Domingo, 12 Marzo 2017 12:18

Brasil y el precio del golpe

Brasil y el precio del golpe

Hace pocos días Michel Temer, quien ocupa la presidencia de Brasil desde el golpe institucional del año pasado, dijo que la economía empezaba a mostrar resultados excelentes.

Bueno, tratándose de un caballero que al emitir su discurso en el Día Internacional de la Mujer dijo que el papel de ellas era esencial para saber de los aumentos de precios en supermercados, se puede esperar cualquier cosa. Incluso semejante disparate.

La verdad verdadera es bien otra: el país vive la peor recesión de su historia. El año pasado el producto interno bruto (PIB) brasileño sufrió un bajón de 3.6 por ciento, y por primera vez desde 1996 todos los sectores de la economía, sin excepción, retrocedieron. El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, trató de inyectar algún ánimo en los mercados, diciendo que "lo de 2016 es como mirar por el retrovisor" y que a fines del primer trimestre, "con toda seguridad", la retomada económica será visible y palpable.

Bueno: a menos que Meirelles disponga de información ultra-híper-secreta, no existe razón alguna para creer en lo que dice. Tampoco sirve argumentar que la fuerte caída de la inflación es un indicio de mejora, como dicen Temer y su gente. Se olvidan de lo obvio: la inflación bajó porque el consumo se desplomó.

Por más que el resultado del PIB negativo fuese esperado, la confirmación oficial tuvo el efecto de una ducha de agua fría sobre todos los segmentos económicos. La tan mencionada retomada de la economía será mucho más difícil de alcanzar de lo que preveían las proyecciones del mercado financiero, para no mencionar las del gobierno, que además vive una turbulencia política de proporciones asustadoras.

En 2015, la retracción del PIB ya había sido muy elevada: 3.8 por ciento. Al confirmarse que por ocho trimestres consecutivos la economía encogió, la única comparación posible se da con la recesión observada en 1930 y 1931, como reflejo de la crisis norteamericana de 1929.

En aquellos años, sin embargo, el retroceso del PIB fue de, respectivamente, 2.1 y 3.3 por ciento, muy inferior al de ahora.

Otro dato que hace que el optimismo del gobierno de Temer carezca totalmente de base: en el tercer trimestre de 2016, la caída del PIB había sido de 0.7 por ciento. Fue cuando el hablante Henrique Meirelles aseguró que el cuarto y último trimestre ya mostraría recuperación.

Bien: en lugar de recuperación, lo que hubo ha sido un retroceso aún mayor, de 0.9 por ciento.

Un dato que preocupa al cada vez más fragilizado gobierno es el empobrecimiento de la población. Desde 2014, último año del primer mandato de Dilma Rousseff, el PIB per cápita se desplomó 9.1 por ciento, lo que llevó el consumo familiar a disminuir 4.2 por ciento el año pasado.

El discurso de que la destitución de la presidenta significaría la retomada de la confianza y, como consecuencia, el retorno de las inversiones, fue claramente desmentido.

Los grandes medios de comunicación, por su lado, pilares esenciales del golpe institucional, aseguraban, a lo largo de las últimas semanas, que pese a la gravedad de la situación, había indicios claros de que la economía reaccionaba gracias a Michel Temer y compañía.

Bueno, reaccionó desplomándose de una vez.

Tampoco el argumento de la "herencia maldita" recibida por Temer se mantiene como al principio del golpe. Crece, en la opinión pública, el sentimiento de que desde el primer día de 2015, en el inicio de su segundo mandato presidencial, Dilma Rousseff fue duramente saboteada por la Cámara de Diputados, presidida por el actual prisionero Eduardo Cunha.

Los mismos medios de comunicación que contribuyeron de manera esencial a la destitución de la presidenta se deparan con serias dificultades para justificar cómo medidas propuestas por la entonces mandataria y duramente rechazadas por los diputados ahora son vistas como llaves de la salvación nacional.

Ya no a cada día, pero a cada hora, se hace más y más difícil ocultar que el golpe, armado en 2015 por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de Michel Temer, y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del senador Aécio Neves y del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, y concluido en 2016, no trajo de regreso ni la confianza del mercado, y menos las inversiones, principalmente del sector privado.

En relación con el desempleo, hubo una fuerte expansión, empujando a millones de familias que, con Lula, habían ascendido a la clase media, de regreso a la pobreza. De los 38 países que divulgaron los resultados de su economía en 2016, y que juntos significan 81 por ciento del PIB mundial, Brasil ha sido el único que retrocedió. Hasta la conturbada Grecia logró crecer: 0.3 por ciento.

Si a ese cuadro se suma la única cosa que verdaderamente se expandió muchísimo desde el triunfo del golpe –los escándalos de corrupción–, se entenderá la potencia y el alcance de la turbulencia que sacude a Brasil.

Ese es el precio que el país paga por el golpe institucional y la instalación de un gobierno plagado de bandoleros y descalificados.

Los próximos días prometen nuevas y fuertes emociones. En cualquier momento empezarán a gotear los nombres denunciados por corrupción. Entre los más sonantes están ministros, políticos de todos los partidos aliados y, por si fuera poco, el mismo Michel Temer.

Este es el retrato de un país en descomposición ética, política, moral y, claro, económica. Este el precio, terrible precio, tenebroso precio.

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Con la entrega de  322 armas de Farc, se inicio el desarme de esa guerrilla

 

Es necesario un esfuerzo de ambas partes y de la comunidad internacional para evitar que el proceso de paz se estanque

 

Conforme transcurren los días tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) el pasado 24 de Noviembre, más difícil se torna el proceso de implementación que debe hacer realidad lo acordado y de esta forma modernizar un país que apenas resurge tras 52 años de cruento conflicto armado interno. Es necesario un esfuerzo de ambas partes y de la comunidad internacional para evitar que el proceso de paz se estanque, con las nefastas consecuencias que ello tendría.

Los retrasos en la construcción de las 26 Zonas Verdales Transitorias de Normalización (ZVTN) han sido el primer problema encontrado en el proceso de implementación. Las ZVTN debían estar construidas antes del 1 de diciembre 2016, día D. Ese día las FARC estaban concentradas en los puntos previos de concentración designados. Accedieron a entrar en las ZVTN sin que se hubieran construido las infraestructuras mínimas acordadas: alojamientos, suministro eléctrico, servicios sanitarios-higiénicos, agua corriente y conectividad. A fecha de hoy es excepción la ZVTN que tenga construido al menos un 50% de las infraestructuras. He visitado seis de ellas. Solo en una había servicios sanitarios-higiénicos instalados. En ninguna había viviendas construidas. No hay atención médica más allá de primeros auxilios, muchas veces prestados por la propia guerrilla.

En las ZVTN hay hijos de guerrilleras, algunos recién nacidos, y hay decenas de guerrilleras embarazadas. A la vista de las demoras, las FARC acordaron con el Gobierno que pusieran a su disposición materiales de construcción para que ellos mismos construyeran. Este compromiso se está cumpliendo solo parcialmente. No es que la guerrilla tenga problemas en vivir en malas condiciones, están acostumbrados, pero si la primera obligación del Gobierno en el cronograma de implementación está siendo cumplida tardía y deficientemente, se envía una pésima señal sobre la capacidad real de las instituciones colombianas respecto al cumplimiento de lo acordado. Viene a la memoria la histórica tradición de los distintos gobiernos del país de incumplir los acuerdos de paz firmados, incumplimientos que en numerosas ocasiones incluyeron el posterior asesinato de los guerrilleros que habían firmado los acuerdos.

En el acuerdo final se estableció la aprobación urgente de una Ley de Amnistía que amnistiara los delitos de rebelión y conexos conforme a las leyes en vigor en la fecha de firma del Acuerdo Final. A la firma del acuerdo de paz había aproximadamente 3.500 personas encarceladas por vínculos con las FARC EP. En torno a 700 pueden tener derecho a la amnistía establecida en la ley. El resto tienen derecho a ser excarcelados en distintas condiciones: libertad condicionada o traslado a ZVTN. También existen unos 5.000 miembros de la Fuerza Pública potenciales beneficiados por la ley

El 30 de diciembre se aprobó la Ley de Amnistía, que contempla su aplicación de oficio o a instancia del solicitante. Sin embargo los jueces no la han aplicado. A principios de febrero solo se habían otorgado 8 amnistías y ninguna libertad condicionada. Los jueces alegaron que la ley era deficiente y que se necesitaban unas normas de procedimiento para aplicarla. El 17 de febrero se aprobó un Decreto presidencial que incluía el procedimiento de aplicación elaborado por los propios jueces colombianos. El pasado día 6 de marzo, los jueces de ejecución de penas, los competentes para aplicar la amnistía, se declararon en paro alegando falta de medios para aplicar la amnistía. A fecha de hoy se han aprobado algo menos de setenta amnistías a guerrilleros, cinco autorizaciones de traslado a ZVTN y ninguna libertada condicionada. No se tiene noticas de que se haya aprobado ninguna medida equivalente respecto a miembros de la Fuerza Pública.

La negativa de los jueces colombianos a cumplir la ley de amnistía – a salvo de las muy dignas excepciones indicadas–, además de ser inédita respecto a anteriores procesos de paz habidos en Colombia o en otros lugares del mundo, está generando una situación muy peligrosa entre las bases guerrilleras. Se incrementa la desconfianza ante las instituciones y el Gobierno que firmó el Acuerdo de Paz y por tanto crece la desconfianza sobre el cumplimiento de lo acordado. Puede provocar una situación de desconfianza y desafección respecto a los dirigentes de la guerrilla, al poder interpretar los guerrilleros que también están siendo engañados por estos, ya que habían garantizado un tratamiento especial de justicia además de la amnistía. Esta situación puede estimular las disidencias en el seno de las FARC EP, disidencias que hasta la actualidad están siendo muy reducidas, menos de un 4%, cuando la media en los procesos de paz con grupos rebeldes ronda el 20%.

Las garantías de seguridad –léase desmantelamiento del paramilitarismo- son uno de los más importantes logros de este proceso de paz. No se olvide que el Acuerdo Final se alcanzó en un contexto en el que continúa existiendo violencia de grupos paramilitares de extrema derecha, continua el enfrentamiento del Estado con otros alzados en armas –ELN- y continúan existiendo importantes economías ilícitas. Todo ello hace más meritorio el Acuerdo Final, que contiene fuertes compromisos para acabar con el paramilitarismo, fenómeno estructural en Colombia de larga data. El compromiso del Gobierno no es únicamente garantizar el monopolio legítimo del Estado en el uso de la fuerza y de las armas, sino desmantelar las estructuras civiles que durante décadas han organizado, financiado, instigado y aprovechado política y económicamente a los grupos paramilitares. Una de las medidas más importante es la creación de una Unidad de Investigación especializada para el desmantelamiento de organizaciones paramilitares, con competencia para desactivar las estructuras políticas de apoyo a estos grupos y sus estructuras económicas de financiación. La actual Fiscalía General de la Nación (FGN), ignorando el acuerdo de paz alcanzado, intenta impedir la puesta en marcha de esta Unidad Especial, a la vez que intenta modificar el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aprovechando el proceso de implementación legislativa actualmente en curso y que también está resultando sumamente complejo debido a la inestable mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno del presidente Santos. Las propuestas que formula la FGN tienen siempre los mismos dos objetivos: sustraer a los civiles presuntos financiadores, organizadores o instigadores del paramilitarismo de la JEP y mantenerlos en la jurisdicción ordinaria -donde siempre han disfrutado y disfrutan de impunidad- y a la vez sustraer de la JEP el mayor número posible de conductas realizadas por las FARC EP, intentando mantener la competencia de la jurisdicción ordinaria, y de la FGN, sobre ellas, lo que conculca lo establecido en el acuerdo parcial que resultó más difícil de cerrar, el relativo a Victimas y Justicia. A la vez, la FGN no da resultados importantes en la investigación y castigo de los crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos, dirigentes políticos, sociales y campesinos que han venido apoyando el proceso de paz. En el año 2016 y lo que va del 2017 son más de 130 los asesinados. Desde la firma del Acuerdo de Paz del 24 de agosto de 2016, son casi 80 las personas pertenecientes a los anteriores colectivos que han sido asesinadas. La FGN niega constantemente la existencia de un plan sistemático para atacar el proceso de paz y a las personas que lo apoyan. Todo lo anterior deteriora seriamente la confianza a las FARC EP en el cumplimiento del acuerdo de Garantías de Seguridad, suponiendo grave indefensión respecto a la seguridad personal e integridad física que requiere cualquier guerrilla para concluir un proceso de dejación de armas.

Actualmente no hay concreción ni puesta en marcha de las políticas de reincorporación política y social de las FARC EP una vez abandonas las armas.Tras la realización del plebiscito del 2 de octubre que rechazó el Acuerdo de Paz del 24 de agosto de 2016, se produjo un proceso de renegociación en el que las FARC asumieron importantes modificaciones en el sistema de Justicia Especial para la Paz, mayores limitaciones en el régimen de amnistía y sobre todo, reducciones de los programas de reincorporación a la vida civil de los antiguos guerrilleros, en especial reducción de las cuantías económicas destinadas a estos programas, mezquina exigencia de los defensores del no. El total del presupuesto finalmente acordado para la reincorporación económica y social de las FARC EP, es equivalente al gasto de 10 días de guerra.

A fecha de hoy existe un atraso sustancial en el diseño de los programas de reincorporación social y una peligrosa falta de recursos económicos. Ninguno de los programas de reincorporación económica y social ha comenzado a ponerse en marcha, a pesar de que apenas en tres meses, el 31 de mayo, está previsto que concluya la existencia de las ZVTN, desaparezcan las FARC-EP, surja el nuevo partido político sucesor de la anterior organización y de esta forma se dé el paso definitivo a la reincorporación en la vida social. No es posible que esa fecha los guerrilleros se trasladen a sus hogares, porque estos no existen tras 52 años de guerra o décadas de permanencia en las FARC EP. Salvo excepciones, no existen condiciones de seguridad para que los antiguos guerrilleros se trasladen a residir en los hogares de sus familiares, y ello en el caso de que sus familias, en su mayoría campesinos en precarias condiciones de vida, tuvieran a su disposición los medios materiales para acogerlos. Tampoco han sido definidos los programas de acceso al empleo, proyectos productivos, de desarrollo agrario o de sustitución de cultivos ilícitos.

Esta situación de indefinición de su futuro inmediato, también provoca una importante angustia entre la guerrillerada, que puede estimular la desconfianza interna en el proceso de paz y por tanto las disidencias. Aprovechando esta situación, distintos grupos criminales deseosos de contar gente experimentada en el manejo de armas, están ofreciendo a los guerrilleros elevadas cantidades de dinero para cooptarlos.

Las Naciones Unidas viene alertando sobre el alto porcentaje de fracaso que han tenido los programas de reincorporación a la vida social de los grupos guerrilleros que en las ultimas décadas han efectuado dejación de armas tras firmar acuerdos de paz. Estos fracasos tienen habitualmente como consecuencia el incremento de la violencia, de la delincuencia y de las economías ilegales.

El proceso de dejación de armas de las FARC-EP comenzó el día 1 de marzo de 2017 (D+ 90) y concluirá el próximo 31 de mayo (D+180). A pesar de las dificultades que viene atravesando el proceso de implementación, las FARC-EP procedieron al inicio de la dejación del 30% de sus armas en el D+90. Una segunda fase de dejación de otro 30 % de las armas se iniciará el 1 de abril y la fase de dejación del restante 40% de armas se iniciará el 1 de mayo, debiendo haber concluido todo el proceso el día 31 de ese mes. El Acuerdo Final establece una serie de garantías para las FARC EP de índole Jurídico, de Seguridad Personal, y de Seguridad Económico y Social. Evidentemente el cumplimiento de lo acordado es una obligación reciproca para los firmantes de cualquier acuerdo. Al igual que las FARC EP están cumpliendo con el proceso de dejación de armas, el Gobierno y las instituciones competentes deberían cumplir con los contenidos de seguridad jurídica que les incumben –aplicación de la amnistía y aprobación en el Congreso de las leyes que pongan en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición-, con los compromisos sobre seguridad personal –desmantelamiento del paramilitarismo y detención de los responsables de los crímenes contra los defensores del proceso de paz que viene sucediéndose-, así como al menos definir los programas de reincorporación económica y social que necesariamente deben ponerse en marcha antes del 31 de mayo. En caso contrario, el 1 de junio el proceso de paz se verá arrastrado a una seria crisis de implementación que en la práctica puede hacer fracasar todos los esfuerzos desplegados por ambas partes desde el inicio del proceso exploratorio en febrero de 2012.

La verificación y acompañamiento Internacional son en este momento una necesidad urgente para el proceso de paz. A fecha de hoy, el único mecanismo de verificación y monitoreo internacional del Acuerdo de Paz que funciona es el encargado de monitorear y verificar el proceso de Dejación de Armas -el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas, MMV, creado en enero 2016-, es decir, actualmente solo se están monitoreando y verificando el cumplimiento de las obligaciones que incumben a las FARC EP. En el Acuerdo Final únicamente se contemplan mecanismos de verificación de los puntos 3 “Garantías de Seguridad” y 6 “Reincorporación a la vida civil”, también a cargo de las NNUU. A fecha de hoy el Gobierno colombiano no ha concretado en la ONU la forma de puesta en marcha de este mecanismo. Se prevé en el Acuerdo Final un acompañamiento internacional en la implementación de todos los puntos acordados, pero todavía esos mecanismos internacionales de acompañamiento a la implementación no han sido puestos en marcha, a pesar de las sucesivas peticiones de las FARC EP.

Es evidente que en un acuerdo de paz que pone fin a 50 años de conflicto armado no resulta procedente que una de las partes pretenda que solo se verifiquen, monitoreen o acompañe la implementación respecto a las obligaciones que corresponde a la otra parte, en este caso respecto a la dejación de armas de las FARC EP. Para garantizar la muy necesaria implementación de todo lo acordado o al menos de lo más importante, es imprescindible poner en marcha de forma inmediata todos los mecanismos de monitoreo, verificación y acompañamiento que contempla el acuerdo final de paz, y para ello es imprescindible la presencia activa en dichos mecanismos de la comunidad internacional. También sería conveniente mayor agilidad en la implementación y un claro respeto a lo acordado por parte de todas las instituciones implicadas, no únicamente por el Gobierno.

 

Enrique Santiago Romero es asesor de las FARC-EP en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI)

 

 

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La hoja de coca se tuesta en ollas al fuego para uso tradicional en Colombia (Clara Roig)

 

Fabiola Piñacué y Herney Ruiz tienen una misma lucha en común: recuperar el consumo tradicional de la hoja de coca en Colombia pese al veto internacional

 

El viento sopla suave, seco. La tierra calienta. El sol abrasa. La brisa remueve el polvo del camino que conduce al pequeño pueblo de Lerma, en las montañas áridas del Macizo Colombiano, en el departamento del Cauca, a 600 kilómetros al sur de Bogotá. A un lado de la calle principal, los niños juegan al futbol en el polideportivo. Las mujeres reposan en los bancos delante de las casas y los hombres se reúnen en las ‘tiendecitas’ que dan a la calle. “Aquí hubo un muerto”, dice Herney Ruiz señalando la entrada de una casa, “y aquí, aquí, y aquí”. Todo a su alrededor parece tranquilo. “Si pusiéramos una cruz en cada esquina donde ha habido un muerto, no podríamos cerrar las puertas de las casas”, comenta.

Herney Ruíz es una mezcla de Robin Hood y Gandalf para Lerma. Comprometido y emprendedor, ha participado en el proceso de paz del pueblo como líder comunitario y ha desarrollado una alternativa al cultivo ilícito de la hoja de coca en un municipio en el que el 80% de la economía se basa en pequeños cultivos de esta planta.

Aunque aún no es del todo rentable, su pequeña tienda de productos derivados de hoja de coca ha pasado de generar 500.000 pesos colombianos (146€) por año en 2009 a 6 millones de pesos (1.750€) en el 2015. A partir de una harina que saca de moler las hojas de coca hace panes, galletas, vino, pomadas, y hasta una torta que ofrece al obispo cuando viene de visita.

Teniendo en cuenta que la canasta básica en Colombia es de unos 116€ y el salario mínimo estaba en 220€ en 2016, tal aportación es una ayuda importante para la familia de Herney Ruiz y el pueblo de Lerma. Son los frutos acumulados de seis años de resistencia. Una ganancia que, por encima de todo, es social.

Los gobiernos de Colombia y EEUU llevan décadas intentando reducir los cultivos de hoja de coca en Colombia con políticas que han supuesto una erradicación indiscriminada y que han provocado algunos abusos contra la población rural. Comunidades golpeadas por la violencia del narcotráfico han sufrido también la pobreza y la falta de proyectos de desarrollo que las asociaciones campesinas reclaman con insistencia.

 

Un pueblo que superó el conflicto

 

En los años 80, el pueblo de Lerma vivía sumido en la violencia. El narcotráfico se había infiltrado en todas las esferas sociales de la pequeña localidad. Una frase popular de esos tiempos que aún resuena en las calles cuenta que los jueves y domingos no era día de mercado si no había al menos dos o tres muertos.

 


El pasado


En Lerma el narcotráfico se había infiltrado en todas las esferas: no era día de mercado si no había dos o tres muertos, se decía

 

Durante los años de la bonanza cocalera (1978-1983), Herney Ruiz, como cualquier otro niño, frecuentaba una de las 15 cantinas del pueblo. A los 13 años, vendió sus 19 matas de hoja de coca y con el dinero obtenido se compró un revólver. A los 14, entró a trabajar en una cocina donde se preparaba cocaína con un sueldo de 300 gramos de coca a la semana. Una vez aprendida la química, montó su propio negocio con el primo. “El campesino era el jefe de la cocina”, explica. Pero vino el gran cartelista de Medellín, el que tenía la plata, y pasó a controlar la producción. Después, entró la guerrilla. “Todos mis amigos de juventud están muertos”, refleja El Gato, campesino de la zona que prefiere mantener su nombre real en el anonimato. Entre el 83 y el 88 murieron alrededor de 120 personas en un pueblo de 400 habitantes. Hasta que las mujeres dijeron ¡basta!

Así es como Lerma inició su propio proceso de paz mucho antes que el resto del país. Se empezó con el cierre de las cantinas en el 88 y finalizó con un programa educativo impulsado por Walter Gaviria, profesor licenciado de Popayán, para enseñar a los niños nuevos valores a través de la música, el teatro y el deporte. En 1993 se fundó el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) para llevar a cabo programas de desarrollo rural. La experiencia de Lerma fue tan exitosa que en 2003 pasó a formar parte de los Laboratorios de Paz impulsados por la Unión Europea para sistematizar las buenas iniciativas de paz. En 2013, Lerma fue reconocido como ‘Territorio de Convivencia y Paz’ por el Municipio de Bolívar, título que ostenta con orgullo el gran árbol que preside la entrada del pueblo.

Sin embargo, la violencia y el narcotráfico dejaron mella. Junto con el empeño del gobierno, se consiguió estigmatizar la hoja de coca en un territorio en el que se la consideraba sagrada, la Mamacoca, la madre de todas las plantas.

 


Los nuevos tiempos

 

A los trece años, Herney Ruiz se compró un revólver, a los 14 ya trabajaba en la producción de cocaína; ahora apoya alternativas al cultivo ilícito de coca


En el mercado de Bolívar, una vendedora esconde entre maíz y frijoles unas pocas bolsitas de hoja de coca tostada. “¿Cuántas vende al día?”, le pregunta Herney. La mujer le mira de refilón y responde que poquitas, “una o dos bolsitas namás”. Al poco tiempo, un señor con sombrero y camisa a cuadros le compra dos bolsitas más. Al minuto otro señor proveniente de la ciudad le pide otras dos “para hacer infusiones”. La vendedora saca de repente un saco entero que tenía escondido y empieza a rellenar más bolsitas. Herney lo llama “venta en resistencia”.

 

La estigmatización de la coca

 

En la cantina, una señora mayor come lentamente su sopa de maíz. Teodosia Hernández, originaria del Morro, Bolívar, es de las pocas mambeadoras (mascadoras de hoja de coca) que quedan en la región. “Mambear va bien para cualquier oficio”, explica. “Ahora mambeo para barrer y limpiar, sino todo me da pereza”.

Doña Teodosia relata cómo en sus años mozos vendía, compraba y mascaba hoja de coca todos los días. “Siempre dicen que se va a acabar, pero la hoja nunca se acaba”, afirma.

Don Agustín, emocionado por unirse a la conversación, empieza a explicar cómo se produce el mambe, una piedra calcina que se usa para quitarle la amargura a la hoja en el mascado y que es lo que le da el nombre en Colombia. Sus padres producían el mambe y le enseñaron a quemar la cal.

“¿Y usted sigue mambeando Don Agustín?”, pregunta Herney inocentemente. “¿Yo?”, se extraña. “Con el contrabando lo tachaban a uno de verraco. Así que cuando las autoridades empezaron a erradicar, yo también arranqué mis matas”, puntualiza.

 

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Doña Teodosia, una de las últimas mambeadoras en Bolívar (CR)

 

Hoy en día en Colombia los campesinos rehúyen el uso de la hoja de coca y los mascadores prefieren mantenerse en el anonimato. “El campesino es muy reservado. La represión ha hecho que la gente no luche por sus derechos”, aclara Herney.

 

El impacto de la ‘narcoguerra’

 

En el pequeño terreno de menos de un cuarto de hectárea en una pendiente empinada, Herney cultiva de todo: yuca, frijoles, piña, mango, coca. Después del largo verano de seis meses, la tierra está seca y los guineos se ven lánguidos. Quedan unos pocos plátanos verdes colgando de la mata. Herney coge uno y lo abre. La parte interior está toda negra, podrida. “Este tipo de guineo ya no sirve, tenemos que arrancarlo todo y volver a plantar con una nueva semilla”, explica Herney, exhausto.

Hace dos años de la última fumigación en Bolívar, a unos 30-40 kilómetros del pueblo, pero las consecuencias aún son palpables. “Esto ha sido una guerra biológica”, denuncia Herney, “salíamos a mirar las avionetas y al día siguiente teníamos ronchas en el cuerpo, diarrea e irritación de la vista y la garganta”, añade.

 

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Herney Ruiz muestra los plátanos podridos y lo atribuye a las fumigaciones con glisofato (CR)

 

Como parte de la llamada “guerra contra las drogas” promovida por Estados Unidos y la ONU, en los años 90 empezaron las fumigaciones con glifosato. Los cultivos no dejaron de aumentar hasta el 2001, cuando se implementó el Plan Colombia financiado por los EEUU. La nueva ofensiva redujo los cultivos, aunque solo temporalmente. Entre 2003 y 2007 se incrementaron paulatinamente hasta alcanzar los niveles de 2001 a medida que los agricultores se adaptaban a las nuevas condiciones.

El mismo Departamento de Estado de EEUU reconoce que tales políticas provocaron que los cultivos se esparcieran por todo el país, hasta en áreas remotas. Entonces, el gobierno colombiano introdujo una nueva ofensiva: las erradicaciones forzosas con presencia de militares y agentes antinarcóticos en el terreno.

Después de 25 años, en octubre de 2015, el gobierno colombiano suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato presionado por un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que confirmaba sus efectos nocivos en el ser humano y el medio ambiente.

Sin embargo, después de un aumento de los cultivos en 2016, el gobierno decidió retomar el uso del glifosato esta vez por vía terrestre y con un protocolo especial para evitar la afectación a las comunidades campesinas.

Las erradicaciones también continúan, y muchas familias se quejan de que pierden el sustento económico y no disponen de una alternativa viable. “Las erradicaciones trajeron pobreza y descomposición social. Aumentaron los atracos en la carretera y muchas familias se fueron a la ciudad. La escuela pasó de 120 alumnos a 60”, valora Herney.

Otra de las apuestas del gobierno colombiano es la sustitución de cultivos a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), que contempla la participación comunitaria y la sustitución voluntaria. Algo que para Dora Troyano, impulsora de la campaña “Coca y Soberanía” en Colombia, es clave. “Las comunidades tienen que poder decidir si quieren cultivar la hoja de coca como un producto agrícola más, y para eso debe estar despenalizada y las familias tienen que ser propietarias de la tierra”, puntualiza.

Hugo Cabieses, economista peruano experto en drogas y desarrollo rural, piensa que la solución pasa por la diversificación. “Los organismos internacionales y de cooperación creen que la única posibilidad es sustituir la coca por un solo producto. Pero tenemos que remplazar esta cultura del monocultivo por una que favorezca la diversificación, no solo de cultivos sino también de actividades económicas sostenibles y viables en el territorio”, insiste.

 

Las razones


“Hay limones, mangos, piñas, pero el transporte sale más caro que lo que uno pueda sacar por caja; para sustituir la coca se necesitarían sistemas de riego”, matiza Edier, que aprendió a recoger la hoja en territorios de las FARC

 



Por el camino hacia el río, Herney se encuentra a un productor de coca, de aquellos que cultivan la coca “para otra cosa”. Edier aprendió a recoger la hoja en el Putumayo, donde trabajó como jornalero durante tres años en los cultivos dominados por las FARC. Harto del control de la guerrilla, recorrió el sur de Colombia de cultivo en cultivo. Trató de sembrar maíz y cacahuetes en Nariño y perdió la semilla. Trató de cultivar café en Bolívar y el verano arrasó con todo. Sólo le quedó la coca. “Hay limones, mangos, piñas, pero el transporte sale más caro que lo que uno pueda sacar por caja. Para sustituir la coca se necesitarían sistemas de riego”, matiza Edier.

 

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Campesinos recogen hoja de coca para consumo propio en el terreno de su casa (CR)

 

Los nuevos acuerdos de paz recién firmados entre las FARC y el Gobierno prevén una reforma rural que pretende conceder tierras al campesinado a través de un fondo de distribución de tierras y promover el desarrollo social y económico de las zonas rurales. Sin embargo, los habitantes de Lerma dudan de los beneficios para los campesinos y temen una lucha abierta por la tierra y por los recursos naturales, pues aquellos que solo han vivido la guerra, dicen, no saben qué es la paz.

 


Fabiola Piñacué


“Esto es una guerra”, afirma la dueña de Coca Nasa: “muchos proveedores venden al narcotráfico porque paga más: ellos dan 35-40.000 pesos por arroba, y yo pago de 25 a 30.000”


Como Herney, hay más innovadores y pioneros en el departamento del Cauca. Fabiola Piñacué, fundadora de la empresa Coca Nasa, recoge la hoja de coca extendida en el patio antes de que el sol la seque demasiado. Mientras, en la casa de campo de su socio, que es a la vez almacén y planta de procesado, se realizan los últimos preparativos para llevar una nueva encomienda a la fábrica de Bogotá, donde Coca Nasa elabora los productos derivados de la hoja de coca.

Este mes está complicado. Hay muy poca hoja de coca para recoger y todos los trabajadores están en la cosecha del café. A Fabiola Piñacué le preocupa no poder obtener la hoja necesaria para satisfacer la producción de galletas, té, ron, jabones y cremas que elabora a base de hoja de coca

“Esto es una guerra”, afirma la dueña de Coca Nasa, “cada vez toca buscar a los proveedores porque muchos de ellos le venden al narcotráfico, que paga más. Si ellos dan 35-40.000 pesos por arroba, yo les intento pagar de 25 a 30.000”. Una diferencia de unos 3€ por cada 12kg de hoja de coca; 3€ con los que come una familia colombiana al día. “Pero si se nos adelantan”, reconoce Piñacué, “aquí no hay ni Dios ni ley”.

 


Una lucha dura


Durante quince años, Piñacué se ha enfrentado al narcotráfico, a la legislación colombiana, a las empresas multinacionales y a su propia comunidad indígena


Fabiola obtiene la hoja de coca de las montañas andinas de Tierradentro, una región a 600 kilómetros al sur de Bogotá, en el departamento del Cauca, donde se establecieron las primeras comunidades indígenas del país. Prueba de ello son los más de cien hipogeos de roca pintada que recorren las cumbres de las montañas en el Parque Arqueológico de Tierradentro.

Hoy en día, indígenas, mestizos y blancos conviven alrededor del cultivo de la hoja de coca, práctica que se mantiene arraigada en la cotidianeidad. Cada vecino tiene sus matas, ya sea en el jardín de su casa o en las plantaciones arriba en la montaña.

 

De las aromáticas al Coca Sek

 

Muchas veces, a Fabiola Piñacué le cuesta encontrar hoja de coca limpia y sin pesticidas para destinarla a la fabricación de alimentos. La mayoría de los cultivadores la destina al narcotráfico, y solo los que mantienen prácticas tradicionales no utilizan químicos. “Para ellos es un orgullo que les compremos directamente”, comenta la emprendedora, “y les duele darla al narcotráfico, pero si les toca, les toca”, añade.

Durante estos últimos quince años, esta emprendedora colombiana ha tenido que luchar duro para el reconocimiento al uso, consumo y comercialización de la hoja de coca. Fabiola se ha enfrentado al narcotráfico, a la legislación colombiana, a empresas multinacionales y a la misma comunidad indígena de la que ella es originaria.

 

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La plaza Mayor de Belalcázar cercada por la policía nacional colombiana (CR)

 

La hoja de coca en Colombia solamente está permitida para el uso tradicional de las comunidades indígenas, que la han mascado por generaciones. Cuando el narcotráfico se la apropió como base de su producto estrella, la cocaína, quedó totalmente estigmatizada y así también el consumo en su estado natural.

Coca Nasa empezó con 200 pesos para vasos desechables y una idea: lograr sacar de la estigmatización la coca y recuperar el uso ancestral de la hoja. “El gobierno, con su política prohibicionista, extirpó la cultura”, comenta Fabiola Piñacué.

 

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A través de campañas publicitarias como la del gobierno de Álvaro Uribe que definía a la hoja de coca como “la mata que mata”, se satanizó la hoja y se eliminó el consumo cotidiano en las comunidades rurales. “Ahora solo los abuelos mambean (mascan hoja de coca). El uso de la hoja de coca se erradicó junto a la erradicación de la planta”, denuncia la empresaria.

Con el dinero obtenido vendiendo té de coca -un buen remedio para el soroche o mal de altura- a los compañeros de la universidad, Fabiola Piñacué compró bolsas para empacar la hoja de coca entera y tostada, que triunfaba entre los jóvenes porque les permitía seguir estudiando durante la noche. Luego compró una maquinilla para el sellado, un molinito para convertir las hojas de coca en harina y diseñó la etiqueta del envase. En el 2000 llegó la industrialización: aromáticas, galletas, ron y el famoso Coca Sek, una bebida energizante parecida a la Coca-Cola.

 


El deterioro


Colombia solo permite el uso tradicional de la hoja a las comunidades indígenas; cuando el narcotráfico se la apropió como base de su producto estrella, la cocaína, quedó totalmente estigmatizada


En el 2006, la multinacional demandó a Coca Nasa por plagio de marca. Coca-Cola alegaba que otra empresa no podía usar el término “coca” en sus productos para referirse a la hoja de coca, pero Coca Nasa ganó el juicio. Y es que todo apunta que las dos bebidas no solo comparten el nombre, también ciertos ingredientes.

 

La lucha por el reconocimiento

 

Aunque Coca-Cola ha negado varias veces que siga utilizando hojas de coca en la preparación de su brebaje, en 1988 el periódico New York Times publicaba un artículo en el que un representante de la empresa reconocía el uso de la hoja de coca, eso sí, sin el alcaloide de cocaína.

La farmacéutica Stepan Company de Nueva Jersey se encarga del proceso de descalinización y es la única empresa en Estados Unidos autorizada por la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration o DEA en inglés) para importar y comercializar hojas de coca.

 

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Té con hojas de coca, que se usa para el mal de altura (Clara Roig)

 

Fabiola y su equipo recorren el pueblo de Belalcázar coche arriba, coche abajo, resolviendo problemas. Cualquier tarea es una odisea. El motor del tostador está roto y nadie en el pueblo tiene las herramientas para arreglarlo. No se encuentran jornaleros para recoger la poca hoja que queda y, por ende, la última producción de cien kilos de hoja de coca tostada que enviaron a la fábrica de Bogotá se la retuvieron los policías en Neiva, ciudad aledaña, pensando que era para el narcotráfico.

“Hay mucha ignorancia por parte de policías, jueces y fiscales. No entienden que hay indígenas que consumen hoja de coca y que la hoja seca no sirve para hacer clorhidrato de cocaína”, sostiene Fabiola Piñacué enfadada. “Al menos ahora cuando nos retienen la producción puedo decir que es una violación a nuestros derechos y demandar”, afirma.

 


La reivindicación


“Hay mucha ignorancia de policías, jueces y fiscales. No entienden que hay indígenas que consumen hoja de coca y que la hoja seca no sirve para hacer clorhidrato de cocaína”, afirma la fundadora de Coca Nasa”


En agosto de 2015, Coca Nasa consiguió finalmente que el Consejo de Estado colombiano reconociera el derecho al uso, consumo y comercialización de la hoja de coca a las comunidades indígenas. Aunque tales derechos ya estaban garantizados por Naciones Unidas y la Constitución colombiana, la batalla más ardua ha consistido en hacer respetar estas garantías.

La ONU prohíbe el consumo y comercialización de la hoja de coca a nivel mundial dejando un espacio legal para el uso tradicional en territorios con evidencia histórica. Por su parte, la Constitución colombiana, a través de la Ley General de Cultura de 1997, garantiza a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, entendiendo a la hoja de coca como tal.

 

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Empleados de Coca Nasa negocian con jornaleros para poder recoger la hoja de coca (CR)

 

Con este marco jurídico, Coca Nasa obtuvo en el año 2000 los registros sanitarios para poder sacar adelante su proyecto. No obstante, en enero de 2007 el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia (Inmiva) emitió una circular para que los productos derivados de la hoja de coca fueran retirados de la venta, alegando que solo se podían vender en territorio indígena, aunque posteriormente el intento de restricción fue declarado inconstitucional por el Consejo de Estado.

Justo en esa época se estaba por determinar el resultado de la demanda de Coca-Cola, que finalmente resultó favorable para los productores de Coca Sek. Y fue también en ese entonces que la institución de la ONU encargada del control de drogas (la JIFE) pidió al gobierno colombiano que ejerciera sus obligaciones en la lucha contra las drogas.

 

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Mujer "mambea" hoja de coca (Clara Roig)

 

“Después de la pelea legal con Coca-Cola empezó la persecución de Inmiva”, denuncia David Curtidor, marido de Fabiola Piñacué y abogado de la empresa. “Nos hemos desgastado en batallas legales”, añade. En efecto, los procesos judiciales han repercutido en la rentabilidad y productividad de la empresa. Coca Sek, uno de sus productos estrella, se dejó de producir por falta de fabricantes que quisieran envasar la bebida.

 

A por el consumo global

 

Aún así, Piñacué se siente orgullosa. Para ella la lucha legal va más allá de la viabilidad de su proyecto. “Es un servicio a la comunidad. Las sentencias que se han aprobado sirven para todos los pueblos indígenas de Colombia”, comenta. Desde que Coca Nasa empezó a reclamar, la Corte Suprema colombiana ha sido proactiva en hacer respetar el derecho al uso tradicional de la hoja de coca delante de jueces y fiscales que defienden que es ilegal. La retención es menor y hay la previsión de volver a producir Coca Sek.

 

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Fabiola Piñacué, fundadora de la empresa Coca Nasa (Clara Roig)

 

Coca Nasa tiene la esperanza de llegar a un público masivo. En Perú, un 14% de la población (unos tres millones y medio) consume hoja de coca al menos una vez al año, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei-Devida) del 2013. En Bolivia, un tercio de la población son consumidores regulares, de acuerdo con un estudio del gobierno financiado por la Unión Europea. Por su parte, Alfredo Menacho, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX) del Perú, ha analizado el mercado potencial de la hoja de coca y en el caso de que fuera legal exportarla, podría generar 40.000 millones de dólares al año.

Fabiola piensa que el cambio en la política de drogas se ha generado a través del consumo. Gracias a que cada vez hay más gente que compra su producto, tiene menos impedimentos para vender. Ahora ya no se pregunta cuanto vende, sino cuánto podría llegar a vender. Y los acuerdos de paz abren un nuevo horizonte de estabilidad en toda Colombia.

 

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Las hojas de coca se pasan por un molinillo para hacer la harina de coca (CR)

 

Publicado enColombia
8M: La huelga mundial de mujeres y el creciente movimiento contra Donald Trump

 

El martes, la Estatua de la Libertad quedó casi completamente a oscuras, un día después de que el presidente Donald Trump firmara su nueva orden ejecutiva contra el ingreso a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, un decreto conocido como “Prohibición contra musulmanes 2.0”. El apagón pareció también un presagio de lo que ocurriría al día siguiente, el Día Internacional de la Mujer, que este año contó con la organización de la huelga “Un día sin mujeres”. La dama de la Libertad, que durante más de 130 años ha proclamado al mundo “Dadme vuestros seres pobres y cansados / Dadme esas masas ansiosas de ser libres”, desapareció, al menos por unas horas, del horizonte de la ciudad de Nueva York.

El Día Internacional de la Mujer se conmemora el 8 de marzo desde hace más de un siglo, pero el día de acción mundial de este año tuvo un valor agregado de urgencia. Un hombre que fue filmado mientras alardeaba de cometer acoso sexual terminó siendo el actual presidente de Estados Unidos.

En una grabación del programa “Access Hollywood” de 2005 que se hizo pública el pasado mes de octubre, Trump le dice a Billy Bush, ex presentador de la cadena NBC: “Ni siquiera espero. Y cuando eres una estrella, ellas te dejan hacerlo... Puedes hacer cualquier cosa. Agarrarlas por el chocho.” Billy Bush perdió su trabajo a causa del escándalo, pero Trump fue electo presidente pocas semanas después.

Al otro día de la asunción de mando de Trump, más de cuatro millones de personas participaron en manifestaciones en todo Estados Unidos, en lo que quizá sea la mayor protesta política en la historia estadounidense. La Marcha de las Mujeres en Washington, por ejemplo, congregó una cantidad de gente tres veces mayor que la multitud que asistió a la ceremonia de asunción de Trump el día anterior, lo que claramente enfureció al presidente.

Dos días después, Trump firmó una orden ejecutiva que impuso una “ley mordaza mundial” que prohíbe a Estados Unidos financiar a cualquier organización de salud que realice abortos o que incluso lo mencione como opción. Trump también está presionando a los legisladores para que aprueben el proyecto de ley republicano que tiene como objetivo derogar la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio, conocida como Obamacare. La ley dejaría sin fondos a la organización Planned Parenthood, que brinda anualmente una amplia gama de servicios de salud a más de dos millones y medio de mujeres estadounidenses. Solo el 3% de sus servicios están vinculados al aborto, y los fondos federales no financian los abortos.

Con manifestaciones en más de 50 países, la huelga de mujeres de este año es la más importante en la historia reciente. El sitio web de la organización señala: “El 8 de marzo será el comienzo de un nuevo movimiento feminista internacional que organice la resistencia no solamente contra Trump y sus políticas misóginas, sino contra las condiciones que dieron lugar a Trump; concretamente, décadas de desigualdad económica, violencia racial y sexual, y guerras imperiales en el exterior”.

Esta misma semana, un documento filtrado reveló que el Departamento de Seguridad Nacional está considerando una propuesta para separar a las madres refugiadas de sus hijos en caso de que sean capturados al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

En un video realizado para dar difusión a la acción mundial del 8M, distintas personas declaran sus motivos para participar:

“Voy a hacer huelga el 8 de marzo porque creo que las mujeres deben tener libertad para tomar decisiones sobre sus propios cuerpos... Voy a hacer huelga el 8 de marzo... por la igualdad salarial y de oportunidades... porque el trabajo de las mujeres hace posible el resto de los trabajos... y porque ya es hora que comencemos a valorar el trabajo de la mujer. Voy a hacer huelga el 8 de marzo... porque quiero sentirme libre cuando salgo, no valiente... porque las mujeres importan”.

Al despuntar el alba en Washington DC, en el Día Internacional de la Mujer, Donald Trump tuiteó: “Tengo un enorme respeto hacia las mujeres y los numerosos papeles que desempeñan, que son vitales para la estructura de nuestra sociedad y nuestra economía”. Esto proviene de un hombre que ha sido acusado de asalto y acoso sexual por al menos 15 mujeres, la mitad de ellas durante su reciente campaña electoral.

Las mujeres del mundo, junto con los hombres que apoyan su lucha, juzgan a Trump por sus acciones, no por sus palabras. Están comprometidas, están enfurecidas y se están organizando para abordar cada tema. Entre los carteles de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer había uno que decía: “Nada de mordaza, nada de prohibición, nada de muro”. Otro decía: “El lugar de la mujer es la revolución”. Todos los días, Trump afecta los pilares de los logros progresistas por los que tantas personas han luchado, han sido encarceladas e incluso han muerto a lo largo de más de un siglo. Pero la resistencia está creciendo y brinda esperanzas en esta era de oscuridad.

 

© 2017 Amy Goodman

 

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

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Miércoles, 08 Marzo 2017 09:01

Un golpe a la economía de Brasil

El discurso del gobierno de Temer sobre la “herencia maldita” no se sostiene. El discurso del gobierno de Temer sobre la “herencia maldita” no se sostiene

 

El año pasado el PIB brasileño sufrió un bajón del 3,6 por ciento. El ministro de Hacienda de Temer, Henrique Meirelles, dijo que “lo de 2016 es como mirar por el retrovisor”. Pero los analistas se muestran escépticos.

 

Desde Río de Janeiro

 

Ahora, ya no se trata de un argumento utilizado tanto por los defensores del gobierno de Michel Temer, surgido gracias a un golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff, como de sus críticos: datos oficiales divulgados ayer confirman que entre 2015 y 2016 Brasil vivió la peor recesión de su historia.

Al confirmarse que el año pasado el PIB brasileño sufrió un bajón del 3,6%, y que por primera vez desde 1996 todos los sectores de la economía, sin excepción, retrocedieron, las frases optimistas emanadas del equipo económico en los últimos días perdieron fuerza y espacio. Es verdad que ayer el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, trató de inyectar algún ánimo en los mercados, diciendo que “lo de 2016 es como mirar por el retrovisor” y que ya a fines del primer trimestre, “con toda seguridad”, la recuperación económica será visible y palpable.

Analistas independientes y consultores del mercado financiero se mostraron bastante escépticos frente a esa posibilidad. “A menos que Meirelles disponga de información ultra-híper-secreta que no puede revelar, no existe razón alguna para esperar por ese resultado”, dijo uno de ellos a la emisora de radio CBN, de las organizaciones Globo, defensora a ultranza del golpe del año pasado.

Por más que el resultado fuese esperado, la confirmación oficial tuvo el efecto de una ducha de agua fría sobre todos los segmentos económicos. Analistas del mercado dicen que la recuperación de la economía será mucho más difícil de alcanzar de lo que preveían sus propias proyecciones, para no mencionar las del gobierno, que además vive una turbulencia de proporciones igualmente formidables.

En 2015, la retracción del PIB ya había sido muy elevada, 3,8%. Al confirmarse que por ocho trimestres consecutivos la economía encogió, la única comparación posible se da con la recesión observada en 1930 y 1931, como reflejo de la crisis norteamericana de 1929. En aquellos años considerados “negros”, sin embargo, el retroceso del PIB fue de, respectivamente, 2,1 y 3,3%, muy inferior al de ahora.

Otro dato que hace con que el optimismo del gobierno de Temer carece totalmente de base: en el tercer trimestre de 2016, la caída del PIB había sido de 0,7%. Fue cuando el hablante Henrique Meirelles aseguró que el cuarto y último trimestre ya mostraría recuperación. Bien: en lugar de recuperación, lo que hubo ha sido un retroceso aún mayor, de 0,9%.

Un aspecto que impactó a los analistas fue que en dos segmentos de la economía, industria y servicios, el resultado negativo superó las peores expectativas. Las inversiones, por su vez, retrocedieron 10,2%, dejando claro que en este punto está uno de los más serios problemas del muy conturbado cuadro económico brasileño. Un dato que preocupa al gobierno, por sus efectos negativos sobre la opinión pública, es el empobrecimiento de la población. Desde 2014, último año del primer mandato de Dilma Rousseff, el PIB per cápita se desplomó 9,1%, lo que llevó el consumo familiar a disminuir 4,2% el año pasado.

El cuadro, pese a lo esperado, corroe parte esencial del discurso político del gobierno de Michel Temer. El discurso de que la destitución de la presidenta Rousseff significaría el retorno de la confianza y, como consecuencia, el retorno de las inversiones fue claramente desmentido.

Los grandes medios de comunicación, a su vez, pilares esenciales del golpe institucional, aseguraban, a lo largo de las últimas semanas, que pese a la gravedad de la situación, había indicios claros de que la economía reaccionaba. Bueno, reaccionó desplomándose de una vez.

Tampoco el discurso de la “herencia maldita” recibida por el vice elevado a titular gracias al golpe institucional tampoco se sostuvo: crece, en la opinión pública, el convencimiento de que desde el primer día de 2015, inauguración de su segundo mandato presidencial, Dilma Rousseff, pese al montón de equívocos cometidos en su política económica, fue duramente saboteada por la Cámara de Diputados presidida por el actual prisionero Eduardo Cunha.

Hasta dos medios de comunicación se encuentran con serias dificultades para justificar cómo medidas propuestas por la entonces mandataria y duramente rechazadas por los diputados ahora son vistas como llaves de la salvación nacional. Se hace muy difícil ocultar que el golpe, armado en 2015 por los dos grandes aliados vencedores –el PMDB de Michel Temer y el PSDB del senador Aécio Neves y del ex presidente Fernando Henrique Cardoso– y concluido en 2016, no trajo de regreso ni la confianza del mercado, ni las inversiones, principalmente del sector privado. Con relación al empleo, hubo una fuerte expansión, empujando a millones de familias que, con Lula, habían ascendido a la clase media, de regreso a la pobreza.

De los 38 países que divulgaron los resultados de su economía en 2016, y que juntos significan 81% del PIB mundial, Brasil ha sido el único que retrocedió. Hasta la conturbada Grecia logró crecer: 0,3%. Resultado pifio, es verdad. Pero, al fin y al cabo, positivo.

Si a ese cuadro se suma la única cosa que verdaderamente se expandió muchísimo desde el triunfo del golpe - los escándalos de corrupción - se entenderá la potencia y el alcance de la turbulencia que sacude a Brasil.

Los próximos días prometen nuevas y fuertes emociones. En cualquier momento empezarán a gotear los nombres de los denunciados por corrupción. Entre los más sonantes están los ministros cercanos al presidente, políticos de todos los partidos aliados y, por si fuera poco, Michel Temer.

 

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El escándalo de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en varios países de América Latina alcanzó al presidente colombiano, Juan Manuel Santos (en imagen de archivo), pues según la fiscalía general de su país existen pruebas del financiamiento a su campaña y la del opositor derechista Oscar Iván Zuluaga en los comicios de 2014 con el fin de obtener la concesión para construir una carretera que dejaría al consorcio 100 millones de dólares

 

Bogotá.

 

La constructora brasileña Odebretch gastó al menos 3 millones 600 mil dólares en las campañas políticas del presidente Juan Manuel Santos y del ex candidato opositor derechista Oscar Iván Zuluaga, en 2014, informó este lunes el fiscal general colombiano, Néstor Humberto Martínez.

El Consejo Nacional Electoral investiga el financiamiento de la constructora a las dos campañas electorales más importantes que se disputaron en segunda vuelta por la presidencia del país.

A partir de inspecciones judiciales, testimonios y pruebas documentales, la fiscalía cuenta este lunes con nuevas evidencias que acreditan diversas modalidades de asunción de gastos por parte de Odebrecht en beneficio de las campañas presidenciales de 2014, dijo en una conferencia de prensa el fiscal Martínez.

El funcionario aseguró que las evidencias muestran que los pagos se hicieron desde Brasil por medio del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña. Pero un ex congresista preso por acusaciones de recibir un soborno de 4.6 millones de dólares de Odebrecht negó que parte de ese dinero hubiera ingresado a la campaña de Santos, quien se impuso en las elecciones del 15 de junio de 2014.

De acuerdo con Martínez, Odebrecht pagó un millón 600 mil dólares de la campaña de Zuluaga, candidato del partido del ex presidente Álvaro Uribe, por los servicios del publicista José Eduardo Cavalcanti De Mendonca, y también firmó un contrato de un millón de dólares con una encuestadora para lograr una aproximación con Santos.

El fiscal explicó que con la encuesta Odebrecht buscaba acercarse al gobierno para lograr el pago de 100 millones de dólares por la construcción de una carretera, concesión que la empresa brasileña ganó mediante sobornos.

En la eventualidad de que el Consejo Electoral encuentre pruebas contra las campañas políticas de Santos o de Zuluaga, podría anular la inscripción de los partidos que los apoyaron, lo que en la práctica les impediría presentar candidatos para las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.

El fiscal hizo la revelación horas después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en proceso de dejación de armas, negaron haber recibido dinero de la constructora brasileña, que enfrenta un escándalo de corrupción en Colombia y en otros países de América Latina por el pago de sobornos millonarios.

 

 

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Humberto de la Calle: “Colombia tiene que doblar la página del conflicto”

El jefe negociador con las FARC defiende "una coalición amplia" para las presidenciales de 2018

Humberto de la Calle (Manzanares, Caldas, 1946), jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano con las FARC, es uno de los probables candidatos a las elecciones presidenciales de 2018. En su opinión, el acuerdo y el fin de la guerra darán paso a un nuevo modelo de país. Esta semana estará en Madrid, donde fue embajador hace dos décadas, para hablar del proceso de paz.


Pregunta. ¿Comprende las razones de la polarización social que no cesa tras el acuerdo?


Respuesta. Plenamente. Lo que voy a decir es un tanto paradójico, pero la victoria del no [en el plebiscito del pasado octubre] tuvo un efecto afortunado, y es habernos permitido incorporar muchas de las pretensiones del no en un nuevo acuerdo. Hay que reconocer que las FARC son una organización muy impopular. Los colombianos han insistido en la necesidad de castigo carcelario ordinario para los máximos responsables y hay una resistencia muy grande a la participación política de esos máximos responsables de los graves crímenes que han cometido las FARC. Es un hecho y hay que comprenderlo.


P. ¿Eso se puede revertir?


R. El camino correcto es el cumplimiento cuidadoso y estricto de los acuerdos. Más allá de comprender las reticencias de muchos colombianos, lo que hay que hacer es doblar la página del conflicto y continuar cumpliendo un acuerdo de Estado. Camino que si se retrotrae implicaría graves riesgos y un retroceso enorme que sería una calamidad.


P. ¿Cómo influirá el acuerdo en las próximas elecciones?


R. El acuerdo mostrará en la práctica su cara positiva y los hechos serán más elocuentes que las palabras. Hay siempre riesgos de soluciones autoritarias, de desconocer los valores centrales de tolerancia y de respeto a las ideas de los demás. Luego, creo que a partir del acuerdo se abren dos caminos. Y esa discusión estará siempre presente hasta 2018 y de ahí en adelante, porque una cosa es el fin del conflicto y otra la implantación de una paz firme, que es un proceso de una década o década y media.


P. ¿Será candidato?


R. No he tomado una determinación, pero lo que pienso es lo siguiente. Yo sí creo que hay cosas en riesgo en Colombia. No solo el acuerdo en sí mismo y en sus aspectos militares, sino en lo que significa de oportunidad para un modelo de país, que se basa en el diálogo, en el respeto, en el tratamiento razonable de los conflictos que seguirán en Colombia. Hay demasiados valores de una democracia liberal para defender. Y creo que todo esto está en riesgo si tomamos el camino del autoritarismo. Es una discusión que exige una coalición amplia no solo de fuerzas políticas que han estado a favor del acuerdo, sino también de múltiples expresiones independientes. Me parece que hay una creciente aparición de indignados, de personas que están terriblemente insatisfechas con el sistema político y que buscan un nuevo horizonte. Esto hay que configurarlo, y lo que yo pueda ser para ese propósito lo haré. Las decisiones no son producto del narcisismo y de la vanidad, sino de la necesidad. Creo que hay que configurar ese bloque político y creo que lo debe liderar la persona que sea más útil y que esté mejor dotada para esa tarea. Eso lo resolveremos más adelante.


P. ¿Teme el escenario de un Gobierno que dé marcha atrás?


R. Categóricamente, sí. Un senador importante del Centro Democrático dijo ‘si ganamos vamos a echar atrás el acuerdo’. Después, el expresidente Álvaro Uribe matizó, diciendo no se trata de echar atrás el acuerdo, sino que hay puntos inaceptables. Y resulta que esos puntos son el corazón del acuerdo. Dar marcha atrás en esto me parece que pone en riesgo la consecución de la paz. Pero detrás de eso hay mucho más. Mis más de 140 horas de discusión con los voceros del no yo entendí que ya el problema no son solo las FARC. Las FARC son una circunstancia muy concreta, pero detrás de eso hay un modelo de país. Esto me parece que es lo que está en juego, y me parecería extraordinariamente peligroso que, so pretexto de echar atrás el acuerdo con las FARC, entremos en una fase de populismos de derechas o de izquierdas que lo que buscan es menoscabar las ideas centrales de la democracia liberal.


P. ¿Cree que el acuerdo tiene fallos?


R. Sigo pensando que el proceso de discusión con el no fue útil. El nuevo acuerdo es extraordinariamente equilibrado.


P. Pero hay retrasos. ¿Cumplirán el calendario?


R. Ha habido esas dificultades logísticas en las zonas que son lamentables pero explicables. Hay una desproporción de algunos críticos, que prestan demasiada atención a esas dificultades y no observan que el Estado por su lado ha cumplido lo que realmente es lo sustancial. Lo grueso se está cumpliendo dentro de los términos previstos. Siempre puede haber elementos prácticos, ahora se dice que los containers no están listos, que hay unas cajas más pequeñas para recibir las armas. Me parece que este no es un problema de principios. A esto hay que ponerle sentido común. Se va a cumplir la dejación de armas y se va a cumplir mayormente en el cronograma previamente dispuesto [en junio].


P. ¿Cómo será el desembarco de las FARC en política?


R.Yo creo que van a introducir un elemento ideológico radical en Colombia de izquierda, lo cual me parece bien, porque va a obligar a los partidos también a modernizarse. Las FARC han recibido un rechazo muy grande de la sociedad colombiana por los crímenes que han cometido. Es una circunstancia que tenderá a cambiar. Los colombianos tenemos que acostumbrarnos a discutir con las FARC. Lo que sería ideal es que las FARC encuentren un nicho razonable porque un fracaso rotundo en materia electoral podría ser un riesgo también que implicara un deseo de desistir en lo que se venía planteando. Yo creo que vamos a ser capaces los colombianos de convivir con esta situación y las FARC cada vez deberán estar más entrenadas para entender los retos de la democracia y también los reveses de la misma.


P. También hay una negociación con el ELN, que en febrero puso una bomba en Bogotá.


R. Va a ser seguramente más difícil. Lo que confiaría es que el ELN entendiera que la hora de las armas ha pasado. Que movimientos armados para la política generan una carga conservadora que solo beneficia al statu quo. La guerrilla en Colombia es la mejor disculpa para el statu quo.


P. Los asesinatos de líderes sociales no cesan.


R. Es extraordinariamente preocupante, quizá en este momento sea mi máxima preocupación, porque en el pasado hemos visto tras intentos de reconciliación una arremetida contra líderes de recuperación de tierras, líderes sociales, defensores de derechos humanos. El caso más reciente es lo que ocurrió con la Unión Patriótica y es algo que no se puede repetir, porque sí podría dar al traste con la implementación real de los acuerdos. El Estado está utilizando los resortes necesarios, pero hay que ir más allá. Yo pensaría que en todas las localidades, todas las fuerzas políticas, incluidas las enemigas del acuerdo, deberíamos hacer pactos locales de no uso de la violencia con el ánimo de proteger a los líderes sociales que hoy están en riesgo. Hay que reconocer que el número de personas que han sido atacadas por fuerzas extremas es abultado, y ese es un camino que no podemos permitir los colombianos, y ese es el punto crítico de los desafíos del posconflicto.


P. El caso Odebrecht y la corrupción también marcarán la campaña.


R. Sin duda va a ser también determinante. Lo que hay es una especie de oleada de indignación absolutamente entendible y razonable. Me parece que hay que entender eso, revertirlo y yo creo que va a pesar más allá del clímax de Odebrecht, creo que ese tema va a ser fundamental y me parece que va a canalizar masas importantes de votación independientes por fuera de los partidos. Sin olvidar la inequidad. Colombia es uno de los países más inequitativos de Latinoamérica. Mi opinión es que el acuerdo con las FARC no es solo un acuerdo militar para una paz chiquita. Es una oportunidad para atacar esos males estructurales en Colombia.

Bogotá 5 MAR 2017 - 21:27 COT

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Lunes, 06 Marzo 2017 08:06

Increíble

Increíble

Cuando el peor ex presidente de tiempos modernos y sus allegados empiezan a criticar a Trump, las cosas están muy mal. Tan mal que sólo los comediantes pueden atinar al descifrar el momento, donde todo y nada es, literalmente, increíble.

George W. Bush rompió el silencio –e interrumpió su nueva carrera de pintor de retratos de "héroes" estadunidenses– para criticar el ataque del presidente Donald Trump contra los medios, recordando que la prensa libre es vital para una democracia.

Peter Wehner, principal estratega político de la Casa Blanca de George W.Bush, comentó al Washington Post este fin de semana que "tenemos como presidente a un hombre errático, vengativo, volátil, obsesivo, un mentiroso crónico y dispuesto a creer en teorías de conspiración. Y uno puede esperar que habrá más por venir, ya que cuando personas como Trump tienen poder se vuelven menos, no más, prudentes".

O sea, que veteranos de uno de los gobiernos más tramposos, que detonaron las guerras más largas de la historia de este país basados en la fabricación de pruebas y engaños, que torturaron y desaparecieron personas, que intimidaron a los medios y permitieron el fraude financiero más grande de la historia moderna, el cual llevó al país al borde de otra gran depresión, de repente expresen su alarma, crítica y hasta defensa de "la democracia" ante Trump, preocupa aún más.

Ex jefes de inteligencia, ex generales y almirantes, ex altos funcionarios del gobierno de Bush y los anteriores de ambos partidos han expresado su creciente alarma ante el manejo del puesto más poderoso del mundo por Trump. A la vez, sus contrapartes activas están filtrando tantos documentos y borradores confidenciales que implica la existencia de una amplia rebelión dentro del gobierno permanente contra el nuevo jefe.

Pero no pocos observadores se preocupan de que el manejo del gobierno por Trump alimente cada vez más la ya alta desconfianza en lo que se llaman "instituciones" democráticas, incluyendo las cúpulas políticas, el Congreso y los medios. De hecho, algunos sospechan que esto es parte de la estrategia de Trump y su gente, como lo fue en su campaña electoral: lograr que todo sea increíble. Ante ello, se puede impulsar un desmantelamiento de casi todo y establecer una nueva dinámica de poder.

El ejemplo más reciente de esto: Trump acaba de acusar a su antecesor, Barack Obama, de impulsar una conspiración para descarrilar su gobierno, lo que incluye haber ordenado en octubre la intervención de sus comunicaciones en su oficinas en la Trump Tower. No sólo es un ataque posiblemente sin precedente de un presidente a un ex presidente, sino que la acusación tan seria se hizo sin ninguna evidencia. Al parecer es tan extrema que el propio jefe de la FBI ha solicitado que el Departamento de Justicia declare públicamente que Trump está mintiendo.

Pero lo peor es que Trump podría tener razón, aunque no exactamente como él lo explica. Los voceros y aliados de Obama –incluido su ex jefe de inteligencia nacional James Clapper–, al rechazar la acusación, afirmaron que el presidente no tenía la autoridad para ordenar tal investigación, que éstas se llevan a cabo por medio del Departamento de Justicia o agencias de inteligencia mediante orden judicial. Por lo tanto, afirmó uno de sus voceros, "ni el presidente ni ningún funcionario de la Casa Blanca ordenaron nunca la vigilancia de ningún ciudadano estadunidense".

Pero las revelaciones de Edward Snowden comprobaron que el gobierno espió las comunicaciones telefónicas y electrónicas de millones de ciudadanos estadunidenses durante el gobierno de Obama. Más aún, el que mintió sobre eso fue nada menos que Clapper, quien en 2013 negó ante el Senado que la Agencia de Seguridad Nacional recaudaba datos sobre millones de estadunidenses, sólo para que semanas después se difundiera el archivo masivo de Snowden que demostraba lo opuesto. Justificó esta mentira poco después afirmando que estaba en una situación en la que tenía que ofrecer una respuesta de "la manera menos no verídica" para evitar revelar inteligencia, según él.

Pero todo es especulación, porque en todo esto no hay pruebas. Igual que tantas veces anteriores con Trump, en las que acusa, exagera o manipula información –sea sobre la amenaza de los inmigrantes, el fraude electoral, la fabricación de "noticias falsas" por los medios, el tamaño de su voto electoral, la cantidad de gente que participó en la celebración de su toma de posesión, el cambio climático y tanto más. Y cada vez que se presentan los hechos, o se ofrecen las pruebas para mostrar su ficción, son ignorados o descartados.

Y más allá de estas cosas tan triviales, y en medio de acusar de un posible golpe contra su gobierno, el comandante en jefe tuvo tiempo para atacar, otra vez, al actor Arnold Schwarzenegger.

Todo es increíble

Al mismo tiempo, no es que nada se esté logrando detrás de este circo de la incredulidad. Se está implementando una de las políticas antimigrantes más severas y crueles en décadas; una que gira en torno a crear un clima de temor que algunos dirigentes de organizaciones inmigrantes califican de "terrorismo" en contra de sus comunidades.

Por otro lado, ya se logró anular o congelar más de 90 regulaciones gubernamentales, desde protecciones al medio ambiente, medidas de control (mínimo) de armas de fuego, normas de privacidad y protecciones al consumidor, según un conteo reciente del New York Times. Se está invitando a la industria de hidrocarburos a un banquete, se están descartando medidas y acciones de defensa de derechos y libertades civiles, se está impulsando la privatización de la educación pública, entre tanto más.

Trump no miente al decir que ha logrado mucho en poco tiempo. Como tan frecuentemente afirma: "es increíble".

Pero es la constante resistencia en todas las esquinas del país (incluso dentro del propio aparato de Estado), la valentía de los más vulnerables –sobre todo los inmigrantes– y las expresiones de humor crítico e ira que más molestan a Trump lo que promete crear una respuesta que podría ser, en el uso "alternativo" y mejor de la palabra, increíble.

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Trump pide investigar a Obama "por abuso de poder"

Un día después de que el presidente Donald Trump acusó al ex mandatario Barack Obama de espiar sus comunicaciones privadas justo antes de la elección, la Casa Blanca solicitó este domingo que los comités de inteligencia del Congreso abran una investigación sobre el "abuso" de poder, lo que alimenta el ataque sin precedente de un mandatario contra su antecesor.

Sean Spicer, vocero de la Casa Blanca, afirmó este domingo que la información sobre "investigaciones potencialmente motivadas políticamente" de Trump ordenadas por Obama es "muy perturbadora". En una declaración, el vocero informó que Trump "está solicitando que como parte de su investigación sobre la actividad rusa, los comités de inteligencia (de ambas cámaras) del Congreso ejerzan su autoridad de supervisión para determinar si se abusó de las facultades de investigación del Poder Ejecutivo en 2016".

Sin ofrecer ningún detalle sobre la información que supuestamente tienen, ni prueba alguna sobre las extraordinarias acusaciones contra Obama, Spicer concluyó que "ni la Casa Blanca ni el presidente comentarán más hasta que sea realizada la supervisión".

En esencia, la acusación explosiva de Trump es que Obama y su gente impulsaron un complot para descarrilar a su sucesor.

La tarde de este domingo el director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, solicitó al Departamento de Justicia –o sea, a sus jefes– que públicamente rechace la afirmación de Trump de que Obama ordenó la intervención de sus teléfonos, ya que es falsa, no hay evidencia para apoyarla e insinúa que la FBI podría haber violado la ley, reportó esta tarde el New York Times citando a altos funcionarios del gobierno. No hay comentario oficial sobre esto, pero la solicitud, si fuera aceptada, coloca al Departamento de Justicia en una situación en la cual estaría afirmando que el presidente miente.

Este último capítulo del atropellado y espectacularmente caótico arranque del gobierno de Trump se abrió temprano el sábado, cuando el presidente sorprendió al mundo al publicar una serie de tuits acusando a su antecesor de intervenir sus comunicaciones en la Torre Trump en esa ciudad al culminar la contienda presidencial: "¡Terrible! Acabo de enterarme de que Obama intervino mis comunicaciones en la Torre Trump justo antes de la victoria. No encontró nada. ¡Esto es macartismo!" Poco después, agregó: "Cuán bajo ha caído el presidente Obama escuchando mis llamadas durante el muy sagrado proceso electoral. Esto es Nixon/Watergate. ¡Tipo malo (o enfermo)!"

Este domingo, el ex director de inteligencia nacional James Clapper negó la existencia de cualquier orden de espiar la Torre Trump. En la revista de noticias de NBC Meet the Press afirmó que "no existió tal actividad de intervención (telefónica) montada contra el presidente electo en ese tiempo, o cuando era candidato o en contra de su campaña". Negó a la vez que existiera una orden judicial para autorizar tal actividad.

Desde el sábado voceros de Obama rechazaron la acusación afirmando que "nunca ordenaron la vigilancia de ningún ciudadano estadunidense".

La ausencia de pruebas o detalles hizo que periodistas buscaran de dónde estaban brotando estas versiones, y descubrieron que circulaban en algunos medios derechistas, incluido Breitbart News, el sitio cibernético antes dirigido por el estratega de la Casa Blanca Steve Bannon, donde entre otras cosas se manejaba el rumor de "un golpe de Estado silencioso" contra Trump por integrantes del gobierno de Obama.

Las acusaciones de Trump fueron acompañadas por intentos de descalificar, una vez más, el creciente escándalo sobre los engaños e intentos por encubrir las relaciones de varios integrantes claves del equipo de Trump con funcionarios rusos, asunto bajo investigación de agencias de inteligencia, la FBI y los dos comités de inteligencia del Congreso. En particular, las revelaciones de esta última semana de que el procurador general Jeff Sessions no reveló durante sus audiencias (bajo juramento) de ratificación por lo menos dos contactos con el embajador ruso en 2016 en Washington han creado otra crisis política potencial para la Casa Blanca. No es delito que un senador se entreviste con embajadores, pero mentir sobre ello bajo juramento es potencialmente perjurio.

Sin embargo, es posible que las versiones sobre vigilancia electrónica de Trump y su círculo íntimo tengan que ver con información en torno a la investigación de varias agencias del gobierno sobre la interferencia rusa en la contienda electoral, algo que sería manejado de manera autónoma por la presidencia.

La tarde de este domingo, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders, quien reporta a Spicer, indicó que la Casa Blanca no está pensando retroceder en su acusación contra Obama, y afirmó que Trump tiene suficiente información para pensar que algo grave ha sucedido, y que si tiene razón sería "el abuso más grande de poder que hayamos visto y un enorme ataque contra la democracia misma. Y el pueblo estadunidense tiene el derecho de saber si esto ocurrió".

Los jefes de ambos comités de inteligencia, el senador Richard Burr, y el diputado Deven Lunes (ambos republicanos), emitieron comunicados poco específicos indicando que indagarán la evidencia sobre este asunto.

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Una de las participantes en la manifestación para salvar el sistema británico de salud.

 

Decenas de miles de personas, 200.000 según datos de la organización, han salido en la mañana de este sábado a las calles de Londres para protestar por los recortes y la privatización que amenazan a uno de los organismos sanitarios más importantes del mundo.

Bajo el eslogan de Nye Bevan, fundador del NHS (Servicio Nacional de Salud), que aseguró que el sistema de salud duraría “mientras la gente tuviera el coraje de salir a defenderlo”, la concentración reunió a personas de todas las edades y procedencias para protestar por una situación que en los últimos meses ha llegado a ser catalogada como “crisis humanitaria” por la Cruz Roja.

“En mi caso no he notado nada porque trabajo en la Unidad Especial de Quemados, pero sí que tengo constancia de que se está recortando personal y que están saturando otras áreas por la falta de recursos“, explica Sandra Álvarez, enfermera riojana del University Hospital of South Manchester, Wythenshawe. “Piensa que yo vivo en una pequeña burbuja, pero constantemente recibimos correos de la dirección agradeciéndonos el esfuerzo por el trabajo extra que se está teniendo que hacer o informándonos por ejemplo del recorte de camas”.

El Colegio Real de Cirujanos del Reino Unido ya advirtió a finales del año pasado de que la alta ocupación de las plazas hospitalarias, que llegaba al 89% durante los últimos cuatro trimestres, podría derivar en un problema serio si no se invertía para aumentarlas y de que podría llegarse a un colapso.

Una situación límite que se vivió durante estas navidades y cuya solución tiene que venir de una mayor inversión por parte del Gobierno de la premier Theresa May. Hacia ella han ido dirigidas la mayor parte de las críticas y las pancartas, recordándole la promesa que hizo la campaña pro Brexit de dotar al NHS de 350 millones semanales extra si se abandonaba la Unión Europea. Se ha apuntado que el sistema de salud se enfrenta a un agujero económico de 25.000 millones de euros.

“No he notado tanto cambio desde el referéndum hasta aquí pero sí que es verdad que algunos de mis compañeros comentaron el día en que salió el Brexit cosas como ‘lo nuestro para nosotros'”, explica la enfermera de 29 años. “Te quedas un poco sorprendida porque es gente con la que no has hablado más que de tartas o cosas así y luego ves que piensan ese tipo de cosas”.

Precisamente otra de las peticiones de la manifestación ha sido la de poner en valor el papel que los inmigrantes juegan en el Sistema Nacional de Salud, donde suponen el 10% de la plantilla con más de 20.000 trabajadores, y se ha instado a que se regule su situación durante las negociaciones para salir de la comunidad europea.

“Me gustaría ver qué pasa en el NHS si no estamos los extranjeros... Ya te digo yo que esto se hunde. La mayoría de mis compañeros son indios, africanos, europeos... Ingleses hay muy pocos”, cuenta Sandra, que ya está planeando volverse a España tras tres años trabajando en Manchester.

“Estoy un poco agotada, tengo claro que no es lo que quiero hacer el resto de mi vida y necesito cambiar antes de quedarme estancada. Si algo tengo seguro es que no quiero vivir aquí para siempre, no cogería la nacionalidad ni aunque me la regalasen”.

Además, los organizadores de la manifestación más grande de la historia en favor del NHS y próximos al partido laborista, han incidido durante toda la campaña en el peligro de que los conservadores estén recortando fondos del sistema público de salud a fin de poder privatizarlo poco a poco. En un artículo de opinión publicado en el diario The Guardian, el líder de los verdes de Inglaterra y Gales, Larry Sanders, cargaba contra las medidas que uno y otro partido han tomado acerca de la sanidad británica: “La siniestra privatización del último cuarto de siglo ha conducido a la fragmentación e ineficiencia del sistema de salud, así como una desinversión crónica que ha dejado al NHS al borde del precipicio. Nuestros médicos y enfermeros nos lo están advirtiendo, hagamos caso de sus quejas porque son ellos lo que viven el día a día con los pacientes”.

La continuación de las medidas implicaría el cierre completo de algunos hospitales y la centralización de algunos servicios en un menor número de sitios, de acuerdo con la cadena BBC.

Las restricciones salariales para el personal del sector provocaron 25 mil vacantes en enfermería, según denuncian los protestantes.

Profesionales del sistema sanitario demandan más recursos para afrontar los tratamientos clínicos de pacientes y las prestaciones sociales a los adultos de la tercera edad y discapacitados.

Entre las proclamas también exigen la cancelación de 20 mil millones de libras esterlinas en ahorros que demanda el Gobierno para 2020, según el colectivo Asamblea Popular contra la Austeridad.

‘Creamos el NHS para que los doctores puedan cuidarnos a todos, pero ha llegado la hora de cuidar al NHS’, dijo el líder laborista Jeremy Corbyn a través de su cuenta en Twitter, en alusión al servicio público de salud inglés.

El mes pasado la Cruz Roja alertó sobre una crisis humanitaria en el servicio público de sanidad en ese territorio, lo que debería avergonzar al gobierno de Theresa May, según consideró.

(Con información de El Mundo y BBC)

 

 

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