Viernes, 20 Noviembre 2015 17:41

El dilema argentino

El dilema argentino

El próximo domingo es el día D. Aunque todo indica que gane quien gane el domingo las políticas que impulsó el kirchnerismo en varios planos no serán continuadas, entre Daniel Scioli y Mauricio Macri hay diferencias.

 

"No es miedo, es memoria". Con esta consigna pintada en los muros de Buenos Aires, así como con spots y discursos que van en la misma dirección, el candidato oficialista Daniel Scioli busca recordar a los argentinos las principales definiciones tomadas durante los últimos seis años por su rival del domingo, que tras encarnar sin ambages a la nueva derecha fue moderando progresivamente su discurso. Pretende también desmentir que esté tratando de infundir miedo, como lo han acusado sus adversarios. Lo cierto es que Scioli ha buscado polarizar al máximo la elección, en un contexto en el que su rival pretendió aparecer como abanderado de la moderación y de la tolerancia. Los tres puntos que le sacó a Macri en la primera vuelta fueron escasos para lo esperado y encendieron las alarmas en el entorno del candidato K. Confrontar, fue lo que le aconsejaron sus asesores.


Los sondeos no son unánimes respecto al posible ganador del domingo. La Universidad de San Martín, la ignota Fundación para la Dignificación del Hombre en el Trabajo y Hugo Haime y Asociados le dan ventaja a Scioli, pero las tres tienen algún vínculo con el oficialismo. Poliarquía, Raúl Aragón y González Valladares apuestan por Macri, pero son las consultoras que en los últimos tres comicios más erraron en sus proyecciones.


El tan esperado debate del domingo pasado en la Facultad de Derecho no aclaró nada. Más que debate fue una sucesión de monólogos, en los que Scioli apuntaba a dejar claro que un eventual triunfo de Macri representaría el retorno de lo más rancio del liberalismo de los noventa y Macri a demostrar cómo Scioli había dejado de ser aquel muchacho honesto del que había sido amigo precisamente en épocas menemistas para convertirse en puro producto kirchnerista. "Parecés un panelista de 678" (un programa ultra K de la televisión), "¿Qué te hicieron, Daniel? Estás desconocido", fueron algunas de las chicanas que Macri utilizó contra su adversario.


LA ECONOMÍA, ESTÚPIDO.

El eje central en torno del que giran todas las definiciones políticas y sociales del macrismo es la economía. Siete son los hombres que eligió el líder del Pro para esa área. Carlos Melconián, su referente mayor, viene del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, cuna de los liberales capitaneados por Roque Fernández, ministro de Menem en su última etapa. Melconián trabajó como jefe del departamento de Deuda Externa en el Banco Central apenas asumió el presidente Raúl Alfonsín y desde allí condonó la deuda contraída durante la dictadura por empresas como Renault, Esso, Bridas, Pérez Companc y Sideco Americana, la constructora de la familia Macri. Cuando Menem se postuló a la presidencia en 2003 –y perdió– presentó a Melconián como su candidato a ministro de Economía.


Fruto de la alianza con los sectores liderados por Elisa Carrió, Alfonso Prat Gay desembarcó en el equipo económico macrista pocas semanas antes de las internas de agosto. Es egresado de la Universidad Católica, tiene buena relación con el Opus Dei, años de trabajo en la banca JP Morgan en Nueva York y fue presidente del Banco Central desde la asunción de Eduardo Duhalde en 2002 hasta la negociación de la deuda iniciada por Néstor Kirchner en 2004. Renunció entonces por desacuerdos con la política económica K y hoy defiende una devaluación encubierta a través de aumentos de precios y liberación del tipo de cambio. Otro economista liberal, aunque también outsider dentro del mundillo financiero porteño, es José Luis Espert, que integraba la mesa chica de gurúes de la City que los días martes se reunían con el ultraliberal Domingo Cavallo. Los tres son los extrapartidarios incorporados desde el establishment al núcleo duro macrista.


Federico Sturzenegger, hijo de un economista liberal de la Ucr, y Rogelio Frigerio, nieto del ex hombre fuerte del presidente Arturo Frondizi en 1958, son a su vez los dos macristas en estado puro que, junto al ministro de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires Francisco Cabrera, ex gerente del diario La Nación, completan el equipo de economistas del empresario. Sturzenegger fue director jefe de Ypf bajo la gestión del privatista José Estenssoro, y tras su incorporación al Pro de Macri fue presidente del Banco Ciudad y diputado nacional, además de docente en universidades privadas. Frigerio sucedió a Sturzenegger en el Banco Ciudad y fue secretario de Programación Económica al cierre del ciclo menemista.


Semejante equipo económico liberal le da letra a Macri para generar un choque de confianza entre el sector empresarial. Mientras los asesores externos como Prat Gay y Melconián apuntan a un dólar libre, regulado por el mercado financiero y estabilizado sobre los 16 pesos, los hombres del riñón macrista prefieren dejar la idea de topes máximos o mínimos sin arriesgar cifras. Todos pretenden eliminar el cepo cambiario.


En materia de salarios, Macri habla de congelarlos y terminar con los aumentos periódicos, poniendo en riesgo la política de paritarias entre gremios y empresarios. Las jubilaciones y pensiones tampoco tendrán un aumento bianual, como ocurre desde 2009, y los economistas del actual intendente porteño rechazan incorporar nuevos jubilados al sistema producto de un blanqueo.


Las retenciones impositivas a la producción agropecuaria son otro caballito de batalla del macrismo, que promete eliminarlas de un plumazo, salvo para la soja, en la que la reducción sería gradual. El modelo uruguayo de exención impositiva es el ejemplo a seguir. Tres de las cuatro entidades ruralistas –Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Carbap– apoyan abiertamente a Macri. En la Unión Industrial Argentina hay un pequeño sector que reivindica lo actuado por los K y en la Asociación de Bancos Argentinos los extranjeros van con Macri sin tapujos, en busca de eliminar las tibias trabas impuestas en estos años a la transferencia de ganancias a sus casas matrices en Europa y Estados Unidos. La semana pasada la agencia de noticias financieras Bloomberg aseguró que una devaluación del peso sería un golpe duro a las multinacionales que no pudieron girar sus remesas al exterior, pero al mismo tiempo la consideró "necesaria para recuperar la salud de la economía".
Las excepciones en estos terrenos son la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas y la Federación Agraria Argentina, que nuclean a pequeños propietarios pero concentran casi dos tercios de las fuentes de trabajo de la industria y del campo, que en los últimos dos años apoyaron las políticas K.


Mientras Macri considera sencillo bajar la inflación, otro de los problemas para los candidatos, Scioli asegura que lo hará en cuatro años para no enfriar una economía en la que desde 2007 el motor es el mercado interno. La ministra de Economía confirmada por el candidato K es la actual titular de esa cartera en la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis. Preocupada en atraer inversores, Batakis ya marcó diferencias con el actual ministro Axel Kicillof, pero también es una defensora de cuidar las reservas del Banco Central, precisamente para sostener el dólar y generar confianza. Su consejero es Miguel Bein, un viejo amigo del fallecido presidente radical Raúl Alfonsín. Tanto Bein como Batakis apuntan a liberar el cepo al dólar paulatinamente y son partidarios de una agenda industrial desarrollista, de seguir manteniendo al margen al Fmi, coordinar con Brasil y fortalecer la estrategia de lucha contra los fondos buitre. Scioli ya sabe que entre los economistas dispuestos a integrarse a su gobierno figuran los que acompañaron el 25 de octubre al candidato ex K Sergio Massa, con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna a la cabeza.


En materia de política exterior Scioli adelantó que si es electo su primer viaje será a Brasilia para abrazarse con Dilma Rousseff y fortalecer la integración regional. Macri, en cambio, forma parte de la entente conservadora capitaneada por el español José María Aznar y el colombiano Álvaro Uribe, y ya adelantó su intención de retomar el endeudamiento con el Fmi y negociar el pago con los acreedores que disponga el juez estadounidense Thomas Griesa.


ALIANZAS.

Los popes políticos derrotados en la elección pasada ya optaron por sus candidatos. Adolfo Rodríguez Saá anunció que votará a Scioli y espera arrastrar al 1,8 por ciento que lo acompañó en primera vuelta. Margarita Stolbizer, del Espacio Progresista, se mostró junto al Pro, aunque no es seguro que sus votantes la sigan: hay mucho voto socialista y de la izquierda del radicalismo que acompañó algunas leyes K en el Parlamento. La izquierda trotskista encabezada por Nicolás del Caño resolvió votar en blanco, pero algunos intelectuales de ese espacio firmaron solicitadas en apoyo de Scioli como mal menor "para no volver a los noventa". Los massistas Lavagna, Felipe Solá y el propio Eduardo Duhalde votarán a Scioli, porque, dijeron, "para un peronista, Macri es un límite insalvable". Lo mismo que opinan muchos referentes del kirchnerismo.

En los últimos dos años diversas encuestadoras mostraron el papel que empezaron a ocupar los grupos sociales como nuevos actores políticos. "La conciencia sobre la defensa del medioambiente y la importancia de leyes como el matrimonio igualitario y la recuperación de empresas vinculadas a la soberanía estatal resultan hoy más difíciles de poner en discusión y eso va a incidir en el voto", comentó Artemio López, de la consultora Equis, cercana al gobierno. Management & Fit, Rosendo Fraga y Graciela Römer y asociados difundieron en los últimos meses encuestas que indican que los derechos adquiridos en los últimos años parecen haber calado hondo en la ciudadanía. La memoria, en ese sentido, no tiene por qué emparentarse con el miedo, sino con la experiencia concreta.

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Viernes, 20 Noviembre 2015 06:23

Un nuevo fantasma, el desalojo

Un nuevo fantasma, el desalojo

La batería de reformas en Grecia prevé, entre otras cuestiones, que los deudores que no afronten sus créditos hipotecarios pierdan su vivienda. A cambio, el gobierno de Tsipras recibe un desembolso del rescate.

Grecia dio un paso más hacia el ajuste. El Parlamento heleno aprobó ayer una nueva batería de reformas, que incluye una polémica ley de ejecuciones hipotecarias, a cambio de un desembolso del rescate y de fondos que serán destinados a recapitalizar la banca. Las iniciativas prevén, entre otras cuestiones, que los deudores que no afronten sus créditos hipotecarios pierdan su vivienda. Sólo el 25 por ciento de los griegos socialmente más desfavorecido estará protegido de una posible confiscación de su casa. El paquete de medidas fue apoyado por 153 de los 155 parlamentarios que integran el bloque oficialista, 137 votaron en contra y 10 legisladores estuvieron ausentes. Un representante del partido populista de derecha Griegos Independientes (Anel), que votó en contra, y otro del partido Syriza de Alexis Tsipras, que se mantuvo alejado del debate, fueron los dos legisladores díscolos que decidieron no acompañar la iniciativa. Luego de la votación, ambos fueron separados de sus bancadas.


El paquete de medidas aprobado ayer resulta altamente controvertido: por primera vez luego de una moratoria lanzada hace cinco años, contempla la posibilidad del desalojo compulsivo. Luego de asumir su segundo mandato de gobierno, Tsipras prometió mantener la ayuda frente a los desalojos, al menos, para el 72 por ciento de los griegos que cargaran con hipotecas y no pudiesen atender sus compromisos. Sin embargo, el acuerdo alcanzado esta semana con la troika de acreedores –Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional– sólo contempla protección absoluta para propietarios con ingresos muy bajos, que constituyen cerca del 25 por ciento de la cartera de hipotecas morosas.


Se trata de personas con ingresos anuales brutos que ascienden a 8180 euros en el caso de los griegos solteros, 13.917 euros para los casados sin hijos y 20.639 euros para familias con dos hijos. Los afectados podrán acceder a un subsidio para hacer frente a sus obligaciones bancarias. El paquete aprobado incluye además algunas enmiendas sobre el pago a plazos de las deudas contraídas con Hacienda y Seguridad Social, y la imposición de un gravamen a los juegos de azar y al vino de 15 centavos por litro. Las dos últimas son medidas alternativas a la imposición de un IVA del 23 por ciento en la enseñanza privada, decisión acordada inicialmente en el primer rescate, que desencadenó una ola de protestas.


De la aprobación de estas reformas dependía el desembolso de un tramo de 2000 millones de euros del rescate y de 10.000 millones de euros destinados a la banca, desbloqueo crucial para concluir antes del 31 de diciembre el proceso de recapitalización financiera y evitar quitas a los depósitos superiores a 100.000 euros, en caso de crisis bancaria, como contempla la normativa europea que entra en vigor a partir del 1º de enero de 2016. El ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, dijo que se negoció bajo presión. "En verano la presión era el Grexit. En otoño era la recapitalización de la banca", dijo Tsakalotos. Y aseguró que lo primordial es que el Ejecutivo mantiene su hoja de ruta, que empieza con la recapitalización de la banca, continúa con el cierre de la primera evaluación y concluye con el debate sobre la deuda.


El diputado de Syriza Gavriil Sakelaridis renunció después de adelantar que no iba a contribuir a que se aplicase la política gubernamental. El ingreso del viceministro de Interior, Nikos Toscas, en lugar de Sakelaridis, permite a Tsipras deshacerse de los remanentes díscolos que existen en Syriza. La oposición acusó a Tsipras de engañar a los ciudadanos. "La ley demuestra que todo lo que prometía Syriza sobre la protección de la primera vivienda era una mentira para aferrarse al poder", dijo Vangelis Meimarakis, del conservador Nueva Democracia.

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El Gobierno de Ecuador busca la reelección indefinida

La Asamblea Nacional de Ecuador ha comenzado el proceso para cambiar en las próximas semanas, sin referéndum, la Constitución de 2008. El lunes se reactivó la comisión creada para tramitar las 16 enmiendas constitucionales planteadas en 2014 por el bloque legislativo de Alianza País, el movimiento político del presidente Rafael Correa, que tiene mayoría absoluta en el Legislativo. La medida más polémica es la que pretende permitir la reelección indefinida en el cargo de presidente.


La comisión presentará el informe para el segundo y definitivo debate a finales de noviembre, para que las enmiendas se aprueben antes de que termine 2015. Los asambleístas del oficialismo están cumpliendo con los plazos previstos para que la enmienda más polémica, la que permitirá la reelección indefinida de las autoridades de elección popular, surta efecto en las elecciones de 2017 y desbloquee la posible postulación de Rafael Correa, que ya ha tenido dos periodos presidenciales —una situación similar a la que se vive en Bolivia con el mandato de Evo Morales—. El Código de la Democracia es claro en esto y señala que cualquier reforma que afecte a un proceso electoral debe hacerse como mínimo un año antes.


Correa, sin embargo, ha negado tener interés en buscar nuevamente la presidencia, pero también ha dicho que estará donde su movimiento político lo requiera. A esta ambigüedad se ha sumado la sugerencia que ha hecho el mandatario a sus asambleístas en la última semana: incluir una disposición transitoria que impida que los posibles beneficiarios de la reelección indefinida se postulen en las elecciones generales de 2017. Si su petición es tomada en cuenta, él y muchos asambleístas que ahora mismo tramitan la enmienda constitucional no podrían optar a la reelección en los siguientes comicios.


Para muchos analistas la declaración del presidente es una maniobra de distracción y no tiene lugar en esta etapa del proceso. El legislador de la oposición Luis Fernando Torres califica la iniciativa del presidente de "un globo de ensayo" y argumenta que no se puede incluir algo que no fue parte del primer debate legislativo. Para el jurista y académico Farith Simon, "es una buena manera de bajar la presión política en vísperas del segundo debate". Queda entonces por ver el tratamiento que dará el bloque oficialista a la petición del líder de su movimiento político.


Consulta popular


Las otras enmiendas polémicas tienen que ver con el cambio del rol de las Fuerzas Armadas, que pasarían a ocuparse de la seguridad interna; la disminución de las competencias de la Contraloría, que dejaría de ver cómo se gasta el dinero público; y la declaración de la comunicación como un servicio público, que es leído como una estrategia para aumentar el control del Estado sobre los medios de comunicación privados.


Una parte de la ciudadanía se ha manifestado en contra de los cambios constitucionales y hay un consenso entre la oposición, que exige una consulta popular. La semana pasada hubo una marcha de rechazo a las enmiendas y habrá otra el próximo 24 de noviembre. En las redes sociales, además, circulan vídeos de personalidades que piden el archivo de las enmiendas.


En su defensa, los asambleístas del oficialismo insisten en que han socializado las enmiendas en las 24 provincias, que han hecho casi 170 reuniones y diálogos con varios sectores sociales, y que el país ha aprobado que la Constitución cambie. El aparato de comunicación del Estado se ha aplicado a fondo para difundir esto a través de una página web (enmiendas.ec) que explica, entre otras cosas, por qué no se hace una consulta popular y cuáles son los beneficios de cada uno de los cambios.

 

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Martes, 17 Noviembre 2015 19:06

Paz, bilateralidad y unilateralismo.

Paz, bilateralidad y unilateralismo.

El Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que dio origen a la Mesa de conversaciones de paz de La Habana entre el gobierno de Santos y las Farc estableció unas reglas de juego para el desarrollo de sus actividades y la formalización de consensos y coincidencias entre las partes.

El principio de la bilateralidad es uno de los elementos centrales en la operación y gestión del mecanismo de diálogos y coincidencias en los múltiples temas que se abordan en cada una de las rondas de encuentro, las cuales ya superan el número de los 40.

La construcción, refrendación e implementación de la paz es materia que se debe abordar y adelantar de manera bilateral, conjunta y concertada.

Han transcurrido casi 3 años de reuniones en el escenario de la Mesa y la terminación del conflicto ha ganado en complejidad. Son muchos los temas y los asuntos discutidos y consensuados.

Más recientemente un pacto estableció el trabajo simultáneo de subcomisiones para acelerar los resultados específicamente en lo atinente a la terminación del conflicto.

Resultado de tal modificación ha sido la determinación de una fecha, el 23 de marzo del 2016, para firmar el pacto de cierre y determinar un mecanismo de refrendación y la ruta de la implementación de cada uno de los acuerdos.

Es justamente en este sitio en que una de las partes, más concretamente el señor Santos, se ha lanzado en una cascada de determinaciones de corte unilateral y sesgado afectando gravemente este delicado tejido de la paz.

Ciertos temas de la terminación del conflicto (punto tres), la refrendación y la implementación han sido sometidos a una precipitada estrategia de presiones y ultimátum con un cierto tufillo de amenazas.

Doy casos.

Respecto de un eventual cese al fuego y de hostilidades bilateral, el Jefe de la Casa de Nariño, ha proclamado por cuenta propia unas concentraciones y una verificación que pretenden dar ventaja a los aparatos militares oficiales empeñados en la derrota y rendición de la insurgencia revolucionaria. Al funcionario no parece interesarle un acuerdo con las Farc en el aspecto de la tregua bilateral previa y en la definición de un mecanismo de verificación en el que intervengan los sectores sugeridos por las partes de la Mesa.

La refrendación, según Santos, debe hacerse con un plebiscito tramposo armado por los gamonales del poder legislativo, omitiendo de esa manera el instrumento de la Asamblea Constituyente soberana y popular planteada por la delegación de la resistencia campesina revolucionaria.

En la implementación de los pactos se quiere proceder también de manera unilateral. Santos ignora que esa es una tarea a desarrollar conjuntamente en la que se ha previsto que las Farc y el Estado deben marchar mancomunadamente para que se cree un sistema en el que se de especial importancia a las regiones y municipios, con comisiones de seguimiento y verificación, con la existencia de unos mecanismos pertinente de resolución de diferencias; mecanismos con capacidad de poder y ejecución, conformados por representantes de las partes y de la sociedad según el caso. Además, con acompañamiento internacional, cronogramas, presupuestos y herramientas de difusión y comunicación.

El unilateralismo santista le hace un enorme daño al proceso de paz, pues las maniobras señaladas lo único que logran es sembrar desconfianza y prevención, alejando la posibilidad de una firma cercana del fin del conflicto.

Añádase a lo anterior la permanente provocación de los generales con sus brigadas y batallones para producir la interrupción de la tregua unilateral ordenada por las Farc desde el mes de julio del año en curso.

Bilateralidad, señor Santos, es la regla de oro que le da fortaleza al proceso de paz. El unilateralismo es juego sucio y ventajismo para imponer el modelo neoliberal que le interesa a la gran oligarquía.

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Brasil da un giro ultraconservador de la mano de los diputados evangélicos

La parálisis del Gobierno y el empuje de parlamentarios religiosos impulsan leyes retrógradas relacionaddas con la familia, el aborto o a la posesión de armas

 

Esta semana, la Suprema Corte de Justicia mexicana ha abierto la puerta para legalizar el consumo de marihuana; hace unos días, Colombia aprobó la adopción para las parejas homosexuales. El 22 de octubre, Chile celebró su primera unión homosexual. América Latina avanza hacia conquistas sociales cada vez más abiertamente. Brasil, por el contrario, hundido en una crisis política y económica que se retroalimenta periódicamente, desanda el camino y retrocede en esas mismas conquistas sociales a paso ligero a base de proyectos de ley impulsados por la parte más ultraconservadora del Congreso. El Gobierno de Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), anulado, incapaz ya de por sí de sacar adelante sus propias medidas de ajuste, asiste inoperante al giro.

Un ejemplo: el Parlamento brasileño aprobó la semana pasada poner en marcha un proyecto de ley, que aún deberá ser aprobado por la Cámara, que restringe los derechos de las mujeres violadas a la hora de abortar o que, al menos, se los dificulta. La iniciativa, que aún debe ser aprobada por el Senado, ha sido elaborada por el conjunto de diputados evangélicos comandados por el ultraconservador miembro de la iglesia evangélica –y acusado de corrupción por la Fiscalía- Eduardo Cunha, presidente de la Cámara. En la acutalidad, el aborto es legal en Brasil en casos de violación, si el embarazo acarrea riesgos para la mujer o en casos de malformaciones cerebrales del feto. Y una mujer violada en Brasil puede acudir a un ambulatorio donde, tras pasar una serie de entrevistas, los médicos le proporcionan o bien la píldora del día después si aún está a tiempo o, si ya está embarazada, le prescriben el aborto. Todo esto (incluido el acceso a la píldora del día después en los centros públicos de salud) se va a complicar con esta ley, que prevé, entre otras cosas, que esa misma mujer deberá pasar antes por una comisaría y denunciar el hecho, además de someterse a un examen médico.


El giro retrógado brasileño no acaba aquí. Otro grupo de parlamentarios aprobó esta semana pasada otro proyecto de Ley que da poderes a las iglesias católica e evangélica para acudir al Tribunal Supremo e impugnar leyes consideradas, según ellas, inconstitucionales. O, más específicamente "que interfieran directa o indirectamente en el sistema religioso o en el culto". Hasta ahora estas prerrogativas estaban reservadas, entre otras instituciones, a la presidencia dela República, y al Congreso y al Senado. La iniciativa corrió de parte también de los activos e inevitables diputados evangélicos, de partidos diferentes unidos bajo un credo común y una común tendencia ultraconservadora. Son 75 en una Cámara de 513 diputados. Parecen pocos, pero sólo lo parecen, ya que el Parlamento brasileño es, por su propia naturaleza, una Cámara hiper-fragmentada en la que abundan las alianzas y contra alianzas de partidos minoritarios e ínfimos. El PT, la formación del Gobierno, por ejemplo, sólo cuenta con 64 diputados.


Además, estos parlamentarios evangélicos no están solos en esta cruzada regresiva y militante. Forman parte de un grupo más amplio, de más de dos centenares de diputados, denominados la "Triple BBB", por Boi, (Buey en portugués), Bala y Biblia. Son parlamentarios que representan los intereses, respectivamente, de los terratenientes y ganaderos proclives a la desforestación de las tierras vírgenes para que sirvan de pasto, a los lobbies de empresas de seguridad y de las empresas de armas y a los que –a su juicio- deben velar por la moral religiosa de la sociedad. Los primeros han conseguido desbloquear recientemente un viejo proyecto de ley paralizado desde 2000 que, de hecho, restringe las tierras destinadas a los indios. Por su parte, los diputados de la Bancada de la Bala, siguen tramitando una ley para liberalizar las armas que, de aprobarse –y tiene muchas posibilidades de que lo haga- permitirá que profesionales tan variopintos como camioneros, taxistas y diputados, entre otros, puedan llevar pistolas por la calle sin mucha complicación burocrática, con un permiso menos restrictivo que el que se emplea para sacarse el carné de conducir. Los diputados evangélicos, en un reverso sintomático de lo que ocurre actualmente en los países latinoamericanos, han puesto en marcha un proyecto de Ley que tiene por objeto restituir exclusivamente a las uniones compuestas por un hombre y una mujer la categoría legal de matrimonio. Con esto tratan de que los matrimonios de personas homosexuales, actualmente legales en Brasil, dejen de tener derechos en materia de herencias, custodia de los hijos o a la hora de compartir los seguros sanitarios.


Detrás de todo este giro ultra-conservados, como elemento aglutinante, se encuentra el polémico presidente del Congreso, Eduardo Cunha, acusado por la Fiscalía de regentar cuentas millonarias en Suiza alimentadas de sobornos provenientes del pozo sin fondo de corrupción que durante unos años fue la petrolera pública Petrobras. Cunha necesita a todos estos parlamentarios más o menos afines para no verse descabalgado de un poder que se le cuartea cada día, no perder su condición de aforado y no acabar en un tribunal o con los huesos en la cárcel.


Cunha ha negado siempre –incluso en una solemne comisión parlamentaria- tener cuentas en Suiza. Ahora, tras las evidencias incontestables aportadas por la Fiscalía, afirma, en una sorprendente y algo surrealista entrevista publicada el sábado a Folha de S. Paulo, que las citadas cuentas están a su nombre pero pertenecen a un "trust", del que él es sólo "usufructuario en vida". Y añade que nunca se enteró de que una de esas cuentas recibió en 2012 un jugoso ingreso de 1,3 millones de francos suizos (1.200.000 euros) procedente de uno de los implicados en la trama de Petrobras.

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Domingo, 08 Noviembre 2015 06:29

Democratizar la democracia

Democratizar la democracia

En el marco de la globalización económica, el sistema democrático se enfrenta a una paradoja: los ciudadanos se desinteresan de la política, como lo demuestra la subida de la abstención en muchas elecciones. Pero, por otra parte, esos mismos ciudadanos desean controlar mejor la acción pública y participar más en la elaboración de proyectos que les conciernen directamente. ¿Cómo conciliar estas dos tendencias?


Por primera vez hay en el planeta más sistemas democráticos y más alternancias democráticas de gobierno que nunca. Hace 40 años, cuando la transición en España, había apenas unas 30 democracias. Actualmente, el número de países democráticos –en distintas fases de consolidación– es superior, según la ONU, a 85. O sea que la democracia se ha convertido en el sistema de gobierno con mayor legitimidad en el mundo global. Sin embargo, nunca estuvimos tan descontentos con la democracia. Los síntomas de este malestar son cada día más visibles. El número de posibles electores que deciden no votar es cada vez mayor. En una encuesta realizada por Gallup Internacional en 60 países democráticos, sólo uno de cada 10 encuestados pensaba que el gobierno de su país obedecía la voluntad del pueblo.


En muchos Estados democráticos se observa también el (re)surgimiento de partidos de tradición antiparlamentaria, en su mayoría de derecha populista o de extrema derecha. Países de indiscutible tradición democrática –Suiza, Dinamarca, Finlandia– están hoy gobernados por (o gracias al apoyo de) partidos de extrema derecha, que cuestionan la legitimidad del funcionamiento democrático actual. Pero también muchos simples ciudadanos, brutalmente golpeados por la crisis (véase, en España, el movimiento 15-M), cuestionan la sumisión del sistema democrático a los nuevos megapoderes financieros y mediáticos. Existe, pues, un rechazo respecto del funcionamiento actual de la democracia. La confianza en los representantes políticos y en los partidos se está erosionando. El sistema representativo parece incapaz de dar respuesta a las nuevas exigencias políticas. Y un sector importante de la población ya no se contenta con la emisión de su voto cada tantos años, sino que quiere participación.


En esta situación resulta cada vez más difícil llevar a cabo reformas o tomar decisiones políticas de cierto alcance. Los intereses de poderosos lobbies o grupos de presión, las campañas mediáticas, pero también la defensa de legítimos derechos adquiridos por determinados grupos de ciudadanos, dificultan los cambios. La política ya no se atreve a tocar ciertos temas y, si lo hace, tiene a veces que enfrentar resistencias fuertes; en muchos casos debe dar marcha atrás.


La mayoría de los ciudadanos están convencidos de que la democracia es la mejor fórmula de gobierno existente pero, por otro lado, en mayoría también, desconfían de sus representantes políticos y de los partidos. Recordemos lo que decía nuestro amigo José Saramago: Es verdad que podemos votar. Es verdad que podemos, por delegación de la partícula de soberanía que se nos reconoce como ciudadanos con voto y normalmente a través de un partido, escoger a nuestros representantes en el Parlamento. Es cierto, enfin, que de la relevancia numérica de tales representaciones y de las combinaciones políticas que la necesidad de una mayoría impone, siempre resultará un gobierno. Todo esto es cierto, pero es igualmente cierto que la posibilidad de acción democrática comienza y acaba ahí. El elector podrá quitar del poder a un gobierno que no le agrade y poner otro en su lugar, pero su voto no ha tenido, no tiene y nunca tendrá un efecto visible sobre la única fuerza real que gobierna el mundo, y por lo tanto su país y su persona: me refiero, obviamente, al poder económico, en particular a la parte del mismo, siempre en aumento, regida por las empresas multinacionales de acuerdo con estrategias de dominio que nada tienen que ver con aquel bien común al que, por definición, aspira la democracia.


O sea, estamos frente a una paradoja dramática: nunca tuvimos tanta democracia, pero tampoco nunca hubo tanta desafección y tanta desconfianza frente a la democracia representativa. Entre las causas de esa desafección podríamos citar las 10 siguientes : 1) Demasiadas desigualdades (ricos cada vez más ricos, pobres más pobres). 2) Crisis del Estado y de lo público, atacados por las teorías neoliberales adictas al Estado mínimo. 3) Carencia de una sólida cultura democrática. 4) Nefasto efecto de los casos de corrupción de políticos (tan frecuentes en España). 5) Dificultades en la relación entre los partidos y el resto de la sociedad civil. 6) Subordinación de la actividad política a los poderes fácticos (mediáticos, económicos, financieros). 7) Sumisión de los gobiernos a las decisiones de organizaciones supranacionales (y no democráticas) como el Banco Central Europeo, el G-20, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, la OMC, etcétera. 8) Incremento de los enfrentamientos entre la sociedad civil y los gobiernos. 9) Discriminaciones o exclusiones hacia categorías sociales o de género (migrantes, homosexuales, sin papeles, mujeres, gitanos, musulmanes, etcétera). 10) Dominación ideológica de grupos mediáticos que asumen el rol de oposición y defienden sus intereses y no los de los ciudadanos.


En muchos países, el crecimiento macroeconómico no se traduce en mejoras en el nivel de vida de la población humilde. Lo cual crea malestar microsocial. Existe un dato alarmante: una investigación realizada en América Latina por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que 45 por ciento de latinoamericanos decían preferir someterse a una dictadura que les garantizase empleo y salario suficiente, a vivir en una democracia que no los sacara de la miseria...
Lo cual significa que muchos de los desafíos para la democracia vienen de la pobreza y de la desigualdad. Tocamos ahí el núcleo fundacional del pensamiento democrático moderno. Jean Jacques Rousseau decía, en El Contrato Social, que el Estado social será ventajoso para los seres humanos sólo cuando todos posean algo, y ninguno tenga demasiado.


Por otra parte, en el marco de la globalización neoliberal, el Estado pierde capacidad reguladora sobre un mercado que, a su vez, deja de ser nacional. Las empresas trasnacionales y los mercados financieros dejan de necesitar al Estado como soporte. De esta manera, lo característico hoy es el debilitamiento de los Estados. La era de los Estados nacionales y, sobre todo, la era del Estado democrático culminó con la aparición de realidades políticas como los partidos de masas, la cultura de masas y el convencimiento colectivo de que los súbditos dejaban de ser súbditos (a los cuales se ordena) para convertirse en ciudadanos (a los cuales hay que convencer).


Hoy, el Estado nacional cede parte de sus poderes a instancias supranacionales (por ejemplo, la Unión Europea) y también a instancias subnacionales (en España, las autonomías) dado que globalización y descentralización se dan, universalmente, como dos procesos coetáneos. La globalización vuelve a la democracia menos relevante, pues cada día son menos las decisiones importantes que se toman dentro del ámbito de los Estados nacionales. La democracia realmente existente vive de ese modo un conjunto de transformaciones que la sitúan muy lejos de sus tres modelos matrices: la reforma parlamentaria británica de 1689, la revolución americana de 1776 y la revolución francesa de 1789. El elector deja de ser un ciudadano (que hay que convencer) para convertirse en un consumidor (al cual hay que seducir). En este panorama cultural, el ejercicio de la democracia representativa deja de ser una actividad llena de sentido para convertirse, a ojos de los ciudadanos, en un espectáculo interpretado por una casta ajena, en el que no participa realmente.


Tenemos así una doble transformación. Por un lado, la globalización ha disminuido el peso del Estado nacional y la relevancia de la vida política democrática. Y, por otro lado, la transformación cultural que lleva a la tele-video-política ha erosionado la relación entre los ciudadanos y la cosa pública.


Podemos decir que estamos, pues, en una situación en la que los instrumentos de la democracia forjados durante dos siglos dejan de ser eficaces. Y aunque parece que asistimos al triunfo generalizado de la democracia, más bien asistimos al ocaso de sus éxitos. Porque prevalece una marcada exclusión de la mayoría de la población respecto a la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. De manera que el consenso se reduce a minorías (la casta) no representativas de la pluralidad de intereses de una sociedad.


Así ha emergido la exigencia de una democracia directa y de la participación ciudadana en la gestión pública, que pueden verse como las dos caras de la democracia participativa. Después de América Latina, Europa vive hoy un debate entre democracia representativa y democracia participativa. La principal expresión de la democracia participativa es la participación ciudadana, un proceso mediante el cual el ciudadano se suma, en forma individual o colectiva, a la toma de decisiones, al control y la ejecución de las decisiones en los asuntos públicos.


La sociedad civil y algunos movimientos sociales estiman que los partidos son los causantes principales de la desafección ciudadana frente a la democracia. Es un debate, en nuestra opinión, estéril: no hay democracia sin partidos, y los males de los partidos son, en parte, los mismos que aquejan a otros sectores de la sociedad. Pero los partidos deben asumir que ellos solos ya no son suficientes para hacer democracia. Tienen que reconstruir su legitimidad con base en transparencia y democracia interna. Y admitir que a la gente ya no le basta con meter un voto en las urnas cada cuatro o cinco años... Los ciudadanos ya no aceptan ver su rol en el debate público limitado a eso.


Las constituciones de Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009), entre las más avanzadas del mundo en esta materia, hablan de democracia participativa y ya no de democracia representativa. Porque se proponen, en efecto, de democratizar la democracia. Aunque, en general, hay consenso en torno a la necesidad de conservar la democracia representativa, aparece ahora evidente la necesidad de fortalecer, dentro de ella, los mecanismos de participación, para tratar de superar el divorcio entre política y ciudadanía.


Recordemos que la introducción de mecanismos de democracia directa (la iniciativa legislativa popular y la consulta popular mediante plebiscito o referéndum) no debilita la democracia representativa. Lo demuestra el hecho de que esos mecanismos existen, por ejemplo, en Suiza, Italia, Estados Unidos y cada vez más en la Unión Europea. Existe también el mandato revocatorio que sólo se ha establecido, a escala nacional, en Venezuela (incluso para el Presidente de la República). Venezuela es el único país del mundo en el que se ha efectuado, en 2005, una consulta popular para revocar el mandato presidencial. Ganada, por cierto, por el presidente Hugo Chávez. Pero la revocatoria local sí existe para instancias subnacionales (regionales, municipales) en otros Estados latinoamericanos: Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, etcétera.


En fin, lo que debe quedar claro es que nuestras democracias necesitan nuevos pactos sociales y constitucionales (urgencia, en España, de una nueva Constitución federal) para construir democracias de ciudadanos –y no sólo democracias electorales– en la que no puede haber exclusiones. Además, el modelo representativo no ha dado respuestas satisfactorias a temas tan actuales como los problemas del medio ambiente, las amenazas contra la biodiversidad, el recalentamiento global, el desempleo, el envejecimiento demográfico de las sociedades europeas, la cibervigilancia masiva, las migraciones, la marginación y la pobreza del mundo.


Si la democracia sigue siendo el modelo que mejor promueve el debate y el diálogo como mecanismos de resolución de los conflictos sociales, el sistema representativo impide una participación real y eficiente de la ciudadanía. Resulta evidente, por consiguiente, que la defensa del bien común a largo plazo sólo es posible con –y no contra– los movimientos sociales y los ciudadanos. De ahí la urgencia de democratizar la democracia.

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Domingo, 08 Noviembre 2015 06:03

¿Cómo crecen las derechas?

¿Cómo crecen las derechas?

Immanuel Wallerstein ve una reanimación de la izquierda a escala mundial, basándose en el triunfo de Justin Trudeau en Canadá; en la victoria de Jeremy Corbyn en el Partido Laborista británico, o en la existencia de un nuevo gobierno australiano. Estos cambios en el Commonwealth son saludables, pero Trudeau es liberal –en el mejor sentido de la palabra–, no anticapitalista; Corbyn expresa solamente una tendencia radical en un partido burgués de origen obrero que trata de recurrir a sus orígenes para no ser barrido completamente del panorama político y Australia depende demasiado de su comercio con China, lo que explica sus reticencias en las relaciones con Londres y Washington.


A mi juicio, no se puede hablar de una reanimación de la izquierda anticapitalista cuando no hay grandes movimientos antisistémicos ni en Europa ni en América y cuando aquélla prácticamente no existe en Rusia, donde Putin lleva a cabo una política que mezcla los restos del zarismo con los del estalinismo, ni existe sino en pequeños núcleos en China, cuyo gobierno se dedica con ahínco a construir un capitalismo moderno.

 

¿Cuál reanimación puede haber cuando en Alemania se refuerza Angela Merkel; en Francia el primer partido es el Frente Nacional lepenista (con el cual, dicho sea de paso, Putin tiene relaciones privilegiadas); en Europa central y en Escandinavia predominan las fuerzas ultraderechistas y crecen los nazis; en España sigue siendo mayoritario el franquista Partido Popular de Rajoy, y en Italia no hay izquierda, pero sí derecha fascista o fascistizante, por no hablar de lo que sucede en Argentina, en Brasil, en Venezuela misma, y de los problemas gravísimos que enfrentan todos los gobiernos llamados progresistas de América Latina?


Ni siquiera en los años treinta, entre las dos guerras, los movimientos que se declaran anticapitalistas estuvieron tan débiles y tan aislados. Hoy la derecha avanza por doquier, mientras en 1934 los obreros socialistas y comunistas impusieron su unidad clasista y aplastaron en la calle a los clerical-fascistas. En los años 34-39, con la insurrección de Asturias y el gobierno de izquierda de 1936, el pueblo español combatió a la monarquía fascista, en Chile y en Brasil los obreros aplastaron al fascismo en la calle, en Argentina crecieron enormemente las huelgas y los sindicatos, en Cuba los estudiantes y el pueblo derribaron la dictadura de Machado.


Elemento fundamental de esas resistencias fue la esperanza en la posibilidad de una salida anticapitalista a la crisis y la existencia de un movimiento obrero de masas anarquista, socialista, comunista que hoy no existe, pues fue primero castrado y finalmente destruido por las políticas de los partidos socialdemócratas y comunistas que culminaron con las transformaciones de las burocracias estalinistas rusa y china en millonarios capitalistas, mafiosos y corruptos.


La derecha crece cuando logra ganar terreno ideológico en los desocupados desesperados y los sectores más atrasados de los trabajadores y las clases medias pobres, que se unen en torno de la minoría de grandes capitalistas o de un grupo de advenedizos y aventureros al servicio de éstos.


La izquierda crece –en cambio– cuan¬do se mide y se ve a sí misma pesando en las luchas antisistémicas, no cuando se institucionaliza y se adapta al juego electoral tras someterse al Estado capitalista siguiendo a una dirección plebeya progresista que no quiere ni puede salir de los marcos del sistema.


Evo Morales no fue el creador de la izquierda social boliviana: fueron las luchas masivas por el agua y por el gas y las movilizaciones campesinas e indígenas las que expulsaron a Sánchez de Lozada e impusieron elecciones en las que ganó Evo sobre la base de la nueva relación de fuerzas sociales que después permitió derrotar el separatismo y las maniobras de la derecha. Hugo Chávez no creó el chavismo. Simplemente canalizó, con su voluntad revolucionaria y su negativa a rendirse, la exigencia informe de un cambio social que había originado el Caracazo y que después se organizó para liberar al presidente Chávez derrotado y detenido. Incluso el triunfo electoral de Kirchner fue posible sólo por la sangrienta movilización de diciembre del 2001 que obligó a huir en helicóptero a un presidente de la Unión Cívica Radical.


Los gobiernos progresistas –al subordinar los movimientos sociales al Estado y al aceptar las reglas del establishment queriendo aparecer sensatos y ganar el apoyo electoral de sectores conservadores– destruyen no sólo su base social sino también la conciencia política de la misma, como la griega Syriza y el español Podemos. Ellos difunden una ideología que castra a los trabajadores. El kirchnerismo lo hizo al sostener que no existen las clases (¡en un país donde las clases dominantes tienen una clara y brutal conciencia de clase!) y Lula y la dirección del PT porque creían que, con tal de gobernar, era lícito prescindir de la ética, tener políticas conservadoras y entrar en cualquier componenda para comprar una mayoría.


Sin la lucha contrahegemónica de las izquierdas anticapitalistas en el campo político y cultural, la derecha dominará ideológicamente sin trabas. Son las carencias de las izquierdas las que hacen crecer las derechas, es la falta de independencia frente al Estado capitalista y a sus gobiernos progresistas lo que desarma y desmoviliza a los trabajadores, lo que les impide barrer a las burocracias sindicales agentes del capitalismo, autorganizarse, crear poder cotidianamente desde abajo, desarrollar sus capacidades e iniciativas. Los gobiernos que, como el venezolano, creen poder llevar una lucha contra el imperialismo y la derecha sólo con el aparato estatal y sobre todo las fuerzas armadas y mucha retórica nacionalista, preparan su pérdida. Los instrumentos del capitalismo –y el Estado actual es uno de ellos– son débiles e insuficientes para la lucha contra el gran capital. Si quieres democracia, lucha por la revolución social.

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¿Los "convivir" del gobierno de Juan Manuel Santos?

¿Cómo empezar un escrito que no tenga esa medida reiterada de explicar, denunciar y repetir hasta el cansancio lo que se palpa día a día en Colombia? -Existe una vigencia multiescalar de grupos de paramilitares en los territorios actuales, dónde según Santos se va a gestar la paz con los movimientos insurgentes- ¿El pueblo colombiano estará dando pasos de ciego con el tema de la paz? O será más bien, ¿cómo identificar la sorpresita, en esta fiesta de guerra de Santos? ¿Con varita para reventar el globo a ver que sale...? ¿O estamos ante lo que a un pueblo forzadamente, se le ha impuesto como convivir como parte de la naturaleza de un Estado? Un Estado que no quiere aflojar nada, solo le interesa en términos de una hegemonía económica y política. Es la continuación de una clase parapolítica corrupta, una oligarquía que no cede un ápice de tierra y si la cede es de manera irregular con la manito dudosa, afianzada con sus grupos políticos y su organización bien armada. ¿Todos reafirmándose en el transcurso del diálogo con la insurgencia una vez se firme la paz?


Se sabe que lo que no hacen con sus manos, buscan quien lo haga: grupos armados para asesinar a dirigentes sindicales, para hacer desaparecer a jóvenes, para asesinar líderes del movimiento social, líderes de tierras, defensores de los derechos humanos. Se dan las órdenes para quedar incólumes a los ojos y a la luz del día, es decir, una cantata en el gran concierto para delinquir.


En Colombia hay más de 55.000 desaparecidos, más de 100 líderes asesinados del movimiento social, miles de fosas comunes, más de 10.000 prisioneros políticos, asesinatos realizados tiempo atrás en hornos crematorios por grupos de paramilitares, así reposan investigaciones y estadísticas inconmensurables realizadas por las organizaciones de derechos humanos, sociales, populares, periodistas críticos, investigadores sociales, asociaciones, universidades que son comprometidas con el tema, profesores críticos, estos, que no son bufones, que no hacen parte de la larva estomacal del tiempo para asegurar la pensión ruinosa que les dará el Gobierno. No hay peor cosa en la vida que un bufón guardando silencio o haciéndose que eso no lo toca, como si viviera en Marte o en Júpiter. Son innumerables tartufos que se hacen los indiferentes, porque según ellos, ese tema no es, ni será de su inframundo. Es el silencio impuesto y aceptado de una clasecita barata, emergente al servicio del statu quo, No renuncian y permanecen en su estado larvario de clase, con la legitimidad que nunca saldrán de allí... El Estado los domesticó.


Vamos del timbo al tambo...


...será que este gobierno de Santos cree que hombres y mujeres esperaremos sentados otra vez a que maten a nuestros amigos, vecinos, y familiares" ¡No está ni tibio, si cree eso!


Líder campesina.


¿Cuánto se lleva en este país, analizado, evaluando, diagnosticando y denunciando el tema del paramilitarismo? Se llevan décadas de asesinatos y paralelamente de análisis y aún no se termina ni hay una luz para acabar con esta historia, este tiempo.


Unos cuantos se metieron en el cuento de la cronología bajo el cronos de: recontar, contar, espaciar ¡como si el universo de esta guerra versara en el pasado, presente y futuro! La gran mentira de la posmodernidad con sus fracciones espacio-temporales, líquidas y abstractas para tratar los crímenes de Estado.


El paramilitarismo está vigente y se avizora multiescalar.


Análisis de violentos -logos, memoro-logos, conflicto-logos, periodistas, articulistas, polito-logos, académicos que se han prestado para tratar el tema de la guerra a nivel nacional e internacional como un continuum de fasticización, en relación con el Estado-paracriminalizador. En contravía yace todo un proceso gestado desde abajo, en muchos casos por las víctimas, académicos, organizaciones de izquierda de orden popular y social. Hace más de 20 años y aún no se ha dicho, cuántos defensores de todo este trabajo de investigación que, dicho sea de paso, por ellos se conocen muchas verdades de los acontecimientos, en defensa de las víctimas y el esclarecimiento de la verdad sobre los crímenes de Estado. Fueron avocados al exilio, otros asesinados por narcotraficantes y paramilitares cuando investigaban las masacres y el desplazamiento sobre los territorios. Estas organizaciones populares, académicos, periodistas y demás contribuyeron con un universo crítico ante la esclavitud económica, la injustica y la imposición de toda una fascitización de estado.


Paramilitarismo multiescalar, no hay desparamilitarización de los territorios.


La reafirmación de grupos paramilitares en esto tiempos de paz es multiescalar, existe una autonomía relativa del paramilitarismo dentro de los aparatos represivos a disposición del Estado [1]. La fuente que nutre el paramilitarismo del Estado son los gremios económicos, los políticos, los narcos, no es un secreto, son quienes emplazan todo un ejército organizado, mercenario y delincuente.


En el valle del Cauca se han reafirmado el grupo paramilitar de las Bacrim y los Urabeños, tienen repartido el territorio en zonas urbanas. En Buenaventura la presencia de los grupos paramilitares de los Urabeños, la empresa y las Bacrim se delinean espacialmente en los barrios de las comunas 12, 10 y 8. Hacen presencia multiescalar, territorialmente bajo esquemas de órdenes, intimidación e imposición hacia hechos delictivos [2]. Actualmente existen zonas rurales en Cauca, Córdoba, Chocó, Antioquia, Tolima, Nariño, Valle, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo donde la fuerzas militares amenazan a la población con la presencia y llegada de paramilitares [3]. Esta presencia militar multiescalar como aparto represivo está avanzando donde históricamente han estado los movimientos insurgentes. Los territorios de resistencia insurgente están siendo paramilitarizados, es decir, a un escalonamiento territorial, mientras Santos habla de paz y aún no concreta lo acordado con la mesa de diálogo con el movimiento insurgente FARC-EP su Gobierno transcurre en un espacio multiescalar de paramilitarización como enclave de aparatos represivos territorial y politicamente.


El Gobierno de Juan Manuel Santos no es claro en la vía a desparamilitarizar estos territorios. Cabría preguntarse, ¿qué pretende el Gobierno del presidente Santos, una paz comercial, gerencial que la insurgencia acepte este tipo de paz al servicio de la clase dominante y los consorcios capitalistas?


Los movimientos insurgentes, cada uno en sus dinámicas, proponen un diálogo de paz, de inclusión sobre los sectores populares, los grandes movimientos sociales, las universidades, los sindicatos, campesinos, indígenas, afros quienes le apuestan, creyendo en el filo de esta historia. Añoran un trazo distinto, pero si esto no se da resueltamente con hechos y acciones del Estado, como una política de Estado, al pueblo no le queda más remedio que armarse y luchar contra esa medida estatal represiva. El pueblo debe preparase a su tiempo, campesinos, afros, indígenas, mestizos, hombres y mujeres no serán un rebaño de ovejas para el matadero.


El pueblo colombiano no quiere un sabor a engaño con el tema de la paz por parte del Estado. Aquí donde se rompa el dialogo territorial y se reafirmen los aparatos paramilitares una vez se firme la paz. Perderán muchos y la guerra será más cruenta que lo que se delinea hoy día.


El pueblo no esperará bajo un árbol a que caiga el fruto maduro. El rayo de luz histórico, está aún en su punto embrionario...

Notas
[1] Esto último en reflexión con el analista y politólogo José Antonio Gutiérrez sobre el enclave del paramilitarismo.
[2] Versión de un líder en Buenaventura, octubre 2015 a Sara Leukos.
[3] Ver sobre este punto pronunciamiento de las FARC-EP, el 1 de noviembre de 2015, Prensa rural, REMA-ACPP

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Sábado, 31 Octubre 2015 05:06

Lo que está en juego

Lo que está en juego

El fenómeno no es sólo portugués. Es global, aunque en cada país asuma una manifestación específica. Consiste en la agresividad inusitada con la que la derecha enfrenta cualquier desafío a su dominación, una agresividad expresada en un lenguaje abusivo y el recurso a tácticas que rozan los límites del juego democrático: manipulación del miedo para eliminar la esperanza, falsedades proclamadas como verdades sociológicas, destemplanza emocional en la confrontación de ideas, etc. Por derecha entiendo el conjunto de las fuerzas sociales, económicas y políticas que se identifican con los designios globales del capitalismo neoliberal y con lo que esto implica en términos de políticas nacionales, de aumento de las desigualdades sociales, de destrucción del Estado de bienestar, de control de los medios de comunicación y de estrechamiento de la pluralidad del espectro político. ¿De dónde viene este radicalismo ejercido por los políticos y comentaristas que hasta hace poco parecían moderados, pragmáticos, realistas con ideas o idealistas sin ilusiones?


En Portugal estamos entrando en la segunda fase de implementación global del neoliberalismo. A escala mundial, este modelo económico, social y político presenta las siguientes características: prioridad de la lógica del mercado en la regulación no sólo de la economía sino de la sociedad en su conjunto; privatización de la economía y liberalización del comercio internacional; demonización del Estado como regulador de la economía y promotor de políticas sociales; concentración de la regulación económica global en dos instituciones multilaterales, ambas dominadas por el capitalismo euro-norteamericano (el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) en detrimento de las agencias de la ONU que anteriormente supervisaban la situación global; desregulación de los mercados financieros; sustitución de la regulación económica estatal (hard law) por la autorregulación controlada por las empresas multinacionales (soft law).


A partir de la caída del Muro de Berlín, este modelo fue asumido como la única alternativa posible de regulación social y económica. Desde entonces, el objetivo fue transformar la dominación en hegemonía, es decir, hacer que incluso los grupos sociales perjudicados por este modelo fueran inducidos a pensar que era el mejor para ellos. Y, de hecho, en los últimos treinta años este modelo ha conseguido grandes éxitos, uno de los cuales fue haber sido adoptado en Europa por dos importantes partidos socialdemócratas (el Partido Laborista británico de Tony Blair y el Partido Socialdemócrata alemán de Gerhard Schröder) y haber logrado dominar la lógica de las instituciones europeas (Comisión y BCE).


Pero como cualquier modelo social, este también está sujeto a contradicciones y resistencias, y su consolidación ha tenido algunos reveses. El modelo no está plenamente consolidado. Por ejemplo, aún no se ha concretado la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP), y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) puede que no llegue a concretarse. Frente a la constatación de que el modelo no está todavía plenamente consolidado, sus protagonistas (detrás de todos, el capital financiero) tienden a reaccionar brutalmente o no en función de su evaluación del peligro inminente. Algunos ejemplos. Surgieron los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) con la intención de introducir algunos matices en el modelo de globalización económica. La reacción está siendo violenta y sobre todo Brasil y Rusia están sujetos a una intensa política de neutralización. La crisis de Grecia, que antes de que este modelo dominara Europa habría sido una crisis menor, fue considerada una amenaza por la posibilidad de propagación a otros países. La humillación de Grecia fue el principio del fin de la Unión Europea tal y como la conocemos. La posibilidad de un candidato presidencial en Estados Unidos que se autodeclara socialista (es decir, un socialdemócrata europeo), Bernie Sanders, no representa, por ahora, ningún peligro serio y lo mismo ocurre con la elección de Jeremy Corbyn como Secretario general del Partido Laborista. Mientras no constituyan un peligro, no serán objeto de reacción violenta.


¿Y Portugal? La destemplada reacción del Presidente de la República a la propuesta de un gobierno de izquierda hecha por el líder del Partido Socialista, en coalición con el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista, parece indicar que el modelo neoliberal, que intensificó su implantación en Portugal en los últimos cuatro años, ve en tal alternativa política un peligro serio, y por eso reacciona con violencia. Es necesario tener en mente que solo en apariencia estamos ante una polarización ideológica. El Partido Socialista es uno de los más moderados partidos socialdemócratas de Europa. De lo que se trata es de una defensa por todos los medios de intereses instalados o en proceso de instalación. El modelo neoliberal solo es antiestatal en cuanto captura el Estado, pues requiere decisivamente de éste para garantizar la concentración de la riqueza y captar las oportunidades de negocios altamente rentables que el Estado le proporciona. Debemos considerar que en este modelo los políticos son agentes económicos y que su paso por la política es decisivo para cuidar sus propios intereses económicos.


Pero el afán de capturar el Estado va mucho más allá del sistema político. Tiene que abarcar al conjunto de las instituciones. Por ejemplo, hay instituciones como el Tribunal de Cuentas que asumen una importancia decisiva, ya que tienen a su cargo la supervisión de negocios multimillonarios. Tal como es decisivo capturar el sistema de justicia y hacer que actúe con dos pesos y doble medida: dureza en la investigación y castigo de los crímenes supuestamente cometidos por políticos de izquierda, y negligencia benévola respecto a los crímenes cometidos por los políticos de derecha. Esta captura tiene precedentes históricos. Escribí al respecto hace cerca de veinte años: "A lo largo de nuestro siglo, los tribunales siempre fueron, de vez en cuando, polémicos y objeto de escrutinio público. Basta recordar los tribunales de la República de Weimar tras la revolución alemana (1918) y sus criterios dobles en el castigo de la violencia política de la extrema derecha y de la extrema izquierda" (Santos et al., Os Tribunais nas Sociedades Contemporâneas- O caso português. Porto. Edições Afrontamento, 1996, página 19). En aquel momento estaban en cuestión crímenes políticos, en tanto que hoy están en juego crímenes económicos.


Sucede que, en el contexto europeo, esta reacción violenta a un revés puede ella misma enfrentar algunos reveses. La inestabilidad conscientemente provocada en Portugal por el Presidente de la República (incitando a los diputados socialistas a la desobediencia) se asienta en el presupuesto de que la Unión Europea está preparada para una defenestración final de toda su tradición socialdemócrata, teniendo en mente que lo que pasa hoy en un país pequeño puede suceder mañana en España o Italia. Es una suposición arriesgada, pues la Unión Europea puede estar cambiando en el centro más de lo que la periferia imagina. Sobre todo porque se trata por ahora de un cambio subterráneo que solo se puede vislumbrar en los informes cifrados de los consejeros de Ángela Merkel. La presión que la crisis de los refugiados está teniendo sobre el tejido europeo y el crecimiento de la extrema derecha, ¿no recomendarán alguna flexibilidad que legitime el sistema europeo ante mayorías más amplias, como la que en las últimas elecciones en Portugal votó por los partidos de izquierda? ¿No será preferible viabilizar un gobierno dirigido por un partido inequívocamente europeísta y moderado a correr riesgos de ingobernabilidad que pueden extenderse a otros países? ¿No será de darles crédito a los portugueses por el hecho de estar buscando una solución distante de la crispación y la evolución errática de la "solución griega"? Y los jóvenes, que llenaron hace unos años las calles y las plazas con su indignación, ¿cómo reaccionarán ante la posición ofensivamente parcial del Presidente y el impulso anti-institucional que la anima? ¿Será que la derecha piensa que este impulso es un monopolio suyo?


En las respuestas a estas preguntas está el futuro próximo de Portugal. Desde ya, una cosa es cierta. El desvarío del Presidente de la República estableció el test decisivo con el que los portugueses van a someter a los candidatos en las próximas elecciones presidenciales. Si fuese electo(a), ¿considera o no que todos los partidos democráticos forman parte del sistema democrático en pie de igualdad? Si en las próximas elecciones legislativas se formase en la arena parlamentaria una coalición de partidos de izquierda con mayoría y presentase una propuesta de gobierno, ¿le daría o no posesión?

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

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Sábado, 31 Octubre 2015 05:01

El calendario de una crisis

El calendario de una crisis

A eso de las diez de la noche del domingo 26 de octubre de 2014, Brasil confirmó lo esperado: Dilma Rousseff había sido elegida para un segundo mandato presidencial. Sin embargo, hubo una sorpresa: la distancia que la separó de su adversario en la segunda vuelta, el neoliberal Aécio Neves, fue de poco menos de cuatro puntos. Mucho menor, por lo tanto, de las tres anteriores victorias del PT sobre candidatos derechistas abrigados bajo la sigla de un partido –el PSDB– que se dice socialdemócrata.


Pasado ese año, mucho cambió en Brasil, y no exactamente para mejor. Al contrario: el país vive en medio de una crisis de graves proporciones, navega sin rumbo, y no hay salida a la vista.


En octubre del año pasado, cuando Dilma se reeligió, un dólar valía 2,46 reales. Ahora vale 3,90. La inflación anualizada era de 6,75 por ciento, lo que alarmaba a mucha gente. Ahora es de 9,77 por ciento. La deuda bruta del sector público equivalía a 61,7 por ciento del PIB. Ahora, a 65,3 por ciento. Y en ese período, la economía brasileña retrocedió 1,9 por ciento, y ya se espera, para 2015, una recesión cercana a 3 por ciento del PIB.


En estos doce meses, el desempleo alcanzó la marca de 8,7 por ciento. En algunas regiones metropolitanas, roza el 10 por ciento. El poder adquisitivo de los trabajadores brasileños disminuyó 1,1 por ciento. A esa caída se debe sumar la inflación, para tener una idea del estrago en la economía familiar.


Luego de su reelección, Dilma empezó a dar muestras de que algo no andaba bien. Para empezar, armó su nuevo gobierno sin consultar a los aliados y menos al PT. Principalmente, no consultó a su antecesor y mentor, Luiz Inácio Lula da Silva. En noviembre de 2014 sorprendió a todos al anunciar que su nuevo ministro de Hacienda sería Joaquim Levy, un neoliberal durísimo, que lo primero que hizo fue anunciar un plan de ajuste que incluía drásticos cortes de beneficios laborales y sociales.
En enero de 2015, luego de las ceremonias de posesión, Dilma suspendió los subsidios al sector eléctricos y admitió que las cuentas de luz experimentarían alzas "significativas". Bueno, hubo aumentos de hasta el 58 por ciento en algunas regiones del país. La media fue de 51,2 por ciento.


En febrero, gracias a los consejos de su jefe de Gabinete, Aloizio Mercadante, la mandataria lanzó la que quizá haya sido su más malograda maniobra: quiso disminuir el poder y el espacio de su más poderoso aliado, el PMDB, y en lugar de negociar presentó un candidato para disputar la presidencia de la Cámara de Diputados con su actual ocupante, Eduardo Cunha, cuyo arsenal de maldades no tiene límites. En abril, maniatada e inerte, Dilma entregó la articulación política de su desarticulado gobierno al vicepresidente, Miguel Temer, del mismo PMDB. Acto continuo, Mercadante empezó a boicotearlo en las sombras. Parcas sombras. Temer desistió de sus funciones pasados poco más de cuatro meses, al darse cuenta de que lo que él pactaba con aliados y negociaba con la oposición era sistemáticamente saboteado por los asesores más directos de Dilma.
En junio, Lula empezó a criticar, de manera cada vez más clara y contundente, el gobierno que él ayudó a elegir. Interlocutores de Dilma admitían que, tan pronto logró la reelección, la mandataria dijo que si en su primer gobierno estuvo "anclada en Lula", en el segundo actuaría según sus propias determinaciones y decisiones.
El cuadro nacional, sin embargo, ya estaba definido y el desastre, anunciado. El clarísimo deterioro político no hizo más que alimentar el cuadro económico, que pasó de serio a grave. La relación gobierno-Congreso se hizo insostenible. Desde el retorno de la democracia, hace 30 años, no se vio un Congreso más retrógrado y mediocre. La hostilidad del presidente de la Cámara de Diputados se hizo irrespetuosa. Las denuncias contra Cunha elevaron a niveles inéditos su agresividad no solo contra la presidenta, sino contra cualquier iniciativa del gobierno.


Desde septiembre Lula retomó un rol de protagonismo muy poco usual entre ex presidentes brasileños. Pasa al menos dos días de la semana en Brasilia articulando de manera frenética. Logró instalar dos hombres de su confianza en puestos claves del gobierno –la Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Presidencia–, pese a toda la resistencia de Dilma. Pasó a participar de actos públicos en diferentes capitales provinciales, tratando de darle ánimo a la militancia social y del PT, en defensa del gobierno. A más de un interlocutor, y que muchas veces siquiera son tan cercanos a sus círculos más íntimos, Lula declara su profunda preocupación ante la posibilidad de que Dilma sea destituida. Y, al mismo tiempo, se queja duramente de la inhabilidad de su sucesora.


Las operaciones judiciales y policiales a raíz de denuncias de corrupción también causaron desastres en la imagen del PT y de Lula.


Hay, aquí, una curiosidad: la mayor parte de los imputados, denunciados y condenados pertenecen a partidos de la base aliada, pero es el PT de Lula da Silva quien se queda con la peor fama.


A propósito, el mismo Lula –contra quien no hay ninguna denuncia mínimamente concreta– es objeto de maniobras de fiscales y agentes de la Policía Federal. Se trata claramente de una fuerte campaña, amparada y amplificada por los medios de comunicación, para corroer su popularidad y debilitarlo para las elecciones presidenciales de 2018.


La oposición, mientras tanto, sigue sin presentar propuestas alternativas y se limita a insuflar, por todos los medios a su alcance, un golpe en el Congreso, para destituir a Dilma Rousseff. El principal partido opositor, el PSDB, se divide en tres corrientes. Una, del gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, hombre vinculado al Opus Dei, prefiere ver a la mandataria desangrándose hasta el último día de su mandato para presentarse como favorito frente a un PT debilitado y a un Lula desmoralizado. Otra, del senador José Serra, sigue la misma línea, pero al mismo tiempo defiende que exista algún acercamiento con el PMDB, partido de vasta tradición de venderse al mejor postor.


La tercera línea, más evidente y ruidosa, es la encabezada por Aécio Neves, derrotado por Dilma hace un año. Sin ninguna preocupación en ser discreto, el actual senador defiende, un día sí y el otro también, que Dilma sea destituida junto con su vice, para que nuevas elecciones sean convocadas y él salga vencedor.


Frente a semejante cuadro, poco más de 200 millones de brasileños viven la amarga sensación de que 2015 es un año perdido. Y, con él, muchas de las conquistas sociales alcanzadas desde la llegada de Lula al poder, en el ahora lejano 2003, corren el grave riesgo de perderse.

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