaciencia, la incertidumbre y la angustia de no retroceder, cuando viene una pausa en el ciclo de prosperidad, tal como la desaceleración actual, produciendo la protesta ante las inminentes amenazas que se ciernen sobre lo logrado", añade.


Ante la incertidumbre económica el dedo apunta a la clase política. El nivel de aprobación de los gobiernos ha caída hasta el 47% este año desde el 60% en 2009, cuando la maquinaria económica de la región avanzaba a todo gas. Únicamente cuatro países registran más de la mitad de su población satisfecha con su democracia: Uruguay, Ecuador, Argentina y República Dominicana, que coinciden con los Estados una brecha social más baja. En el otro lado de la balanza si sitúan México (21%), que sigue sufriendo el lastre de la inseguridad y la violencia, y Brasil (19%), inmerso en una recesión económica y salpicado por el grave escándalo de corrupción en Petrobras, su petrolera estatal.


"La desigualdad es los que marca a la región", subraya el estudio. Más de 100 millones de trabajadores –casi la mitad fuerza laboral de la región–están en la sombra de la informalidad y en la gran mayoría tiene unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Ecuador, Bolivia y Nicaragua son los tres países donde hay más ciudadanos que creen que la distribución de la riqueza es justa. En Chile, por el contrario, sólo un 5% dice que la distribución de la riqueza es justa. La sensación de justica social en Venezuela está por encima de la media, pero se ha recortado a la mitad en los últimos dos años.


Sólo un 31% del total encuestado se siente representado por su gobierno y un 70% se muestra desafecto con el congreso de su país. Otra de las fotografías del estudio es una electorado casa vez más polarizado ideológicamente. La proporción de encuestados que se hacen llamar de centro en lugar de izquierda o de derecha se ha reducido del 42% en 2008, al 33 % en este año.


El desempleo es percibido como el principal problema en Colombia, Costa Rica y Nicaragua. "La ciudadanía tiene suficiente información y sobre todo experiencia para saber qué ha sucedido con las promesas de los gobiernos pasados: la distribución del ingreso y la riqueza, la protección social, las garantías sociales, las oportunidades, la igualdad ante la ley, la justicia y la seguridad ciudadana", expone el informe. La desconfianza hacia las estructuras económicas y políticas queda plasmada en el ranking de las instituciones sociales mejor valoradas por los latinoamericanos: la Iglesia, la familia, y la vecindad.


La corrupción es el primer problema para los brasileños


Brasil es el único país en el que la corrupción es percibida como el mayor de los problemas. El escándalo por la red de negocios fraudulentos destapado en Petrobras, el gigante petrolero estatal, ha desatado fuertes protestas en el país y ha colocado contra las cuerdas a la presidenta Dilma Rousseff. Si en 2010, aún con Lula Dos Santos como presidente, tan solo el 3% de los brasileños apuntaban a la corrupción como el reto de más gravedad para el país, el porcentaje este año ha subido al 22%, por encima incluso del nivel registrado en 2005 durante el escándalo por la compra de votos en la campaña electoral.


La sensación de los encuestados brasileños sobre el grado de penetración de la corrupción en la sociedad también lidera la tabla. El 70% de la población dice estar al tanto de al menos un acto de corrupción. Este porcentaje es el doble que el segundo de la lista, Paraguay, con un 37%. Brasil, Argentina y México son los países donde una menor cantidad de personas cree que se ha progresado en la lucha contra la corrupción.

 

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El referendo para la reelección de Evo Morales será en febrero de 2016

Una comisión de senadores y diputados ha aprobado este martes el proyecto de reforma constitucional para autorizar al presidente boliviano, Evo Morales, a postularse una vez más a la presidencia en 2019. La ley debe ser ratificada en el pleno de la Asamblea Legislativa por dos tercios de sus votos. La comisión decidió que el referendo popular que debe validar o rechazar la reforma se realice el 21 de febrero del próximo año.

La noticia se conoce poco después de que el oficialismo sufriera un revés electoral en los referendos sobre estatutos autonómicos que se realizaron el pasado domingo. La oposición atribuye la postergación (en un mes) de la fecha que inicialmente se había previsto para el referendo, a la necesidad del MAS de rearmar a sus filas para enfrentar con mayor fortaleza el desafío electoral en el que Morales se jugará su continuidad. La explicación oficial de dicha dilación descansa en la necesidad de dar tiempo suficiente a las instituciones que organizarán del referendo.


Evo Morales se encuentra en su tercera gestión, aunque la Constitución que el país aprobó en 2009 -principalmente por iniciativa del MAS- establece el límite de una sola reelección continua del presidente del país. Morales obtuvo la autorización para postular en las elecciones de 2014 del Tribunal Constitucional, el que arguyó que las gestiones presidenciales debían contarse a partir de la aprobación de la Constitución. La reforma actual pretende permitir ya no una, sino dos reelecciones continuas, lo que, puesto que hay que contar desde 2009, habilitaría a Morales a aspirar a un nuevo mandato de 2020 a 2025. El MAS ha descartado la figura de la "reelección indefinida", que ya rige en otros países sudamericanos, presumiblemente por el rechazo que la misma despierta en la población, según detectaron las encuestas que se realizaron en este tiempo. La oposición está protestando contra lo que considera "una adaptación de la ley a las necesidades de una persona", y describe el esfuerzo oficialista como una carrera contra el cambio del ambiente político que puede causar la crisis económica latinoamericana. Esta todavía no ha golpeado a Bolivia, pero, según los grupos disidentes, ya está tocando a sus puertas. El Gobierno insiste en que la economía se halla preparada para resistir un largo tiempo de precios bajos de las materias primas que el país exporta.


En abono a su teoría, los líderes antagónicos a Morales opinan que la victoria del "no" en los referendos que se acaban de realizar en cinco regiones -incluida la más importante del país, La Paz- para compulsar su adhesión o rechazo a los estatutos autonómicos preparados en su mayor parte por el MAS, indica que la población comienza a cansarse del gobierno de este partido, que se extiende por nueve años, el plazo más prolongado alcanzado democráticamente por un solo presidente en la historia nacional. El MAS, en cambio, considera que el resultado de las consultas regionales no constituye una derrota política suya y mucho menos de Morales, que "no hizo campaña". El MAS atribuye el resultado adverso al desconocimiento de la población sobre el contenido de los estatutos. No existen encuestas públicas que permitan verificar estas hipótesis contradictorias.


Hasta ahora, el oficialismo ha preferido que la reforma constitucional que se decidirá el 26 de febrero incluya solamente la cuestión de la reelección, y ha descartado la posibilidad, de la que habló al principio, de mezclar este asunto con otros menos controversiales, de modo que la pregunta del referendo resulte más difícil de responder con un "no". Esta estrategia fue considerada por la oposición como "una triquiñuela", pero al parecer la misma finalmente no se intentará.

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