¿Representan los gobernantes a los gobernados?

En el discurso oficial reproducido en los mayores medios de información del mundo occidental, democracia es aquel sistema político en el que es la ciudadanía la que, a través del sistema representativo, escoge a sus gobernantes para que, en su nombre, gobiernen el país, aplicando las medidas que la población desee. Ahora bien, lo que está ocurriendo en gran parte de los países de este mismo mundo occidental es que la distancia entre lo que la mayoría de la población desea y lo que el gobierno lleva a cabo es cada vez mayor. Es decir, que la distancia entre lo que los gobernantes hacen y lo que los gobernados –teóricamente la fuente de autoridad de los primeros- desean es cada vez mayor. En realidad, en muchas ocasiones hacen precisamente lo contrario. La evidencia de que ello es así es contundente.


Veamos los datos y analicemos lo que ocurre, por ejemplo, en el sistema democrático de EEUU, presentado por muchos liberales como el modelo democrático por excelencia. Leyendo las declaraciones de los dirigentes de aquel país (que constantemente dan lecciones de democracia a otros países, incluso sancionando a algunos por su supuesta falta de democracia), EEUU es un faro que ilumina al mundo en la navegación hacia un sistema en el que la soberanía derive del pueblo, principio que retóricamente aparece en todas (repito, todas) las Constituciones de los países que se definen como democráticos. La propia Constitución estadounidense comienza con la espléndida frase de que "nosotros, el pueblo, decidimos..."("We, the people, decide..."), frase de la narrativa oficial que entra en clara contradicción con la realidad, que muestra que, en verdad, el pueblo decide muy poco.


Veamos primero qué es lo que los gobernados desean. Según las recientes encuestas del New York Times y de la cadena de televisión CBS, publicadas recientemente por tal rotativo ("Inequality Troubles Americans Across Party Lines") hace dos semanas, la población en EEUU cree, por amplia mayoría (que va del 66% al 85% de la ciudadanía), que 1) en EEUU las desigualdades de rentas y de riqueza son excesivas; 2) el sistema económico vigente es injusto; 3) el gobierno debería reducir tales desigualdades; 4) las grandes empresas (large corporations) tienen excesiva influencia en las instituciones políticas y representativas del país; 5) el gobierno debería gravar las grandes fortunas mucho más de lo que lo hace; 6) el gobierno debería proteger a los trabajadores mucho más de lo que lo hace, promoviendo sus derechos laborales; 7) se debería establecer un salario y/o compensaciones máximas a los ejecutivos de las grandes empresas, que limiten las enormes desigualdades existentes entre las élites gerenciales y directores, por un lado, y el resto de la fuerza laboral, por el otro; 8) el gobierno debería regular el comercio, incluyendo el internacional, que afecta negativamente el bienestar de los trabajadores; 9) los tratados de libre comercio deberían dejar de favorecer a las grandes empresas a costa de las medianas y pequeñas empresas y de los consumidores; y 10) el Congreso y el gobierno federal de EEUU deberían dejar de favorecer a los intereses de las grandes corporaciones a costa de los intereses de la ciudadanía en general. Hasta aquí lo que los gobernados desearían que los gobernantes hicieran. Le podrá sorprender al lector que este sentir sea bastante generalizado en un gran número de países democráticos, incluida España. La diferencia es que en algunos países se le pregunta a la ciudadanía este tipo de información, y en otros no. En España, debido al enorme dominio de los medios por parte de los conservadores y liberales, tales preguntas raramente se hacen en las encuestas. Pero las pocas que existen confirman que, en general, la opinión de la ciudadanía es muy semejante a la que muestra la ciudadanía estadounidense al otro lado del Atlántico.

Lo que los gobernantes hacen


Veamos ahora lo que los gobernantes han estado haciendo, y veremos que las políticas públicas aprobadas y llevadas a cabo por el gobierno federal y el Congreso de EEUU han sido una de las mayores causas del crecimiento de las desigualdades en EEUU (lo mismo, por cierto, ocurre en España). La Agencia Tributaria de EEUU (IRS) acaba de publicar un informe (citado en "Who Pays Taxes in the U.S.? Everyone but the Super-Rich", Truthout, 05.06.15) que muestra cómo los más ricos entre los super-ricos, es decir, los más ricos entre el 1% más rico del país (que ingresan 62 millones de dólares al año) pagan proporcionalmente menos en impuestos (nominalmente el 20% de sus ingresos) que las familias que reciben más dinero en la mitad inferior de la población estadounidense (36.000 dólares), que pagan el 28%. Esta desigualdad ha alcanzado incluso mayores niveles durante la crisis actual, en la que el 1% de renta superior ha absorbido el 95% de todo el crecimiento de la renta nacional ("Paul Street: Privilege-Serving Story Placement", ZNet Articles, 07.06.15), un porcentaje sin precedentes en EEUU desde principios del siglo XX, cuando se inició la Gran Depresión. Una situación semejante ocurre con el salario mínimo. El gobierno federal no ha tomado medidas encaminadas a incrementar el salario mínimo para recuperar el nivel que ya tenía antes de la crisis (en realidad, el salario mínimo ha permanecido muy por debajo de lo que existía en los años setenta del siglo pasado).


En España los gobiernos presididos por el Sr. Zapatero, antes y por el Sr. Rajoy ahora, han estado aplicando políticas públicas, sumamente impopulares, que no tenían ningún mandato popular, puesto que no estaban en las ofertas electorales de los partidos gobernantes. Estas políticas, tanto en la reforma laboral que tenía como objetivo la bajada de salarios y el aumento de la precariedad, como los recortes de gasto público social que han deteriorado los servicios públicos del Estado del Bienestar de una manera muy marcada, han dañado la calidad de vida de las clases populares enormemente. Y, repito, sin que tuvieran ningún mandato popular. ¿Por qué?

La corrupción del poder político


La raíz de que esta gran distancia entre gobernantes y gobernados exista es, como bien percibe la mayoría de la población, el enorme poder que el mundo empresarial (lo que en EEUU se llama la Corporate Class) ejerce sobre las instituciones políticas, poder que se realiza, bien directamente, a través de las contribuciones (legales e ilegales) que las grandes empresas realizan a partidos e instituciones políticas (hecho facilitado por el proceso electoral estadounidense, que es financiado predominantemente con fondos privados), bien indirectamente, a través del control de los medios de información y persuasión del país. Es imposible, en el llamado sistema democrático estadounidense, poder presentarse a unas elecciones (sean del nivel que sean, locales, estatales o federales) sin tener muchísimo dinero para poder tener acceso a la televisión (que está desregulada y vende tanto espacio televisivo como el candidato pueda comprar). Y a eso lo llaman democracia. Debería haber un movimiento internacional protestando por la falta de democracia en EEUU. El gobierno federal de EEUU tiene poquísima credibilidad y legitimidad para abanderar la lucha por la democracia.

La situación en España


Ni que decir tiene que España y EEUU son países muy diferentes y, sin embargo, tienen características muy comunes. Entre ellas está la enorme distancia entre lo que los gobernados desean y lo que los gobernantes hacen. EEUU y España están entre los países donde esta distancia es mayor. Y la lista de temas en que tal gran distancia toma lugar es muy semejante en ambos países. Y la respuesta de los gobernantes es también similar. Y las causas son parecidas: la enorme influencia de los poderes económicos y financieros y de las clases pudientes sobre las instituciones representativas. La respuesta a este fenómeno, sin embargo, ha sido distinta. En España el movimiento masivo de protesta 15-M, que surgió en rebelión a esta captación de la democracia representativa por grupos económicos y/o financieros y por las clases dominantes (que son más que el famoso 1%), fue seguido por el establecimiento de movimientos y partidos políticos tales como Podemos, Las Mareas, y otros, que pasaron de las protestas a la realización de propuestas, hecho, este último, que no ha ocurrido en EEUU. En aquel país apareció el Occupy Wall Street –OWSM- (en cierta manera inspirado por el movimiento 15-M), pero tales instrumentos y movimientos de propuestas no han surgido en EEUU, y esto se debe, en gran parte, a la falta de la articulación del OWSM con el Estado, constituyéndose en un movimiento de protesta que nunca tuvo vocación de gobierno. Una de las causas de que ello no haya ocurrido es el sistema electoral, que al no ser proporcional en EEUU dificulta enormemente la aparición de nuevos partidos, lo cual no ocurre en España en las elecciones municipales y explica la diversidad de partidos que han surgido en las últimas elecciones municipales, sistema proporcional muy limitado, en cambio, en las legislativas en España, que favorece, como en EEUU, el sistema bipartidista. Hoy el sistema llamado democrático está experimentando una enorme crisis, siendo EEUU y España dos de los países donde las instituciones representativas están más desacreditadas, precisamente debido a la enorme distancia entre los gobernantes y los gobernados.


Para resolver esta situación se tendrán que hacer cambios profundos, mucho más sustanciales que los que se están proponiendo en los programas electorales de los partidos (tales como primarias, listas abiertas, y otras propuestas). Sin minimizar la importancia de tales propuestas, estas se quedan muy cortas, en realidad, cortísimas, pues se necesitan cambios mucho más profundos, como que 1) el sistema electoral sea auténticamente proporcional de manera que el voto de cada ciudadano tenga el mismo peso, lo cual dista de ser así en ambos países; 2) con la introducción de formas de democracia directa, como referéndums vinculantes; 3) eliminando además las contribuciones y donaciones privadas a los partidos y a los representantes; y 4) hacer cumplir el mandato constitucional que exige la diversidad ideológica en los medios (tanto públicos como privados), de donde las izquierdas están sistemáticamente excluidas. Hoy existe en la práctica una dictadura mediática, donde las voces críticas son prácticamente inexistentes, siendo vetadas o marginadas constantemente. Así es este país, donde las estructuras de poder conservadoras son enormemente dominantes. La reacción de personajes representantes de este poder, como son los grandes banqueros de este país, frente al terremoto político que ha pasado en las últimas elecciones municipales, es característica de ello. En 1936, estimularon un golpe militar. Esperemos que ahora no se atrevan a hacerlo. Pero supongo que sus instintos antidemocráticos les están empujando para hacer todo lo posible (legal e ilegal) para parar el gran deseo popular de alcanzar mayor democracia que la existente hoy en el país.

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España gira a la izquierda en todos los municipios

En los municipios de todo el territorio español se confirmó ayer la revolución silenciosa, que está cambiando definitivamente el tradicional bipartidismo heredado de la transición a la democracia de 1978. Madrid, Barcelona y Valencia, así como decenas de pequeñas y medianas ciudades, vivieron una jornada histórica con el pueblo, que de nuevo llenó las plazas públicas para vitorear a sus nuevos mandatarios, quienes se convirtieron en los estandartes del cambio, que pretende regenerar la democracia y expulsar para siempre la corrupción, el nepotismo y el abuso de poder.


Mientras el derechista Partido Popular (PP) quedó impotente ante la pérdida de numerosos bastiones de su poder territorial, convertido en la formación con la que nadie –o casi nadie– quiere pactar por sus políticas de austeridad y, sobre todo, por la proliferación de casos de corrupción en su seno.


El cambio histórico que se vivió en esta jornada, en la que se conformaron los nuevos gobiernos municipales resultantes de los comicios del pasado 24 de mayo.


Manuela Carmena se convirtió en la nueva alcaldesa de Madrid gracias a una coalición de izquierda impulsada por la formación Podemos y otros partidos como Equo, que contó con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).


Carmena puso fin a 24 años de hegemonía de la derecha en la capital española. Un hito que se celebró con una verbena popular, en la que la nueva alcaldesa inauguró una nueva forma de ejercer el poder: más cercana a la población y con un nuevo escalafón de prioridades, situando en primer lugar la asistencia a los sectores más desfavorecidos por la crisis y con el objetivo firme de poner fin a los desahucios.


Ada Colau, nueva alcaldesa de Barcelona, impulsó su carrera política desde su activismo valiente y frontal en la lucha contra los desahucios, como vocera de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, movimiento que enarbola la lucha de los más golpeados por el sistema financiero y legal, y le arrebató el poder al nacionalista conservador de Convergencia i Unio (CiU), Xavier Trias.


El tercer nombre del cambio es Joan Ribó, veterano activista de la lucha social que recibió el bastón de mando municipal de Valencia con el apoyo de su coalición y de dos partidos más, también de izquierda, Compromis y el PSOE. Valencia pone fin a 24 años de gobiernos del PP, en los que, sobre todo en años recientes, hubo gravísimos casos de corrupción y desfalco al erario. Su anterior alcaldesa, la veterana conservadora Rita Barberá, decidió renunciar a su acta de concejal unos días antes para evitarse el trago de entregar el bastón de bando al candidato de la izquierda.


En su cuenta de Twitter, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que felicitaba a los concejales del PP. Mi apoyo a los que aún ganando no han podido ser alcaldes por pactos excéntricos y sectarios.


En números se ve con claridad la pérdida de poder del PP en las principales ciudades del país: de las 50 capitales de provincia, gobernaba hasta ahora 43, pero a partir de hoy sólo tendrá el poder en 17. De las cuales logró formar gobierno gracias al apoyo del partido emergente Ciudadanos, quien junto con Podemos se ha convertido en el principal árbitro del nuevo mapa territorial español. El PSOE gobernará 16 capitales de provincia, siete más que hasta ahora. Estas son: Lugo, Valladolid, Segovia, Toledo, Ciudad Real, Córdoba, Sevilla, Huelva, Alicante, Castellón, Teruel, Lérida, Huesca, Soria, Palma de Mallorca y Las Palmas.


En Asturias se confirmó el peor de los vaticinios para la izquierda, que fue incapaz de llegar a un acuerdo con Podemos –que se cerró en banda a dar su apoyo al PSOE–, con lo que finalmente seguirá gobernando en Oviedo y Gijón el PP con el apoyo de Foro Asturias, de extrema derecha.


En Galicia, región tradicionalmente del PP y con estructuras caciquiles, se registró uno de los vuelcos más llamativos de la jornada, con la llegada al poder de los candidatos aupados por las llamadas Mareas Atlánticas, integradas por movimientos ciudadanos y diversas organizaciones políticas de izquierda. Así ocurrió en A Coruña, donde fue investido alcalde Xulio Ferreiro con el apoyo añadido del PSOE, y en Santiago de Compostela, donde gobernará Martiño Noriega, de la coalición Compostela Aberta.


En el País Vasco, el Partido Nacionalista recuperó el poder de las tres capitales de provincia: Bilbao, que lo mantiene; San Sebastián, que se lo arrebató a EH-Bildu, y Vitoria, que lo tenía hasta ahora el PP.

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La protesta contra los partidos predominantes

En los países donde existen elecciones impugnadas, comúnmente hay dos partidos predominantes que se consideran cercanos al centro o en los alrededores de la visión de los votantes en dicho país. En los últimos años ha habido un número relativamente grande de elecciones donde un movimiento de protesta gana la elección o por lo menos gana los suficientes escaños como para que deba conseguirse su respaldo de modo que pueda gobernar un partido predominante.


El ejemplo más reciente de esto es Alberta, en Canadá, donde el Nuevo Partido Democrático (NPD), compitiendo en una plataforma razonablemente hacia la izquierda, de un modo inesperado y sorprendente, desbancó del poder a los Conservadores Progresistas, partido de ala derecha que había gobernado la provincia sin dificultad por muy largo tiempo. Lo que hizo de este hecho algo más sorprendente fue que Alberta tiene la reputación de ser la más conservadora provincia de Canadá, y es la base del primer ministro canadiense, Stephen Harper, en el cargo desde 2006. El NPD ganó inclusive 14 de 25 escaños en Calgary, la residencia y bastión del propio Harper.


Alberta no es el único caso. El Partido Nacional Escocés (PNE) arrasó en las elecciones en Escocia, tras una historia de ser un partido marginal. El ultraderechista partido polaco Justicia y Ley derrotó al candidato de lo que se había considerado un partido conservador pro-negocios, la Plataforma Cívica. Syriza, en Grecia, haciendo campaña con una plataforma anti-austeridad, está ahora en el poder, y el primer ministro, Alexis Tsipras, lucha por alcanzar sus objetivos. En España, Podemos, otro partido que combate la austeridad, de manera constante sube en las encuestas y parece empeñado en dificultar –si no es que impedir– que permanezca en el poder el gobierno del partido conservador, el Partido Popular. India está celebrando un año en el poder de Narendra Modi, que compitió en una plataforma que se dedicó a desbancar del poder a los partidos y las dinastías del establishment.


Estas plataformas de protesta, todas, tienen algo en común. Todas utilizaron una retórica de campaña que podríamos llamar populista. Esto significa que aseguraron estar luchando contra las élites del país, aquellas con demasiado poder que ignoran las necesidades de una vasta mayoría de la población. Estas plataformas enfatizaban las brechas (en salud y bienestar) entre las élites y todos los demás. Deploraban la caída del salario real de los estratos medios. Enfatizaron la necesidad de proporcionar empleos, usualmente en instancias en las que ocurría un aumento significativo del desempleo.


Además, estos movimientos de protesta siempre señalaron la corrupción en los partidos en el poder y prometieron ponerle un freno, o al menos reducirlo. Y todo esto, junto, lo presentaron como un llamado al cambio, a un real cambio.


No obstante, tenemos que mirar más de cerca estas protestas. No son, de ningún modo, parecidas. De hecho, hay una división fundamental entre ellas, algo que notamos tan pronto como miramos el resto de su retórica. Algunos de estos movimientos de protesta se sitúan a la izquierda –el NPD en Alberta, Syriza en Grecia, Podemos en España, el PNE en Escocia. Y algunos están claramente a la derecha: Modi en India, el Partido Justicia y Ley en Polonia.


Quienes se sitúan a la izquierda enfocan sus críticas, centralmente, en torno a aspectos económicos. Los situados a la derecha primordialmente hacen aseveraciones nacionalistas, por lo común con énfasis xenófobo. Aquellos a la izquierda quieren combatir el desempleo con políticas gubernamentales que promuevan la creación de empleos, incluida, por su puesto, una mayor colecta fiscal entre los más acaudalados. Quienes se sitúan a la derecha quieren combatir el desempleo evitando la migración, aun al punto de expulsar a los migrantes.


Una vez en el poder, a estos movimientos de protesta –sean de izquierda o derecha– les resulta muy difícil cumplir las promesas populistas que hicieron para resultar electos. Las grandes corporaciones tienen instrumentos importantes con los cuales limitar las medidas que se tomen contra ellas. Actúan a través de esta entidad mítica llamada mercado, auxiliadas e instigadas por otros gobiernos e instituciones internacionales. Los movimientos de protesta encuentran que, si empujan muy duro, el ingreso del gobierno se reduce, por lo menos en el corto plazo. Pero para quienes votaron por ellos, el corto plazo es la medida de su aprobación continua. El día de gloria de los movimientos de protesta corre el riesgo de estar muy limitado. Así que entran en arreglos, lo que enoja a la mayoría militante de sus simpatizantes.


Uno debe recordar siempre que los simpatizantes de un cambio en el gobierno son siempre una multitud abigarrada. Algunos son militantes que buscan un extenso cambio en el sistema-mundo y en el papel que su país juega en éste. Algunos sólo están hartos de los partidos predominantes tradicionales, que son vistos como que se cansaron y dejaron de ser responsivos.

Algunos dicen que un nuevo grupo en el poder no puede hacer nada peor que quienes estaban antes. En resumen, estos movimientos de protesta no son un ejército organizado, sino una inestable alianza flotante de muchos grupos diferentes.
Son tres las conclusiones que podemos extraer de esta situación. La primera es que los gobiernos nacionales no tienen un poder ilimitado para hacer lo que quieren. Están en extremo constreñidos por la operación del sistema-mundo en su totalidad.


La segunda conclusión es que, no obstante, pueden hacer algo para aliviar los pesares de las personas ordinarias. Pueden hacerlo, precisamente mediante reasignaciones del ingreso vía impuestos y otros mecanismos. Tales medidas minimizarán las penurias de quienes son los beneficiarios. Los resultados pueden solamente ser temporales. Pero de nuevo les recuerdo que vivimos todos en el corto plazo y que cualquier ayuda que podamos obtener en el corto plazo es un avance, no un retroceso.


La tercera conclusión es que si un movimiento de protesta va a ser un participante serio en el cambio del sistema-mundo no debe limitarse a un populismo cortoplacista, sino que debe involucrarse en una organización de mediano plazo que afecte la lucha mundial en este periodo de lucha sistémica y de transición a un sistema-mundo alternativo, uno que ya comenzó y está en curso.


Es solamente cuando los movimientos de protesta de izquierda aprenden cómo combinar las medidas de corto plazo, que minimizan las penurias, con los esfuerzos de mediano plazo por inclinar la lucha bifurcada en pos de un nuevo sistema, que podremos tener la esperanza de arribar al resultado que deseamos: un sistema-mundo relativamente democrático y relativamente igualitario.


Traducción: Ramón Vera Herrera

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¡Entre otras mil eres madre gentil, patria amada, Brasil!

Andreia dos Santos Pereira, de edad no divulgada (por las fotos, algo entre 35 y 40 años), deficiente auditiva –una manera políticamente correcta de decir que era sorda o casi–, llegó, a eso de las seis y media de la mañana, a trabajar en el boliche donde le tocaba freír empanadas. Todo eso en una zona modesta de Guarujá, un balneario de ricos y nuevos ricos a unos 70 kilómetros de São Paulo.


Esa era la única función de Andreia: freír, pasar las empanadas a alguien más, y listo.


Pero de repente, tres tipos le anunciaron que era un asalto. Ella, por sorda, no entendió lo que le decían a gritos, no sabía dónde estaba el dinero, no entendió nada. Le dieron una paliza feroz. Y Andreia murió: cuatro costillas rotas, traumatismo craneano, hemorragia interna. Según los testigos, los asaltantes eran niños de entre 14 y 17 años.


A unos 500 kilómetros de distancia de esa playa, en Río de Janeiro, quizá el principal referente –y la principal referencia– de Brasil frente a los ojos del mundo, se hace otra contabilidad.


Nada más en la región metropolitana de Río, en los últimos 15 días (el dato es del viernes 28 de mayo) se registraron, oficialmente, 15 asaltos con chuchillo. Detalle: no se trata de asalto a mano armada, que fueron muchísimos más. Se trata de informar que al menos una vez al día alguien fue herido por cuchillo en un robo. Y de esos 'alguien', al menos uno murió: James Gold, un cardiólogo importante y reconocido, fue acuchillado a muerte en la Lagoa Rodrigo de Freitas, una laguna incrustada en la más noble zona urbana de la ciudad.


Pedaleaba su bicicleta, al borde de uno de los paisajes urbanos más formidables del mundo. Lo acosaron dos o tres salteadores, según los testigos. Todos muy niños, según esos testimonios.


El asaltado no reaccionó. Los delincuentes le abrieron un tajo en el pecho de sur a norte. Pese a las ocho horas de cirugía, el hombre no resistió. Los supuestos malhechores están detenidos: hay serias dudas sobre quién hizo qué en la muerte del cardiólogo.


Esos son dos fragmentos de un escenario de horrores. Menciono cosas que ocurrieron en Guarujá, una playa de ricos y nuevos ricos, y en Río de Janeiro, ciudad icono de Brasil. Menciono crímenes brutales y gratuitos cometidos por adolescentes.


A la 'deficiente auditiva' no la despojaron de nada, una vez que ella no entendió lo que pasaba. Bueno, le robaron, claro, la vida.


Al renombrado y reconocido cardiólogo le arrebataron un teléfono celular y una elegante bicicleta. Además, claro, de la vida.
Reza el himno nacional brasileño, en una clara prueba de que los himnos nacionales son capaces de cursilerías inimaginables: "De los hijos de este suelo eres madre gentil/ patria amada, Brasil'.


¿Habrá la patria amada sido gentil con la muchacha sorda –perdón: deficiente auditiva– que no entendió que la asaltaban? ¿O con el incauto cardiólogo que andaba en bicicleta en un paisaje de ensueños?


Hace muchos años –32, para mayor exactitud– un brasileño, el antropólogo y educador Darcy Ribeiro, junto al entonces gobernador de Río de Janeiro, Leonel Brizola, icono indiscutible de la izquierda brasileña por décadas, trataron de impedir que el actual escenario ocurriese.


La solución propuesta era sencilla y, hay que reconocer, cara: escuelas públicas en periodo integral, es decir, de las siete de la mañana a las cinco de la tarde, con clases curriculares más clases de arte, atención médica amplia, dentistas incluso, deportes, es decir, una vida completa: del desayuno al almuerzo hasta una merienda, algo que jamás en sus miserables vidas los muchachos de la vida real brasileña hubiesen soñado.


La derecha más recalcitrante y una izquierda idiotizada (me refiero, con todas las letras, al PT) se impusieron contra el proyecto. Recuerdo claramente a un amigo, muy de derechas, bramando: Comida, clases, todo eso es aceptable. Pero, ¿clases de ballet y de arte? ¿Para ellos?. Léase: ¿para los pobres?


Y de la misma forma recuerdo, claramente, a amigos militantes del PT diciendo: Comida, clases, todo es aceptable. Pero, ¿y la carga horaria de clases? ¿Quién cobrará por las horas suplementares?


Leonel Brizola y Darcy Ribeiro querían construir mil centros integrales de educación (CIEP) en Río. Creían que por esa vía –la educación– cambiarían, de una vez y para siempre, el mapa de miseria en que vivimos.


De haber logrado construir, en estos últimos 30 años, todos los CIEP soñados, serían, por lo menos, 30 millones de niños que hubieran tenido educación y apoyo básico, esencial, fundamental.


Ahora mismo se discute, en mi país, una revisión de la ley para rebajar la edad mínima en la cual un brasileño es imputable frente a la ley. Se busca, frente a un cuadro de creciente violencia urbana (si es que será posible, en el caso nuestro, el de la madre patria gentil, que crezca aún más esa violencia...) aumentar la pena a los adolescentes criminales.


Desde Brizola y Darcy, nadie se preocupó, a fondo, de combatir el problema desde la raíz. O sea, con más atención básica, más educación, para no tener que, años después, como ocurre ahora, buscar más punición.


Así las cosas: de gentil, la amada patria tiene muy poco. Y de amada, casi nada.

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Domingo, 07 Junio 2015 05:49

Conservadurismo popular

Conservadurismo popular

El siglo XX de los británicos fue conservador. Con breves interregnos liberales o laboristas, los "tories" gobernaron más de 60 años. A un mes de su sorprendente victoria el primer ministro David Cameron busca replicar esta hegemonía en este siglo con una coalición que incorpore a sectores de la clase trabajadora laborista a una suerte de conservadurismo popular.


En el programa conservador hay algunas señales a estos sectores como la exención impositiva hasta las primeras 12 mil libras de ingresos y para los que trabajen 30 horas semanales, o la extensión de beneficios sociales como los servicios de guardería preescolar. Otro de los pilares del proyecto es la conversión del norte del país, predominantemente laborista, en una "powerhouse" económica a fin de achicar la división entre un sur rico y un norte atrasado con un proyecto industrializador que revierta los estragos del thatcherismo.


La "powerhouse" del norte es por el momento más slogan que sustancia, pero calza bien con la retórica de Cameron y su reivindicación del One Nation Conservatism, una suerte de paternalismo popular conservador policlasista. Esta retórica tiene un filosísimo iceberg a la vista. En campaña los conservadores prometieron reducir impuestos y equilibrar las cuentas fiscales con un recorte de unas 30 mil millones de libras, de las cuales 12 mil millones saldrían del Estado de Bienestar Social.


En su momento la promesa no desveló a nadie porque todas las encuestas predecían un gobierno de coalición, coartada perfecta para diluir un programa duro en las concesiones que exige una alianza con otras fuerzas. Hoy se ha convertido en un dolor de cabeza que ha puesto más en relieve las divisiones entre la derecha thatcherista, que pone el acento en la reducción impositiva, y los conservadores populares de la One Nation que perciben la retórica de campaña como un chaleco de fuerza. "No puede ser que le bajemos los impuestos a la clase media mientras le cortamos la ayuda estatal a los que están en trabajos muy mal remunerados y se quedan sin dinero apenas comienza el mes", señala Tim Montgomerie, uno de los cerebros de la variante conservadora popular.


Cada grupo está marcando territorio en los medios. Los thatcheristas, que tienen como modelo a Estados Unidos, han dejado en claro que los recortes impositivos son la única manera de impulsar una política de "aspiración"social. "Si creemos en la aspiración social no solo tenemos que ayudar a los que lo necesitan si no también mostrarles que si escalan posiciones habrá un equilibrio razonable entre pagar más por el bien común y recibir una compensación por el esfuerzo realizado", opina el diputado John Redwood.


El 8 de julio el ministro de Finanzas, George Osborne, anunciará un nuevo presupuesto que será clave para adivinar cómo caerá la guadaña. Los analistas señalan que, si en el primer gobierno los conservadores pudieron disimular los cortes, en este segundo período es inevitable que resulten mucho más dolorosos y afecten directamente a los sectores que se quieren conquistar para la nueva gran coalición.


La estrategia del "divide para reinar" puede ofrecer una salida a corto plazo. En 2013 Osborne, uno de los cerebros políticos de Cameron, justificó sus recortes dividiendo a la sociedad entre "strivers" (luchadores) y "shirkers" (vagos desempleados) que vivían de los beneficios sociales. El déficit fiscal se debía a estos últimos: los conservadores estaban de parte de los "strivers". La retórica sirvió para neutralizar los ataques laboristas, aunque entre los presuntos "shirkers" afectados por los recortes se encontraban unas 300 mil enfermeras, 150 mil maestros y 40 mil soldados, todos con bajos salarios.


El gobierno cuenta con una mayoría propia, pero exigua (12 diputados) que se podría evaporar con el descontento de alguno de los dos bandos. Según David Skelton, director de una organización Tory, Renewal, adalid de la nueva coalición, se trata de una oportunidad histórica. "La clase trabajadora calificada abandonó al laborismo en 2010 y no volvió al laborismo en 2015. La base de poder laborista en Escocia ha desaparecido y está achicándose en el norte de Inglaterra. Si queremos dominar la agenda tenemos que darle prioridad a los pobres y a temas como la adopción del salario digno", señaló Skelton al dominical de centroizquierda The Observer.


Nada sale gratis. El Instituto de Estudios Fiscales advirtió en plena campaña electoral que las cuentas fiscales de los conservadores no cierran. Bajar impuestos, recortar beneficios sociales y eliminar el déficit estructural en 2020 al mismo tiempo es imposible: la cuadratura del círculo no existe. Pero pueden disimular. Los ayuda que la memoria colectiva británica en la era del internet se parece a veces a la amnesia. Casi nadie recuerda que en 2010 Osborne prometió exactamente lo mismo, es decir, eliminar el déficit público en cinco años: hoy es de casi 100 mil millones de libras.


A favor de los conservadores está también el actual desconcierto de los laboristas que recién elegirán un nuevo líder en septiembre. En contra, otra promesa electoral de Cameron: el referendo sobre la pertenencia británica a la Unión Europea. La consulta, que debe realizarse para diciembre de 2017, va a dividir al partido y puede terminar con el Reino Unido fuera de la Unión Europea. En este caso toda la lucha entre populares y thatcheristas palidecerá al lado de la crisis que sacudirá al país y recordará la famosa explicación del conservador Harold Macmillian a principios de los '60 cuando un asesor le preguntó qué había pasado para que perdiera una elección que hasta unos seis meses tenía ganada. El ex primer ministro repitió retóricamente la pregunta (What happened?) y agregó un lacónico: "Events, dear boy, events".

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Sábado, 06 Junio 2015 18:05

Todos somos extras

Todos somos extras

La gran industria del cine que utiliza México en sus localizaciones refleja, sin pretenderlo, la desigualdad entre la situación en el país y el papel que juega en el mundo. Las elecciones de mañana pertenecen a la industria del conflicto

 

El 26 de marzo de 2015, a seis meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una marcha tomó las calles de la Ciudad de México. De manera simultánea, la plaza de la Constitución se llenó de esqueletos, calaveras y guadañas de afilada artesanía. Un helicóptero filmaba ese festival de los difuntos. Curiosamente, los disfraces fúnebres no pertenecían a la manifestación de protesta, sino al rodaje de Spectre,nueva película de James Bond. Aun así, se trataba de un gesto político: no hay modo de ver una calavera en México sin pensar en desaparecidos.

En su más reciente superproducción, 007 beberá martinis mientras conquista chicas de irrefutable aspecto y cuestionable proceder. Una escena lo hará despeinarse en el Distrito Federal. ¿Qué papel jugará ahí la población local? El mismo que en la arena política: el de extra.


Un clima de falsa participación determina nuestra democracia. Tal vez porque llevamos la impuntualidad a dimensiones épicas, tardamos 71 años en liberarnos de un sistema de partido único. En 2000 conocimos finalmente la alternancia. ¿Qué pasó en los últimos 15 años? Los escándalos salpican a toda la clase política, las consignas partidistas son intercambiables y ningún candidato parece capaz de cumplirlas.


Sin otro control que ellos mismos, los partidos descubrieron la industria del conflicto, donde lo más redituable no es resolver problemas sino preservarlos. Eso permite hacer negociaciones interesadas y pactos en los que se obtienen dividendos.


El Partido Verde Ecologista de México ha sido multado con más de 36 millones de euros por violar la ley en anuncios publicitarios, y los paga con el optimismo con que promueve la pena de muerte. La sanción le afecta poco porque las mentiras que difunde, y su alianza con el PRI, le garantizan un 7% de los votos, lo cual significa obtener prebendas superiores a las multas, que en realidad son una inversión de futuro. El PVEM no es una anomalía de nuestro sistema político; es la agrupación que mejor aprovecha su funcionamiento.


Con olímpico desdén, Borges se refirió a la democracia como "ese curioso abuso de la estadística". En la hora mexicana, la frase adquiere inquietante radicalidad. Los votos no obligan a actuar en forma definida; sirven como un pretexto o, en el mejor de los casos, como un sondeo para justificar el negocio de los partidos. En este ambiente de kermés, no es de extrañar que Morena, agrupación de izquierda, seleccione a sus candidatos plurinominales por medio de una rifa.


El domingo 7, los mexicanos abusaremos de la estadística. Votar resulta preferible a no hacerlo porque la abstención favorece al partido más poderoso (en este caso, el PRI); sin embargo, estamos ante la elección más desangelada desde 1976, cuando sólo hubo un candidato a la presidencia: José López Portillo, del PRI.


Los partidos se desmarcan de los ciudadanos y el Gobierno opta por el aislamiento, blindándose ante la crítica. Las presiones arrecian sobre los periodistas (la ONG Artículo 19 ha detectado más de 300 agresiones en el último año). Hace poco, Virgilio Andrade fue nombrado secretario de la Función Pública; sin embargo, este fiscal anticorrupción carece de autonomía porque depende del presidente. Heinrich von Kleist renovó la comedia alemana con El cántaro roto, donde un juez investiga un crimen que él cometió. En México, eso recibe otro nombre: "Legalidad".


Más de seis meses después de las desapariciones de Ayotzinapa no hay una versión fidedigna de lo ocurrido. En un intento por cambiar los usos del lenguaje, el procurador llamó "verdad histórica" a una hipótesis: los muchachos fueron entregados por la policía a narcotraficantes que los quemaron hasta convertirlos en cenizas. Sin embargo, para calcinar cuerpos al aire libre habría sido necesaria una cantidad de leña o neumáticos de la que no hay rastros. Berta Nava, madre de uno de los desaparecidos, visitó el presunto lugar de los hechos y dijo: "A la redonda, estaba verde". No había huellas de una pira descomunal. Por su parte, el equipo internacional forense encargado de revisar los restos se ha quejado de intromisiones y manipulación de datos.


Si el Gobierno da por buena su "verdad histórica", ¿dónde están los responsables? El 11 de mayo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, criticó la "fragmentación de la investigación": "Más de trece causas penales en seis juzgados de distintas ciudades del país". Eso impide tener una visión integral de los hechos.


En La guerra de las imágenes, Serge Gruzinski describe a la población del DF como "caos de dobles". Se diría que ésa es la función actual de la ciudadanía (dada la violencia, podríamos precisar que se trata de "dobles de riesgo", como los que suplantan a Daniel Craig en las escenas peligrosas de Spectre).


Las superproducciones brindan involuntarias metáforas de México. En 1997, a tres años de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, Titanic se rodó en las playas de Baja California. Los bloques de "hielo" en el agua eran trozos de poliuretano, y los "ahogados", extras mexicanos. Este símbolo del intercambio desigual entre norte y sur, al que México aporta cuerpos flotantes, también ha encarnado en la ciencia-ficción. En Total Recall (1990) y Elysium (2013), la Ciudad de México fue usada como escenario natural —sin retoque alguno— de la devastación y sus habitantes participaron como una horda menesterosa, los pordioseros de una edad futura.


¿Tenemos vocación de extras o la historia nos orilla a ese papel vicario? Tal vez por eso cada año México presenta la mayor concentración mundial de muertos vivientes en el Zombie Walk.


Según las cláusulas de nuestro sindicato cinematográfico, quien pronuncia un parlamento califica como "actor". Los extras no tienen voz. En el cine de alto presupuesto, los mexicanos son náufragos, limosneros del porvenir, heraldos de la muerte. Están ahí, pero no influyen. Si se necesitan más, pueden ser replicados por computadora: "Dobles de dobles".


Nuestra situación electoral no es muy distinta. Mientras la política no se ciudadanice, no seremos protagonistas.


"Muestra tu rostro al fin para que vea / mi cara verdadera, la del otro, / mi cara de nosotros siempre todos", escribió Octavio Paz. La democracia comienza cuando los extras hablan.


La elección del 7 de junio pertenece a la industria del conflicto. Resolverlo dependerá de los dobles, los desaparecidos, los mexicanos.
Juan Villoro es escritor

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El acuerdo de Santos con las Farc sobre publicidad oficial a medios de comunicación

Mientras el Gobierno define cómo obligar a las autoridades a divulgar cuánto dinero entregan a cada medio de comunicación en pauta publicitaria, hay que documentar los abusos que se están cometiendo.

Hace unos meses, seis personas cercanas a la Fundación Para la Libertad de Prensa nos propusimos preguntar a cada una de las Gobernaciones y Alcaldías de ciudades capitales ¿Cuánto dinero han gastado en publicidad a medios de comunicación? ¿Cuáles medios recibieron dinero? ¿Cuánto pagaron a cada medio? y ¿Con qué criterio decidieron cuánto pagar a cada uno? Las respuestas son surreales.

El que se haya sentado en una sala de redacción a hacer periodismo sabe el problema que se arma cuando en esa sala se produce información que afecta los intereses de quien financia el medio. Basta meterse a la página web de Actualidad RT –antes llamada Russia Today- o a la de China Central Television, para ver cómo, abiertamente y sin ruborizarse, esos medios defienden la política exterior de los gobiernos que los financian. En Canadá, por ejemplo, el cubrimiento extremadamente favorable del principal periódico del país hacia la industria petrolera no se puede explicar sino por el dinero que recibe de la misma.

Acá en América Latina, la Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión de la OEA documenta desde hace años cómo nuestros gobiernos usan la publicidad oficial como una herramienta para controlar el debate público castigando a medios críticos y premiando a medios afines. Este es uno de los grandes problemas de libertad de prensa en Colombia, pero ni a los directores de medios les gusta hablar públicamente de sus negociaciones para obtener pauta, ni a los periodistas se les aconseja comentar sobre esos asuntos "internos".

Las FARC y el gobierno colombiano redactaron en la Habana un acuerdo sobre participación política que incluye un compromiso del Gobierno a ajustar "la normatividad para que la pauta oficial (...) se asigne de acuerdo a unos criterios transparentes, objetivos y de equidad" y a que ese gasto sea "de conocimiento público, mediante la publicación de informes detallados". Aprovechando que en La Habana se trabajó el tema, nos juntamos los seis voluntarios para recolectar información sobre esos contratos. Así que enviamos 64 derechos de petición y esperamos pacientemente las reacciones de los gobiernos locales a nuestras preguntas.

Para comenzar, sólo respondieron 31 de los 64. Pero de esos 31, no a todas se les puede llamar propiamente "respuestas". La Alcaldía de Medellín envió inicialmente la imagen de una torta dividida en tres partes, cada una correspondiente al porcentaje asignado en pauta a radio, a televisión y a prensa. La Alcaldía de Riohacha respondió literalmente que no había destinado recursos para la asignación de "putas publicitarias" (sí, leyó bien). La Gobernación de Antioquia envió un archivo en pdf de 293 páginas con información que francamente parece organizada de tal modo que no se entienda. Una mención especial merece la Gobernación de Magdalena por "avisar" que se iba a tomar el doble del tiempo del que le exige la Ley para responder, para lo cual no tuvo reparo en ampararse en una norma inexistente (el artículo 14 de la Ley 1437, declarado inexequible por la Corte Constitucional).

Encontramos casos de alcaldías y gobernaciones que asignaron más del 80 % del presupuesto destinado a pauta a un solo medio de comunicación. También encontramos que mientras la Gobernación de Antioquia destinó más de 42.000 millones de pesos a pauta en el 2014, la Alcaldía de Puerto Carreño destinó sólo cinco millones de pesos. Además, nos sorprendió que alcaldías como las de Leticia y Manizales apropiaron un presupuesto mucho mayor del que finalmente asignaron, con lo cual no sabemos a dónde se fueron varios cientos de millones de pesos en cada caso.

No hay que ser científico para saber que la asignación de pauta publicitaria oficial por parte de autoridades públicas a medios de comunicación no obedece a ningún criterio de transparencia, ni de objetividad, ni muchísimo menos de equidad. Sin embargo, hace falta recolectar más evidencia que permita entender las prácticas cotidianas por medio de las cuales los gobiernos silencian a la prensa. Generalmente cuando consumimos noticias no sabemos cómo la pauta determina la información que el medio publica, ni sabemos hasta qué punto influye cuando un medio decide no informar sobre un tema. Debería ser nuestro derecho saberlo.

Mientras en Colombia sigue siendo tabú hablar de pauta por la furia que despierta entre algunos -al interior del gremio periodístico- que se benefician injustamente de ella y por gobiernos que quieren continuar usando esa herramienta sutil de censura, en Uruguay se presentará ahora en junio un proyecto de Ley -con apoyo del Ejecutivo- para reducir la discrecionalidad en el reparto de la publicidad oficial.

Mientras el gobierno colombiano define cómo obligar a las autoridades a divulgar cuánto dinero entregan a cada medio de comunicación y cuáles criterios utilizan para decidirlo –es decir, asumiendo que va a cumplir lo que prometió en el acuerdo con las FARC-, un primer paso es encontrar la manera de dar a conocer los abusos que se están documentando.

 

Por Sebastián Salamanca; coordina el Proyecto Antonio Nariño, una alianza -entre la Fundación para la Libertad de Prensa, Andiarios, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y Fescol- para promover la libertad de expresión.

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El movimiento social por la paz impulsará una campaña abierta y permanente por el cese bilateral al fuego

Las plataformas que trabajan por la solución política al conflicto armado y la paz de nuestro país: El Frente amplio por la paz, social, Clamor social por la paz y La Cumbre agraria campesina étnica y popular han decidido impulsar conjuntamente una campaña abierta y permanente por el cese bilateral al fuego denominada "Por ti, por mi, la paz es ahora, cese al fuego bilateral y de hostilidades ya".

Consideran que el actual escalonamiento del conflicto armado producido por la decisión gubernamental de retomar los bombardeos y las operaciones conjuntas contra las guerrillas y la de las Farc de levantar el cese al fuego unilateral, constituye un gran peligro para la materialización de la anhelo de paz de la mayoría de los colombianos.

El propósito de la campaña es poner en el escenario público nacional e internacional la necesidad no solo de que cesen las acciones bélicas entre insurgencias y ejército sino también la persecución de parte del Estado contra el movimiento social.

Esta campaña busca sumar esfuerzos locales, regionales y nacionales en aras de fortalecer el movimiento social por la paz, que tenga la potencia suficiente para avanzar en una agenda social por la paz, que presione e incida positivamente la negociación política al conflicto armado entre los actores armados desde la sociedad civil. Para tal propósito se invita a las organizaciones sociales de todo el territorio nacional para que localmente se hagan reuniones con diversos sectores sociales que le apuesten a la solución política negociada al conflicto armado para que puedan aportar en función de esta iniciativa social.

La campaña buscará desarrollar y articular acciones diversas. Una de ellas es la de convertir los jueves en el día de la Oración y la luz por la paz. Esta iniciativa busca organizar actos ecuménicos en lugares emblemáticos de todas las ciudades, barrios, municipios, veredas, donde se pida por la paz y el cese al fuego bilateral, vinculando en cada uno de estos actos a las distintas iglesias y creencias religiosas y espirituales. Se propone asimismo, que al final de cada una de las jornadas, sea encienda una luz (vela) "para que el espíritu de la paz, el perdón, la reconciliación, embargue el pensamientos, el corazón, la palabra y las acciones de todos y todas las colombianas a lo largo y ancho del territorio nacional y fuera de él".

La campaña, "Por ti, por mi, la paz es ahora, cese al fuego bilateral y de hostilidades ya", es un esfuerzo por articular las agendas para la paz locales, regionales y nacionales, para decir que la solución política negociada al conflicto es un asunto de todo el pueblo colombiano, y que no es un cheque en blanco al gobierno de Juan Manuel Santos.

Por Christian Mantilla
Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia – Comosoc

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Una consulta forzada por la ultraderecha

Cameron, un convencido pro-europeo, se vio obligado a incluir la promesa de un referendo en su campaña electoral para contrarrestar a su derecha euroescéptica y evitar una desbandada conservadora hacia los antieuropeístas del UKIP.

 

El gobierno británico presentará hoy en el Parlamento la ley para un referendo sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. La reina Isabel II lo anunció en la tradicional apertura del programa legislativo del nuevo gobierno, aunque no develó el contenido mismo de la pregunta.


La incertidumbre sobre la fecha exacta del referendo, que puede tener lugar en cualquier momento de los próximos dos años y medio, marca la tortuosa relación de los británicos con la cuestión europea. Cameron, un convencido pro-europeo, se vio obligado a incluir la promesa de un referendo en su campaña electoral para contrarrestar a su derecha euroescéptica y evitar una desbandada conservadora hacia los antieuropeístas del UKIP. Ahora tiene que cargar con su promesa y quiere ganar tiempo en busca del momento ideal para convocar a la consulta.


El primer paso es una ofensiva diplomática que comenzó este lunes con su encuentro en su residencia oficial de verano con Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, y continúa este jueves y viernes con una gira de dos días por Dinamarca, Holanda, Polonia y los dos platos fuertes, Alemania y Francia.
El Reino Unido ya tiene exenciones de las normas europeas, como su exclusión del euro o del acuerdo de Schengen, de supresión de controles fronterizos, pero quiere garantías de que el Reino Unido no va a tener que participar en una mayor integración a Europa. Otros puntos clave donde Cameron quiere ganar concesiones son los beneficios sociales de los inmigrantes europeos en el Reino Unido y la regulación laboral.


El premier británico tiene un obstáculo: el Tratado de Lisboa. Este tratado, firmado en 2007 y ratificado por todos los miembros dos años más tarde, es una suerte de constitución europea que unificó los dos documentos esenciales que gobernaban las relaciones entre los miembros: el Tratado de Masstricht y el fundante Tratado de Roma.
Entre otras cosas el Tratado reafirma los derechos humanos y laborales de todos los miembros de la UE. Cameron quisiera una revisión del tratado para incorporar nuevas exenciones, pero en el resto de Europa no hay ningún deseo de embarcarse en el engorrosísimo proceso de renegociación que debería ser acordado por todos los miembros, ratificado por los 28 parlamentos y que puede caer si uno solo lo rechaza.


La gira del primer ministro no empieza con buen pie. El lunes el periódico francés Libération reveló que Alemania y Francia habían llegado a un acuerdo para profundizar la integración de la Eurozona en el marco de los tratados existentes, cachetazo a Cameron que siempre proclamó que una relación más estrecha de los 19 países de la UE que comparten el euro como moneda requería una reapertura del Tratado de Lisboa.


El mensaje es claro. Alemania y Francia seguirán con la creciente integración fiscal, monetaria y económica de la Eurozona (a la que el Reino Unido no pertenece) y no consideran necesario renegociar un tratado para hacerlo. Al mismo tiempo están preparados para discutir las exigencias británicas en el marco de los acuerdos existentes.
La negociación será complicada. El gobierno británico quiere que el referéndum sea lo antes posible –en mayo de 2016 si se pudiera– porque las elecciones en Alemania y Francia el año siguiente achicarán el margen de maniobra de Angela Merkel y François Hollande.


En Bruselas nadie quiere una ruptura. El Reino Unido es la segunda economía de la UE y su separación sería un golpe a la credibilidad de un bloque ya atribulado por los vaivenes de la Eurozona, Grecia y la crisis en Ucrania. Más allá de los deseos, la realidad es que nadie puede predecir la reacción del electorado.


Las últimas encuestas indican que un 55 por ciento de los británicos quieren seguir en la UE. La reputación de los encuestadores no está en su mejor momento luego del gigantesco fiasco de las elecciones generales del pasado 7 de mayo, cuando los sondeos predijeron durante meses un resultado reñidísimo y finalmente los conservadores obtuvieron una cómoda mayoría propia.


En Bruselas todos recuerdan además que el último referendo británico por la independencia de Escocia, el pasado septiembre, pasó de una cómoda mayoría a favor del "no" por un pánico de último momento que finalmente no terminó de reflejarse en las urnas. La minoría más vociferante que se escucha en los programas de radio que están debatiendo de lleno el tema muestra una clara tendencia euroescéptica: el "out" entusiasma mucho más que el "in".


Un politólogo de la Universidad británica de Birmingham, Tim Haughton, escribió esta semana en The Washington Post una somera explicación para paladar estadounidense sobre las complicaciones de la consulta.


"Será fundamental a qué tipo de acuerdo llega Cameron con la UE. Necesita concesiones respecto del rol de la UE en algunas áreas y sobre los derechos de otros ciudadanos europeos en el Reino Unido para calmar a los euroescépticos. Pero los referendos son impredecibles. Muchos votantes pueden decidir su voto no en relación con Europa sino por el descontento que siente con su gobierno. La actitud de los británicos ha fluctuado mucho en los últimos 40 años al respecto. Esta volatilidad de la opinión pública es un fuerte reto para los pro-europeos", señaló.

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Lunes, 25 Mayo 2015 19:27

Santouribismo

Santouribismo

El neologismo que encabeza esta nota recoge la argamasa resultante de la recomposición política ocurrida en los días recientes con ocasión de los traumatismos que aquejan el proceso de paz y los diálogos del señor Santos con las Farc en la ciudad de La Habana.

La tregua unilateral determinada por las Farc desde el 8 de diciembre del 2014, con estimulantes resultados en la caída de la violencia política; el hostigamiento permanente de las Fuerzas Armadas hacia esa agrupación como parte de una acción de sabotaje político a las conversaciones; las medidas de desescalamiento del conflicto gestionadas por una subcomisión de oficiales e insurgentes; los notables apoyos internacionales a la paz; la suspensión de los bombardeos a los campamentos de las Farc; los sucesos violentos en que murieron 12 soldados profesionales en Buenos Aires/Cauca; la reactivación de los operativos aéreos con los asaltos y muertos (34) en Guapi y Segovia reportados por los generales de la Fac (Fuerza Aérea) y por Santos al país, son aspectos de un abigarrado cuadro que engendra incertidumbres y desazón entre diversos agentes de la llamada opinión pública.

Desde la perspectiva del cambio democrático en el Estado y la sociedad, implícito en un proceso orientado a la superación del prolongado ciclo de guerra iniciado desde mediados del siglo pasado, lo conveniente es hacer una lectura e interpretación política (referido a las fuentes sociales del Poder, M. Mann) de los acontecimientos mencionados, del sentido y el curso de sus implicaciones, hecha la consideración de su alta jerarquía e impacto estratégico en todos los campos de la nación. No se trata de asuntos menores, de episodios intrascendentes.

De obligatoria consideración contextual es la actual crisis económica y fiscal provocada por la caída de los precios internacionales del petróleo. Colombia atraviesa hoy una situación económica muy parecida a la de 1999, cuando el PIB cayó un 9%, y los directivos del Estado, Pastrana y Santos, promovieron la zona de distensión de San Vicente del Caguan con las Farc, como movida de respiro para reorganizar el aparato militar oficial y desplegar en los años posteriores una contraofensiva para debilitar y aplastar la guerrilla, que implicó un descabellado rediseño autoritario del Estado como instrumento del paramilitarismo y de la propia política que se transformó en parapolítica. Fueron años de ilegalidad descontrolada, con expresiones aberrantes como la masiva ejecución de los "falsos positivos" por miembros de las Fuerzas Armadas, responsables de delitos de lesa humanidad, mismos que están encartados en complejos procesos judiciales nacionales e internacionales, para los cuales se presiona impunidad mediante ajustes al fuero penal militar y normas de justicia transicional.

Desde luego, la tesitura aludida compromete el campo de la tradicional, y en apariencia estable, gobernabilidad liberal. Santos fue elegido presidente como sucesor de Uribe Vélez, de quien fue su Ministro de Defensa estrella por los golpes ejecutados contra las Farc en desarrollo de la denominada política de Seguridad Democrática. Tan pronto se posesionó del cargo, el actual Jefe de la Casa de Nariño, adelantó un ajuste táctico al esquema de dominación. Reconoció la existencia del conflicto armado (que Uribe negaba) y promovió una ley de víctimas como parte de su cosmovisión (weltanschauung) ideológica alimentada en los conceptos de la Tercera vía socialdemócrata elaborada por los socioliberales ingleses (Blair, Giddens). Ese ajuste fue resentido por Uribe quien lo impugnó dando pie a un ejercicio de oposición política con características de sabotaje crónico a la nueva administración. La mentalidad y el estilo ultraconservador del líder parapolítico se estrelló con el ajuste santista, que en realidad no afectaba el esquema general de la hegemonía oligárquica.

El filo de la oposición conservadora feudal ultraconservadora se focaliza en el proceso de paz y sus avances. Para el efecto se han movilizado diversos recursos entre los que se deben destacar, por su alto impacto, la manipulación de los militares y de la denominada opinión pública, que es una construcción de los medios masivos de comunicación identificados con los valores tradicionales de la cultura imperante, adversa a procesos de cambio.

El litigio entre Santos y Uribe no ha sido menor ni único en la historia del Estado. Trae a la memoria otros episodios de luchas intestinas en la élite colombiana. Las disputas entre Bolívar y Santander; entre Mosquera y Ospina; entre Núñez y los radicales; entre Reyes y los republicanos; entre López Pumarejo y Laureno Gómez; entre el MRL y el Frente Nacional; entre Carlos Lleras y Turbay, por el tema del clientelismo.

Hoy tenemos el litigio entre santistas y uribistas, que parece estar llegando a su cierre después del encuentro del caudillo con el Ministro Néstor Humberto Martínez, quien pesca en río revuelto para apoderarse de la Fiscalía General, con ocasión del desequilibrio de poderes tramitado como reforma constitucional en los poderes legislativos.

Anotemos que la superación de tales reyertas intraclase se ha hecho, en los últimos 60 años mediante el consociacionalismo, método político que sirvió al diseño del Frente Nacional, elogiado como paradigma de pacificación y concordia toda vez que permitió dejar atrás, según sus defensores doctrinales, la grave violencia de los años 50 a raíz del asesinato de Gaitán y la posterior guerra entre liberales y conservadores que dejó 500 mil muertos.

Es probable que los expertos politólogos que tienen por oficio asesorar a los políticos más encumbrados ya hayan sugerido regresar a las formulas del consociacionalismo para superar los riesgos intrínsecos y sistémicos del proceso de paz. Sus argumentos incluyen casos exitosos de gobernabilidad como el belga y el suizo, donde las facciones étnicas, religiosas y territoriales, atemperan sus diferencias en los escenarios de la concertación consociacional.

Santos parece haber renunciado a los postulados de la Tercera vía y ha regresado a las fuentes de la reaccionaria Seguridad Democrática de quien lo escogió y eligió como sucesor. Se trata de un tránsito muy sutil, pero efectivo, en el que, desde la consideración puramente política (poder), se convierte, como Presidente, en copiloto (Dorado, invertido) de un plan para imponer la paz de los vencidos a la resistencia campesina revolucionaria que participa de La Mesa de La Habana.

Por supuesto, no se trata de algo nuevo. Desde el 2011, el Jefe de la Casa de Nariño, al iniciar conversaciones reservadas, y posteriormente al oficializarlas con la Mesa y Agenda temática, con delegados de la insurgencia, siempre tuvo en mente la paz simulada (Baudillar), la paz expres, la paz neoliberal, la paz geopolitica (de las multinacionales y contra Venezuela bolivariana), la paz de la cárcel y la paz de las tumbas, en este caso mediante un golpe de mano (Tamil y Fujimori), en eso repite el modelo de Pastrana. En resumen, su premisa era la derrota y exterminio de las guerrillas revolucionarias para hacer prevalecer el dominio a perpetuidad de la oligarquía y el imperio global.

Como experto tahúr de póker, últimamente colocó cartas para dar la sensación de sensatez en las conversaciones, autorizando encuentros en Cuba entre las Farc y el Eln, suspendiendo el uso del glifosato y reiterando su continuidad en La Mesa, pese a los hechos del Cauca.

Pero, atendiendo las demandas del uribismo y los militares de la cúpula, afectos a este, dio vía libre a las acciones de la Fuerza Aérea contra los campamentos guerrilleros en Guapi y Segovia.

Algunos dicen que la paz saltó a la pacificación violenta, como si esa no hubiese sido la intención primordial inicial. La pacificación violenta de los rebeldes siempre ha sido la regla de las capas dominantes en la historia de Colombia. Lo fue en la sangrienta conquista española de la civilización indígena durante los siglos XVI y XVII, hasta que lo alcanzaron mediante una muy bien organizada red de fuertes militares por todo el territorio colonial (Girón, Cartago, Popayán, Pamplona, San Faustino, Santa Fe, Caloto etc); lo fue con la insurección comunera del siglo XVIII, vilmente masacrada; lo fue con la pacificación de Morillo para decapitar a los patriotas de la revolución de 1810; lo fue con la regeneración conservadora de Nuñez para degollar a los liberales radicales; lo fue con la masacre de las bananeras; lo fue con el magnicidio de Gaitán; lo fue con el paramilitarismo.

Claramente el proceso de paz está en un momento bastante difícil. La paz en medio del conflicto no es viable, lo previsible es que el proceso adquiera mayor lentitud hasta su extinción. Pensar que a punta de contragolpes –y de simulacros con acuerdos a medias en el tema de victimas–, las cosas se arreglaran, es delirante.

Cierro señalando que el regreso de Santos al uribismo para imponer, conjuntamente, en La Habana la "paz expres neoliberal de la cárcel y los sepulcros" es un reflejo de la crisis orgánica generalizada que atraviesa Colombia en la actual coyuntura.

El Santouribismo hace estos ajuste pensando en las elecciones locales del 25 de octubre, que el actual jefe de gobierno quiere controlar renunciando a las promesas iniciales de su revolución pasiva. Teme el triunfo total de las huestes de la parapolítica del Centro Democrático y la cuenta de cobro correspondiente.

Desde luego, ese es un lado del asunto. En el ambiente de los diálogos de La Habana, ha surgido en el país un apreciable movimiento social que ha desarrollado y ampliado su subjetividad con los asuntos de la agenda tratada en la Mesa de conversaciones.

Dicho movimiento social es plural y diverso. No es homogéneo, parece coincidir en la idea de la realización de una Asamblea Nacional Constituyente como formula extraordinaria para corregir el estancamiento de la dinámica progresista perfilada en los años recientes.

Hay que procurar la coincidencia entre esa movilización popular y el recurso del poder constituyente sin sobredimensionar sus alcances y objetivos, para no forzarla.

Pretender a rajatabla una desmovilización de las guerrillas es un camino cargado de inconsistencias. Es abrir más heridas en la sociedad porque sus benefactores asumirán que tienen vía libre para disponer a su antojo capitalista de los derechos esenciales de millones de colombianos.

Puede ser que el guerrerismo militarista se imponga con la destrucción de la Mesa de diálogos. como parece ser la convicción de los señores Santos y Uribe al día de hoy, pero eso solo logrará que las Farc regresen a su condición anterior de beligerancia y combate, que es la misma en la que está el ELN, de quien muchas veces se ha dicho está a punto de una fulminante extinción.

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