Confirma la FBI indagatoria sobre la interferencia rusa en la elección

El director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) confirmó este lunes públicamente que existe una investigación sobre la interferencia rusa en la elección presidencial estadunidense, que incluye una posible coordinación entre el Kremlin y el equipo de campaña del entonces candidato Donald Trump, y desmintió al presidente al afirmar que no hay evidencia de su acusación respecto de que su predecesor ordenó la intervención telefónica de sus oficinas en la Trump Tower.

En una audiencia ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el jefe de la FBI, James Comey, declaró que su agencia en general no comenta sobre investigaciones en curso, pero que en este caso el Departamento de Justicia lo autorizó a confirmar que se realiza una investigación de contrainteligencia sobre la interferencia rusa en la elección estadunidense y que ésta fue iniciada en julio del año pasado.

Informó que la investigación cubre "la naturaleza de cualquier vínculo entre individuos asociados con la campaña de Trump y el gobierno ruso, y si hubo cualquier coordinación entre la campaña y los esfuerzos de Rusia". Agregó que incluye también "una evaluación sobre si se cometieron delitos".

Comey y Mike Rogers, director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) que lo acompañó en la audiencia, afirmaron que no hay evidencia de que la interferencia rusa haya cambiado votos en la elección. Casi de inmediato Trump envió un mensaje por Twitter en el que afirmó: "la NSA y la FBI informan al Congreso que Rusia no influyó en el proceso electoral". Sin embargo, más tarde en la misma audiencia, Comey indicó: "no era nuestra intención" señalar que las acciones de Rusia no tuvieron impacto sobre la elección.

Antes que empezara la audiencia, Trump ya había descalificado la investigación sobre Rusia, al aseverar en un tuit que no existe ninguna prueba de que él conspiró con Rusia y que cualquier afirmación cotraria es "noticia fabricada". Reiteró su acusación de que los demócratas han fabricado esa historia "como excusa por haber realizado una terrible campaña (electoral)".

De hecho, a lo largo de la audiencia de más de cinco horas, Trump no dejó de comentar en su cuenta de Twitter sobre lo ocurrido, y hasta en un momento dado atacó a Comey por negarse a informar si él comentó elementos de la investigación sobre la interferencia rusa con Obama el año pasado.

Los republicanos fueron obligados a ceder a la necesidad de abrir una investigación legislativa sobre la interferencia rusa en la elección, después de que en un informe en enero las agencias de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que eso ocurrió, y después de que los medios revelaron que Michael Flynn, el primer asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (y antes asesor de campaña de Trump), ocultó contactos con el embajador ruso en Washington, por lo cual fue despedido, y que el ahora procurador general Jeff Sessions omitió informar que también tuvo contactos con ese mismo embajador como senador y también asesor de esa campaña.

Pero los republicanos están tratando de cambiar el enfoque de la investigación hacia las filtraciones a la prensa sobre el asunto. "Si Rusia intentó influir en nuestro proceso democrático es increíblemente importante, y parte de eso podría llegar a tener el nivel de un delito, pero otra parte no. Una cosa en la que usted y yo estamos de acuerdo es sobre la difusión delictiva de material clasificado; eso es definitivamente un delito", dijo en la audiencia el representante republicano Trey Gowdy.

Trump hizo eco de esto en otro tuit esta mañana, cuando declaró: "la historia real que el Congreso, la FBI y todos los demás deberían indagar es la filtración de información clasificada. ¡Se tiene que encontrar al filtrador ahora!"

En torno a la explosiva acusación de Trump de que el entonces presidente Barack Obama había intervenido sus teléfonos en sus oficinas de la Torre Trump en octubre del año pasado, poco antes de la elección, Comey declaró este jueves: “no tengo información que respalde esos tuits” de Trump, y aseguró que el Departamento de Justicia tampoco. Agregó que ningún presidente tiene autoridad para ordenar ese tipo de vigilancia electrónica, y explicó que desde los años 70 existe un proceso riguroso para solicitar autorización para intervenir comunicaciones de cualquier estadunidense, y que eso sólo puede hacerse con la orden de un juez en un tribunal especializado, según la ley conocida como FISA.

Más aún, Rogers también rechazó este lunes la versión de que la inteligencia británica espió a Trump a solicitud de Obama –otra acusación de la Casa Blanca–, al afirmar que eso sería imposible.

Con estos desmentidos tajantes de la acusación que hizo Trump hace dos semanas, a los cuales también se han sumado el Departamento de Justicia, ex jefes de inteligencia y el propio Obama, la presión sobre la Casa Blanca para ofrecer una disculpa se intensificó –algunos legisladores republicanos ya lo han solicitado–, pero no hay ninguna señal de que Trump esté dispuesto a hacer tal cosa.

Se citó a una audiencia más sobre el tema de la interferencia rusa en las elecciones ante este mismo comité; también habrá audiencias sobre lo mismo en el Comité de Inteligencia del Senado. Se prevé que la investigación de la FBI continúe unos meses más.

Suprema Corte

Este lunes arrancó el proceso de ratificación del juez Neil Gorsuch, nominado por Trump para la Suprema Corte ante el Comité Judicial del Senado. Se espera que los republicanos, con su mayoría, ratificarán al juez federal, pero los demócratas tienen la intención de pintarlo como un conservador que ha favorecido a intereses empresariales y que podría poner en jaque la legalización del aborto, derecho ganado en 1973 y bajo ataque por conservadores desde entonces.

Si, como se espera, Gorsuch es ratificado, otorgará una mayoría conservadora de cinco jueces al máximo tribunal del país, contra cuatro liberales moderados.

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Temer se reunió de emergencia con los embajadores de 33 países para tratar el asunto de la carne.

 

Fue un domingo negro para el mandatario conservador. Debió dar explicaciones a embajadores extranjeros por la carne vencida o en pésimo estado que se exporta, mientras Lula se daba un baño de masas en el nordeste.

 

Desde Brasilia

 

Domingo negro por partida doble para Michel Temer: mantuvo una reunión de emergencia con embajadores extranjeros que amenazan embargar las importaciones de carne brasileña a raíz del escándalo de los frigoríficos al tiempo que el mayor antagonista del gobierno, Luiz Inácio Lula da Silva, era recibido por una multitud en la región nordeste, durante un acto visto como su lanzamiento hacia las presidenciales de 2018, en las que se perfila como favorito con más del 30 por ciento de las intenciones de voto, casi triplicando a los ubicados en segundo lugar.

“Quieren crucificarme pero voy a luchar hasta el fin” arengó Lula en la localidad de Monteiro, estado de Paraíba, enclavada en una región pobre y seca, el “sertado”, donde su popularidad siempre fue alta.

El líder del Partido de los Trabajadores, junto a la exmandataria Dilma Rousseff, visitaron las obras de canalización del Río San Francisco, iniciadas durante las gestiones petistas, y que permitieron llevar agua a unos 12 millones de personas.

Para no dejar dudas de que está en marcha hacia la disputa de su tercer mandato, el ex tornero metalúrgico dijo “Yo no sé si estaré vivo para ser candidato en 2018, pero lo único que sé es que ellos quieren evitar por cualquier medio que me presente”.

Dilma lo complementó al denunciar que se está tramando un “segundo golpe”: el primero fue para desalojarla a ella del gobierno en mayo del 2016, el segundo para tenderle trampas jurídicas a Lula, y proscribirlo en 2018.

De camisa roja, sudado, Lula habló de una forma apasionada en esa región de la cual él es originario, y donde vivió hasta mudarse con su madre y hermanos a San Pablo, donde se forjó como sindicalista, luego fundó el PT y más tarde fue presidente, entre 2003 y 2011. “Salir de donde yo salí, y llegar a donde llegué eso es algo posible solo de la mano de Dios”.

“Ellos le piden a Dios para que yo no sea candidato,porque si lo soy es para ganar, y para que el país vuelva a tener alegría, felicidad, y el pueblo otra vez tenga empleos y salarios dignos”.

De esa forma reiteró su denuncia contra el ajuste en curso que tiene como prioridad la reforma de la previsión social.

Esos ejes ya los había tratado Lula en otro acto muy concurrido la semana pasada en San Pablo, el más importante de los realizados en 24 capitales, que sirvió de barómetro para confirmar el descontento en alza contra la política económica de esta administración. Y el repudio casi unánime de su ejecutor, el presidente Michel Temer, con una aprobación de apenas el 10 %.

La crisis causada por el “Operativo Carne Débil”, que lanzó el viernes la Policía Federal marcó el domingo en Brasilia, donde Temer afirmó que “el gobierno reitera la confianza en la producción nacional”.

Los gigantes JBS y BRF, que están entre los frigoríficos más importantes del mundo, fueron acusados de integrar una organización mafiosa que vendía carnes vencidas y hasta de reses muertas por dolencias al mercado externo e interno.

JBS y BRF adulteraron las mercancías con la complicidad de fiscales del Ministerio de Agricultura, cartera al frente de la cual está Blairo Maggi, quien fue elegido para el cargo por ser empresario del agronegocio, un renglón crucial para la economía y en el cual Temer confiaba como palanca para salir de la recesión acumulada del 7,3 % en 2015 y 2016.

Ante el temblor político y económico causado por la denuncia de la Policía Temer convocó a Maggi al Palacio del Planalto, donde ayer ambos presentaron sus explicaciones –no se sabe cuán convincentes– a los embajadores de 33 países, entre los que había varios de la Unión Europea, China y Rusia: es decir el grueso del mercado hacia donde exporta Brasil.

El sábado representantes del gobierno hablaron con diplomáticos de Estados Unidos, casi a la misma hora en que Temer mantenía la primera, y tardía, conversación telefónica con Donald Trump, desde que el magnate estadounidense asumió el cargo el 20 de enero. Según el diario Estado el presidente tenía la intención de tranquilizar a su colega sobre el problema del ganado en mal estado, pero la oficina de prensa del gobierno no confirmó esa versión.

El fantasma del boicot internacional a las carnes sobrevoló el Planalto donde se vivió uno de los fines de semana más agitados de los últimos meses, en los que no faltaron sobresaltos.

El tamaño del caso de los embarques en mal estado se mide en la reacción del mercado donde el viernes las acciones de JBS cayaron más del 10 por ciento y las de BRF bajaron en torno del 7 por ciento.

“El escándalo alimenta dudas sobre la futura cotización de las acciones de JBS y BRF” en Estados Unidos escribió el diario Folha.

Lo cierto es que las reuniones del domingo tenían entre sus objetivos evitar otro sacudón bursátil hoy lunes en la Bolsa de Valores de San Pablo, según lo reconoció el ministro Maggi al hablar con la prensa después de reunirse con Temer y los embajadores.

“Con respecto a lo que puede pasar en el mercado, yo estoy preocupado, sí que lo estoy” planteó el funcionario.

“Brasil es un gran exportador, tenemos el 7 % del mercado mundial de alimentos, y una posición fuerte de los países contra nuestras exportaciones significaría una crisis grande, pararía nuestros procesos productivos (...) por eso apelo a los embajadores para que acepten nuestros argumentos, sepan que estamos trabajando fuertemente para resolver este tema”.

Maggi estaba acompañado de funcionarios de la Cancillería y el Ministerio de Justicia, cuyo titular Osmar Serraglio fue citado como un operador de la trama de corrupción formada por los frigoríficos y miembros del Ministerio de Agricultura.

La cabeza de Serraglio puede correr la suerte de otros ministros que dejaron sus cargos por corrupción, mientras hay otros seis en el patíbulo, que fueron denunciados la semana pasada por presuntos sobornos cobrados a la constructora Odebrecht.

Nada, sin embargo, es capaz de borrar la sonrisa (acaso retocada de botox) siempre exhibida por el presidente Temer.

Ayer al finalizar la cita con los embajadores de 33 países, junto a diplomáticos de segundo nivel de Estados Unidos y Gran Bretaña, Temer les propuso compartir un “churrasco” en un restaurant de Brasilia, como forma de probar la calidad de las carnes nativas.

El convite fue aceptado por los diplomáticos, según las primeras informaciones, pero las dudas siguieron en pie: ayer la Unión Europea y China enviaron consultas oficiales sobre los embarques de ganado en mal estado.

El Partido de los Trabajadores anticipó que este lunes iniciaba la recolección de firmas para una Comisión Investigadora de la carne, caso al que algunos ya bautizaron como el “Churrascao”, siguiendo la cacofonía del “Petrolao” y el “Mensalao”, los escándalos que hicieron mella en los gobiernos de Dilma y Lula, respectivamente.

 

 

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Lunes, 20 Marzo 2017 08:20

Cruel e inusual

La semana pasada Donald Trump seleccionó como su contraparte histórico al presidente Andrew Jackson (1829-1837), ya que se opuso a la élite arrogante, igual que él. Fue figura complicada, con nociones parecidas al populismo nacionalista de Trump, y también un enamorado de su propia imagen. Fue un defensor de la esclavitud y promotor de lo que se conoce como la remoción indígena (la expulsión de los pobladores originarios de sus tierras). En la imagen, Trump de visita en la casa de Andrew Jackson el pasado miércoles 15 de marzo, en el 250 aniversario de su natalicio, en Nashville, Tenesi

 

La crueldad de las políticas impulsadas por el nuevo gobierno trumpista se revela cada día, y la semana pasada, con la presentación de su propuesta para el presupuesto, la anulación de la reforma de salud y la promoción de medidas antimigrantes, quedó clara la guerra contra los más vulnerables y contra el planeta mismo (obviamente incluida la humanidad, entre otros seres vivientes).

La perversa narrativa que acompaña esto –recuperar la grandeza de Estados Unidos y la defensa contra las múltiples amenazas que provienen de extranjeros– tal vez sigue funcionando, pero pronto los efectos nocivos, tóxicos y hasta fatales de estas políticas no podrán ser ocultados o disfrazados. Entre los que sufrirán estarán amplios sectores de sus propias bases, sobre todo los trabajadores blancos y pobres.

Las noticias están llenas de las maniobras ineptas de Trump, sus acusaciones sin pruebas (la más dramática del momento, de que Obama ordena el espionaje de la oficina de Trump, que ha sido descalificada por su propio Departamento de Justicia, la FBI, los comités de inteligencia y el ex presidente, pero aun así insiste), denuncias de todo lo que no se subordine a su versión de las cosas, incluso dentro del propio gobierno, pero a veces el circo sirve de distracción respecto de las políticas para robarse el pan del pueblo.

Por ejemplo, el proyecto de ley para el desmantelamiento de la reforma de salud –prioridad para los republicanos– resultará en que 14 millones pierdan su seguro de salud el año entrante, y 24 millones para 2026, pero eso no es todo. Esa misma iniciativa de ley incluye –a cambio del sacrificio de los más necesitados– una gloriosa reducción de 600 mil millones de dólares en impuestos para los ricos, en un momento en el cual los mas prósperos ya concentran más riqueza que nunca.

En el presupuesto federal –el cual es una propuesta del Ejecutivo siempre modificada por el Poder Legislativo– se expresan los deseos concretos del nuevo gobierno. Un resumen relámpago: incremento histórico del gasto militar, ya de por sí el más alto del mundo, por 54 mil millones de dólares, y para el aparato de seguridad nacional internacional y doméstico, incluyendo medidas antimigrantes, mientras se reducen casi todos los rubros de asistencia social para los sectores más vulnerables (programas para vivienda pública, asistencia de alimentos para viejos y para nuevas madres, asistencia legal, y hasta fondos para calefacción), aniquilación del financiamiento federal para las artes, humanidades y medios públicos; reducción del financiamiento de investigaciones científicas y médicas (incluso sobre cáncer y sida), y anulación de todo lo que tiene que ver con el cambio climático.

El director de la oficina del presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, comentó ante medios que en torno al cambio climático, yo creo que el presidente fue bastante directo: ya no vamos a gastar dinero sobre eso. Consideramos que eso es un desperdicio de dinero... Por varias agencias del gobierno, lo relacionado al cambio climático está bajo ataque. La Agencia de Protección Ambiental, encabezada por un cuate del presidente que dice que no está de acuerdo con el consenso científico mundial sobre el cambio climático, enfrenta un recorte de casi un tercio de su presupuesto.

Dentro de ese presupuesto se asigna un primer gasto para la construcción del muro fronterizo, así como financiamiento para medidas antimigrantes, incluida la creación de más centros de detención. El clima de pánico que sigue creciendo entre las comunidades inmigrantes es festejado por Trump, al darse crédito por una reducción de 40 por ciento en las detenciones en la frontera. A la vez, propuestas como la de separar de inmediato a madres de sus hijos menores al capturarlos cruzando la frontera de manera ilegal son defendidas abiertamente.

Promover tanto sufrimiento y daño no es necesariamente un detalle nuevo en esta democracia donde la opinión mayoritaria suele ser ignorada por la cúpula (las últimas encuestas, por ejemplo, reafirman que la mayoría favorece la legalización de inmigrantes indocumentados y se opone al muro), pero sí el afán y el odio con que se está haciendo.

Vale recordar que las perspectivas derechistas, antimigrantes y racistas de estas políticas son construidas por algunos de sus asesores mas íntimos, sobre todo Steve Bannon –el Rasputín de la Casa Blanca–, quien es admirado por agrupaciones ultraderechistas nacionalistas y supremacistas, y Sebastian Gorka, quien supuestamente es asesor antiterrorista del presidente. El periódico judío The Forward reportó la semana pasada que funcionarios de Vitezi Rend, grupo neonazi húngaro, afirman que Gorka es uno de sus miembros. De hecho, si lo es, podrá poner en jaque su esencia migratoria en este país si resulta que mintió sobre esa asociación, ya que el Departamento de Estado clasifica esta organización como vinculada a los nazis.

La semana pasada Trump seleccionó como su contraparte histórico al presidente Andrew Jackson (1829-1837), afirmando que ese presiente se opuso a la élite arrogante, igual que él. Fue figura complicada, con nociones parecidas al populismo nacionalista de Trump, y también un enamorado de su propia imagen machista. Pero más revelador es que fue defensor de la esclavitud y promotor de lo que se conoce como la remoción indígena –la expulsión de los pueblos indígenas de sus tierras–, que fue una especie de limpieza étnica. De hecho, sus políticas culminaron en el Camino de Lágrimas, donde 4 mil indígenas cheroquis, incluidos niños, murieron de hambre y frío durante su obligado éxodo al oeste.

Trump está impulsando una orgía de crueldad... esto es moralmente repugnante. Viola todos los ideales más valorados de esta nación. Tenemos una responsabilidad moral para frenarlo, afirma Robert Reich, escritor que fue secretario de Trabajo del gobierno de Clinton.

La octava enmienda de la Constitución prohíbe los castigos crueles e inusuales. Es la descripción precisa de las políticas contra los más vulnerables, los inmigrantes, los refugiados, los pobres, los niños y el planeta mismo que se anuncian con tanto gusto desde la Casa Blanca.

 

 

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Lunes, 20 Marzo 2017 07:56

¿En qué gasta un gobierno?

El director de presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, explica los recortes de la propuesta del presidente Donald Trump.

 

Formular un presupuesto federal es siempre una afirmación de índole política. El presidente Donald Trump envió al Congreso su proyecto presupuestal para el año fiscal 2018 (de octubre 1º de 2017 a septiembre 30 de 2018) con una clara indicación de sus prioridades.

Además, incluye un señalamiento preciso acerca de que los recortes y reasignaciones que contiene están diseñados para redefinir el papel adecuado del gobierno federal.

Pero, ¿qué significa la noción del papel adecuado del gobierno federal, en un sentido general y, en particular, cuando ésta se expone en un presupuesto? Tal como se presenta esa afirmación parece que el gobierno que encabeza el presidente sabe exactamente lo que debe hacer en materia de la consecución, primero, y de la asignación, después, de los recursos públicos.

Por esto parecería que se conocen las preferencias de los ciudadanos, con respecto de sus aportaciones mediante los impuestos y al uso de los recursos públicos. Además, supone que dichas preferencias pueden jerarquizarse de manera clara, ordenándose de menores a mayores. Así, hasta se podría trasladar el asunto de esas preferencias a un esquema de maximización de la situación de bienestar de la población, argumentando, incluso, que mediante el presupuesto se llevaría al nivel máximo posible.

Intelectualmente es una pretensión ambiciosa y políticamente tiende a ser una postura excesiva. Después de todo, la mayoría que consiguió Trump en términos de los votos del Colegio Electoral, se expresó en una diferencia –no menor– del voto popular en favor de su contrincante. De modo que las preferencias de los electores no pueden suponerse como manifestación unívoca de los motivos del presupuesto.

La conversión en ley de la propuesta del presupuesto expresará la discusión en el Congreso y las exigencias que los representantes en las cámaras tengan de sus propios electores. Pero las grandes líneas de las preferencias del presidente y su equipo más cercano, que no se corresponde necesariamente con su gabinete, están expuestas en el documento que han recibido.

La base presupuestal dedicada al gasto en defensa es de 603 mil millones de dólares; la base para el resto del gasto es de 462 mil millones. Los siguientes rubros ven reducido su presupuesto: agricultura, comercio, educación, energía, salud, vivienda y desarrollo urbano, interior, justicia, trabajo, relaciones exteriores, transporte, tesoro. Crecen los siguientes: defensa, seguridad interna y los asuntos relativos a los veteranos. Se elimina el financiamiento para el fondo nacional de las artes, el fondo nacional para las humanidades, el Instituto de servicios a museos y bibliotecas y otros programas.

Hay que reconocer que siempre existen asignaciones de fondos que pueden ser reducidas o eliminadas a partir de ciertos criterios de eficiencia y relevancia. En este caso conviene tener en cuenta la preminencia que se concede a las partidas del gasto.

Las prioridades indican que el rasero aplicado fue el de reducir prácticamente todo lo que hace el gobierno, excepto el gasto militar y aquel dedicado a cumplir los criterios de la política de inmigración.

Los críticos del presupuesto 2018 señalan que se recortarán los gastos en las actividades en las que los mercados exhiben más fallas y donde se necesita la intervención del gobierno. Algunos casos expuestos comprenden la prevención de la contaminación del aire y del agua, las relaciones con gobiernos extranjeros, incluyendo la ayuda externa, la protección de los consumidores, la inversión en las escuelas públicas, el apoyo a la investigación básica, la prevención de desastres y el apoyo a las familias más pobres.

Con respecto de la protección del medio ambiente se critica la fuerte reducción de recursos para la Agencia de Protección Ambiental. Las actividades de ésta han sido señaladas por el director de la Oficina del Presupuesto en el Congreso como fuera de las prioridades del gobierno. Dijo, sin ambages, que no se gastarán más dólares de los impuestos en la atención del clima. Consideramos, declaró, que es un desperdicio del dinero de los ciudadanos.

Esto se aproxima mucho a lo que puede llamarse como la arrogancia presupuestal. Tal vez este rasgo deba ser considerado abiertamente como asunto de la calidad del sistema democrático de una sociedad. Hay siempre un debate implícito que tiene que ver con la consideración de los bienes públicos y los privados. En este terreno la disputa es constante.

Queda para la política pública y para el presupuesto mismo el enorme tema de la provisión de servicios de salud que se enmarca en el proyecto de los republicanos para revocar y remplazar el sistema llamado Obamacare.

El meollo está en la cobertura de tipo universal que se pretende proveer y los costos que puede cubrir la población de menores recursos. El dilema no se resuelve sin encarar el costo real de la salud. El arreglo social para abordarlo tiene que encararse de modo muy distinto a como está ahora planteado en muchos países. En todo caso el sistema siempre discrimina, ya sea por costo y por la prestación de los servicios: la calidad y las colas.

 

 

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Odebrecht: ¿Sobrevivirá la paz a su paso?

 

Se abusa con frecuencia de la palabra crisis para caracterizar determinadas coyunturas del sistema de poder prevaleciente en el Estado y de la economía capitalista dependiente. De tanto recurrir a dicho vocablo se pierde el rigor en el análisis y en las conclusiones correspondientes. De pronto lo que se ve como convulso no es más que una leve alteración de la normalidad, que el tremendismo se encarga de sobredimensionar.

Por eso la cautela inicial al abordar el nuevo escándalo de corrupción gestado con el destape de los sobornos multimillonarios de la constructora brasilera Odebrecht a las campañas presidenciales, en el año 2014. En principio se dijo que todo esto se hacía para restarle importancia al tema de la paz en el debate electoral que culminara escogiendo Presidente en el mes de mayo del 2018. Como el uribismo caminaba holgado con su oposición a los consensos de paz, pues su triunfo en el plebiscito le dio alientos para ir por la presidencia nuevamente, incrustar el tema de la corrupción como cortina de humo lucia como una estrategia perfecta. Típica maniobra del pokerista de marras.

No obstante, con lo que ya se conoce hoy sobre las andanzas de Roberto Prieto, mano derecha por muchos años del señor Santos, como encargado de la tesorería de varias de sus campañas políticas, el desconcierto es generalizado.

Allí hay de todo. Las peores lacras. Un parapolítico, Otto Bula, protagonista del despojo de tierras y del desplazamiento de cientos de campesinos, socio de la tenebrosa Oficina de Envigado, aliado de Mario Uribe, primo del Caballista de Ubérrimo, entregando un millón de dólares a un carnal de Prieto para sufragar los gastos personales de los más importantes operadores de la campaña del actual Jefe de la Casa de Nariño. Odebrecht era la fuente de dicha suma. Un soborno para amarrar la licitación de la doble calzada Ocaña Gamarra.

Licitación en la que metieron las manos las Ministras santistas Parodi y Álvarez para favorecer a la constructora carioca e incrementar fortunas familiares con puertos fluviales utilizados en toda clase de torcidos menesteres.

Por supuesto, los jerarcas del gamonalato oficialista, los aliados del Presidente que han sido favorecidos a manos llenas con los cupos de mermelada en el Fonade, Ñoño Elías y compañía, también hicieron su correspondiente agosto con el tráfico de influencias para incrementar sus fortunas y poderes regionales.

Roberto Prieto está en el ojo del huracán. Sus nexos con Odebrecht se rastrean desde el 2010, año en el que se dan los primeros sobornos, 400 mil dólares, para los afiches electorales de Santos, y otro millón para costear una encuesta muy favorable al candidato.

La abultada contratación de Prieto con el actual gobierno es una evidencia de su enorme poder en las distintas esferas gubernamentales. Pago a su vagabundería.

Pasan los días y se conocen nuevos episodios de esta historia delincuencial, otra más, de la casta política nacional.

Obviamente los impactos políticos son demoledores. La gente no sale del estupor y las encuestas muestran una caída generalizada de su estado de ánimo. El desprestigio de Santos es de proporciones gigantescas. Su aceptación esta por el suelo, incluso por debajo de la de Samper (1995) a raíz del proceso 8000 y de la de Pastrana (2001), por su torpe gestión del proceso de paz del Caguan que catapultó a Uribe Vélez a la Presidencia desde el 2002 hasta el 2010.

Santos esta por el piso y su gobernabilidad completamente anulada. El combustible apenas si le da para evitar caerse, como sucedió con Samper. ¿O será que si renuncia como ya lo pide abiertamente la prensa?

Ahora si la crisis política es múltiple y demoledora. Lo que obliga a pensar, desde la izquierda, en los escenarios inmediatos. En las alternativas progresistas y democráticas, para que no sea la ultraderecha terrateniente y el militarismo quienes terminen capitalizando todo este desbarajuste y desplome del poder oligárquico, con la marcha del próximo 1 de abril convocada por el expresidente Álvaro Uribe.

En ese sentido surgen muchos interrogantes sobre las principales políticas adelantadas por el gobierno de Santos, manchado por los sobornos de Odebrecht y la mermelada de Cárdenas, uno de los artífices del desfalco de Reficar.

Me pregunto: ¿sucumbirá el proceso de paz y los acuerdos que se han firmado hasta el momento con las Farc? ¿Desmantelará el gamonalato oficialista, mediante el Fast Track, el contenido de cada uno de los acuerdos de paz como acaba de suceder con aspectos nodales de la Justicia Especial de paz como la participación política de los integrantes de las Farc y la impunidad de los financiadores del paramilitarismo y la masacre? ¿Se quedaran en el papel los temas agrarios y de la democracia ampliada?

¿Se profundizara el sabotaje de la burocracia de la paz a las Zonas veredales? ¿Continuara la masacre de los líderes sociales y la indiferencia cómplice del Ministro de la Defensa? ¿Regresaremos nuevamente al conflicto violento de las últimas décadas?

Es lamentable decirlo, la paz es la mayor damnificada en este escándalo de los sobornos y el cohecho promovido por los operadores de la corrupción para favorecer a Odebrecht y acumular más fortunas de origen ilegal.

La pérdida de legitimidad del gobierno de Santos y la ruina de su gobernanza se lleva por delante el sueño de la paz de millones de colombianos.

Los grandes poderes del latifundio, de la banca, del generalato, de la corrupción, representados en el Congreso de la República por Senadores y legisladores de la Cámara, están despedazando y van a desnaturalizar a fondo el Acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colon, tal como en su momento lo advertimos y denunciamos.

Como Santos, los gamonales están utilizando la paz para hacer buenos negocios en la agroindustria, la minería y los hidrocarburos.

El reto consiste en buscar salidas. Hay que defender lo avanzado hasta el momento, pero se requiere romper el bloqueo de las nuevas burocracias políticas deslumbradas por prebendas menores otorgadas por las cumbres oficialistas. Lamentable que algunos estén pensando, desde este lado, que mediante regalos clientelares de Santos, Pardo y Jaramillo, la paz puede sobreaguar.

La paz necesita del pueblo. La paz no puede ser un cometido individualista ni una empresa de elementos cargados de codicia, soberbia y afán de figuración como novedades legisladoras.

¿No será mejor regresar a la idea del poder constituyente de la multitud para dar el salto que demanda la descomunal crisis que nos oprime y defender la paz? ¿No será que ese poder constituyente trasciende en su potencia el estiércol del Congreso de la Republica, en el que ciertas almas ingenuas de la Izquierda electoral y académica confían tanto, después de ser sus más recalcitrantes críticos?

Paradojal todo lo que ocurre. Santos, como suele ocurrir con él, despego el 2017 manipulando el tema de la corrupción pensando en bajarle el perfil al asunto de la paz, en que supuestamente el uribismo es fuerte, pero a estas alturas lo que logro fue darle un golpe de muerte a los acuerdos para poner fin a la guerra. Se pegó un tiro en el pie, como con el plebiscito del pasado 2 de octubre.

Estamos a tiempo para impedir que Odebrecht entierre la paz.

Hay que actuar y proceder a la movilización social en defensa del derecho a vivir sin la muerte y la violencia atroz.

 

 

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Paramilitares en Colombia: un 'déjà vú' de sangre en tiempos de paz

Los grupos armados están copando las zonas que las FARC han dejado libres tras los acuerdos de paz. Las amenazas y asesinatos a líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos se han disparado y temen que el exterminio político de hace décadas se repita. Mientras, el Gobierno de Santos niega el paramilitarismo y habla de crimen organizado

 

El día en que lo iban a matar, Luis Plaza se dirigía a una asamblea de maestros en Cartagena de Indias. Ya había recibido 15 amenazas de muerte y el Gobierno colombiano le había asignado un escolta y un coche blindado, aunque tenía que compartirlo con otro amenazado. Era secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el departamento de Bolívar, el sindicato con más filiación del país, paraguas de 700 organizaciones sectoriales.


“Nos van a joder”, recuerda que le dijo a su guardaespaldas cuando dos personas en una moto le cerraron el paso en una calle. Siete balas impactaron en su coche, pero cuando el encapuchado apretó el gatillo, Luis ya se había hecho un ovillo en el suelo, pensaba en su familia y asumía que su nombre engordaría la larga lista de sindicalistas asesinados en Colombia. “Cuando vi que la moto no avanzaba supe que eran dos sicarios. Pese a su imagen turística, Cartagena se ha convertido en una capital del sicariato”, explica. Pero salió de aquella. Su escolta ─no se explica cómo ni cuándo─ mató a uno de los sicarios e hirió al otro en una pierna. Quién quería muerto a Luis sigue siendo una incógnita, aunque él insiste en que un empresario conocido como El Turco Hilsaca pagó 400 millones de pesos (125.000 euros) por su asesinato. Después de aquello, Luis pasó algunos meses en Asturias gracias a un programa de acogida para líderes sociales amenazados en Colombia.

El atentado sucedió en 2014, pero podría volver a pasar en cualquier momento. Por eso, Luis mantiene su escolta y su todoterreno blindado. Las amenazas, extorsiones y asesinatos a sindicalistas, líderes campesinos, activistas y defensores de los derechos humanos han ido aumentando en el país al tiempo que las FARC iban abandonando su actividad armada. Las matanzas han crecido tanto que, a muchos, la situación les recuerda a otra época: la del paramilitarismo impune de hace tres décadas, un oscuro déjà vú que ensombrece el proceso de paz. No hay acuerdo en cuanto a las cifras. El Programa Somos Defensores habla de 80 de estos asesinatos el año pasado. Amnistía Internacional ha contado 75. Otros colectivos como Marcha Patriótica ─el colectivo con más muertos sobre la mesa─ elevan a 125 el número de muertos. Durante el transcurso de este reportaje se han conocido al menos cuatro asesinatos. Demasiados, en cualquier caso.


Plaza, que ahora vive en la capital, Bogotá, asegura que ya ha sufrido varias situaciones de alerta recientemente. Cree que el posconflicto, como se denomina al escenario en Colombia tras los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno, va a ser duro, largo y mortífero para gente como él, porque falta voluntad política para acabar con el paramilitarismo, el sicariato y el narcotráfico. Factores que, en muchas ocasiones, son difíciles de diferenciar y se mezclan con los intereses de grandes empresarios, terratenientes e, incluso, políticos. Además, insiste, estos grupos están ocupando los territorios que controlaban las FARC antes del cese del fuego. Es lo normal cuando desaparece la única autoridad real que ha operado en gran parte de la Colombia rural, donde el Estado nunca llegó o sólo lo hizo para bombardear a la insurgencia. Muchos campesinos confían poco o nada en la protección de un Gobierno que les ha ignorado toda su vida. Muchos han reconocido a este diario en privado que votaron en contra de los acuerdos de paz porque no querían que las FARC se fueran, porque para ellos, el remedio podía ser peor que la enfermedad. Y es lo que está pasando.


El sector del magisterio, en el que Luis trabaja, es uno de los más castigados por eso que el Gobierno denomina “crimen organizado” o bacrim. Según la asociación de docentes ADEMACOR, más de mil profesores han sido asesinados en las últimas tres décadas en Colombia. Es tan habitual que, en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, al norte del país, ADEMACOR ha levantado un monumento al maestro caído.


Según explica uno de sus portavoces, es el departamento con más docentes asesinados, obligados a cambiar de ciudad o extorsionados. Entre ellos está el presidente de la asociación, que en 2013 tuvo que huir de Córdoba por panfletos amenazantes de una organización paramilitar. En lo que va de 2017, tres profesores han sido asesinados en esta región caribeña y ha habido más de 20 amenazas, denuncian. “Esas son las cifras oficiales, pero hay más. La mayoría se calla. Si denuncias y no te trasladan o no te ponen protección, que es lo habitual, te conviertes en carne de cañón para los paramilitares”, añade.


Pero estas bandas criminales tienen nombre, apellidos, escudo, logotipo e, incluso, página web, aunque el Gobierno diga que no existen, que sólo son delincuentes cuyo único interés es el dinero y no la limpieza ideológica, el genocidio político. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o las Águilas Negras son los grupos paramilitares de extrema derecha que firman panfletos y mensajes a los amenazados en buena parte del país. Herederos de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), son el grupo que ataca a los maestros de Montería, por ejemplo, pero también a los campesinos del Cauca o de Magdalena Medio o los sicarios que usan los terratenientes para expulsar a campesinos de las tierras comunales. Pese a todo, el Gobierno sigue poniendo en duda su autenticidad. Quizás algún desalmado utiliza sus logotipos para asustar, para conseguir dinero sin siquiera pertenecer a ellos, insinúa el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto.


Negar la realidad


Para Fernández de Soto y su gobierno, este grupo recibe el nombre de Clan del Golfo y son, simplemente, narcotraficantes y mineros ilegales cuyos intereses chocan con los de activistas y campesinos. “Estos asesinatos nos preocupan y los investigamos todos pero no hay que entrar en una guerra de cifras. No creemos que todos sean asesinatos selectivos”, afirma mientras esgrime las positivas cifras de seguridad del país. “Estamos en el momento de mayor tranquilidad en 40 años, con una media de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nos acercamos a cifras normales. Nos estamos acostumbrando a vivir en paz”, argumenta.


No le falta razón al viceministro. De hecho, muchas víctimas coinciden con él. Hay menos muertes. El problema es que los que mueren están mucho mejor seleccionados. Al fin y al cabo, los líderes sociales serán los encargados de velar por el desarrollo de los acuerdos de paz con las FARC en lo que tiene que ver con la reforma agraria o la sustitución de cultivos ilegales. Eso les convierte, a ojos de los paramilitares, en guerrilleros de izquierda a los que exterminar, descabezar los movimiento y debilitar el proceso de paz. Luis Juarán, del sindicato agrario Fensuagro, afirma que han sido ellos, los civiles, quienes han puesto la mayor cantidad de muertos durante el proceso de paz. Su organización, muy vinculada al Partido Comunista, logró convocar grandes movilizaciones por una reforma agraria en los 80. Eso le costó el exterminio de su organización por parte de los paramilitares en regiones como Costa Atlántica, Magdalena Medio, Meta y Urabá. Hoy, de nuevo, ve morir a sus militantes y teme por su propia vida. No son recuerdos lo que lee en los periódicos.


Un caso similar es el de Óscar Aredo, un veterano agricultor y dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) en la región del Cauca, una de las más afectadas por el nuevo auge paramilitar. Su lucha es por la tierra y por los recursos naturales y sus enemigos son grandes empresas energéticas y mineros legales e ilegales; los megraproyectos que acaban con miles de campesinos desplazados. Él ya ha recibido decenas de amenazas, pero no tiene escolta. “Uno no se acostumbra nunca a la muerte, pero aquí no te queda más remedio”, afirma.


“El paramilitarismo está creciendo, las amenazas han aumentado y está habiendo muchos asesinatos. Desde enero hasta hoy ha habido alrededor de 20. El sábado (18 de febrero) nos mataron a un compañero en la localidad de Mercaderes”, lamenta. “Si el Gobierno no reconoce que existe el paramilitarismo no va a actuar contra él. Y si no acaba con los paramilitares, con el narcotráfico, con la minería legal e ilegal no va a haber paz en Colombia, porque son estos agentes los que están haciendo la guerra”, argumenta.


“Seguiremos asesinando ya que la lista es larga y lo lograremos. El norte, centro y sur del Cauca debe estar listo y así empezar el año nuevo sin castro-chavistas, sin defensores de derechos humanos, sin activistas, sin sindicalistas, sin Marcha Patriótica, sin LGTBI, sin colaborares de las FARC”.


Ése es uno de los párrafos de la octavilla que apareció sobre la mesa de la oficina de Elisabeth Yangana, miembro del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado Colombiano (SUNED). En el siguiente párrafo se especificaban algunos nombres. El suyo estaba en la lista. Lo firmaban las Águilas Negras y se despedían así: “La gente de bien y los inocentes nos lo agradecerán. Por un nuevo país”.


Yangana ha denunciado el paramilitarismo y su connivencia con sectores del Estado colombiano durante años. No le extraña figurar en esa lista, lo que le sorprende y le asusta es que el Gobierno no le de credibilidad a ese papel. Más aún cuando ella ha sufrido un intento de secuestro hace una década y cuando desconocidos en moto la persiguen a la salida de su actual trabajo. A su marido “lo desaparecieron” hace muchos años.


“Digamos que se habían calmado ─afirma sin poder contener un risa sarcástica─ pero el 13 de diciembre ya volvieron las amenazas. Nos persiguen y nos matan por ser de izquierdas, progresistas y reivindicar derechos sociales. Eso es sinónimo de ser de las FARC”, explica.


Tampoco le sorprende que el Gobierno quiera pasar definitivamente la página del paramilitarismo. La época en la que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) eran conocidas como la “sexta división” de las Fuerzas Armadas colombianas acabó con las imágenes de sus jefes entregando las armas tras aquel proceso de paz firmado con el expresidente Álvaro Uribe, en 2006. Según las cifras que presentó el Gobierno, más de 30.000 paramilitares se desmovilizaron y entregaron las armas. Asunto zanjado para Juan Manuel Santos, que recogió el testigo en el Ministerio de Defensa después de ese proceso de paz.


El engaño de los paramilitares desmovilizados


Pero pocos en Colombia confían en aquella desmovilización de los paramilitares. Ni siquiera quienes se acogieron a ese proceso se lo creen. Jorge Luis Hernández ingresó en las AUC cuando tenía 20 años. Hoy tiene 40 y su vida se parece muy poco a la de entonces. “Entré porque no tenía trabajo y un primo me dijo que me pagaban un buen sueldo”, explica. Pronto se dio cuenta de que combatir a la guerrilla y a la “subversión comunista” era sólo una parte de su trabajo. La otra consistía en hacerse con el control de la producción de coca y pasta base de cocaína. “Mi misión no era sólo combatir, yo no maté a nadie. Nos hacían vigilar las zonas cocaleras y los laboratorios”, reconoce en el descanso de una reunión de activistas por los derechos humanos a la que ha acudido en la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre.

“Hoy sigue existiendo paramilitarismo, sólo ha mutado un poco. La mayoría de los mandos intermedios de las AUC no se desmovilizaron y son los que hoy ocupan las antiguas zonas de las FARC. Ni siquiera entregamos todas las armas. Yo tenía un rifle AK-47 y, cuando me entregué, me obligaron a hacerlo con un rifle viejo”, asegura. ¿Quiénes son los actuales jefes paramilitares? La pregunta le hace gracia. “Son los políticos. Siempre han sido ellos. Una prueba es que mi batallón obligó, durante las elecciones, a que la gente votara por Álvaro Uribe Vélez. Les amenazábamos y estábamos presentes en los colegios electorales para ver qué votaban”, afirma. Los políticos, responde. Esos que hoy niegan la existencia del paramilitarismo.

bogotá / popayán / cajamarca (colombia)
17/03/2017 22:32 Actualizado: 18/03/2017 08:00
JAIRO VARGAS
@JairoExtre

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Gas Natural demandará a Colombia por 1.000 millones por liquidar su filial

La compañía presentará la próxima semana una demanda de arbitraje internacional contra Colombia ante el Ciadi en concepto de los perjuicios causados por la decisión adoptada sobre Electricaribe


Gas Natural Fenosa presentará la próxima semana una demanda de arbitraje internacional contra Colombia ante el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, por la decisión del país sudamericano de liquidar su filial Electricaribe, informaron a Europa Press en fuentes de la compañía.


En concreto, la energética española reclamará en su demanda unos 1.000 millones al Gobierno colombiano en concepto de los perjuicios causados por la decisión adoptada sobre Electricaribe, compañía en la que posee con una participación del 85,38%.


El pasado martes, tras la decisión de las autoridades colombianas de liquidar y vender Electricaribe, Gas Natural Fenosa ya señaló que no le quedaba "otra alternativa" que recurrir a los tribunales internacionales de arbitraje. Gas Natural Fenosa ya había decidido desconsolidar su participación en Electricaribe y reclasificar la filial como activo financiero con un valor contable de 475 millones de euros, aunque había señalado que la reclamación internacional se haría por la totalidad de su valor, "que es muy superior".


En paralelo a este paso de acudir a los tribunales arbitrales internacionales, la compañía presidida por Isidro Fainé también expresó su voluntad de seguir negociando con el Gobierno de Colombia para alcanzar un acuerdo que, "dotando a la empresa colombiana de un marco regulatorio adecuado, establezca la necesaria regulación jurídica y económica que le permita continuar operando Electricaribe, y llevar a cabo las inversiones convenientes". La energética estima que su filial en Colombia arrastra un "gravísimo" problema de morosidad y fraude que le ha llevado a alcanzar una deuda de sus clientes superior a los 1.300 millones de euros.


A finales del año pasado, la deuda de los clientes protegidos a los que es imposible cortar el suministro por imperativo legal superaba los 350 millones de euros. A estos importes se suman fraudes por importe superior a los 100 millones de euros anuales. Electricaribe fue adquirida por Unión Fenosa en 2000, y en 2009 Gas Natural compró Unión Fenosa. Desde entonces, y pese a no dejar de advertir de la mora y el fraude de la filial, se han invertido desde España en Electricaribe más de 800 millones de euros, "y jamás se ha cobrado ningún dividendo", según la compañía.

 

16/03/2017 20:23 Actualizado: 16/03/2017 20:23

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Trump Trump pide 30.000 millones para Defensa y arrasa con artes, cooperación y cambio climático

El presidente de EEUU elabora su primer presupuesto federal, que prevé una mayor dotación para una ofensiva contra el Estado Islámico. A cambio, drásticas reducciones para bibliotecas, museos o medio ambiente, entre otros departamentos


El presidente de EEUU, Donald Trump, propuso hoy un aumento del presupuesto para Defensa, así como importantes reducciones en ámbitos como las artes y la cooperación. Trump propuso aumentar el presupuesto de Defensa para este año en 30.000 millones, con una mayor dotación para operaciones contra los yihadistas del Estado Islámico (EI). Este aumento, que enmienda las cuentas del año fiscal en marcha, dota con 24.900 millones de dólares adicionales al Pentágono, que ya contaba con 551.000 millones de dólares, para acelerar las capacidades de respuesta rápida en conflictos y aumentar la dotaciones para programas de armamento.


Entre los programas prioritarios estarían el del caza F-35, que el Gobierno de Trump ha conseguido negociar para lograr menores precios por unidad con la constructora Lockheed Martin, y los de desarrollo de drones. Además, la propuesta aumenta la dotación para contingencias (un apartado nacido durante las guerras de Afganistán e Irak y que parecía condenado a desaparecer) en 5.100 millones de dólares, hasta superar los 70.000 millones de dólares. El objetivo de este último aumento, según la Casa Blanca, es acelerar la ofensiva contra el EI en Irak y Siria, para avanzar en las operaciones de entrenamiento y contraterrorismo en Afganistán.


Trump también ha solicitado 3.000 millones para comenzar a construir el muro con México. Este aumento de emergencia para las cuentas del Pentágono se dan antes de que el Congreso deba decidir si acepta la propuesta presupuestaria del presidente para 2018, que eleva en un 10% el presupuesto de Defensa hasta los 639.000 millones de dólares, lo que pone fin a las contracciones presupuestarias aplicadas a la agencia federal mejor dotada económicamente del Gobierno estadounidense.


Tijera a museos, bibliotecas, cambio climático.

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Mientras, el mandatario pretende suprimir la financiación federal a los Programas Nacionales para las Artes y las Humanidades, lo que supondría un fuerte golpe a museos y organizaciones culturales en EEUU. El plan presupuestario para 2018 presentado incluye además la eliminación de fondos para la Corporación de Medios Públicos (CPB), que incluye la radio (NPR) y televisión pública (PBS); y para las bibliotecas.


Se trata de la primera vez que un presidente propone poner fin a estos programas, creados en 1965 por el presidente Lyndon B. Johnson para impulsar las artes, las humanidades y la actividad cultural en el país. Los Programas Nacionales para las Artes y las Humanidades tienen un presupuesto combinado de 300 millones de dólares (282 millones de euros), mientras que la CPB cuenta con un presupuesto de 445 millones de dólares (418 millones de euros).


Asimismo, el presupuesto apunta al fin de los fondos para el Instituto de Servicios Museísticos y de Bibliotecas, que apoya bibliotecas y museos en todo el país, y que cuenta con un montante anual de 230 millones de dólares (216,3 millones de euros). Estos recortes podrían afectar parcialmente a la Smithsonian Institution y la Galería de Arte de Washington, dos de los centros artísticos más visitados de la capital estadounidense.


El plan presupuestario también reduce sustancialmente la aportación de EEUU a las Naciones Unidas y el gasto del Departamento de Estado en zonas de guerra como Siria e Irak. El presupuesto elimina la partida para la Iniciativa Global de Cambio Climático y las aportaciones adiciones al Fondo Climático Verde de la ONU y rebaja las contribuciones operativas y a las labores de pacificación de la organización. Estos programas entran bajo la coordinación del Departamento de Estado, uno de los más afectados por los recortes de Trump, con una reducción del 28%, de 52.800 millones a 37.600 millones de dólares.


El plan presupuestario de Trump establece un límite del 25% en los costos para labores de pacificación de la ONU, frente al actual 28%. También reduce las contribuciones a la ONU, de cuyos costos operativos EEUU carga con el 22%, aunque no ofrece cifras. El plan anunciado incluye la rebaja de los fondos para bancos multilaterales, como el Banco Mundial, en 650 millones de dólares en los próximos tres años, aunque remarca que "EEUU seguirá siendo el principal donante". Por otro lado, reduce las actividades del Departamento de Estado en áreas de guerra como Siria, Irak y Afganistán, de 20.000 millones a 12.000 millones de dólares. Mantiene, sin embargo, el grueso de la aportación militar a Israel en los 3.100 millones de dólares.


La propuesta presupuestaria aplica, asimismo, enormes recortes en la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), de un 31%, el Departamento de Salud (23%) y en el de Trabajo (21%).


El líder de la minoría demócrata del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, aseguró hoy que los recortes propuestos por Trump "son devastadores para la clase media" y prueban las verdaderas intenciones de su Gobierno de favorecer a los más ricos. Mientras, el director de Presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, ha defendido que la propuesta del presidente supone "trasladar sus palabras a números", al defender los históricos recortes en ayuda exterior y protección medioambiental para financiar el auge en Defensa.

 

16/03/2017 20:01 Actualizado: 16/03/2017 20:01

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Toda la clase política brasileña está en la lista del mayor caso de corrupción, excepto el presidente

En la lista filtrada estarían los más importantes políticos del partido de Michel Temer, pero la inmensa envergadura de la investigación podría acabar debilitándola


El listado, filtrado desde la oficina del fiscal, incluye a casi todos los políticos que estuvieron en el poder en los últimos 10 o 20 años, con la excepción del actual presidente


“ ¿Quién está en la lista?”. La pregunta ha tenido obsesionada a toda la clase política brasileña desde hace meses. Mientras, el país espera que se revelen los nombres involucrados en el caso de corrupción más grande del país: la Operación Lava Jato.


La respuesta parece haberse filtrado esta semana desde la oficina del fiscal general, Rodrigo Janot: en el listado figuran casi todos los políticos que estuvieron en el poder en los últimos 10 o 20 años, con la llamativa excepción del presidente Michel Temer .


Pero con prácticamente toda la clase política en el banquillo, la investigación puede debilitarse al adquirir tamaña envergadura.


Según medios locales, entre los 83 políticos acusados este martes ante la Corte Suprema figuran cinco miembros del Gabinete, dos expresidentes — Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff —, los actuales y anteriores presidentes de ambas cámaras del Congreso y al menos dos antiguos líderes opositores —Aécio Neves y José Serra—.


Ellos, junto con decenas de abogados, han sido denunciados por la llamada “confesión del fin del mundo” de los exejecutivos de Odebrecht, la empresa de construcción más grande de América Latina, acusada de sobornar funcionarios de todo el continente.


Se dice que los testimonios, que supuestamente todavía están bajo secreto de sumario, revelan cómo los contratos públicos para la construcción de represas, puentes, carreteras y plantas energéticas fueron inflados escandalosamente para pagar sobornos a funcionarios de alto rango, tanto de los gobiernos locales como del nacional.


Janot envió 83 casos a la Corte Suprema y 211 a tribunales menores. El número de acusaciones es mayor al que se presentó durante los comienzos de la investigación del caso de corrupción de la petrolera Petrobras, que llevó tres años. Algunos gobernadores y senadores, como Romero Jucá y Renan Calheiros, han sido acusados en ambas investigaciones.
Las acusaciones son otro golpe para el gobierno de Temer, que ya ha perdido ocho ministros —la mayoría a causa de escándalos de corrupción— desde que planificó la destitución de la presidenta Rousseff el año pasado.


Aunque el presidente no ha sido acusado, está implicado en muchos de los testimonios y además supuestamente figuran en el listado todos los otros líderes del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), junto con cinco miembros de su gabinete. Temer ha dicho que solo les pedirá la dimisión si son acusados formalmente.


Sin embargo, existen temores de que muchos de los acusados por la Operación Lava Jato hayan estado socavando la investigación desde que Rousseff fue destituida. El juez de la Corte Suprema que más apoyaba la investigación, Teori Zavascki, murió en un misterioso accidente aéreo en enero . Fue reemplazado por un aliado de Temer, el exministro de Justicia Alexandre de Moraes.


Los políticos están debilitando la investigación de otras formas. Calheiros, expresidente del Senado, salió indemne tras rechazar una orden de un juez de la Corte Suprema para que dimita de su cargo mientras está siendo investigado . Además, los diputados están intentando prohibir las confesiones de los acusados con el objetivo de reducir sus penas y están intentando aprobar una ley de amnistía que permitiría que muchos de ellos evadan un castigo judicial .


Fernando Limongi, profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de San Pablo, dice que el listado de Janot prueba que la corrupción es endémica y que involucra a todos los partidos políticos. Pero advierte de que ampliar la investigación podría beneficiar a aquellos que buscan socavarla.


“ Como están involucrados casi todos los líderes políticos, esto podría acabar aliviando la presión sobre el gobierno de Temer. Ahora todos los políticos están en el mismo barco”, afirma. “¿Qué pasaría si toda la clase política se uniera para buscar una salida?”.


Sylvio Costa, editor de la organización de Congreso en Foco, asegura que el lento proceso judicial podría atascarse si se presentan solicitudes de investigación de forma masiva y al final se acabaría castigando a muy pocos políticos.


“ Es un juego brutal: por un lado los principales partidos políticos —tanto el gobierno como la oposición— están intentando llegar a un acuerdo que preserve a los líderes como Lula y Aécio. Y por otro lado está la sociedad frustrada, que quiere que continúe la investigación aunque no tenga mucha fuerza”.


Costa advierte que la reacción pública determinará el futuro del proceso. “Algunos políticos serán castigados. Tendremos algún tipo de cambio, pero no será ni tan grande ni tan profundo como quisieran los que querían la destitución de Dilma y los que quieren una política honesta y ética”.

 

Jonathan Watts - Río de Janeiro
16/03/2017 - 21:16h


Traducido por Lucía Balducci

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Divisiones del trabajo. ¿Pleno empleo?, ¿readaptación laboral?, ¿economía del conocimiento? Nuevos tipos de trabajo requieren nuevas ideas y nuevas formas de organización

 

La clase obrera, o al menos la parte blanca, se ha revelado como nuestro gran misterio nacional. Tradicionalmente demócratas, han ayudado a elegir a un ampuloso y ostentoso milmillonario a la presidencia. "¿Qué les pasa?" insisten los comentaristas liberales. ¿Por qué se creen las promesas de Trump? ¿Son estúpidos o simplemente deplorablemente racistas? ¿Por qué la clase obrera se ha alineado en contra de sus propios intereses?

Yo nací en esta clase escurridiza y permanezco estrechamente conectada a ella a través de amistades y familia. En la década de 1980, por ejemplo, yo anclé, personalmente, un centro cultural de la clase trabajadora en mi propia casa en Long Island. La atracción no era yo, sino mi marido (entonces) y amigo de siempre Gary Stevenson, un antiguo trabajador de almacén que se había convertido en organizador del sindicato Teamsters. Los suburbios de Long Island pueden considerarse como una comunidad dormitorio para los que se desplazan diariamente a Manhattan, o un portal a los Hamptons, pero por entonces eran también un centro industrial, con más de 20.000 trabajadores empleados en Grumman solamente. Cuando mi hermana se mudó a nuestro sótano, desde Colorado, encontró rápidamente un trabajo en una fábrica a una milla de nuestra casa, al igual que miles de otras personas, algunas de las cuales venían en bus desde el Bronx. Hospedamos principalmente a residentes locales que pasaron por nuestra casa para asambleas por la noche o fiestas de fin de semana: camioneros, trabajadores de fábrica, conserjes y eventualmente enfermeras. Mi trabajo consistía en hacer chili con carne y procurar que hubiera sitio en la nevera para los ziti[1] que invariablemente traerían los demás. Una vez traté de explicar el concepto de "socialismo democrático" a algunos obreros de talleres mecánicos y me permití una breve perorata contra la Unión Soviética. Me miraron con tristeza a través del mostrador de la cocina hasta que uno gruñó: "al menos allí tienen asistencia médica".

En la época en que mi pequeña pandilla se reunía en la casa del rancho, las aspiraciones de la clase obrera eran pisoteadas en todas partes. En 1981, el presidente Reagan rompió el sindicato de controladores aéreos despidiendo a más de 11.000 trabajadores en huelga, una señal clara de lo que estaba por venir. Unos años más tarde, organizamos un picnic para Jim Guyette, el líder de un local militante de empaquetado de productos cárnicos de Minnesota que había emprendido una huelga salvaje contra Hormel (evidentemente en nuestro picnic no se sirvieron productos Hormel). Pero el trabajo había entrado en una era de reducciones y concesiones. El mensaje era: o arrastrarte o quedarse sin trabajo. Incluso los "poderosísimos" sindicatos de viejo cariz obrero, aquellos por los que nuestro pequeño grupo había luchado tanto ya sea para construirlos ya para democratizarlos, estaban amenazados de extinción. En cuestión de un año, el local, no oficial, fue aplastado por su propio sindicato, United Food and Commercial Workers.

Las fábricas de acero se callaron, las minas donde mi padre y mi abuelo habían trabajado cerraron, las fábricas se fueron al sur de la frontera. En este proceso se perdió mucho más que los trabajos; todo un modo de vida en el centro del mito americano estaba llegando a su fin. Los empleos disponibles, en campos como las ventas al por menor y la atención sanitaria, estaban mal pagados, haciendo más difícil para un hombre sin educación universitaria mantener a una familia por su cuenta. Pude ver esto en mi propia familia, en que los nietos de los mineros y de los trabajadores ferroviarios estaban aceptando trabajos como conductores de camiones de reparto o encargados de restaurantes de comida rápida o incluso competían con sus esposas para convertirse en trabajadores minoristas o enfermeros. Tal como observó Susan Faludi en su libro de 1999 Stiffed[2], la desindustrialización de América llevó a una profunda crisis de masculinidad: ¿Qué significaba ser un hombre cuando un hombre ya no podía mantener a una familia?

No era sólo un modo de vida lo que se estaba muriendo sino también muchos de los que lo habían vivido. Una investigación realizada en el año 2015 por Angus Deaton, ganador del Premio Nobel de Economía, junto con su esposa, Anne Case, mostró que la brecha de mortalidad entre los blancos con estudios universitarios y los blancos sin estudios universitarios se había ampliado rápidamente desde 1999. Unos meses más tarde, unos economistas de la Brookings Institution encontraron que para los hombres nacidos en 1920, había una diferencia de seis años en la esperanza de vida entre el 10 por ciento mejor pagado y el 10 por ciento más bajo. Para los hombres nacidos en 1950, esa diferencia había pasado a más del doble, a 14 años. El tabaquismo, que actualmente es un hábito sobre todo de la clase trabajadora, podría representar sólo un tercio del exceso de muertes. El resto era aparentemente atribuible al alcoholismo, las sobredosis de drogas y el suicidio, generalmente por disparos de arma de fuego, lo que a menudo se denomina "enfermedades de la desesperación".

En el nuevo panorama económico de empleos mal pagados en el sector servicios, algunas de las viejas panaceas de la izquierda han dejado de tener sentido. El “pleno empleo”, por ejemplo, fue el mantra de los sindicatos durante décadas, pero ¿qué significa cuando la paga de tantos puestos de trabajo ya no es suficiente para vivir? La idea era que si todos los que querían un empleo podían conseguirlo, los patronos tendrían que aumentar los salarios para atraer nuevos trabajadores. Sin embargo, cuando a finales de los años noventa fui, como periodista encubierta, a comprobar la viabilidad de los puestos de trabajo de nivel de entrada, me encontré con que mis compañeros de trabajo (camareros, cuidadores de ancianos, criadas con un servicio de limpieza, "asociados" de Walmart) vivían en su mayor parte en la pobreza. Como expliqué en el libro resultante, Nickel and Dimed, algunos no tenían un hogar y dormían en sus coches, mientras que otros se saltaban el almuerzo porque no podían permitirse más que una pequeña bolsa de Doritos. Eran trabajadores a tiempo completo y era una época, como la actual, de casi pleno empleo.

Otra solución en boga a la crisis de la clase trabajadora era la readaptación laboral. Si la nuestra es una "economía del conocimiento" -que suena mucho mejor que una "economía de bajos salarios"- los trabajadores desempleados sólo tenían que espabilarse y reciclarse a otras habilidades más útiles. El presidente Obama promovió el reciclaje laboral, al igual que Hillary Clinton como candidata presidencial, junto con muchos republicanos. El problema era que nadie estaba seguro del tipo de formación que se necesitaba; la informática estaba en boga en los años 90, la soldadura también lo estuvo y ha pasado de moda, y las carreras en el sector todavía creciente de la salud se ven como las mejores apuestas actualmente. Tampoco hay una medida clara de la eficacia de los programas de readiestramiento existentes. En 2011, la Government Accountability Office (Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los EE.UU.) encontró que el gobierno federal apoyaba 47 proyectos de capacitación laboral en 2009, de los cuales sólo cinco habían sido evaluados en los últimos cinco años. Paul Ryan ha elogiado en repetidas ocasiones un programa en su ciudad natal, Janesville (Wisconsin), pero un estudio de 2012 de ProPublica encontró que las personas despedidas que pasaron por él tenían menos probabilidades de encontrar trabajo que los que no lo hicieron.

No importa lo bueno que sea el programa de reciclaje, la idea de que la gente debe ser infinitamente maleable y pronta a recrearse para acomodarse a cada cambio en el mercado de trabajo seguramente no es realista y desde luego no es respetuosa con las habilidades existentes. A principios de los 90 cené en una Pizza Hut con un minero despedido en Butte, Mont (en realidad, los despedidos son los únicos mineros existentes en Butte). Este cincuentón se rió cuando me dijo que le estaban aconsejando obtener un título de enfermería. No pude evitar reírme también, no por la incongruencia de género, sino por la idea de que un hombre cuyas herramientas habían sido una piqueta y la dinamita debiera ahora cambiar tan radicalmente su relación con el mundo. No es de extrañar que cuando a los trabajadores de cuello azul se les diera la opción entre el reciclaje de empleo, tal como proponía Clinton, y la recuperación no se sabe como, milagrosamente, de sus antiguos empleos, como proponía Trump, se decantaran por este último.

Actualmente, cuando los políticos invocan a la “clase obrera”, es probable que se refieran, anacrónicamente, a una fábrica abandonada. Sería más realístico servirse de un hospital o un restaurante de comida rápida como referencia. La nueva clase obrera consiste en muchas de las ocupaciones tradicionales de cuello azul (conductor de camión, electricista, fontanero) pero en general, es más probable que sus miembros usen más bien fregonas que martillos y bacinillas en vez de paletas. También desde el punto de vista demográfico, la clase obrera ha evolucionado desde los años 80 en que los grupos que se reunían en mi casa eran, de forma aplastante, masculinos y blancos. Negros e hispanos han sido desde hace tiempo una parte importante, aunque no reconocida, de la clase obrera, y ahora es más femenina y contiene muchos más inmigrantes también. Si el estereotipo de la vieja clase obrera era un hombre con casco, el nuevo está mejor representado por una mujer cantando, “¡El pueblo unido jamás será vencido!”

Los antiguos empleos no volverán, pero hay otra forma de abordar la crisis provocada por la desindustrialización: pagar mejor a todos los trabajadores. La gran innovación laboral del siglo XXI han sido las campañas dirigidas a elevar los salarios mínimos locales o estatales. Los activistas han logrado aprobar leyes de salarios suficientes para vivir en más de cien condados y municipios desde 1994 apelando a un simple sentido de justicia: ¿Por qué se debería trabajar a tiempo completo, durante todo el año y no ganar lo suficiente para pagar el alquiler y otras necesidades básicas? Las encuestas demostraron que había grandes mayorías que favorecían el aumento del salario mínimo; estudiantes universitarios, miembros de la iglesia y sindicatos se unieron a las campañas locales. Los sindicatos comenzaron a tener en cuenta a grupos de trabajadores anteriormente desatendidos como conserjes, ayudantes sanitarios en el hogar y jornaleros. Y donde los sindicatos han vacilado, han surgido nuevos tipos de organizaciones: asociaciones a veces respaldadas por los sindicatos y a veces por fundaciones filantrópicas: Our Walmart (Nuestro Walmart), la National Domestic Workers Alliance (Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos) y los Restaurant Opportunities Centers United (Centros de Oportunidades de Restaurantes Unidos).

Nuestro viejos tiempos de Long Island se acabaron hace muchos años: la casa vendida, las antiguas amistades desgastadas por la edad y la distancia. Lo encuentro a faltar. Como grupo no teníamos ninguna ideología en particular, pero nuestra visión, que se articulaba a través de nuestras fiestas, en vez de con un manifiesto cualquiera, era utópica, especialmente en el contexto de Long Island, donde si querías alguna ayuda del condado tenías que ser un republicano registrado. Si tuviéramos que resumirlo, podríamos hacerlo con la vieja palabra “solidaridad”: si te unes a mi piquete yo me uno al tuyo y quizás podemos ir todos juntos, con los niños, a protestar a la planta química que está infiltrando toxinas en nuestro suelo, y luego haremos una barbacoa en mi jardín. No nos interesaba la pequeña política. Queríamos un mundo en que se respetara el trabajo de cada uno y se oyera cada voz.

Nunca esperé formar parte nuevamente de algo así hasta que en 2004 descubrí un grupo similar, mucho mejor organizado en Fort Wayne, Indiana. El Northeast Indiana Central Labor Council (Consejo Laboral Central del Nordeste de Indiana), como se llamaba entonces, reunía a inmigrantes mexicanos que trabajaban en la construcción y que habían sido contratados para reemplazar a los miembros de los sindicatos de la construcción nacidos allí, más trabajadores de la fundición despedidos y trabajadores birmanos, profesores adjuntos y conserjes. Su objetivo, según el presidente de la época, Tom Lewandowski, un antiguo obrero de General Electric que actuó en la década de 1990 como enlace de la AFL-CIO con el movimiento insurgente polaco Solidarnosc, era crear una “cultura de solidaridad”. Se inspiraron en la constatación de que no basta con organizar a las personas que tienen trabajo; hay que organizar también a los desempleados, así como a los “empleados con ansiedad”, lo que significa potencialmente toda la comunidad. Su táctica no demasiado secreta eran las fiestas y los picnics, a algunos de los cuales tuve la suerte de asistir.

El panorama de Fort Wayne incluía a gente de todos los colores y colores de cuellos, trabajadores legales e indocumentados, liberales y conservadores políticos, algunos de los cuales apoyaron a Trump en las últimas elecciones. Se demostró que había un nuevo tipo de solidaridad, aún cuando los antiguos sindicatos no estuvieran preparados. En 2016, el debilitado AFL-CIO, que durante más de seis décadas había luchado para mantener unido el movimiento obrero, disolvió de repente el Consejo Laboral Central del Nordeste de Indiana citando oscuros imperativos burocráticos. Pero el consejo de trabajo no se dejó desanimar. Se reinventó rápidamente como el Workers’ Project (Proyecto de los Trabajadores) y atrajo a más de 6.000 personas al picnic local del Día del Trabajo, a pesar de haber perdido su acceso a Internet y al equipo de oficina del AFL-CIO.

La última vez que hablé con Tom Lewandowski, a principios de febrero, el Workers’ Project había logrado organizar a 20 trabajadores contratados de Costco en una unidad colectiva propia y estaban planeando celebrarlo con, por supuesto, una fiesta. El impulso humano de hacer causa común, y pasárselo bien haciéndolo, es difícil de suprimir.

 

[1] Ndt: Especie de macarrones horneados.

[2] Ndt: Timados.

 

 

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