Lunes, 29 Junio 2015 06:31

Grecia contra los hombres de gris

Grecia contra los hombres de gris

Hay una incompatibilidad entre democracia, soberanía y economía financiera global. Venía tiempo diciendo la academia que hay que escoger solamente dos de ellas. Pero era un análisis amable. Lo que sobra, en cualquier caso, es la democracia. Dicen los funcionarios del FMI que no soportan la arrogancia de las autoridades griegas. ¿Qué es esa mierda de preguntarle al pueblo? ¿Queremos regresar a la URSS o qué? Y echan de la sala de reuniones a Varufakis, que estaba representando a todo un pueblo. Hay sitios en donde si miras al carcelero a los ojos te ganas una paliza. O un tiro.

Los burócratas de la Troika se caracterizan por ser implacables con los débiles y obsequiosos con los fuertes. Les va en ello cambiar de corbata y subirse el sueldo. Peor se pone el asunto si pensamos que el sueldo se lo pagamos nosotros. ¿Por qué es posible exigir a cualquier trabajador que cumpla con sus obligaciones menos a estos paniaguados de los organismos financieros internacionales? Insultan al gobierno legítimo griego y las empresas de medios de comunicación jalean el "intolerable mal comportamiento" del gobierno de Syriza. Claro, si los bancos se ha hecho con el control de los medios. ¿Van a criticar a sus jefes?

Venimos, como siempre, de la historia. Alemania cedió su más preciada pertenencia, el deutsche Mark, en 1990 a cambio de que Francia le concediera la soberanía para la unificación. Nacía la moneda única. La Segunda Guerra Mundial terminó con una rendición incondicional del III Reich, de manera que la unión de la RFA y la RDA tras la caída del Muro de Berlín sólo era posible si las potencias ganadoras firmaban un tratado de paz. Eso fue el Tratado Dos más Cuatro (las dos Alemanias y las cuatro potencias vencedoras) firmado en septiembre de 1990. La primera respuesta de la Alemania unificada fue forzar a la UE el reconocimiento de Eslovenia y Croacia -ya empezaban a regresar al concepto de "patio trasero"- adelantándose a hacerlo. Lo que pasó en Yugoslavia ya lo sabemos.
Alemania ahora intenta forzar la salida de Grecia de la Eurozona. Esa salida, inevitablemente, forzaría la salida de Portugal, que forzaría la salida de Italia, que traería consigo la salida de España. Al final, otra vez, cuando Francia estuviera a solas con Alemania, Merkel podría recuperar su moneda, reforzada durante todos estos años por un mercado único a su servicio y una financiación de sus inversiones gratis al haberla pagado el resto de Europa con la altísima prima de riesgo. Y todo el sueño europeo, que nos ha traído decenios de paz interna después de la terrible primera mitad del siglo XX, regresará a la angustia de los años treinta. No se trata de hacer oscuras predicciones. Se trata de no volver a equivocarnos.

Que Alemania se comporte como ha venido haciendo desde que derrotó a Austria en la batalla de Padova a finales del XIX puede entrar dentro de lo comprensible. Todos los países son deudores de su trayectoria (la path dependence en términos de la ciencia política). Europa lo entendió y por eso la ancló en el proyecto comunitario desde la creación en 1951, en el Tratado de París, de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Ese año, en la inmediata posguerra, comenzaría igualmente un acuerdo para perdonarle a los alemanes sus deudas de guerra, que culminaría en el Tratado de Londres de 1953. Lo incomprensible es que Europa vuelve ahora a dejar suelta a Alemania. Algo que sólo se entiende por las características de la economía financiera global, que convierte a nuestros países en protectorados de Alemania guiados por un afán colaboracionista que sólo beneficia a las élites que forman parte del 1% que está saqueando la despensa del 99%.


Es el momento de los pueblos. Los que quieren recuperar la capacidad de consumo para reactivar la economía, terminar con el desempleo y reinventar una senda de crecimiento que tendrá que ser respetuosa con la naturaleza. Estar hoy con Grecia es estar con la democracia. Es momento de exigir que la democracia y los derechos humanos estén por encima de la codicia financiera, para que no vuelva a caer la noche sobre Europa. En el caso de España preocupa que los que ayudaron a echar el manto negro sobre nuestro país sean vistos con indulgencia por quienes nos gobiernan. En 1936 Europa no estuvo a la altura y cuando reaccionó en 1939 ya era tarde. Lo que está pasando con Grecia no es ninguna broma. Nos estamos jugando la paz del continente. Ayudemos a Grecia contra los hombres de negro que, en verdad, son los hombres vestidos de pardo y correajes de siempre.

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Domingo, 28 Junio 2015 06:20

Turquía: se avecina inestabilidad

Turquía: se avecina inestabilidad

Turquía sostuvo elecciones parlamentarias el 7 de junio de 2015. Contra las expectativas de virtualmente todo mundo, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (o AKP, por sus siglas en turco) perdió su mayoría absoluta. Esto fue visto como una derrota importante para el partido y para el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. El corresponsal del Financial Times calificó los resultados de sísmicos y citó a un comentarista crítico de Erdogan, quien dijo: No hay un sendero sin riesgos para él en este momento; cualquier cosa que elija será una apuesta. El encabezado de dicho artículo afirma que Erdogan tiene una opción post-electoral: retirarse o fundirse con lo que viene".


Virtualmente todos los observadores, dentro y fuera de Turquía, han estado analizando las elecciones con una verbosidad igualmente dramática. Para entender el por qué, necesitamos regresar al comienzo de la historia de Turquía como un Estado independiente, en 1923.


La Guerra de Independencia Turca (1919-1923) terminó con el Tratado de Lausana. En ese punto, el Parlamento interino llamó a elecciones. Este segundo Parlamento proclamó la república, aceptó el Tratado de Lausana y abolió el califato. El nuevo partido mayoritario, el Partido Republicano del Pueblo (o CHP, por sus siglas turcas), pronto quedó como el único partido. Su fundador, Mustafá Kemal Ataturk, lo encabezó hasta su muerte, en 1938.


De muchas maneras las políticas de Ataturk fueron modeladas sobre las que él consideraba eran las de Francia. Fue un anticlerical y jacobino que buscó modernizar su país. Central en su jacobinismo era la visión francesa de las relaciones entre el Estado y las religiones, conocida como laicité. Una laicidad que en su traducción turca se inventó un término: laiklik.
Este jacobinismo fue expresado por la feroz oposición de Ataturk a cualquier tipo de lealtades que intermediaran entre el Estado y el individuo, sea que fueran religiosas, étnicas o regionales. Había cuatro grandes intermediarios posibles, y Ataturk tomó acciones contra los cuatro. El primero fue el Islam –y, por tanto, la abolición del califato y la prohibición de las vestiduras islámicas. El segundo fueron los kurdos –y, por tanto, se les negó el uso de su lenguaje y de hecho su mera existencia, llamándoles turcos de las montañas. El tercero fueron los armenios –y, por tanto, su masacre y expulsión. El cuarto fueron la población y la iglesia griega ortodoxa –y, por tanto, su transferencia forzada a Grecia en intercambio por turcos residentes en Grecia.


Es más, para Ataturk y el CHP la creación de un Estado moderno implicó una cuidadosa limitación de las fronteras del Estado turco. Esto significó el rechazo de la ideología del pan-turquismo, que buscaba unir a todos los pueblos hablantes de lenguas turcas. Rechazó a fortiori el llamado turanismo, que buscaba unir a todos los pueblos que descendieran de raíces lingüísticas comunes, como los fineses, los húngaros, los mongoles, los coreanos y los japoneses, entre otros.


Muy por el contrario, Ataturk buscó purificar lo turco rechazando todas las importaciones del árabe, el persa, el griego y el latín al turco, como se utiliza en las fronteras de Anatolia, que proporcionaban los límites básicos de la moderna Turquía. Puso también fin al uso del alfabeto arábigo, remplazándolo por el alfabeto latino.


Las sucesivas versiones de la Constitución incluían todas el término seglar en la descripción de la república. En 1930, Ataturk escribió acerca de las denominaciones erróneas" utilizadas por co-nacionales que han sido incitados a pensarse a sí mismos como kurdos, circasianos, lazes o bosnios. Todos ellos eran, en cambio, miembros individuales de la nación.


El segundo punto de la continuada importancia de Turquía fue su orientación geopolítica. En los primeros días de la república, Turquía mantenía lazos con la Unión Soviética. Compartían un sentido de ser naciones revolucionarias y por consiguiente no eran aceptadas por el mundo occidental. Pero para Ataturk, esta alianza amainó conforme persiguió su aspiración de crear un Estado moderno siguiendo el modelo francés. Luego, con el advenimiento de Hitler al poder, Alemania cortejó a Turquía. Por tanto, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, el Estado turco fue desgarrado entre las posibles alianzas y optó por la neutralidad, que fue vista por los poderes aliados como demasiado pro-germana.


En parte para reparar las relaciones con Europa occidental (y América del Norte), el sucesor de Ataturk, Ismet Inönü, terminó en 1944 el dominio de un solo partido y llamó a elecciones. El CHP ganó con facilidad su primera elección, pero después de eso se volvió un partido minoritario. Se proclamó social-demócrata y se unió a la Internacional Socialista. Continuó siendo fuertemente nacionalista, pero encontró su fuerza electoral en las áreas urbanas de profesionales de clase media y en las élites gerenciales. Sus simpatizantes impulsaron políticas pro-occidentales (como unirse a la OTAN) y mayores libertades civiles.


El CHP se encontró a sí mismo acosado por sus oponentes. Hubo versiones sucesivas de un partido conservador, que le dio menos énfasis a las políticas pro-occidentales. Tenía fuertes raíces en las áreas rurales y una visión un poco más tolerante del Islam. El ejército y el poder judicial querían mantener un Estado muy fuerte y fueron en extremo vigilantes en la defensa de la laicité, lo que condujo a varios golpes militares. Y los kurdos comenzaron a organizarse en lo político y eventualmente comenzaron una insurrección militar mediante un partido/ejército conocido como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, por sus siglas en kurdo). Este grupo, encabezado por Abdullah Ocalan, se proclamó originalmente marxista-leninista, pero más tarde evolucionó a una orientación socialista revisada deseosa de integrarse políticamente como una región autónoma dentro de Turquía. Ocalan fue capturado con ayuda de la CIA y fue condenado a muerte, pero se le conmutó la pena por la de cadena perpetua en una isla remota.


Los partidos de base musulmana que emergieron en este periodo fueron proscritos sucesivamente y sus líderes fueron encarcelados o escindidos de hacer política. Así que cuando el partido de Erdogan, islámico moderado, el AKP, llegó por primera vez al poder en 2002, fue visto como algo que llevaría a una revolución progresista verdadera.


Siguió enfrentando oposición fuerte de muchos intelectuales secularistas de izquierda y también enfrentó la posibilidad de un golpe por parte del ejército. Erdogan, con cuidado y gran logro, navegó todos los bajíos y creció fuerte de un modo constante. En este punto, Erdogan buscó un Parlamento que votara por una nueva Constitución que creara un sistema presidencial muy fuerte. El AKP, que pareció representar una fuerza progresista en 2002, ahora se miraba como un partido potencialmente dictatorial en el futuro.


Sin embargo, Erdogan hizo una cosa notable y sorprendente en su más reciente periodo en el cargo. Comenzó negociaciones con Ocalan para ver si podría haber una fórmula de devolución de poder que resolviera el punto. Y eso le ganó mucho crédito entre los kurdos. No obstante, también impulsó una nueva política exterior que reinsertó a Turquía en el ámbito del Medio Oriente. Su feroz oposición a Bashir al Assad, de Siria, lo condujo a involucrarse en un comportamiento negativo vis-a-vis los kurdos sirios que priorizaron su oposición al Estado Islámico y son aliados con el PKK.


Como tal, en estas últimas elecciones, el más reciente partido kurdo legal (el Partido Democrático de los Pueblos o HDP, por sus siglas en turco) impulsó una nueva política. Creó una coalición progresista arcoíris. En su lista de candidatos hubo personas de los grupos étnicos importantes, el primer candidato abiertamente gay, y tal vez lo más importante es que hubo un gran número de mujeres. Este partido recibió más de 13 por ciento de la votación a nivel nacional, permitiendo al partido kurdo, por primera vez, exceder el umbral de 10 por ciento necesario para contar con escaños en el Parlamento.


Erdogan no tiene oportunidad de promulgar su Constitución. Su problema inmediato es si debe intentar gobernar como partido minoritario (lo que es muy difícil) o aliarse a uno de los tres partidos con los votos que le brinden a él la mayoría: el HDP de izquierda, el secularista CHP o el partido de la extrema derecha. Es una muy difícil decisión para él, para su partido y para Turquía. El resultado tendrá un impacto fundamental no sólo en el futuro de Turquía, sino en la geopolítica del Medio Oriente.


Traducción: Ramón Vera Herrera

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Viernes, 26 Junio 2015 06:41

El cambio es así en España

El cambio es así en España

El bipartidismo español demuestra su incapacidad para abordar el presente político. Lo manifiesta cada día sustituyendo cualquier discusión sobre la actual situación socio-económica con una vuelta al pasado rebuscando cualquier tuit debajo de la alfombra. PSOE y PP evitan entrar al campo de la (verdadera) política porque han dejado de controlar monopólicamente ese espacio. Prefieren la confrontación en la arena de la parapolítica aprovechándose de su gran eco mediático y sin necesidad de explicar aquello que afecta diariamente a la gente de a pie.


La disputa es demasiado asimétrica entre los guardianes de lo viejo y los que pretenden un cambio a favor de la mayoría. Mientras el bloque histórico usa todo su poder para pelear fuera del verdadero ring social que preocupa a la ciudadanía, Podemos como partido-movimiento opta por situar su propuesta en el centro del cuadrilátero. La guerra de posiciones está servida para estos meses venideros. El sistema político tradicional sufre una crisis de representatividad; ha dejado de percibir cuál es el sentido común de época en la sociedad española de los últimos años. Los de arriba no saben qué decir de la corrupción ni de los desahucios, ni de los que no pueden pagar la electricidad a final de mes, ni del desempleo juvenil. Los representantes de las elites procuran reinventar una centralidad que no coincide con el centro de gravitación de las demandas de la mayoría social. Prefieren la campaña del miedo porque han dejado de ser creíbles como políticos capaces de crear esperanzas.


Frente a ello, Podemos sigue empecinado acertadamente en centrar la atención en aquello que afecta la vida cotidiana de los hogares españoles, devolviéndoles las ganas y creando ilusión. Esta estrategia podemista es lo que más incomoda a unas elites que prefieren marear la perdiz en vez de tener que hablar de la deuda social creciente en España ni de la falta de expectativas (el 63 por ciento cree que en los meses próximos seguirá todo igual o incluso peor que hasta ahora).


La trampa tendida desde el bipartidismo en contra de Podemos se basa en buscar como sea que éste hable de sí mismo. Todo vale por parte del bipartidismo para que se eluda discutir de lo que sigue pasando social y económicamente en cada rincón del país. El régimen ambiciona llevar el debate a un callejón sin salida tentando a la alta cuota de intelectuales en el entorno de Podemos para que la sobredosis de podemología merme las fuerzas para el verdadero objetivo marcado: pensar cómo adentrarse por la ventana abierta de esta oportunidad histórica.


La otra gran estrategia aplicada por las elites procura forzar a Podemos a luchar contra la campaña del miedo impidiéndole que siga cómoda y decididamente por la hoja de ruta del cambio. Este es uno de los objetivos del bipartidismo: hacerle zancadillas constantemente a Podemos obligándolo a que den más explicaciones de las necesarias sobre aquello que interesa poco a la ciudadanía. Las elites políticas buscan arrinconar a Podemos elevando el tono de voz; creen que con más decibelios van a llevar más razón, o van a tener más capacidad de silenciar lo que hoy ya es un grito de la mayoría. Sin embargo, Podemos no cede la agenda.


El nuevo consenso emergente es el meollo de este tira y afloja fruto de un cambio de época que ya es una realidad. Es muy de agradecer que la democracia se oxigene gracias a estas tensiones que permiten reacomodar los equilibrios de fuerzas políticas. El PP le apuesta todo a la recuperación económica aunque ésta sea desigual, y a enterrar como sea a todo aquello que tenga tufo a nuevo; el PSOE escoge una operación más cosmética, con tono moderado, para llegar al mismo puerto. Y frente a ello, a Podemos sólo le queda proseguir con su tarea de ampliar y construir ese imaginario del cambio que tanto se ha cristalizado en las pasadas elecciones del 24M. Su éxito dependerá en gran medida de cómo evite entrar al trapo de un régimen aún hegemónico que se niega a tirar la toalla. No será fácil, pero quién ha dicho que cualquier cambio a favor de las mayorías haya sido fácil a lo largo de la historia. Eso sí, a pesar de los intentos de hablar de tweets y de protestas en capilla, el cambio en España ya es un hecho político irreversible.



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El fin del relato progresista en América Latina

Las protestas contra Dilma Rousseff marcan un punto de inflexión en la ruptura entre gobernantes y gobernados en Brasil, un proceso que paulatinamente se extiende a los países latinoamericanos.

¿Se puede hablar de final de ciclo para los gobiernos progresistas en América Latina? Cuando triunfos electorales se sucedieron recientemente en Uruguay, Brasil, El Salvador y Bolivia, la pregunta pareció disiparse. Pero vuelve por otros caminos. No necesariamente el de también recientes derrotas en grandes ciudades o regiones del Brasil, Ecuador, Argentina o Bolivia. Estas han tenido cierto peso simbólico pero parecen remitir a un nuevo equilibrio más que a la interrupción del apoyo a nivel nacional. Lejos de las urnas, más bien, un posible momento de cambio todavía indeterminado parece sentirse en el agotamiento de un modelo y en la transformación interna de la narrativa política progresista, plurinacional o bolivariana.
Tanto a la izquierda como a la derecha del espacio político en que los gobiernos progresistas se establecen como centro, asistimos una reorganización de fuerzas y movilización en varios países. El mapa de la situación política no es homogéneo ni puede generalizarse, pero cierta inquietud se transmite desde la razón "gobernista", término utilizado en Brasil para referirse a la defensa militante del gobierno que no asume ni la más mínima crítica. En ese país, después de las primeras medidas de gobierno que siguieron al triunfo por mínima diferencia en las elecciones de octubre de 2014, el "gobernismo" muestra una notable dificultad para sostener el "relato" en que se sustenta.


De hecho, quizás sea Brasil donde el problema del fin de ciclo se muestra con mayor claridad. Al final, las movilizaciones opositoras de cuño expresivamente conservador en Argentina y Venezuela se vienen sucediendo sin que el apoyo hacia los gobiernos deje de ser firme y probablemente suficiente para ganar otra elección. Fuertes movilizaciones campesinas e indígenas en Ecuador y Bolivia, por otra parte, no merman hasta ahora el voto mayoritario de Morales y Correa. En Brasil, las últimas mediciones de abril y mayo sobre imagen positiva de Dilma Rousseff llegaron al 7% en uno de los grandes institutos y en cerca de 10% en otros. Lula da Silva, probable candidato para 2018, no deja de estar afectado por el descontento. Es que, además de una oposición indignada, la crítica al gobierno alcanzó rápidamente la masa de votantes propios. Para el "gobernismo" más cínico, sin embargo, el neoliberalismo es una fase ya dejada atrás y la falta de popularidad se debe exclusivamente a una crisis en la que no tienen responsabilidad, y al trabajo de los grandes medios.


En realidad, la popularidad de Dilma Rousseff ya había sido baja en el estallido de junio de 2013 y durante la copa del mundo, dos momentos en que la indistinción del PT con el poder empresarial y los partidos conservadores con los que cogobierna, o de la oposición, se mostraban evidentes desde las calles. Esta imagen de frente conservador donde el progresismo se integra es la base de la situación política que quiebra el relato. En sentido opuesto, la elección presidencial de 2014 permitió al PT recuperar sus votantes históricos en una notable polarización del electorado que eliminó a Marina Silva asociándola al neoliberalismo, y a Aecio Neves a fuerza del foco en lo social. Un voto desencantado, sin embargo, fue seguido por una verdadera indignación frente a la formación del gabinete de ministros y las primeras medidas. La presidenta asumió políticas de ajuste y austeridad, en sentido notablemente contrario de lo prometido en la campaña electoral que todavía resonaba en los oídos.


Por intermediación de Lula el PT incorporó al responsable económico del programa de la oposición, y dio lugar a un recorte de gastos que pesaría especialmente sobre la clase trabajadora y la educación. Otro nombramiento de impacto fue el de Katia Abreu en el Ministerio de Agricultura, homenajeada tiempo antes por los pueblos indígenas con el premio de "Miss Motosierra de Oro", por su papel en la defensa de crímenes ambientales y el avance del agronegocio sobre tierras indígenas, dos causas de amplia sensibilización en la ciudad.


Al mismo tiempo, los gestos hacia los mercados no sirvieron para neutralizar manifestaciones de cientos de miles de personas que pedían la destitución de Dilma, que con un discurso anti-corrupción señalizan la posibilidad de un cierre del ciclo por el camino más conservador. Estas voces que salieron a la calle, se expresan también en un congreso donde aumenta la influencia de la bancada "de la Bala, el Buey y la Biblia (BBB)", con control de la cámara de diputados y con mucha más influencia sobre el gobierno que los movimientos sociales. Sectores conservadores en la base del gobierno y la oposición consiguieron que el gobierno frenara iniciativas educativas anti-homofóbicas en curso, y se preparan esta semana para aprobar una enmienda constitucional que reduzca a 16 años la edad de la mayoría penal, después de haber aprobado la generalización de la tercerización para todos los sectores de la economía, antes restringida.


Habiéndose alejado del proyecto de cambios que lo llevó al poder, sin capacidad para movilizar ni para frenar institucionalmente reformas conservadoras, y siendo partícipe de las mismas en algunos casos como el del deterioro de los derechos del trabajo, el fin de ciclo se da con el progresismo en el comando, que incluso podrá volver a ganar desde un enfrentamiento electoral con los sectores con los que, en realidad, co-gobierna.


Culto a la tecnocracia


Aunque una derrota en Venezuela o Argentina sería significativa para la liga de presidentes del espacio que inauguró Chávez en 1999 y hoy gobierna varios países, el fin de ciclo pasa en los distintos países por la aceptación de un modelo conservador evaluado como condición necesaria para la estabilidad y continuidad política. Las encuestas y el cálculo electoral determinan así el proyecto político, que tiende al culto de lo institucional y la tecnocracia, aunque mantenga un discurso que construye su electorado a partir del énfasis en lo social. En Argentina, en ese sentido, el kirchnerismo se dispone a defender en la campaña a un candidato que nunca gozó de su confianza, pero que se acepta por medir mejor en las encuestas. Daniel Scioli, lanzado políticamente por Menem, demuestra que el peronismo sigue siendo más que el kirchnerismo y se presenta desde posiciones políticas que no se diferencian de las de sus rivales del espacio conservador.


La vieja política también se introduce en el MAS de Bolivia, desde una visión hegemonista que lo empeña hace tiempo a recurrir a figuras mediáticas o recicladas de la oposición, como si las decisiones electorales y acuerdos no tuvieran consecuencias en la gestión y rumbo político. Así, se abandonan objetivos que vayan más allá de la ocupación de las instituciones, sustituyendo la movilización popular por la incorporación de posiciones, visiones y demandas del enemigo, dejando atrás los tiempos que siguieron a la elección de Evo Morales en los que hubo intentos de proponer reformas más contundentes o cuestionar la forma y funcionamiento del Estado, más allá de quién ocupara el sillón.


La imposibilidad de regeneración y vuelta a los orígenes, por otra parte, se limita desde la propia dinámica del sistema político, que financia las campañas desde el sector empresarial; o en la dependencia estatal de ingresos producto del peor desarrollo y el extractivismo, base también de alianzas espurias con caudillos locales y capital multinacional sin responsabilidad ni horizonte más allá de la búsqueda de retorno más rápido posible de las inversiones. Buena parte de las políticas sociales son fruto de estos ingresos, por lo que la marca y popularidad de estos gobiernos se asocia íntimamente con estos tipos de explotación económica sumamente dependiente del precio internacional y con consecuencias ecológicas desastrosas.


En un balance deben destacarse medidas importantes, como el avance en la articulación regional; la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad de la dictadura y la asignación universal por hijo en Argentina; algunos elementos de las constituciones de Bolivia y Ecuador; negociaciones soberanas de la deuda; reducción de la pobreza y la intervención social y de infraestructura en barrios. El final de ciclo también se relaciona con la interrupción de esas agendas, sin embargo, con un aumento de la pobreza en Argentina, y de la desocupación en Brasil, además de los límites de las luchas emprendidas, que no incorpora en el reconocimiento de derechos y defensa de garantías a las periferias y pueblos indígenas que enfrentan grandes obras y expulsiones de territorios. Algunos tabús de esta época se rompieron con negociaciones de pactos bilaterales en Ecuador, y con el encarcelamiento de opositores en Venezuela. El balance también es negativo en la prometida industrialización y salida del modelo de economía primaria dependiente de precios de commodities.


A la hora de hablar de modificaciones estructurales de la desigualdad y la matriz económica, los gobiernos progresistas parecen transformados por el poder y las instituciones, antes que lo inverso. Mientras recetas ortodoxas anuncian nuevamente su llegada, alejan definitivamente la posibilidad de fortalecer procesos que desde el Buen Vivir apuesten por otro desarrollo. Al mismo tiempo, un nuevo marco ideológico asumido por buena parte del progresismo para encarar la fase política actual, garantiza popularidad y la permanencia en el poder, pero a costa de abandonar principios anticapitalistas y demandas venidas de las movilizaciones que abrieron el ciclo político progresista. Esto es claro si vemos el avance de tres elementos: la ideología del consumo, el consenso del desarrollo y la agenda política traída por sectores religiosos.


La propaganda "gobernista" presenta el crecimiento en índices de consumo como acceso de millones a la clase media. Además de abandonar agendas campesinas, indígenas y obreras, la discusión deja de lado la revisión de prioridades en la economía y la forma de distribución –que continúa beneficiando mayormente a los más ricos–. Tampoco complementa el acceso al consumo con un acento en el acceso a salud, educación y transporte de calidad, que permanecen ajenos a las mayorías.


La llegada del papa Francisco al Vaticano, días después de la muerte de Chávez, ya cosechó retrocesos en la legislación progresista, frenando cambios en el Código Civil argentino, y dando legitimidad a la ruptura de gobiernos con luchas de minorías que históricamente la izquierda defendió, cortando incipientes avances en algunos de los países. La transformación que convirtió a Bergoglio de autoridad de una iglesia conservadora que cierra muestras de arte o no asume una posición crítica durante la dictadura, a líder del progresismo, no habla solamente de una operación comunicacional, sino también del fin de ciclo del progresismo como lo conocimos hasta ahora. Consumo y agenda conservadora se conectan con la incorporación de un punto de vista estatal e hiperpresidencialista, articulando con identidades políticas nacionalistas, con sus variantes batllistas en Uruguay, peronista en Argentina, emenerrista en Bolivia, cuando no de las propias dictaduras, si enfocamos en el modelo desarrollista adoptado.


Quizás deba tomarse en serio la propuesta de fundar una nueva internacional liderada por el papa Francisco, presentada por Gianni Vattimo y aplaudida por actores del progresismo "gobernista" nucleado en el Foro por la Emancipación y la Igualdad que en marzo de 2015 en Buenos Aires. Rafael Correa, en esa dirección, asumió este año una defensa sobreactuada y repentina contra lo que llamó "agenda abortista", para impedir la regulación legislativa de este tema, y de "ideología de género" contra derechos de minorías. El posicionamiento se suma a sus ya clásicas diatribas contra ambientalistas e indígenas.


La política que interviene en los antagonismos sociales, raciales y de ímpetu descolonizador, es así sustituida por valores conservadores desde una idea de confraternización y conciliación que en el fondo deja de lado la lucha contra la desigualdad, más allá del asistencialismo que encuadra y desmoviliza los sectores populares desde el paternalismo estatal o religioso. El nuevo horizonte viene acompañado de un tratamiento de la disidencia como radicalismo contrario a los intereses de la nación.

En el plano geopolítico, el aumento de la represión y criminalización de disidentes se articula con la visión hacia oriente, acercándose en el discurso y la economía a regímenes autoritarios como el de Rusia y China, también ya desprovistos de un horizonte anticapitalista y emancipador.


Sustituyendo clase trabajadora y movimientos sociales o indígenas por familia y clase media; el progresismo y la izquierda en el poder dejan de serlo por el camino de la seguridad y el consumo de nuevos nacionalismos desarrollistas. Este movimiento es claro en Nicaragua, donde Daniel Ortega y el sandinismo regresa al gobierno en 2007. El acercamiento con la iglesia que lo enfrentó en los 70, se da junto a la aprobación de una ley que prohíbe el aborto en cualquier situación. A finales del 2014, el congreso aprueba también sin debate ni socialización de información una ley que da origen a la construcción de un canal interoceánico, cediendo derechos soberanos por 50 años a una empresa china, reprimiendo y criminalizando campesinos y poblaciones que serán desplazadas. El ciclo político también se interrumpe cuando la política del desarrollo acerca gobiernos bolivarianos, progresistas o de izquierda a las gestiones nacionalistas y liberales del Perú, Colombia o México, sin distinción en la instrumentalización del poder estatal para garantizar un modelo para nada progresista.


Más que un horizonte anti o post extractivista como alternativa de poder en un nuevo ciclo, vemos aparecer nuevas derechas con discursos renovados "para la gente" y "post-ideológicos" con la bandera que perdió la izquierda de la ética contra la corrupción. Sin participación y búsquedas de otra política que conecten luchas territoriales con luchas en las ciudades, el nuevo ciclo acabará cediendo lugar a un régimen autista e individualista que combine o alterne un nacionalismo social de discurso religioso y un republicanismo individualista de discurso anti-estatal indignado.

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La deuda militar con Francia y Alemania ahoga a Alexis Tsipras

MADRID.- Grecia se asoma a la bancarrota. El gobierno de izquierda de Syriza negocia estos días con sus socios europeos las medidas de recorte para acceder a la ayuda económica que necesita para evitar un corralito. Estos presionan al Ejecutivo heleno para que acepten una nueva subida del IVA y otro recorte de las pensiones, dos líneas rojas que su presidente, Alexis Tsipras, se comprometió con su pueblo a no traspasar. En este contexto el presidente de la Comisión Europea, el conservador Jean-Claude Juncker, sugirió que Grecia podía optar por "otros instrumentos", como "un recorte modesto en el presupuesto de Defensa".

Pese a que el resto de socios europeos han denunciado que Juncker y su equipo están intentando asumir el papel de poli bueno de las negociaciones con Tsipras y su ministro de Finanazas, Yanis Varoufakis, lo cierto es que el presidente del Ejecutivo comunitario señaló uno de los principales agujeros negros de sus cuentas: Grecia es un país altamente militarizado e invierte una enorme cantidad de su presupuesto en Defensa en proporción a su población y a su peso geopolítico.
Grecia tiene un Ejército de 109.000 soldados: 10 militares por cada 1.000 habitantes. España tiene un ratio de 2,5 y Francia, de 3,5


El pequeño país del sur de Europa tiene un Ejército de 109.000 soldados para una población de unos diez millones de habitantes. Cuenta con un ratio de unos 10 militares por cada 1.000 habitantes, de largo el mayor porcentaje de toda la Unión Europea. En comparación, España cuenta con unos 122.000 soldados, un ratio de 2,5 por cada 1.000 habitantes. Francia, una superpotencia en términos armamentísticos, de 3,5. Pero el gasto griego no solo abarca el personal.

En los últimos diez años, Grecia empleó una media del 4% de su PIB en Defensa, con picos de casi el 6%. La OTAN, conocida por presionar a sus aliados para que eleven el presupuesto militar, recomienda que el gasto militar alcance un 2% del PIB. El porcentaje griego solo fue superado por EEUU entre los países de la alianza. En dicho período, Grecia importó equipamiento militar por valor de 12.000 millones de euros. Entre 2005 y 2009, justo antes de verse obligada a solicitar el rescate, el país se convirtió en el quinto mayor importador de armas del mundo.

Carros alemanes y submarinos franceses

¿Dónde fue la ingente inversión de Grecia en material militar? Además de a EEUU, a sus socios europeos. Más concretamente, a dos de los principales exportadores mundiales de armas: Alemania y Francia. Grecia tiene 1620 vehículos blindados, más que Alemania, Francia e Italia juntas. Son, en su mayoría, Leopard 1 y Leopard 2, que fabrica la industria germana. En comparación, España tiene 300 unidades de Leopard, la propia Alemania, 400.


"Por un lado se le pide a Syriza que recorte en gastos de armamento, y por otro se le obliga a cumplir los pagos que tiene previstos. Es una absoluta hipocresía, denuncia Couso, eurodiputado de IU


Todo este dispendio en armamento tiene su precio. Entre las numerosas deudas entre las que nada el nuevo Ejecutivo heleno están las facturas de 4.000 millones de euros que adeuda a Alemania. Francia, que nutre la Armada griega, es la siguiente con unos 3.000 millones. "Qué paradójico. Por un lado se le está diciendo a Syriza que recorte en gastos de armamento y por otro se le obliga a cumplir los pagos que tiene previstos, no solo por los carros de combate, sino también por unos submarinos franceses por los que pagó más de 2.000 millones que además resultaron ser defectuosos por un problema de diseño. Me parece una absoluta hipocresía", denuncia el eurodiputado de IU Javier Couso en declaraciones a Público.


Couso, miembro de las comisiones de Seguridad y Defensa y Relaciones con la OTAN del Parlamento Europeo, señala que hay "una campaña propagandística para atacar a Syriza desde todos los flancos posibles". Tsipras espera reducir la partida de Defensa en unos 200 millones, pero le será difícil deshacerse de todo el material militar con el que cuenta Grecia. Según estimaciones de la OTAN, en 2015 el país volverá a sobrepasar los 4.000 millones de euros.

De hecho, una vez inmersos en las negociaciones del primer rescate, los Ejecutivos helenos se vieron obligados a seguir firmando contratos de armamento. En un arranque de sinceridad, un asistente del primer ministro griego de 2009 a 2011, Yorgos Papandréu afirmó: "Nadie nos está diciendo compren nuestros buques de guerra o no vamos a rescatarlos. Pero se desprende claramente que serán más solícitos si lo hacemos".

Una "absurda" carrera armamentística con Turquía

Además de su complicada posición geoestratégica, como la frontera sur y este de Europa, una de las causas de la crisis económica en Grecia ha sido tratar de competir con Turquía en términos armamentísticos. La rivalidad entre ambos países viene de lejos y en la actualidad sigue presente con pequeñas tensiones en las aguas del Egeo, y sobre ellas. Las flotas griega y turca se lanzaban avisos continuos, mientras que los cazas violan el espacio aéreo del contrario solo para ser interceptados y escoltados al propio. Al menos, lo hacían hasta que a los griegos se les acabó el dinero para pagar el combustible.


Si bien en los tiempos de bonanza pocos criticaban el dispendio que suponía mantener abierta esta carrera armamentística, tras la llegada de la crisis, incluso los turcos han tendido la mano a su antiguo adversario: "Incluso los países que actualmente están tratando de ayudar a Grecia en este momento de dificultad le ofrecen comprar nuevo equipamiento militar. Grecia no necesita nuevos tanques o misiles o submarinos o aviones de combate; tampoco Turquía. Es momento de recortar en gasto militar a escala mundial, pero especialmente entre Grecia y Turquía, que no tienen ninguna necesidad de submarinos alemanes o franceses", manifestó Egemen Bağış, jefe del equipo negociador entre Ankara y la UE.


Ankara: "Incluso los países que tratan de ayudar a Grecia le ofrecen comprar nuevo equipamiento militar. Grecia no necesita submarinos alemanes o franceses, y Turquía tampoco"


"Si Grecia redujera cinco décimas su presupuesto de Defensa podría ahorrarse unos 9.000 millones de euros al año", explica Pere Ortega, director del Centro Delàs de Estudios por la Paz. Desde 2011, el país ha conseguido rebajar al 2,2% del PIB su gasto militar, que no obstante sigue siendo el más alto de la UE por detrás del Reino Unido. Para Ortega, reconocido pacifista, sigue siendo insuficiente.

"Grecia debería acabar con los conflictos históricos que mantiene con Turquía. Tiene que buscar ese camino. El otro le lleva a comprar más armas y a tener un Ejército preparado para eventuales conflictos, que son absurdos, porque los dos son socios de la OTAN", continúa Ortega, que señala que Syriza ya ha empezado a recorrer el camino para convertir a Grecia en un país neutral. "El camino para desarmarse es fácil", apunta el activista, pero no solo depende de la voluntad del Ejecutivo de Tsipras el poder recorrerlo.

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"Llegó la hora de la política social de cuarta generación: La creación de empleo"

Con la seguridad de que será elegida alcaldesa de Bogotá en octubre próximo, Clara López, proyecta comprensión y sentido político de largo plazo, opina sobre el nuevo POT que deberá aprobar la ciudad, así como sobre educación, juventud, impuestos, salud, región, territorio, y otro cúmulo de temas que esbozan lo sustancial de su política de gobierno a debatir con la ciudadanía en medio de la campaña electoral.

 

Desdeabajo –da–. Toda campaña y todo programa político normalmente tiene un tema central alrededor del cual giran el resto de temáticas, en el caso del Polo Democrático Alternativo, ¿cuál es el gran tema desde el cual estructuran la propuesta por presentar a los bogotanos en la actual campaña electoral?

Clara López –CL–. Somos consientes de que en Bogotá se construye, desde el gobierno de Lucho Garzón, un modelo social de ciudad. El 70 por ciento del presupuesto de inversión de la ciudad es inversión social, contamos con enormes avances en salud, educación, alimentación, por lo cual el famoso indicador de pobreza multidimensional cayó del 29 por ciento en el año 2003 a algo así como el 7 por ciento en la actualidad.

 

Dentro de ese modelo social de ciudad, lo que está a la orden del día –en lo que pudiéramos llamar la cuarta generación de la política social– es el empleo, con énfasis en la inclusión para el trabajo, al emprendimiento, proyectada para 370.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, y que si no adoptamos ya una política pública intensa para ellos, pueden convertirse en una generación perdida, algo totalmente inaceptable para una ciudad como Bogotá.

 

da. ¿Cuál sería la orientación central o la estrategia principal de esta propuesta?
CL. La estrategia principal tiene que ver con la estructuración de una verdadera política de fomento al desarrollo económico de la ciudad, algo que entró en desuso a nivel nacional desde que entraron las políticas neoliberales, cuando un Ministro de Estado tuvo a bien decir que la mejor política industrial era no tenerla.

 

da. ¿Cuál sería el proposito de esta política en el largo plazo?
CL. Nos tenemos que orientar a construir en Bogotá una ciudad del conocimiento –tomando como fecha simbólica el año 2038, cuando cumple 500 años de su refundación–, que implica empezar a tomar desde ya acciones concretas para incorporar en su política pública un fuerte respaldo y promoción a la innovación, a la ciencia, a la tecnología; articular el trípode Estado, empresa y academia, a través de una alianza estratégica con varias vertientes, una de ellas, desde luego, la articulación del sistema educativo hacia el reforzamiento de todo lo que tiene que ver con las destrezas y los conocimientos orientados a fomentar tecnología de alto nivel; una política que involucre a la educación media y a los jóvenes en tantas posibilidades que hay en este mundo que se abre camino: información, tecnología y comunicaciones. y, desde luego, desde el punto de vista de la empresa, de políticas firmes de capital semilla para nuevos emprendimientos de nuestros jóvenes de las pequeñas, de las medianas, incluso de las grandes empresas.

 

da. Una proyección que debe retomar lo ya construido y proyectar metas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)...
CL. Así es. Continuar y potenciar lo hasta ahora logrado. Generar el reconocimiento al anillo de innovación en ese eje tan importante de la calle 26 con Laboratorio de Tejidos de la Secretaría de Salud, en todo el trabajo del Parque Tecnológico de la Universidad Nacional, Maloka, Innovo, la Feria Internacional, dentro de un concepto de ciudad para atraer innovadores y personas de altísimos conocimientos.

 

da. A propósito del POT, valorando su importancia en la proyección que usted nos comenta, pero también el interregno en que se encuentra el presentado por la actual administración de la ciudad, ¿qué haría su administración al respecto?, ¿es posible reformularlo?, ¿será necesario presentar uno nuevo?
CL. A la próxima administración le corresponderá presentar un nuevo POT, y tiene que ser legítimo, tanto por ser legalmente expedido, como porque venga precedido de una discusión y de una participación por parte de todos los sectores ciudadanos en su elaboración y construcción.

 

da. Presentar un nuevo POT es una oportunidad para actuar con visión de futuro...
CL. Sí. Tenemos diversidad de realidades sobre las cuales intervenir con tal visión. Valga decir que Bogotá no ha tenido fortuna con sus POT, no solamente el suspendido, sino el vigente, que no logró descentralizar la ciudad, y por eso hoy tenemos ese drama tan terrible de todo el empleo productivo de la ciudad, todos los servicios sociales, todas las universidades, inclusive las instalaciones hospitalarias, concentradas en el centro ampliado, y la gente viviendo lejos, en la periferia, lo que demanda enormes cantidades de viajes que son un desperdicio para la ciudad, para la sociedad y para las familias.

 

da. ¿Qué hacer para romper tal realidad?
CL. Adicional a lo planteado sobre la innovación y la tecnología, debemos prever usos mixtos del territorio a través de planes de renovación que nos permitan descentralizar el empleo, teniendo en cuenta, en todo el proceso de su diseño, la necesidad de juntar vivienda, trabajo, estratos sociales, servicios sociales, ofertas económicas, espacios públicos.


Es interesante que en la próxima administración nos vaya a corresponder ese gran reto de un nuevo POT, porque demográficamente la ciudad también ha sufrido enormes cambios: ya en el centro los colegios no tienen niños para ocuparlos y en la periferia hacen falta instalaciones; con un cambio fundamental: la irrupción de la mujer en la fuerza de trabajo y el hecho de que ya el 30 por ciento de las cabezas de familia son mujeres, además de un envejecimiento de la población, lo que implica un amoblamiento urbano acorde con tales cambios demográficos; construir instalaciones sociales –similares a las existentes para el cuidado de la infancia– cerca de los hogares, tenemos que descentralizar la oferta hospitalaria, todo eso tiene que incorporarlo ese POT, y los planes maestros de la infraestructura sectorial correspondiente, que serán un gran reto para la ciudad.

 

da. Cada vez que la parte álgida de la campaña electoral se acerca, en los noticieros aparecen con mayor frecuencia los problemas de inseguridad, como queriendo culpar a las últimas administraciones, ¿qué piensa al respecto y cuál sería su propuesta en esa área?
CL. Otros candidatos están promoviendo, al lado de los medios de comunicación, una visión apocalíptica de la seguridad en Bogotá, y también de la movilidad, que son, desde luego, problemas acuciosos que a diario mortifican a la ciudadanía, pero sobre eso quiero decirle que todo tiempo pasado no fue mejor, fue peor.

 

El análisis de las encuestas de 'Bogotá cómo vamos', repetidas durante muchos años, me sorprendieron, mire un ejemplo: la estadística de percepción de inseguridad está hoy en día en 48 por ciento, pero en el 2000, hace 15 años, estaba en el 58. Al mirar la tasa de homicidios, y este sí es un dato duro, la disparidad es más fuerte: hoy registra 17 por cada 100.000 habitantes, en aquellos años era de 32. Es claro que está en marcha una política de miedo, quieren cabalgar sobre éste para realizar lo que ellos llaman el "cambio".

 

da. De acuerdo a usted, los que auspician tal política ¿qué entienden por cambio?
CL. Su cambio no es para avanzar, es para retroceder. Quieren volver a lo de antes, cuando no había ni siquiera suficientes cupos en los colegios públicos, cuando había que hacer cola porque las instalaciones eran insuficientes, sin la alimentación escolar que tenemos hoy en día. Un estudio realizado por la universidad de Harvard reconoce la calidad de la comida balanceda entregada por las alcaldías de izquierda, producto de la cual los niños, niñas y adolescentes de los colegios distritales han aumentado una talla completa, lo que se refleja en muchas cosas, además de la calidad de vida, por ejemplo, en la capacidad de aprendizaje de los muchachos, lo que ha llevado a un aumento muy grande en su desempeño en las pruebas del Icfes, a tal punto que, si bien en el año 2008, el 17 por ciento de los colegios estaban en el nivel superior o más, el año pasado ya habíamos superado el 60 por ciento.

 

da. En el tema de movilidad el factor financiero parece ser uno de los más críticos, ¿cómo ve usted ese factor en relación con el metro y los demás programas, así como frente a las necesidades de inversión en otros sectores y con el equilibrio fiscal en términos generales?
CL. Quiero llamar la atención sobre la calidad de las finanzas distritales: Bogotá se distingue desde hace ya varios años por tener calificación Triple A. Cuando fui alcaldesa, a finales de 2011, obtuvimos el grado de inversión que es la prueba ácida de sostenibilidad de finanzas, eso gracias a un manejo muy responsable de la hacienda pública por parte de estos gobiernos que dicen que no sabemos nada de eso, pero la realidad es que la ciudad está preparada, cuenta con muy bajo nivel de endeudamiento, tiene una enorme capacidad financiera y posee una enorme canasta de fuentes de recursos que se tienen que combinar para el cierre financiero.

 

da. Entonces, en relación con el Metro hay tranquilidad con el tema financiero..
CL. Sí, a mí no me preocupa que la ciudad esté en capacidad de hacerlo, ya que tenemos todas las condiciones que demanda una obra de esa magnitud; en cambio, lo que sí me preocupa, es el silencio sobre cómo hacer compatible ese compromiso financiero con el modelo social de la ciudad, y eso en plata blanca tiene más que ver con la voluntad política que con la capacidad financiera de la ciudad.

 

da. Esa capacidad financiera, además de contar con el aporte de la Nación, dicen tiene que apoyarse con el capital privado, en eso que llaman Alianza Pública Privada (APP), ¿es así?
CL. Así es. Aquí es muy importante tener en cuenta que todas estas ofertas de APP para construir obras de infraestructura, tienen que realizarse y analizarse con mucho cuidado, esa es una fuente muy seria de financiación para la obra pública que debe considerarse, lo importante no es si se usa o no se usa, sino cómo se usa y garantizar que sea en beneficio de la ciudad en su conjunto; lo que no veo muy factible es que todo pueda hacerse con APP. Porque un poco lo que está en el ambiente es: 'no hay ningún problema, eso no le cuesta un peso a la ciudad, hagamos las cuatro entradas, hagamos todas las troncales de Transmilenio, y nos queda sobrando para cuanto tema se nos ocurra en el camino'. Pero aquí no puede olvidarse que nada es gratis, siempre alguien paga y si erramos puede pagar muy duramente el bolsillo del ciudadano de a pie o el ciudadano que avanza sobre cuatro ruedas.


da. Algunos afirman que Bogotá perdió su liderazgo en términos de esfuerzo fiscal, ¿qué piensa usted de la estructura fiscal de la ciudad? ¿Es equitativa? ¿Deben aumentarse los impuestos a los que más tienen?
CL. En primer lugar, las finanzas de Bogotá no están desequilibradas, son ejemplo de buen manejo; en segundo lugar, el problema con la estructura impositiva tributaria local, que la establece la ley, es que la componen principalmente impuestos indirectos, que por definición son regresivos. Entonces, es un gran reto convertir el predial en un impuesto de carácter progresivo con el cual a mayor valor de la propiedad mayor la tarifa, y que tenga en cuenta un criterio que ha salido a la luz con este reciente aumento del impuesto predial tan injustificado que se presentó este año y es que en una etapa de valorización de los terrenos –porque se acabó la tierra en Bogotá y hay fenómenos de carácter incluso especulativo–, a la gente que utiliza su predio para el uso de vivienda se le tiene que tener una consideración distinta que a quienes utilizan el predio para fines comerciales.

 

da. ¿Por qué está diferencia?
CL. Porque no es lo mismo el valor de uso que el valor de cambio. Nosotros podemos mejorar el impuesto predial sin aumentar la carga tributaria, pero sí garantizando que el que más tenga pague más; y podemos tecnificar el Ica, el impuesto de industria y comercio tiene muchos problemas sensibles de carácter técnico, no solamente en su estructura tributaria sino también en su forma de pago, muy engorroso para las empresas, simplificándolo, haciéndolo más amigable...

 

da. Entonces, ¿quienes habitan esta ciudad están ante la posibilidad de nuevos impuestos?
CL. Lo que está a la orden del día en Bogotá no es aumentar los impuestos, es utilizar las oportunidades que ofrece la valorización y la plusvalía en el suelo urbano, para devolverle a la sociedad parte de ese mayor aumento del precio de los predios que se debe, no a la actividad del dueño, sino a la sociedad en su conjunto. La realidad es que el suelo urbano no puede mirarse solamente como un negocio de finca raíz para los propietarios, sino que es un valor social incrementado no sólo por responsabilidad del titular sino de la sociedad en su conjunto.

 

da. Seguramente nadie está en desacuerdo con que la ciudad debe redensificarse, pero este es un proceso de mediano y largo plazo, ¿qué hacer mientras tanto cuando la solución por la que ha optado la gente parece ser trasladarse a municipios cercanos? ¿debe crearse una zona metropolitana con ellos?
CL. En primer lugar, Bogotá es tal vez una de las ciudades más densas del continente; en segundo lugar, sí, hay que prever y estimular a través del POT la densificación de la ciudad; se acabó la tierra, no podemos seguir expandiendo hacia afuera, tenemos que echar para arriba y eso desde luego implica un muy cuidadoso proceso de estructuración de normas para estimular de manera adecuada ese proceso de redensificación, con todas las inversiones en materia de servicios públicos y en amoblamiento urbano que esto demanda.

 

Pero lo planteado en la pregunta es muy cierto, Bogotá tiene que organizarse como bien se empezó a estructurar a través de la Rape, como región. Entonces, es indispensable una institucionalidad con dientes y con capacidad real de regulación de temas tan sensibles como los usos del suelo, donde el POT de Bogotá y de cada una de las ciudades vecinas no sean particulares sino que sea definido como un todo, como región y como territorio, con una institucionalidad diseñada para defender la estructura ecológica principal, no solamente de la ciudad sino de la Sabana de Bogotá.

 

da. Los poderes corporativos son muy fuertes y van en contravía de los intereses sociales, ¿qué hacer cuando bloquean medidas que favorecen a las mayorías, como fue el intento de regresar a la esfera de lo público la recolección de basuras?, ¿no deben blindarse esas medidas con un fuerte movimiento social para hacerlas sostenibles?
CL. Por convicción y por mandato de mi partido soy una profunda defensora de lo público. Cuando fui alcaldesa, me posesioné cuando, en la víspera, a través de su alcaldesa encargada el Presidente de la República había presentado a consideración del Concejo de la ciudad un proyecto de ley para privatizar la ETB. Bueno, ¿qué hacer? Me pasó algo inédito: todo el entorno de mi apoyo había perdido la fe y todos a una me aconsejaban retirar el proyecto del Concejo, porque no pensaban que uno podía ganar con un buen argumento, demostrando que la ETB debía permanecer en manos públicas, con excepción de ese 10 por ciento que ya está en manos privadas.

 

Entonces, nos propusimos hacer un amplio debate público con los sectores sociales y el resto de la ciudadanía bogotana, incluidos todos los gremios, hicimos un proceso de divulgación extraordinario, de por qué debía permanecer pública la ETB y ganamos, el proyecto fue archivado por unanimidad en el Concejo.

 

¿Cuál es el mensaje de esto? Es claro, para defender lo público la empresa en cuestión debe funcionar bien, no basta con tener la razón desde el punto de vista de la teoría, es que nada le hace más mal a la defensa de lo público que la ineficiencia.

 

da. Los temas sentidos de la salud parecen seguir presentes: largas colas en los trámites, periodos de tiempo muy largos para citas con especialistas, etcétera. ¿Qué decirle a la gente sobre lo que podría hacerse en un tema tan sentido y tan sufrido por la población?
CL. La realidad es que en Bogotá, no gracias a, sino a pesar de la Ley 100, desde el programa iniciado en 2004 de 'Salud a su hogar', hoy llamado 'Territorios saludables', arrancó todo un proceso de atención primaria y de prevención que la Ley 100 había dejado a la deriva, y el gobierno de la ciudad, además, se propuso aumentar coberturas del plan subsidiado para que acá todo el mundo tuviese acceso a los servicios de salud; mientras en el resto del país se cerraban hospitales, aquí se abrían.

 

El resultado, Bogotá cuenta hoy con una red de 22 hospitales, y esperamos que pronto sean 23 con el San Juan de Dios y 300 puntos de atención que la ciudad ha construido y mantenido en circunstancias de enormes dificultades, porque las EPS no le pagan las cuentas a los hospitales que les prestan sus servicios.

 

Entonces, tenemos que meterle el hombro a los hospitales públicos, seguir trabajando en función de apoyar todas las iniciativas de reforma del sistema de la Ley 100 que nos parece absolutamente deficiente; continuaremos cualificando el servicio de salud del Distrito con una óptica de cobertura universal y esa humanidad que no puede faltar en tan elemental derecho.

 

da. En las pasadas elecciones en España, tanto en Madrid como en Barcelona, las dos más grandes ciudades de esa nación, fueron mujeres las elegidas para gobernar. Podría decirse que la condición de género, de ser mujer en éste caso, es una ventaja para la administración de lo público, ¿sería correcto hablar de esa manera o no tiene nada que ver?
CL. Claro que sí, tiene mucho que ver, porque la mujer en nuestra sociedad está en un proceso de empoderamiento que es inatajable y desde luego que las mujeres nos sentimos representadas en otras mujeres, especialmente cuando se refleja en ellas esa posición de cuidado al débil, de solución pacífica de los conflictos, de diálogo, de protección que es lo que está reclamando la sociedad en su conjunto.


da. En ese mismo sentido, ahora último, sobre todo en la actual alcaldía, se visibilizó mucho el movimiento Lgbti ¿piensa usted continuar la línea de visibilizar las problemáticas concernientes con ese sector, ¿qué opina de esto?
CL. Uno de los grandes aportes de los gobiernos de izquierda a Colombia, ha sido su política de poblaciones, la política de visibilización y de inclusión de Lgtbi ha sido uno de los puntos focales de las nuevas ciudadanías que ha protegido el PDA desde el gobierno, recuérdese que las primeras casas de igualdad de género fueron del Polo, lo mismo que esa casa tan importante que funcionó en Chapinero que ahora ha sido trasladada a Teusaquillo, con la población Rom, con la población Indígena, con la población afrodescendiente.

 

da. Hemos hablado de los aspectos a destacar de las administraciones del Polo, qué habría que evitar, es decir, en términos del ejercicio de la administración, ¿cuál sería el aspecto más relevante para rectificar?, ¿qué no habría que repetir?
CL. Sin lugar a dudas el tema del carrusel de la contratación ha tocado gravemente al PDA, y sobre eso hay que decir dos cosas: la primera, que no puede hacerse lo que han hecho los medios de comunicación masivos, utilizar ese carrusel de la contratación e indilgarselo en todos sus niveles al Polo, pues ahí –en este caso y en otros muchos– tenemos involucradas personas pertenecientes a otros partidos y sectores de la sociedad; como todos sabemos, el cáncer de la corrupción está carcomiendo el tuétano de esta sociedad y tenemos todos que mancomunadamente tomar armas en contra de ese flagelo. La segunda, el quiste de la ineficiencia, de la improvisación, que produce enormes daños a los recursos públicos.

 

Uno y otro tienen que ser corregidos y erradicados. Por eso he planteado la necesidad de una comisión de altísimo nivel, dependiente de la dirección distrital integrada por ciudadanos y ciudadanas sin reproche, para que mantengan el ojo abierto, para que tengan en sus manos todo el sistema de control interno y de veeduría distrital.

Publicado enEdición Nº 214
Democracia vendida: ¿cuentas o cuentos políticos?

Una verdad cruda y dura: la política electoral en Colombia está privatizada, restringiendo la democracia –en su forma– a grupos y sectores sociales cada vez más comprimidos. Una campaña electoral, demanda inmensos recursos, que solamente pueden ser garantizados por los grupos económicos, las familias que convirtieron esta actividad en empresa, las mafias y el mismo Gobierno.

 

Una nueva coyuntura electoral marca los tiempos y los ritmos de la acción política institucional y formal en Colombia. Como ha sucedido por décadas, y hasta ahora, las maquinarias políticas tradicionales, aceitadas con miles de millones, son desplegadas por doquier, enturbiando sin rubor alguno la "democracia del proceso democrático".

 

El 'aceite' fluye por montones: sus proveedores son los grupos económicos, grandes o medianos, las familias que han hecho de lo electoral una empresa, las mafias de distinto orden, y desde el mismo Gobierno. Con este manejo, donde la relación incestuosa entre política formal –electoral– y la economía queda al descubierto, valores que son reclamados y difundidos sin ningún asidero real, como la equidad, la transparencia, la igualdad, la justicia, quedan como simple "saludo a la bandera".

 

De esta manera, el modelo de financiamiento político de las campañas electorales sirve como un buen indicador para medir la calidad democrática en el juego político formal, y la supuesta independencia entre esta forma de la política y el poder económico.

 

Realidad que quieren matizar con reglamentos. En nuestro país existen al respecto normas, que restringen y condicionan el financiamiento de los partidos y candidatos para garantizar, teóricamente, la equidad entre los protagonistas políticos, al igual que la transparencia en los procesos electorales.

 

Marco legal de financiación y gastos

 

Una campaña electoral es definida en la ley a través de una lista de gastos autorizados:

 

Gastos de administración, de oficina y adquisiciones, inversión en material y publicaciones, actos públicos, servicio de transporte, gastos de capacitación e investigación política, gastos judiciales y de rendición de cuentas, gastos de propaganda electoral, costos financieros y "otros gastos".

 

Colombia cuenta con un sistema mixto que permite a los partidos y candidatos recurrir a ingresos de origen público y privado con el fin de financiar las cada vez más costosas campañas electorales, cuyos topes legales alcanzan los $20.309.227.598 por candidato para la primera vuelta presidencial y los $30.188.000.000 por partido para el Senado, es decir, $675.000.000 por candidato. Debido a su alto costo y con el objeto 'democratizador' del acceso a uno de los pilares del Estado –el legislativo–, el financiamiento público otorga una base financiera a las organizaciones políticas menos proclives a captar fondos de origen privado, constituyéndose en una de las herramientas claves para fomentar la diversidad política y social en el gobierno.

 

Las mecánica establecida limita por porcentajes los ingresos de origen privado (ver el cuadro) con el objetivo de restringir su influencia sobre la política formal. Para asegurar la transparencia en el proceso, desde el año 2011, a través de la ley 1475, los candidatos están obligados a declarar sus cuentas de campañas y difundirlas en el programa "Cuentas claras", buscando que los electores puedan ejercer su derecho al voto con conocimiento de causa. No obstante, a pesar de todas estas medidas, es evidente que este bonito marco legal no es suficiente para garantizar su propósito. ¿Por qué?

 

 

 

Entidades de control

 

Uno de los aspectos más preocupantes, a la hora de operativizar el marco legal, es la debilidad de las entidades encargadas de controlar el financiamiento de las campañas y de sancionar los comportamientos indebidos. En efecto, la Misión de Observación Electoral (MOE) demostró que el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano principal de control a nivel nacional, no tiene ni las capacidades humanas ni técnicas o financieras para asumir su rol. Además, esta institución, cuyos miembros son nombrados por los mismos partidos políticos que supuestamente debería controlar, está cuestionada por su nula independencia y su efectiva inoperatividad.


La mayor dificultad del trabajo del CNE, es el seguimiento a las cuentas presentadas por los propios partidos, lo que significa, principalmente, dos aspectos graves: por un lado, que su trabajo es siempre a posteriori, es decir, sin posibilidades de invalidar las elecciones por inconsistencias financieras o, por lo menos, advertir a los ciudadanía, previo a la elecciones, de violación de las normas establecidas por parte de unos y otros candidatos. Por otro lado, el CNE cuenta con pocos medios para verificar la exactitud de las cuentas presentadas por las distintas campañas electorales.

 

Con estos antecedentes, parece imposible realizar un análisis exhaustivo y un seguimiento al financiamiento político por vías formales. Las cuentas declaradas representan –seguramente– sólo una parte de la realidad financiera de las campañas. Sin embargo, sin pensar en la parte sumergida del iceberg financiero de los partidos, con la sola aplicación de la ley (o la punta del iceberg para seguir con la metáfora) las autoridades podrían sentar las bases de una competencia equitativa en el acceso al gobierno, punto de partida necesario para la aplicación de un efectivo modelo de democracia representativa.

 

Financiamiento privado: un filtro contra la renovación política

 

Uno de los factores de distorsión en la disputa electoral reside, en buena parte, en el desequilibrio del modelo "mixto" a favor de los aportes privados que anula o debilita fuertemente el impacto democrático de los aportes públicos.

 

Si bien, para las elecciones presidenciales la financiación estatal es notable. Por ejemplo en 2014, todos los candidatos –con excepción de Óscar Iván Zuluaga que ya llegaba al tope con el financiamiento privado– recibieron un aporte estatal previo de $7.560.527.862.00 pesos. Al final de las elecciones, con la reposición de votos, el Estado figura como el primer financiador. Por lo tanto los aportes privados fueron los que distinguieron los candidatos en las urnas. Extraña coincidencia. Los candidatos vencedores en la primera vuelta fueron los mismos que llegaron hasta sus topes legales con la financiación privada.

 

Para la misma elección, el crédito financiero fue la única fuente de recursos no públicos declarados por el presidente Santos, con un valor de $6.668.053.212.000 de pesos, y este mismo recurso fue la mayor fuente de financiación para el candidato Óscar Iván Zuluagua, con un crédito de 16 mil millones, otorgados por Bancolombia.

 

Si sumamos al total recepcionado las donaciones de particulares, el contraste entre quienes recibieron financiamiento privado y los que no lo obtuvieron, se torna más visible. Por ejemplo, el marco del sistema mixto (en su fervor para la equidad entre la diferentes formaciones políticas) permitió al Centro Democrático recibir y gastar alrededor de dos veces más (según los datos oficiales) para su campaña que el Polo Democrático, cuyo único modo de financiación fue el sector público, a parte de los recursos de la misma organización.

 

Las conclusiones son aún más desalentadoras cuando analizamos el panorama a nivel regional y legislativo. Los fondos públicos en realidad son casi inexistentes, mientras que los privados constituyen casi la única fuente de recursos para los partidos. De esta manera, la financiación por donaciones de particulares llegó a niveles muy altos durante las últimas elecciones para la Cámara, como sucedió en Santander, donde el partido Opción Ciudadana recibió $1.159.200.000 de pesos de particulares, o en Antioquia donde el Centro Democrático recibió oficialmente $887.661.894 de pesos por este medio.

 

Aunque muy elevadas en ciertos casos, las donaciones de particulares son reguladas teóricamente, bajo un marco de porcentajes que las limita, de manera muy irregular, con topes a veces muy altos y otros muy bajos, según las regiones. Sin embargo, esta norma queda anulada en la práctica, pues no hay límites para el autofinanciamiento. La mayoría de los candidatos elegidos a la Cámara financian gran parte de sus campañas –nada baratas por demás– como por ejemplo los candidatos del Partido Conservador para el Atlántico que aportaron $1.161.566.907 pesos, o el Partido de la U en Córdoba cuyos candidatos autofinanciaron $1.008.831.500 pesos.

 

Estos elementos analizados del periodo electoral 2014, ilustran los mecanismos mediante los cuales el poder económico aprovecha la dinámica electoral, pues para los candidatos los ingresos privados les garantizan presencia y visibilidad en la batalla electoral para acceder a las altas esferas políticas. Para los donantes privados: bancos, empresarios, o familias poderosas, estas "alianzas" les deja el campo libre para interferir sobre las campañas, o según sus intereses privados, sobre los contenidos del debate y las figuras que sobresalen en el escenario político. Si sus candidatos salen elegidos, pronto recuperarán lo invertido a través de distintos contratos y nombramientos, es decir, el juego electoral es, en efecto, una empresa económica, y como tal opera: ¿cuánto invierto?, ¿cuánto recupero? El máximo nivel y potencialidad de esta inversión fue concretada por los paramilitares, hace pocos años, por los paramilitares por todo el país.

 

El opaco velo que cubre los procesos de créditos representa otro aspecto inquietante en el juego electoral. Con financiamientos privados en su mayoría, no debe extrañar que su racionalidad impuesta a sus candidatos se corresponda con sus propios intereses. En este sentido, en una lógica de seguridad, los bancos prestan recursos a priori sobre la base de los recursos del que pide crédito y a quienes consideren que sí obtendrán un máximo de votos, asegurando el reembolso de lo prestado vía reposición de votos. Este mecanismo produce, entonces, un freno mayor para el financiamiento de candidatos, y de nuevas fuerzas políticas, que inician la carrera hacia el acceso al gobierno y la posible renovación de la clase política. Además, esto embrolla las cuentas: tratando de un crédito sobre la base de los recursos del candidato ¿No debería ser contabilizado y limitado bajo la norma de los aportes propios?

 

El apoyo de los medios de comunicación masiva

 

Los medios de comunicación también juegan un rol clave en la distorsión de las campañas. La publicidad electoral es la medida principal del gasto de campaña (representa 60,40% de los gastos) y es la causa principal del crecimiento de los costos. Esta desigualdad se profundiza al no existir ningún marco que garantice la difusión equitativa de las diversas propuestas políticas. En este sentido, los medios de comunicación dominantes tienen total libertad para manejar los espacios publicitarios en la disputa política y favorecer al candidato o a las propuestas políticas que responden a sus intereses, es decir, los intereses de los grandes grupos económicos.

 

Normalización de la corrupción y del clientelismo

 

El "dejar hacer" en la disputa electoral, es el resultado de la debilidad de las instancias de control y la ausencia de real arbitraje estatal en este aspecto. Las carreras electorales llevan a las campañas políticas a priorizar una búsqueda desenfrenada del dinero. Estas dinámicas no solamente favorecen, casi mecánicamente, a las élites, sino que propician un campo apto para prácticas corruptas y clientelistas o lo que la ley quizás admite como estos "otros gastos" que hacen la política real.

 

Esta dinámica, donde las mafias de distinto orden cuentan con todo el espacio para incidir, poder que es más notorio en las periferias de las grandes ciudades o en los municipios de segundo orden, amplia el riesgo, bien conocido en Colombia, de la compra del voto, del voto bajo amenaza, del relleno de urnas y, si esto no basta, del sencillo relleno de urnas. Clientelismo y compra de voto que anula el debate programático que deberían provocar las distintas campañas, haciendo de las mismas un proceso de politización social y de estímulo al control ciudadano de aquellas personas que finalmente son elegidas para algún cargo público.

 

¿Democracia representativa... ¿de quién?

 

Una mirada sobre los mecanismos de financiamiento en Colombia es rica en enseñanzas respecto a las lógicas políticas imperantes, probando una vez más el abandono del Estado en su papel de arbitraje. Este "dejar hacer" traducido por la falta de cumplimiento de las leyes aprobadas, de control y sanción, y de oferta de los recursos necesarios al funcionamiento de la democracia representativa, reproduce mecánicamente el sempiterno control del Estado. Es decir, reduce o anula los espacios para la emergencia de nuevos y renovadores liderazgos políticos. El dinero que aceita las campañas, substituye las decisiones políticas y el debate de ideas, para solo dejar espacio a la decepción y la amargura de los que un día creyeron en la democracia formal.

 

Esta triste constatación no debe llevar a la resignación. De lo aquí relacionado queda claro que aunque los grupos dominantes y las élites han "vampirizado" toda la política formal, existe en ello una gran responsabilidad estatal, al dejar el campo libre para que así suceda. Es urgente, entonces, que el financiamiento político del debate electoral sea objeto en esa coyuntura de una discusión popular masiva para buscar renovar –si es que vale la pena salvar este modelo político de democracia representativa– un marco legal que así lo propicie y garantice.

 

Los cuadros que acompañan este artículo cuentas de campañas de los candidatos a la presidencia en 2014 que presentaron al CNE a través del sitio Cuentas Claras.

Publicado enEdición Nº 214
Lunes, 22 Junio 2015 05:40

Los ultras de la "bancada de la bala"

Los ultras de la "bancada de la bala"

Ocurrió la semana pasada en la Cámara de Diputados brasileña: un parlamentario vistiendo su uniforme de policía militar presidió durante dos horas la sesión, al final de la cual reivindicó a la dictadura. "Lo que para ustedes es un golpe de Estado para nosotros es la revolución democrática de 1964, nosotros salvamos a Brasil del comunismo", declaró el diputado José Augusto Rosa, que se presenta como Capitán Augusto del Partido de la República, ante la consulta del diario Folha de S. Paulo.


Ese medio menciona que el congresista lucía exultante al dejar el presidium de la Cámara baja desde donde dirigió las deliberaciones con una vestimenta que en marzo pasado fue considerada como una provocación por otros parlamentarios.


En febrero de este año, a poco de asumir su mandato, el policía militarizado había adelantado su intención de fundar el Partido Militar Brasileño (PMB). "Ya tenemos el apoyo de las 500 mil firmas necesarias para registrarlo. Ya fuimos al Tribunal Superior Electoral para iniciar los trámites del Partido. Le explicamos al ministro (del tribunal) que a pesar de llamarse Partido Militar Brasileño no será un partido sólo para militares, será para todos, pero será una formación con alma militar, un partido de derecha en serio."


"El PMB es un partido que nace grande porque la corporación militar es considerada la institución más respetada del país, ya tenemos presencia en todos los estados y abrimos 1250 comités."


Es cierto, el Capitán Augusto, de San Pablo, el mayor distrito electoral, no es una curiosidad aislada en un Legislativo donde hay decenas de policías militares y federales, todos ellos encuadrados dentro de la así llamada "Bancada de la Bala" por su defensa de la venta irrestricta de armas y la reducción de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años.


A la cabeza del malón castrense está el diputado Jair Bolsonaro, militar retirado del ejército, reelecto el año pasado con 425 mil votos, situándose en el primer lugar entre los congresistas federales por Río de Janeiro.


Además de reivindicar la "Revolución de 1964", Bolsonaro calificó a la Comisión de la Verdad sobre el régimen como una "farsa" orquestada por "subversivos" y propuso crear otra para averiguar los presuntos delitos cometidos por la guerrilla. La iniciativa fue presentada en diciembre pasado en el Palacio legislativo de Brasilia, que la semana anterior continuaba rodeado de una decena de pasacalles exaltando al régimen de excepción.


En medio de los carteles (uno pide "intervención militar" inmediata) colocados en la avenida principal de Brasilia hay una carpa en la que se guarnecen los militantes neogolpistas. Por allí pasaron en marzo miles de personas exigiendo la deposición de Dilma Rousseff en la más concurrida de las movilizaciones incentivadas por la oposición partidaria, con el liderazgo de Aécio Neves, candidato presidencial derrotado en los comicios de 2014. En abril hubo otra convocatoria por el derrocamiento de Rousseff en la que hubo mucha menos asistencia, ante lo cual los estrategas de la causa destituyente optaron por un repliegue táctico.


Un paso atrás momentáneo que no fue acatado por las facciones más despistadas, como el Movimiento Brasil Libre (MBL), que arribó a fines de mayo a Congreso luego de marchar más de 1000 kilómetros desde San Pablo.


Menos de 50 muchachos (ellos esperaban que fueran miles) dieron la bienvenida a la "columna" del MBL, encabezada por Kim Kataguiri, a su llegada a Brasilia donde se reunieron con parlamentarios conservadores.


En su condición de voz cantante del MBL, Kataguiri, de 19 años, emplea frases de impacto para propagandizar al grupo. "No nos gustan los marxistas", "Somos liberales en serio, el PT está pudriendo a la República", "Queremos el impeachment de Dilma y el procesamiento del PT".


Kataguiri se dice orgulloso de sus ancestros japoneses y se incomoda, acaso con algo de racismo, cuando se lo confunde con un coreano o chino.
Su llegada a Brasilia con un brazo enyesado debido a un accidente durante la marcha mereció una cobertura amplia y condescendiente de los medios.
Durante el V Congreso del PT que tuvo lugar hace dos semanas en Salvador de Bahía, el líder partidario Lula comparó a la derechización creciente con los orígenes del fascismo y nazismo.


Brasil enfrenta un "fascismo germinal", aportó otro dirigente petista, Tarso Genro. Se han diseminado grupos de "vanguardia que realizan provocaciones en eventos partidarios de izquierda, contra parlamentarios de esa misma ideología o llegan a realizar ataques físicos contra personas" sólo por su apariencia de izquierdistas, apunta Genro.


Hay relatos de pasajeros insultados en los aeropuertos por leer alguna publicación considerada "subversiva" por estos jóvenes adictos al "modernismo reaccionario", según la definición del sociólogo Michael Lowly.


Este fin de semana un hombre amenazó de muerte en un shopping de Porto Alegre a la diputada petista Maria de Rosario, que ganó notoriedad nacional durante su gestión como ministra de Derechos Humanos cuando trabajó junto a la Comisión de la Verdad para la exhumación de los restos del ex presidente Joao Goulart para investigar los motivos de su muerte, ocurrida en Argentina durante la dictadura de Videla.


"Es triste ver cómo personas jóvenes que no conocieron la dictadura la defienden. La mayoría de ellos no conocen lo que es la falta de libertad, la proscripción de los partidos", declaró Joao Vicente Goulart, hijo del presidente derrocado por el golpe de 1964.


"Hay semejanzas en la forma en como la prensa trata actualmente estos actos a como lo hacía la prensa antes del golpe", comparó Goulart hijo.

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Lunes, 22 Junio 2015 05:30

Ajustan, desoyendo la calle

Ajustan, desoyendo la calle

Un día después de la más importante manifestación contra la austeridad en la última década, el gobierno británico salió a reafirmar el programa económico y los 12 mil millones de libras de recortes en gasto social. El ministro de Finanzas, George Osborne, y el ministro de Seguridad Social, Ian Duncan Smith, publicaron un artículo conjunto en el Sunday Times en el que recordaron que tienen un mandato electoral. "Este gobierno fue electo con un mandato para implementar nuevos cortes en los 220 mil millones de libras del presupuesto de Bienestar Social. Seguiremos por este camino. Daremos los detalles sobre la reducción del gasto social el próximo mes en el presupuesto", señalaron en el artículo.


La manifestación del sábado en Londres y otras ciudades británicas tomó de sorpresa a medios y políticos por la masividad de la convocatoria reflejada en todas las ediciones dominicales. La mayoría de los medios coincidía en cifrarla entre 100 mil y los 250 mil que calculaban los organizadores. Muchos periódicos conservadores dieron por cierta esta última cifra.


Frente a estos números Osborne y Duncan Smith blandieron el mandato de las urnas del pasado 7 de mayo. Los tories ganaron un 36,9 por ciento de los votos con un programa que llevaba la austeridad como caballo de batalla, aunque una vez contabilizado el alto grado de abstención electoral (casi un 40 por ciento) queda claro que sólo el 24,3 por ciento de los británicos se inclinó por los recortes. Dado el peculiar sistema electoral británico, este reducido porcentaje les ha servido a los tories para obtener mayoría parlamentaria absoluta.


El gobierno planea recortes de unos 30 mil millones de libras en el gasto público, con reducciones en las partidas presupuestarias de todos los ministerios, con la excepción de Salud y Ayuda Internacional. La parte del león de estos recortes es el gasto social. Los conservadores excluyeron a los jubilados, que representan prácticamente la mitad del gasto total, con lo que tienen que encontrar las 12 mil millones de libras de un menú mucho más reducido de opciones. Durante la campaña se negaron a dar detalles, pero según el prestigioso Instituto de Estudios Fiscales, las fuentes posibles de ahorro son las 17 mil millones de libras que se gastan en ayuda a la vivienda y los 7 mil millones de ayuda a los bajos ingresos.


Los recortes extienden por cinco años más el programa de austeridad implementado por los conservadores entre 2010 y 2015. Según Osborne y Duncan Smith es un proyecto que tomará una década. "Llevó mucho tiempo este descontrol del gasto social y es un proyecto de una década o más devolver al sistema a la sanidad. Reformar el perjudicial sistema de la dependencia social y garantizar que el trabajo sea la mejor manera de ganarse la vida es nuestra misión central para el Reino Unido del futuro", señalan.


Osborne ha manejado su programa económico con implacable oportunismo político: cada medida contiene trampas secretas para los laboristas. En el artículo en el Sunday Times el ministro señala que espera lograr un consenso con la oposición. "Incluso después del contundente rechazo de su posición en las elecciones el pasado mes, los laboristas siguen como antes. Aun así, apelamos a los candidatos al liderazgo para que tengan un diálogo constructivo con nosotros y apoyen los recortes que tenemos que hacer para que el sistema sea más justo y viable, protegiendo a los pensionistas y a los más vulnerables", señala.


El candidato con más posibilidades de convertirse en el nuevo líder de la oposición, el ex ministro de Salud Andy Burnham criticó los argumentos conservadores. "Decir que tienen un mandato para hacer recortes de estas dimensiones es erróneo y cuestionable, ya que los conservadores no dijeron en ningún momento durante la campaña de dónde iban a salir estos recortes. Si el ministro cree que es aceptable recortar beneficios sociales a los discapacitados o si quiere recortar la ayuda estatal a los trabajadores de bajos ingresos, nos va a encontrar en la lucha", dijo Burnham.


El sábado, sin embargo, Burnham no participó de la marcha. De los cuatro candidatos laboristas sólo lo hizo Jeremy Corbyn, claramente a la izquierda del resto. Osborne ha aprovechado estas divisiones internas y ha ganado la batalla del relato de la crisis de 2008 al atribuir los problemas económicos al despilfarro laborista y no a los desmadres de los banqueros. Un porcentaje de los británicos apoya este discurso. Otro sector, probablemente mayoritario, todavía tiene que articular su voz y darle a la masiva protesta del sábado una continuidad en el tiempo como para que no termine siendo el gesto de resistencia del que quiere salvar la propia honra más que ganar el combate.

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Miércoles, 17 Junio 2015 06:39

"La cantidad de muertos es horrorosa"

"La cantidad de muertos es horrorosa"

Razek señala que las desapariciones forzadas no son un fenómeno en Egipto. Y que se deben investigar las muertes de los últimos cuatro años y de la dictadura de Mubarak.


Sus padres fueron a parar a la cárcel en los primeros años de la década del '70 acusados de sentar las bases para la creación del Partido Comunista en Egipto, organización que fue considerada ilegal desde su surgimiento. Gasser Abdel Razek dice que su vínculo con los derechos humanos devino de esa militancia. El director ejecutivo de la Iniciativa Egipcia por los Derechos de las Personas (EIPR, por sus siglas en inglés) pasó por Buenos Aires, invitado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, para compartir con otros activistas la experiencia cosechada durante las puebladas que en 2011 llegaron hasta la plaza Tahrir para manifestarse contra las políticas de Hosni Mubarak y la brutalidad de su régimen. En 1994, con 21 años, Razek ya trabajaba como voluntario en el Centro de Asistencia Jurídica de Derechos Humanos, organización que dirigió entre 1996 y 1999. Los partidos políticos legales que presentaban oposición al régimen de Mubarak en ese momento no eran atractivos, recuerda el titular de la EIPR. Y sostiene que trabajar en ONG o en el movimiento islámico, con la Hermandad Musulmana, eran las únicas opciones de participación para quienes mostraban inquietud por la política.


–¿Cuál es su caracterización de los Hermanos Musulmanes?


–Si usted le preguntaba a cualquier interesado en política qué iba a pasar con la caída de Mubarak, la respuesta hubiera sido que los Hermanos Musulmanes ganarían las elecciones después de su derrocamiento, porque eran los mejores organizados, contaban con dinero para su campaña y, además, no estaban sospechados de participar en hechos de corrupción como los empresarios vinculados con Mubarak. Todos esperaban que los Hermanos Musulmanes asumieran el poder y fracasaran, pero nadie sospechaba que lo hicieran tan pronto. Tuvieron sus cincuenta segundos de fama.


–¿Qué cambió en Egipto a partir de las revueltas?


–La gente sabe que tiene capacidad de transformar las cosas. Egipto parece un lugar donde la política está concentrada en manos de Al Sisi y su grupo. Pero hay miles de pequeñas iniciativas, jóvenes en distintas partes del país haciendo intervenciones artísticas del espacio público. Hay un movimiento que trabaja en zonas portuarias que se opone a la importación de carbón; gente que en barrios obreros monta obras con títeres para niños, que hablan de las dinámicas de poder dentro de la familia, del papel de la mujer. Todo esto no pasaba antes de 2011. No creo que nadie pueda controlar estas manifestaciones.


–¿Qué vínculos existen entre el estallido de las protestas en El Cairo y el descontento que venía gestándose en el movimiento obrero egipcio?


–A partir de 2000 emergieron grupos que apoyaban la intifada en Palestina, movimientos que buscaban asociarse en organizaciones independientes con el objetivo de defender derechos laborales. Esas iniciativas funcionaron como pequeños focos de resistencia contra la guerra en Irak y las políticas neoliberales implementadas en Egipto. De hecho, la primera vez que sacaron la foto de Mubarak de un edificio del gobierno para pisarla y prenderla fuego fue en Mahala, capital de la industria textil del país, el 6 de abril de 2008, en un contexto de huelgas y protestas.


–En 2004, un año antes de las elecciones presidenciales, nace Kifaya, organización opositora a Mubarak. ¿Cómo gravitó su aparición en el movimiento de resistencia?


–Aunque funcionó hasta fines de 2005, fue el primer esfuerzo de organizar a la gente alrededor de una idea: destituir a Mubarak. Si bien en ese momento no tenían la fuerza para hacerlo, Kifaya (N. d. R.: basta en árabe) marcó un punto de partida para empezar a entender que era posible tratar de sacar a un dirigente que había gobernado Egipto con mano dura durante veinticinco años. Kifaya incluyó un espectro amplio de grupos, que iban desde islamistas hasta la izquierda radical o socialistas revolucionarios. Si bien hubo esfuerzos para correr de la escena a Mubarak, nunca antes se había dado una iniciativa que tuviera semejante estructura. Kifaya mostró que el modelo político que Mubarak ofrecía al país era inaceptable para un amplio sector de la población.


–¿Qué lugar ocuparon las mujeres en esa efervescencia política?


–Hay una foto famosa de trabajadoras de una fábrica textil que empujan una barricada y se enfrentan a la policía en una manifestación. De 2000 a 2011, las mujeres tienen más protagonismo en la vida pública a pesar de ser discriminadas en sus trabajos, en sus casas, de una discriminación patrocinada por el gobierno. En mayo de 2005, la policía comenzó a usar el acoso sexual, durante las protestas y manifestaciones, como estrategia para dispersar las protestas. Entonces entendimos con otros compañeros del movimiento de derechos humanos que se trataba de un reconocimiento de la importancia que tenían en el movimiento de resistencia.


–En el intento de Mubarak de desmembrar las protestas fueron sometidas, durante las detenciones, a tests de virginidad.

–Eso sucedió justo después de la revolución. Amnistía Internacional viajó a Egipto para reunirse con Abdelfatah al Sisi, que en ese momento era miembro del Consejo Supremo de las fuerzas armadas que había tomado el poder luego de la caída de Mubarak. Al Sisi dijo que utilizaban los test para proteger la reputación del ejército egipcio y prevenir que las mujeres fueran violadas en su detención. Ninguna dio su consentimiento para que se le practicaran los test. Nuestros abogados patrocinan a dos mujeres sometidas a esos procedimientos. Presentamos sus casos en la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; ahora mismo se están tramitando. La intención de esos tests fue aplacar las protestas.
–¿Ve posible el desarrollo de un proceso de verdad y justicia en su país?


–Eso va a pasar. Hemos aprendido de las experiencias de Argentina y Sudáfrica. No hay posibilidad de avanzar como país si no juzgamos los crímenes cometidos tanto por Mubarak como en los últimos cuatro años.


–¿Cuántas víctimas de violencia política hay en Egipto? ¿Cuentan con estadísticas de desaparecidos?


–En general, las desapariciones forzadas no son un fenómeno en Egipto, hay muy pocos casos. La cantidad de muertos hallados en la calle en los últimos cuatro años es horrorosa. El 14 de agosto de 2013 se encontraron casi mil personas asesinadas. No es solamente una cuestión de mirar a otros países y ver cómo manejaron hechos como éstos. El primer paso en Egipto es que la sociedad se dé cuenta de que se cometieron atrocidades y las enfrente.


–En su opinión, ¿hacia dónde se encamina Egipto?


–En cuanto al futuro político, considero que esta situación no va a durar mucho. No creo que estemos ante otros treinta años de régimen, como se dio con el gobierno de Mubarak. Será un período más corto, pero vamos a tener que pagar un precio muy alto. Soy optimista de que vamos a poder construir un Estado democrático y laico que respete los lemas de la revolución: pan, libertad y justicia social. Algo ha cambiado y es irreversible.

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